Opinión

En la lenta –pero esperemos que sostenida– salida de la pandemia, también en el ámbito de nuestro país como a nivel global, todavía se dista de llegar a los niveles inmediatos de la prepandemia, pero más aún, hay interrogantes agregados a los ya acostumbrados altibajos de la economía mundial que solo podrán ser disipados, aunque más no sea parcialmente, cuando se retome el rumbo con cierta firmeza.

Es así que un año y medio después de la irrupción del COVID-19 en el Uruguay, la economía de nuestro país se va recuperando en forma relativa, es decir si tomamos en cuenta el piso al que se llegó en el peor momento de la pandemia, aún haciendo la salvedad de que al no ingresar en cuarentena obligatoria y acentuada como se hizo en la Argentina –con un resultado desastroso, como es sabido– la caída no fue tan estrepitosa.
Si bien la COVID-19 impactó fuertemente en el Producto Bruto Interno (PBI) en 2020, cuando cayó un 5,9 por ciento, con duras consecuencias sobre el tramado socioeconómico, ya en este ingreso hacia el cuarto trimestre de 2021 las expectativas se presentan un poco más alentadoras.

En este sentido, la ministra de Economía y Finanzas, Ec. Azucena Arbeleche, estima que el PBI mejorará un 3,5 por ciento, mientras que el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) prevé cifras similares de crecimiento en este año y por lo tanto cuando culmine 2021 estará en un nivel similar al de diciembre de 2019.
Pero también ese nivel era un pobre desempeño, desde que sobre todo el quinquenio anterior la economía estaba estancada y en retroceso, con fuerte incremento del desempleo, problemas de competitividad y caída de actividad y de la rentabilidad de las empresas.

Al analizar el escenario, el director ejecutivo del CED, Agustín Iturralde, señaló que los problemas económicos del país “van a ser básicamente los mismos”, dado que si bien la pandemia agudizó y aceleró las dificultades preexistentes, no hay nada novedoso en los desafíos que tiene que enfrentar el gobierno.
Quiere decir, en buen romance, que en el mejor de los casos, lo que ha hecho la pandemia ha sido diferir o congelar el escenario de diciembre 2019, desde el punto de vista de la economía, aunque debe tenerse presente que como consecuencia de la aguda crisis por la COVID-19, todavía no se han recuperado miles de empleos. Es que si bien se ha retomado la dinámica de la economía en buena medida, las empresas aun se muestran reticentes a la contratación de empleos hasta no tener un panorama claro de como se presentará la mano en el futuro inmediato.

Ocurre que por lo tanto se ha perdido un año en cuanto a la instrumentación del grueso de la propuesta electoral del gobierno, desde el punto de vista práctico, lo que no es poca cosa, cuando urgen las necesidades del ciudadano común, por más comprensivo que se sea respecto a tener en cuenta el fuerte impacto negativo del coronavirus.
En lo relativo al escenario internacional, vital para la economía de un país pequeño como el Uruguay, con mínima economía de escala y un mercado interno muy reducido, el mercado externo presenta algunos elementos favorables para nuestros productos de exportación, básicamente materias primas, pero contando con la misma infraestructura que la que teníamos en diciembre de 2019.

Se mantiene por ahora un aumento en los valores de las materias primas, en tanto las tasas de interés siguen históricamente bajas y gradualmente los países que empujan la economía mundial van mejorando su performance.
El director ejecutivo del CED considera que esta coyuntura favorable debe ser aprovechada por nuestro país, pero precisamente por tratarse de una coyuntura, la interrogante que queda planteada es hasta cuándo cabe esperar que se den estos precios atractivos para nuestros productos de base agropecuaria, esencialmente.
Según da cuenta El País, Iturralde analiza que el contexto internacional “luce razonablemente estable pero no podemos soñar con un contexto de 10 o 12 años de buenos precios de los commodities. Hay que ser más pesimistas al respecto y hay señales de que esto no dura para siempre”.

Es decir, de lo que se trata fundamentalmente de tener presente es que no hay repetir lo que se hizo en los 15 años anteiores: asumir, alegremente, que la bonanza de los precios internacionales podría seguir indefinidamente, por lo que se incrementó el gasto estatal como si fuera a contarse para siempre con estos ingresos excepcionales. Cuando la cosa cambió, nos quedamos sin ingresos adicionales, pero con la deuda y los costos de un presupuesto público inflado solo posible de más o menos financiarse en los tiempos de vacas gordas.
Ergo, en los hechos recién en la línea de arranque, el gobierno tiene planteados desafíos impostergables para tratar de generar sustentabilidad en la economía, más allá de vivir el momento en base a los avatares de las coyunturas, que son la mejora de la competitividad, bajar la inflación, recuperar el empleo y lograr una consolidación fiscal, como señala el director del CED.

No se trata además de componentes aislados, sino que están concatenados entre sí, en gran medida, y asociados con otros factores que inciden en la ecuación y que se enmarcan en la representación de “platitos chinos” que deben mantenerse girando al mismo tiempo, como señalara en su momento el expresidente del Banco Central del Uruguay, Ec. Mario Bergara.
Lo que es ratificado por la asesora económica de la Cámara de Comercio y Servicios, Ana Laura Fernández, quien evaluó que aunque algunos desafíos se han exacerbado por la pandemia, “las barreras de competitividad y productividad” que enfrentan las empresas uruguayas siguen siendo las mismas que tenían previo al COVID-19.

Y aunque como bien analizan los economistas, en el sentido de que el país va a salir de la pandemia “sin daño económico permanente”, la realidad indica que la recomposición de la economía recién empieza, en el mejor de los casos, para tratar de hacer lo que tenía que hacerse hace ya más de un año y medio, cuando además sin dudas la pandemia proyecta una larga sombra de inestabilidad social, que hará que el desafío sea aún más exigente, pero insoslayable, si es que se pretende que la recuperación sea sustentable y no prendida con alfileres. → Leer más

Al comienzo de la actual legislatura, el 15 de febrero del año pasado, cambió el escenario parlamentario. Aquellos que tuvieron mayorías durante tres períodos pasaron a la oposición. El Frente Amplio anunciaba ese día que iba a priorizar el debate sobre el proyecto de Ley de Urgente Consideración (LUC), los Consejos de Salarios y el presupuesto.

El cambio de estrategia fue, incluso, tema de debate en la interna de la bancada frenteamplista durante horas. En la Huella de Seregni mantuvieron un encuentro antes de comenzar la labor legislativa con el objetivo de establecer la gimnasia parlamentaria.

Con ese perfil se comprometían a no abusar de las interpelaciones y cuidar la herramienta. Tampoco pensaban en la posibilidad de censurar a un ministro, porque –además– no cuentan con los votos para eso.

A priori se enfocaban en la LUC, contra la que darían una “batalla política”. Reclamaban por la falta de “calidad democrática” de la iniciativa y el poco tiempo de debate. Apostaban a un diálogo con la población que implicara la comprensión de los aspectos contenidos en la ley.

Un año y medio después está claro que ocurrió otra cosa. La mayoría opositora se unió a otras organizaciones sociales y sindicales para juntar firmas con el fin de instalar un referéndum, donde no está en debate la necesidad de informar a la ciudadanía, sino la de confrontar con un proyecto político con el que discrepan.
Y, a fuerza de comparaciones, también es lógico reconocer que durante los gobiernos frenteamplistas, el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, protagonizaba una interpelación por cada año de su gestión. El actual senador del MPP estuvo allí, al frente de la secretaría de Estado, por diez años.

Por aquél entonces, la agenda de temas instalados en el Parlamento era variada y transcurría desde la primera interpelación –a poco de asumir Bonomi en 2010– por los muertos en el incendio de la cárcel de Rocha, siendo el interpelante el diputado Germán Cardoso. En esa oportunidad se habló también de los altos niveles de inseguridad ciudadana, hubo acusaciones por nepotismo y hasta de vinculaciones con barrabravas del fútbol.

Claramente: una y otra vez Bonomi era respaldado por su fuerza política y por los expresidentes Mujica y Vázquez. De hecho, el para entonces ministro reconoció que durante este último período, había presentado “por lo menos tres veces” su renuncia, pero no había sido aceptada.

El exministro definía a las interpelaciones como “un recurso político”, donde el reclamo de renuncia de un ministro se presentaba como la solución a un problema no resuelto. Aquellos dirigentes aseguraban que las interpelaciones no iban a cambiar nada porque contaban con las mayorías necesarias para que eso no sucediera.

Una de esas citaciones –encabezada por el exsenador Pedro Bordaberry y su última actuación antes de retirarse de la vida política– era considerada un récord al alcanzar 17 horas de sesión parlamentaria, con pedido de censura incluida que obviamente no prosperó.

El Programa de Estudios Parlamentarios, a cargo del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de la República, informa que entre el 1° de marzo de 1985 y el 1° de octubre de 2016, hubo 130 interpelaciones. El documento académico calcula una cada 87 días, cuatro anuales o unas veinte por período legislativo.
El gobierno de Jorge Batlle encabeza, por ahora, la lista de interpelados con 26 ocasiones, seguida de Mujica con 25 y Vázquez con 23. La que tiene menor cantidad, es la segunda presidencia de Sanguinetti con 11.

No obstante, con el ritmo actual de llamados a ministros, no es muy difícil estimar que se va a terminar realizando una interpelación cada 50 días. De hecho, hubo dos en menos de 48 horas, con los llamados al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, en la Cámara de Senadores y al ministro de Defensa, Javier García, en la Cámara de Diputados.

Totalizan cinco en lo que va del período, han batido todos los récords y ahora resta esperar la decisión de la oposición por interpelaciones a Omar Paganini, de Industria y Minería, y a Pablo Mieres, de Trabajo y Seguridad Social.

Este “recurso político”, de acuerdo a la definición de Bonomi, ha superado hasta ahora cualquier tiempo de debate con más de 20 horas. Es decir, casi un día de discusión para que nada ocurra. Solo una gimnasia. Tal y como la llamaba en su momento la fuerza política que hoy utiliza la herramienta de la que prometió no abusar.

