Opinión

Lenta pero consistentemente, en los últimos días se ha registrado un significativo repunte de casos de COVID-19 en nuestro país, en línea con lo que está sucediendo en otros países del mundo, particularmente en Europa, lo que reafirma que la batalla contra el virus no ha sido ganada y que al fin de cuentas el carácter de endemia que se le ha querido dar es todavía muy optimista y que mucho menos cabe dar “por terminada” la emergencia sanitaria.

Es así que el miércoles se registraron dos muertes y 294 casos nuevos en 10.864 test, en tanto actualmente hay 1.892 personas cursando la enfermedad, 22 de las cuales se encuentran en centros de cuidados intensivos, luego que este número había descendido casi hasta la mitad.
De los 294 nuevos casos, 126 son de Montevideo, 51 de Canelones, 21 de Lavalleja, 21 de Maldonado, 21 de Tacuarembó, 13 de Cerro Largo, 13 de Colonia, 11 de Florida, 7 de Paysandú, 3 de Durazno, 3 de Soriano, 1 de Rocha, 1 de Salto, 1 de San José y 1 de Treinta y Tres, lo que quiere decir que hay una distribución geográfica extendida pese a la heterogeneidad en el número de casos.

Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo de 2020 se han procesado 3.796.253 tests y se han registrado 392.879 casos positivos de coronavirus en todo el territorio nacional. De ese total 384.911 ya se recuperaron.
Los dos fallecimientos con diagnóstico de COVID-19 corresponden a dos hombres de 87 y 88 años en Tacuarembó y Canelones, respectivamente y hasta el momento son 6.076 las defunciones con diagnóstico de COVID-19 en Uruguay.
Pero sobre todo el escenario debe evaluarse en el tiempo y la tendencia que se está dando en los últimos días, en que se está dando un total de casos del orden de los 300 por día –cuando el mes anterior se había caído a menos de 100–, con 1.892 casos activos, es decir personas que están cursando la enfermedad.

La realidad indica que en una diversidad de actividades y ámbitos se ha bajado la guardia y las exigencias han quedado solo pour la galerie, y si bien se ha incrementado el número de actividades al aire libre, la cercanía de la temporada turística y la inminente reapertura de los pasos internacionales agrega un elemento adicional de incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, aunque esté supuestamente bajo control.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que Europa registra desde principios de octubre un repunte de nuevos casos y fallecimientos por COVID-19, pese a que la incidencia de la pandemia se había estancado desde agosto.

Durante la última semana, unos 1.672.000 casos, un promedio de 239.000 por día, fueron notificados en la región compuesta por 52 países, hasta Rusia y Azerbaiyán, según datos oficiales recogidos por la agencia AFP este martes.
El alza supone un 18% más que la semana anterior y aproximadamente un 60% más que en agosto y setiembre, cuando el número de contagios se mantenía en alrededor de 150.000 casos por día.
A la vez, cuarenta y dos países de la región han experimentado un aumento de casos en los últimos siete días, mientras que solo siete han contabilizado cifras decrecientes.

Las cifras actuales siguen siendo inferiores a las alcanzadas en la región en su peor momento, con una media de 284.000 casos diarios entre el 2 y el 8 de noviembre de 2020. Pero, Europa representa actualmente más del 55% de los nuevos contagios en el mundo, y el repunte es generalizado en el globo, pese a que no se esté cerca de los peores números de la pandemia.
Sin contar a los micro-Estados, los países más afectados por este repunte epidémico son República Checa, con una media de 3.100 casos diarios, un 124% más que la semana anterior; Hungría, con 2.000 casos por día, un 104% más; y Polonia, con casi 5.000 casos, un 95% más. El número de fallecimientos también está aumentando en la región: 3.120 muertes diarias de promedio durante la última semana, un incremento del 16% en comparación con la anterior. No se había alcanzado una media de más de 3.000 muertes diarias desde principios de mayo. Más de un tercio de las muertes en Europa se registran en la actualidad en Rusia (una media de 1.051 muertes diarias), seguida de Ucrania (485) y Rumania (420).

Es decir, que la normalidad prepandemia es todavía más que nada una esperanza teñida de ilusión, cuando paralelamente en gran medida se ha bajado la guardia, dejando de lado elementales medidas de prevención, pese a que se ha ganado sustancialmente en base a la vacunación, mientras a la vez sigue existiendo un núcleo duro, del orden del 25 por ciento, que se resiste a inocularse.
En nuestro país, el Dr. Rafael Radi, exintegrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), afirmó que “la trayectoria de la pandemia de acá en adelante es que la epidemia en Uruguay está transitando hacia una forma endémica. Van a haber episodios epidémicos y la endemia se va a lograr cuando se logre una estabilización definitiva y se hayan retirado algunas de las medidas de control”, agregó el bioquímico.

Sostuvo que “la campaña de vacunación ha sido exitosa” y “la inmunización es la gran herramienta que tenemos. Tenemos ahora una situación que debemos disfrutar, la estamos disfrutando, pero también de nosotros depende poder seguirla disfrutando y que no tengamos otra vez un fin de año complejo”, aseguró el científico.
Además, Radi señaló que “la biología del virus puede implicar nuevas variantes que sean inclusive más transmisibles que las que están ahora o, en un escenario malo, que empezaran a evadir la respuesta a vacunas, algo que no ha ocurrido hasta ahora”. En ese sentido, aseguró que “este fenómeno va a continuar por algunos años más”.

El bioquímico cree que “la endemicidad de esta patología se va a establecer cuando realmente logremos nuestro nuevo statu quo, al cual todavía no arribamos. Recién ahí podremos decir ‘estamos ante un nuevo estado estacionario, un nuevo equilibrio dinámico’, que como sociedad decidamos cómo queremos manejarlo. Por ejemplo, ¿los aforos van a volver a ser al 100% o no? Son todas decisiones que va a haber que tomar y los ajustes van a tener que ser de forma permanente”.

Mientras tanto, Uruguay avanza en negociaciones con la farmacéutica Pfizer para contar con la cantidad de producto necesaria para una cuarta dosis generalizada, de forma de extender y mantener la cobertura con dosis completas, que hasta ahora no ha podido superar el 75 por ciento. Lo cierto, lo indiscutible, es que como han sostenido autoridades de la salud, el COVID-19 se está convirtiendo en una enfermedad de no vacunados –pese a que pueda enfermarse algún vacunado, pero de mucha menor gravedad– y corresponde mantener las medidas de prevención y sobre todo, extender la vacunación completa al mayor porcentaje posible de la población.

Y de lo que se trata es de preservar la salud, con o sin libertad responsable, haciendo obligatoria la exigencia de acreditar la vacunación completa de todo aquel que concurra a una actividad en un ambiente cerrado, porque el bien supremo a preservar lo justifica plenamente, más allá de invocaciones a la libertad de no vacunarse, que es lo mismo que a contagiarse y contagiar, sin tener en cuenta al prójimo. → Leer más

Diversas actividades se vienen desarrollando en el marco de la Semana de Seguridad Vial, ocasión en que la Unidad Nacional de Seguridad Vial presentó nuevos análisis estadísticos que indican que Uruguay perdió U$S 525 millones entre 2015 y 2019 por siniestralidad vial.

Aunque las estadísticas refieren al impacto económico de los siniestros de tránsito ocurridos en el período –y todos sabemos que las consecuencias tienen otras dimensiones que afectan el bienestar y la vida cotidiana de los sobrevivientes más allá que es casi imposible cuantificar en términos económicos las implicancias para las familias que sufren pérdida de vidas y, mucho menos, el valor de una vida– la cifra es un llamado de atención y también una invitación a reflexionar sobre el impacto social de este problema.

Las estadísticas muestran a los siniestros de tránsito como un verdadero problema de salud pública, que requiere para su abordaje tanto de políticas de Estado como de acciones referidas a los hábitos individuales de las personas.
De acuerdo a una investigación presentada, ese dinero representa un 0,92% del Producto Bruto Interno (PBI) del país.
El informe calcula las consecuencias económicas tras un siniestro de tránsito e incluye las personas que fallecen y, por tanto, dejan de aportar al Estado, como las que quedan heridas e inhabilitadas para trabajar por lo que reciben, una pensión.

“La Unidad Nacional de Seguridad Vial ha medido año a año la eficacia de su política mediante el indicador de tasa de mortalidad cada 100.000 habitantes; este muchas veces resulta insuficiente por no considerar el peso de aquellas víctimas que continúan su vida con algún nivel de discapacidad”, señala el estudio que destaca que “los años de vida con discapacidad son un componente del indicador AVAD (también encontrados en la literatura por su sigla en inglés DALY, es decir, Disability Adjusted Life Years, y que refiere a los años de vida perdidos por muerte prematura y discapacidad) con un peso promedio cercano al 40% en el total del indicador en el período analizado”. Se trata de un indicador a partir del cual se obtiene la información sobre las enfermedades que quitan años de vida saludable a la población.

En este sentido, la Organización Mundial de la Salud ha definido la carga global de la enfermedad, como el impacto de un problema de salud en un área específica, medido por la mortalidad, y la morbilidad, pero también la incidencia, prevalencia y duración de las más importantes discapacidades, como expresión de calidad de vida.
La investigación realizada por funcionarios de la Unasev –la Cra. Elena Fagúndez, la Lic. Magela Negro Brum y el Dr. Norberto Borba– apunta a estimar la carga global de los siniestros de tránsito en Uruguay, entendida ésta como la “medida de pérdida de salud que para una población representan consecuencias mortales y no mortales de las diferentes enfermedades y lesiones”. En este sentido, explicaron que “su resultado muestra la diferencia entre la situación actual y la situación ideal donde la población vive en perfecta salud y hasta un estándar de años de vida esperados”.
Entre sus principales conclusiones el informe ubica en sexto lugar el peso de la siniestralidad vial dentro de las enfermedades emergentes en nuestro país. No obstante, respecto al grupo de enfermedades para edades de 14 a 39 años, se confirma un triste lugar en el podio, luego de los accidentes vasculares y las autolesiones, incluida el suicidio.

En definitiva, se concluye que los años de vida saludable perdidos por siniestros de tránsito por la sociedad uruguaya en el período 2015-2019 en Uruguay, promedian más de 32.000 años. Ello representa en términos monetarios un promedio de más de 525 millones de dólares de impacto económico, lo que se traduce en un 0,92 % del PBI anual.
Esta radiografía a la siniestralidad del tránsito en Uruguay muestra que la moto es el vehículo en el que las personas pierden mayor cantidad de años de vida saludables, que los años de vida perdidos por muerte prematura del sexo masculino son más de 3 veces que los que pierde el sexo femenino.
Por otra parte, el grupo etario de los 15 a los 34 años es el que concentra mayor cantidad de años de vida saludable perdidos, por lo que se considera que la pérdida de años saludables a causa de los siniestros de tránsito puede actuar como un acelerador del envejecimiento poblacional.

El impacto que provocan estas cifras no debería impedir que veamos que la seguridad vial es un tema en el cual se ha trabajado mucho en la última década a través de la creación de nueva legislación y el inicio de desarrollo de políticas de Estado.
En este sentido, cabe señalar por ejemplo que entre 2007 y 2017 si bien hubo un aumento explosivo del parque automotor la tasa de mortalidad por siniestros de tránsito bajó de 20 a 13,5 cada 100.000 habitantes. En el período también se aprobaron más de una docena de leyes vinculadas a la seguridad vial, entre ellas la Ley de Tránsito y Seguridad Vial, que definió las normas generales de circulación, de señalización, los instrumentos de seguridad, las condiciones técnicas de los vehículos, el régimen de autorizaciones de la circulación, infracciones y sanciones.

