Opinión

Ha ocurrido varias veces y conviene hacer un llamado de atención al respecto. Tal vez la ocasión más reciente haya sido durante la visita que la semana pasada realizó el subsecretario de Ambiente, Gerardo Amarilla, a quien el intendente departamental, Nicolás Olivera, recibió en su despacho y luego acompañó a una visita al humedal de La Curtiembre. Allí, al atender ambos a los medios de prensa Olivera dijo estar recibiendo “primero que nada a un amigo y también subsecretario de Ambiente”. No es que esté mal que el intendente y un subsecretario sean amigos, de hecho comparten partido político y coincidieron en la cámara de Diputados durante el período en el que Olivera fue representante nacional por nuestro departamento. Lo que sí, en cambio, debiera omitir es ese “primero que nada”, porque en realidad, ese “primero que nada”, para ambos, debería de ser el rol institucional que ejercen.
Y no es que se trate meramente de un asunto de terminología, porque además no es la primera vez que este término, “amigo”, lo escuchamos de boca de algún integrante del gobierno (y no solo del actual) al aludir a otro dirigente o miembro del gobierno, o a una persona con la que se ha relacionado.
Tal vez el episodio más sonado ha sido el que protagonizara el ministro de Turismo, Germán Cardoso, a quien se escuchó en una grabación telefónica obtenida durante una investigación a un jerarca de la Policía de Maldonado, imputado de diferentes delitos.
Un artículo del diario El País sobre esta investigación y de qué manera se relaciona con ella el ministro, señalaba que “existieron gestiones (por parte del policía) realizadas para terceras personas”, dijo Vaz en la audiencia, y agregó: “En efecto, hay gestiones que le solicita el señor Germán Cardoso, actual ministro de Turismo”. Ambos, agregó, “tenían un diálogo fluido y un vínculo de amistad. En ese contexto el representante del ministerio público detalló las llamadas que existieron entre Cardoso y el efectivo imputado”.
Ahí aparece el vínculo de amistad entre dos autoridades abriendo la puerta para que las relaciones institucionales se salteen los caminos regulares. La nota enumera varias comunicaciones entre el ministro y el funcionario. Una de ellas, por citar un ejemplo, fue una comunicación del 1º de diciembre de 2020, a la hora 16:25 en la que “Cardoso llamó al policía y le dijo que su madre había sido víctima del ‘cuento del tío’. El ministro le pidió entonces al jerarca el número de teléfono desde donde el estafador se había comunicado con su madre”.
El ministro en este caso, como en varios de los de la serie que aparece en la publicación, no actúa en función de un interés institucional, sino como un ciudadano común que le pide un favor a un amigo. Lo que no está bien es que ese vinculo amistoso se quiera emplear como justificativo. Abrir esa puerta es muy peligroso.
Pero el ministro Cardoso también ha tomado decisiones controvertidas en el ejercicio de su investidura ministerial en las que este factor del vínculo amistoso está por lo menos en condición de ser mencionado como un posible justificativo: sin ir más lejos, el traslado de la lancha Pájaros Pintados I, que se encontraba en Nuevo Berlín y que se destinó a La Charqueada, en el departamento de Treinta y Tres, un departamento en el que Cardoso tiene vínculos familiares. Su suegro, diputado por ese departamento, es además abuelo de un edil del Partido Nacional, hijo del hoy intendente olimareño.
Recordemos que cuando Cardoso fue personalmente a hacer acto de entrega de la embarcación en ese nuevo destino, afirmó que esta llevaba dos años abandonada en un galpón. De esta forma mintió groseramente para justificar la decisión del traslado de una lancha, ignorando un ofrecimiento de la Intendencia de Río Negro y del Municipio de Nuevo Berlín de subsidiar los costos fijos anuales de esa embarcación como forma de apoyar la actividad turística en tiempos de pandemia.
En esa oportunidad el ministro anunció además una serie de inversiones previstas en materia turística en ese departamento y en la zona, mientras, al mismo tiempo, se desactivaba el Corredor Pájaros Pintados y todo el trabajo que se había realizado organizando a los actores turísticos en el territorio, para volver a impulsar desde la cartera la marca “Destino Termas”, decisión con la que los principales beneficiados fueron los grandes hoteles de Salto, a quienes más de una vez el subsecretario de Turismo ha referido como “amigos”, un término muy suyo, por otra parte.
Lógicamente, tal vez se trata nada más que de coincidencias y estas decisiones tienen detrás una fundamentación política y técnica que las respalde. Siempre la hay. No obstante, en La Charqueada ya existía una lancha turística que no estaba navegando, por las mismas razones por las que no lo hacía la de Nuevo Berlín. Ahora hay dos y en Nuevo Berlín, ninguna.
En suma, no está mal de por sí que dos personas públicas, dirigentes políticos, sean amigos entre sí, y que después de las formalidades se reúnan a comer, a tomar algo o ver un partido.
De lo que hay que cuidarse y estar atentos es a que estas relaciones no determinen de alguna manera la toma de decisiones en el ejercicio del cargo para el que se les designó. → Leer más

En el marco de las graves consecuencias de la pandemia de COVID-19 a nivel global, desde el punto de vista socioeconómico, sin dudas una de las regiones más golpeadas es América Latina, que agrega además a sus crónicas carencias, dificultades adicionales durante y sobre todo una vez se supere el flagelo sanitario.
Una de las áreas que se perfila como una de las más problemáticas en esta coyuntura y también en la proyección en el futuro inmediato es la de la educación, aspecto este que precisamente es motivo de análisis en una columna de The New York Times, que indica que América Latina enfrenta una crisis de educación pandémica, al punto que mientras las economías se tambalean y millones de niños y jóvenes están fuera de las aulas, los expertos advierten que los estudiantes latinoamericanos están abandonando las escuelas en cifras alarmantes.

Es que ya avanzado el segundo año de la pandemia, América Latina enfrenta una crisis educativa, uno de cuyos elementos más salientes es que ha sufrido el cierre de escuelas más largo de cualquier región del mundo, según Unicef, de casi 16 meses en algunas zonas.
Mientras muchos estudiantes de los países más desarrollados y economías prósperas han regresado a las aulas, unos 100 millones de niños de América Latina siguen estudiando total o parcialmente a distancia, o directamente no lo hacen.

En este contexto, evalúa el articulista que los funcionarios y expertos en educación indican que las consecuencias son alarmantes: con las economías de la región afectadas por la pandemia y las conexiones con las aulas tan desgastadas, los niños de primaria y secundaria están abandonando la escuela en gran número, a veces para trabajar donde puedan.
Según estimaciones del Banco Mundial, es posible que millones de niños en América Latina ya hayan abandonado el sistema escolar. En México, 1,8 millones de niños y jóvenes no retomaron sus estudios este año, lo que equivale a cerca del cinco por ciento de la población en edad escolar, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del país.
Otro país afectado, Ecuador, estimativamente perdió 90.000 alumnos de primaria y secundaria, en tanto en Perú se indica que ahora hay 170.000 menos, pero todo indica que las pérdidas reales sean mucho mayores porque innumerables niños, siguen técnicamente matriculados, pero tienen dificultades para continuar sus estudios.
Paralelamente, más de cinco millones de niños en Brasil no han tenido acceso a la educación durante la pandemia, un nivel no visto en más de 20 años, dice Unicef.

Agregamos de nuestra parte a este análisis que en Argentina, sobre todo por decisión de los gremios que se acoplaron entusiastamente a la cuarentena más larga del mundo dispuesta por el presidente Alberto Fernández –que ni por asomo pudo evitar la extensión de la pandemia y los consecuentes números de casos y muertes–, no ha habido clases presenciales, y la cobertura para las dictadas a distancia ha sido mínima por falta de recursos tanto de las familias destinatarias como del sistema educativo.
Incluso, para tratar de compensar este déficit en educación, la idea es que no haya repetición y se siga avanzando en los grados, lo que lisa y llanamente significa trasladar los problemas para el futuro inmediato, porque esos niños y adolescentes seguirán “escalando” a dedo sin los conocimientos necesarios ni capacidad de adaptación y más temprano que tarde el problema explotará, con serias consecuencias.

En nuestro país, con altibajos de acuerdo a las condiciones entre las que ha variado la magnitud de los contagios, se ha oscilado entre cierres y aperturas en los centros estudiantiles, con clases presenciales y virtuales, pero en el marco de un escenario irregular y en el que sin dudas habrá problemas adicionales de rendimiento en los estudios, que se suman al déficit en este aspecto que se arrastra desde hace varios años.
Esta evaluación coyuntural se da igualmente en un contexto en que ha habido luces y sombras entre el acceso a la educación y los resultados en el rendimiento y el conocimiento de los estudiantes del subcontinente.
Según los columnistas del New York Times, el aumento del acceso a la educación ha sido uno de los grandes logros del último medio siglo en América Latina, con un incremento de la matriculación de niñas, estudiantes pobres y miembros de las minorías étnicas y raciales en varios países.

Pero ahora, una avalancha de abandonos escolares amenaza con hacer retroceder años de progreso duramente conseguido, agudizando la desigualdad y posiblemente condicionando a la región para las próximas décadas.
Este escenario, para Emanuela Di Gropello, del Banco Mundial, configura “una crisis generacional”, e instó a los gobiernos a reincorporar a los niños a las aulas lo antes posible. “No hay tiempo que perder”, sostuvo.
La región, con menos del diez por ciento de la población mundial, representa casi un tercio del total de muertes registradas por COVID-19, según un análisis de The New York Times. Y con las tasas de vacunación todavía bajas en muchos países –en parte porque las naciones ricas reservaron primero las vacunas para sus propios ciudadanos; en otros casos, por el pésimo manejo de las negociaciones o por aspectos ideológicos, como en Argentina– el virus sigue devastando la región.

El punto es que, a menos que los confinamientos terminen y los estudiantes vuelvan pronto a las aulas, “muchos niños nunca regresarán”, advierte el Banco Mundial. “Incluso aquellos que regresen habrán perdido meses o incluso años de educación”. Algunos analistas temen que la región pueda registrar a una generación de niños perdidos, no muy diferente a los lugares que sufren años de guerra.
Es que precisamente los expertos coinciden en que no se conocerá el costo educativo total de la pandemia hasta que los gobiernos hagan que los niños regresen a las escuelas. Di Gropello, del Banco Mundial, dijo que temía que muchos niños, especialmente los más pobres que no tienen computadoras ni conexión a internet, abandonaran sus estudios cuando se dieran cuenta de lo atrasados que estaban.
Ello da la pauta de que los costos educativos y socioeconómicos de la pandemia serán mucho mayores al que pueda pensarse en primera instancia, porque más allá de las consecuencias económicas que ya se están padeciendo, cada país y la región en su conjunto, con el apoyo de organismos internacionales, deben ir pensando cómo se trabajará lo antes posible para revertir este rezago adicional que se agrega a los problemas estructurales exacerbados por la crisis sanitaria.

