Opinión

Esas parecen ser las tres razones fundamentales para que la pandemia haya aumentado el uso de las bicicletas, también en Uruguay.
En este sentido, cabe preguntarse si la nueva normalidad consolidará este nuevo escenario en cuanto a la movilidad de las personas en nuestras ciudades. Es una cuestión con varias aristas complejas ya que si bien en el transcurso de los últimos años es notoria una mayor adhesión de las personas al uso de bicicletas para el ocio y el ejercicio físico, su inclusión más firme como medio de transporte enfrenta a las administraciones públicas nacionales, departamentales y locales a considerar aspectos referidos a la infraestructura y la seguridad en la circulación vial. Y por qué no, también de recursos, porque las bicicletas no pagan patente.

Sabido es que desde que en sus algo más de 200 años de existencia desde que el barón alemán Karl von Drais inventó el primer prototipo –hecho de madera que pesaba casi 23 kg, sin pedales ni frenos al que inventores franceses décadas después agregaron una cadena a la llanta delantera–, la bicicleta ha evolucionado notoriamente y hoy se la propone como una forma de movilidad emergente.
Se trata de un medio de transporte ampliamente consolidado en países como China e India, así como en varios países europeos –especialmente los nórdicos, así como en los Países Bajos– pero que también viene posicionándose fuertemente en diferentes países del mundo y ciudades como Nueva York, Berlín, París, Bogotá, Lima, y Ciudad de México, han puesto en marcha vías emergentes en espacios que antes eran tránsito de vehículos motorizados.

El Banco Interamericano de Desarrollo viene promoviendo fuertemente esta visión con el fundamento de una movilidad más higiénica, que contribuye a la recuperación sostenible de la economía y apoya la transformación del transporte urbano hacia la descarbonización.
Aunque algunos países latinoamericanos están trabajando fuertemente en esto, lo cierto es que nuestras ciudades no se caracterizan por contar con una distribución eficiente ni equitativa del espacio público. Las calles de las principales urbes latinoamericanas siguen congestionadas y aún aquellas que intentan recuperar espacios para ciclistas y peatones tienen mucho por delante.
Un artículo reciente del BID plantea que la caída del tráfico vehicular producido por la pandemia debido a las restricciones a la circulación en algunos países, el teletrabajo, la cancelación de eventos sociales, entre otros aspectos, constituye un buen momento para reclamar espacios para ciclistas.
En este sentido, considera que en el contexto actual, “las aceras peatonales son insuficientes para mantener el distanciamiento físico mínimo de dos metros, al tiempo que existe mucho espacio en las calles por la baja en tránsito vehicular” y que “soluciones como la introducción de ciclovías emergentes, la expansión de senderos peatonales o calles de tránsito calmado y compartido, que ya se venían probando en ciudades anteriormente, se perfilan como algunas de las posibles medidas que varias ciudades pueden implementar rápidamente y con beneficios”.

Agrega que en Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, las tiendas de bicicletas reportaron un aumento en sus ventas de hasta 700%, comparado al año anterior. En el marco de la pandemia, en 2020, en París, el sistema de bicicleta pública afirmó que en la segunda semana de mayo se hicieron más de 400.000 viajes, casi 120.000 de ellos en un solo día. En Londres, los viajes en bicicletas eléctricas se duplicaron en menos de tres semanas. Al otro lado del mundo, los viajes de las bicicletas públicas en Nueva York incrementaron casi 70% comparado con el 2019. Y eso que la Gran Manzana no es precisamente “amigable” con ese medio de transporte.
En Montevideo, donde reside la mayor cantidad de población usuaria de ómnibus, la pérdida de boletos fue histórica, aproximándose a la mitad de pasajeros, según lo informado oportunamente por la Intendencia de Montevideo. El comparativo más cercano a esto en materia de números fue la crisis de 2002, cuando el transporte urbano de Montevideo perdió el 10% de los boletos.
A su vez, en todo Uruguay la pandemia ocasionó un boom de consumo y uso de bicicletas, que favoreció al sector de fabricación y venta de las mismas. “Han colapsado las fábricas, y la cadena de producción anterior a la fábrica”, informó la revista Galería en un artículo sobre el tema, que también señala la existencia de demoras en las entregas hacia mercados pequeños como el uruguayo.

En sintonía con estos datos, una medición realizada en 2020 por la Intendencia de Montevideo sobre circulación en la principal vía de la capital uruguaya, confirma la tendencia ya que la participación de la bicicleta entre todos los medios de transporte y las personas que se desplazan por 18 de Julio, aumentó de 4% a 8%.
A simple vista puede decirse que la bicicleta es un medio de transporte y de recreación muy utilizado también en Paysandú: diariamente cientos de personas las utilizan para trasladarse de un lugar a otro en el marco de sus actividades habituales mientras que pareciera ir en aumento la cantidad de sanduceros que usan bicicletas en espacios públicos con la finalidad de ejercitarse y cuidar su salud.

No obstante, nuestra ciudad cuenta con escasa –sino nula– infraestructura para bicicletas. Mientras tanto, de parte de la Intendencia no hay una política de promoción de este medio de transporte. No existen bicisendas o ciclovías en el centro o las principales avenidas –como las existentes en otras ciudades del Uruguay– ni infraestructura suficiente y adecuada para su estacionamiento.
Por otra parte, durante todo el año puede notarse un flujo consistente –con picos de días y horarios– de ciclistas en algunas zonas de la ciudad y alrededores. En particular, es claro que esto ocurre en el entorno de la ruta 90, donde numerosas personas transitan en bicicleta. La ciclovía allí existente, por su escasa longitud, es utilizada para caminar pero muy poco por los ciclistas adultos que suelen pedalear varios kilómetros más hacia el Este.
En la ciudad, la ausencia de bicisendas hace que trasladarse en bicicleta requiera todavía cierto grado de audacia, valentía –o necesidad– y conlleva todavía un grado de riesgo mayor que otros medios de transporte debido a la inseguridad.

Si la bicicleta se afirma para quedarse como medio de transporte cotidiano, ya sea por motivos de salud, ahorro u ocio en el marco de la nueva normalidad, es deseable y necesario que las administraciones de gobierno que definen presupuestos y obras destinen recursos para integrarla como un medio de transporte seguro.
→ Leer más

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó esta semana una declaración en la que se expresa acerca de los “refuerzos” en las vacunas contra la COVID-19. Según la organización “no son necesarias dosis de refuerzo para la población vacunada” contra la COVID-19 y expresó un pedido “a las farmacéuticas y los gobiernos”, para que prioricen inmunizar a las personas en riesgo en todo el mundo.

El director general, Tedros Gebreyesus, dijo al respecto que “La brecha mundial en el suministro de la vacuna contra el COVID-19 es enormemente desigual. Algunos países y regiones están pidiendo millones de dosis de refuerzo, antes de que otros países hayan tenido suministros para vacunar a sus trabajadores sanitarios y a los más vulnerables”.

Según la declaración son hasta ahora cuatro los países que han anunciado oficialmente programas de refuerzo, “y la OMS calcula que si 11 países ricos o de ingresos medios dan una tercera dosis a su población, harían falta 800 millones de vacunas adicionales”.

La científica jefa de la Organización, Soumya Swaminathan, agregó que “en este momento, no hay pruebas científicas de que sean necesarios refuerzos ahora. Hemos visto aumento de infecciones, pero no de muertes y hospitalizaciones. Puede que tras dos o tres años sí, pero no hay ninguna indicación de que hagan falta después de seis meses”. Agregó que “es una decisión que hay que basar en la ciencia, no porque una compañía declare que hay que dar refuerzo de su vacuna”. Claro, tampoco es una decisión que deba quedar en manos exclusivamente de uno o más gobiernos, es decir, sin que se considere la opinión de la academia. En este sentido cabe revalorizar el instrumento que nuestro país, y el gobierno de nuestro país, tuvo a disposición a través del Grupo Asesor Científico Honorario, GACH, al que tan certeramente se reconoció su labor recientemente.

En un artículo publicado en su blog dentro de la página de las Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, la directora del Grupo de Salud, Mandeep Dhaliwal, explicó que los análisis que manejan indican que durante este año se producirán en el mundo suficientes dosis de vacunas contra la COVID-19 para alcanzar a inmunizar a un 70% de la población de todos los países. Eso si se distribuyeran equitativamente, por supuesto.

Claro que ello no está ocurriendo, dado que los países con economías más fortalecidas ya han reservado para sí gran parte de esas dosis (las existentes y las por existir). Eso, sumado a las restricciones a la exportación de dosis que otros están considerando, es probable que provoque muchos países de ingresos medianos y bajos no logren vacunar por completo a sus poblaciones antes de 2023.

El mensaje es que el mundo necesita vacunar a más personas, más rápidamente (los expertos señalan que al ritmo de vacunación actual, de alrededor de 6,7 millones de dosis por día, llevaría 4,6 años inocular a entre un 70% y un 85% de la población), y priorizar a quienes no han recibido ninguna dosis ante quienes ya cuentan con la cobertura prevista inicialmente.

Curiosamente el mundo contó con un instrumento que nació con este propósito de hacer lo más equitativa posible la distribución y el acceso, tanto a las vacunas como a otros insumos necesarios para hacer frente a la pandemia, solo que algunos países, algunos gobiernos, decidieron simplemente ignorarlos y someterse voluntariamente a las condiciones impuestas por las empresas farmacéuticas. Lejos del orden deseado la lucha por el acceso a las vacunas se volvió un sálvese quien pueda. Y ahora parece que, con la pandemia ya controlada en muchos de estos países que se compraron un puesto más adelante en la fila, en vez de encaminarnos a enmendar ese error y tratar de ayudar al resto del mundo a acceder a las vacunas, se viene una nueva carrera por las dosis de refuerzo, que ni siquiera está comprobado que sean necesarias.

El fracaso del Covax, como se llamaba este mecanismo multilateral de acceso a las vacunas, será la gran mancha con la que el mundo saldrá de esta pandemia
Tedros Gebreyesus insistió en el llamado a fabricantes y países a trabajar juntos para donar 10 millones de dosis al Covax a fin de que los países de ingresos medios y bajos que todavía esperan recibir los primeros envíos de vacunas puedan comenzar a inocular al menos a sus trabajadores de la salud, “que corren mayores riesgos, y a las personas mayores”. La organización también pidió a los fabricantes de vacunas “que concedan sus tecnologías en licencia a otros fabricantes para acelerar el proceso”. Cosa que, ni se diga, no ha acontecido.

