Política

José Luis Borges explicó que “venimos en una etapa distinta que forma parte de una convocatoria que hacemos al movimiento popular para sumarse a esta lucha que transforme a fondo la seguridad social. Desde nuestro punto de vista, ha comenzado con la elaboración del proyecto alternativo desde hace más de dos años a cargo del sindicato de los trabajadores del BPS (ATSS)”.

El plebiscito, “que llamamos de los tres puntos, plantea la derogación de las AFAP, mantener la edad de retiro en los 60 años con 30 años de trabajo y, a su vez, aumentar las jubilaciones mínimas a la altura de un salario mínimo nacional. Una parte de esta tarea consiste en convocar a los integrantes organizados o no, para que se sumen a esta lucha”, agregó.

La presidenta de ATSS, Karina Sosa, destacó que mantuvieron “reuniones muy interesantes con integrantes de otros sindicatos. En el SUPU (sindicato policial) hay mucha incertidumbre porque la nueva ley –que no está clara para nadie–, es mucho menos clara para las cajas que van a converger en el nuevo sistema de prestaciones comunes. Estuvimos también en la parte de Arquitectura del Ministerio de Transporte y Obras Públicas”.

Obstáculos

Sosa reconoció que “hay compromisos de tipo político” que frenan el apoyo del Pit Cnt a la propuesta de recolección de firmas. “Porque cuando se firman contratos con organismos internacionales de créditos hay cláusulas que deben cumplirse, pero creemos que el movimiento popular debe hacer el esfuerzo. Desde las bases daremos ese apoyo, aunque las cúpulas tengan algún compromiso. Creemos que es un problema de política partidaria y no de política social y nosotros estamos para defender las comisiones de los trabajadores”, concluyó.

Subrayó la representante nacionalista que esta junta está trabajando desde el año 2021 y que en el caso concreto de este plan “está enmarcado y guiado por la Estrategia Nacional de Drogas 2021-2025, a través de los componentes de fortalecimiento institucional y de salud integral del individuo. Sus reuniones se desarrollan en la Junta Departamental de Drogas”. Precisó que se incluyen las áreas de prevención y tratamiento, en tanto destacó la “importancia de la retroalimentación”, habida cuenta del importante trabajo interinstitucional que exige la complejidad del tema.

“El edil Imperial demuestra una gran ignorancia, no conoce la historia ni el presente de termas de Guaviyú y parece que tampoco lee los documentos que tiene a su alcance en la Junta Departamental”, dijo Galván.

DISPOSICIÓN TEMPORAL DE ESCOMBROS

“No existe obra en el mundo que se pueda realizar sin generar escombros y menos una obra de tal magnitud como la nueva piscina semi techada, vestuarios, baterías de baños y la renovación del auditorio, donde fue necesario demoler completamente la estructura antigua”, indicó y explicó luego que “lo que el edil irresponsablemente quiere hacer ver a la opinión pública como un basurero, es el espacio que se otorgó por licitación pública para que la empresa adjudicataria para la obra, colocara temporalmente los escombros. No existe ahí ningún tipo de residuo doméstico y cualquiera puede comprobarlo”.

“Más aún, revisamos los plazos establecidos en los pliegos y la empresa aún está en fecha de cumplir con la gestión de los escombros; tan así que aun está en etapa de ajustes en algunas tareas”. Y aseguró que “lo que llama la atención es que alguien pueda asociar esto con falta de obras, todo lo contrario, estamos trabajando fuertemente. Es de público conocimiento que hemos concretado la inversión pública más grande en Guaviyú en casi 20 años (cerca de 1,5 millones de dólares), eso seguramente le genera molestias, así como el hecho de que en 2022 Guaviyú recibió la cifra más alta de visitantes de los últimos cinco años, superando incluso a los años previos a la pandemia”.

En cuanto al costo por día de los moteles “Los costos de la motelería ahora gestionada por UTU parten desde 1.600, no desde 4.000 como se dijo; es fácilmente demostrable”.

“Como se sabe hemos firmado un convenio histórico que combina la educación con el turismo, que está en vigencia generando oportunidades a muchos estudiantes, empleo y una inversión adicional de medio millón de dólares por parte de UTU. Esos estudiantes brindaron con gran esfuerzo actividades recreativas en vacaciones de invierno, lo que generó muy buenos resultados y a eso nadie lo va a empañar”, dijo más adelante.

Finalmente, José Manuel Galván aseguró que “permanentemente he estado a la orden para hacer recorridos, visitas y responder consultas, pero en este caso ni Imperial ni nadie nos contactó. Se ve que es más fácil salir a inventar sin estudiar los pliegos, estadísticas y documentos”.

Explicaron que “cuando la Rendición de Cuentas 2021 sale de la Comisión de Hacienda, de la Junta Departamental hacia el Tribunal de Cuentas, la misma dice que tiene un déficit de doce millones de pesos aproximadamente. Cuando se recibe el informe del Tribunal de Cuentas, votado en forma unánime por sus miembros, se informa que en realidad el déficit del ejercicio 2021 prácticamente llega a los sesenta millones de pesos, aproximadamente unos 6 millones de dólares, una cifra muy importante”.