En todo caso, lo que sí es seguro, es que aún cuando la pandemia haya sido superada y quedado tan solo como un amargo recuerdo en la memoria colectiva, seguirá impactando en el mediano y largo plazo con efectos inimaginables, cuando la generación perdida de la educación actual tenga que insertarse en la vida laboral, sin las herramientas necesarias adquiridas por falta de preparación y conocimientos. → Leer más

En marzo de 2020, cuando transcurrían los primeros días luego de la declaración de emergencia sanitaria por COVID-19, al poco tiempo de la asunción del nuevo gobierno, sorprendía a algunos integrantes del Poder Ejecutivo las cifras elevadas de trabajadores informales existentes en Uruguay.
Sin embargo, alcanzaba nada más con transitar las calles en el Interior del país y mirar los números publicados por el Instituto Nacional de Estadística, para saber que había 24,8% de trabajadores en negro ya a fines de 2018. Es decir, las cifras corresponden al panorama laboral anterior a la pandemia. Por lo tanto, la sorpresa de entonces habla mucho más de la clase política en general, que de aquellos que estaban ocupados en vender una imagen positiva con un desempleo menor a dos dígitos y una coyuntura económica prácticamente envidiable. Porque a pesar del récord de personas registradas en el Banco de Previsión Social, había y habrá un núcleo duro que continúa bajo ese guarismo.

La red de protección social en Uruguay tiene una elevada cobertura en comparación con otros países del continente latinoamericano, donde sus economías se caracterizan por sostener elevados niveles de informalidad.
Con la llegada de la COVID-19, hubo que integrar a nuevas figuras dentro de esa red de protección y proteger a los hogares vulnerables, fundamentalmente aquellos donde residen niños y adolescentes.
En este caso, como en otras circunstancias sociales apremiantes, hace falta una mirada global para saber dónde y cómo estamos parados. En el mundo, hay más de 2.000 millones de trabajadores empleados en economías informales y en Latinoamérica hay países con cifras por encima del 80%. Es el caso de Bolivia, que de acuerdo a las tasas manejadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con cifras correspondientes al año pasado, se ubicaba en torno al 84,9%, seguido por Guatemala con el 79%.

En otros siete la informalidad corresponde a más de la mitad de la fuerza laboral del país y en Argentina, llega al 50%. Con índices menores se encuentran Chile y Uruguay, donde la cuarta parte de los trabajadores se desempeñan en el ámbito informal.
Impactan las cifras por sí mismas, pero el análisis no deberá apartarse de la realidad política que atravesó a cada nación, donde en las últimas décadas se instalaron gobiernos de variadas ideologías. En cualquier caso, los niveles de aportes tampoco resultaron accesibles para aquellos trabajadores que optaron por continuar en la informalidad ante los costos que deben enfrentar y, sin dudas, las responsabilidades familiares.
Sin embargo, la pandemia demostró que el trabajo dentro de la formalidad tiene mayores ventajas y perspectivas, a raíz de los elevados niveles de envíos al seguro de paro o subsidios por enfermedad que pagó y, aún paga, el sistema de seguridad social uruguayo.
Si hace falta un cambio de mentalidad, es necesario comprender que no ocurre rápidamente y eso es notorio en algunos núcleos duros que debieron atenderse a través de subsidios del Estado. Porque lo que antes no se atendía, debió enfrentarse en medio de una pandemia y con miles de casos que se sumaron conforme pasaban los meses.
Y porque el deterioro del panorama laboral también complicó la calidad de los aportes y, principalmente, las contribuciones de los trabajadores a esa seguridad social que hoy mismo se encuentra en medio de una discusión ante una inminente reforma.
El mayor deterioro afectó a las mujeres e incrementó las brechas de participación y, claramente, de índices de pobreza, particularmente en aquellos hogares monoparentales. Son todas situaciones que verán afectadas sus vidas en un futuro, ante la posibilidad de acceder a jubilaciones o pensiones.
Serán situaciones, a todas luces desgastantes, que tendrán consecuencias diversas y prolongadas en el tiempo. Porque las inequidades persistirán y la automatización en diversas áreas de la producción conspirará contra la creación de fuentes de empleo y los aportes a la seguridad social. Este ritmo, acelerado e inevitable, ya se nota en variados rubros de la economía y modifican las estructuras del trabajo en Uruguay.

Incluso el teletrabajo marcó distancias, con una mayor incidencia en Montevideo comparado con el Interior, en el ámbito público con relación a los privados y de mayores niveles educativos en contraposición a menor educación. Por lo tanto, la pandemia también dejó en evidencia los impactos asimétricos y las inequidades que ya estaban instaladas en la sociedad.
Porque el mercado laboral presentaba deterioros cinco años antes del año de la pandemia, con la pérdida de más de 50.000 empleos. Una cifra similar a los puestos cotizantes perdidos en el último año. Entre Montevideo y el resto de los departamentos, la pérdida de puestos de trabajo tuvo un mayor impacto en el Interior que en la capital del país.
Y el futuro cercano no es halagüeño, porque los empleos perdidos se recuperarán en forma parcial, en tanto se abre una gran interrogante ante la llegada de la próxima negociación colectiva. En forma paralela, es necesaria la opinión del sector empresarial en este complejo escenario, donde sólo el 20% de los ejecutivos espera que la cantidad de trabajadores en su empresa sea mayor al que tenía en 2019, es decir prepandemia. De acuerdo a la Encuesta de Expectativas Empresariales, de la consultora Exante, “las decisiones de contratación parecen poco sensibles a eventuales medidas de promoción del empleo”, como por ejemplo las exoneraciones previstas por el Poder Ejecutivo o el anunciado proyecto de ley del ministro de Trabajo, Pablo Mieres, que cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores para la promoción del empleo en mujeres, jóvenes y personas mayores de 45 años.

A esto deberá agregarse el componente tecnológico, que es un desafío para las inversiones en las empresas, y la preparación de una masa laboral con tendencia a formas de trabajo tradicionales. Esto, también, forma parte de una problemática estructural que no se solucionará rápidamente, aunque ya no exista la pandemia. → Leer más

Desde la llegada a nuestro país del coronavirus COVID-19 los uruguayos nos hemos acostumbrados a recibir un cúmulo de información que claramente ha mostrado un panorama sombrío de la situación del país en esa materia: a los números de fallecidos, de nuevos infectados y de internados en CTI se suman las personas que se encuentran en seguro de paro por haber visto finalizado o reducido su relación laboral y por ende el sustento para sus familias. Mientras tanto, en forma paralela se desarrollan otros efectos causados por esa enfermedad que han puesto en jaque (cuando no de rodillas) nada más y nada menos que a uno de los poderes del Estado: el Poder Judicial, cuyo funcionamiento en los últimos meses dista mucho de poder ser considerado como normal y efectivo para quienes recurren al mismo.
En efecto, esta tradición nos acompaña desde la época de la gesta por nuestra independencia, ya que las Instrucciones el Año XIII, impartidas a los Representantes del Pueblo Oriental para el desempeño de su encargo en la Asamblea Constituyente fijada en la Ciudad de Buenos Aires el 13 de Abril de 1813, hacen una referencia expresa a la división entre el poder legislativo, ejecutivo y judicial expresando que “estos tres resortes jamás podrán estar unidos entre sí, y serán independientes en sus facultades”. Así de antigua, de arraigada y de trascendente es para los habitantes de este suelo la importancia de la existencia del Poder Judicial y de su adecuado y eficaz funcionamiento.
En un país como Uruguay, donde la atención pública está centrada en los legisladores, los ministros o los directores de los entes autónomos, resulta necesario y oportuno reflexionar sobre el diario accionar del Poder Judicial, el cual muchas veces pasa desapercibido por carecer de la fanfarria o del glamour que rodea a los miembros del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo. Amontonados en oficinas cuyas condiciones edilicias distan mucho de ser las mejores, apremiados por la falta de hojas o de una impresora que funcione adecuadamente, quienes integran o interactúan con ese poder estatal (jueces, actuarios, funcionarios, abogados entre otros) tratan de cumplir con sus obligaciones de la mejor manera posible mientras la pieza más importante de ese mecanismo (el justiciable, aquel que se ha presentado ante la Justicia para hacer valer sus derechos) ve como los días, los meses y los años transcurren sin que se logre el objetivo de protección tan anhelado. Parte de esa patología democrática reposa en el hecho que la ciudadanía en general no ha tomado una real conciencia de la importancia que el Poder Judicial tiene para la vida institucional de un país y para su desarrollo y estabilidad económica, política y social. En efecto, tal como lo ha señalado el académico Eduardo J. Couture, “el juez es el centinela de nuestra libertad. Cuando todo se ha perdido, cuando todos los derechos han caído, cuando todas las libertades han sido holladas, cuando todos los derechos han sido conculcados, siempre queda la libertad mantenida por el juez. Pero el día en que el juez tenga miedo, sea pusilánime, dependa de los gobiernos, de las influencias o de sus pasiones, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo, porque ya no queda más derecho en esa pobre patria así perdida” (…) “El juez servil al Poder Ejecutivo no es el que quiere la Constitución; el juez demagogo no es el juez idóneo que aquélla promete; el juez cuyos fallos son desobedecidos por los órganos encargados de cumplirlos es todo lo contrario de un juez…”
En palabras del académico Fernando Cepeda Ulloa “La importancia que para las sociedades en desarrollo y las subdesarrolladas tiene el poder judicial, es innegable. Si el supuesto es el de la mayor inseguridad o desprotección en este tipo de sociedades lo consecuente sería propugnar por un sistema jurídico permeable a intentos reformistas y un poder judicial consciente de esa realidad y dotado de los instrumentos intelectuales, económicos y burocráticos para cumplir a cabalidad su delicadísima función. Buena parte de las posibilidades de preservación del juego político en países no desarrollados está ligada a las probabilidades de perfeccionar el orden jurídico y, luego, a su real vigencia. Legislaciones obsoletas o plagadas de lagunas y contradicciones no contribuyen a preservar el debido respeto a la ley y, más bien, ponen en tela de juicio lo que ella debe tener de legitimidad. Y un poder judicial que se pierde en el leguyelismo, que permanece silencioso ante la evidencia de su propia impotencia para administrar “pronta y cumplida” justicia, está, ni más ni menos, notificándole a los miembros de la sociedad que el sistema de protección es precario si no inexistente”. Una Justicia que llega tarde será siempre una Justicia que no cumple con la finalidad primordial de resolver pacíficamente, de manera efectiva y en el menor tiempo posible las diferencias de las personas físicas o jurídicas que se someten a un proceso ante los tribunales de nuestro país.
Ante este panorama, resulta impostergable que el Poder Judicial y todos quienes desarrollan su actividad en el mismo tomen las medidas necesarias para normalizar efectivamente el funcionamiento de la actividad jurisdiccional aún cuando al parecer las críticas no son bienvenidas en el ex Castillo Piria de la Plaza Cagancha. En efecto, en las últimas semanas el Presidente de la Suprema Corte de Justicia (el máximo órgano del Poder Judicial), Dr. Tabaré Sosa, ha formulado una serie de desafortunadas declaraciones que incluyeron la decisión de Sosa, de cortar el diálogo con el titular del Colegio de Abogados, Dr. Diego Pescadere, luego de que el mismo realizara críticas públicas sobre el accionar de la corporación. La conducta de Sosa no sólo constituye una clara vulneración a una institución , como el Colegio de Abogados del Uruguay, sino también una inusitada violación de la institucionalidad que debe ser especialmente respetada y resguardada por uno de los poderes estatales y muy especialmente por el Poder Judicial. Como era de esperar, los comentarios de Sosa despertaron numerosas críticas en ámbitos judiciales, políticos y académicos tanto nacionales como extranjeros. Resulta contradictorio que, en lugar de abocarse a las funciones asignadas a la Suprema Corte de Justicia, su presidente se haya dedicado a una guerra mediática contra una institución con más de 90 años de actividad gremial profesional y a cuyo presidente amenazó con un juicio por daños. Flaco ejemplo el del Sosa para el resto de los jueces uruguayos.
Mientras tanto, los ciudadanos asisten impotentes y con desesperación a demoras injustificables de procesos que le permitan fijar una pensión alimenticia, reclamar deudas laborales, obtener una sentencia de divorcio o lograr una indemnización por los daños y perjuicios que le han causado. A la satisfacción de estas “víctimas de la Justicia” (que financian con sus impuestos el funcionamiento de una estructura que no los está protegiendo) debe abocarse de una vez por toda la Suprema Corte de Justicia, los jueces y los funcionarios de un Poder Judicial que debe estar a la altura del momento que vive nuestro país. → Leer más