Es claro que la pandemia no ha sacado lo mejor de la humanidad, ni ha supuesto una oportunidad para un nuevo comienzo para el planeta. Más bien todo lo contrario.

El mundo no es un lugar mejor, tal vez por ello es que vemos hoy cómo los millonarios más multimillonarios están preocupados por irse al espacio. → Leer más

La última cumbre del Mercosur, celebrada la semana anterior, reafirmó las disonancias entre los integrantes del bloque, sobre todo a partir de la resistencia de Argentina a dejar de lado o por lo menos atenuar sus políticas proteccionistas a ultranza y abrirse al mundo, y por otro la postura de Uruguay, apoyado por Brasil, –por lo menos con el gobierno de Jair Bolsonaro– de flexibilizar las normas regulatorias para tener la posibilidad de concretar negocios con terceros por fuera del bloque.
La tensión disparada en la reunión de cancilleres del Mercosur por el anuncio de Uruguay de que comenzará a explorar acuerdos comerciales de forma individual, quedó ratificada el jueves en la cumbre de presidentes, y no solo por los discursos de Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou, sino por la disposición de Brasil de acompañar a nuestro país.
Con Brasil en la presidencia pro témpore, analistas internacionales entienden que será clave para los intereses de Uruguay si el vecino avanza en busca de mayor apertura o una liberalización de aranceles, porque es quien tiene realmente poder para negociar con Argentina.
Incluso episódicamente se vivieron momentos de confusión, que ilustran sobre la “rabieta” del gobierno de Alberto Fernández sobre lo que se está dando en el bloque, por cuanto minutos antes de comenzar la cumbre de mandatarios, con el país vecino encargado de la transmisión oficial y su presidente el primero en hablar, de forma imprevista se comunicó desde Argentina que solo se iba a transmitir el discurso de Fernández. Esto no fue casual según interpretan en cancillería, e hicieron notar que nunca ocurrió en cumbres previas.
Fernández reafirmó su postura confrontativa durante su alocución en el sentido de que “a quienes no les guste el barco, que se bajen”, como había expresado en su momento, y dijo que “creemos que el consenso es la columna vertebral constitutiva del Mercosur, no podemos resignar este principio, es una regla”; “el camino es negociar juntos con terceros países o bloques”, negociando “solos alimentaremos el espejismo de una vana prosperidad, y unidos podemos tener un Mercosur creativo, que no se corte solo imponiendo visiones unilaterales”. Insistió en que “Argentina reafirma que nadie se salva solo. Un Mercosur de corazón solidario es la nave insignia de la estrategia de integración”.
Lacalle por su parte consideró que el gobierno tiene “vocación aperturista” y subrayó: “El mundo ya va muy rápido, se está entrelazando comercialmente y el final del COVID va a hacer que estas negociaciones se disparen. El mundo avanza y no nos va a esperar”. Señaló que “hacia allá va Uruguay. Ojalá que vayamos todos juntos, pero lo que está claro es que hacia allá vamos”.
En esa línea evaluó que “pretender avanzar en acuerdos con otros países no significa vulnerar ni violentar la regla del consenso”. Esto tiene relación a lo dicho previamente por la Cancillería, de que “la decisión 32/00 no está en vigor, ya que nunca fue internalizada”. La alusión es a un viejo conflicto jurídico entre los países del Mercosur, por una resolución del año 2000 que establece que todos los socios deben avalar las negociaciones comerciales de los demás.
Para Argentina y Paraguay es parte de la normativa del bloque aunque no fue ratificado por los Parlamentos, es decir que no avalan negociaciones sin respetar el consenso, mientras que Uruguay no lo entiende así.
Bolsonaro por su lado pidió “no dejar que el Mercosur continúe como sinónimo de ineficiencia” y de “desperdicio de oportunidades”. También ratificó que durante su presidencia pro témpore –hasta fin de año– intentará la reducción del arancel externo común (AEC), es decir las tasas aplicadas a las importaciones, tema que genera controversia con Argentina que pretende avanzar protegiendo sectores industriales; y la flexibilización, esto es una reforma normativa que avale que los países puedan negociar de forma unilateral o en distintos tiempos con otros estados o bloques económicos.
En abril Uruguay presentó una propuesta de flexibilización que no alcanzó consenso, por lo que decidió dar un paso más, que fue anunciar a los socios que se explorarán acuerdos con terceros. Para dar este paso, que de antemano se sabía iba a tensar el enfrentamiento con Argentina, se valoraron los plazos, porque lleva años negociar acuerdos y se aspira a lograr resultados en este período, pero a la vez se tuvo en cuenta la disposición de Brasil de optar por esta línea de acción y su distanciamiento con Argentina.
La idea de la Administración Lacalle es de acordar aranceles con terceros para la importación y exportación de productos. Uruguay pretende adelantar caminos y eventualmente llegado el momento de firmar un acuerdo, evaluar el clima político en el bloque para avanzar; tampoco se descarta que entre tanto se logre un acuerdo en torno a la flexibilización normativa. Sin embargo, desde Argentina no hay intención de avalar la jugada de Uruguay, y por ejemplo el excanciller Jorge Taiana, senador peronista que asumió la banca como suplente de la vicepresidenta Cristina Fernández, definió lo hecho por el gobierno de Lacalle Pou como “una bravuconada”. Indicó que se trata de “un anuncio para la tribuna” y advirtió que si Uruguay “rompe el arancel externo común y hace tratados, habrá que ver qué medida toman los países del Mercosur en relación con la defensa de su propia producción”.
Entre estas dos posturas antagónicas, la clave está en lo que haga Brasil, e incluso desde Buenos Aires no descartan una decisión unilateral de Bolsonaro para bajar el arancel y profundizar aún más las diferencias internas en el Mercosur.
Pero en concreto, Uruguay les dijo a Argentina, Brasil y Paraguay que el tiempo para las negociaciones culminó, que ya no espera más por ellos, y que la decisión política es salir a buscar tratados comerciales con el resto del mundo, sin abandonar el Mercosur.
Todo indica que la orden del presidente Luis Lacalle Pou a la Cancillería ha sido el ir hasta el último momento para flexibilizar el Mercosur, y lograr que deje de ser un “corsé” o que se convierta en “un lastre” que impida a los países firmar acuerdos comerciales con las demás regiones del mundo. Pero si el tiempo se acaba y nada se logra, consideró que hay que patear el tablero, aunque no tanto.
Así, en la sesión de la LVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercosur –órgano ejecutivo del bloque– que oficia de previa para la Cumbre de Jefes de Estado, el canciller Francisco Bustillo reivindicó la calidad de Uruguay como miembro pleno del Mercosur, la intención clara de seguir siendo parte del bloque, pero dijo que, independientemente de eso, el Estado uruguayo saldrá a negociar acuerdos comerciales con todos los países del mundo que lo deseen.
Uruguay pretende actualizar, modernizar o ajustar la “decisión 32/00” que establece que si un país del Mercosur quiere negociar con un Estado externo, lo deben hacer en conjunto con el resto del bloque.
Por eso Uruguay pidió formalmente, el 26 de marzo de este año, negociar para flexibilizar esa norma y dejar a los países avanzar a diferentes ritmos. Eso le permitirá a Uruguay –por ejemplo– negociar un tratado de libre comercio (TLC) con China, independientemente de si Argentina quiere o no, mientras que el presidente Jair Bolsonaro aspira fervientemente a bajar el Arancel Externo Común. Paraguay mostró una posición más tibia, e incluso cercana a Argentina.
Es decir, más o menos Mercosur, pero sí mejor, y sobre todo para Uruguay, que ve como el Mercosur muestra poco hacia adentro y sobre todo se cierra hacia afuera, y pierde oportunidades de firmar acuerdos preferenciales que nos permitan entrar pagando menos aranceles en los mercados que nos interesan, mientras por ejemplo Argentina sigue transitando por el camino de la protección a ultranza, para seguir con sus voluntarismos y subsidios trasnochados. → Leer más

El jueves 8, mientras se realizaba el homenaje al Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) en el Auditorio del Sodre, se hacían mediciones de la concentración del dióxido de carbono (CO2) en el aire. De hecho, en su cuenta de Twitter lo había anunciado el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el jerarca lo verificaba desde su celular.
Más de un año de pandemia ha servido para tomar en cuenta estas recomendaciones que, al menos en Uruguay, son novedosas. Porque las principales vías de contagio se encuentran en el aire exhalado por una persona que tenga o no síntomas, pero que sea positiva al SARS-CoV-2 dentro de un ambiente cerrado.

Estas experiencias se han realizado en países europeos con éxito y en el continente hay prácticas que llegaron para quedarse. Con estas mediciones, calculan aforos o las necesidades de mayores ventilaciones en espacios cerrados, a fin de indicar la cantidad de aire que ya fue respirado por una persona dos veces.
La mayor concentración de CO2 solo se corrige con las mediciones y en el caso de la ceremonia mencionada, fueron verificados altos niveles en la platea del Auditorio del Sodre.
Y las evaluaciones sobre la carga del aire con dióxido de carbono, no deberían ser específicas de los tiempos de pandemia, que aún corren, a pesar de las aperturas y el descenso de los casos positivos. En general, las afecciones respiratorias u otras afecciones de tipo oncológicas pueden surgir de la mala calidad del aire.
En agosto del año pasado, el director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República, doctor Julio Medina, enfatizaba en su informe emitido desde el GACH, en el rol de los aerosoles –las partículas suspendidas en el aire– y la transmisión aérea. La interpretación de la evidencia afirmaba la necesidad del distanciamiento físico y dotaba de una lista de ejemplos, donde se plasmaban los riesgos de contagios.

En este marco, también estuvo en discusión durante meses la calidad del aire dentro de los vehículos del transporte urbano de pasajeros, principalmente en la capital del país, cuyas capacidades desbordaban según la línea. O los locales gastronómicos en fechas específicas, cuyas imágenes inundaron las redes sociales con sus críticas. Pero en cualquier caso, además de las decisiones de las empresas, también dependerá de las opciones personales de asistir a lugares colmados, en tanto los casos se mantenían con un incremento sostenido durante buena parte de este año.
De hecho, lo planteaba el excoordinador del GACH, Rafael Radi, el día que recibía una alta distinción junto a sus colegas: “El escenario epidemiológico está aún distante de ser plenamente resuelto”. Definía de esta forma que, hasta el momento, el país había logrado salir de la zona de mayor gravedad, en tanto en el horizonte se aguardan nuevas cepas que amenazan este escenario halagüeño.