Heber fue llamado en dos oportunidades. En el primer caso, para explicar el contrato con la empresa belga Katoen Natie en el puerto de Montevideo, que decantó en una paralización portuaria y, por ende, del comercio exterior.

La segunda vez, asistió para explicar la fuga de un preso, recapturado a los pocos días. Un escape que en nada lo iguala al de Rocco Morabito, uno de los diez narcos más buscado en el mundo y con una notificación de color rojo emitida por Interpol a nivel internacional, desde las narices de la Policía en la Cárcel Central de Montevideo.

Y si la situación carcelaria es débil, hay que recordar el caso de antropofagia más conocido, cuando Marcelo “Pelado” Roldán terminó frito y en el estómago de su compañero de celda en 2019. Casos por los cuales, cualquier presidente hubiese pedido la renuncia de su ministro o la presentación de una dimisión indeclinable, para que el mandatario de turno no tenga dudas de que su secretario de Estado se va. Y lo hace de una, sin necesidad de insistir “tres veces”.

Hasta ahora la operación desgaste conspira contra los intereses políticos de la oposición. La última encuesta de Factum señala que el presidente Luis Lacalle Pou tiene el 61% de aprobación. Y ese nivel, dentro de los votantes del Frente Amplio, pasó del 12 al 21%.

Cabe recordar que a finales de 2020 su aprobación subía a 66%, en un escenario previo a la ola de aumentos de contagios por COVID-19. Cifra, una encuestadora diferente, ubica el guarismo de aceptación en 56%, o sea en niveles similares.

Si bien el concepto de aprobación de una administración política no debe compararse con la decisión del voto, tampoco está mal recordar que el presidente llegaba a la segunda vuelta electoral sólo con el 28,6% de los votos de su partido. → Leer más

Desde hace algunas semanas se viene desarrollando en nuestro país la novena ronda de los Consejos de Salarios, un ámbito de negociación colectiva tripartita creado en al año 1943 y cuyo funcionamiento constituye un elemento distintivo de las relaciones laborales en nuestro país y lo ha hecho merecedor de un fuerte reconocimiento a nivel internacional por la calidad e institucionalidad de su diálogo laboral. En Uruguay, la negociación colectiva a nivel de rama de actividad o de cadenas productivas podrá realizarse a través de la convocatoria de los Consejos de Salarios o por negociación colectiva bipartita, pero la negociación en los niveles inferiores (a nivel bipartito) no podrá disminuir los mínimos adoptados en los convenios colectivos de nivel superior, salvo lo dispuesto en el Consejo de Salarios respectivo. Esto quiere decir que lo que se resuelve de manera centralizada en los Consejos de Salarios celebrados en Montevideo es obligatorio para todas las empresas sin importar en qué lugar del Uruguay desarrollan su actividad industrial o comercial. En efecto, el convenio colectivo por sector de actividad celebrado por las organizaciones más representativas es de aplicación obligatoria para todos los empleadores y trabajadores del nivel de negociación respectivo, una vez que sea registrado y publicado por el Poder Ejecutivo.

Sin perjuicio de lo mencionado, es importante tener en cuenta que “no todo lo que reluce es oro” y que muchas veces las empresas más pequeñas (especialmente aquellas establecidas en el Interior) no participan de las negociaciones de los Consejos de Salarios, las cuales son llevadas a cabo por representantes de cámaras empresariales de cada sector, integradas mayoritariamente por las empresas más poderosas. El sistema, en definitiva, se transforma en un perversa ejercicio de selección natural donde “el pez más grande se come al más chico” ya que se fijan salarios y beneficios laborales que resultan imposibles de afrontar para las empresas que son más pequeñas y cuyos mercados son también más reducidos. Este funcionamiento de los Consejos de Salarios resulta tremendamente injusto para las empresas del Interior, ya que un bar de la ciudad de Guichón, Tranqueras o Dolores está obligado a pagar los mismos sueldos y dar los mismos beneficios a sus trabajadores que un establecimiento similar localizado en pleno Punta Carretas o Carrasco de Montevideo, Punta del Este o Colonia, lugares en los cuales el número de habitantes y por ende de potenciales clientes así como el poder adquisitivo es notoriamente mayor.

Es claro que esta opción ha despertado y despierta airadas críticas en el movimiento sindical, el cual muchas veces invoca en su defensa el artículo 8 de la Constitución Nacional según el cual todas las personas son iguales ante la ley no reconociéndose otra distinción entre ellas sino la de los talentos o las virtudes. Quienes defienden esta posición sostienen que todos los trabajadores que desarrollen una misma tarea deben percibir la misma remuneración, sin importar el lugar del territorio nacional en el cual cumplen funciones y como consecuencia de la norma constitucional antes mencionada.

Sin embargo, y tal como lo ha señalado el Profesor Juan Raso, “No existe en el derecho laboral uruguayo el reconocimiento explícito del principio de igual tarea, igual remuneración, también llamado ‘principio de equiparación salarial’. Quienes defienden el mismo acuden al artículo 8° de la Constitución y a las normas internacionales, cuya limitación señalamos en el numeral anterior. Cabe anotar sin embargo que el principio de igualdad, reconocido en nuestra Constitución, tampoco es absoluto. (…) La jurisprudencia uruguaya en todos los grados ha reconocido a lo largo del tiempo límites al principio de equiparación salarial. (…) El empleador puede retribuir de forma diferente a trabajadores que realicen la misma tarea, siempre que respete los mínimos salariales por categoría y actividad determinados en la legislación, los laudos de los Consejos de salarios o en la negociación colectiva”. Nuestro régimen laboral solo prohíbe la diferencia salarial por una igual tarea, cuando esa diferencia obedece a una discriminación basada en motivos ilegítimos. Estos son definidos en el artículo 1° del Convenio Internacional del Trabajo Nº 111 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y refieren a “cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo y la ocupación”.

Por otra parte, un informe del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) del año 2008 titulado “La negociación colectiva en Uruguay: análisis y alternativas” y cuyos autores son Adrián Fernández (coordinador), Bibiana Lanzilotta, Graciela Mazzuchi y Juan Marcelo Perera sostiene que “una negociación colectiva muy centralizada, que fije condiciones laborales uniformes y vinculantes para trabajadores con productividades muy distintas y para empresas en situaciones muy diferentes, podrá convertirse en una restricción importante para la actividad económica. (…) Existe un factor tamaño: las empresas tienen tamaños diversos y previsiblemente diversos niveles de productividad. Hay un factor localización, con dos grandes situaciones, las empresas de la capital y las del Interior, donde el nivel de actividad suele ser más reducido. Y hay problemas de empresas concretas que por motivos particulares no están en condiciones de afrontar los niveles salariales que se acuerdan en los Consejos, donde los representantes de los actores tanto sindicales como empresariales suelen responder a empresas grandes. El modelo de negociación debería tener capacidad de atender a esta diversidad de situaciones”. En este panorama, el informe de Cinve destaca que la necesidad de incluir “negociación a nivel de sector económico pero también a nivel de empresa, porque los temas vinculados a la competitividad de la misma sólo pueden discutirse a ese nivel”. Las afirmaciones de este informe de Cinve mantienen plena vigencia a pesar de la entrada en vigencia, en el año 2009, de la Ley de Negociación Colectiva que fue denunciada por las cámaras empresariales ante la OIT dando origen a un procedimiento que aún no ha finalizado.

Los dieciséis años transcurridos desde la reinstalación de los Consejos de Salarios en el 2005 han dejado en claro que no se puede tratar igual a quienes se encuentran en situaciones diferentes: los comerciantes e industriales del Interior también existen y desarrollan sus actividades en mercados más restringidos y con menores posibilidades que aquellas empresas que terminan gravitando en la firma de los laudos de los Consejos de Salarios. Una situación de tanta desigualdad debe solucionarse permitiendo a las empresas del Interior negociar en forma bipartita con sus trabajadores los salarios y beneficios laborales, lo que sin dudas redundará en un mayor número de puestos de trabajo y una mayor estabilidad de los mismos. De nada sirve firmar acuerdos rimbombantes en Montevideo si resultan impagables para las empresas del interior del país y perjudican a quienes supuestamente buscan favorecer, o sea a los trabajadores. → Leer más