Entre los avances destacados por la Organización Panamericana de la Salud, se incluye el haber atacado algunos de los principales factores de riesgo: se dispuso agregar la obligatoriedad del uso del casco para motociclistas, así como del cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil en ocupantes de vehículos; la disminución de la tasa de alcohol en conductores; y se pusieron límites de velocidad. Otras acciones que han contribuido fueron la mejora de la infraestructura vial o la obligación de que los vehículos cero kilómetros tengan dispositivos que disminuyan la severidad de las lesiones, como frenos ABS, apoyacabezas y airbags.

Aún así, según las cifras oficiales de siniestralidad vial, en 2020 en Uruguay un total de 21.854 personas resultaron lesionadas como consecuencia de un siniestro de tránsito, de las cuales 391 fallecieron. Avanzar en la solución de este problema requiere que además de las políticas nacionales de prevención y seguridad vial, de una mayor conciencia en la toma de decisiones personales en el día a día. Es algo imprescindible para que podamos transitar calles y rutas de forma más segura y, sobre todo, llegar sanos y salvos. → Leer más

En la anterior edición de EL TELEGRAFO dábamos cuenta de la buena figuración de la Escuela Técnica de Guichón en el concurso nacional de innovación pedagógica Nodos, convocado por Plan Ceibal, la Administración Nacional de Educación Pública, ANEP, y el Ministerio de Educación y Cultura, MEC. Con esta convocatoria lo que se buscó fue identificar proyectos innovadores, los más innovadores en nuestro país, desarrollados en centros educativos, y a la vez reconocer su impacto en la mejora de los aprendizajes.

La Escuela Técnica, (UTU), de Guichón, se encuentra entre los cuatro centros educativos finalistas de este premio y es el único del interior del país que aspira al premio, y el único también del sistema del Consejo de Educación Técnico Profesional, CETP. Se puede conocer más sobre este premio en nodo.edu.uy y, de paso, dar su apoyo a la Escuela.

Lo seguro es que no se puede hablar de casualidades, cuando recientemente la misma escuela fue protagonista de un audiovisual realizado para un canal especializado en temas educativos de la televisión brasileña y también se la eligió para realizar el lanzamiento de uno de los capítulos del proyecto multimedia El misterio de Cabo Frío, basado en una novela de Guillermo Lockhart, pero con numerosos componentes virtuales y digitales.
Pero de qué se habla cuando se plantea innovación pedagógica. Para saberlo solicitamos a la dirección de la institución que nos permitiera conocer más sobre el proyecto, sobre el documento con el cual postularon a este reconocimiento tan importante.

En él se recorre su historia, desde su fundación en 1953 y su transformación de escuela de oficios en una referencia nacional en modernización educativa. La escuela asumió el desafío de encarar una nueva forma de trabajar en educación y volverse la primera opción de formación teórica para alumnos que buscan continuar estudios terciarios o universitarios, pero sin dejar de captar alumnos con el perfil tradicional, es decir, con dificultades en sus trayectorias o con el objetivo de ingresar rápidamente al mercado laboral.

Son ya seis años trabajando en este sentido y los resultados se empiezan a hacer visibles. Pero, ¿qué fue lo que se hizo en estos seis años?
Explica el documento que la propuesta educativa se estructura en tres componentes, de los cuales el primero y principal, es una innovación en la intervención de las prácticas educativas. Esta innovación se apoya en “el trabajo docente integrado en duplas o tríos con el objetivo de romper con el asignaturismo de forma excluyente”; “estructurar las intervenciones en base al trabajo en proyectos” que deben de atender una demanda y buscar una solución; evaluación que haga foco “en el proceso del estudiante y no en el resultado”, incorporando elementos de como la autoavaluación y la evaluación entre pares; “Potenciar el apalancamiento digital” y “Promover las competencias para la vida”. Además se propusieron desarrollar “un amplio calendario de actividades extracurriculares, sobre todo de vínculo con la comunidad”, generando espacios de interacción con otros colectivos. Algo de ello se vio en la Feria educativa, con la que coparon la plaza Williman, en el centro de la ciudad. Finalmente también se propusieron trabajar “mediante acuerdo o convenios interinstitucionales con otros centros educativos, referentes, organismos y empresas”.

A la vez la misma institución se planteó algunos desafíos a encarar en este proceso, como el de “romper con estigmatizaciones culturales” sobre la “UTU”; generar una propuesta que promueva la inclusión de alumnos; “lograr el compromiso de los docentes en su adecuación a un nuevo formato de trabajo”, que supone asumir “más riesgos profesionales y personales”; consolidar “la imagen de institución líder en la promoción de la sustentabilidad ambiental, de liderazgo en los procesos de desarrollo local, asociado a la defensa del patrimonio cultural, natural y sus recursos”, y la lista continúa.

Figura entre sus metas “generar una propuesta educativa innovadora, que motive a los estudiantes y transforme al centro educativo en una referencia de inclusión”; “ser una comunidad educativa caracterizada por la promoción de propuestas creativas, que potencien las capacidades de sus actores en todos los órdenes y mantenga un liderazgo en el campo de la educación pública” y “consolidar el perfil de ser un centro de promoción y generación de conocimientos y prácticas promotoras de la sustentabilidad ambiental, vinculadas al desarrollo local”.

Claramente esta institución se planteó un camino ambicioso. Tuvo a la vez la virtud de acercarse a la Red Global de Aprendizaje y al plan Ceibal, referentes indiscutibles en innovación educativa a nivel nacional e internacional, pero también hay una manifiesta intención de vincularse con la comunidad, en una interacción que retroalimenta a ambos, porque de qué sirve incorporar tecnología y formar a los estudiantes de una manera aislada y desconectada, que no permita que, en último término, la comunidad educativa y la sociedad en general se beneficien con el impacto de estos avances.

Podrá la UTU de Guichón ganar el premio o quedar en el cuarto lugar, y no será más que algo anecdótico en este proceso de transformación que se ha implementado, que es lo verdaderamente importante y que resulta un ejemplo de construcción colectiva. → Leer más

La convocatoria para el próximo fin de semana en Glasgow, Escocia, estima que unas 20.000 personas se preparan para asistir a las conversaciones sobre el clima organizadas por las Naciones Unidas, que se reunirán en la denominada COP26, en lo que será un punto de reencuentro con las acciones en este sentido –por lo menos oficialmente– tras el impasse impuesto por la pandemia.
Es que no solo se trata del clima, de los cambios y el calentamiento global, sino incluso de desafíos que se plantean a partir de que la pandemia ha cambiado algunos parámetros en que se encuadra la denominada emergencia climática.
Según los analistas los pasos para reconstruir las economías de muchos países tras el parón de la actividad van a tener un profundo impacto en la sostenibilidad, la resiliencia y el bienestar futuros, a la vez que la COP26 puede ser un momento en el que el mundo se una a fin de lograr una recuperación resiliente limpia.
Los expertos han calificado la cita de Glasgow como la ronda de conversaciones más importante desde que los líderes mundiales alcanzaron el Acuerdo de París en 2015 para frenar la emisión de gases contaminantes.
Se espera que a partir del 31 de octubre unos 20.000 jefes de Estado, diplomáticos y activistas se reúnan de forma presencial para establecer nuevos objetivos con el fin de reducir las emisiones de la quema del carbón, el petróleo y el gas que están calentando el planeta. La conferencia se celebra cada año, pero en esta ocasión es crucial porque los científicos aseguran que las naciones deben alejarse de una forma drástica e inmediata de los combustibles fósiles si quieren evitar los efectos más catastróficos del cambio climático.
La meta es evitar que la temperatura promedio del mundo supere los 1,5 grados Celsius en comparación con los niveles previos a la Revolución Industrial. Ese es el umbral que muchos científicos consideran el límite después del cual los peligros del calentamiento global –como las olas de calor mortales, la escasez de agua, la pérdida de cosechas y el colapso de los ecosistemas– aumentarán de manera descomunal.
Igualmente hay algunos “rezagados” en este compromiso global, desde que China, Australia, Rusia e India todavía tienen que asumir nuevos compromisos para reducir su contaminación y no queda claro si lo harán antes de la cumbre. Mientras tanto, tan solo unos pocos países ricos han destinado dinero para ayudar a las naciones pobres y vulnerables con el fin de que manejen los impactos de los desastres climáticos, de los que tienen poca responsabilidad, según la evaluación de numerosos expertos.
Con estos antecedentes inmediatos y los ya existentes, todo indica que pese a los enunciados de buenas intenciones, las probabilidades de que la conferencia, conocida como COP26, tenga éxito, son inciertas.
COP es la sigla de “Conferencia de las Partes”, es decir 197 naciones que accedieron a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en una reunión celebrada en 1992. Ese año, Estados Unidos y algunos otros países ratificaron el tratado para combatir la “peligrosa interferencia humana en el sistema climático” y estabilizar los niveles de las emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Esta es la vigésima sexta ocasión en la que se reúnen los países para la convención, de ahí el nombre COP26.
En 2015, después de más de dos décadas de disputas relacionadas con cuáles son las naciones con la mayor responsabilidad para enfrentar el cambio climático, los líderes de casi 200 países firmaron el Acuerdo de París. Ese acuerdo fue considerado revolucionario. Por primera vez, los países ricos y pobres accedieron a actuar, aunque fuera a diferentes ritmos, para hacerle frente al cambio climático. Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París durante el mandato del expresidente Donald Trump, pero se volvió a sumar con el presidente Joe Biden.
Pero aunque en París los líderes hicieron grandes promesas, los países no han hecho lo suficiente para mantener a raya los peores impactos del cambio climático, en tanto en la COP26 de Glasgow, los líderes en lo previo tienen la presión de ser más ambiciosos, aunque no será fácil llevarlo a hechos concretos.
Las reuniones se llevarán a cabo en el Scottish Event Campus, el centro de convenciones más grande de Glasgow. Además de los 20.000 asistentes esperados en las charlas formales y los eventos paralelos, se esperan grandes marchas en toda la ciudad. El sábado 6 de noviembre ha sido designado como el Día de Acción Global por la Justicia Climática y los grupos activistas están esperando a unos 100.000 manifestantes.
Los anfitriones del Reino Unido y la ONU han mencionado que quieren “mantener viva la esperanza” de limitar el aumento de la temperatura mundial por debajo de 1,5 grados Celsius.
Cumplir ese objetivo implica que todos los países deben comprometerse a reducir las emisiones más rápido y con una mayor intensidad de lo que ya lo están haciendo. También se espera que los países ricos impulsen de manera significativa el apoyo financiero para ayudar a las naciones más vulnerables a adaptarse a los impactos del calentamiento y construir economías que no dependan de los combustibles fósiles.
Hay puntos en los que los expertos no están totalmente de acuerdo, pero varios científicos han señalado que por cada fracción de un grado de calentamiento, el mundo verá olas de calor y sequías más intensas, así como más inundaciones e incendios forestales mortales.
Las naciones adherentes tienen menos de diez años para reducir las emisiones lo suficiente como para mantener al planeta por debajo de los 1,5 grados de calentamiento, según estiman. Por lo tanto, si los líderes no se comprometen a tomar medidas audaces ahora, cuando tanta atención mundial está puesta en Glasgow, muchos temen que el mundo se dirija a toda velocidad hacia niveles peligrosos de efecto invernadero.
Pero más allá del convencimiento de que algo contundente hay que hacer para contener y aún tratar de revertir el proceso, aunque haya reparos sobre la velocidad del proceso, hay todavía muchos obstáculos en el camino, a pesar por ejemplo del Pacto Verde Europeo para el plan de neutralidad climática. Es que la Unión europea por sí sola no llegará al 10 por ciento sobre las emisiones globales de carbono, y es imprescindible que los grandes contaminantes –sobre todo algunos países industrializados– se plieguen a esta cruzada, para cumplir con el compromiso de proporcionar unos 100.000 millones de dólares anuales para la acción climática en países en desarrollo, a efectos del cumplimiento de compromisos ambientales.
Este y otros desafíos estarán expuestos crudamente en la COP 26 de este fin de semana, y es de esperar que los conflictos de intereses, los recelos y la apatía, no alcancen para entorpecer el desarrollo de las acciones acordadas, sobre todo cuando la pandemia nos ha recordado el vínculo entre la degradación ambiental y los impactos en la salud humana.
Es hora de trabajar mancomunadamente para proteger el medio ambiente, asumiendo además que al fin de cuentas se trata de una rentable inversión económica en el mediano y largo plazo para mantener la crisis climática bajo control y evitar sus desastrosas consecuencias. → Leer más

En varias ocasiones hemos resaltado, desde estas páginas editoriales de EL TELEGRAFO, la importancia del Poder Judicial como pilar fundamental de la convivencia humana y del sistema democrático que ha distinguido y distingue a nuestro país a nivel internacional. Como lo establece en su página web el Poder Judicial de nuestro país, su misión es “juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, para garantizar el ejercicio y la tutela de los derechos de los individuos conforme al ordenamiento jurídico, y la preservación de la convivencia pacífica en el marco del Estado de Derecho”.