Incluso, los propios integrantes del grupo asesor habían dudado de asistir a un evento de estas características, apelando a la masividad, hasta que se supo que era un encuentro para 170 invitados. El mencionado científico reconocía allí que la pandemia permanece en pleno desarrollo y ese énfasis constante, daba plena idea de su voluntad de aclarar que el cierre del trabajo del GACH no estaba vinculado en ningún sentido al fin de la pandemia.
De hecho recordaba que Uruguay transitó por tres etapas. En la primera, hubo un control con el testeo y rastreo de los casos, en la segunda se registró una transmisión intensa con olas de contagios y la tercera, que transitamos, donde definió un desacople entre la intensidad de las interacciones entre las personas y la tasa de contagios. Hasta ahí, lo ocurrido puertas adentro del Auditorio del Sodre.
Porque afuera, a esa misma hora, un grupo se manifestaba con silbidos y elevados insultos, en reclamo de una mayor libertad. Ese mismo día, también, pero más temprano, se consolidó una aglomeración de personas que seguía la entrega de las firmas para habilitar un referéndum contra 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
Por las calles capitalinas pudo observarse el caso omiso a las medidas sanitarias, que tan largamente fueron reclamadas al ministro de Salud, Daniel Salinas, y a la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, por espacio de 18 horas, unos días antes. En esa instancia parlamentaria, tan democrática como el encuentro en las calles con los militantes de a pie, participaron los mismos referentes de la política que un día sí y otro también rechazan la gestión de la pandemia.

Como el senador interpelante, Daniel Olesker, quien apeló al incremento de los muertos para volver sobre el tema una y otra vez. O la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, quien se negó a asistir al plenario de la Junta Departamental capitalina, por entender que no estaban dadas las garantías en pandemia. Tanto como el rechazo a la invitación a participar en el homenaje al GACH, como la máxima autoridad departamental, al hacerse eco en su cuenta de Twitter del comunicado de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República.
“No es una buena señal para transmitir a la sociedad la idea de que la situación ya esté controlada. Por esta razón, y para ser coherente con lo que propuse al Comité Departamental de Emergencia, no participaré del acto de hoy. El mejor homenaje al GACH es seguir cuidándonos para volver”, escribió Cosse.

Durante esa misma jornada, participaba plenamente junto a otros dirigentes en la recepción de las cajas provenientes de todo el país y festejaba con abrazos de quienes la saludaban. No es posible ver la coherencia en el mensaje de un clase dirigente que piensa una cosa, hace otra y dice una tercera diferente.
Pero así ha transcurrido esta pandemia, entre la responsabilidad de los científicos por alertarnos y la doble moral de algunas figuras públicas. Son mediciones que, también, se registran en el aire.
→ Leer más

De acuerdo con la información publicada en los últimos días en el semanario Búsqueda y en el diario El Observador “la Comisión de Industria de la Cámara de Diputados discute desde hace más de un año el proyecto de ley de medios del Poder Ejecutivo que deroga la normativa vigente y establece nuevos lineamientos en este tema. Se trata de un texto que el gobierno ha intentado apurar en varias oportunidades pero, hasta ahora, su discusión continúa en la interna del oficialismo. Cabildo Abierto ha planteado en distintos momentos diferencias con el texto y presentó varias modificaciones que, en su mayoría, no fueron bien recibidas por sus socios del oficialismo. Ahora el partido liderado por Guido Manini Ríos planteó, entre otras cosas, que la Corte Electoral controle la “imparcialidad” de la “información política en los medios de comunicación”. De acuerdo con el senador Guido Manini, “es fundamental tener medios de comunicación objetivos que no distorsionen la información de la realidad uruguaya”.
Entre otros aspectos, la iniciativa de los legisladores cabildantes incluye disposiciones referidas a publicidad electoral en medios de comunicación, así como el derecho de los ciudadanos “a recibir una comunicación política de manera imparcial, seria, rigurosa, plural y equilibrada” y que los servicios de radiodifusión regulados por ley deben “conceder a los actores políticos un trato justo y equilibrado” y vinculado a su representación en el Parlamento. De acuerdo con la nota antes mencionada, esto “abarca a todos los programas y espacios en los que se “emitan análisis, opiniones, comentarios, valoraciones e información de carácter político”. En materia de información política, Cabildo Abierto planteó que la imparcialidad y el equilibrio de la misma le competerá a la Corte Electoral y que ese organismo “se tendrá que encargar de reglamentar estas disposiciones”, conocer “todo lo relacionado con la información y la comunicación política” de los servicios regulados por la ley y “resolver en última instancia sobre las observaciones, amonestaciones y sanciones por violación a la normativa”.
Los agregados propuestos por los legisladores de Cabildo Abierto suponen un claro retroceso en materia de libertades para la libertad de expresión y constituyen un verdadero “cheque en blanco” que podrá ser completado por los gobiernos de turno sin mayores controles y comprometiendo en todos los casos el libre derecho a la información de los ciudadanos y la diversidad de opiniones que surgen de la sociedad, un ámbito compuesto de opiniones no sólo diferentes sino también contrarias, cuyo respetuoso intercambio y reflejo asegura la calidad democrática de un país. En este sentido, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) señala que “la libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho fundamental e inalienable, inherente a todas las personas. Es, además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad democrática”. En el mismo sentido, esa declaración expresa que “la censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la libertad de expresión”.
Como si fuera poco, el texto impulsado por Cabildo Abierto crea también una “Junta de Garantías en la Comunicación Política”, como órgano desconcentrado de la Corte Electoral. La propuesta inicial es que tenga nueve miembros designados cada uno por un ministro de la Corte y que sea presidida por quien sea elegido por el presidente del organismo. (…) Esta Junta tendrá como cometido la “observación de los programas y espacios”, de “forma directa o mediante la contratación de servicios profesionales especializados”. Sin dudas este nuevo órgano despierta el recuerdo del tristemente célebre “Ministerio del Pensamiento” que el escritor británico George Orwell describiera en su novela “1984”, y a través del cual “Gran Hermano” controlaba las actividades y opiniones de todos los ciudadanos.
La creación en España de un “Ministerio de la Verdad” para combatir las llamadas “fake news” (noticias falsas) demostró que en estos casos el remedio puede ser mucho peor que la supuesta enfermedad que se pretende combatir. Sobre este polémico ministerio el presidente de la sección española Reporteros sin Fronteras (RSF), Alfonso Armada expresó que “podría usarse de ‘tapadillo’ para controlar las noticias que no sean del agrado del Gobierno. En efecto, bastará etiquetar un contenido como ‘desinformativo’ para en rigor de verdad, coartar la libertad de expresión”. Por su parte, el presidente de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), Juan Caño sostuvo que “A todos los Gobiernos les gustaría coartar en mayor o menor medida la imprescindible misión de los periodistas de informar verazmente. Les gustaría imponer ‘su verdad’, sin intermediarios. También a los distintos partidos políticos, si bien es aún más flagrante si la presión es ejercida por miembros del Gobierno” (…) “No es cuestión de una ideología u otra, todos los gobiernos tienen una tendencia a mentir, es su naturaleza. Por eso están sometidos a contrapoderes y el de la prensa es uno de ellos”.
Lamentablemente, en muchos casos las presión de los poderes públicos sobre los medios de prensa adquieren formas menos visibles pero no por ello menos efectivas, como bien lo señala la OEA en el documento antes mencionado: “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley. Los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su labor en forma independiente. Presiones directas o indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión”. Algunas de estas prácticas, como la asignación de la publicidad oficial, son prácticas comunes incluso en nuestro país desde siempre, donde el Estado asigna frecuencias de radio y televisión o premia a los medios afines en desmedro de los que no les resultan simpáticos, como se ha denunciado distintas oportunidades.
Es por demás esperable que las modificaciones impulsadas por Cabildo Abierto no sean incluidas en el texto de la norma que finalmente se apruebe a nivel parlamentario. La inclusión de las mismas constituiría un claro retroceso para la libertad de expresión en general y para la actividad de los medios de prensa en particular, cuya importancia ya nadie puede discutir ya que como lo ha señalado el periodista y filósofo francés Jean Francois Revel, “hay prensa sin democracia, pero no hay democracia sin prensa libre”. → Leer más

Hace tan solo unos años el tránsito en Paysandú era caótico; apenas se respetaban las normas más básicas mientras las autoridades no daban pie con bola respecto a cómo atacar la situación.
El principal problema eran las motos, porque con el dólar barato de la época resultaban muy accesibles para prácticamente toda la población. Esto llevó a que hubiese un crecimiento explosivo de birrodados como nunca antes en Paysandú, y la Intendencia no estaba a la altura de las circunstancias. Por un lado, la reglamentación no exigía a los vendedores entregar el vehículo matriculado, y por lo tanto muchos compradores circulaban por meses y hasta años sin chapa de matrícula, solo con los papeles de la compra. Tampoco se retiraban las motos en infracción, porque se consideraba que era el vehículo popular por excelencia y hacerlo podía tener costos políticos, que los intendentes de la época no estaban dispuestos a asumir. Lo que sí hacían era multar las infracciones, siempre y cuando pudiesen detener al motociclista –si la moto no tenía matrícula era imposible identificarla–, y de esa forma lo que se sucedía era que había cientos o miles de motos que acumulaban multas por varias veces su valor de mercado, que nadie pagaba.

Pero también ocurrieron dos fenómenos paralelos mucho más peligrosos para la sociedad: por un lado proliferaron los robos de motocicletas para venderlas como repuestos en el mercado negro y, a su vez, se puso de moda armar motos con pedazos de otras –muchas veces robadas– y prepararlas para picadas y carreras callejeras.
Estas motos “Frankestein” no contaban con los más mínimos elementos de seguridad: ni luces, frenos en una rueda (a lo sumo), suspensiones modificadas artesanalmente, cubiertas en mal estado, escapes libres y por supuesto, “cero papeles”. Cruzar una calle se transformó así en una suerte de “Frogger”, aquel videojuego legendario de la empresa Arcade allá en los ’80 que consistía en hacer llegar al otro lado de la calle a una ranita en medio de una autopista muy transitada. Tampoco era posible mantener una conversación entre dos personas en la vía pública por el ruido de los escapes libres.