Desde hace más de una década que en el continente latinoamericano se intenta justificar lo que hacen los gobiernos liderados por exguerrilleros o exrrevolucionarios, sin importar si se violan derechos humanos, si avasallan la democracia o si es una dictadura maquillada. En Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, permanecen en el poder desde hace más de una década. De hecho, va en camino a ser el presidente que más años tiene al frente de la presidencia de su país.
A lo largo de los años, han conseguido alianzas de todo tipo. Desde empresariales hasta eclesiásticas y han perdido el respeto a la democracia. Reprimen protestas bajo formas violentas y encarcelan a quienes tengan la osadía de manifestarse como adversario político, o tengan alguna posibilidad de hacerles mella en las urnas.
Por eso, las elecciones del 7 de noviembre serán un trámite y se reducirán a una formalidad para dar un tinte de legalidad a la tiranía que sufre el pueblo nicaragüense, mientras las condenas internacionales han resultado tibias. Tan tibias, como la propia oposición nicaragüense, a fuer de sinceros.

Y en ese mar de tibiezas que es inconfundible en la política latinoamericana, navega este presidente ya acostumbrado a que los totalitarismos son malos, sólo si provienen del bando contrario. Paradójicamente, Ortega defiende hoy todo contra lo que un día luchó, y por lo que se derramó mucha sangre. Porque la Revolución Sandinista (marxista-leninista), de la cual él fue una de las principales figuras y que terminó con la dinastía de la familia Somoza tras asesinar al dictador Anastasio Somoza en un atentado con cohete, no fue precisamente pacífica. Pero eso tampoco es nuevo en América Latina.

Ahora varios permanecen callados la boca y se desconocen las razones, cuando el presidente sandinista encarcela y tortura a los propios compañeros de la Revolución. O, sí. Es que el relato en ocasiones se vuelve en contra cuando se dan cuenta que no es posible sostener veleidades sesentistas en un mundo de continuas transformaciones. Tecnológicas, políticas y también ideológicas aunque les cueste creerlo. Y despiertan para ver que un dictador, es dictador así sea de derecha o de izquierda.
Hoy, reconocer que Ortega se puso del lado malo de la política, es confesar que existe –en el fondo de la cuestión– un relato que se cae a pedazos. El 26 de mayo de 2008, este presidente recibió de mano del entonces intendente de Montevideo, Ricardo Ehrlich, las llaves de la ciudad y fue declarado huésped ilustre en “reconocimiento por su destacada labor en el proceso de unidad de Latinoamérica y el Caribe”.

En los últimos días, un grupo de ediles nacionalistas de la junta capitalina planean quitarle tal distinción, pero no existe una normativa al respecto. Sin embargo, plantean la creación de un artículo que lo haga posible tanto para el caso del exsandinista, como con Nicolás Maduro, el otro gran dictador de América premiado por la Intendencia de Montevideo, tan proclive a homenajear los totalitarismos de izquierda.

La Cámara de Diputados se enfrascará en una discusión sobre la cuestión nicaragüense en una sesión programada para el 6 de julio, luego de una sesión previa al paro del 17 de junio porque el Frente Amplio anunció que quiere dar “especialmente” este debate, de acuerdo a las palabras del coordinador de la bancada, Carlos Varela.
Hay que ser más papistas que el papa, y no ver lo que ocurre en Nicaragua. Incluso en el plano de la Salud Pública, Amnistía Internacional ha sido particularmente crítica con ese gobierno durante la pandemia, ante la promoción de actos masivos dispuestos por el régimen, sin medidas de prevención y control de la COVID-19. Incluso, sin brindar información sobre las instalaciones hospitalarias o logísticas establecidas para enfrentar la contingencia sanitaria. Por el contrario, se ha conocido últimamente la desvinculación de personal de la salud que ha manifestado su preocupación por la falta de una estrategia sanitaria que enfrente al coronavirus.

La violación flagrante a los derechos humanos, laborales y de expresión ocurren en forma cotidiana, con la mirada distraída de quienes defendieron al orteguismo en todas sus expresiones.
Pero la situación es tan insostenible que en nuestro país incluso en el Frente Amplio, siempre manejado con distintos grados de sutileza por la línea dura del marxismo, se comienzan a manifestar las fracturas frente a la posición oficial del partido, lo cual no es llamativo porque los que están sufriendo la dictadura de Ortega también son “revolucionarios”.
Porque en medio de esta pandemia, los activistas permanecen encarcelados en condiciones precarias e insalubres por el escaso suministro de agua potable, y no lo observó un organismo extranjero, sino uno global y multilateral como es Amnistía Internacional, del cual por supuesto que la Izquierda sólo se acuerda y reconoce cuando la crítica es a los gobiernos democráticos no alineados a su ideología.

Los paladines de la libertad de expresión en Uruguay deben expedirse sobre lo que ocurre en el contexto latinoamericano, bajo regímenes que hace décadas se instalaron bajo la complacencia del ala progresista. Pero le han tomado tanto gusto al poder, que parece casi imposible consustanciar una democracia plena, en un país –al igual que otros de su región—que está harto de quedarse anclado en matrices políticas ya perimidas. → Leer más

En el primer trimestre de este año, finalizado a marzo, la economía uruguaya, más precisamente el Producto Bruto Interno (PBI) tuvo una caída significativa, que de acuerdo a lo publicado hace pocas horas por el Banco Central del Uruguay (BCU), corresponde a una caída de 2,8% en comparación con igual período de 2020.
Esto implicó una disminución de la actividad económica nacional de 0,5% respecto al último trimestre del año pasado, en tanto según informó la institución, en esta interrupción en la recuperación “incidió la emergencia sanitaria asociada al COVID-19, que continuó influyendo sobre la movilidad de las personas y el normal funcionamiento de los establecimientos productivos”.

Esta disminución, sin embargo, no fue generalizada en todas las industrias, destacándose el mejor desempeño de los sectores agropecuario, pesca y minería, industrias manufactureras y actividades de administración pública, contrarrestadas por una menor actividad en salud, educación, actividades inmobiliarias y otros servicios, en transporte y almacenamiento, información y comunicaciones y en actividades profesionales y arrendamiento, de acuerdo al informe del BCU.
Este dato macroeconómico, por supuesto, no ha sorprendido, porque ya en abril institutos como el Cinve (Centro de Investigaciones Económicas) habían evaluado este escenario en el sentido de que en ese período la economía uruguaya registró una marcada desaceleración del crecimiento. El proceso de recuperación de la actividad económica, iniciado en el tercer trimestre de 2020 cuando se observó una expansión del PBI en términos desestacionalizados del 8,9%, se enlenteció en el cuarto trimestre, dejando el nivel por debajo del previo a la irrupción del COVID-19.

El punto es que el empeoramiento de la situación sanitaria que se ha observado desde el inicio del presente año ha tenido repercusiones sobre la producción en varios sectores de la economía, como ha ocurrido en todo el mundo, tanto por el lado de la oferta como de la demanda.
En nuestro país, altamente dependiente de los avatares del exterior, han impactado las medidas sanitarias que siguen afectando a un conjunto de actividades (dentro de las más notorias, el turismo por el cierre de fronteras), como así también el elevado número de cuarentenas que provocan ausentismo e interrupciones frecuentes de la actividad laboral. Desde el lado de la demanda, la caída de los ingresos reales de los hogares está incidiendo en una retracción del consumo, que se agrava por la disminución de la movilidad respecto a tiempos normales y la retracción en ciertos consumos.

Más allá de las restricciones sanitarias y el ambiente general derivado de la epidemia, los sectores más afectados actualmente continúan enfrentando riesgos significativos en el futuro próximo, especialmente, como consecuencia de la caída de los ingresos reales de los hogares, por el doble efecto de disminución del empleo y descensos de salarios reales, con un componente de arrastre hacia el segundo trimestre que finaliza en este mes de junio, aunque en esta instancia a partir de la segunda semana del mes se observa una alentadora mejora en el plano sanitario.
Es que la irrupción global de la pandemia dio por tierra con todas las previsiones que se habían trazado los economistas de todo el mundo, tanto en su grado de incidencia como en su duración, por cuanto de las estimaciones optimistas de solo unos meses de freno se ha pasado a más de un año y medio de extensión y un efecto dominó persistente en la caída global de la economía.

En nuestro país, siguiendo con el análisis del primer trimestre del año, tenemos que el PBI con su caída implica la interrupción del proceso de recuperación que se había registrado en la segunda mitad del año pasado. El primer trimestre del año se vio particularmente afectado por el cierre de fronteras que impactó de forma directa a los servicios vinculados al turismo receptivo, de acuerdo a los datos del Cinve, y este escenario se ha seguido proyectando al segundo semestre del presente año. Igualmente, el avance del programa de vacunación y las perspectivas alentadoras que vienen mostrando algunos rubros de exportación permitirían una recuperación de la actividad económica durante el segundo semestre del corriente año, pero de todos modos, se observa un deterioro de las proyecciones de crecimiento respecto a las elaboradas por Cinve en diciembre del año pasado: el crecimiento del PBI previsto para el año 2021 alcanzaría al 1,9%, lo que supone una reducción próxima a medio punto porcentual respecto a la proyección anterior.