En efecto, tal como lo ha señalado el académico Eduardo J. Couture, “el juez es el centinela de nuestra libertad. Cuando todo se ha perdido, cuando todos los derechos han caído, cuando todas las libertades han sido holladas, cuando todos los derechos han sido conculcados, siempre queda la libertad mantenida por el juez. Pero el día en que el juez tenga miedo, sea pusilánime, dependa de los gobiernos, de las influencias o de sus pasiones, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo, porque ya no queda más derecho en esa pobre patria así perdida (…) “El juez servil al Poder Ejecutivo no es el que quiere la Constitución; el juez demagogo no es el juez idóneo que aquella promete; el juez cuyos fallos son desobedecidos por los órganos encargados de cumplirlos es todo lo contrario de un juez…”.

Como consecuencia de esa importancia, el Poder Judicial debe tener un rol más protagónico en todos aquellos aspectos relacionados con la convivencia ciudadana, la cual se fortalece (o se destruye) a través de hechos cotidianos, puntuales, que muchas veces no son recogidos por los medios de comunicación pero que poseen un lugar central para la vida o economía de una persona o de una pequeña empresa. Un ejemplo de ello son las pintadas realizadas sobre bienes públicos o particulares y que constituyen un verdadero atentado contra la prolijidad de los mismos. Hace algunos años, Nelson Gagliardi, comerciante y presidente del Grupo Centro e integrante del Grupo 18, una entidad público-privada que se ocupa de trabajar sobre la principal avenida de Montevideo, formulaba las siguientes declaraciones al diario “El País”, las cuales –lamentablemente- siguen vigentes hasta el día de hoy: “A mí me preocupa la degradación de la ciudad, admito el arte callejero pero estamos en un Estado de derecho; el vandalismo es insostenible”, dijo.

El comerciante admitió que sus colegas no acostumbran denunciar las pintadas. “No lo hacemos como institución, pero es un tema de orden público, del Poder Judicial y el Ministerio del Interior. No veo una coordinación entre ellos, tal vez los ciudadanos estemos en falta por no denunciar”, aseveró. Gagliardi agregó que un comerciante sí está dispuesto a denunciar a quienes pegan afiches sobre el muro de su negocio. En este caso, se trata de “pegatinas” que incluyen hasta el pie de imprenta y se identifica claramente al responsable de la publicidad”. De acuerdo con el numeral 1 del artículo 367 del Código Penal será castigado con pena de 7 a 30 días de prestación de trabajo comunitario el que realizare actos de deterioro o destrozos en espacios públicos o sus instalaciones tales como bienes muebles o inmuebles, monumentos, señalizaciones de tránsito, semáforos y demás elementos del ornato público.

Nuestro Código Penal incluye normas que regulan no sólo la situación de los grafitis y las pegatinas, sino otras conductas que día tras días vulneran los espacios públicos y privados. A modo de ejemplo, podemos mencionar que también se encuentra sancionado con la pena antes mencionada el que defecare u orinare en espacios públicos urbanos o suburbanos fuera de las instalaciones destinadas especialmente para tal fin (artículo 367, numeral 2). El caso de las ocupaciones indebidas de espacios públicos también está sancionado para quienes acampen o pernocten en ellos, según el artículo 368 del Código Penal. En esos casos la persona será intimada por la autoridad departamental, municipal o policial correspondiente a retirarse en forma inmediata y a que desista de su actitud. De permanecer o persistir, será castigado con una pena de siete a treinta días de prestación de trabajo comunitario. La norma mencionada prevé, asimismo, que siempre que se constaten las conductas referidas, la persona será trasladada a una dependencia del Ministerio de Desarrollo Social a los efectos de que se recabe su identidad, se le ofrezca una alternativa adecuada a su situación y se dé cuenta al Juez competente.

Queda claro que las normas que castigan dichas conductas están plenamente vigentes, lo que nos lleva a preguntarnos con sorpresa, pero con convicción: ¿por qué el Poder Judicial no aplica las mismas para solucionar estos problemas diarios de convivencia? ¿Cuáles son los impedimentos reales para lograr ese objetivo? No podemos olvidar que el Poder Judicial implica que un tercero (el juez) tomará una decisión respecto de que derecho posee cada una de las partes que forma parte de un proceso judicial, con lo cual se supera la política de la “justicia por mano propia” que representa la antítesis de un Estado de Derecho. Si cada persona recurriera a la violencia para hacer vales sus derechos sobre la propiedad de una moto, la existencia de una humedad en una casa habitación o el régimen de visitas de los hijos menores, la sociedad se transformaría en un caos absoluto que haría imposible cualquier tipo de convivencia.

Precisamente en este punto radica la gravedad de que los jueces no comprendan los efectos devastadores que las inconductas tipificadas en los artículos 367 y 368 del Código Penal tienen para la vida diaria de miles de personas en todos los rincones del país y por supuesto también en Paysandú. Todos los días muchos vecinos de nuestros departamentos se despiertan con la triste e indignante sorpresa que el jardín del frente de su vivienda o la vereda ha sido ocupada por una o varias personas, sus paredes han sido objeto de pintadas o pegatinas, o han sido utilizadas como un verdadero “baño público” y están cubiertas de heces y orín. ¿Qué defensa real tiene ese vecino ante ese ataque? ¿A qué vías legales o administrativas realmente efectivas puede recurrir si en diversos ámbitos públicos le dicen que poco o nada se puede hacer?

Tales preguntas deben ser respondidas con hechos (y no con floridas declaraciones que no tienen aplicación práctica) por el Poder Judicial y por los jueces competentes en particular. Hay algo mejor que solucionar conflictos y es prevenirlos, evitando eventuales situaciones de “justicia por mano propia” que suponen un atentado no sólo contra la persona o personas contra las cuales se ejerce esa mal llamada “justicia” (ya que de justa no tiene nada) sino contra el régimen democrático del cual el Poder Judicial es y debe ser un comprometido protagonista. Los jueces tienen la palabra en este tema y es a través del ejercicio efectivo, comprometido y orientado hacia los problemas diarios del ciudadano común que su función se verá plen y exitosamente lograda. → Leer más

Tras una vuelta de tuerca acordada entre los dos grandes socios del Mercosur, Argentina y Brasil, en el sentido de promover una reducción del arancel externo del Mercosur, a lo que se ha plegado Paraguay más recientemente y que va en línea con uno de los reclamos de Uruguay en el bloque, queda planteada la incógnita de si estamos en un incipiente cambio de rumbo del bloque regional o si es una especie de maquillaje para seguir como hasta ahora, con Argentina torpedeando cualquier intento de apertura al mundo o de aceptar una flexibilización como la planteada por Uruguay.
El escenario, con sus diferencias, responde a las asimetrías de las economías entre los países del bloque pero también a que –pese a sus dificultades– nuestro país se encuentra en mejor posición que sus vecinos, con el respaldo de una seriedad institucional lejos de verse en la otra orilla. A ello se agrega el mejor manejo de la pandemia y, sobre todo, una política económica realista y que pretende estar a tono con la evolución global.

Estas asimetrías y contradicciones han sumido al Mercosur en un estado de postración y solo sirven para algunos sectores, que se benefician de acuerdos internos protegidos por un arancel común muy por encima de lo aconsejado para no encubrir ineficiencias y, a la vez, redunda en claro perjuicio de los consumidores.
La idea expuesta por Uruguay en el sentido de avanzar hacia un Tratado de Libre Comercio con China ha sido tal vez el disparador de esta negociación entre los dos grandes vecinos por el arancel y la reciente incorporación de Paraguay a este acuerdo. Pero todo indica que nuestro país debe persistir en esta línea de búsqueda de un TLC con el gigante asiático, pese a la reticencia de sus socios, por entender que este sería una cuña o plataforma de lanzamiento adicional de China en el subcontinente sudamericano, en desmedro del Mercosur.

El juego de Argentina y Brasil, cada uno a su manera, ha sido el de proteger sus intereses y apostar al proteccionismo, a la vez que con sus políticas económicas plenas de avatares han dejado más de una vez expuesto a las consecuencias a Uruguay, como es el caso de maxidevaluaciones en ambos países, la más importante de todas la de Brasil en 1999.
El antecedente inmediato a tener en cuenta es el giro diplomático reciente, en el sentido de que los gobiernos de los dos grandes del Mercosur anunciaron un acuerdo para reducir en un 10 por ciento el arancel externo común (AEC) en un universo muy amplio de productos, anuncio al que se llega en el momento en que Uruguay, por iniciativa del presidente Luis Lacalle Pou, sigue avanzando por su cuenta en concretar un TLC con China.

Precisamente la reducción del Arancel Externo Común a importaciones de terceros países, que en la actualidad es de un promedio del 13 al 14%, ha sido uno de los temas más debatidos del bloque en los últimos años y motivo de idas y venidas, en general respondiendo a las presiones de la industria argentina y en menor medida de la de Brasil, mejor posicionada en este aspecto, pero con la misma inquietud.

El representante argentino evaluó que este es un tema muy importante y que fueron excluidos algunos sectores sensibles como la industria textil y la automotriz. Si bien ni Argentina ni Brasil detallaron a cuántos productos afectaría esta reducción, que aún debe ser aprobada formalmente por los otros dos socios, se incluirá prácticamente el 75 por ciento del universo arancelario. Igualmente los ministros de ambos países manifestaron su voluntad de seguir trabajando en la consolidación del Mercosur “como plataforma conjunta de inserción internacional en un contexto mundial competitivo, incluso a través de la negociación de acuerdos extrarregionales, la mejora del ambiente regulatorio y el perfeccionamento de las reglas de origen”.