Las consecuencias eran accidentes graves todos los días, decenas de fallecidos al año y cientos de personas con graves secuelas por las lesiones sufridas. No había día en que no saliera un siniestro grave en nuestra página policial o incluso alguna muerte por ese motivo.
Algo parecido sucedió con los autos, pero en menor medida porque la mecánica no es tan accesible y no es tan fácil evadirse de un control policial como en una moto.
¿Cuándo comenzó a cambiar la situación? Cuando las autoridades municipales asumieron su responsabilidad y comenzaron a controlar, sancionar y retirar los vehículos en infracciones graves y que no cumplieran con la normativa vigente, sin miramientos.
De esta forma se retiraron de la plaza miles de motos con deudas acumuladas impagables de infractores consuetudinarios, otras hechas de a pedazos, ruidosas y peligrosas, y también algún que otro auto. Y el problema prácticamente desapareció en unos pocos años. De ahí en más todos pasaron a usar casco, circular con las luces en buen funcionamiento, con silenciadores adecuados y respetando las normas.

Pero de un tiempo a esta parte hemos visto resurgir algunas prácticas por demás peligrosas –con el agravante de que se hacen a mayor velocidad– con vehículos más grandes, pesados y potentes con trágicas consecuencias cuando algo no sale bien o –cuando la suerte acompaña– se lamentan daños materiales por algunos miles de dólares.
Se trata de las aceleradas y las filmaciones de hazañas a velocidades que antes sólo se podía imaginar en un Fórmula 1 o algo similar, para compartirlas en las redes sociales.
Por supuesto que no son tantos los que están en este juego demencial, porque no cualquiera cuenta con decenas o cientos de miles de dólares para darse el lujo de mostrarse a 250 kilómetros por hora circulando en las cercanías de la ciudad o incluso en los accesos. Sin embargo, los riesgos tanto para ellos como para terceros que se puedan ver involucrados en un eventual accidente son descabellados.

Es sabido que la capacidad de maniobra de un vehículo es inversamente proporcional a la velocidad a la que se mueve, así como que la distancia de frenado es cuatro veces mayor cuando se duplica la velocidad. Un auto que se mueve a 100 km/h precisa 50 metros para detenerse completamente en caso de emergencia, pero a 200km/h necesita 200 metros, en condiciones óptimas. La relación es similar para una moto, más allá que podría perder el dominio del vehículo durante la frenada y terminar muy mal. Cualquier cosa puede salir mal a esas velocidades, y quienes estén en la trayectoria del bólido pagarán muy caro las consecuencias.

Pero además está el hecho que nadie podría siquiera imaginarse que otro vehículo pueda estar acercándose a más de 50 metros por segundo, por lo cual sin saberlo cualquiera puede llegar a cometer el error garrafal de cruzarse en el camino de un bólido que ni siquiera estaba en su radar cuando comenzó la maniobra. Este tipo de accidente sucede más seguido de lo que sería deseable –más allá de que lo deseable sería que nunca ocurriese– pero lamentablemente en nuestro país nunca se investigan las verdaderas causas de los siniestros y sólo se va a los papeles a ver qué es lo que dice la norma para sancionar. Y en eso la norma es clara: el que cambia de dirección o cruza un camino es el responsable, y si hay fallecidos, puede incluso ser imputado por homicidio ultraintencional.

Más allá de las consecuencias penales, legales o económicas, están las consecuencias emocionales para quienes siguen vivos, que jamás podrán sacarse de encima la culpa por no haber podido evitar lo inevitable.
En este aspecto en Paysandú estamos como hace 10 años o más, desprotegidos ante una minoría que hace de las calles y rutas su pista de carreras o escenario para los desafíos que publicará en sus redes sociales, mientras miles de seguidores se deleitan viendo en su celular cómo su influencer de moda se ríe de la autoridad y juega a la ruleta rusa con la vida de los demás.
Si las autoridades no cambian el chip y actúan con mano dura ante estos estas infracciones, que más que faltas son atentados a la vida, seguirán ocurriendo tragedias que enlutarán a toda la ciudad, porque se cobran vidas jóvenes de nuestra sociedad.

Los hechos ocurren y cualquiera puede verlo; primero, porque en muchos casos quienes están en este juego mortal gustan de mostrarse delante de multitudes haciendo lo que no deben, pero además lo exponen en sus perfiles públicos de las redes sociales justamente para que lo vea la mayor cantidad de gente posible.
En definitiva, las “pruebas” que se necesitan para sancionar duramente o inhabilitar a los pilotos frustrados que juegan con la vida de los demás, están a la vista. Tanto el Intendente como el director de Tránsito, la Policía, los jueces, y los fiscales no pueden hacerse los desentendidos. No actuar a tiempo sería complicidad. → Leer más

Una reciente decisión del gobierno de Alberto Fernández respecto al control y gestión de la Hidrovía Paraguay-Paraná, pone un nuevo manto de duda, por si hiciera falta, sobre la mejor disponibilidad de este instrumento de primera importancia para la producción de una amplia zona del corazón del subcontinente sudamericano, teniendo en cuenta que es la vía por excelencia para los commodities que salen a ultramar.
A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) el gobierno argentino puso fin a la concesión de la empresa belga Jan de Nul en la Hidrovía y le cedió el manejo por un año a la Administración General de Puertos (AGP) el control y administración de la denominada Hidrovía Paraná-Paraguay, la vía navegable de 3.500 kilómetros por la que pasa el 80 por ciento del comercio exterior argentino.
En paralelo a ese decreto se prepara otro que establece la creación de un ente de control estatal de todas las vías navegables del país, bajo la órbita del Ministerio de Transporte, enmarcado en las políticas kirchneristas que ponen énfasis en la “recuperación de la soberanía” de la vía Paraná-Paraguay, como reivindicó una diputada oficialista.
Se trataría sin embargo de un primer paso en la línea de la estatización lisa y llana de esta y todas las vías navegables y puertos del país, que procede del kirchnerismo más duro, el que lidera las discusiones por el control de la Hidrovía desde principios de año, cuando el excanciller Jorge Taiana envió un pedido de informes el entonces ministro de Transporte, Mario Meoni, en el que se resumía su postura y la de distintos referentes en favor de revocarle la licencia a Jan de Nul. Esta fue encargada del dragado del Paraná desde tiempos del menemismo, una concesión renovada durante el primer gobierno de Cristina Kirchner.
Tanto Meoni como su sucesor Guerrera resistieron de modo diplomático la idea de una reestatización, con un argumento central: el Estado no puede “improvisar” y hacerse cargo de la compleja tarea del dragado permanente del río, ya que no posee ni la maquinaria ni el expertise necesario para hacerlo de inmediato. Para ganar tiempo, y en el intermedio entre el fallecimiento de Meoni y la asunción de Guerrera, el ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis firmó una extensión de la concesión a Jan de Nul por 90 días, que venció la semana anterior.
“Se va a llamar a licitación pública internacional con nuevos parámetros, con la participación de todas las provincias que intervienen en la Hidrovía, con la participación también de todo el Consejo Consultivo, con la participación ciudadana de las organizaciones y sobre todo de las autoridades”, dijo días atrás el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, anticipando que la Administración de Puertos tomaría el control provisorio y haría el llamado a una “licitación corta”, aunque mientras tanto podrá recontratar a Jan de Nul para que las indispensables tareas de dragado del Paraná no se detengan.
La medida causa lógica desconfianza en el sector exportador, porque en un proceso de licitación largo como el que se avecina, y los antecedentes de manejos turbios que provienen de otros gobiernos kirchneristas, no da ninguna seguridad de lo que sobrevendrá para el uso de este instrumento, en el que se reclama obras importantes para mejorar su navegabilidad en toda situación.
“Nunca corrió peligro la soberanía, menos ahora que habrá un control como nunca”, señalaron desde una oficina clave del Gobierno en respuesta a los reclamos del cristinismo, que acusa a la empresa belga de no controlar lo suficiente el flujo de embarcaciones por la vía navegable más importante del país, conectada de manera directa con los socios del Mercosur, lo que habla de las tensiones internas dentro del oficialismo.
Debe tenerse presente que la dilucidación de esta problemática está muy lejos de limitarse solo a un problema interno de la Argentina, por cuanto la Hidrovía es el medio de entrada y salida de prácticamente todo el comercio exterior de Paraguay, de parte importante del flujo comercial del este de Bolivia y de una amplia zona del Matto Grosso de Brasil, demás naturalmente de una amplia zona granelera de la Argentina a través de grandes puertos de Santa Fe y Entre Ríos.
La hidrovía está regida por un tratado internacional, y el gran tonelaje de mercaderías que bajan por este curso tiene una salida a ultramar a través del puerto de Nueva Palmira, como la derivación natural, utilizando el canal Martín García, que es de carácter binacional, y por lo tanto administrado por Uruguay y Argentina, así como también por Montevideo. De esa manera, lo que pase en la hidrovía afecta también intereses de Uruguay.
Igualmente, hay otro acceso de la hidrovía al océano a través del Canal Mitre, que es más largo pero que está enteramente en jurisdicción argentina, aspecto este que llama a reflexión sobre la medida, porque ha trascendido que una de las apuestas del oficialismo del vecino país será canalizar todo lo que se pueda el tráfico por este canal, en desmedro de lo que se deriva hasta Nueva Palmira.
También terciarían en esta controversia los intereses del gremio de camioneros de la Argentina, que son el puente de la producción con los puertos, y que todo indica quiere una porción más grande de la torta en disputa, que tiene que ver además con la histórica guerra de puertos, a veces solapada y otras veces no tanto, entre Argentina y Uruguay.
Lamentablemente, dados los antecedentes del kirchnerismo en su relación con Uruguay el futuro no es muy esperanzador; basta recordar la medida que aplicó Cristina Kirchner en 2013 que limitaba el tamaño de los convoyes de barcazas que continuaban navegación hasta Nueva Palmira provenientes de Paraguay. Así, los convoyes podían ser de hasta 20 barcazas hasta los puertos de Rosario y Santa Fe, pero aguas abajo fueron limitados a 12 barcazas, en una clara maniobra para perjudicar a Uruguay. La situación recién fue normalizada en agosto de 2016, ya con Mauricio Macri al frente del gobierno argentino.
También está fresca todavía en la memoria la situación planteada por el bloqueo de los puentes internacionales por la resistencia de grupos ambientalistas, –con el apoyo tácito del gobierno de los Kirchner– a la instalación de las plantas de celulosa en Uruguay.
Ergo, corresponde seguir muy de cerca cómo evoluciona la situación y comenzar a evaluar posibles canales de acción y planteos para tratar de ponerse a cubierto de ulterioridades, teniendo en cuenta los intereses en juego y los antecedentes. → Leer más

Por cierto que la duración de la pandemia a nivel global –con la expectativa inicial de unos meses, excesivamente optimista, que se fue prolongando a medida que se veía que no se podía contener el número de casos– dio por tierra paralelamente con las previsiones sobre plazos más o menos inmediatos de recuperación y rebote de la economía, desde que se ha seguido registrando pérdidas acumuladas en los PBI (Producto Bruto Interno) de prácticamente todos los países, más allá del tamaño de su economía y desarrollo.

