Los diputados sanduceros Walter Verri y Nicolás Olivera coincidieron en duras críticas a la gestión que se ha desarrollado en la empresa paraestatal –de Ancap– ALUR, y en declaraciones formuladas desde sus respectivos ámbitos de trabajo a EL TELEGRAFO adelantaron que formularán la convocatoria a comisión a las autoridades de ambas empresas a efectos de conocer en detalle la situación planteada respecto a la irregularidad en el pago de aportes previsionales por ALUR por más de 10 años en relación a ciertas partidas salariales.
Los legisladores anunciaron que promoverán con carácter urgente la citación a las autoridades de Ancap y ALUR a la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes. Hace aproximadamente un mes y a raíz de la convocatoria cursada por el propio diputado Olivera en función de las irregularidades constatadas en los pagos a proveedores y en manejo de los recursos humanos, las autoridades de ambas empresas estuvieron presentes, pero sin mencionar ni hacer alusión a ninguno de los temas que hoy se exponen a la luz pública.
En este marco, el representante nacionalista señaló que, ante el comunicado de ALUR donde se confirma la irregularidad, “corresponde solicitar las explicaciones del caso y reclamar hacer operativa responsabilidad patrimonial de aquellos que estaban en conocimiento de la maniobra, por ejemplo el presidente de Ancap y directores de ALUR de la época –como fueron Raúl Sendic y Leonardo De León– para que asuman con su patrimonio los perjuicios derivados de las irregularidades denunciadas”.
Verri: pésima administración
Por su lado Verri, con fundamentos similares, dijo a EL TELEGRAFO que “la pésima administración de ALUR y de Ancap en estos últimos años no deja de sorprender. Cuando parece que está todo hecho, y mal, aparece otro tema que sigue generando sorpresas e indignación.
Así, el hecho de que se pague en carácter de salarios durante diez años a 1.500 empleados una partida en negro sin que se hagan los aportes al Banco de Previsión Social (BPS), no solo perjudica al banco, sino a los propios trabajadores, que no tuvieron ningún beneficio en esa partida por esta vía: ni jubilatorio, ni aguinaldo, ni de salario vacional”.
Acotó el representante colorado que por lo tanto “trasciende los perjuicios a las arcas del Estado y a la propia empresa pública, y además siguen generándose gastos que terminan pagando todos los uruguayos. Porque ahora se va a regularizar la situación, pero la vamos a regularizar con recursos de los sobrecostos que Ancap cobra por ser monopólica en todos sus productos. Pagamos el cemento más caro de la región, y encima soportamos pérdidas por este concepto de 25 millones de dólares anuales. Pagamos un combustible de entre los más caros del mundo, y todo a costa de la población que paga los sobreprecios para financiar la pésima administración que ha tenido en los últimos años y que a llevado a la quiebra a Ancap y las subsidiarias”.
“Esto que se ha conocido ahora es parte de una misma desprolijidad, del mismo mal manejo de los dineros públicos”, aseguró Verri, al cuestionar duramente que se diga que estas partidas eran en “carácter de donación. Si el Directorio de un ente tiene la potestad de donar 400.000 dólares por año durante diez años a los funcionarios que cumplían una tarea determinanda y que ello recién ahora salga a la luz por el nuevo directorio, realmente creo que ello indica que se está en serios problemas, porque esto fue para destrabar un conflicto sindical y es por lo tanto parte de un incremento que se les está dando para trabajar”.
Verri indicó que mientras el Estado tiene la obligación de velar para que los ciudadanos cumplan con sus aportes y les aplica penas severas, en este caso el propio Estado “durante diez años hace pagos en negro a 1.500 trabajadores, lo que no es aceptable bajo ningún concepto. Esto comenzó cuando el presidente era Raúl Sendic y luego siguió cuando Sendic era presidente de Ancap. Vamos a convocar a los directorios de Ancap y ALUR a la Comisión de Industrias. Me parece que lo menos que podemos hacer es pedir explicaciones y analizar eventualmente si corresponde o no ampliar la denuncia penal que tiene Ancap en el Crimen Organizado”.