Este acuerdo bilateral y la consulta posterior a los dos socios menores indican que, pese a los amagues de Brasil de acompañar a Uruguay en su postura de flexibilización, sigue vigente la vieja “trenza” entre los dos grandes en el Mercosur y que, tras acordar en forma bilateral, hacen la “consulta” a los socios menores, con decisiones ya tomadas, en clara defensa de sus propios intereses.
En abril, Uruguay había presentado en el Mercosur una propuesta de flexibilización que no alcanzó consenso, por lo que decidió dar un paso más, que fue anunciar a los socios que se explorarán acuerdos con terceros. Para dar este paso, que de antemano se sabía iba a tensar el enfrentamiento con Argentina, se valoraron los plazos, porque lleva años negociar acuerdos y se aspira a lograr resultados en este período, pero a la vez se tuvo en cuenta la disposición de Brasil de optar por esta línea de acción y su distanciamiento en principio con Argentina, hasta que bilateralmente ambos grandes “ cocinaron” esa propuesta de reducción del Arancel Externo Común a un 10 por ciento.

Todo indica que Uruguay a priori no tiene la intención de patear el tablero –por lo menos no muy fuerte– en el bloque, pero la idea de la Administración Lacalle es definitivamente acordar aranceles con terceros para la importación y exportación de productos, pretendiendo adelantar caminos y, llegado el momento de firmar un acuerdo, evaluar el clima político en el bloque para avanzar.

Es decir, debería centrarse la idea no en evaluar si se trata de más o menos Mercosur, pero sí mejor, y sobre todo para Uruguay, que ve como el Mercosur muestra poco hacia adentro y sobre todo se cierra hacia afuera. Así deja por el camino oportunidades de firmar acuerdos preferenciales que nos permitan entrar pagando menos aranceles en los mercados que nos interesan, y por ende nuestros exportadores pierden decenas de millones de dólares al año. → Leer más

La gestión de los dineros del Estado es un aspecto clave en cualquier nación, porque de su uso criterioso y enmarcado en acciones y proyectos de corto, mediano y largo plazo depende la calidad de vida que podrán alcanzar sus ciudadanos, y sobre todo, lograr sustentabilidad para que la sensación –y realidad– de bienestar que se pueda tener hoy no se traduzca en frustración para mañana.
Ocurre que los recursos que se manejan no son propiedad de ningún gobierno en particular, sino que el Estado somos nosotros, y sus arcas se nutren de los aportes, del esfuerzo de todos los ciudadanos en impuestos y aportes sociales, por lo que en teoría somos todos empleados y patrones al mismo tiempo.

Y en el caso de Uruguay, lamentablemente lo que decíamos de uso criterioso, –distante por suerte de la corrupción sistemática y organizada que se ha dado por ejemplo en la vecina Argentina–, no ha sido una constante ni mucho menos, porque más allá de determinados lineamientos generales encuadrados en el funcionamiento de la institucionalidad, ha habido de por medio componentes político ideológicos que se han caracterizado por el hecho de que cada gobierno, con mayor o menor énfasis, ha pretendido darle carácter refundacional a su gestión, y descartado mucho de lo que se había hecho antes por haberlo hecho otro partido.

El que queda en el medio es el ciudadano común, el que es la víctima en la lucha por el poder y el que no es tenido en cuenta, ni siquiera para poder hacer un seguimiento sobre cómo se gasta su dinero, más allá de la confianza o no que puedan merecerle quienes han sido elegidos como gobernantes.
Incluso, más allá de la gestión global, en el manejo de los recursos públicos existe una delgada línea, una zona gris entre lo legal y lo ético, que tiene que ver con el uso dispendioso de los recursos y de cargos, porque muchas veces, sin llegar a constituirse en delito, hay formas de actuar que chocan frontalmente con la ética, y que quedan expuestas a la vista de todos sin dar lugar a consecuencias legales.

En lo que refiere a la ética, por referirnos a casos recientes, podemos situar como el ya sonado episodio de la renuncia del exministro de Turismo Germán Cardoso y sus repercusiones en el ámbito judicial y parlamentario, la denuncia sobre retribuciones especiales y “compensatorias” al hermano del intendente de Lavalleja, y para no ser menos, el “sincericidio” cometido en las últimas horas por la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, al “explicar” que incorporó como funcionarios de la intendencia capitalina a excustodios del expresidente Vázquez “para cumplir con Tabaré”.
La diferencia con situaciones similares que se han dado en todos los gobiernos y en diferentes dependencias del Estado, es la naturalidad con que aparentemente la titular de la intendencia de Montevideo asume que debía “cumplir” con el expresidente con dinero ajeno y no propio, es decir asimilando una situación de sentimiento personal a la institución que lidera.
La intendenta capitalina hizo referencia a los pedidos de informes que hicieron dos ediles del Partido Nacional sobre la existencia de un custodio personal de la jefa departamental y la presencia de cuatro personas más, encargados de otras dependencias de la comuna.

“Parece que fuera culpable de tener los custodios que eran custodios de Tabaré (Vázquez). Sí, están trabajando en la intendencia y tienen tareas asignadas muy importantes”, afirmó Cosse. La jerarca explicó que uno de los contratados cumple con su servicio en la seguridad del área del Mercado Modelo, que “se está haciendo un esfuerzo por cuidarla”, otros dos están a cargo de “considerar todos los temas de seguridad de la IM” y otro es su escolta personal.

“Ellos cuidaron a Tabaré toda su vida, yo ahora le voy a cumplir (¿?) a Tabaré”, concluyó la jefa comunal. Le faltó decir, por supuesto, que está cumpliendo con Tabaré con el dinero de todos los montevideanos, y que mientras por un lado desde la coalición de izquierdas se habla livianamente de la igualdad de oportunidades, de concursos, de méritos y de necesidades, simplemente en este caso optó por el “dedazo” –del que recurrentemente se acusa a los partidos tradicionales– porque tenía que cumplir con el expresidente, y eso estaba por encima de toda otra consideración.
Por su lado, el edil nacionalista Fabián Bravetti anunció que enviará una nota a la Junta de Transparencia y Ética Pública para que estudie las últimas contrataciones de Cosse. En concreto, la denuncia del edil se da luego de las declaraciones en las que justificó que la contratación se debía a un “cumplimiento” con el expresidente del Frente Amplio.
Según Bravetti, hay una “grave violación” por Cosse al Código de Ética en la función pública, por “contrataciones directas que se realizan por favores personales de la intendenta hacia estas personas y el expresidente”.

“Cosse nos confirma lo que venimos advirtiendo desde que comenzó su gestión: abundan las contrataciones por favores y acomodos. Si a la intendenta le queda algo de ética y quiere cumplir con el capricho de contratar a los custodios, que lo haga con su plata y no con la de los montevideanos”, manifestó el curul nacionalista.
Asimismo, entiende que las contrataciones de estos guardias “sigue la línea de decenas de contrataciones que se realizaron desde que asumió Cosse” y que “responden” a “favores personales y políticos” con su fuerza política, siendo, algunos de ellos, “militantes y exjerarcas frenteamplistas de administraciones pasadas”.

Tampoco corresponde dar más trascendencia de la que tiene este episodio concreto en sí, que no es un hecho aislado ni patrimonio de un solo partido o fuerza política, pero denota la forma en que el poder marea y hace perder las referencias a quienes ocupan una función pública de jerarquía: por lo que dijo, le parece la cosa más natural del mundo “cumplir” con quien admira y homenajea, haciendo que los uruguayos –en este caso los montevideanos– se hagan cargo de la cuenta y no lo haga con su dinero.
Tal vez sea en línea con la actitud que tuvo para construir el Antel Arena, construido con el dinero de todos los uruguayos para ayudar a la “heladera” que gobernaba Montevideo en ese entonces, que perdía respaldo popular y necesitaba alguna obra trascendente para mostrar; y encima gastó más del doble de lo que se decía iba a demandar el complejo, superando los 100 millones de dólares.

Bueno, es algo así como disponer de bienes de un difunto, de no rendir cuentas, de caminar por la delgada cornisa entre lo ético y lo legal, de embriagarse de autoridad y suficiencia y hasta en algunos momentos situarse por encima del bien y del mal.
Que no es solo un déficit en valores de la actual intendenta de los montevideanos, sino que responde a un lado intrínseco al factor humano, y ello explica que se haya dispuesto en la institucionalidad organismos que mal o bien, deben ejercer algún control y/o vigilancia sobre estas situaciones en defensa del ciudadano de a pie, al fin de cuentas, como también lo deberían hacer los partidos políticos a los que responden estas personas que derrapan y se salen a la banquina, más allá del aspecto legal de los hechos.
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La idea de que Uruguay es un país donde no ocurren situaciones de riesgo social, productivo, económico o climático, está bastante alejada de la realidad. En este sentido, el hecho de carecer de volcanes o terremotos no debería engañarnos porque diferentes eventos y situaciones vividas en las últimas décadas muestran claramente que es necesario no solo actuar sino también prevenir en relación a riesgos de muy diversa naturaleza y entidad.
A tal punto esas acciones son necesarias que han dado lugar a la elaboración y aprobación de una Política Nacional de Gestión Integral del riesgo de emergencias y desastres en Uruguay para el período 2019 -2030, que se enfoca en la necesidad de avanzar hacia un desarrollo resiliente basado en una cultura preventiva.
Como señala el texto de la propia política nacional, el imaginario del “Uruguay sin riesgos” se conformó durante la segunda mitad del siglo XIX y primera del XX, es decir durante el proceso de construcción de un Uruguay civilizado y moderno, tanto el entorno como el riesgo resultante de la dinámica natural, fueron invisibilizados. “Esa matriz cultural disciplinada y sin riesgos externos a la sociedad se mantuvo durante el siglo XX y permanece, en parte, hasta nuestros días. No obstante, la consolidación de los procesos de urbanización y desarrollo del país, el aumento del impacto de eventos extremos vinculado en parte a dichos procesos, y el mayor acceso a las tecnologías de información y comunicación, generaron cambios en la percepción del riesgo, por lo que comenzó un proceso de decisiones políticas e institucionales para enfrentar las emergencias y desastres”.
Dicho proceso culminó con la creación del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en 1995 con el objetivo de planificar, coordinar, ejecutar, conducir, evaluar y entender en la prevención y en las acciones necesarias en todas las situaciones de emergencia, crisis y desastres excepcionales o situaciones similares, que ocurran o sean inminentes. Pensemos que en el pasado, penosos eventos pusieron en primera plana la necesidad de mejorar el manejo de desastres. Entre ellos se recuerda el incendio que afectó el Palacio de la Luz en la madrugada del 13 de agosto de 1993, en el que murieron asfixiadas cinco mujeres, y cuatro pisos del edificio fueron destruidos. Se trató de un hecho que puso en evidencia pública algunas carencias fundamentales, como los problemas de seguridad de las estructuras, la falta de preparación para evacuar y la ausencia de una normativa actualizada.
Fue un desastre que junto a otros anteriores -como el incendio de Santa Teresa, en el que fallecieron tres personas y 2.400 hectáreas de bosque fueron quemadas, o el derrame de 200 toneladas de crudo del buque petrolero San Jorge, el 10 de febrero de 1997, frente a Punta del Este- terminaron de generar una percepción pública sobre desastres y, como señala el Plan Nacional, “la conciencia de que se debían adoptar medidas para su manejo”.
Según la información oficial, “el salto cualitativo en este desarrollo institucional lo determina, en primer lugar, el ciclón extratropical del 23 y 24 de agosto de 2005” cuando “el espejo del país templado y suavemente ondulado devolvió un rostro extremo”. Como se recordará, este fenómeno alcanzó rachas de 174 kilómetros por hora y tuvo un impacto inédito sobre las personas y los bienes, puesto que contabilizó diez muertos, decenas de heridos, cientos de evacuados, cifras cercanas a los 40 millones de dólares de pérdidas materiales, según las estimaciones iniciales, e innumerables problemas de logística.
Eventos más recientes, como el tornado que atravesó la ciudad de Dolores el 15 de abril de 2016, dejando 5 personas fallecidas y destruyendo la tercera parte de las edificaciones, así como las inundaciones que afectan cada tanto severamente el litoral y otras zonas del país, dan cuenta de la necesidad de contar con políticas, protocolos y acuerdos interinstitucionales -que felizmente existen- para reaccionar y, sobre todo, prevenir.
En particular, para quienes vivimos en el litoral del río Uruguay, importa señalar que en el período 2015-2019 hubo un total de 87.557 personas desplazadas de sus viviendas por eventos adversos, de los cuales 85.924 fueron por inundación, según datos del Monitor Integral de Riesgos y Afectaciones (MIRA), herramienta del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) que permite contar con una alerta temprana.
El pico máximo en el número de inundaciones registrado en un mismo año fue en 2015 (5 eventos), seguido por los años 2018 y 2019 en los que hubo tres. La inundación ocurrida entre diciembre de 2015 y enero de 2016 se registra como la segunda inundación histórica del país ya que supuso el desplazamiento de 25.000 personas en cinco departamentos, afectando a Artigas, Salto, Paysandú y Río Negro en el litoral del Río Uruguay –fronterizo con Argentina- y, en el norte, Rivera.
Paralelamente, en los últimos años la construcción institucional antes mencionada en relación a la prevención y gestión de riesgos se ha consolidado y también se han implementado avances como la puesta en marcha en 2015 de la Dirección Nacional de Emergencias que había sido creada por la Ley 18.621 pero no materializada en la práctica hasta entonces.
La creación de una repartición específica para tratar este importante asunto resultó clave para una mejor performance en la gestión de los riesgos y emergencias pero también fue un salto cualitativo en la comprensión a nivel país del papel que implican los riesgos en un contexto de cambio y aumento del impacto de las emergencias y desastres. También en esta época se reforma la ley de creación del SINAE y a partir de la experiencia que significan los Comités Departamentales de Emergencias (órgano colegiado a nivel departamental) se creó e incorporó la Junta Nacional de Emergencias y Reducción de Riesgos como órgano colegiado del más alto nivel.
Se trata de un proceso de fortalecimiento institucional muy importante que ha permitido una mejora sustancial en cómo el país está preparado para enfrentar y actuar frente a muy diferente tipo de desastres, emergencias y riesgos.
En este sentido, no es menor contar con una política pública nacional de gestión integral de riesgos como la que se dispone actualmente, con definición de líneas estratégicas y acciones hasta 2030, así como con un Sistema Nacional de Emergencias nacional y descentralizado, interinstitucional y con una estructura innovadora y única que es ejemplo para América Latina.
Es de esperar que como sociedad sepamos aprovechar las lecciones aprendidas para una mejor percepción social del riesgo y que desde el lugar de ciudadanos, empresarios, academia y el propio Estado podemos contribuir a un país más resiliente y mejor preparado para enfrentar todo aquello que nadie desearía que nos tocara hacer frente pero que puede ocurrir en cualquier momento. → Leer más