En nuestro país, a medida que se va reduciendo el número de casos de contagios y víctimas fatales, por efectos seguramente de una mayor cobertura de vacunación, se va más o menos disipando el panorama de incertidumbre en la economía por esta causa, más allá de las razonables dudas sobre la evolución, al mantenerse parámetros todavía inestables tanto a nivel local como mundial, por cuanto en un país altamente dependiente como el Uruguay, es arriesgado siquiera intentar pronósticos con base confiable, y los análisis se generan con amplio margen de dudas.
Es pertinente en este escenario, traer a colación reflexiones del Ec. Matias Hofman, responsable de Estrategias de Inversión de la empresa Sura, quien aporta interesantes conceptos al suplemento Economía y Mercado, del diario El País. El entrevistado considera ante la caída del PBI en nuestro país en el primer trimestre de este año, que esta baja era esperable en el contexto de pandemia que se ha venido dando en estos meses, aunque augura un proceso de reversión a partir de que se ha retomado cierto ritmo en la economía por una mayor movilidad y aperturas, a partir del descenso sustancial en el número de casos.

Según Hofman, todo indica que el segundo semestre mostrará un fuerte repunte de la economía, siempre y cuando la situación sanitaria mantenga la tendencia actual, pero aclaró que “tuvimos un resultado en el primer trimestre que interrumpe la recuperación de la actividad económica, y si bien no es un dato extremadamente malo en las expectativas, porque se esperaba un comportamiento así, tampoco permite cambios en materia de política monetaria y fiscal”.
A su juicio, “es necesario impulsar el PBI desde el punto de vista de la demanda, ya que todavía se mantiene rezagado el consumo de los hogares, y ese es un objetivo hoy muy dañado por las consecuencias económicas y sociales de la pandemia. Tenemos un camino por recorrer todavía para poder comenzar a ver algunos cambios en las políticas del gobierno, tanto en lo monetario como en lo fiscal”.

Entre los aspectos positivos, evaluó además que la clara mejoría sanitaria a partir del avance en la vacunación “que estamos viendo en las últimas semanas va a permitir reactivar la economía interna del país”, pero sobre todo hizo hincapié en que “en la medida en que nuestros principales productos de exportación también han comenzado a mostrar visibles mejoras en la economía, las ventas de bienes al exterior también muestran un desempeño muy bueno”.
Claro, Uruguay por sí solo no puede sostenerse como un brote verde en una región en la que la pandemia ha sido una catástrofe, porque con los duros golpes que han sufrido Argentina y Brasil, nuestros dos grandes vecinos, es impensable que nuestro país resulte incólume, aunque haya reducido su grado de dependencia de los vecinos respecto a la que tenía hasta no hace muchos años.
A su vez, Uruguay, como país que requiere de la inserción internacional activa, a través de la colocación de sus productos en el exterior, necesita por lo menos una recuperación en la demanda de los mercados mundiales para atemperar el impacto por la caída de los países vecinos.
Igualmente, hay elementos positivos, y los menciona Hofman: “la región no nos ayuda mucho, porque la situación de los vecinos no es buena, pero China está teniendo un muy buen año y Estados Unidos ya recuperará este año lo perdido en 2020”.

Es significativo además que como señala el economista “no es solo un rebote”, sino que “la realidad es que el ímpetu de crecimiento pos coronavirus está siendo fuerte, especialmente sustentado en los impulsos fiscales y monetarios que llevan adelante los bancos centrales de los países desarrollados. Si bien eso no es gratis, porque genera impulsos financieros inflacionarios, déficit fiscal alto y endeudamiento –el mundo aumentó su deuda pública más de un 20 por ciento– el crecimiento está siendo lo bastante sólido como para no pensar que es solamente rebote”.
Pero naturalmente, en tren de comparaciones, tenemos que todavía no se va a llegar en forma inmediata a los niveles de la economía prepandemia en nuestro país –que ya no eran buenos, porque iban en caída sostenida– sino que es de esperar que en el curso del segundo semestre de este año recién se esté encaminando hacia una incipiente recuperación, al comenzar a reabrir actividades que han estado paralizadas, especialmente en el área de los servicios, donde se genera un buen número de empleos, como es el caso del turismo, en la medida en que se abran las posibilidades de ingreso de visitantes.

“Es de esperar que las buenas condiciones que hace tiempo muestra el país a la hora de captar inversiones se potencien con las condiciones de una economía ordenada. Hay varios proyectos de infraestructura en marcha y seguramente comenzarán a concretarse otros en la medida que nos alejemos del momento crítico de la crisis sanitaria”, analiza el Ec. Hofman.
Un aspecto clave en este período tiene que ver con las condiciones externas para los commodities, que permanecen en la franja de precios atractivos, lo que genera un espacio más optimista para la actividad exportadora, vital en la economía uruguaya, pero de acuerdo a las previsiones este impulso resultaría insuficiente para recuperar niveles prepandemia, lo que insumiría no menos de dos años, y probablemente un período mayor para recuperar el período de trabajo.

En todos los casos, estaremos en un proceso que llevará un tiempo imposible de prever con los datos disponibles, altamente dependientes de la evolución que tendrá la pandemia, sin tener en cuenta el factor estructural y ocupándonos simplemente del aspecto coyuntural que tiene que ver con la irrupción del COVID-19.
En realidad la pandemia nos ha atrasado mucho más de lo que puede parecer, en términos de economía, porque en Uruguay, como en América Latina y el mundo, se estará haciendo lo posible para “recuperar” lo perdido y retomar la tendencia prepandemeia, en el mejor de los casos. Pero a la vez, quedará para algún día dedicarse al abordaje de las falencias estructurales que nos han arrastrado al estancamiento y a los déficits, porque seguimos atendiendo lo urgente y postergando lo importante, aunque sea por circunstancias imposibles de prever, como la pandemia.
Pero el punto es que por una cosa o por otra –fundamentalmente en tiempos normales para no pagar costos políticos por medidas impopulares– se seguirá pateando la pelota hacia adelante, sin encarar las reformas estructurales pendientes para dar sostenibilidad a la economía y las políticas sociales, lo que da la pauta de que las dificultades no van a quedar atrás, aún superada la pandemia. → Leer más

El debate acerca de la obligatoriedad o no de la vacuna contra la COVID-19 es más antiguo que la existencia de este medicamento, nació cuando con la pandemia ya instalada varios laboratorios internacionales se envolvieron en una carrera para su desarrollo.
Las misma Organización Mundial de la Salud no se pronuncia al respecto y deja la decisión en manos de cada estado: “Hacer las inmunizaciones un requisito será decisión de cada país o empresa, pero según la agencia de salud de las Naciones Unidas es vital asegurarse de que las personas tengan toda la información correcta sobre su efectividad y seguridad para que puedan tomar una decisión personal sobre si aplicarse la vacuna. Los expertos explican que en algunas situaciones, como la de algunos trabajadores de salud, sí es posible que haya una ‘fuerte recomendación’ de vacunarse”.

Aquí en nuestro país la vacuna no ha sido incluida dentro de las obligatorias, porque sí, en Uruguay hay vacunas obligatorias y a excepción de algún caso muy sonado en su momento, no se había establecido una discusión en torno a esta situación.
La Universidad de Montevideo (UM) realizó a mediados de marzo (la fecha es importante) un seminario virtual sobre los aspectos legales de la vacunación contra el COVID-19, que fue abierto con el disparador: ¿Las empresas pueden exigir la vacuna a sus empleados?
La respuesta a este planteamiento de parte del Dr. Matías Pérez Del Castillo fue que “un empleador no puede obligar a un trabajador a vacunarse contra el COVID-19, ya que no existe una fuente jurídica que pueda invocar para justificar esa obligación”. Agregó que en Uruguay “la normativa que hay sobre vacunas obligatorias taxativamente especifica cuáles son las que deben darse, por un lado, los ciudadanos y, en relación al trabajo, los trabajadores (…) y en esa regulación no está comprendida la vacuna contra el COVID-19”.

En ese momento el profesional agregaba que, de acuerdo con el Decreto 406/88, los empleadores deben obligar al personal a darse “vacunas efectivas”, al que “algunos empleadores están invocando para fundamentar esta exigencia de que el personal se vacune”. Pérez del Castillo agregaba que esta precisión de “vacunas efectivas”, dejaba fuera de consideración a la situación actual, dado que “justamente una de las cosas que está en tela de juicio es si esta vacuna es o no efectiva”. Hoy, cuando los números de la pandemia están en descenso en el país y la única explicación posible para ello es la vacuna, puede decirse que tal o cual será más o menos efectiva, pero que es efectiva la vacuna, es hoy indiscutible.

Claro, más allá de eso, también señalaba que existe una cuestión formal, “y es que la Constitución establece que los derechos fundamentales solo pueden ser limitados por leyes aprobadas por razones de interés general. Por leyes y no por decretos aprobados por el Poder Ejecutivo de turno”. Y agregaba al respecto que “el derecho fundamental que se estaría limitando al exigir la vacunación obligatoria es el de la salud de los trabajadores que optan por no vacunarse”.
Así las cosas, aparece en escena a partir de junio de este año un nuevo instrumento, conocido como “pase verde”.

Antes, una de las primeras referencias al respecto la hizo el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, al mencionar en una conferencia de prensa que se trata de un instrumento que se está empezando a utilizar en los países que estaban vacunando. La primer referencia la hizo el mismo primer mandatario luego del acto por el 18 de mayo en Las Piedras, cuando dijo que el gobierno analizaba instrumentar “un plan piloto para que el público inmunizado con las vacunas contra la COVID-19 o que presente el resultado negativo de un test rápido adquirido en las farmacias y avalado por Agesic pueda ingresar a los espectáculos públicos”, según consta en el artículo disponible en la página de Presidencia de la República (gub.uy). En el mismo contacto con los medios que dieron cobertura al acto el presidente adelantó que enviará un proyecto de ley al Parlamento para no mover de fecha los días feriados, un anuncio que tuvo mayor repercusión en ese momento.
Al fin que, antes de transcurrido un mes, el 5 de junio, se realizó el primer ensayo en el complejo Adela Reta del Sodre, rodeado de polémicas, por un paro de los trabajadores del Sodre que obligó a que el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira, terminara tomando la temperatura al ingreso de los espectadores, pero también con dos manifestaciones en los alrededores, por un lado de grupos de artistas que se oponen al mecanismo y por otro de organizaciones antivacunas, que consideran que de cierta forma, con mecanismos como estos se está obligando indirectamente a la población a vacunarse. Y es en este punto donde les asiste razón.