La inminencia de la reapertura de los puentes –como anunció el intendente de Río Negro, Omar Lafluf–, ya sea dentro de dos semanas, un mes o dos, traerá aparejada una serie de desafíos para la problemática de las ciudades y departamentos fronterizos, en especial Paysandú, pero también Salto y en menor medida Río Negro, y todo indica que ante el abismal desnivel de precios entre una y otra orilla, de no controlarse adecuadamente el ingreso de mercaderías, nuevamente las empresas, sobre todo las pequeñas, pero también los trabajadores que de ellas dependen, y el tramado socioeconómico regional, sufrirán un duro golpe.
El lento pero irreversible retorno a la normalidad es la instancia que se ha estado esperando para intentar poner nuevamente en marcha la economía, y con ello una recuperación o mejora en la calidad de vida, en el empleo, en el reciclaje de recursos, y en condiciones para un derrame de más bienestar en la población.
Pero en nuestro caso, en Paysandú y en otros departamentos fronterizos, con una relación que es históricamente asimétrica con la vecina orilla, la reapertura de los puentes internacionales implica fuerte impacto en el empleo y las fuentes de trabajo locales, como ha quedado demostrado plenamente a lo largo de los años, y de lo que nos hemos ocupado en numerosas oportunidades desde esta página editorial.
El punto es que no se trata solo de la situación de “algunos” empresarios, sino que está en juego mucho más, con miles de empleos nuevamente en riesgo, ante la perspectiva de desaparición de fuentes de trabajo, porque hay desniveles tan profundos como no se da desde hace décadas, en gran medida por el manejo delirante que se ha hecho en la Argentina de la pandemia, que tiene niveles de pobreza solo superados por la Superinfación de la época de Alfonsín y el Corralito de 2001, la economía devastada y por supuesto, con niveles de salarios muy por debajo de los de Uruguay, así como una informalidad mucho más alta.
En gran medida el hecho de que ya hemos vivido –y sufrido– esta situación en períodos relativamente cercanos en el tiempo, da la pauta de como vendrá la mano si además de la medidas que ha anunciado parcialmente el gobierno –de una efectividad que será relativa, dada la gran diferencia de precios– no se hace algo mucho más contundente al respecto.
Es fundamental en este sentido generar conciencia de la población respecto a lo que se juega, pero también de apoyar la decisión que deberían adoptar las autoridades para complementar lo que se haga en materia de estímulos y exoneraciones, así como subsidios.
Los sanduceros todos, sus autoridades, no deberíamos hacer oídos sordos al llamado formulado en nuestro medio en las últimas horas por el gremio de trabajadores del comercio Fuecys, que ve venir la situación y trata de salvaguardar los empleos en comercios y otras empresas que se verán afectadas de concretarse nuevamente una invasión de mercaderías desde la otra orilla, y además, de que se vayan hacia el otro lado del río los recursos que se generan en Paysandú, por las compras masivas de lo que pueda necesitarse y de lo que no, como ya sabemos.
De acuerdo a lo expresado por los dirigentes en una asamblea del sindicato que tuvo lugar en Paysandú, en una recorrida de los dirigentes nacionales por el Interior, destacaron que los departamentos de zonas fronterizas “tienen una realidad más compleja aún. Los comercios dicen que al abrir las fronteras se reducirá el consumo interno”.
Si bien en primera instancia el tránsito se enlentecerá o se dificultará por los análisis de PCR que se exigirán, la apertura de fronteras “perjudicará lo poco que se ha movilizado en los comercios y servicios en los distintos departamentos”, en tanto “están muy desbalanceados los precios en relación de la Argentina y los intendentes estudian la posibilidad de instrumentar una canasta básica, a menor precio en el litoral. Las grandes cadenas de supermercados venden artículos importados y no sé si les servirá esta situación. Por eso hay que abrir una discusión al respecto porque también es una competencia hacia ellos”.
La inquietud que expresan los dirigentes de Fuecys es de recibo, desde que la situación de numerosos trabajadores del sector en el Interior y sobre todo en los departamentos fronterizos, está ligada a lo que ocurra en el tránsito fronterizo y al trasiego masivo de mercaderías desde el otro lado.
Como es sabido, una reapertura más o menos indiscriminada para desembocar en un escenario de la prepandemia significaría que no se ha aprendido la lección, más precisamente de las consecuencias negativas de las compras masivas en el otro lado del río, en perjuicio del comercio y la producción de bienes y servicios del litoral uruguayo.
Si bien las empresas desaparecen por esta causa o ven desplomarse sus ingresos, la peor suerte la padecerán los trabajadores que se queden sin su fuente de trabajo, porque los pesos que les rinden del otro lado del río, a veces con compras no necesariamente de primera necesidad, son los que después faltan para sostener los empleos en Paysandú, Salto y Río Negro, con todo lo que cuesta generar, mantener y recuperar fuentes de trabajo. Y en una situación así es bien sabido que recuperar el empleo perdido resulta casi imposible para el trabajador, que pasa a subsistir de la changa y la “tarjeta del Mides” que no le sirve para comprar en la vecina orilla.
Sería oportuno que más allá de lo que se haga y logre por las autoridades y fuerzas vivas, para evitar este escenario de lenta agonía de la actividad y dinámica de este lado del río, Fuecys pida apoyo del Pit Cnt para alertar y concientizar a los trabajadores de otros ámbitos de actividad y no solo del sector directamente afectado, por cuanto la crisis en el comercio impactará inevitablemente en todos los sectores de actividad, y con ello afectará la fuente de trabajo de miles y miles de sanduceros.
Y cuando ello ocurra, no solo no habrá que perder de vista la luchar por la recuperación salarial, la prioridad será no perder el trabajo en cascada, ante el tramado socioeconómico fuertemente encadenado y la pérdida de reciclaje de los recursos que se van del medio.
De nada van a servir por lo tanto la recuperación que se promueve en los Consejos de Salarios, cuando no haya empresas que puedan pagar lo que se reclama.
Es hora de que los sanduceros tomemos conciencia de que de la tentación de ir a comprar a bajo precio en el otro lado de la frontera es una sentencia de muerte segura para muchas pequeñas empresas y la condena al desempleo y pobreza de miles de trabajadores. La solidaridad, el sentido común, la responsabilidad, se debería manifestar sin la necesidad de medidas de rigor como el cero kilo, aunque esta medida aplicada durante el gobierno de Mujica ha sido hasta ahora la única forma de mantener libre el tránsito de personas y evitar la muerte segura del comercio local.
Lamentablemente estamos al borde del precipicio, y si cada uno no pone su granito de arena, aunque sea por solidaridad, habremos dado el paso al frente, con la felicidad de haber ahorrado una vez y quedado con los bolsillos vacíos por mucho tiempo. → Leer más

Entre otras consecuencias, la irrupción de la pandemia en países como Uruguay dejó al desnudo, por si hacía falta, los serios problemas económico – financieros, con economía estancada, creciente desempleo, caída de actividad y fuerte déficit fiscal, superior al 5 por ciento anual.
Es decir que el Estado gastaba más dinero que el que ingresaba por recaudación, lo que naturalmente auguraba un agravamiento de la crisis si es que no se reducía el gasto público, o no se mejoraba la recaudación o, mejor aún, las dos cosas.

Además, resulta imposible la implementación de políticas sociales que puedan cumplirse en forma sustentable si no se cuenta con respaldo en recursos para establecer un circuito virtuoso en el tramado socioeconómico, por lo que por ejemplo se caía por su propio peso, por irracional, el reclamo de la izquierda de promover en pandemia una rígida cuarentena –devastadora para la economía– y encima establecer una “renta básica” para amplios sectores de la población, con el contrasentido de que quienes lo promovían se habían encargado de hacerlo imposible al haber gastado hasta más de lo que se tenía.

Ello da la pauta de que resulta fundamental contar con propuestas serias pero sobre todo de cumplirlas, a la hora de delinear las políticas económicas como los ejes de la gestión gubernamental, como regla de oro a mantener, sobre todo cuando la cercanía del año electoral exacerba la tentación de gastar sin ton ni son.
Ocurre que el manejo de la economía en forma global no puede hacerse solo por conceptos técnicos, desde que existen condicionantes que hacen que la cuenta no siempre dé exacta en cuanto a la respuesta y los resultados, porque también tienen que ver con expectativas, con el humor social, con el reciclaje de recursos y elementos muchas veces imprevisibles. Lo único seguro es que si en el Estado se gasta más de lo que ingresa, el déficit es inevitable, y de algún lado deberán sacarse los recursos, salvo que se quiera seguir pateando la pelota hacia adelante, como suele hacerse, con resultados mucho peores que los que se hubiera logrado si se hubiera desactivado más temprano la bomba a tiempo.

En este contexto debe evaluarse la reciente decisión del Ministerio de Economía y Finanzas, comunicada en las últimas horas, de designar a integrantes del Consejo Fiscal Asesor, órgano que tendrá como objetivo “velar por la transparencia, sostenibilidad y responsabilidad de las finanzas públicas”. El consejo fue creado en el marco de la implementación de la regla fiscal (que busca condicionar el gasto público) planteada en la Ley de Urgente Consideración y reglamentada días atrás. De acuerdo con la decisión del MEF, estará integrado por los economistas Alfonso Capurro, Ana Fostel y Aldo Lema.
Según comunicó el ministerio, “el Consejo Fiscal Asesor es un órgano de carácter técnico, honorario e independiente, que se relacionará de forma directa con el MEF. Éste tendrá el cometido de velar por la transparencia en el manejo de las finanzas públicas, a través del análisis técnico e independiente de la estimación del resultado fiscal estructural”, según da cuenta el diario El País.
Entre los pasos a seguir se encuentra la contratación de otro economista que actuará como secretario ejecutivo, lo que contará con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la definición de la agenda de trabajo.

En tanto, los temas relacionados con las funciones del secretario ejecutivo, tendrán que ver con análisis de la metodología del cálculo del balance estructural y su reglamento, así como la integración del Comité de Expertos -que será conformado por referentes de la academia, consultoras, centro de estudios, entre otros- para el Producto Bruto Interno (PBI) Tendencial.
Así, se espera que a principios de febrero de 2022, se evalúe el cálculo del déficit estructural del presente año, y en este sentido Lema explicó que en los países desarrollados, y algunos emergentes, se han ido incorporando instituciones fiscales independientes, que tienen el rol de monitorear que se utilice correctamente la metodología a seguir. Estos cálculos se realizarán a través de los insumos que brinde el Comité de Expertos al ministerio, con el objetivo obtener el Resultado Fiscal Estructural y proyecciones a 10 años del crecimiento tendencial del país.

Según explicó el economista, “hoy el gobierno ha fijado el crecimiento tendencial en 2,3%, pero lo fijó el gobierno. Lo que correspondería, por autonomía y transparencia, es que lo entregue este Comité de Expertos. Por lo menos una vez al año, le van a pedir esos supuestos y van a ver si este 2,3% es o no”. En este sentido, sostuvo que la regla fiscal potencia la responsabilidad fiscal, la sostenibilidad de la deuda -que permite mantener la calificación de riesgo, tasas de interés bajas, mayor acceso al crédito- y que la política sea menos procíclica.
Y aquí tenemos la parte medular de la problemática, en boca del propio economista Aldo Lema: “Lo que ha ocurrido en Uruguay es que en tiempos de bonanza el país ha tenido una política fiscal expansiva, ha tenido un impulso fiscal que asumía que estas vacas gordas se mantenían y en período de vacas flacas, como en general no había ahorrado en tiempos anteriores, ajustaba. Lo que establece la regla fiscal, es que voy a tener una mayor estabilidad en la evolución del gasto público”, en tanto concluyó que la regla fiscal “contribuye a gastar más en tiempos de vacas flacas y a gastar menos en tiempos de vacas gordas, suavizando la política fiscal”.