Sin pretender ingresar en un análisis técnico, corresponde una reflexión acerca de cómo está funcionando un instrumento que ha sido clave para que nuestro país capte determinadas inversiones, como lo ha sido la Ley N.º 16.906, de inversiones y promoción industrial, una norma que suele ser poco nombrada salvo por algún episodio puntual.
Pero más allá de lo anecdótico, a través de la Ley de inversiones el Estado destina diferentes beneficios fiscales para facilitar inversiones que cumplan con determinadas características, es un instrumento que incentiva ciertos tipos de inversiones, pero que, al fijar los parámetros, también delinea una política, determina qué tipo de inversiones “prefiere” el Gobierno que se realicen en el país.
Esto queda por escrito al fijarse los indicadores en los que deben cuadrar los inversores para presentarse con sus proyectos ante la Comap, Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones.
Sintéticamente, cada proyecto de inversión se compone de una bolsa de inversiones, y cada inversión que cumpla con alguno de estos indicadores va a ir sumando puntos a ojos de la Comap. El proyecto va a terminar con determinado puntaje que determinará los beneficios que se otorgarán.
Son básicamente seis criterios: Todas las inversiones que creen empleo van a generar un puntaje, que dependerá de la cantidad de puestos de trabajo que se generen; también es importante el lugar donde se va a realizar la inversión, y aquí hay un detalle significativo, porque anteriormente una inversión en Montevideo no puntuaba, pero ahora, desde la última modificación del decreto reglamentario sí lo hace, y por más que puntúe menos que una inversión que se realice en el Interior del País, no deja de ser una señal; también suma puntos que el proyecto suponga un aumento de las exportaciones, tanto de la propia empresa como del país en general; la utilización de tecnologías limpias, lo que alcanza a toda inversión que se ejecute para reducir el consumo energético de la empresa como lo que genere algún impacto positivo desde el punto de vista ambiental; suman puntos también las inversiones en tecnologías nuevas, en innovación y desarrollo en general; y finalmente hay un criterio que refiere a los sectores de actividad, entre los cuales también se jerarquiza.
Sumando los puntajes por criterio se conforma el total del proyecto y en función de ello se determinan los beneficios fiscales a los que accede.
¿Cuáles son estos beneficios? El estado devolverá un porcentaje de la inversión total en forma de créditos, con los que la empresa podrá pagar IRAE en futuros ejercicios; se exonera a los bienes comprendidos dentro de cada proyecto de inversión del aporte al impuesto patrimonio durante toda su vida útil; también estarán exoneradas todas las tasas y tributos de los bienes que sean parte del proyecto que sean importados, pero en la medida que no sean competitivos con la industria nacional, es decir, que no se puedan conseguir en el mercado interno, y finalmente se dispone la exoneración del IVA en toda la adquisición de materiales y servicios destinados a construir obra civil.
Como corresponde, los proyectos beneficiados en el marco de la Ley N.º 16.906 son publicados en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, aunque no con todos los detalles, lógicamente, de hecho no se menciona un responsable a título personal y cuando se cuestionó al director de OPP, Isaac Alfie, quien se amparó en esta herramienta jurídica para acceder a un beneficio para su empresa –al que terminó desistiendo– solo se supo que era su proyecto porque la firma tenía el mismo nombre que su titular. Pero sí, lógicamente, estas publicaciones permiten conocer a qué rubro se dedica la inversión promovida y los montos de los beneficios.
Lógicamente, repasando muy por arriba algunas de las últimas inversiones promovidas uno se encuentra con adquisiciones de vehículos utilitarios, equipos informáticos, mobiliario, y obras, por supuesto. Aparecen también proyectos de construcción de viviendas y edificios, y algún otro que llama la atención. Por ejemplo se puede encontrar, quien se tome el trabajo, de que puede ser una inversión promovida la construcción de oficinas, locales comerciales y estacionamientos, en Montevideo, “para su posterior venta y la adquisición de bienes muebles exclusivamente destinados a las áreas de uso común”. Este proyecto considera una inversión de 161.244.167 Unidades Indexadas, es decir, en pesos, 819.797.593, o en dólares 1.842.2417.
A esta empresa se le exoneró “de todo recargo, incluso el mínimo, del Impuesto Aduanero Único a la Importación, de la Tasa de Movilización de Bultos, de la Tasa Consular y, en general, de todo tributo de importación o aplicable en ocasión de la misma, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, a la importación de equipos, máquinas y materiales destinados a la obra civil y de los bienes muebles destinados a las áreas de uso común, importados directamente por la entidad, siempre que hayan sido declarados no competitivos con la industria nacional”, indica el decreto.
No está mal que el país considere otorgar este tipo de incentivos y beneficios a quienes realizan inversiones de este tipo y que seguramente generarán un impacto en fuentes de empleo y movilicen toda la economía a partir de allí, porque bien se sabe que esta es una de las virtudes de la industria de la construcción. En todo caso, cabe preguntarse si no existirá o si no se podría crear algún mecanismo para que accedan a la exoneración del IVA también las cooperativas de vivienda, como vienen reclamando desde hace bastante tiempo. → Leer más

El duro revés que sufrió el gobierno kirchnerista de Alberto Fernández en las PASO, (elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), con la firme perspectiva de que nuevamente el electorado argentino le dé la espalda en las cruciales elecciones de medio término del 14 noviembre venidero, ha sido determinante para que haya decidido llevar adelante la estrategia de “poner dinero en el bolsillo de la gente”, para cambiar el humor social y así tratar de traducirlo en votos para el oficialismo.
Una maniobra clientelística y suicida al mismo tiempo, desde que para que más o menos le vaya bien al gobierno de esta manera van a dinamitar cualquier posibilidad de ensayar una recuperación sustentable del país, para vivir el momento electoral, y que luego sea lo que Dios quiera.
Igualmente, todo paso en esta dirección no está exento de polémica, porque en un rapto de sentido común, hay dentro del propio gobierno quienes si bien se afilian a que esta es la única posibilidad de revertir la tendencia, asumen el fuerte riesgo que conlleva este maquillaje, por cuanto se podría dar el golpe de gracia a las fuentes de empleo que aún quedan, con más inflación y desquiciar definitivamente la economía, pese a los enormes recursos naturales con que cuenta la Argentina.
Mientras tanto, una de las consecuencias de la derrota, pese a tratarse de elecciones primarias, ha sido el choque entre el mandatario y la vicepresidenta Cristina Fernández, “dueña” de los votos que llevaron a Alberto Fernández a la Presidencia, y el saldo del diferendo fue la pérdida de ministros leales al presidente y con el precio de que quedaran al desnudo ante la opinión pública, por si alguien tenía alguna duda de la situación real de poder y las diferencias en el seno del kirchnerismo.
Pero ha podido más el afán de poder –típico del peronismo– y no dan los tiempos ni tampoco la voluntad política ni siquiera para aparentar una mejora real en la situación económica, por lo que de lo que se trata es de meter dinero como sea en la población de menores recursos, apelando a potenciar los “planes sociales” en vigencia, que son pan para hoy y hambre para mañana, como le ocurre a todo gobierno populista e irresponsable.
En cuanto al escenario real, han surgido voces de alerta ante este intento, y por ejemplo desde el Centro de Estudios de la Nueva Economía (CENE) se analizaron las posibilidades de que el gobierno otorgue un aumento general de salarios y jubilaciones e incremente el gasto social y la obra pública, utilizando fondos del FMI.
Sobre las ayudas económicas que pretenden poner plata en el bolsillo de la gente, como ha pedido la misma vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, con la “idea” de mejoras para apuntalar el consumo con aumento de jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH (asignación mensual por hijo) e incluso créditos blandos para ciertos sectores, Víctor Beker, director del CENE, dijo que “la opción que parece ser la elegida es interpretar que la debacle electoral puede contrarrestarse ‘poniendo plata en el bolsillo de la gente’, para generar un shock de consumo. A tal efecto, habría un aumento general de salarios y jubilaciones para las escalas más bajas y se incrementaría el gasto social y la obra pública, utilizando para ello los fondos provistos por el FMI y, llegado el caso, emitiendo una cuasi-moneda para su financiamiento. A ello se sumaría una estricta política de control de precios con fuertes sanciones a quienes no la acaten”, puntualizó Beker.
Consideró que un cambio de rumbo en esta dirección, por moderado que sea, requeriría de un acuerdo con algún sector de la oposición, para darle sustento en el Congreso de la Nación y viabilidad política. “En tal caso, un rápido acuerdo con el FMI, una flexibilización del cepo cambiario, una actitud más amigable hacia la inversión privada y un fomento de la radicación de capitales, sin restricciones geopolíticas, en actividades clave como el litio, Vaca Muerta, la obra pública, las industrias de la salud, la economía del conocimiento y el sector agroindustrial podrían ser parte de una agenda desarrollista, que permita revertir esta nueva década perdida”, señaló.
Pero en realidad, el gobierno de la vecina orilla aparece como más preocupado por su subsistencia, por su suerte tras la comparecencia en las urnas que en la sustentabilidad de las políticas y el beneficio que estas impliquen en el mediano y largo plazo.
Ante el mensaje de las PASO, se optó por actuar con cierto sentido quirúrgico en los puntos en los que el gobierno detectó estaba el problema, como es el caso de la dureza de la cuarentena –“la más larga del mundo”– que dinamitó la economía y tampoco evitó un elevadísimo número de muertes –más de 116.000 a esta altura– y fue así que de un día para el otro se dio por terminada la pandemia, haciendo caso omiso de la cobertura todavía problemática, debido a la torpeza con que el gobierno manejó la vacunación.
Así, la Argentina está abriendo fronteras y levantando restricciones como si tuviera la mejor cobertura del mundo, cosa que está muy lejos de suceder, pero las circunstancias en lo inmediato así lo aconsejan para quienes llevan adelante la estrategia electoral del oficialismo.
Quien lo hace es naturalmente la expresidenta Cristina Fernández, la promotora del “poner dinero en el bolsillo de la gente” como sea, y naturalmente, lo único a mano a esta altura es por la vía ficticia: imprimir billetes para que se tenga sensación de euforia, pero a costa de desquiciar aún más la economía, porque el Estado no tiene caja ni le queda presupuesto, con cuentas en rojo que no tienen alternativa posible en el corto plazo y ni aún en el mediano.
El combo de altísimo endeudamiento, inflación del orden del 50 por ciento, cepo importador y exportador por cerramiento de la economía, unido a la impresión indiscriminada de billetes sin valor real, aumentar subsidios y “congelar” precios, favorecer el consumo con créditos a intereses mínimos con relación a la inflación, desafiando las leyes de la economía, solo puede funcionar –es un decir– hasta las elecciones, que es al fin de cuentas el objetivo inmediato del kirchnerismo.
Las perspectivas ante estas medidas “salvadoras” son más de lo mismo, del intento burdo por retener el poder a cualquier precio y el costo es precisamente seguir llevando al vecino país a la ruina, con “parches” de vez en cuando que se logran gracias a los enormes recursos naturales con que cuenta. Total, después encontrarán a quién echarle las culpas de la miseria a la cual llevaron el país, y por supuesto, será una “causa argentina” volver a caer en default y criticar al FMI, a los tenedores de bonos, a las multinacionales, al imperialismo norteamericano y todo eso que rejunta a los incapaces de ver la realidad.
Pero de soluciones reales, nada, debido a esta lucha por el poder de la política por el nivel más bajo, que con discursos de ocasión y medidas demagógicas sigue pateando la pelota hacia adelante para que se haga cargo el próximo gobierno, del partido que sea, cada vez con menos margen de maniobra.
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Según el Ministerio de Trabajo, se reduce mensualmente la cantidad de trabajadores en el seguro de desempleo. Las cifras actuales, ubican a menos de 60.000 personas con este beneficio al mes de setiembre.