Aún cuando el crecimiento fuera algo por encima de este estimado, debemos tener presente que si bien la pandemia ha sido una circunstancia excepcional, en 2019 se había agudizado el deterioro de la economía, con creciente desempleo, caída de actividad, falta de inversiones y de competitividad que se venía dando desde 2014 y en particular en el último período del tercer gobierno del Frente Amplio, con lo que llegamos a 2020 arrastrando una situación ya harto comprometida.
No puede extrañar por lo tanto que con pandemia ya declarada y agudizada en 2021, los indicadores económicos sufran la consecuencia marcada de las restricciones en actividad y movilidad dispuestas para contener la expansión del virus, siguiendo el escenario global.

Lo que a su vez revalora que en Uruguay desde el gobierno se haya resistido las presiones para “bajar la llave general” y establecer una cuarentena a rajatabla, como se promovía, cuando ya se acentuaba la caída del PBI y de producción de riqueza. Una medida de esta naturaleza, y encima pagar una “renta universal básica” con dinero que no se tiene, hubiera dejado al país devastado y con un piso muy inferior al que tenemos ahora, con escasas o nulas posibilidades de recuperación en el mediano plazo, incremento de la miseria y la pobreza a niveles superiores a lo que vivimos en la crisis de 2002.

Por supuesto que hay sectores a los que le brillan los ojos pensando en un desenlace así, y son precisamente los que más fuerza hacen para torcerle el brazo al gobierno exigiendo un parate total y el reparto de dinero como si el Estado estuviese nadando en oro. Y como palanca multiplicadora utilizan eslóganes facilistas de alto impacto en la sociedad, como que el Estado es responsable de un “genocidio”, mientras por el otro lado exigen flexibilizaciones que se da de bruces con la reducción de la movilidad que se exige. Y de esta manera pretenden salir bien parados en cualquier situación, pero la Historia sabrá juzgarlos como corresponde con la perspectiva del tiempo.
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Uruguay es un país de desarrollo humano alto, ubicado en el puesto 55 en 189 países, aunque continúan existiendo grandes brechas, como la desigualdad de género. En este marco, la pandemia ha agudizado algunos problemas que padecen las mujeres uruguayas, como la sobrecarga de cuidados y el desempleo, incidiendo también en situaciones de violencia doméstica.
Aunque seguramente son necesarios y se realizarán más estudios sobre el tema, las primeras aproximaciones estarían indicando que durante la pandemia las mujeres están sufriendo una mayor exposición a situaciones de violencia.
Por otra parte, ya existen datos respecto a cómo la crisis económica está afectando en forma muy acentuada el empleo de las mujeres, tendencia común en toda América Latina, y que afecta fuertemente a aquellos hogares de jefatura femenina.
Otro de los grandes desafíos que marcan brechas de desigualdad son los cuidados. En este sentido, la directora del Instituto Nacional de Mujeres, Mónica Botero, señaló recientemente que para las mujeres uruguayas en tiempos de pandemia se ha incrementado la carga de los cuidados. Nos referimos a la necesidad de brindar cuidados a nivel familiar, actividad que ha recaído fuertemente en las mujeres dado que el tiempo que ésas destinan dichas a tareas prácticamente triplica el de los hombres.
Por otra parte, en una de esas listas en las que nadie quiere estar, Uruguay tiene un lugar preocupante: en lo que respecta a femicidios, según la Cepal, nuestro país tiene una de las tasas más altas de América Latina, ubicándose en séptimo lugar con un 1,7 por 100 mil mujeres. En el primer lugar se ubica El Salvador con una tasa de 6,8 cada 100 mil, seguido de Honduras con 5,1, Bolivia con 2,3 cada 100 mil, Guatemala con 2, República Dominicana con 1,9, Paraguay con 1,7 cada 100 mil y luego nuestro país.
Yeliz Osman, asesora regional de violencia contra las mujeres de la Oficina Regional de las Américas y el Caribe de ONU Mujeres, quien participó en la novena “Consulta Pública del Foro de Participación Social del Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur” sostuvo que la tasa de Uruguay es muy alta cuando se compara con países como México, que tiene una tasa de 1,4 cada 100 mil mujeres o Brasil, que tiene una tasa de 1,1 a pesar de que México o Brasil tienen más casos de femicidios.
Cuando se mira la tasa por 100 mil mujeres, Uruguay supera estos países e incluso se subestima la magnitud real del problema, porque “los crímenes de violencia contra las mujeres son menos reportados y detectados y en muchos casos no son clasificados ni registrados adecuadamente”. Precisamente, la prevención, atención y respuesta hacia la violencia contra las mujeres es una de las tres brechas de género en la que trabaja ONU Mujeres en Uruguay.
En nuestro país, cada 13 minutos hay una denuncia por violencia doméstica y la situación actual ha complejizado aún más el panorama. En este sentido, los sociólogos de la Universidad de la República Marcía Barbero y Franco González expresaron en marzo que durante la pandemia de la COVID-19 las mujeres y niños sufrieron una mayor exposición a situaciones de violencia debido a prolongados confinamientos en hogares.
En declaraciones recogidas por Sala de Redacción, la comisaria mayor Angelina Ferreira, encargada de la División de Políticas de Género del MI, afirmó que en general, el mecanismo de denuncia más utilizado es el presencial ante las seccionales policiales y unidades especializadas en violencia doméstica y género.
No obstante, teniendo en cuenta las limitaciones impuestas por el distanciamiento físico, desde el inicio de la pandemia el Ministerio del Interior intensificó sus servicios de respuesta a través de una campaña de comunicación en la que se difundieron las vías para denunciar –el 0800 5000; las denuncias en línea en que pueden hacerse en la página del MI; la aplicación móvil del 911 para situaciones de emergencia–, y se destacó esa información en su sitio web. También se hizo una campaña de comunicación que dispuso en las pantallas de las rutas nacionales la solicitud a la sociedad de que ante situaciones de violencia doméstica se comunique con el 911.
Como bien están señalando los expertos en el tema, existen múltiples manifestaciones del impacto negativo de la pandemia sobre la violencia doméstica y la violencia de género.
El hecho de mayores tiempos de permanencia de las parejas y familias en la casa aumenta las posibilidades de riesgo de violencia, en muchos casos alimentada también por los impactos emocionales de la crisis económica, la pérdida del empleo de uno o varios integrantes del núcleo familiar (en algunos países de América Latina y el Caribe, un aumento de 1% en los niveles de desempleo masculino está asociado con un alza del 0,5% de violencia contra las mujeres) u otras situaciones, como las adicciones.
Evidentemente, la violencia contra las mujeres es uno de los males muchos más antiguos que el COVID-19. Se trata de una situación de desigualdad anterior a la pandemia pero que, como toda situación de vulnerabilidad previamente existente, se ha visto agravada por ella.
Su impacto en el mundo pandémico es tan importante que la ONU ha hecho un llamado a visibilizarla para que no quede a la sombra de las numerosas noticias diarias sobre la situación sanitarias y la crisis económica que deriva de ella.
En un muy simple ejercicio de empatía podríamos pensar en las múltiples formas en que el aislamiento y distanciamiento social incrementó las barreras para hacer denuncias dado que muchas mujeres y niños que padecen estas situaciones continúan viviendo con los abusadores, o cómo la crisis invisibiliza prácticas patriarcales fuertemente instaladas que se naturalizan perpetuando situaciones de vulneración de derechos.
Las complejas situaciones derivadas de la violencia de género y violencia intrafamiliar requieren de abordajes integrales y soluciones que debe ir adaptándose también a la llamada nueva normalidad y la situación social y sanitaria actual, contemplándose desde las políticas públicas y con herramientas y mecanismos accesibles y fáciles de utilizar por quienes padecen el maltrato o abuso.
Son necesarios enfoques diferenciados y sistémicos, además de respuestas efectivas desde la prevención y la protección de las personas afectadas de violencia física o psicológica para que el abuso de poder pueda identificarse claramente como una situación atípica y reprobable. Y lo más importante, puedan salvarse vidas. → Leer más

La última gran pandemia, antes de la actual, por supuesto, se produjo a fines de la segunda década del siglo XX. La conocida como Gripe Española, que azotó en realidad a toda Europa, terminó con la vida de entre 20 y 40 millones de personas en todo el mundo en solo un año. Por aquel entonces Europa era además escenario de la conocida hoy como Primera Guerra Mundial, en fin, que no estaban como para preocuparse por “gripezinhas”, y salvo en España el tema no ocupó los primeros planos en la prensa, de allí le quedó el nombre.
En ese mundo, anterior a los locos años 20, el turismo era una actividad todavía incipiente y reservada para los sectores de mayor poder adquisitivo de la sociedad, aunque ya se estaba viendo su potencial en las economías. No hacía tanto que por estos lares Francisco Piria –a quien se considera un adelantado–, fundaba Piriápolis en 1893, con la idea de que fuese un destino turístico.

El asunto es que, más allá de las características de cada uno de los virus, comparando la pandemia actual y la de hace una centuria, la diferencia es la movilidad de la población. En el siglo XXI el turismo no solamente es una de las actividades más extendidas a nivel de la población mundial, sino que incluso se lo ha reconocido como un derecho humano reconocido así en nuestro país (la Ley Nº 19.253). El gran dispersor de la Gripe Española por Europa fue la guerra, en el caso de la COVID-19, fue el turismo.
Pero el regreso del turismo al mundo, aun sin que estén cerca de terminar de apagarse los incendios de la COVID-19, obedece mucho más a razones económicas que a esta condición de derecho humano, que de hecho en América Latina solamente está reconocida en nuestro país.

En el mes de mayo se llevó a cabo en Punta Cana, República Dominicana una “Reunión Extraordinaria de Ministros de Turismo” de las Américas, en la que se dieron cita ministros y subsecretarios de Turismo del continente. En ese ámbito, el secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, enfatizó en que “el restablecimiento de la confianza en los viajes es un primer y esencial paso para reanudar el turismo, llevar la esperanza a millones de personas en las Américas e impulsar la recuperación en general”.

A su vez los referentes en turismo de los gobiernos de las Américas se comprometieron “a reactivar el turismo de manera conjunta, haciendo del sector una prioridad general y adoptando protocolos internacionales”, lo que quedó plasmado en la “Declaración de Punta Cana”.
En los Considerandos de este documento se reconoce que el turismo “es una actividad prioritaria que contribuye al desarrollo socioeconómico y cultural de los países, a la generación de empleos y de divisas, a la atracción de inversión extranjera, a la reducción de la pobreza, y al empoderamiento de los jóvenes, mujeres y grupos vulnerables”, así como los efectos devastadores que la pandemia ha provocado en la “economía turística”, con efecto en el empleo y las empresas.
El documento recoge también la necesidad de adoptar medidas urgentes “para restablecer la confianza de los viajeros y del entorno empresarial, estimular la demanda y acelerar la recuperación del turismo”.