Es decir, no se precisa mucha academia para saber lo que se tiene que hacer en la economía de un país, como debe hacerse incluso en un hogar: aprovechar la coyuntura favorable para generar reserva de recursos que permitan hacer frente a las crisis que se dan en épocas de vacas flacas, sobre todo en un país altamente vulnerable y dependiente, como el Uruguay, de los avatares de la economía mundial.
Pero las urgencias electorales, de mantener el humor social a favor para tratar de traducirlo en votos en la próxima e lección, –además del componente ideológico para no dar el brazo a torcer– es el que arrasa con toda prudencia y sentido común, para que desde el partido de gobierno se gaste lo que se tiene y mucho más, con tal de maquillar la realidad, y lograr otro período de gobierno, porque después se verá.

Y esto es lo que volverá a ocurrir si se antepone lo político a lo racional, por más consejo asesor que se incorpore para dar el alerta. → Leer más

Cada 23 segundos una persona muere en un siniestro de tránsito en algún lugar del mundo según la Organización Mundial de la Salud que, en un espacio de su sitio web muestra un planisferio con un reloj en cuenta regresiva: exactamente 23 segundos que se van acumulando y suman 1.354.840 personas al año.
La aplicación, desarrollada con datos de siniestralidad vial mundial de 2018 bajo el nombre de “Muerte en la carretera”, resulta impactante si se piensa en lo que realmente representa. Más aún si tenemos en cuenta que, adicionalmente, entre 20 y 50 millones de personas sufren heridas no fatales, y muchas de ellas se convierten en discapacidades permanentes.

Para poner estas cifras en perspectiva, cabe señalar que anualmente mueren unas 800 mil personas de SIDA en todo el planeta y que la pandemia por coronavirus se ha llevado la vida de alrededor de 4,7 millones de personas.
Solo en nuestro continente mueren más de 150.000 personas en siniestros de tránsito, con un alto impacto en la sociedad y según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) los años perdidos por fallecimiento prematuro e incapacidad causados por siniestros de tránsito son equivalentes al impacto conjunto del VIH/SIDA, el cáncer de pulmón, la tuberculosis y la malaria.

Además, es la primera causa de muerte para niños de entre 5 y 14 años y la segunda para los jóvenes de 15 a 29 años.
Según las cifras oficiales de siniestralidad vial, en 2020 en Uruguay un total de 21.854 personas resultaron lesionadas como consecuencia de un siniestro de tránsito, de las cuales 391 fallecieron. Asimismo, un total de 2.976 personas resultaron graves y fallecidas en rutas nacionales en el período 2018 a 2020, según lo informado oportunamente por el Sistema de Información Nacional de Tránsito (Sinatrán).

Los siniestros de tránsito en rutas y ciudades uruguayas afectan fundamentalmente a población joven y la mayor cantidad de víctimas son motociclistas. En ese sentido, cabe señalar que de acuerdo a los informes de siniestralidad vial de los últimos años, aproximadamente la mitad de los motociclistas fallecidos eran jóvenes entre 15 y 29 años.
Hace dos años, en setiembre de 2019, el Parlamento nacional aprobó una nueva Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial –la tercera– complementaria de la normativa existente, que unifica el marco normativo en seguridad vial en todo el país y que perfiló el tema en el ámbito de las políticas públicas.

Aprobada por unanimidad por senadores y diputados de todos los partidos políticos incluye un marco de circulación básico y unificado a nivel nacional para ciclistas y motociclistas, exigencias de elementos de seguridad al momento del ingreso de vehículos en nuestro país así como aspectos administrativos de notificación, aplicación de multas a través de medios electrónicos, clasificación de las sanciones, posibilidad de poseer el marco punitivo único, tiempos de prescripción de multas únicos a regir en el país, etcétera. Otros aspectos refieren a la expedición de licencia de conducir por puntos, la toma de exámenes a aspirantes de conductores o renovaciones en rutas de jurisdicción nacional y el registro que permite el seguimiento vehicular por parte de los gobiernos departamentales posibilitando su actuación en jurisdicción nacional junto con la Policía en operativos de tránsito.

Algunas de las innovaciones de esta ley aún tienen pendiente su reglamentación y puesta en práctica efectiva y otros aspectos que podrían comenzar a ser contemplados, mayormente no se tienen en cuenta en el día a día. Para citar un ejemplo de algo muy básico podemos referir al comportamiento de peatones y conductores en relación al uso del celular.
En este sentido, la ley prohibió el uso del teléfono cuando se cruza la calle caminando y también el uso de auriculares por parte de ciclistas. Para éstos últimos también es obligación nacional el uso de elementos de retro-reflexión (chaleco, campera o bandas) rigiendo también las especificaciones de la norma 19.061 aprobada en 2014, que incluyen la obligatoriedad del uso de casco en ciclistas, así como un sistema de freno delantero y trasero, espejos retrovisores, timbre o bocina y un sistema lumínico consistente en un faro de luz blanca y un reflectante del mismo color ubicado en la parte delantera y un faro de luz roja y un reflectante del mismo color en la parte trasera.

Es sencillo darse cuenta que mucho de lo antes señalado no se cumple por parte de ciclistas ni peatones, considerados los más vulnerables del tránsito. Si bien la ley no prevé multas en estos casos, sí se tendrán en cuenta los aspectos antes mencionados cuando se produzcan accidentes, pudiendo existir consecuencias legales. Por ejemplo, si un vehículo atropella a un peatón que estaba hablando por teléfono o usándolo al momento de cruzar la calle, éste no tendría el respaldo jurídico por estar infringiendo la norma.
Se trata de conductas que serían muy fáciles de cambiar si pusiéramos empeño en ello. De la misma manera que la gente no fallece en accidentes de tránsito a causa de la niebla o la lluvia –como dicen a veces los titulares– sino como lamentable consecuencia de una serie de factores de riesgo que no fueron tenidos en cuenta a la hora de prevenir el siniestro vial, tampoco deberían ocurrir siniestros por atender el celular o cualquier otra cosa que nos distraiga de la conducción.

Como desencadenante de un siniestro de tránsito, el llamado factor humano se relaciona únicamente con la toma de decisiones de las personas involucradas. Y es un factor decisivo a la hora de evitar un siniestro. Porque en la mayoría de los casos no son accidentes ni una obra del destino o la mala suerte.
Ciudades latinoamericanas que están trabajando activamente estos temas manifiestan que ya no alcanza con campañas comunicacionales para mejorar la seguridad vial y evitar la pérdida de vidas. Es necesario tomar otras medidas para calmar el tránsito tales como elementos reductores de la velocidad, sectores peatonales, medidas para los cruces, instalaciones para bicicletas, mejor señalización y otros elementos contextuales que puedan ayudar.

La falta de seguridad vial es un problema de salud pública y de desarrollo, que no solo genera pérdidas materiales y de recursos, sino también de vidas y lesiones permanentes, particularmente las de niños y jóvenes.
Contar con calles y rutas más seguras no es tarea únicamente de los gobiernos nacionales y departamentales –aunque unos y otros tienen responsabilidades inexcusables no solo en la legislación y fiscalización sino múltiples sentidos y dimensiones–, sino también de todos quienes hacemos el tránsito. Es decir, toda la población.
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De acuerdo a un informe de la Agencia de las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (Unctad), junto a la Organización Mundial del Turismo (OMT), el sector sufrirá en el mundo este año 2021 pérdidas por entre 1,7 y 2,4 billones de dólares. Los números son, acaso, apenas mejores que los del año pasado, cuando la pérdida fue de 2,4 billones de dólares a raíz de la pandemia.
El impacto este año será comparable a entre un 1,9% y un 2,7% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial. En Latinoamérica, una de las regiones más afectadas por la COVID-19, se repetirán los números del año pasado.

El informe indica que la disminución del turismo puede suponer caídas de hasta el 9 por ciento del PBI de Ecuador, del 2,4% en Argentina o del 2,3% en Colombia. Algo menos, por el menor peso del turismo en la economía nacional, podría ser el descenso del PBI para México (entre el 1,3 y el 1,6%) o en Brasil (0,6%), mientras que Centroamérica podría retroceder un 11,9% de su PBI en el escenario más pesimista y el Caribe un 2,5%.
El informe advierte sobre la posible generación de un escenario de recuperación “a dos velocidades”, dado el desigual avance de la vacunación entre países desarrollados y en desarrollo.

Se indica que podría ocurrir “que el turismo se recupere parcialmente en regiones como Europa o Norteamérica, pero todavía no en zonas en desarrollo, calcula que las llegadas caigan sólo un 37% en lugares con alto porcentaje de población vacunada, pero se siga desplomando un 75% en aquellos con niveles de inmunización más bajos”, y señala que “los principales obstáculos son las restricciones a los viajes, la lentitud en la contención del virus, la poca confianza de las personas para viajar y un entorno económico deficiente”, concluye la Unctad.

La secretaria general del organismo, Isabelle Durant, abogó por masificar la vacunación como forma de dar un paso adelante hacia la recuperación de la actividad turística.
“El mundo necesita un esfuerzo global en favor de la vacunación que permitirá proteger a los trabajadores, atenuar los daños sociales y tomar decisiones estratégicas respecto al turismo”, declaró. Es que también en Latinoamérica los países con elevados niveles de vacunación serán los que podrán atraer viajeros y alcanzar antes una moderada recuperación. Claro, no es este el único factor.