Y, de acuerdo al ministro de Trabajo Pablo Mieres, el país retornó a niveles similares de actividad anteriores a la pandemia.

Sin embargo, las encuestas divulgadas en diversos medios son porfiadas. Los consultados aseguran que existen grandes dificultades para acceder a un empleo de calidad y la preocupación por el desempleo, lidera los indicadores.

Entonces, ¿por qué existe una diferencia entre los datos oficiales y la percepción ciudadana que ubica al mundo del trabajo en la pospandemia como uno de sus principales cuellos de botella?

Los nuevos vínculos laborales no visibilizados en su real dimensión y la sustitución de las formas tradicionales por los nuevos procesos tecnológicos, forman parte del escenario complejo que no se revertirá en el corto plazo. Porque en plena recesión económica, creció la informalidad y esa población no se ha volcado a la búsqueda de un empleo.

En cualquier caso, alcanza con observar las cifras divulgadas por el Ministerio de Desarrollo Social a nivel nacional sobre el alcance de algunas prestaciones específicas que continúan brindándose, en tanto sus beneficiarios no han logrado alcanzar una situación personal comparable a la pre pandemia.

La recuperación de la movilidad, además de un aumento de casos positivos de COVID-19 en los últimos días, trae una normalidad relativa en determinados sectores de la economía que sufrieron los mayores castigos con el aislamiento social.

La restauración muy débil de la demanda es la consecuencia de los niveles de ingresos y la pérdida del poder adquisitivo. Además, es justo reconocer que Uruguay mantiene un nivel de desempleo estructural que es elevado, en comparación a otros países. Las poblaciones con problemas de empleabilidad existen a lo largo de las épocas y se hacen necesarias las políticas orientadas a mejorar sus condiciones. De lo contrario, persistirá el problema y no será registrado en las cifras oficiales.

Paysandú, por ejemplo, registra un porcentaje de desempleo por encima de la media nacional y algunas estimaciones extraoficiales lo ubican en torno al 13%. Otras, un poco más elevado.

En ciernes se encuentra la negociación salarial que impactaría en la próxima ronda de Consejos de Salarios y la mayoría de los economistas recomiendan cautela, para evitar que se perjudique la mejora en la recuperación de los puestos laborales. Sin embargo, es visible el aumento de la conflictividad en diversas áreas conforme pasan los meses.

Incluso a nivel geográfico, el impacto ha sido mayor en el interior del país que en Montevideo. Por género, el desempleo ha sido marcadamente perjudicial para las mujeres y por franjas etarias, los jóvenes permanecen con altos niveles de desocupación.

Y, en el caso específico de las mujeres, deberá agregarse un aumento en la demanda de personas bajo su cuidado durante el período más duro de la pandemia, que impulsó a una salida anticipada del mundo del trabajo. En este caso, desnudó otro aspecto que refiere a las desigualdades históricas.

En general, la cantidad de personas inactivas pero disponibles para trabajar se mantiene alta. Son unos 68.000 que, si bien no se encuentran en la búsqueda de un puesto laboral, han encontrado otras razones para no hacerlo. Por ejemplo, la contingencia sanitaria o la búsqueda infructuosa que los lleva a dejar de buscar.

Por lo tanto, conviene reflexionar lo que ocurrirá con las variables del desempleo cuando el mundo retorne la plenitud de sus actividades y esta población resuelva su incorporación a la búsqueda activa de un trabajo.

A nivel internacional ya se otea este horizonte. El Banco Mundial estima que hasta el año que viene la tasa de empleo estará por debajo de los niveles de 2019. Es que el mercado laboral no se comporta en forma diferente a otros mercados, en tanto la oferta y demanda rige al igual que en otros indicadores.

En medio de esta situación, hay que preguntarse lo que ocurrirá con quienes dejaron de buscar oportunidades laborales, porque una vez que abandonan también desaparecen de las estadísticas. Y si permanecen en la informalidad, en algún sentido “ayudan” a que el porcentaje de desempleo no sea tan duro.

Inclusive el subempleo y el desaliento no miden en las estadísticas, pero describen un panorama incierto. Por lo tanto, es posible indagar en las perspectivas para encontrar que no habrá un cambio significativo en el mercado laboral.

A esto, deberán sumarse las opiniones de las expectativas empresariales ya divulgadas por Exante, donde especifican que las medianas y grandes empresas tienen “relativamente poco extendidos los planes de incrementar la dotación de personal en el próximo año”. Y sólo 20% de los ejecutivos tendrá un promedio de empleados mayor al año 2019.

Y el escenario va un poco más allá: “las decisiones de contratación parecen poco sensibles a eventuales medidas de promoción del empleo”, de acuerdo a lo ya anunciado, como pueden ser las exoneraciones de aportes.

La incorporación de nuevas tecnologías aparece como una tendencia creciente y habrá que evaluar si la demanda se encuentra a la altura de estas circunstancias.

En realidad, la pandemia aceleró los problemas que tenía el desempleo y la economía en el país, al menos desde 2015. Y alcanza con comprar las estadísticas desde entonces hasta el actual nivel de pandemia.

Es así que la sensibilidad del público lo capta. Por eso, en las consultas de opinión ambos temas –economía y empleo–, se encuentran entre las principales preocupaciones. Pero, en cualquier caso, no hay que ser muy técnico para verlo. → Leer más

De acuerdo con lo informado por EL TELEGRAFO, durante la sesión extraordinaria celebrada el viernes, la Junta Departamental de Paysandú resolvió crear un grupo de trabajo “Pro Nueva Sede Universitaria de Paysandú”, tras haber recibido en la misma sesión, en régimen de Comisión General, a los integrantes del Consejo Directivo del Centro Universitario de Paysandú (Cenur), quienes expusieron sobre la situación de la sede universitaria y las necesidades locativas que ya padece ante el gran crecimiento de la matrícula.

La creación de un grupo de trabajo, moción que fue votada por 30 en 31 ediles presentes, fue una medida muy positiva como paso previo para concretar esta valiosa iniciativa. La importancia del objetivo trazado quedó grabado en las palabras del intendente departamental Nicolás Olivera, quien subrayó la importancia que implica para los jóvenes, para Paysandú y la región y lo calificó como un “faro de oportunidades”, comprometiendo su apoyo en aras de este objetivo. Para Olivera, “en el departamento no debe haber tema más importante o causa más importante detrás de la cual debamos encolumnarnos los sanduceros”.

En un momento tan trascendente para nuestro departamento es oportuno recordar que EL TELEGRAFO ha sido siempre un gran impulsor de la Universidad en Paysandú. Más allá de la prédica histórica por la descentralización de la Universidad, desde 2006 hemos impulsado el “Paysandú Universitario”, eslogan creado desde estas páginas para crear conciencia de que en Paysandú hay una universidad donde ya por aquel entonces cientos de estudiantes cursaban materia de alguna carrera (principalmente Agronomía e ISEF, aunque éste se agregó más tarde a la UdelaR).

En uno de nuestros editoriales expresamos, al referirnos a la terminal de ómnibus ubicada en la calle Zorrilla de San martín y Artigas, que “la Universidad de la República podría implementar allí un potente polo educativo descentralizador, quizás a cambio de alguna propiedad que pueda ser de interés para la comuna sanducera. Y para lograr esto sería necesario llevar a la práctica una maravillosa experiencia pues deberían conjuntar esfuerzos y voluntades diferentes organismos tales como Universidad, Intendencia, ministerios, pues concretar esta iniciativa significaría que se ha trabajado con un único objetivo: el futuro de la población sanducera y de la región. Mientras, la Intendencia está en excelentes condiciones de demostrar fehacientemente cuánto le interesa el desarrollo de una ciudad universitaria en Paysandú; cuánto realmente está dispuesta a apoyar el crecimiento de este incipiente polo de desarrollo que abre la Universidad para la región y que brinda a los jóvenes una oportunidad de estudios terciarios sin tener que emigrar a la capital u otros departamentos, cediendo de alguna forma las instalaciones de un magnífico edificio a la Universidad de la República para usufructo del ISEF. El lugar donde se encuentra la actual terminal de Ómnibus es quizás el mejor punto para desarrollar el Campus que proponemos, por múltiples razones”.