También se enuncia que la OMT está colaborando en la elaboración de recomendaciones regionales “para apoyar la armonización de los protocolos de bioseguridad de América Latina y el Caribe, focalizados en los subsectores de alojamiento, restauración, transporte local y en los espacios de aeropuertos, playas y puertos”.
La declaración hace hincapié en el apoyo firme y decidido al sector turístico “priorizando la adopción y difusión de protocolos internacionales unificados de bioseguridad y facilitación de viajes para el reinicio del turismo de forma segura, expedita y con altos niveles de calidad”.
No obstante cabe destacar otro de los puntos de la parte declarativa del documento en el que el énfasis está puesto en “orientar la reactivación del turismo hacia un sector responsable y sostenible, que promueva la inclusión, la igualdad de género y la accesibilidad para todos, en línea con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. Se busca comprender la reactivación del turismo “como una oportunidad de transformar el sector a partir de una visión de largo plazo, que ubique la conservación, preservación y protección de la diversidad biológica en el centro de las estrategias del turismo y aporte a la solución de las grandes problemáticas mundiales asociadas al cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la degradación de los suelos”.

Es decir, que hay un reconocimiento de que el turismo es necesario, sino imprescindible, para que el mundo y la economía mundial puedan recuperar lo más posible su dinámica prepandémica, sin embargo no será (no debería ser) cualquier clase de turismo, sino uno que esté alineado con objetivos superiores que se resumen en la última frase del documento, en la que asumen su compromiso “de trabajar unidos en la reactivación del sector turístico mediante medidas concretas e integrales que contribuyan al crecimiento económico sostenible del turismo y a la satisfacción simultánea de aspectos ambientales, sociales y culturales”. → Leer más

En escenarios coyunturales particularmente adversos como el que se vive en nuestro país y a nivel mundial debido a la pandemia, más que nunca las urgencias determinan que se vaya postergando lo importante, y el caso de las reformas de la seguridad social es precisamente un tema de gran importancia pero de tratamiento de mediano y largo plazo, por lo que no ocupan la agenda del ciudadano común en épocas normales y menos aún en estos tiempos.
Pero más allá de las prioridades del momento, es oportuno que en esta administración gubernamental se haya integrado un grupo de trabajo que está elaborando propuestas y procura llegar a un consenso –muy difícil, por cierto– entre todos los partidos y actores, debido a que no se trata solo de números, sino de que estos a la vez atiendan y respondan a escenarios socioeconómicos del futuro, en base a tendencias y expectativas.
Una mirada técnica sobre esta problemática la da precisamente Pablo Antolín, economista principal de la Unidad de Pensiones de la OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), cuando en el suplemento Economía y Mercado, del diario El País, analiza que “lo importante es acordar, siempre, en los pilares fundamentales de la reforma. Los cambios profundos como los de un sistema previsional necesitan esa base para tener éxito. Eso vale para Uruguay y cualquier otro país, de los muchos que están enfrentados hoy. Y es fundamental explicarle a la población por qué se necesitan reformas, qué es lo que proporciona el sistema y cómo está organizado”.
Naturalmente, los desafíos son comunes para todas las naciones, pero las estructuras, las economías y las fuentes de ingreso de divisas no son las mismas, así como tampoco la cercanía de los desafíos, porque no es lo mismo la urgencia para países como Uruguay, que presentan los dos puntos más indeseables de la ecuación, que son el creciente envejecimiento poblacional y la debilidad de su economía, y la de otras naciones subdesarrolladas, que tienen otra pirámide etaria, pese a economías inestables y muchas carencias.
En cambio, los países desarrollados, si bien padecen el envejecimiento poblacional como un componente negativo en la ecuación, tienen a su favor economías solventes y por lo tanto el reto al que se enfrentan no es tan adverso como el de Uruguay, por lo menos en el mediano plazo. Y por último están los países con grandes riquezas como el petróleo, por ejemplo Noruega, capaces de “bancar” el bienestar los retirados sin mayores preocupaciones; pero esos son los menos.
Al respecto el economista Antolín considera que en los estudios de OCDE sobre sistemas de pensiones tanto en países desarrollados como en países en vías de desarrollo, “hacemos hincapié en un punto esencial. Cualquier mejora de un sistema de pensiones tiene que partir de que todos los ciudadanos a la hora de alcanzar la edad de jubilación tienen que estar protegidos, lo menos por un ingreso mínimo, aunque no decimos cuanto. Eso es una cuestión que tiene que decidir cada país en base a definiciones y recursos con los que cuenten. Y ese pilar cero tiene que financiarse con los presupuestos generales del país”.
Igualmente, cuando la coyuntura es complicada resulta muy difícil abstraerse de los condicionamientos del corto plazo, quiérase a no, pese a que se trata de temas eminentemente de largo plazo. En torno a estos elemento el economista considera que “por eso esta coyuntura es aún más desafiante, pero en las experiencias que hemos tenido de discutir y evaluar las reformas que se han implantado en diversos países del mundo, hemos aprendido que todo pasa por la voluntad política de discutir hacia donde queremos ir y llegar a un acuerdo de cómo queremos llegar. Ello no quiere decir que esos cambios deban implementarse inmediatamente, ya que muchas veces, debido a la coyuntura compleja, no es posible poner en marcha las reformas que se acuerden”.
De todas formas, “lo importante es el acuerdo, una hoja de ruta y un destino donde todos estén de acuerdo, aunque los cambios se implementen más tarde. Hay países que han hecho eso y el proceso ha llevado muchos años. Se puede y se debe tomar distancia de los problemas coyunturales. En la mesa de análisis en que participé en Uruguay observé que tienen un consenso político de que deben hacerse cambios al sistema”.
Sin embargo, más allá de esta consideración de que los análisis técnicos efectuados indican que hay coincidencia en que debe instrumentarse una reforma de la seguridad social, entre las visiones técnicas y político-ideológicas hay miradas contradictorias sobre el camino que se debe seguir, y ello indica precisamente que habrá serias dificultades paras conciliar las diferencias y los intereses en juego, porque no hay posturas neutras cuando se llega a un momento en que cada persona o sector analiza como puedan afectar los cambios.
Hay también quienes actúan con una mirada para la tribuna, con posturas abiertamente voluntaristas, postergando nada menos que asumir las responsabilidades de cada uno con la financiación del sistema y consideran que el Estado debe hacerse prácticamente cargo de todo, como si el dinero brotara de entre las piedras.
Un aspecto sustancial para hacer que un sistema previsional responda a las necesidades de cobertura, más allá de los mecanismos que se establezcan en el esquema y para los que habrá que hilar fino con vistas a los acuerdos, pasará indudablemente por abatir la evasión en los aportes a la seguridad social por buena parte de la población de trabajadores que está por fuera del sistema.
Esto es, incorporar al sistema a quienes trabajan y realizan actividades en negro, que es un aspecto no solo fundamental para la salud financiera del sistema, sino sobre todo para tener una cobertura digna en el cese de la vida activa, tanto para su beneficio como para mejorar en lo posible las prestaciones de los afiliados en general.
La regularización de aportes en el mayor porcentaje posible es una condición sine qua non para la salud del sistema, más allá de las bondades o defectos de los cambios que se le introduzcan, porque no solo permitirá robustecerlo, sino que asimismo será beneficioso para la economía en general y también para el propio Estado, que deberá inevitablemente volcar recursos para sostener parcialmente el sistema, como ha sido la constante en nuestro país, para atender los grupos más vulnerables en el esquema.
Es decir, cumplir cada uno con las responsabilidades, para que cada ciudadano, por las vías de un pilar de reparto o de capitalización en el sistema, pueda estar protegido para tener la mejor calidad de vida posible, en la última etapa de su existencia. → Leer más

Las autoridades encargadas de áreas sociales y de la salud pública comienzan a poner su foco fuertemente en un aspecto “pos-COVID 19” de la pandemia que, en realidad, siempre fue preocupante. La salud mental en Uruguay mantuvo aún antes del año 2020 señales de alerta, pero una vez instalada la contingencia sanitaria, se despintó su realidad. Todas las estrategias y servicios de atención, sumado a los fuertes mensajes de distancia y aislamiento, se agregaron a una causa que ya no era nacional, sino mundial.
Con los sucesivos incrementos de los casos, la ciudadanía y el gobierno se encontraron bajo un mismo enfoque para tratar de atravesar una crisis sanitaria sin antecedentes en nuestras generaciones y sin previsión en ninguna parte del planeta.

Hoy, con un panorama de relativo optimismo en el país ante un mínimo descenso de casos diarios y de internados en los centros de cuidados intensivos, vuelve a los titulares no solamente la ley que prohíbe la derivación de pacientes a las colonias siquiátricas, sino las “acciones para el cierre definitivo” antes de 2025.
Mientras transcurría la atención sobre la cantidad de ingresados en los distintos niveles de atención a raíz del coronavirus, entre las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi había unos 600 pacientes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó la semana pasada los datos globales referidos al suicido, uno de los flagelos que también preocupaban en Uruguay, y destaca que sigue siendo una de las principales causas de muerte. Antes de la pandemia, en 2019, se suicidaron más de 700.000 personas. Es decir que una de cada cien muertes ocurridas en el planeta era por autoeliminación o una cada cuarenta segundos.
Restan los números correspondientes al año pasado y lo que va de 2021, pero los expertos están ávidos en señalar que, como planeta, hemos atravesado por la mayoría de los factores de riesgo que llevan al suicidio. La pérdida del empleo, el aislamiento social, el fallecimiento de cercanos o la soledad, entre otros.

Y en este sentido, ni la juventud escapa a esta realidad, porque es la cuarta causa principal de muerte a nivel internacional en personas de entre 15 y 29 años.
En este sentido, también se debe poner el foco en las cuestiones referidas al género, porque se quitan la vida más del doble de hombres que mujeres. Con un dato muy específico y es que la tasa global desciende (en promedio 36% según las regiones del planeta), con excepción de las Américas. En nuestro continente, por el contrario, los casos se incrementaron un 17%.
Por esos lares, solo 38 países cuentan con una estrategia nacional de prevención del suicidio. Por lo tanto, cada vez se aleja más la meta de reducir un tercio la tasa mundial de suicidios en 2030. Entre las estrategias impulsadas por la OMS, el organismo destaca la difusión responsable de noticias sobre el tema, en tanto considera que puede “provocar un aumento de suicidios por imitación, especialmente si la noticia se refiere a una personalidad famosa o describe el método de suicidio”. Sin embargo, sostener este criterio tradicional tampoco dio resultados. Por el contrario, en las últimas décadas se observa un incremento sostenido.