No debemos dejar pasar –y ya refiriendo más en específico a nuestro país– las diferencias económicas con nuestros vecinos. De hecho lo hemos venido viendo estas últimas semanas, conforme se va acercando el momento de reabrir las fronteras, como la preocupación por las diferencias de un lado y otro de la frontera pueden provocar un desbalance comercial. Si la diferencia es tan amplia –que lo es–, no debe ser demasiado tentador cruzar a veranear a Uruguay, por lo menos afrontar los gastos que ello supone.

Por supuesto que el gobierno está al tanto de todo esto. No en balde el lunes, en un evento organizado por la Cámara Uruguaya de Turismo (CamTur), con motivo del Día Mundial del Turismo, el gobierno, representado por el presidente Luis Lacalle Pou y tres de sus ministros, anunció una serie de medidas tendientes a amortiguar estas diferencias para quien elija cruzar el charco, cuando se pueda. La ministra Azucena Arbeleche anunció la eliminación del IVA para turistas no residentes, un incentivo que –reconoció– tiene que ver con esta cercana apertura de fronteras.
La batería de medidas también tiene como destinatarios a diferentes rubros relacionados con la actividad turística, como ha venido aconteciendo desde el inicio de la emergencia sanitaria, hace ya más de año y medio. En ese caso están incluidos los organizadores de fiestas y eventos, tengan local propio o no; la organización de congresos o ferias, nacionales e internacionales; las agencias de viaje por supuesto; el transporte de grupos turísticos y excursiones; salas de cine y teatro; alojamientos; artistas y actividades conexas; el alquiler, servicio y soporte de equipos y los servicios audiovisuales; la educación deportiva y recreativa, entre otros.

Todas estas medidas son sumamente necesarias, aunque no garantizan de por sí el éxito de la temporada, porque todavía queda mucho por resolver, pero facilitan, aportan un grano de arena.
Hubo otro mensaje por parte del presidente Luis Lacalle Pou. Fue un llamado a los actores del sector turístico a no pretender “recuperarse” demasiado rápido.
“Uno estima que quienes viven del turismo van a entender que toda la cadena tiene que tener los precios justos en esta temporada. Yo la llamaría temporada de recuperación”, dijo.

No hace falta agregar mucho al respecto. Debemos estar muy conscientes de que, si se abren las fronteras, como todo parece indicar, también habrá medidas en la otra orilla tratando de mantener dentro de sus fronteras a los turistas. Y no hablemos solamente de decisiones gubernamentales, basta recordar el revuelo que ocasionó en agosto la difusión de lo que les costará el cambio a los argentinos.
“En Uruguay piden $880 por un dólar: el insólito tipo de cambio que espera a los argentinos en la próxima temporada”, tituló el 25 de agosto Infobae. Claro, en el desarrollo de la nota se explica que la situación obedece en primer término a la realidad de la economía argentina. Pero también es cierto que esa realidad es la que es, y eso no se puede dejar de tener en cuenta en la planificación. → Leer más

Históricamente, y aceptado tácitamente como un hecho natural, la Intendencia Departamental de Montevideo está cobrando la denominada Tasa de Inflamables. Es así que en 2017 se había denunciado que la Intendencia de Montevideo cobraba casi 20 millones de dólares al año por “Tasa de Inflamables” que se carga a los productos que comercializa Ancap.

En este sentido el portal Surtidores.uy señalaba que esta tasa es recaudada y vertida por Ancap a la Intendencia de Montevideo por un concepto denominado “inflamables”, que se rige por lo establecido en la normativa departamental “Título VI”. Establece en su artículo 295 una “tasa creada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 80 del Decreto 13.490 ratificado por Decreto 13.501 de 2 de diciembre de 1965 y modificativos, se calculará a partir del 1º de julio de 1985, a razón del uno por ciento sobre el precio de venta de los transportados en el mes correspondiente”.

De acuerdo con fuentes del sector, la tasa de marras que grava el precio de los combustibles solo es vertido a la intendencia capitalina, ya que ningún otro departamento del país la cobra. La excusa histórica para este impuesto es que Montevideo “sufre” el deterioro de sus calle por tener las plantas de combustible que abastecen a todo el país en el área urbana. La dicotomía es que, aunque los camiones transportan el combustible a todas las localidades del Uruguay, Paysandú por ejemplo es distribuidor para todo el norte del país, –abastecido por Montevideo a través de barcazas–, pero por algún motivo esa tasa no nos corresponde. Y no solo se distribuyen combustibles desde Nuevo Paysandú, también buena parte del portland de Ancap, una empresa que ni siquiera ha aportado para hacer las calles alrededor de sus propias plantas con buen material, cuando se encuentran en estado calamitoso por el tráfico de camiones. Una verdadera vergüenza nacional para una empresa que factura miles de millones de dólares al año.

Las mismas fuentes aseguraron al portal que “en realidad se trata de un gravamen por un servicio del que poco se sabe y que no se brinda” y que si por ejemplo el resto de los 18 departamentos exigieran el pago de este gravamen sobre el combustible, entonces correspondería aumentar el litro de Nafta Súper 95, unos 9 pesos por litro. Aunque este escenario se arrastra desde hace décadas, en claro perjuicio del Interior o más precisamente privilegiando a Montevideo, que es lo mismo, el actual Directorio de Ancap ordenó a Ducsa, su empresa distribuidora de combustibles, que presente en estos días un recurso de inconstitucionalidad contra la Tasa de Inflamables que cobra la Intendencia de Montevideo, según señaló a El País el presidente del ente, Alejandro Stipanicic. Esa tasa representa actualmente unos U$S 12 millones anuales y según el jerarca, dicho gravamen impacta en los precios al público, e implica un recargo de 34 centésimos de peso por cada kilo de supergás y de 0,25 pesos por litro de nafta o de gasoil vendido al minoreo.

“La IMM puede cobrar una tasa por alumbrado o de saneamiento porque realiza una contraprestación a la población mediante tareas. Pero la Tasa de Inflamables no tiene una contraprestación efectiva porque las regulaciones nacionales la pasaron por arriba”, dijo el titular de Ancap. Y agregó: “Al no haber contraprestación por parte de la Intendencia, la Tasa de Inflamables se transforma en un impuesto”, lo que efectivamente es cierto, solo que este extremo lo aplica solo la Intendencia Departamental de Montevideo, y las otras 18 intendencias están al margen.
La Constitución de la República establece que el Estado nacional es el único que puede fijar tributos, y evidentemente esta “tasa” luego se transformó en una nueva fuente de recursos para la intendencia capitalina.

El 16 de abril de este año, el Directorio de Ancap mandató a Ducsa que presentara un recurso de inconstitucionalidad contra la Tasa de Inflamables que cobra la IMM. Para adoptar dicha decisión, el Directorio de Ancap se basó en un informe jurídico elaborado por el estudio Brum & Costa sobre la supuesta inconstitucionalidad de dicha tasa municipal. “Cuando uno busca fuentes de reducción de costos para que los valores de los combustibles sean más bajos, identificamos que esta tasa era uno de los aspectos que encarecía los precios del gasoil, nafta y del gas”, explicó Stipanicic.
Es decir, es uno más de los privilegios del centralismo que se han concedido por todos los partidos –con matices– y que en este caso el actual Directorio, seguramente con la anuencia del gobierno nacional, pretende corregir, porque no se trata de poco dinero y por ejemplo, equivale a lo que pierde anualmente el área de cemento portland de Ancap, nada menos. Podría por ejemplo buscarse la forma en que si quieren mantener esta “tasa”, los recursos puedan utilizarse para mantener los empleos en las plantas de cemento, si es que nadie quiere pagar los costos políticos de una solución definitiva.

El punto es que no estamos ante un hecho excepcional, sino que lamentablemente pauta la regla centralista que se ha dado con gobiernos de todos los partidos. El más notorio de los últimos caso es el del Antel Arena, construido por el ente nacional Antel durante la administración de Carolina Cosse, solo para favorecer a Montevideo. Con un costo de 120 millones de dólares, que duplicó la estimación inicial, y con una serie de cuestionamientos sobre “irregularidades” administrativas para utilizar dispendiosamente los dineros públicos, se incorporó un estadio de eventos para disfrute netamente capitalino, en lugar del siniestrado Cilindro Municipal, solo que este último fue financiado –y seguirá pagándose– con dinero de todos los uruguayos, aún de aquellos residentes en el Interior profundo que nunca van a pisar el estadio capitalino, cuando debió ser financiado exclusivamente por la Intendencia de Montevideo.

Pero esta discriminación contra el Interior no preocupa a la dirigencia política capitalina ni mucho menos, como lo puso de manifiesto en su momento la exintendente del Frente Amplio Ana Olivera, quien en un extremo de enajenación política, con el horizonte y el límite puesto en el cemento montevideano, pidió que se le aprobara por el gobierno nacional lo que llamó Ley de Capitalidad –una fuente de recursos más, por supuesto, para sus arcas– ante los “perjuicios” que le causaba a Montevideo ser capital del Uruguay.
El sumun del delirio y de la negación de la realidad a través de un proyecto que felizmente solo quedó en una idea sin plasmar en una ley, pero cuya frustración no ha impedido que por acción o por omisión, se hayan perpetuado medidas centralistas discriminatorias contra el Interior, como es otro claro ejemplo el fideicomiso para el gasoil, volcado prácticamente en su totalidad hacia el subsidio del transporte capitalino, pero pagado en los combustibles por todos los uruguayos.
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Un recluso del Módulo 11 del Comcar estuvo secuestrado durante 60 días dentro de una celda, estaba en grave estado de desnutrición y con signos de violencia física. La imagen, divulgada en las redes sociales por un periodista, movilizó a las autoridades, removió a algunos encargados de los módulos y motivó la adopción de medidas sanitarias dentro del recinto.
La historia se supo cuando el líder de la celda obtuvo su libertad y, ante presiones de reclusos de una celda contigua, lo liberaron y llevaron al centro de salud para su atención. El preso primario, de 28 años y padre de dos hijos, padece varias afecciones y su situación se conoció una vez que se abrió la celda en la que era sometido.