La experiencia fue exitosa, en la medida que una semana después el rastreo de los asistentes mostró que nadie se había contagiado de COVID-19 al concurrir al espectáculo del Ballet Nacional.
Sobre el espíritu de este “pase responsable”, o “pase verde”, Lacalle Pou comentaba al anunciarlo que “Hay que dejar claro que esto no es restrictivo, y no es que la persona que no esté vacunada no pueda entrar”, en tanto se puede permitir el ingreso mediante la presentación de un test negativo, aunque “el dueño del local o los organizadores del espectáculo tendrán la última palabra para dejar ingresar a quienes hayan recibido la vacuna o presenten el resultado negativo”, agregó la web de Presidencia.
Claramente este pase opera en los hechos como un estímulo para la vacunación, ya que permite acceder a beneficios, no tan directos como en algunos países en los que se ofreció incluso dinero a la población con tal que aceptara inocularse.

La vacunación ha avanzado, y –como se ha dicho– los resultados son alentadores. Por diferentes razones todavía queda un porcentaje importante de la población que no se ha vacunado, e incluso hay quienes no concurrieron a recibir la segunda dosis, después de tener ya la primera.
Cabe plantearse si el Gobierno seguirá apostando a la responsabilidad de estas personas o si, en cambio, en algún momento se dará el paso de hacer efectivamente obligatoria la vacunación. A lo que no se puede llegar es a que la vacuna no sea obligatoria, pero que se le exija a todo el mundo para ir a trabajar o para ver una película en el cine, como podría ocurrir de acuerdo a lo que hoy está planteado. Es decir, que el Estado se deslinde de obligar a las personas a vacunarse, pero lo “tercerice”, y deje la decisión en manos de las empresas y organizadores de eventos. → Leer más

Pese a que históricamente desde la izquierda se ha tratado –y hay quienes lo han creído– de despegar las políticas macroeconómicas de la realidad social, apostando a políticas voluntaristas de distribuir dinero que no hay, para “solucionar” todos los males, la dura realidad indica que en economía todo tiene que ver con todo, y no hay mejora de calidad de vida que se pueda lograr si no se guarda un equilibrio entre ingresos y egresos para ponerse a cubierto de avatares, como ocurre en cualquier hogar.
Sobre todo tenemos el caso de América Latina, azotada durante décadas por el advenimiento de regímenes populistas con la mirada puesta en la revolución cubana y otros supuestos “paraísos” del socialismo real, donde sucesivos gobiernos han fracasado y empeorado la situación social por distribuir sin tener, y por lo tanto acumulando deudas y déficit fiscales y estructurales que han sido problemas mayúsculos, mucho peores que lo que se pretendía arreglar, desconociendo elementales leyes de la economía y con riqueza existente solo en los papeles.
Estas reflexiones encajan perfectamente en el escenario que plantea el Reporte de Economía y Desarrollo 2020 del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), del que da cuenta la agencia EFE, en el sentido de que el envejecimiento “generalizado, acelerado”, de la población latinoamericana tendrá una importante incidencia fiscal en la región.
Los datos indican que actualmente algo más del 8 por ciento de la población latinoamericana tiene 65 años o más, lo que implica un porcentaje muy por debajo del 18 por ciento de Europa. Sin embargo, se estima que esa proporción se habrá duplicado en 2050 hasta alcanzar el 17,5 por ciento y a finales del siglo superará el 30 por ciento.
El economista senior de CAF, Fernando Alvarez, evaluó que “actualmente los sistemas de pensiones muestran unos déficits cuyos promedios se encuentran en alrededor del 2 por ciento del PBI en los países de la región, y que se agravarán como resultado del proceso de envejecimiento”.
Por lo tanto uno de los grandes retos radica en que los pensionistas reciban “un ingreso mínimo suficiente” y sobre todo en lo que tiene que ver con la sostenibilidad financiera de los sistemas, en tanto que sobre el mismo tema el vicepresidente de Conocimiento de CAF, Pablo Sanguinetti, consideró que las reformas de las pensiones y sanitarias generan costos a corto plazo, pero “un gran beneficio a largo plazo y requieren amplios consensos políticos sostenidos en el tiempo para llevarlos a la práctica”.
Asimismo, estos sistemas requieren, en general, financiación pública adicional, ya que no pueden sostenerse solo con las contribuciones de empresas y trabajadores, sobre todo “cuando se requiere implementar y fortalecer las pensiones no contributivas”.
Debe tenerse presente que desde el organismo internacional se habla de América Latina como un todo, es decir promediando las situaciones que se da en la región, pero si nos centramos en la problemática en nuestro país, nos encontraremos con un panorama ya “adelantado” en el tiempo, si así se le pudiera llamar, porque el Uruguay tiene un envejecimiento poblacional muy acelerado respecto a los demás países de América Latina, y comparable a los índices de Europa, por lo que el problema ya lo tenemos instalado, solo que con mucho menos recursos que en el Viejo Mundo y por lo tanto con desafíos ya instalados para el futuro cercano.
También pone sobre el tapete las consecuencias de llevar adelante políticas que no tengan en cuenta el equilibrio fiscal, que no es un fin en sí mismo, sino un factor imprescindible de salud y señales que se dan desde el Estado hacia empresas y todos los ciudadanos. Es que al Estado lo sostenemos con nuestros aportes tributarios, pero para que los utilice criteriosamente en aras del bienestar general y no para vivir el momento, como ha sido la constante en los últimos años de bonanza económica tanto en Uruguay como en casi toda Latinoamérica, que terminaron con países acostumbrados a vivir como nuevos ricos pero sin los ingresos para sustentarlo.
Ello es consecuencia de políticas procíclicas, es decir cuando se va aumentando el gasto a medida que se van incrementando los ingresos estatales e incluso, como en el último período, endeudándose por encima de lo que se recibe y apostando a que los buenos tiempos por la receptividad en el exterior van a durar para siempre, sin tener en cuenta que en la economía siempre hay ciclos, y que es de buen administrador y un acto irrenunciable de responsabilidad el tener siempre herramientas para poder hacer frente a los tiempos difíciles, como se han venido dando a partir de 2014 en que comenzó a revertirse las condiciones favorables provenientes del exterior.
Ergo, es preciso contar con consenso político, por lo menos en las grandes líneas, para asumir –y actuar en consecuencia– de que el control del déficit fiscal es un factor decisivo para la sustentabilidad de toda política social, y ni que decir de los sistemas de seguridad social.
En el Uruguay, a partir de la instalación de la comisión técnica que se encarga de evaluar el tema, se confirma que hay mucho paño para cortar e ideas para evaluar, sin dudas, con aportes plurales para ponderar y tratar de coincidir en fórmulas que permitan llegar a la mayor base de apoyo posible. En lo que sí no debe recaerse, es en posturas populistas y demagógicas del estilo de que “al fin de cuentas el dinero va a salir de algún lado”, como se hacía otrora, pateando la pelota para adelante para que otros se hicieran cargo.
La idea central debe ser necesariamente la búsqueda de un consenso para no trasladar a ningún sector o partido el costo político de una reforma que seguramente no resultará simpática, porque de lo que se trata es de dar respuestas desde el punto de vista social con recursos cada vez más escasos, por centrar la discusión en sus aspectos centrales.
El punto es que no es posible pensar que recaiga solo sobre el Estado, sobre las finanzas públicas, sobre los tributos que vayan a pagar los futuros trabajadores, el lograr mejores beneficios. Todo apunta a que se incorporen esquemas complementarios de ahorro o colectivos, para que precisamente haya una distribución más criteriosa de los costos, sobre lo que será dificultoso encontrar consensos si se tiene en cuenta posturas ya expuestas por los directores sociales del BPS, que siguen insistiendo en un sistema exclusivamente de reparto intergeneracional como la panacea del sistema.
Pero como nadie tiene la solución ideal y ni siquiera hay un sistema paradigmático en el mundo para tenerlo de referencia, con todos los temas resueltos, habrá que ir despacito por las piedras, sin descartar ninguna alternativa, con la mente abierta, con las miradas puestas en el largo plazo y en la línea de que en lo posible siempre se compartan las responsabilidades por todo el espectro político. → Leer más

Cerca de la mitad de las derivaciones al INAU son a causa de la violencia familiar. El organismo estatal, junto a Unicef y Equipos Consultores efectuaron un relevamiento, que finalizó el año pasado, y arrojó resultados claves para comprender una problemática estructural.

De acuerdo a este estudio, las tres principales formas de violencia detectadas fueron negligencia, violencia física y sicológica, seguido por abuso sexual. Es decir que, en su mayoría, las situaciones de abandono intrafamiliar y la ausencia de cuidados específicos se igualan a otras situaciones de violencia. Sin embargo, existen dos aspectos no menores que se reiteran desde hace años en las causales de violencia y derivaciones, que son las dificultades económicas del entorno y la falta de una vivienda. Asimismo, un incremento progresivo de los problemas de adicciones, principalmente drogas y alcohol, de los adultos referentes y que terminan en las derivaciones de los menores de 6 años. En esta franja etaria, el 31% de los casos corresponde a esta causal.

Y si la mitad de los casos se refieren a situaciones de violencia comprobable sobre niños y adolescentes, se revela, entonces, una problemática con tendencia al crecimiento. Al igual que los casos de abusos sexual en las adolescentes, donde una de cada cinco fue víctima de este delito.
El tema central es que en la mayoría de los casos ambos padres biológicos de estos niños o adolescentes están vivos, pero un poco más de la cuarta parte de quienes están institucionalizados (27%) recibe visitas y el 39% no mantiene un vínculo.

El punto en cuestión es que si se abre un flanco para la desinternación de los menores por las autoridades, las puertas de sus referentes familiares no están abiertas ni son proclives a un recibimiento. Esta aspiración de las sucesivas autoridades no se aplica, en tanto del otro lado no hay respuestas y desde ese lado es que se explica el fracaso de los egresos.
La pandemia agudizó un problema ya existente. Hace unas semanas, el Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia, dependiente del INAU, confirmó un crecimiento de 3% de estas situaciones contra los menores. Incluso más, porque los subregistros se presentan en estas situaciones de contingencia sanitaria.
En promedio, los técnicos del sistema atendieron 13 situaciones de violencia diaria, en las que –nuevamente– más de la mitad de los casos corresponden a menores de 13 años.