Las nuevas generaciones han tenido que lidiar con conceptos novedosos para viejos males, como el acoso o la burla en los años escolares o liceales. En esas etapas de la vida, niñez y adolescencia, se presentan la mitad de los trastornos de salud mental que una persona padecerá a lo largo de su vida. La mirada atenta –sin naturalización de las situaciones– de parte de padres, adultos referentes o docentes será vital para detectar a una persona en riesgo.
Antes de la pandemia, los países destinaban menos del 2% de los presupuestos nacionales a la salud mental. Con la COVID-19 y la constatación de que más de la mitad de los casos positivos presentan estrés postraumático, depresión o ansiedad, se plantea la necesidad de rever las actitudes y apretar el acelerador ante una de las áreas más desatendidas.
En países de ingresos bajos y medios –entre los cuales puede ubicarse a Uruguay– más del 75% de las personas que tiene trastornos mentales o neurológicos e incluso tiene un consumo problemático de sustancias, no recibe ningún tratamiento.

En forma paralela, no debe quitarse el foco del entorno social de un paciente. En Uruguay, la ley habilita la internación de personas con problemas de salud mental en unidades polivalentes. Para ello, deberán sumarse camas en los servicios, ante la prohibición de las derivaciones a las colonias siquiátricas. No obstante, el proceso de cierre deberá solucionar el destino de muchos de esos pacientes que carecen de una referencia familiar y un mejor lugar para vivir.
Porque la ley aprobada en el período anterior no lo dispone y en este caso, como en cualquier otro, la solución está lejos de cerrar un lugar.
Aunque no sean aspectos comunes a la población en general ni a quienes hicieron aquella normativa, existen personas que han permanecido buena parte de sus vidas institucionalizadas. Algunos de ellos desde su niñez en establecimientos del INAU. La desvinculación familiar y afectiva está a la vista, ante una ley que habla de un proceso de cierre en los próximos cuatro años.
El único hospital siquiátrico del Uruguay, es decir el Vilardebó, recibe un promedio de cien pacientes por mes judicializados, que conviven con otros que no lo son. Y las transformaciones esperan, si bien han sido reconocidas por las sucesivas administraciones.

También se aguarda la creación de nuevas casas de medio camino y de casas asistidas, algunas de las cuales tiene camas vacías porque los pacientes no están preparados para el cambio. A partir de estas realidades, sólo puede hablarse de una desmanicomialización. Por eso, las experiencias en el territorio y el andar la vida diaria nos permite comprobar que una realidad queda implícita en los papeles y otra, bastante más difícil, nos atraviesa como personas.

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El 11 de setiembre de 2001 es una fecha que rápidamente muchos lectores podrán asociar contra los atentados perpetrados en territorio norteamericano y que tuvo su punto más trágico en el ataque contra el World Trade Center de Nueva York. Si bien la seguridad de cada estado y la global en sentido amplio venía siendo un tema de gran importancia en la agenda mundial, a partir de ese día trágico los gastos en investigación y desarrollo en esa área crecieron de una manera vertiginosa.
Aunque han pasado casi veinte años desde tales hechos, los debates en torno al frágil equilibrio entre la seguridad y las libertades individuales sigue siendo tan vigentes como en ese momento o tal vez se han incrementado debido a los avances tecnológicos que ponen en manos de empresas globales como Facebook, Google o Instagram una cantidad de datos personales que permiten predecir (¿o deberíamos usar el término “determinar”?) muchas de nuestras acciones.
Los datos generados a través del uso de la tecnología tienen un gran valor desde el punto de vista económico pero también desde el punto de vista político y de seguridad tanto interna como externa. De acuerdo con la especialista española Inés Araguás Fuentes, de la consultora KPMG, “el Big Data ha llegado como una avalancha convirtiéndose en un elemento transformador del negocio, que, lejos de desaparecer, continúa su avance y se arraiga en las empresas dando solución a la manipulación de grandes volúmenes de datos. El Big Data representa grandes oportunidades para las organizaciones, pero también comporta importantes riesgos. En este sentido, las compañías deben ser especialmente cautas con los riesgos asociados a sus procesos de identificación, re-identificación, análisis predictivo y recolección indiscriminada de información, concediendo especial atención al peligro de la violación de datos”.
Así las cosas, todo lo relativo al Big Data termina en una discusión no sólo sobre la privacidad sino sobre la libertad como condición inherente al ser humano tanto para su existencia como para su dignidad y realización. Tal vez por eso mismo el periodista español Fernando García plantea una realidad que, a fuerza de ser dura, se torna más que preocupante: “Nuestro comportamiento se ha convertido en producto. Cada clic que hacemos para hacer una búsqueda, elegir un artículo o un servicio, marcar me gusta o añadir a mis amigos, es decir para indicar cualquier opción o preferencia de personas, usos y consumos, estamos generando información que otros transforman en dinero. Una información que, al mismo tiempo, a través de los más y más sofisticados algoritmos de B, determina nuestros conocimientos, actitudes y decisiones. El ideal de una red que iba a conectarnos más a todos y ampliar nuestros conocimientos, es decir, a mejorar nuestra vida y el mundo, se desvanece por ahora. Las vías por donde circulamos en Internet se estrechan y nos moldean en perjuicio de nuestra privacidad y libertad, y a favor de las compañías más avispadas en la explotación de nuestros datos”.
En este contexto, una nueva forma de control de seguridad abre (o tal vez deberíamos decir “renueva”) los debates relacionados con la privacidad: la vigilancia facial, un sistema que avanza en todo el mundo y cuyo líder es la República Popular de China. De acuerdo con lo señalado por la organización Amnistía Internacional, “el uso de reconocimiento facial para la vigilancia masiva es una tecnología desproporcionada que recolecta datos sensibles y vulnera la presunción de inocencia y el debido proceso ya que las personas son consideradas sospechosas hasta tanto se analizan sus datos biométricos y se concluye que son inocentes. Asimismo, se ha demostrado que producen errores que menoscaban el derecho a la igualdad y pueden llevar a la criminalización de personas incorrectamente identificadas. El uso de estas tecnologías puede generar un efecto inhibidor y desincentivar gravemente formas de disidencia dificultando el ejercicio del derecho a la libertad de reunión, la libertad de asociación y la libertad de expresión”.
Tal como ha señalado este mismo año la especialista Wendy H. Wong (profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Toronto) “El rostro humano es una de las cosas más básicas que los niños pequeños reconocen y aprenden, a medida que sus cerebros ordenan el mundo. Es una parte fundamental de lo que somos como especie, su importancia es tal que apenas puede expresarse con palabras (…) Es mucho lo que está en juego, no sólo para las fuerzas del orden, sino para nuestro derecho a la intimidad como individuos. Nuestras expectativas sobre la recopilación de datos y la privacidad no se ajustan a lo que realmente es la recopilación y el almacenamiento de datos, sean faciales o no. Por eso es importante considerar nuestros derechos en su apropiado contexto. Nuestros datos personales se han recogido y se recogen cada día a un ritmo asombroso. Esto está provocando un cambio fundamental no sólo en términos económicos y éticos, sino en la forma en que vivimos como seres humanos. Nuestra comprensión de los derechos humanos y las leyes correspondientes para protegerlos necesitan ser reiniciados para que contemplen los cambios que se están produciendo en la forma en que se recogen nuestros datos”.
A nivel europeo existen fuertes corrientes de opinión contrarias a la implantación de los sistemas de reconocimiento facial en el entendido que vulneran los derechos humanos de los ciudadanos y transforman a los organismos de seguridad en una suerte de “Gran Hermano” omnipresente y omnipotente, tal como fuera descripto por George Orwell en su novela “1984”.
En abril del presente año la Comisión Europea aprobó un reglamento que, según el diario ecuatoriano “El Universo”, “no prohíbe directamente la vigilancia masiva de personas en tiempo real en lugares públicos pero limita su uso a determinadas circunstancias previamente autorizadas por un juez: buscar a un niño desaparecido, prevenir una amenaza terrorista específica e inminente o detectar, localizar, identificar o enjuiciar al sospechoso de un delito grave. (…) De esta manera, Europa quiere permitir que se utilice el reconocimiento facial pero solo bajo orden judicial, nunca como rutina. (…) Con un desarrollo tecnológico armonizado, en particular con los derechos y libertades de las personas, tendremos más oportunidades de que la sociedad que estamos construyendo sea sostenible en todas las dimensiones, desde la social a la personal”.
Otros países, como Rusia o la propia República Popular de China avanzan en el uso masivo de este tipo de vigilancia y sus ejemplos son seguidos por naciones que priorizan la seguridad antes que la libertad de sus habitantes. Ante esta encrucijada, el mundo debe reflexionar (pero también actuar) sobre los peligros que el reconocimiento facial presenta para los derechos individuales en caso de un uso indebido de dicho mecanismo. Se trata nada más y nada menos que de una Caja de Pandora cuyo contenido interior podría colocarnos bajo el control de sistemas de seguridad que si bien podrían darnos una mayor sensación de seguridad, dejarían poco o ningún espacio para nuestra libertad personal.