A raíz de este hecho, las autoridades resolvieron constatar en todas las áreas si había presos en la misma situación. Y las condiciones de reclusión permitían este tipo de abusos, porque en el módulo 11 hay casi 800 personas presas y contaban con solo dos policías para vigilancia.
El Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Juan Miguel Petit, hizo la denuncia penal y pidió la urgente intervención de la Fiscalía. El Ministerio del Interior, por su lado, ordenó la revisión sanitaria que posteriormente se extendió a todos los reclusos y también elevó una denuncia penal.

Un comunicado emitido por el ministerio aseguraba que “la situación de esta persona se desconocía” a pesar de las recorridas semanales de los policías y la revisión de las rejas. Sin embargo, este hecho en particular sirvió para constatar que otros reclusos tenían bajo peso, asociado al consumo problemático de drogas.
Pero hay un cuello de botella planteado para las autoridades, y es que no pueden controlar a quienes sacan las fotos de determinadas situaciones que ocurren dentro de las cárceles y se divulgan en las redes sociales. En realidad, el nudo gordiano está en otro lado.

Este preso primario había sido ubicado en el módulo 11 junto a otros pesados y, con la difusión de su caso, fue trasladado a otra celda. Pero el problema viene desde administraciones anteriores, ante la falta de una política carcelaria que se ocupe de diferentes gestiones.
El lento proceso de los proyectos de ley anunciados en el Parlamento para mejorar la situación carcelaria del país requiere de una visión amplia y lo menos partidizada posible. Petit presentó a mediados de este mes un “Plan de combate a reincidencia y en favor de la rehabilitación”, para enfrentar a un gigante lleno de problemas y a punto de explotar.

Porque las cárceles uruguayas tienen casi 14.000 personas privadas de la libertad y ese número está en constante aumento. Es un récord histórico, porque Uruguay cuenta con el índice más alto de reclusos per cápita de Latinoamérica y Europa. Pero, además, con un alto porcentaje de reincidencia.
Las soluciones manejadas entre el espectro político, los técnicos y las autoridades, están en constante entredicho. Mientras el ministro Luis Alberto Heber anuncia la construcción de nuevas cárceles para ampliar la capacidad locativa y evitar el grave hacinamiento –que en algunas cárceles es crónico–, el comisionado Petit opina que una ampliación de los celdarios será más de lo mismo y no combatirá el problema de fondo. En medio de estas cuestiones, aparece la problemática del financiamiento y la dotación de funcionarios para un sistema que no rehabilita, sino que ayuda a profundizar el conocimiento sobre el delito.

Y, sin embargo, la alarma pública cuestiona sobre el ingreso de personas que cometieron delitos leves. ¿Van a soltarlos a las calles? ¿Habrá una mayor impunidad para combatir el delito? ¿Las penas alternativas realmente sirven para cumplir el objetivo de devolverlos a la sociedad?
Unas 10.000 personas aproximadamente cumplen con estas medidas en Uruguay y la mirada está puesta hacia allí. Al menos con la última decisión del gobierno de pasar a la Dirección Nacional del Liberado (Dinali) del Ministerio del Interior a la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, con la última Rendición de Cuentas.

Pero, para tener en cuenta la base del delito, habrá que combatir el consumo problemático de drogas y la atención por equipos multidisciplinarios que, por el momento, no existen. Incluso, reconocer que este fenómeno ya instalado en las grandes ciudades y en las pequeñas comunidades, creció mientras las sucesivas gestiones no resolvían o, peor aún, miraban para el costado.
Es que, tampoco en este caso, la situación carcelaria fue sometida a una política de Estado que transversalizara las soluciones para que las administraciones siguientes no tuvieran la carga pesada que, a su vez, le pasaban a quienes seguían. Y todo, sin resolver o creyendo que con un aumento de plazas se mostraba una decisión de corrección política.

Si la atención a la salud está extendida entre la población de escasos recursos, cabe preguntarse si existe en iguales condiciones dentro de los centros de reclusión.
Y cuestionarse cuántas camas disponibles hay en Uruguay para tratamiento de las adicciones o de los problemas de salud mental que, en otras situaciones, derivan en suicidios u homicidios que aumentan las estadísticas año tras año.

A 15 minutos del centro de la capital del país, en el Comcar se aloja un tercio de los presos del país. En las cárceles, en general, se registraron en lo que va del año un total de 55 muertes entre homicidios, muertes dudosas y suicidios. Durante todo el año pasado fueron 48.
La clase política en el Parlamento y el gobierno tendrán que ponerse de acuerdo para evitar situaciones como las ocurridas en el Comcar, porque el problema no es la foto, sino la película. Esa misma que nos remite a las cuevas con rejas del medioevo. → Leer más

En las últimas semanas el mundo asistió al anuncio de una alianza militar que constituye un movimiento de suma importancia en el tablero de ajedrez geopolítico que representa Asia y más particularmente el Océano Pacífico. Nos referimos al acuerdo alcanzado por Estados Unidos, Australia y Reino Unido, el cual implica una colaboración estrecha en materia de ciberdefensa e inteligencia artificial y se identifica por el anacronismo Aukus, el cual hace referencia a los países miembros por su nombre en idioma inglés. De acuerdo con lo anunciado por la prestigiosa publicación “The Economist”, esta alianza militar “estaría a la altura de otros cataclismos internacionales como la crisis del Canal de Suez en 1957, el viaje de Richard Nixon a China en 1972 o la caída del muro de Berlín en 1989”. El episodio suma una nueva perla al largo collar de tensiones políticas, económicas y militares entre Estados Unidos y la República Popular China.
China ha manifestado en varias ocasiones su “grave preocupación” por este acuerdo. De acuerdo con el portal RT Noticias, esta nueva alianza armará a Australia “con submarinos nucleares”. Durante una conferencia de prensa el 22 de setiembre, Zhao Lijian, el portavoz de la Cancillería, dijo que el nuevo plan internacional “socava los esfuerzos internacionales de no proliferación nuclear”, además de “intensificar deliberadamente la tensión regional, provocar una carrera armamentística y amenazar la paz y la estabilidad regionales”.
El gigante asiático no ha sido el único país desconforme con el Aukus. En efecto, en los últimos días Francia llamó a consultas a sus embajadores en Estados Unidos y Australia por la “excepcional gravedad” de dicho acuerdo que tuvo como consecuencia la cancelación, por parte de Australia, de un importante contrato de venta de armas con Francia. Un duro comunicado del ministro de Relaciones Exteriores, Jean-Yves Le Drian, expresó que “a petición del presidente de la República, he decidido llamar inmediatamente a consultas a nuestros dos embajadores en Estados Unidos y Australia. Esta decisión excepcional se justifica por la excepcional gravedad de los anuncios realizados el 15 de setiembre por Australia y Estados Unidos”.
Para entender este enojo de las autoridades de Francia es importante tener en cuenta que Australia canceló un acuerdo multimillonario para adquirir 12 submarinos convencionales franceses por 65.000 millones de dólares, cuando pactó una nueva alianza con Gran Bretaña y Estados Unidos, con la cual obtendrá submarinos de propulsión nuclear estadounidenses. Tan sólo la primera fase del Aukus supone para Estados Unidos la construcción de ocho submarinos nucleares para Australia.
La reacción del presidente francés Emmanuel Macron no se hizo esperar, y en pocos días acordó con el primer ministro de India, Narendra Modi, “actuar conjuntamente” en la región del Indopacífico. Ambos líderes sostuvieron una conversación telefónica al respecto, en medio de las disputas entre Francia y Australia, Estados Unidos y Reino Unido, por el acuerdo Aukus que hundió un pacto de fabricación de submarinos entre París y Canberra. Según el portal galo de noticias France24.com, “mediante una llamada telefónica, Macron aseguró a Modi el continuo “compromiso de Francia con el fortalecimiento de la autonomía estratégica de India”, incluida su industria y base tecnológica, como parte de una “relación cercana basada en la confianza y el respeto mutuo”. De acuerdo con un comunicado de la oficina de Macron, el plan tiene como objetivo promover “la estabilidad regional y el estado de derecho, al tiempo que descarta cualquier forma de hegemonía”.
Estados Unidos, por su parte, ha defendido su decisión justificando la misma en la situación geopolítica en la cual se encuentra Australia frente a China y el poder de este país en la región. En efecto, CNN ha informado que Antony Blinken, secretario de Estado de EE.UU., dijo que “Estados Unidos no dejará a Australia sola en el campo frente a estas tácticas de presión”, refiriéndose al presunto enfoque cada vez más agresivo y nacionalista de Beijing hacia Taiwán, en el Mar de China Meridional, y hacia aliados estadounidenses como Australia. “Hemos planteado en público y en privado nuestras serias preocupaciones sobre el uso de coerción económica por parte de Beijing contra Australia”, agregó.
Según CNN, “de acuerdo con la Casa Blanca, la nueva alianza consiste en “colaborar en las capacidades conjuntas y en buscar una interoperabilidad más profunda. Anunciaremos una nueva arquitectura de reuniones y compromisos entre nuestros altos funcionarios de defensa y política exterior para compartir perspectivas, para alinear puntos de vista. Pero también anunciaremos esfuerzos para estimular la cooperación en muchos ámbitos nuevos y emergentes: cibernética; inteligencia artificial, en particular la aplicada; tecnologías cuánticas; y también algunas capacidades submarinas”, dijo un alto funcionario”.
Esta inesperada crisis política y militar tuvo sus consecuencias también en el plano diplomático y obligan a los países europeos a reflexionar sobre el funcionamiento de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), así como sobre cómo se manejará la Unión Europea ante la salida de Angela Merkel de la actividad política. No cabe dudas que la actitud de Estados Unidos y del Reino Unido (hasta hace poco tiempo miembro del espacio europeo) despierta preocupaciones, cuando no molestias, en autoridades del viejo continente, como por ejemplo Clément Beaune, ministro de Asuntos europeos de Francia, quien manifestó que “sin ser agresivos ni estar en contra de nuestros aliados, debemos ser más soberanos, más autónomos, más capaces de defender nuestros intereses, de pensar también por nosotros mismos, como hemos visto en la crisis afgana, como vemos en esta tensión diplomática actual”.
En similares términos se manifestó el comisario europeo de Mercado Interior e Industria, Thierry Breton, para quien esa alianza ha generado “un creciente sentimiento” en Europa de que “algo se ha roto” en la relación transatlántica y de que “la confianza se ha erosionado”. De acuerdo con el portal de noticias euronews.com, “esta súbita tensión en el tono de Bruselas hacia Washington puede repercutir en el calendario de las negociaciones que la UE y Estados Unidos van a iniciar en el marco de su Consejo de Comercio y Tecnología, cuya inauguración sigue prevista por el momento para el próximo 29 de septiembre en Pittsburgh (Pennsylvania)”.
Las múltiples y variadas reacciones que ha generado el Aukus en todo el mundo deben ser un llamado de alerta para este nuevo episodio en la rivalidad militar entre Estados Unidos y la República Popular China, quienes ya se encuentran enfrentados por diferencias comerciales que muchas veces parecen insalvables.
El aumento de la tensión militar en una zona del mundo tan importante no puede ni debe pasar desapercibida y el mantenimiento de la paz mundial debe seguir siendo el objetivo de todos los países, de las alianzas y organizaciones regionales y de las propias Naciones Unidas.