Un mes más tarde, nuestro diario anunciaba que “el Centro Universitario de Paysandú (CUP) solicitó a la Intendencia Departamental la cesión del actual local de la terminal de ómnibus a fin de convertirlo en un campus deportivo, una vez que se inaugure la nueva terminal en la zona de los estadios. La delegación del CUP, integrada por su directora, Margarita Heinzen, y los integrantes de la Comisión Directiva Juan Carlos Siázaro, Claudia Fernández y Mónica Cabrera concurrieron al despacho del intendente Bertil Bentos para presentarle formalmente la solicitud. El grupo fue recibido por el jefe comunal, el director general de Promoción y Desarrollo, Ruben Álvarez, y el director de Tránsito Haroldo Canoniero”.

Gracias a los desarrollos posteriores, hoy la UdelaR en Paysandú cuenta con más de 5.000 alumnos, movilizando la ciudad entera, generando trabajo e ingresos para la economía departamental y radicando jóvenes que antes no podían cursar estudios universitarios o debían hacerlo principalmente a Montevideo porque era la única opción que tenían. Para evaluar el número de estudiantes basta mencionar que es bastante más grande que el número de habitantes de la ciudad de Guichón. Las oportunidades que se generarán a partir del trabajo que desarrollará el grupo de trabajo “Pro Nueva Sede Universitaria de Paysandú”, deben obligarnos a pensar con mayor audacia, apostando a más e incrementando la capacidad de la Universidad a través de un Campus Universitarios que congregue toda la actividad en uno o más edificios. En este sentido la opción es hacerlo donde hoy está el Corralón Municipal, ya que se trata de un espacio céntrico de 16.000 metros cuadrados que está cerca del Hospital–donde se desarrollan las prácticas de la carrera de Medicina– y de la plaza de Deportes, que ha recibido grandes inversiones y donde está la Universidad ocupando parte de la antigua Terminal de Ómnibus.

Creemos que el Corralón Municipal constituye un emplazamiento estratégico de alto valor agregado que aportará sustancialmente al entramado urbano y a la necesaria interacción entre la Universidad, la ciudad y todos los sanduceros. En efecto, como lo señala el sitio web Urban Hub, “Para que una universidad tenga éxito en el corazón de una ciudad, también tiene que llevar a la ciudad en su corazón. En las últimas décadas se han puesto de manifiesto los beneficios económicos y las grandes oportunidades para alimentar el crecimiento de ambas partes, y ha reaparecido la imagen de la universidad como núcleo de la sociedad en lugar de entidad que opera al margen. Las universidades y las ciudades pueden prolongar el avance conseguido tendiendo puentes, extendiendo su alcance a otras áreas como aspectos sociales, las artes y la igualdad económica. Las universidades tienen los recursos para profundizar en los problemas actuales y tienen la responsabilidad de compartir el conocimiento, mientras que las ciudades deben poner su infraestructura al servicio de probar lo nuevo”.

En ese mismo sentido se han expresado los académicos españoles Juan Carlos López y Félix Jesús Villanueva, quienes han señalado que “La universidad, como pilar científico y tecnológico de las sociedades actuales, deberá aportar conocimiento, desde un punto de vista multidisciplinario en muchos casos, favoreciendo el proceso de transferencia tecnológica y siendo, por tanto, uno de los protagonistas del proceso de innovación que, con el ciudadano como centro, nos llevará a la ciudad del futuro, la ciudad inteligente”.
Sin lugar a dudas el grupo de trabajo “Pro Nueva Sede Universitaria de Paysandú” debe ser defendido y apoyado sin banderías, ya que se trata de una propuesta en línea con el Paysandú Universitario que todos queremos, objetivo para cuya concreción debemos trabajar, buscando los recursos necesarios a nivel político y que se aporte desde la Intendencia Departamental de Paysandú todo lo que esté a su alcance sin pensar en ganar más que el futuro de una ciudad universitaria.

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En los últimos meses se han registrado varios siniestros de tránsito que por su espectacularidad o por el desenlace trágico con pérdida de vidas jóvenes que cobraron han tenido gran impacto en la sociedad sanducera.
La “mala racha” comenzó ya en enero, apenas 24 días de comenzado el año y en pleno empuje de la pandemia de COVID-19. En esa oportunidad una moto de alta performance impactó contra un automóvil que intentó cruzar la ruta 3 a la altura del paraje La Lata, falleciendo en el acto el joven piloto y quedando gravemente herida una chica que viajaba como acompañante. La víctima formaba parte de un grupo de fanáticos de las motocicletas que solían hacer encuentros en distintos puntos, por lo que la noticia impactó de inmediato en su comunidad.

Dos meses después, la escena se repite casi en el mismo lugar y con características idénticas: el 22 de abril un motociclista –que casualmente integraba el grupo de amantes de la motos al que pertenecía el joven fallecido en enero– impactó contra una camioneta que intentaba cruzar la ruta, perdiendo la vida en forma instantánea.
La trágica lista sumó un nuevo renglón dos meses más tarde, el 18 de junio, esta vez en un cruce de calles del radio urbano. Una motociclista perdió la vida tras impactar contra una camioneta en Treinta y Tres Orientales e Instrucciones del Año XIII, convirtiéndose en la tercera víctima fatal en el mismo lugar. Al momento de producirse el accidente la visibilidad era óptima, ocurrió al mediodía en un lugar amplio y con excelentes condiciones del pavimento.

En agosto, dos días antes de la “Noche de la Nostalgia” dos mujeres de 22 y 26 años fallecieron en otro choque, en este caso contra una columna en la zona del Balneario Municipal, en la curva de Avenida de los Iracundos frente al antiguo parador La Angelina. Según testigos, las jóvenes circulaban a cierta velocidad cuando adelantaron a otro motociclista al cual rozaron, para finalmente impactar contra la columna, donde fallecieron en forma instantánea.

Una vez más, se trata de un lugar que ha visto otras tragedias incluso antes de estar las columnas del alumbrado público contra el cordón, así como infinidad de vehículos han terminado sobre la vereda o chocando contra el muro que la delimita en los últimos 50 o 60 años, según cuentan memoriosos.
Pero como las rachas vienen por pares, dos meses más tarde, el 3 de octubre un automóvil volvió a derribar una columna de iluminación en el mismo lugar. En esta oportunidad hubo mayor suerte y, a pesar de que al menos una de las cinco ocupantes recibió graves lesiones –principalmente en las cervicales y una pierna— y otras resultaron con traumatismo de diversa entidad, afortunadamente no hubo víctimas fatales.

Pero el hecho de que en tan poco tiempo esa columna fuese chocada dos veces motivó el reclamo de la ciudadanía a través de las redes sociales para que tales elementos fueran retirados, dado que generan un gran riesgo en caso de accidentes. Esta sucesión de hechos lamentables en el tránsito de nuestra ciudad y alrededores no es un relevamiento completo de lo que ha sucedido en el presente año, pero sirve para analizar la situación que se vive con respecto a la otra pandemia: la de los siniestros de tránsito, para la cual no hay vacuna y sólo se puede apelar a la conciencia colectiva para combatirla.

Y si bien cuando ocurren situaciones tan tristes es difícil hacer un análisis sin afectar sensibilidades, se vuelve imprescindible hacerlo con la mayor objetividad y amplitud posible para encontrar la forma de evitar que se repitan. En cada uno de estos casos lógicamente han habido responsables y responsabilidades compartidas, más allá de las conclusiones cargadas de subjetividad por el lógico dolor de las personas involucradas o allegados y la contaminación de las redes sociales, que suelen hacer justicia medieval ante cada hecho de repercusión mediática.
Por supuesto que en última instancia quien está a cargo de resolverlo es la Justicia, aunque ahí también puede haber injusticias, valga el juego de palabras, a veces por falta de medios para llegar a conclusiones científicamente válidas y otras por la contaminación de la opinión pública, que lamentablemente influye porque tanto los jueces como los fiscales y los abogados son tan humanos como cualquiera y están insertos en la sociedad.

Es así que hay elementos en común en todos estos casos expuestos que no necesitan demasiado análisis. En primer lugar está la velocidad. Ninguno de estos siniestros hubiesen ocurrido si los vehículos hubiesen circulado a la velocidad permitida. Absolutamente ninguno. En los casos ocurridos en la ruta, es cierto que hubo un vehículo involucrado que se cruzó determinando la tragedia, pero de seguro que si el otro viajase a 90 kilómetros por hora hubiese sido perfectamente visto por el conductor que se cruzó en el camino y obviamente no se hubiese “tirado” a doblar. Porque aunque la Justicia no suele analizarlo demasiado, hay un hecho determinante y es que cuando el exceso de velocidad es demasiado grande nadie, pero absolutamente nadie, está preparado para adelantarse tanto para realizar una maniobra, por lo que en ese caso la suerte está jugada de antemano.

Y por supuesto, en los papeles y ante tanta falta de análisis científico la responsabilidad penal terminará recayendo sobre el supuesto “generador” del accidente.
También la velocidad fue determinante para terminar impactando contra una columna en el Balneario Municipal; de seguro que estos accidentes no ocurrirían de circular a 40 kilómetros por hora o menos, o al menos no tendrían la gravedad que se registró recientemente. Es cierto que la columna en cuestión también agrega un riesgo potencial y es determinante para la gravedad del siniestro, pero éste no ocurre por estar la columna allí. De hecho hace años en esa curva hubo fatalidades en las cuales la víctima terminó su carrera desenfrenada contra al muro del otro lado de la vereda, o contra el cordón.

También en los casos del cruce de 33 Orientales e Instrucciones del año XIII la velocidad jugó un papel fundamental, más allá de las preferencias de circulación. Porque como se suele decir los accidentes ocurren porque ninguna de las partes lo evitó, pudiendo hacerlo cualquiera de los dos involucrados cuando se circula a velocidad normal y con la debida precaución.
Pero hay un factor que no está en la calle, la velocidad, el trazado, el alcohol –que en algún caso también estuvo presente—y es la responsabilidad de las autoridades. Porque lo que está faltando a todas luces son controles, tanto de los inspectores de Tránsito como de la Policía y la Caminera. Cuando los controles se distienden, la historia nos muestra que la siniestralidad se dispara.