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En una entrevista al escritor uruguayo Hugo Fontana publicada en el diario El País, se pueden leer las opiniones que éste tiene sobre la literatura, la cultura y la relación de ellas con la política.
Cuando se explaya sobre la literatura policial no se puede estar más de acuerdo con este escritor nacido hace 66 años en Toledo, Canelones que ha dedicado su vida a la literatura publicando cuentos y novelas con ya profusos reconocimientos a nivel nacional. Y siempre es placentero escuchar a los que saben hablar de lo que entienden mucho más que uno.
Entonces, después de recomendaciones sobre sus gustos personales que son para ir anotando, recuerdos sobre grandes de la literatura uruguaya como Onetti, Idea Vilariño, Benedetti o Emir Rodríguez Monegal –que es el tema central de su última novela–, Fontana habla también del viejo y conocido maniqueísmo uruguayo de colocar a los “buenos” de un lado de la política y a los “malos” del otro, según desde donde preferentemente se mire. Hasta ahí no se puede más que estar de acuerdo. Pasa de esa manera al tema del olvido en el que están Onetti y Rodríguez Monegal –con su fama de ser autores “derechistas”–, para terminar diciendo que, en realidad, “la derecha no produce intelectuales, no tiene nombres de referencia a nivel cultural o narrativo”.
Pues bien, ante tal declaración, la primera pregunta que surge es si Fontana quiso decir que eso es lo que ocurría en nuestro país o en el mundo. Porque si se refería a Uruguay, puede llegar a tener cierta razón, pero si, como se venía dando la entrevista hasta ese momento, se refería al mundo –a esa altura ya había citado a numerosos autores norteamericanos que le gustaban–, le estaba errando feo.
Porque los autores “de derecha”, que vienen a la mente en una rápida mirada del panorama literario mundial no son dos o tres, son muchos. El poeta Ezra Pound, el inglés enamorado de la India Rudyard Kipling, el vecino Jorge Luis Borges, el mexicano Octavio Paz, el peruano Mario Vargas Llosa, el estadounidense con fuertes inclinaciones machistas Ernest Hemingway, el francés filonazi Louis-Ferdinand Céline, el incansable fabulador J.R.R. Tolkien, el español Camilo José Cela, el italiano Curzio Malaparte y la lista puede seguir y seguir.
Y eso solo si nos fijamos en la literatura. En todas las demás artes hay inclinaciones políticas para aquí y para allá, incluso en nuestro país. Además no estamos hablando de intelectuales de segunda sino de grandes nombres del panorama literario.
Ahora bien, Fontana, como buen lector que es además de escritor, tiene que saber eso. Tiene que saber que no son “excepciones” y que, en el mundo, hay tantos intelectuales así como asá. Entonces ¿por qué dice lo que dice? Muy sencillo, porque está convencido de ello. Está tan convencido de que ser un intelectual es un sinónimo de “izquierdismo”. Hay que aclarar, por supuesto, que Fontana no ve eso como algo necesariamente malo. Solo que le molesta que, por la fama de derechistas, algunos autores queden rezagados ante otros que son más apoyados. Si bien vuelve a tener razón en ese aspecto, la idea de equiparar a la izquierda con la intelectualidad se ha extendido y repetido tanto que ha permeado incluso en la cabeza de la gente que realmente entiende del tema, como Fontana.
Que esto sea así, es un gran problema para cualquier país que quiera avanzar en materia cultural. Como pasó en cuanta dictadura de derecha o izquierda, donde se fomentaba y permitía solamente a los autores que apoyaban al gobierno, de alguna manera, más sutil, se puede seguir haciendo lo mismo en plena democracia.
Todo esto tuvo un momento de eclosión no hace mucho cuando el también escritor Valentín Trujillo opinó públicamente que “la dictadura también apoyó a la cultura”. Especificando que lo hizo a su manera, pero, también había hecho su aporte en tal rubro social.
Las respuestas fueron varias. Trujillo no puede decir algo así y salir impune. Para muchos trabajadores de la cultura, esta había sobrevivido “a pesar de” la dictadura. La polémica siguió por algunos días y se aquietó.
Pero Fontana puede opinar que no existen los intelectuales de derecha y nadie va a decir nada. Porque tanto entre los consumidores culturales de uno y otro lado, la idea de que “prácticamente todos” los intelectuales son de izquierda ya está muy arraigada. El relato se ha repetido y machacado tanto que, aunque no sea verdad, lo parece, y con eso es suficiente. Así, la propaganda izquierdista logró su cometido.
¿Debemos entonces dejarlo ahí? No. Porque si lo hacemos, esa idea no hará más que crecer y afirmarse más todavía. Si quien lee esto también ha pensado así toda su vida quizás esté razonando que entonces, la cultura tendría que ser más de derecha, o que eso es lo que se quiere decir en estas líneas. Aunque también ahí se equivocaría. Porque la cultura, como tal, no tiene que ser ni de derecha ni de izquierda. Para ser realmente cultura, para ser realmente arte, no tiene que tener ninguna atadura política.
Claro, se podrá decir, hay ciertos intelectuales a los que no se los puede concebir sin una mirada política sobre el mundo. Está bien, es cierto. ¿Pero qué pasa con tales autores cuando se les saca la política? ¿Tienen algo más que decir? ¿Son solo eso? En algunos casos su trabajo sobrevivirá, pero en muchos otros, con carreras enteras apoyadas por un sesgo político que levantaban como una bandera cada vez que escribían o hablaban, lo que puede quedar de ellos es bastante poco.
Es muy difícil pensar en la cultura separada de la política en nuestro país. Han sido muchos años de ahondar una grieta que, como se trata de lo cultural, nunca se le prestó demasiada atención. Pero ahí está. Lo intelectual sigue siendo patrimonio ficticio de una parte de la política. Mientras tanto, el arte, la cultura y la propia expresividad sensible del ser humano corre libre por otras vías. Pasado el tiempo, cuando el olvido nos alcance a todos nosotros, seguramente el arte seguirá existiendo saltando de un talento a otro, sin preguntar nunca a quién se vota, a quién se prefiere políticamente o a qué utopía de inclina quien quiera seguir propagando la cultura por este ancho mundo.

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En el marco de la omnipresencia de la problemática inherente al COVID-19, hemos tenido en el Uruguay en las últimas horas dos episodios significativos relacionados con el tema que ha dominado la realidad uruguaya y mundial en el último año y medio, los que de alguna forma ilustran sobre la diversidad de actitudes que se han manifestado en este período.
Por un lado tenemos el poco edificante record mundial de haber tenido este jueves un paro general “contra” el virus, con reivindicaciones como si no hubiera pandemia, enmarcado en el pensamiento y visión ideológica de la dirigencia sindical nucleada en el Pit Cnt, porque en esta hemiplejia que sistemáticamente ponen de relieve los sindicatos (de izquierda) no hay otra medida más que el paro para “solucionar” los problemas del país, y en este caso han promovido la paralización de actividades en medio de la ya alicaída actividad reducida por las medidas restrictivas contra la pandemia, haciendo llover sobre mojado.

Naturalmente, la adhesión, compulsiva o no, se ha dado en el sector estatal, dominado ampliamente por los dirigentes (de izquierda), donde es muy fácil parar con y sin pandemia, con un salario y trabajo asegurados de por vida, y donde prácticamente da lo mismo que se funcione o no, mientras los trabajadores y empresarios del sector privado deben seguir generando riqueza también con o sin pandemia, para sostenerse y sostener la estructura socioeconómica en medio de las dificultades adicionales por la coyuntura.
Nada nuevo bajo el Sol, pero que reafirma el contraste de rumbos y responsabilidades, de actitudes y visiones que vienen incidiendo en la realidad nacional desde hace décadas.
Otro episodio representativo refiere a la actuación en este período del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), con cuyos coordinadores Rafael Radi, Henry Cohen y Fernando Paganini, se reunió en las últimas horas el presidente Luis Lacalle Pou, dispuso el cese de actividades del grupo, oportunidad en la que el mandatario transmitió el agradecimiento de su gobierno y de los uruguayos en general ante los aportes realizados por los profesionales en todo este período.

También recibió el grupo un sinnúmero de adhesiones desde todos los ámbitos, incluidos los dirigentes políticos, ante la actividad que realizó este grupo de científicos en uno de los momentos más difíciles que vivió nuestro país en los últimos años por la pandemia de COVID-19.
El Grupo Asesor Científico Honorario estuvo conformado por el Dr. Rafael Radi como coordinador general y Fernando Paganini y Henry Cohen como referentes de sus dos principales áreas, asesorando científicamente al presidente Luis Lacalle Pou desde el 16 de abril del año anterior en el camino hacia “la nueva normalidad”.
El GACH ha formulado recomendaciones científicas en las áreas de salud y ciencia de datos al equipo de gobierno denominado Transición UY, conformado por Hugo Odizzio, Gonzalo Baroni, Roberto Lafluf y coordinado por Isaac Afie, quienes evaluaron y elevaron los informes y sugerencias a Lacalle para la toma de decisiones finales, como por ejemplo la vuelta a clases o la reactivación de algunas áreas económicas, entre otros aspectos.

Por tratarse expresamente de un grupo asesor de carácter científico, las propuestas del GACH no han tenido carácter vinculante, sino que más allá de los elementos científicos, las medidas que se han instrumentado responden a evaluaciones políticas y por ende hay una serie de elementos complementarios enmarcados en la realidad socioeconómica, situaciones y expectativas, más allá de los datos científicos duros.
No hace falta tener más de dos dedos de frente para inferir que la medida efectiva por excelencia en el marco de la pandemia sería la paralización total de actividades, el cierre a cal y canto de eventos y hasta lugares de trabajo, por el tiempo que sea necesario que puede ser semanas o incluso meses, y esperar así que el virus se extinga por inanición, que desde el punto de vista epidemiólogico sería infalible.

Pero la vida es mucho más que contener una pandemia, y de lo que se ha tratado siempre es de optar entre alternativas menos malas que otras, porque hay elementos científicos, humanos, sociales, económicos y políticos a tener en cuenta, y lo que se trata es de más o menos coexistir entre las posibilidades, por varios motivos. El primero y obvio, es que no todos vamos a poder vivir del Estado quedándonos en casa y solo saliendo para ir a cobrar en el cajero: alguien tiene que producir y mantener andando la economía, como se ha hecho. Pero además desde el punto de vista humano tampoco es bueno encarcelar al país en prisión domiciliaria por tiempo indeterminado, una fórmula que por cierto no logró resultados en los países que se aplicó, más allá del descontento popular y la miseria, en especial para la población más vulnerable.

Otra forma de actuar la hemos tenido en Argentina, donde durante varios meses el presidente Alberto Fernández se rodeó solo de un grupo de científicos infectólogos, con un mandatario que recogió exclusivamente la opinión de estos médicos para que no se extendiera el COVID-19 y no atendió otras visiones, por lo que llevó adelante la cuarentena más larga del mundo. Resultado: logró terminar de fundir uno de los países con mayores riquezas del mundo, y lo que es peor, sin haber evitado la extensión de la pandemia, con un elevado número de muertes y de contagios incluso por encima de los de nuestro país en este año y medio.
Es decir, que se han ensayado a lo ancho y a lo largo del mundo recetas con mayor o menor énfasis en uno u otro aspecto, generando resultados que ni siquiera fueron satisfactorios en los países desarrollados.

Al fin de cuentas las únicas variables posibles de mantener en la ecuación son la reducción de la actividad y la movilidad, evitar reuniones en lugares cerrados y la vacunación masiva. Sin dudas, este último factor es la apuesta sine qua non y universal para cortar la circulación del virus, en tanto las otras tienen directa relación con la economía, y han sido el elemento distorsionante por excelencia.