Esa suma “se incrementa mucho conociendo la Rendición de Cuentas que la Intendencia Departamental le acerca a la Comisión de Hacienda del 2022, donde aparece un déficit de casi 185 millones de pesos. Preocupa especialmente que pase lo mismo en 2022, que cuando haga su informe el Tribunal de Cuentas encuentre un déficit mayor que el informado, como pasó en 2021”.

El secretario general departamental del Partido Colorado, Miguel Baccaro, y el exintendente Walter Belvisi destacaron que la iniciativa para la construcción de la sede del Partido Colorado en Florida 868, que aún se mantiene como tal, “resultó de un esfuerzo colectivo y de solidaridad. Cuánta solidaridad y cuánto esfuerzo colectivo mancomunado, no sin dificultades, fueron necesarios para concretar este tipo de obras. No era un salón, era una casa, era una sede que aún es utilizada por el Partido Colorado”.

Actualmente la casa necesita también mantenimiento y en ese sentido Miguel Baccaro subrayó que “estamos trabajando para concretarlo, para en conjunto lograr que aquellas partes de nuestra casa que no estén en buen estado, sean recuperadas. Hay que recordar el valor histórico de la construcción, lo que por cierto enorgullece al Partido Colorado”.

Explicó que en estos espacios se vinculan “a todas las organizaciones del campo popular tras un programa transformador” con una mirada en “los problemas del país que derivan de la dependencia de una matriz productiva deforme ubicada en la exportación de materias primas o commodities o productos intensos en recursos naturales, en una economía global dominada por el capital financiero”.

Abdala enumeró los temas en discusión basados en “el desempleo, la generación de puestos de trabajo de calidad, los salarios bajos, las dificultades de la educación, los problemas de acceso a la vivienda y la contradicción espantosa de un país que puede producir alimentos para unos 30 millones de personas y que haya hambre”.

Quién está desempleado

Abdala señaló que “casi 550.000 personas ganan menos de $25.000 por mes. La región llegó a tener una integración aduanera incompleta, pero no hubo coordinaciones políticas macroeconómicas y menos, la complementación productiva intra-industrial”. En consecuencia, “en el plano educativo, pensamos en procesos de integración de las currículas a nivel de la educación terciaria. El capital circula efectivamente desde hace mucho tiempo, pero la mano de obra no tanto. Lo que se presenta como una alternativa, con tratados de libre comercio o acuerdos bilaterales con grandes potencias, no es la solución. Eso significaría exacerbar la dependencia”, dijo a EL TELEGRAFO.

La iniciativa del Pit Cnt plantea “un plan nacional de propuestas de trabajo, utilizar algunas herramientas como las compras públicas y tener proveedores nacionales. Más inversión en obras y que no haya una política de ajuste permanente que afecta los derechos ciudadanos”.

La UdelaR

La Universidad de la República apoya el proceso de discusión del Congreso del Pueblo desde distintas perspectivas. El equipo institucional de extensión, “encuentra elementos de carácter estructural”, señaló Nicolás Marrero.

Uno de los elementos es el acceso a la educación. “La UdelaR, por ejemplo, tiene uno de los registros más altos de crecimiento de su matrícula en los últimos años. También es una de las universidades con egresos más altos de la región. Sin embargo, el diseño de las carreras universitarias no está conectado con el modelo de país que tenemos”.

Al respecto se conoció un informe de la Comisión de Obras y Servicios de la corporación, que analizó el planteo del edil oficialista y dio curso a los oficios correspondientes ante AFE y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a efectos de evaluar la situación y manejar alternativas.
“La situación ideal es que los alambrados sean reconstruidos pero la Regional no cuenta con recursos; en caso de que se llegue a algún convenio con la Intendencia se puede colaborar con rieles que se pueden utilizar como postes. No se recomienda el retiro de los postes actuales ya que evita que cada vez más comerciantes se instalen invadiendo el galibo”, expresa.

“En caso de que la Intendencia quiera presentar otra alternativa para solucionar la problemática planteada, la misma será sujeto de estudio. Fdo.: Ing. Eliana Amaral, Jefe Regional Norte”.

Dirigentes de Fancap fueron recibidos por el presidente Lacalle Pou el mes pasado en el marco de una serie de ocupaciones de las plantas, y solicitaron la suspensión del trámite, al considerar que no garantiza los puestos de empleo ni las inversiones. El directorio postergó la fecha para el llamado, a pedido de dos interesados hasta el 12 de setiembre.

Requiere inversiones

El secretario general de Fancap, Manuel Colina, dijo a EL TELEGRAFO que “el objetivo del conflicto no se modifica. Nuestro reclamo es que se retire el pliego de condiciones porque no estamos de acuerdo con la asociación y desde hace mucho tiempo reclamamos las inversiones”.
Explicó que el sindicato rechaza la asociación “porque entendemos que hay un camino que requiere inversiones y el aporte del Estado a la industria. Una prórroga para la apertura, tal como está planteada, no modifica los objetivos sino los tiempos del conflicto”.