Tanto se han distendido los controles que las imprudencias se pueden ver a pleno día y son cometidas sin prurito ninguno, incluso para llamar la atención de la mayor cantidad de espectadores posible. Basta recordar el vuelco en ruta 3 en los acceso al Trébol, delante de centenares de personas que vieron cómo derrapaba sin control un auto de alta gama hasta terminar con las ruedas para arriba contra la cuneta. Por suerte no produjo lesiones a terceros, que pudieron ser trágicas también, por lo que el suceso se saldó sin consecuencias para nadie.
Entonces, lo que falta es un ajuste de tuercas en el tránsito. Más controles, en todo momento y lugar y por sobre todo, severidad con quienes juegan con la vida propia y la ajena. Es la única forma de evitar seguir llorando la pérdida de vidas jóvenes, y además un acto de justicia, porque después que ocurren los hechos la culpa terminará recayendo sobre otro, con justicia o no.
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En el marco del intento de hacer sustentable el esquema de seguridad social para los desafíos que implica en los próximos años el financiar el sistema con los recursos siempre escasos que se generan en nuestra economía, está en su etapa final el trabajo del equipo de técnicos interdisciplinario y de distintas ideologías en procura de llegar a una propuesta de reforma que concite el mayor respaldo posible.
Esta tarea insumió inicialmente una fase de compilación de información para pasar luego al diagnóstico y propuestas con vistas a llevar adelante una reforma que permita superar áreas críticas que de acuerdo a la tendencia irán acentuando su impacto con el paso de los años, y donde además del aspecto técnico –fundamental para hacer sustentable la reforma– se tienen que incluir elementos que deben ser objeto de decisiones políticas que difícilmente puedan dejar satisfechos a todos los actores en esta problemática, y mucho menos cuando se sigue en muchos casos priorizando la mirada ideológica por sobre el panorama general.
El punto es que no solo es un tema de difícil dilucidación, sino que conlleva un reto adicional para todo partido político que se tome la cosas seriamente y no piense en la inmediatez de una contienda electoral, y de ahí que se haya mencionado poco y nada en las plataformas electorales.
Recientemente, la delegación de nueve miembros designados por el oficialismo en la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) presentó para discutir a los otros seis representantes un borrador de recomendaciones de reforma jubilatoria, y entre los cambios que se proponen figuran la edad mínima para jubilarse, cómputos de años de aportes, forma de cálculo de los montos de las pasividades, régimen de AFAP, cajas paraestatales, entre otros aspectos.
A fines de este mes, según se indicó, el CESS llegaría al documento final de recomendaciones, para luego el Poder Ejecutivo redactar un proyecto de ley con su propuesta de reforma jubilatoria, y someterla al tratamiento parlamentario.
Por supuesto, no será debate de un día ni de dos, sino que pese a la ardua y prolongada tarea del comité de expertos, el llegar a un documento que reúna un apoyo altamente mayoritario es muy difícil, porque precisamente entre los partidos hay visiones no coincidentes y a veces hasta antagónicas. Incluso hay determinados grupos con una visión preponderantemente ideológica, pese a que los números les muestren que están equivocados, y la idea que les guía es imponer su visión voluntarista y por lo tanto se desemboca en un desfinanciamiento crónico, con el desenlace de que el tesoro nacional –que se nutre del aporte de todos los uruguayos– se haga cargo del déficit.
El que se haya soslayado el tema en la campaña electoral tiene su explicación por el lado de que lejos de ser un tema que arrime votos, tiene muchas espinas que indefectiblemente implican que deben establecerse correctivos que no van a resultar simpáticos, desde que de una u otra forma habrá que rascar recursos para revertir un proceso de deterioro en el que siempre hay damnificados o por lo menos un ajuste de cinturón que trae consecuencias.
Además, no hay ningún partido en el mundo que tenga por sí solo la varita mágica de las soluciones en el tema y mucho menos en el Uruguay, por lo que las respuestas deben responder a un gran acuerdo entre partidos y las organizaciones que de una u otra manera están involucradas en el tema, lo que tampoco parece haberse logrado en esta instancia.
El borrador de 107 páginas también incluye propuestas para el Banco de Previsión Social, “cincuentones”, que quedaron fuera de la solución legal, las pensiones de sobrevivencia y la creación de una nueva unidad reguladora y de supervisión del sistema jubilatorio.
Debe tenerse presente que los sistemas previsionales en todo el mundo se encuentran amenazados por una realidad demográfica que presenta una tendencia irreversible, con un constante incremento de la proporción de personas de mayor edad y una población que tiende a estabilizarse en los países desarrollados, por lo que la presión y el conflicto entre términos de la ecuación opuestos, seguirá in crescendo.
Y el Uruguay no es ajeno a esta problemática, solo que mientras por un lado no tiene espalda financiera para sostener el sistema de previsión social, por otro presenta un envejecimiento poblacional comparable al mundo desarrollado pero con una economía muy crítica, además de una relación activo-pasivo que no alcanza para sostener el sistema sin aportes del Estado, en las condiciones actuales.
Los representantes oficialistas en el CESS recomiendan mantener el régimen mixto como eje central del sistema, con algunos agregados de previsión complementaria, además de sugerir un ingreso mínimo garantizado a partir de los 71 años y elevar la edad de retiro a los 65 años, entre otras posibilidades, además de un modelo para combinar el trabajo y la jubilación.
Otro punto neurálgico tiene que ver con las cajas especiales, como las de policías, militares, escribanos, profesionales de otras carreras y bancarios, que se entiende no son sustentables en el mediano y largo plazo, pero que como contrapartida establecen regímenes de prestaciones muy importantes para sus beneficiarios.
Sobre todo la Caja de Profesionales Universitarios tiene una situación deficitaria “severa e inmediata” y “el diseño vigente de beneficios y financiamiento cumplió su ciclo”, según el texto del CESS, lo que da la pauta de la entidad del desafío y del hecho de que mientras más se demore en las respuestas, más difícil será una solución que contemple debidamente los intereses en juego, y algo similar ocurre con las cajas de militares y policías, con su régimen especial.
En todos los casos, las propuestas deberían ser aterrizadas y tienen el común denominador de un gradualismo para compatibilizar que se contemple el esfuerzo de los que aportan al sistema y a la vez sostener un régimen solidario para quienes no llegan a determinados mínimos para hacer sustentable su prestación, por lo que de una forma o de otra hay subsidios en juego, que pagarán parcialmente los que más aportan y también desde Rentas Generales.
Pero, la tendencia indica que cada vez hay menos aportantes en la relación para sostener un sistema que demanda más recursos por efectos incluso de la mayor expectativa de vida, y esta brecha entre necesidades y realidad debe cubrirse por la vía de los aportes de Rentas Generales, es decir de todos los uruguayos, en base a gravámenes.
Y es fundamental lograr un acuerdo final por lo menos en los grandes puntos en el análisis de la comisión de expertos para elaborar un proyecto, al conjugar la diversidad de componentes que inciden en la problemática, para que en el Parlamento pueda generarse un proyecto de ley de consenso para atacar el problema en sus aspectos sustanciales, y no seguir como hasta ahora, lamentando que no se haya hecho lo debido para que las respuestas posibles no resulten cada vez más dolorosas y las urgencias terminen llevando a decisiones traumáticas, cuando ya no haya tiempo.
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La puesta en valor de los recursos patrimoniales materiales e inmateriales es una vía para desencadenar procesos de desarrollo local con énfasis en la dinamización de la economía, el turismo, la creación de fuentes de trabajo y la cohesión social.
La asociación entre territorio y el desarrollo cultural, social y económico de las comunidades en vinculación con rutas culturales es algo que existe desde hace mucho tiempo en el mundo y más recientemente se han comenzado a desarrollar en nuestro país como propuestas formales y avaladas e impulsadas institucionalmente.
Podríamos citar como ejemplo el caso del Comité Rutas Unesco, que en 2017 comenzó a encargarse de la gobernanza interinstitucional de la ruta que vincula el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento y al Paisaje Industrial de Fray Bentos, al tango y al candombe, al geoparque Grutas del Palacio y a las reservas Bañados del Este y Bioma Pampa-Quebradas del Norte.
Se trata de un esfuerzo interinstitucional –dado que este comité está presidido por la Comisión Nacional de Uruguay para la Unesco e integrado por los ministerios de Educación y Cultura, Turismo, Transporte y Obras Públicas, Vivienda y Medio Ambiente; las intendencias de Colonia, Flores, Montevideo, Río Negro, Rivera y Rocha; la Administración Nacional de Educación Pública y el Consejo de Educación Técnico Profesional– que aún en pandemia ha desarrollado interesantes acciones como la organización este año, a través de Instagram, de la primera edición del Premio Rutas Unesco, que recibió más de 3 mil fotos a concurso y otorgó 4.750 dólares en premios.
En otra iniciativa que está en sintonía con lo anteriormente expresado, el Ministerio de Educación y Cultura realizó recientemente la presentación de la primera ruta del programa Rutas Culturales y Creativas que según fue anunciado, promoverá una serie de recorridos históricos guiados por diferentes puntos del país.
Esta primera ruta que se pone en marcha es la “Ruta de la Guerra Grande”, en el marco del 170º aniversario de la firma del tratado del 8 de octubre de 1851, que dio por finalizado este conflicto desarrollado entre 1836 y 1851.
Sin memoria histórica “la vida se vuelve menos rica y nosotros, menos capaces de saber quiénes somos”, afirmó el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira durante la actividad de presentación de dicha ruta, realizada en el Museo del Arma de Ingenieros Aduana de Oribe, en Montevideo, como inicio de una propuesta de circuitos realizados el fin de semana pasado en diferentes puntos de la capital, entre ellos un recorrido guiado por el que fuera el centro comercial, industrial y portuario del gobierno del Cerrito, entre 1843 y 1851, y visitas por la Ciudad Vieja.
De acuerdo a lo expresado por la directora nacional de Cultura, Mariana Wainstein, hay varias rutas que están siendo trabajadas y se pondrán en marcha, tales como la Ruta de las Migraciones, Ruta del Tango, Ruta del Candombe o Ruta del Folclore.
A su vez, recordó que el programa Rutas Culturales y Creativas, creado el año pasado, ya ha realizado convocatorias como Arte Cartográfico, que tuvo como resultado la realización de mapas artísticos de la región litoral y próximamente realizará una convocatoria para la creación de mapas de la región Este del país. “Entusiasma mucho también que las rutas no partan de nuestras oficinas, sino que partan de la gente, de las diferentes localidades”, dijo mencionando un proyecto de Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, en donde se está trabajando una ruta que llega hasta el sur de Brasil, que contará con el apoyo de la Dirección Nacional de Cultura, dijo la jerarca al destacar el potencial enorme de las rutas culturales.
Existen muchos ejemplos en el mundo de rutas culturales como las que se están proponiendo, recorridos que sirven como andamiaje para construir relatos culturales en el territorio, asociados derroteros físicos y simbólicos que vinculen diferentes hechos históricos y sociales y como se señala desde el propio programa de Rutas Culturales y Creativas, “buscando que tengan la intención de narrar una historia, dejando lugar para la ilusión, la creación y la imaginación”.
Uruguay, en su pequeñez geográfica posee una gran diversidad y riqueza cultural producto de nuestra propia historia como nación y la conformación heterogénea de su población a través del tiempo. Posee también riquezas naturales, tradiciones y costumbres que poco necesitan para constituirse en el centro de una ruta, un camino, un recorrido. En cada caso es posible posicionar a la cultura local como eje fundacional de los relatos y trabajar los imaginarios colectivos.
La experiencia y la puesta en valor de las narrativas culturales que aúnan lugares, relatos y personajes son ejes fundamentales de este tipo de propuesta y, como bien señaló el ministro Silveira en la presentación de la Ruta de la Guerra Grande, el valor de la creación de programas donde se visibilice la historia de la nación, “la vida se vuelve menos rica y menos cargada de temas interesantes y nos volvemos menos capaces de saber quiénes somos si olvidamos lo que tiene que ver con la historia de la sociedad a la que pertenecemos […] perder la capacidad de recordar eso nos empobrece”.
A diferencia de otras formas de turismo cultural, las rutas culturales llevan en su esencia la movilidad, es decir, exigen recorrer, ver, conocer y sentir para disfrutar la experiencia. Requieren también un entramado de actores sociales, gubernamentales, empresariales o comunitarios que sostengan esa actividad.
En este sentido, la generación, desarrollo y sostenibilidad de estas rutas necesitan apoyos públicos que impulsen, asesoren y dinamicen. En muchas ocasiones eso es posible de realizar redireccionando recursos humanos y materiales existentes y, en otros, será necesario crearlos.
Como contrapartida, está comprobado que el funcionamiento de este tipo de rutas conlleva un efecto dinamizador de las economías locales, en particular los pequeños emprendimientos y empresas asociadas dado que los visitantes necesitan realizar estos recorridos en el marco de una experiencia de calidad.
Son esfuerzos que es necesario coordinar, incluso a nivel de políticas públicas, para fortalecer las capacidades del país para la puesta en valor y salvaguarda comunitaria de su patrimonio material e inmaterial así como para la generación de nuevas oportunidades para las poblaciones locales. → Leer más