El sentido común indica que efectivamente, economía y pandemia son incompatibles y en esta dicotomía cada país se ha desenvuelto como ha podido, aspectos sobre lo que formulara en su momento recomendaciones el ahora discontinuado GACH, y que han sido precisamente contempladas en gran medida en la evaluación política de los pro y los contra a la hora de decidir medidas, pero sin seguir ciegamente todo lo que se propone, porque las responsabilidades de gobierno son intransferibles.
Y es que de eso se trata: de reconocer los invalorables aportes del GACH como insumos a tener en cuenta en base al punto de vista técnico, pero dando al César lo que es del César, con las miras puestas en el interés general al margen de la fanfarria de los infaltables reclamos partidario-ideológicas que hoy pretenden arrimar agua para su molino.
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La pandemia afectó muy duramente a varias áreas de actividad, entre ellas el turismo. Se trata de un sector económico que genera importantes divisas y mucho empleo pero que se basa en el desplazamiento de personas desde su lugar de residencia habitual hacia otros destinos y en el consumo de bienes y servicios que se han visto disminuidos o arrasados por el “tsunami” provocado por el COVID-19.
Es un sector muy sensible y frágil a este tipo de calamidades globales que por una parte plantean nuevos problemas y desafíos y, por otra, agudizan problemas previamente existentes. Entre éstos se puede ubicar lo concerniente a los equilibrios y desequilibrios provocados –entre otras– por la propia actividad sobre los recursos naturales.
No es posible desconocer que a nivel mundial el turismo también se volvió un factor de deterioro medioambiental generando, en algunos casos, graves trastornos ecológicos que se suman a otros problemas y complejidades ambientales, socioeconómicas y políticas que padece el mundo, tales como el acceso y calidad a las fuentes de agua, el empobrecimiento y contaminación de suelos, la depredación pesquera, la extinción de muchas especies de flora y fauna o la afectación de actividades económicas tradicionales, entre otras.
En este sentido, la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas (OMT) ha hecho un llamamiento a una “recuperación sostenible del sector turístico” para “crear un equilibrio entre las necesidades de las personas y del planeta para el bienestar de todos”.
El llamado enfatiza en el tema de la sostenibilidad y la necesidad de asumir responsabilidades y cambiar tanto los comportamientos de los consumidores y turistas como en la necesidad de trabajar para generar una oferta más adecuada a objetivos, opciones y alternativas más sustentables.
Por un lado, se trata de que los viajeros tengan en cuenta los aspectos ecológicos a la hora de hacer sus reservas pero también que contribuyan al cuidado del medioambiente durante sus viajes y su estancia en los lugares que visitan.
Aunque algunos países ya están abriendo sus fronteras, es altamente probable que el turismo internacional demore bastante aún en acercarse a su actividad anterior a la pandemia y, por otra parte, que al menos parte de la población opte inicialmente por un turismo de proximidad, en entornos más cercanos y naturales, generando necesidades emergentes.
Para una parte importante de la población que ha optado por seguir las recomendaciones de distanciamiento físico –y también, en virtud del cese de actividades sociales y culturales– está presente la necesidad de “cambiar de aire” y disfrutar de los espacios naturales o de practicar caminatas o deporte en espacios al aire libre, lo cual es altamente recomendable por sus efectos positivos para el bienestar y la salud física y mental.
En este sentido, desde el pasado sábado 12 de junio en el marco de una “reapertura responsable” se pueden visitar las 17 áreas protegidas uruguayas, permitiéndose recorridos de sus senderos y espacios abiertos (los Centros de Visitantes aún se mantendrán cerrados al público como medida preventiva).
Ya en diciembre del año pasado el Ministerio de Turismo había realizado el lanzamiento del programa Destinos Naturales, que promueve las áreas protegidas del país como puntos turísticos. Se trata de una plataforma web que aporta información sobre los mismos con la finalidad de promover el turismo interno, además de ser una invitación a conectase con la naturaleza, conocer paisajes naturales uruguayos singulares, avistar aves, y especies nativas y recorrer senderos interpretativos. La propuesta fue desarrollada en ese momento por el Ministerio de Turismo con apoyo del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), que avaló los protocolos sanitarios para la recepción de turistas y calificó este tipo de actividades como de “bajo riesgo”.
Las áreas protegidas son espacios de biodiversidad con protección legal donde la presión de los recursos naturales –ya sea por la sobrecarga de visitantes o otros problemas, como la caza ilegal– se vuelve de particular cuidado.
En este sentido, quienes visitan áreas protegidas, además de disfrutar, apreciar y conocer la naturaleza o cualquier manifestación cultural, deben generar un bajo impacto sobre los recursos naturales. Esto incluye, en primer lugar, ser cuidadosos con el rastro de basura que dejamos, pero también otros cuidados particulares y necesarios.
Solo por mencionar dos ejemplos entre muchos, se puede señalar que en lo que refiere a la faja costera, es importante el cuidado del ecosistema costero y evitar los perjuicios que provoca la circulación de vehículos al contaminar, desestabilizar y erosionar la costa, dañando su vegetación y generando grandes perjuicios a la fauna asociada a estas estructuras. En tanto, en entornos rurales, la protección de la biodiversidad incluye también el cuidado de nuestras especies protegidas cuya caza es ilegal –como la mulita o el carpincho– aunque es una práctica bastante arraigada.
En Uruguay la crisis sanitaria afectó muy fuertemente la actividad turística y aún no se avizora claramente cómo será el futuro próximo del sector en el marco de la llamada nueva normalidad.
No obstante, aunque hoy estemos concentrados en los emergentes más acuciantes de la pandemia y sus efectos sobre la población y los sistemas de salud, y aunque aún nuestra prioridad es seguir “apagando incendios”, hay transformaciones sutiles y profundas que también están ocurriendo. Una de ellas es la transformación de nuestra propia visión del mundo y orden de prioridades en la vida personal y familiar, aspecto que incide directamente en nuestros hábitos y comportamientos así como en la toma de decisiones.
En este orden de cosas es de esperar que en el marco de la “reapertura responsable” de las principales áreas naturales uruguayas los cuidados y la prevención se apliquen no solo ante la posibilidad de contagio del COVID-19 sino también comprometiéndonos con una mayor responsabilidad en el uso de estos espacios.
Sería bueno que las duras experiencias vividas en esta pandemia nos permitan conectarnos con una mayor conciencia sobre el cuidado de la naturaleza como elemento central de la salud de nuestros recursos naturales y el planeta en general dado que –aunque generalmente se olvida– estamos intrínsecamente conectados a ellos y sus equilibrios o desequilibrios, evidentemente, nos afectan. → Leer más

“¿Se puede hacer fracking en Uruguay?”, esa pregunta figura a modo de título en una publicación a la que se puede acceder desde la página web del Ministerio de Industria Energía y Minería, (www.gub.uy/ministerio-industria-energia-mineria), fechada el 17 de marzo de este año. En base a esa publicación la respuesta más rápida sería que “hoy no”, pero que deja muchas dudas hacia el futuro. Y esto se debe a que, hace cuatro años, cuando el tema del fracking estuvo en el centro del debate lo que se resolvió fue “patear” la discusión cuatro años hacia el futuro. Ese futuro es hoy, dado que la moratoria que se aprobó entonces para limitar la aplicación de la técnica está próxima a caer y, como es fácilmente comprobable, hoy no se está dando más que por parte de las organizaciones ambientalistas que hace cuatro años, promoviendo la prohibición de la técnica, lograron esa limitación.

En concreto, la publicación en la web ministerial indica que “El Decreto 111/019 aprobó la presentación de ofertas para la adjudicación de contratos para que las empresas realicen actividades de exploración y una eventual explotación de hidrocarburos en el Uruguay. La normativa establece que las empresas únicamente pueden explorar en reservorios convencionales”. Y agrega que “se encuentra vigente la Ley 19.585 promulgada en 2017 que establece la prohibición del uso de la técnica del fracking en todo el país por 4 años”.
La publicación recuerda también que esta Ley creó la Comisión Nacional de Evaluación Científica y Técnica (Cnect) “con el objetivo de reunir y analizar el conocimiento existente sobre las posibles reservas de hidrocarburos no convencionales en el territorio nacional y estudiar la técnica del fracking”.

No obstante, señala que “más allá de la normativa existente hasta el momento, en Uruguay no se han descubierto reservorios no convencionales en los que se pueda aplicar la técnica de fracking. Es por esto que, aunque la Ley 19.585 no estuviera vigente, el fracking no podría aplicarse en nuestro país dado que no existen reservorios no convencionales a los que se le pueda aplicar la técnica” y menciona que la Cnect, a fines de este año, “presentará un informe técnico y científico que contendrá un análisis y estudio exhaustivo de la técnica de fracking y su posible implementación en Uruguay. Este documento asesorará al Poder Ejecutivo para decidir si se continúa con la prohibición de la aplicación de la técnica o si se habilita bajo ciertas condiciones a partir de 2022”.
La publicación refiere en realidad a dos cosas diferentes: por un lado está el hecho de que al día de hoy no se haya descubierto un yacimiento de hidrocarburos no convencionales, y si bien es cierto que al día de hoy esto es una limitante para la aplicación de la técnica, de forma alguna implica que si el día de mañana un yacimiento de este tipo es descubierto, la técnica de la fractura hidráulica no pueda ser usada. Otra cosa distinta es que el Estado uruguayo determine que esa forma de extracción de hidrocarburos no es conveniente para su utilización en el territorio nacional, en vistas de los problemas que podría ocasionar, como se han registrado en otros lugares, especialmente en los Estados Unidos, donde tuvo su momento de auge.
De allí que esta discusión no tenga todavía un punto final y que, en la medida que no lo tenga, puede dejarnos expuestos a que eventualmente sea utilizada, incluso por empresas que lleguen al país amparándose en las políticas de beneficios fiscales que buscan atraer inversiones que favorezcan el empleo y el crecimiento económico.
Esta puerta que se encuentra abierta ha provocado que, como ocurriera años atrás, hoy nuevamente las organizaciones dedicadas a la preservación ambiental hayan salido a pronunciarse, en busca de mantener esta limitación.

En una declaración que dieron a conocer en los últimos días del mes pasado recordaron que hay proyectos de ley que procuran terminar con esta amenaza y que además en varios departamentos la técnica ha sido prohibida por decretos de sus juntas departamentales: Artigas, Paysandú, Rocha, Salto y Tacuarembó están en esta situación.
En la nota, dirigida a los ministros de Ambiente y de Industria, energía y Minería, los grupos expresan su “profunda preocupación ante la cercanía de la finalización de la moratoria nacional del fracking dispuesta en la Ley 19.585” y citan que en la exposición de motivos de esa norma “quedaron claros los graves inconvenientes de esa técnica, que de ponerse en práctica en nuestro territorio pondría en riesgo los recursos hídricos, especialmente los subterráneos, del Uruguay y de la región, cómo el Acuífero Guaraní”.
Agregan además que la comisión prevista en la ley, la Cnect, tuvo una tardía conformación, y no ha cumplido con su función más relevante que “era relevar la evidencia científica existente a nivel internacional, que a esta altura es muy amplia y sólida, sobre los impactos económicos, sociales y ambientales del fracking, en especial en la salud humana de las poblaciones vecinas a las perforaciones”.

Las organizaciones entienden necesario que, “más allá del trabajo de la comisión, se tomen medidas urgentes para asegurar la continuidad de prohibición dispuesta en el Artículo 1º de la Ley 19.585 a la espera de culminar el trámite que se dispuso para el informe de esa comisión”.
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