En ocasiones, las presiones políticas en un ámbito carente de mayorías tienen su efecto y se transforman en un beneficio a la población, más aún cuando el reclamo era insoslayable y la realidad caía por su propio peso. En ese escenario, creció y se desarrolló la demanda por un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) cardiológico en Salto, en los últimos veinte años.
Finalmente, la semana pasada el ministro Jorge Basso comunicó a la bancada frenteamplista que aceptará dicha propuesta presentada por la Federación de Prestadores Médicos del Interior (Fepremi), tras una serie de consideraciones fácilmente descartables, tales como la inviabilidad económica de la instalación de un centro de estas características al norte del río Negro porque pondría en juego la subsistencia de los otros centros en la capital del país. No es un detalle menor y vale reiterar que existen siete IMAE cardiológicos y todos se encuentran en Montevideo, por lo que desde Paysandú se deberán recorrer 400 kilómetros, desde Salto serán más de 500 y 700 kilómetros si el usuario reside en Bella Unión, por rutas que se encuentran –según el tramo– en estado de descomposición, como por ejemplo la 26 o la 30. Además, si de verdad hablamos de “equidad” e “inclusión”, este asunto ya debería estar fuera de una discusión de intereses.
En la red social Twitter, el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, Julio Trotschansky, definió como un hecho “inaudito” que “se haya cedido a presiones de la corporación empresarial del Interior y se habilite un nuevo IMAE privado” y cuestionó “¿qué pasa con el Hospital de Tacuarembó?”.
Pensemos por un segundo que Trotschansky tiene razón: esta decisión del Poder Ejecutivo siempre será mejor que morir en camino al inescrutable Montevideo, porque la coctelera de 250 kilómetros por ruta, existentes entre Paysandú y Tacuarembó, antes que permitir la accesibilidad del paciente a un mejor tratamiento neurológico, demostrará a su llegada que primero habrá que estabilizarlo y recomponer su situación cual puzzle que rearma sus piezas. Y, por supuesto, nadie se hará cargo de la omisión de asistencia que implica el tránsito en estas condiciones.
Tampoco debemos olvidar que los traslados por helicóptero no existen, a pesar del compromiso asumido a toda pompa por las autoridades de referencia en oportunidad de la inauguración del helipuerto instalado en el Hospital Escuela del Litoral, cuyo mantenimiento no se realiza por razones obvias.
Sí –y en esto tiene razón Trotschansky– existe un norte infinito en Artigas y Rivera o un lejano este que conforman Cerro Largo y Treinta y Tres, que “lamentan no tener esta suerte”. Es que, parafraseando al cardenal Daniel Sturla, quien en su última homilía reconoció que: “a veces me viene la tentación de ser ateo” ante los atentados ocurridos en los últimos tiempos; hay que consignar que los problemas de atención a la salud y la falta de servicios en el Interior profundo existen y ya no tienen “ateos”. Ocurre que no todos “somos iguales ante la ley” y, en el caso de una atención altamente especializada a la salud, mucho menos, porque solo accederán aquellos que pueden pagarla tanto en el país como en el exterior. En todo caso, solo hay que preguntarles a nuestros cercanos cuántas veces cruzaron fronteras para obtener una mejor opinión profesional.
Paralelamente sobrevienen otros cuestionamientos: ¿Por qué hubo tantas demoras en esta respuesta oficial si se contaba con el equipamiento, planta física y equipo médico acorde? ¿O es que las presiones ocurrieron al revés basado en el dato de que unas 500 angioplastias llegan desde el norte a Montevideo y por cada una el Fondo Nacional de Recursos paga $ 133,135?
¿O es que los tiempos apremian y las derrotas políticas –cuando son indiscutibles– nos abren un panorama a otro país, más allá de los eslóganes del “gobierno de cercanía”? Porque el 18 de abril, la comisión pro IMAE formada por legisladores de todos los partidos y médicos iba a lanzar en Montevideo una campaña de recolección de firmas para que este instituto se instalara en Salto. La idea era llegar a 50.000 firmas y acercárselas al médico –y también presidente de la República– Tabaré Vázquez. Paralelamente, los legisladores nacionalistas Martín Lema y Edgardo Mier presentarían ese día en la Cámara de Representantes un pedido para un pronunciamiento sobre la instalación del IMAE y que se enviara un escrito al ministro Basso, que inste a su instalación.
Todo muy básico y medible políticamente. Lo cierto es que esta decisión va en el sentido del procedimiento basado en los “intereses sanitarios y no los económicos”, tal como respondió Basso ante una interpelación de Lema en la Cámara de Representantes.
De cualquier modo, las “pérdidas económicas” que pueda generarle a un sistema que no es nacional, ni es integrado ni es de salud, se encuentran muy por debajo de los casi U$S 1000 millones utilizados para capitalizar Ancap y pasarían a demostrar –muy tímidamente– que vamos camino a terminar con los ciudadanos de primera y de segunda categoría, cuyo “aquilatamiento” se efectúa en función del lugar donde reside.
También el tirón de orejas va para quienes superponen a las discusiones burocráticas por encima de las necesidades humanas, porque embrutecen las acciones que se llevan adelante. En dicho encuentro parlamentario, Basso había dicho que “no se ha recibido ninguna propuesta concreta de ningún grupo inversor para un IMAE en Salto”, lo que fue desmentido por Lema, quien demostró tener la documentación referida del plan propuesto por el Sanatorio Americano, algo que el ministro de Salud Pública luego reconoció como cierto. Ese mismo plan, aunque con algunas modificaciones, es el que ahora aceptó el ministro Basso.
Solo esperamos ansiosos que ante un próximo reclamo de los residentes del Interior, no tengamos que esperar dos décadas ni –mucho menos– por este vapuleo de quienes deben resolver por nosotros.