La amplia mayoría de los casos confirmados (91%) se dieron en el núcleo familiar y la figura masculina de la casa fue responsable de más de la mitad de las agresiones. Son casos de violencia recurrente y, con pandemia o sin ella, la violencia dentro de los hogares y sobre la infancia será un asunto que se prolongará en el tiempo y cada vez con mayor deterioro de los lazos.
El miedo por la figura que ejerce violencia, la desconfianza para relatar lo ocurrido ante otra persona y que se entere el agresor y ejerza aún una mayor violencia, son explicaciones básicas pero lógicas. Por lo tanto, pasa el tiempo y son años en la vida de una persona que afectará su desarrollo emocional y síquico. No es lo mismo actuar cuando el problema empieza, que ver las repercusiones a lo largo de los años, cuando ya es un adulto. Porque cuando la violencia es crónica, existen varios involucrados. Aquel que vio y calló, el que supone y no lo comenta, y la institucionalidad existente, que ha reconocido sus propias fallas para un abordaje y seguimiento de situaciones que se repetirán.

Las medidas de aislamiento sanitario, que en Uruguay fueron voluntarias, conspiraron contra el desarrollo normal de la vida de estos niños o adolescentes que no tuvieron asistencia presencial. En forma paralela, cambió las rutinas familiares y algunos de sus integrantes –principalmente mujeres– perdieron empleos o marcharon al seguro de paro. Las transformaciones de la vida cotidiana tuvieron efectos negativos en diversos aspectos, como el económico y social, pero fundamentalmente de convivencia interna.
La limitación en la socialización de todos los componentes repercutió en situaciones extremas, donde los más vulnerables –niños, adolescentes y ancianos– padecieron los embates del miedo sobre los conocidos. Si antes la inseguridad estaba afuera y se miraba las cifras de la delincuencia, ahora el problema estuvo puertas adentro y las caras no eran ajenas.
La virtualidad ayudó a una parte del problema pero recargó la tarea de otros, como el caso de aquellos referentes familiares que debieron cumplir con la tareas educativas o de cuidado continuo, cuando antes ese tiempo estaba a cargo de la escuela o el CAIF.

Porque la decisión de evitar la presencialidad para bajar la carga de contagios por COVID-19 fue igual para todos, pero no todos los afectados por la medida pudieron resolverlo de igual manera. No es lo mismo una familia que contiene y apoya, que otra disfuncional con tendencia al maltrato de sus integrantes.
La salud mental deberá contener un enfoque profundo antes de que finalice la pandemia. Ese velo por correr nos revelará cómo nos encontramos socialmente y explicará que el problema ya estaba instalado, que la profundización de las causales de violencia prevalecen en la infancia y que en tiempos del coronavirus escapan al control social.

Según el Instituto Nacional de Estadística, unas 100.000 personas cayeron en la pobreza durante el año pasado y de ese total, unos 35.000 son niños y adolescentes. Si a la vuelta de la pandemia no cambiamos la mirada y la volvemos más estructural, integral y profunda para minimizar su impacto, entonces siempre volveremos a hablar de lo mismo.
→ Leer más

Cuando el mundo enfrenta desde hace casi dos años, con altas y bajas, la pandemia de COVID-19, al altísimo costo en vidas se suma el arrastre de las consecuencias socioeconómicas, con sectores muy perjudicados –sobre todo los vinculados a la movilidad de personas– pero también con la cadena y efecto dominó de pérdidas de empleos y poder adquisitivo, como regla general.

Este efecto es aun más visible en la región de América Latina, y por supuesto, no escapa a esta regla Uruguay, con fuerte impacto en las fuentes de empleo y sobre todo en las pequeñas y medianas empresas (PYME), que son las mayores proveedoras de empleo en nuestro medio.

De acuerdo a sucesivos informes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) precisamente las pequeñas y medianas empresas de la región han acusado el fuerte impacto de la pandemia, o mejor dicho de las medidas restrictivas y caída de la actividad económica inherente a la situación, lo que agrava el escenario crónico de fragilidad y vulnerabilidad de estos emprendimientos.

Así, un informe del organismo da cuenta de que “la presión experimentada por la institucionalidad pública para enfrentar la pandemia” de COVID-19 reveló con claridad “las fragilidades del sistema de fomento” de las pequeñas y medianas empresas pero al mismo tiempo estimuló la activación de “respuestas que de ser capitalizadas pueden resultar útiles para resolver viejas deudas” y “dar vida a nuevos programas o modalidades de operación más eficientes”.

Refiere la Cepal que hasta fines del año pasado se habían adoptado medidas de apoyo de diferente alcance, –orientadas principalmente al financiamiento– en Colombia, en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Costa Rica, Ecuador y México, como los países de mayor atención hacia el sector en la región.

En lo que tiene que ver con nuestro país, el organismo recoge la participación en el tema de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE), que está jugando un rol fundamental como la agencia de las mipymes, con enfoque de articulación de programas concretos dirigidos a atender las debilidades empresariales en el país.
De acuerdo a lo expresado por los técnicos del ANDE, a los autores del último informe, con relación a las acciones de aporte hacia la construcción de estrategias de reactivación económica, la financiación de esta institución presenta desafíos presupuestales notorios.

La entidad considera que logró cumplir con el decreto que ordenó disminuir el 15 por ciento del gasto dispuesto para toda la administración central y en ese marco destacó que los programas se han mantenido pero se ha realizado una reasignación de fondos hacia los que se consideraron más relevantes.

En lo que hace a los recursos disponibles en el sistema financiero, evaluó que si bien se han relajado los criterios de acceso al crédito, aún es importante aumentar el nivel de formalización de las empresas, en tanto los créditos “fueron ajustados desde programas ya existentes y se ha ido evolucionando hasta la focalización de recursos en sectores que aún no han podido reactivar sus actividades, incluso en la gran empresa, pero a la vez se requiere fortalecer el trabajo en territorio para ampliar la implementación de estrategias locales”.

Por supuesto, en medio de la crisis generada por la pandemia y cuando recién se está reduciendo el número de casos y se mantiene el efecto de arrastre negativo sobre la economía, es difícil adoptar medidas que no solo permitan recomponer el dinamismo perdido en todo este período, sino dejar mejor perfilado el sector para liderar la reactivación económica, tras el desgaste de estos largos meses.

En este contexto, en cuanto a los cambios recientes en torno a la institucionalidad vinculada con el apoyo a las empresas de menor porte, la Cepal considera que el Sistema Nacional de Transformación Productiva y Productividad Transforma Uruguay, creado en 2017, estableció un plan nacional como un marco de proyectos de carácter transversal, enfocado en áreas de interés para el desarrollo productivo. Evaluó además que en el escenario actual de pandemia, la intervención de la ANDE y del Sistema Nacional de Garantías (SIGA), que administra esta agenda, fue clave para abordar las problemáticas que se derivan de la crisis sanitaria y afectan la actividad económica y productiva especialmente de las mipymes.

Si bien la ANDE ha concretado aportes no reembolsables e incorporado asimismo aportes de contrapartes, desde su inicio se considera que las medidas han resultado insuficientes para la dinámica que se procura generar en nuestro país en el ámbito de las PYME, y si ello ha sido insuficiente en épocas normales, mucho más lo es cuando la pandemia ha sido devastadora para la actividad en general de estos emprendimientos y las empresas en general, por encima de cuál sea su envergadura, y las consecuencias en el escenario socioeconómico de las medidas restrictivas por la pandemia.

En el caso de Uruguay, nos encontramos con que las PYME son las proveedoras de no menos del 80 por ciento de los empleos, y su precariedad acentuada en tiempos de pandemia son un factor clave para que se haya resentido la capacidad de captar y por lo menos mantener la fuerza laboral en el sector privado. Ya con serios problemas de formalidad para su desenvolvimiento, lo que repercute por lo tanto en la cobertura social y aportes a la seguridad social, como así también la inserción en el sistema, no es difícil inferir que las medidas restrictivas por la pandemia han resultado un impacto adicional en el sector y en la economía general, más allá de la sensible repercusión en el plano social.

Estas empresas deberían por lo tanto contar con poyo excepcional para insertarse dentro de las posibilidades en una economía deprimida, con caída del consumo y un consecuente empobrecimiento general que tendrá un impacto mayor en las pymes, prácticamente sin espalda financiera y sin colchón para hacer frente a la época de escasez, de depresión en las ventas y serias dificultades para mantener las fuentes de trabajo.

Con este escenario habrá que desenvolverse en la coyuntura, sin perder de vista que los problemas estructurales influyen negativamente, pero deberán postergarse por ahora en su abordaje, desde que la prioridad es apuntalar la incipiente recuperación que se espera se dé en los próximos meses cuando se consolide la alentadora cobertura a través de la vacunación, que permita recuperar cierta normalidad y apuntalar una reactivación, pese al arrastre negativo que se ha reflejado en una caída del PBI en el primer semestre del año. → Leer más

La importancia del cambio climático y su incidencia en el sector agropecuario requiere incorporar la dimensión climática de manera explícita, → Leer más