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Además de la legítima inquietud de los comerciantes de la zona litoraleña limítrofe con la Argentina respecto al anuncio de la próxima reapertura del tránsito por los puentes binacionales, hay otros aspectos relacionados con los motivos del gobierno argentino para adoptar esta medida, que por supuesto nada tienen que ver con la interacción de frontera, sino que notoriamente responden a la problemática política interna en el vecino país.
El seguimiento que se hace desde nuestra orilla indica que la administración del presidente Alberto Fernández llevará adelante una reapertura gradual de sus fronteras para recibir extranjeros, por lo que tiende a disiparse temporalmente la alarma generada en un primer momento respecto a la perspectiva inmediata de una apertura general que podría generar una repetición del escenario que se vivía en la prepandemia, con sus nefastas consecuencias sobre la economía y el empleo en los departamentos litoraleños, como es bien sabido por todos –aunque no siempre reconocido, por intereses personales—.
Más allá de las medidas en estudio por el gobierno uruguayo, que se implementarán cuando la reapertura a efectos de atenuar el impacto negativo de este lado del río Uruguay, se aclaró posteriormente que las acciones previstas por Argentina apuntan directamente a captar turismo, y que en teoría solamente podrán ingresar a territorio argentino extranjeros con el esquema de vacunación completo, un test de PCR negativo en las 72 horas previas al embarque o un test de antígeno en el punto de ingreso, por lo que no habrá en principio una apertura indiscriminada para el tránsito vecinal.
Pero claro, no sería novedad que una cosa sea lo que se dice y otra lo que resulte en la práctica, por cuanto sabemos cómo se las gastan en la vecina orilla cuando de burlar normas se trata, por lo que este lapso que se gana de cierta tranquilidad hasta la reapertura total tiene motivos para generar inquietud en lo que a su cumplimiento respecta.
Pero la gran interrogante que surge es: ¿se terminó la pandemia de un día para el otro en la Argentina, como parecen indicar las medidas del gobierno de Alberto Fernández? Y si es así, ¿cómo lo lograron, con una vacunación que apenas si llega a la cobertura de poco más de la mitad de la nuestra, y siguen registrándose prácticamente casi doscientos muertos por día y miles de contagios?
Pues la respuesta lógica es que la pandemia en la Argentina se terminó “por mandato popular”, podría decirse, porque el fracaso rotundo del kirchnerismo en las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) llevó al gobierno de Alberto Fernández a decretar el fin de las medidas sanitarias.
Precisamente, el anuncio de aperturas y flexibilizaciones aparece más vinculado a necesidades políticas que a datos sanitarios puros en la vecina orilla, donde el gobierno a la vez ha naufragado en que se hicieran realidad sus eslóganes sobre priorizar la vida antes que la economía: no solo se ha llegado a los 115.000 muertos que dijo que se iban a evitar, sino que las medidas de contención han devastado la economía y sumido en la miseria a millones de argentinos, con desempleo, un 45 por ciento de pobres y un 10 por ciento de indigentes, en el marco de una gravísima crisis económica y social.
Pero lo que no pudieron las medidas de cuarentena, las acciones preventivas en extremo severas –por lo menos en los papeles– sí lo pudieron hacer indirectamente los votantes argentinos dando un duro golpe al gobierno kirchnerista, que de un día para otro, ante el (mal)humor social, dejó abruptamente de lado los eslóganes y la apelaciones de prioridad a la vida antes que a la economía, como pregonaba.
Así, pese a que todavía en diversas partes del mundo, incluido Uruguay, con mucha prudencia se va avanzando mientras se guarda un especial cuidado ante la aparición de la contagiosa cepa delta que generó distintos rebrotes en países que sostuvieron un plan de vacunación mucho más efectivo y rápido que Argentina, desde el martes, en este país ahora ni el barbijo quedó en pie, en una muestra más de la poca seriedad con que maneja el gobierno el presidente argentino, a la sobra de la soberbia vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
Es que previamente, el revés electoral había dado lugar a un cataclismo interno en el gobierno, con peleas que pusieron al borde del colapso institucional al propio presidente Fernández, pero a la vez este escenario –que no ha quedado del todo despejado ni mucho menos– desembocó en un cambio radical respecto al abordaje de la pandemia.
Así, de un día para el otro ya los riesgos mágicamente bajaron prácticamente a cero, y aquel ataque virulento y descalificante hacia quienes osaban cuestionar las medidas de cuarentena, entre quienes estaban por la vida y los que supuestamente estaban por la muerte y no les importaba un ápice la suerte de los argentinos, desapareció de los eslóganes, al igual que los cuestionamientos del oficialismo hacia quienes no estaban de acuerdo con las medidas.
Es que hasta hace menos de tres semanas la misma ministra de Salud de la Nación Carla Vizzotti alertaba sobre la cepa delta, mostrándola como agazapada “a la vuelta de la esquina” en una reunión del Consejo Federal de Salud.
Según da cuenta el diario La Nación, un ministro provincial que participó en el encuentro recordó que ese día, ante la inquietud de algunos funcionarios del interior sobre la necesidad de extender las aperturas, la ministra respondió: “Las restricciones no le gustan a nadie, pero hay quienes se olvidan que hay una pandemia”.
Por eso llamaron la atención sus anuncios directos en búsqueda de una normalidad, ante la atenta mirada del flamante jefe de gabinete, Juan Manzur, seguramente el autor de estas nuevas medidas y, para no pocos en el gobierno, el nuevo ministro de Salud en las sombras.
Justamente se trata de aperturas que ya fueron varias veces requeridas por dirigentes de la oposición y de vastos sectores de la sociedad, a quienes por esa razón y en distintos momentos, desde el gobierno se los refutó y catalogó de “inútiles”, “irresponsables”, “peligrosos” y hasta de “criminales”.
Pero Alberto Fernández, como si la contradicción no existiera en el propio gobierno, dio otra de sus acostumbradas volteretas y dijo que “ahora nos acusan de libertinos los mismos que nos acusaban de encerradores”, confirmando que la pandemia es otro más de los frentes de la disputa política, de la batalla por quien impone el mejor relato ante el pueblo argentino –muy propenso a los cantos de sirena, por cierto, como lo demuestran tantos años de gobiernos peronistas– y que la apresurada vuelta a la normalidad de cara a las elecciones de noviembre venidero, es otro intento burdo de hacer creer que todo marcha muy bien.