De acuerdo a Colina, “en las plantas de portland hay dos situaciones. La primera, es una decisión de parte del directorio de la empresa de no invertir ni siquiera en lo mínimo para su operativa, con los insumos básicos”. En el caso de la planta local, “van más de 180 días en el año y el horno de Paysandú ha funcionado 27 días. No se debe a medidas sindicales, sino que no hay insumos para mantenerlo prendido y eso es una decisión de abandono de la gestión. Porque el directorio resolvió abandonar la gestión”. Según el dirigente, “como contrapartida a las medidas del sindicato, el directorio resolvió sancionar a los trabajadores con la quita de un derecho adquirido como es la compensación por turnos. Ya estaba previsto que cualquier trabajador que haga turnos rotativos debe recibir una compensación por afectaciones a la salud. Ancap lo ha hecho en forma unilateral y eso afecta al 40% de los salarios. Es una forma de amedrentar a la organización y no ha tenido efectos porque los trabajadores siguen adelante con las medidas. Pero si hoy las plantas no funcionan, es porque el directorio no quiere”.

El planteo

Colina negó que el gobierno busque una asociación con privados. “Si busco asociarme, busco un par. Y esto es una entrega. Es decir, le entrega el portland a un privado. El pliego de condiciones coloca arriba de la mesa del 70 al 90 por ciento de la industria nacional en manos del privado. Queda claro que no existe una sociedad, sino una situación muy desigual a favor del privado”.

Ley de compras

Colina señaló que “hay que agregar un elemento que se llamó ley de compras públicas del Estado, que el Frente Amplio no dio las mayorías y lo reclamamos oportunamente. Porque ya en el año 2016 estaba planteado el cierre de la planta de Paysandú y con las movilizaciones logramos que no se hiciera. Incluso, con un plan de trabajo, logramos que en el año 2019 se llegara a ‘un empate técnico’ y así entregó Ancap el gobierno anterior. Pero desde la asunción del actual gobierno, se multiplicaron las pérdidas año tras año”.

Reconoció que “durante 40 años no se invirtió un peso en el ente, pero hasta el año 2000 había una ley que obligaba a las compras estatales y no era deficitario. Desde el año 2001, por un decreto del gobierno de Batlle, se inhabilitó esa ley y desde entonces el pórtland da pérdidas. Claro que entendemos que tenían que darle vida a las empresas privadas, sino no tendrían sentido de ser. Por eso, Cementos Artigas vivió a costa de que Ancap vendía un poco más caro. Pero hoy, Ancap no puede vender más barato porque produce muy poco y los privados mejoraron sus costos y sus ganancias”.

Puestos de trabajo

El dirigente señaló que los puestos de trabajo manejan la dinámica de la economía en cada departamento. “Si todos los salarios –que son de unos 300 o 400 trabajadores– desaparecen de la comunidad, la pregunta es qué lo va a suplantar. Porque en ningún pliego se aseguran las fuentes de empleo”.

Según Colina, “si se lee el pliego de condiciones –y me ciño a la estricta letra del pliego– el privado puede venir a cerrar las tres plantas. Puede quedarse con las llaves, invertir unos pesitos para cambiar algunas cuestiones, como remozar las oficinas y poner gerentes. Ancap está obligada a venderle a ese privado por una determinada cantidad de años y, por eso, estamos en contra de un modelo privatizador del Estado que no puede gestionar. Y que, además, estuvo mal gestionado en el pasado”.

Habrá una de carácter extraordinaria a comienzos de la semana que viene, muy probablemente el lunes temprano en la tarde, para reconocer el desempeño de Nicolás Domingo como cónsul de Argentina, a días del final de su misión consular, tras cinco años al frente de la representación argentina.

Se aprovechará la misma para culminar con los asuntos pendientes y todas las comunicaciones “pues al haberse agotado el tiempo de la extensión de la sesión (del jueves 13) y no habiéndose solicitado por ningún edil otra extensión del horario, debió levantarse la sesión ordinaria”, informó a EL TELEGRAFO, el presidente de la Junta Departamental, Marcelo Tortorella.

Entre los pendientes se destaca el llamado a sala al intendente Nicolás Olivera, que no ha sido formalmente realizado. “Quedó pendiente la orden de comunicación que tiene que dar la Junta para poder notificar lo actuado, incluido el llamado a sala al señor intendente, para lo cual se debía votar el artículo 28 del reglamento, que es el que habilita a proceder a cumplir con las comunicaciones. Esta en particular quedó pendiente por la finalización de la hora”, explicó Tortorella.

La concejal electa por el Frente Amplio destacó que “planteé al Concejo, con copia a Presidencia y a la Comisión de Descentralización de la Junta Departamental, hacer el tan urgente como necesario ensanche y guardavías sobre la centenaria alcantarilla en el camino nuevo, (General a la Colonia) así como iluminar la radial en el acceso sobre ruta 3, conocido como La Lata, todo con su respectiva señalización”.

La primera de las mencionadas comisiones informó por Repartido N° 44,468/22, que sugirió que el tema permaneciera radicado exclusivamente en su similar de Higiene y Medio Ambiente, lo que efectivamente se hizo.