Resulta llamativo y hasta contradictorio que se esté promoviendo en el parlamento, a instancias del partido Cabildo Abierto, que integra la coalición de gobierno, una revisión de la Ley de Desarrollo Forestal –incorporando limitaciones a la forestación–, la cual ha sido una de las escasas normas asimiladas a políticas de Estado, y que ha sido incluso instrumento utilizado durante los tres gobiernos del Frente Amplio, partido que votara contra la ley cuando era oposición.
A juicio de observadores de la actividad parlamentaria, se trata de un proyecto polémico de esta administración y no hay una posición única definida en el Partido Nacional ni entre los sectores que conforman la coalición gubernamental. La iniciativa apunta a modificar el marco normativo que rige la forestación y establece determinados límites a las plantaciones en suelos de prioridad forestal.
El proyecto fue presentado por Cabildo Abierto a fines del año pasado y cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, que lo aprobó en diciembre y ha pasado por lo tanto a la Cámara de Senadores para completar el trámite parlamentario.
Sin embargo, en comisión de la Cámara Alta, el saliente ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos Uriarte, no dio prioridad al tratamiento del asunto, lo que provocó reacciones adversas en Cabildo Abierto, uno de cuyos senadores, Guillermo Domenech, subrayó que es de muchísima importancia: “dilatarlo es contraproducente, incluso para la imagen del sistema político, que parecerá que tuviera dificultades para pronunciarse sobre un tema que es importante y vital para el agro”, sostuvo.
El senador nacionalista Sebastián Da Silva no es tan entusiasta como su colega Domeneche, y dijo al respecto que “la forestación no es el inicio ni el fin de la actividad agropecuaria, y actualmente hay otros temas que también son urgentes”, mientras que su colega del Partido Nacional, Sergio Botana, por su lado evaluó que “no se puede tratar a la ligera un proyecto de ley que contiene el destino de la tierra en el Uruguay”.
Según destaca el semanario Búsqueda, la mayoría de los sectores políticos coinciden en la necesidad de actualizar la normativa legal sobre la forestación, considerando que hubo cambios y transformaciones importantes en el agro y en la economía uruguaya respecto a lo que sucedía en los años ‘90.
La ley que sentó las bases del desarrollo forestal es la 15.939, promulgada en 1987 durante el gobierno de Julio María Sanguinetti, pero fue instrumento de desarrollo del sector utilizada por todos los gobiernos desde entonces, tanto del Partido Nacional como del Frente Amplio, y ha logrado que se plantaran cientos de miles de hectáreas de eucaliptos y pinos y se instalen tres plantas de celulosa para exportación, entre otros emprendimientos que utilizan madera como materia prima.
El expresidente Sanguinetti precisamente ha indicado que el Partido Colorado aspira a que el proyecto de ley sobre forestación presentado por Cabildo Abierto ni siquiera sea tratado por la Comisión de Ganadería del Senado, donde espera turno desde el mes de febrero.
“Hemos impugnado el proyecto que está en el Senado. Aspiramos a que ni siquiera se trate y si se trata estaremos totalmente en contra. No debe haber ley”, dijo a El Observador Julio María Sanguinetti, en tanto que el actual presidente Luis Lacalle Pou ya había anunciado que en caso de ser aprobada vetaría la iniciativa.
Para Sanguinetti la forestación “es esencial para el desarrollo nacional” y “ha sido el cambio estructural más importante en la economía del país. Cambiar las reglas de juego hoy es comprometer una expansión que aún tiene enormes posibilidades que están creciendo”.
Aseguró además que avanzar con el proyecto presentado por Cabildo Abierto “es transformar una legislación de estímulo en una legislación de sospecha”.
Precisamente el partido que lidera Guido Manini Ríos también ha planteado revisar las exoneraciones que benefician al sector forestal, al punto de tratar de equipararlo con el resto del sector agropecuario.
Sin dudas que estamos ante una problemática que tiene muchas puntas y que en este caso implica la revisión de leyes de juego que han alentado y logrado el desarrollo del sector forestal, además de emprendimientos como las plantas de celulosa que se han constituido a esta altura en uno de los pilares de exportación en el área agropecuaria. Basta recorrer el interior del país para comprobar los efectos beneficiosos y el derrame de este rubro en la economía nacional, donde se puede viajar por carreteras en un estado inimaginable hace tan solo 10 o 15 años, cuando ni siquiera las principales rutas del país se encontraban tan bien como algunas de las secundarias de ahora, por ejemplo. De hecho, si la Uruguay tiene posibilidades de salir no tan mal parado de la crisis por la pandemia del coronavirus, en gran medida es gracias a la forestación y las papeleras.
La experiencia indica que no es buena señal para potenciales inversores el cambiar sobre la marcha reglas de juego que han funcionado y traído aparejadas fuertes inversiones, con explotaciones de largo plazo, menos aún cuando las motivaciones para esta iniciativa de la revisión aparecen con un fuerte sesgo supuestamente ambientalista, pero deja dudas en cuanto a su equilibrio y objetivos.
En suma, se requiere hilar muy fino cuando de lo que se trata es de tocar aquello que ha funcionado, y en cambio aparece como sustancial abordar sí aspectos que tiendan a dotar de valor agregado a la madera dentro de fronteras, que es uno de los déficit que aqueja a este sector.
Pero este aspecto queda de lado en la normativa que se propone para el sector forestal, el que en volumen y valores ha tenido un gran crecimiento en los últimos años, al punto que tiene un peso actual de alrededor del 3 por ciento en el Producto Bruto Interno (PBI) y da trabajo a más de 17.000 personas en forma directa.
En realidad, si bien las normas inherentes a la forestación podrían ser objeto de revisión y actualización, todo indica que el objetivo prioritario en los legisladores debería ser el de aguzar el ingenio para promover emprendimientos que incorporen valor agregado a la madera, en lugar de hacer hincapié solo en la afectación de la tierra y el aspecto tributario, porque lo que se requiere son más fuentes de empleo de calidad y reciclaje de riqueza, antes que buscarle la quinta pata al gato. → Leer más

El 1º de julio de 1910, hace hoy 111 años, salía a la calle el primer ejemplar de EL TELEGRAFO, en una época pletórica de desafíos, que sin embargo solo fueran aliciente para el entusiasmo de una generación de soñadores con la pluma como instrumento para promover el desarrollo del solar y ser portavoz de sus inquietudes, sus esperanzas y necesidades, pero con la decisión de llegar a realizaciones y recoger el sentir de los sanduceros en los albores del Siglo XX.
Fue fruto de la decisión de Miguel A. Baccaro y Angel Carotini el lanzarse a la aventura de contar con un medio para hacer de su pluma un instrumento de lucha por ideales que incluso a más de un siglo siguen vigentes, pese a que en la sociedad hay valores que han cambiado y no necesariamente para bien.
Recién asomaba por lo tanto el nuevo siglo, que fue de grandes transformaciones para la humanidad, y que en nuestro caso nos tuvo como motores y a veces protagonistas de acontecimientos de gran repercusión, y no solo local.

Aquel primer ejemplar apareció en un Paysandú “adolescente”, pero que estuvo desde siempre asomado al río, vía de llegada y salida de la riqueza que se generaba y reciclaba en este lugar.

Sin dudas que el tiempo ha dado la razón con creces a los visionarios que en aquel entonces buscaron su lugar en la lucha por un Paysandú mejor, por su gente, por el desarrollo de emprendimientos que generaran empleo para los sanduceros, pero a la vez para trascender las inquietudes lugareñas hacia una región pujante y de gran proyección por su ubicación estratégica, lo que fue confirmado con el paso de las décadas.

Claro que los tiempos eran muy distintos, había grandes diferencias entre aquel mundo y el de hoy, con un diario que se armaba completamente a mano y salía a conquistar lectores basado solo en la calidad, agudeza y veracidad de su contenido, lo que contribuyó construir una trayectoria respaldada a lo largo de las décadas por los sanduceros que se sintieron representados y se encolumnaron detrás de nuestro diario.

Fueron tiempos turbulentos, signados por avatares y obstáculos que se fueron sorteando, pero también en los que se fueron construyendo los pilares del desarrollo, pese a que hubo diferencias entre orientales que llevaron a guerras fratricidas, con el aporte de nuestro granito de arena a la libertad de expresión en aras de construir la tolerancia y la paz que permitiera asomar al mundo civilizado de aquel entonces.

En este más de un siglo hemos tenido incluso dos guerras mundiales, seguidas al detalle por la población a partir de las páginas de EL TELEGRAFO, como así también la satisfacción y la alegría de anunciar los acuerdos de paz, mientras siguieron llegando a estos lares olas migratorias desde diversos orígenes que se integraron al trabajo, materia prima del crisol de razas, de religiones, de culturas, que en las sucesivas generaciones fueron construyendo el ser sanducero. Contribuyeron a generar el nunca desmerecido espíritu de Paysandú, que hemos tratado de mantener en alto través de nuestra prédica.

Transitando este sendero hemos participado activamente, pecando de inmodestos, en el impulso y florecimiento del Paysandú industrial que se consolidara en la década de 1940 y que se proyectó pujante hacia la segunda mitad del Siglo XX. Época de oro, por cierto, en la que el trabajo del terruño se tradujo en la creación de más fuentes de empleo y la industrialización de materia prima de la zona, en emprendimientos a tono con los tiempos.

Esta pujanza económica a la vez impulsó el florecimiento en obras de construcción, la mejora de calidad de vida, en las letras, en las artes, en las artesanías, que han signado el patrimonio histórico sanducero. Pero a la vez, generando vitalidad en una comunidad que nunca se ha resignado a vivir solo mirando el pasado, por venturoso que fuere, sino forjando su presente y actuando con visión de futuro.

En esta sumatoria de voluntades, haciendo honor al legado del pasado, Paysandú ha contado con el aporte de prohombres que fueron pioneros y que hoy son ejemplo para nuestra comunidad, pero incluso con muchos de sus descendientes actuando en diferentes lugares, embarcados en emprendimientos que si bien no son de la magnitud ni de las características de los de otras épocas, hacen su aporte, como el de miles de sanduceros que diariamente aportan su fuerzo como parte de una comunidad que conserva muchos puntos en común con la de aquella época de oro.

Aunque es un razonamiento muy extendido el dar por un hecho que todo tiempo pasado fue mejor, y así se ha repetido en las sucesivas generaciones, estamos ante apreciaciones subjetivas que son generalmente producto de una valoración personal nostalgiosa las más de las veces, asimilada a sensaciones de días de juventud y con miradas que a veces han quedado refugiadas en un pasado al que se añora y al que no nos resignamos a dejar atrás.

Esta concepción es muy válida para el ser humano, con su mirada personal y emotiva, pero se da de bruces con la realidad histórica de la búsqueda constante del avance y el desarrollo en todos los órdenes de la vida. Es que ni ayer ni hoy las cosas han sido fáciles, y en todos los tiempos han habido cosas mejores y peores, solo que estancarse siempre ha significado retroceder.

Desde su nacimiento, EL TELEGRAFO ha pretendido atenerse a esta última premisa, y es así que hemos avanzado gradualmente desde los años en que todo el proceso en nuestros talleres se hacía en base a plomo fundido, hasta incorporar una moderna planta de impresión como pieza final de un proceso que actualmente es totalmente informatizado, al tiempo que en Internet somos el medio líder del Intterior, pero siempre con el ejercicio del periodismo y el servicio a la comunidad como eje motor de nuestras acciones y desvelos en el diario contacto con nuestros lectores.

Mantener esta línea de acción a lo largo de 111 años de existencia no es poca cosa, pero sin dudas esta celebración más que centenaria solo ha sido posible por el respaldo de nuestros consecuentes lectores, los que nos han acompañado generación tras generación y nos han alentado a seguir adelante.
Son el pilar en que nos apoyamos para seguir en el rumbo que nos hemos trazado. A ellos, a todos los sanduceros, nuestro afectuoso reconocimiento en este festejo tan especial. → Leer más