En setiembre del año pasado, el director de Factum, Oscar Botinelli, presentó una encuesta, donde indicaba “la poca confianza que despiertan las instituciones más importantes a nivel estatal o político”.
De allí desglosaba que tanto los partidos políticos, los sindicatos o el Parlamento se ubicaban en los últimos lugares de confianza de los uruguayos, al tiempo que en el sitio opuesto se instalaban los bancos –que encabezaban la lista– y la Policía. De acuerdo con la empresa, la idea de confianza bancaria se asocia históricamente con el Banco República y se presentaba como el organismo mejor evaluado. Es que en un país estatista, no hay que asombrarse de la asociación de ideas que realizan los uruguayos ante una bancarización fuertemente instalada y un incremento permanente de esa confianza, según otras consultas.
A pesar de un aumento sostenido en las afiliaciones a la masa sindical, se observa la paradoja de un descenso a la concurrencia de los actos centrales, donde se espera –a través de una proclama– escuchar las objeciones de la clase obrera a las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo y su accionar frente a cuestiones que aún sostienen la plataforma reivindicativa en cuatro pilares históricos. Salud, trabajo, educación y vivienda se presentan como los insumos básicos en cada lectura anual y con el paso de las últimas administraciones afines a los movimientos sociales y sindicales, parece escucharse siempre lo mismo.
Paralelamente, desde la dirigencia sindical se asumen costos políticos que han sido determinantes en los últimos años, como el escándalo de corrupción que involucró al exdirector en representación de los trabajadores en el directorio de ASSE, Alfredo Silva, las continuas polémicas en torno al plan de vivienda sindical o la defensa irrestricta a gobiernos cuestionados por las represiones a sus ciudadanos y el caso de Venezuela es un claro ejemplo. Asimismo, se pueden mencionar las debilidades de los discursos que denunciaban abiertamente las privatizaciones que otros gobiernos pretendían llevar a la práctica, pero se soportan con los dientes apretados y bajo distintas formas durante este gobierno “amigo”; el encarecimiento de las tarifas que paga la clase trabajadora, pero se gritaba a cuatro voces en aquellas décadas la falta de empleo, que se reclamaba a consecuencia de políticas neoliberales. Todo eso, sin mencionar el no menos histórico reclamo del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) para la educación, con el fuerte adoctrinamiento de la última presión del pasado lunes: “el gobierno nacional tendrá que elegir si construye más escuelas, más centros educativos y los dota de lo necesario o plazas carcelarias: salones de escuela o celdas, esa es la disyuntiva y cada uno sabrá dónde se para”.
Si esa es la disyuntiva, entonces estamos fritos y poco más se podrá avanzar. La realidad indica que por enésima vez el discurso se limitó a dos aspectos que parecen centrales, pero que transforman las arengas en presentaciones políticamente correctas para el público, donde desaparecen otras alternativas tan válidas como las escuelas o las cárceles. Lo cierto es que todo eso, absolutamente todo, permanece en los discursos ante un gobierno que ya no puede valerse del escape fácil que se enmarcaba en la “herencia maldita”.
El movimiento sindical hoy tampoco se cuestiona la efectividad de los paros y su incidencia en las resoluciones del Ejecutivo, o el escaso ruido que hacen cada vez que se aumenta la presión tributaria sobre esa misma masa trabajadora o las tibias movilizaciones realizadas durante años, cuando las fallas en la gestión y las inversiones fracasadas se volvieron notorias en algunos entes públicos e hizo falta una investigación parlamentaria para que Ancap, una empresa monopólica, copara la atención ciudadana. Y menos se cuestiona la cúpula sindical, si está preparada para ocupar lugares estratégicos en los organismos estatales, o si de verdad representan a los trabajadores aquellos exsindicalistas que conforman el grupo selecto del presidente Tabaré Vázquez.
La coherencia siempre ha sido un recurso escaso y se paga con la revisión de un archivo si se recuerda que, en diciembre del año pasado, en el Pit Cnt no hubo consenso sobre la postura a adoptar frente al ajuste de tarifas generales con la que se iniciaría 2017, con la excepción de los gremios pertenecientes a esas empresas públicas, que han quedado bastante solos en sus reclamos.
Con la excepción de AUTE, tras reconocer el peso del aumento en las tarifas residenciales para financiar a los negocios privados, cuya rentabilidad es alta. Al mismo tiempo quedó por el camino aquella afirmación que relacionaba a la privatización de la energía con un descenso de los costos a los usuarios, sino que potenció el rol recaudador y específico de algunas empresas públicas. O el déficit en OSE desde 2009 y si mencionamos el precio de los combustibles, en todo caso sería reiterar conceptos ya trillados. En ese entonces se puso en duda una declaración dura contra el gobierno y se aplazó la votación de un comunicado que reflejara la opinión de los trabajadores.
La politización de estas cuestiones que responden netamente a las políticas adoptadas por el gobierno no son cuestionables, sino la partidización y hasta ahora no se ha podido reconocer la amplia diferencia existente entre uno y otro término, porque, en el medio, deambulan otros intereses. En tanto no exista la denominada “independencia de clases”, asistiremos un día sí y otro también a los mismos postulados, cuyos cambios sustanciales se presentan en el énfasis de la lectura u otros acontecimientos internacionales del momento.
En realidad poco importa si la masa sindical asciende a 550.000 afiliados, porque es evidente que el lunes no se sintieron convocados o al menos no se logró convencer de la importancia de su asistencia. Menos aún lo logró el acto alternativo que radicalizó su protesta hacia el gobierno y al denominado “oficialismo” que dirige el Pit Cnt.
Es decir, la apatía de una ciudadanía que ya está agobiada de escuchar tantos discursos y de participar en innumerables marchas, sumada a la reiteración de discursos que a menudo recuerdan reivindicaciones setentistas como “fuera yankis de América Latina”, demuestran que se ha profundizado la infantilización de los discursos, la inmadurez de algunos razonamientos y la poca credibilidad de la que hablaba Factum.