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Hace tan solo algunas décadas hubiera sido impensable que pudiéramos recibir atención médica a través de una llamada telefónica o una videoconferencia. Era una posibilidad que veíamos básicamente en películas o cómics futuristas.
Sin embargo, el uso de las telecomunicaciones para proveer servicios del cuidado de la salud a personas que se encuentran a gran distancia y que no pueden asistir en forma presencial por una u otra razón no es algo de este siglo, sino que tiene su origen y antecedentes en la segunda mitad del siglo XX.
En un interesante trabajo científico publicado en 2011 (Cáceres Méndez et al.) reseña los orígenes de esta especialidad recordando algunos antecedentes como el uso del telégrafo que facilitó los pedidos de suministros médicos durante guerras civiles; o el uso del teléfono en el inicio del siglo XX -acogido rápidamente por la población médica- así como la radio a partir de la Primera Guerra Mundial y en los conflictos de Corea y Vietnam (en los que fue usada para informar el estado de salud de sus tropas y solicitar ayuda médica).
La televisión fue otra incorporación tecnológica que vino a facilitar el avance de lo que hoy llamamos telemedicina y ya en 1964 se realizó el primer enlace de video interactivo entre el instituto de psiquiatría de Nebraska en Omaha y el hospital estatal Norfolk, los cuales quedaban a 112 millas de distancia. Sin embargo, fue en 1967 que se instaló el primer sistema completo de televisión interactiva entre paciente y médico en tiempo real, enlazando el aeropuerto de Boston´s Logan con el hospital general de Massachusetts (Estados Unidos).
Evidentemente el advenimiento de la denominada Sociedad de la Información, caracterizada por la existencia de autopistas de información sustentadas en infraestructuras tecnológicas terminó de abrir las puertas a la telemedicina y facilitó desarrollar mayores utilidades con bajos costos de operación.
Esta breve reseña basta para ilustrar cómo el avance de las ciencias de la salud, y en particular la telemedicina, ha estado asociado en los últimos años al desarrollo tecnológico y, en los últimos años al avance de las denominadas Tecnologías de la Información y Comunicación.
Hoy en día, sumando los avances de la cibernética y la inteligencia artificial así como la digitalización de la vida cotidiana de las personas, se cuenta también con la posibilidad de un mayor desarrollo de la telemedicina.
Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la prestación de servicios médicos a través de medios de comunicación electrónicos venía teniendo un avance lento en Latinoamérica. No obstante, la pandemia COVID-19 supuso un shock para los sistemas de salud del mundo y puso de manifiesto las virtudes de la telemedicina brindando la posibilidad de realizar consultas médicas o proveer cuidados de salud a distancia, mediante videollamada o intercambio de información de salud como transmisión de imágenes o de datos clínicos.
Allí donde se pudieron instrumentar soluciones de este tipo fue algo valioso en un momento en que era necesario evitar aglomeraciones, hacer que los pacientes que no necesitaban internación se recuperaran en su casa o que pudieran tener la atención e información necesaria en períodos de cuarentena.
En Uruguay, debido al COVID-19 los servicios de medicina a distancia se incrementaron drásticamente. Uno de los usos más comunes durante la pandemia fue que, con la finalidad de evitar tumultos y concentraciones de personas, muchos prestadores de salud recurrieron a la consulta telefónica para evitar la concurrencia de pacientes a los servicios de salud.
La existencia de una buena infraestructura de telecomunicaciones así como la amplia cobertura de Internet y del uso de dispositivos móviles entre la población también permitieron soluciones novedosas como la aplicación Coronavirus.uy, que posibilita una variedad de usos que van desde informarse sobre la evolución de la pandemia en el país y el mundo, recibir resultados de hisopados hasta notificar contactos positivos, activar alertas de exposición hasta demostrar haber recibido la vacunación mediante un certificado digital. Otros países de la región, como Argentina también recurrieron a la telemedicina –que aumentó drásticamente a medida que los pacientes buscaban sustitutos de la atención presencial- y, según el BID, ésta ha facilitado el diagnóstico de pacientes, ayudando a dirigirlos al proveedor de atención médica más adecuado, a aislar a aquellos que podrían estar infectados por el virus y a aumentar la capacidad del sistema sanitario.
En este sentido, considera que si el aumento de la demanda de servicios de telemedicina persiste, podría surgir a largo plazo como una herramienta crucial para la gestión de la salud pública que aumenta la accesibilidad de la atención médica y reduce significativamente el tiempo y los costos de desplazamiento para obtenerla. Además, se estima que el uso de la telemedicina durante la pandemia puede haber abierto el camino para una mayor aceptación social de esta modalidad una vez que se supere la crisis provocada por el COVID-19.
Los aspectos normativos también son importantes y, en este sentido, cabe mencionar que Uruguay cuenta con la Ley N°19.689 de “aprobación de los lineamientos generales para la implementación y desarrollo de la telemedicina como prestación de los servicios de salud”.
La medicina presencial es insustituible y, por otra parte, es evidente que existen varios aspectos referidos a esta modalidad de atención de la salud que aclarados y mejorados.
Algunos expertos ponen el énfasis en que no debería transformarse en una prestación cuya calidad dependa de cada actor del sistema sino que debe asegurarse un mínimo de calidad innegociable para asegurar al paciente un proceso asistencial adecuado.
Un artículo publicado por el Sindicato Médico del Uruguay señala que, aunque no es algo abordado por la legislación uruguaya, uno de los puntos cruciales de la implementación de la telemedicina refiere al trabajo médico dado que en muchos países se ha visto afectado el trabajo médico por empresas internacionales que han entrado a los mercados ofreciendo servicios a muy bajo costo lo cual los trasforma en muy atractivos para algunos actores de los sistemas de salud y esto redunda en una caída del salario médico.
Por su parte, el doctor Félix Rígoli, médico uruguayo, asesor de la Organización Panamericana de la Salud y experto en normativa vinculada a la telemedicina, mencionó algo central y es que el médico, el paciente y la institución de salud deben estar de acuerdo para pasar a la tele atención, agregando que es necesario evitar la despersonalización y tener en cuenta que gran parte de la población no se entiende bien con la tecnología.
Se trata de cuestiones básicas que necesariamente deben ser tenidas en cuenta para que la telemedicina esté al servicio de las mejores opciones de atención, de las mejores decisiones terapéuticas y diagnósticas en diferentes escenarios clínicos y, en definitiva, contribuya a sumar calidad a la atención integral de la salud de las personas.
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Hoy es el Día mundial sin automóvil, una iniciativa que nació a mediados de la década del ‘90 en Europa, y que ha ido ganando terreno en el mundo occidental conforme va creciendo la preocupación por el cambio climático, pero a la vez es una fecha que pone en discusión la distribución del espacio urbano y la movilidad de las personas en las ciudades. Por primera vez se realizará hoy en Paysandú una movilización enmarcada en esta fecha, convocada por usuarios de bicicletas en el tránsito que han invitado a otros a sumarse, para dar visibilidad a este debate.
El uso del automóvil tiene un arraigo muy fuerte en nuestra cultura, ya que se asocian al autor una serie de valores que van mucho más allá del desplazamiento individual o familiar. Tan internalizado está que el mismo Estado y los sucesivos gobiernos usan como parámetro del bienestar económico a la variable de la venta de automóviles cero kilómetro, es como afirmar que quien está en condiciones de hacerlo, no duda en comprar un cero kilómetro. Pero eso va más allá de qué usar para desplazarse en la ciudad. Esa es otra discusión que da la impresión que el mismo Estado ahora está dispuesto a dar, por lo menos si tomamos en cuenta la recientemente publicada “Guía para la planificación de la movilidad urbana sostenible en Uruguay”, un documento en cuyo desarrollo trabajaron, junto a consultores, integrantes del Proyecto Movés, que integran los ministerios de Vivienda y Ordenamiento Territorial, de Ambiente, Economía y Finanzas (MEF), Industria, Energía y Minería y Transporte y Obras Públicas (MTOP), además de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional. El trabajo fue financiado por el Programa de las Nacionales Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través de fondos GEF.
En este documento, con el que se trabajará con las intendencias departamentales, aparece un radical cambio de concepto respecto a lo que ha sido hasta ahora la planificación de la movilidad, donde lo que históricamente se ha pretendido es hacer más espacio para poder desplazarse de manera más ágil en automóvil. Tenemos muchos ejemplos de esto, como la rambla o los accesos a Montevideo, o aquí mismo en Paysandú la obra en el Acceso Norte (avenida Dr. Roldán), realizada hace pocos años, donde no se previó espacio para la circulación segura de bicicletas o peatones en tramos que admiten velocidades de 75 kilómetros por hora. Eso recientemente se ha remediado desde la rehabilitación de la paralela Dr. Roldán vieja.
La Guía tiene dos enfoques simultáneos, por un lado este de la movilidad y por el otro el de la sustentabilidad ambiental. Dos partes de la misma unidad, en realidad.
Desde este último punto vista, la incidencia es digna de ser tenida en cuenta para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero.
“En Uruguay cerca del 95% de las personas vive en áreas urbanas; el transporte es el mayor emisor de CO2 dentro del sector energético uruguayo, representando alrededor del 60% de ellas”, indica. Cambiar la forma en la que se desplazan las personas hacia modos más sostenibles puede tener un impacto serio.
Recordemos que cada país firmante del Acuerdo de París se ha comprometido a realizar su mayor esfuerzo al respecto, y si bien por su dimensión tal vez no sea Uruguay quien cambie la balanza, no sería la primera vez que demos el ejemplo en políticas que luego acaben extendiéndose.
De acuerdo a los datos aportados por la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del Instituto Nacional de Estadística (INE), la motorización creció de manera significativa. En el período comprendido entre 2014 y 2018, la cantidad de automóviles aumentó un 17%, mientras que la cantidad de motos se redujo un 12%. Esta transformación se dio por las condiciones de mercado que favorecieron el acceso al automóvil y por una mejoría general en las condiciones económicas de la población.
Un hogar en Uruguay gasta en promedio anualmente un 9% del total de su presupuesto en transporte. “El número es significativamente mayor en Montevideo (U$S 4.346) que en el Interior urbano (U$S 3.250).
Un cambio en la movilidad urbana hacia modos más sostenibles también traería impactos favorables localmente y en factores mucho más tangibles e inmediatos que las emisiones, reduciendo la siniestralidad, la congestión en las calles, el ruido urbano, y permitiría recuperar parte del enorme espacio público cedido a la infraestructura para vehículos. Quizás en Paysandú no se aprecia tanto el espacio que se destina a estacionamiento, ya que no hay mayor consecuencia que tener que caminar algunas cuadras, pero si nos detenemos a contar son cientos de metros cuadrados ocupados por máquinas que permanecen vacías durante varias horas. Para tener una idea, hoy, que se ha vuelto a permitir estacionar contra la acera Sur en calle Leandro Gómez, se puede ver la diferencia de espacio en la calle respecto a cuando esa faja estuvo liberada para la circulación.
La Guía tiene el objetivo de proporcionar a los técnicos en los gobiernos departamentales herramientas para la planificación e implementación de estrategias de movilidad sostenible en las ciudades y territorios, y promover una planificación integral del desarrollo urbano y la movilidad. Está organizada en cuatro partes, en la primera de las cuales se exponen conceptos y principios relacionados a la movilidad sostenible; segunda parte aborda el proceso de planificación, la tercera presenta un amplio conjunto de medidas, con lineamientos, recomendaciones para su planificación, diseño e implementación, y la cuarta, y última, contiene principios y criterios de diseño de movilidad urbana e infraestructura orientada a la movilidad urbana sostenible. Pero su mayor virtud es evidenciar que desde el Estado y desde el Gobierno hay un cambio de enfoque sobre cómo deben funcionar las cosas, que necesariamente deberá ser transmitido al conjunto de la población, de lo contrario no habrá avance posible. → Leer más