(PRESIDENCIA)
La OPP adoptó desde 2015 medidas para mejorar la gestión de las empresas públicas y las 41 sociedades anónimas con participación mayoritaria del Estado, en tanto una de las medidas consistió en la fijación de un tope salarial en el 60% del sueldo del presidente, para sus gerentes. Si bien esta medida se quiso aplicar también para las intendencias, no fue posible por la oposición del Partido Nacional, señaló la Secretaría de Comunicación de Presidencia.
El patrimonio de las empresas públicas representa actualmente el 23% del Producto Bruto Interno y su aporte anual al PBI se encuentra en torno al 11%. “A estas cifras llegamos trabajando desde una visión central, que es la que estamos priorizando, viendo a las empresas públicas como parte de un sistema integrado”, destacó el director de la Oficina de la Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García.
Como parte de las medidas, la OPP extendió la supervisión de las empresas públicas a las 41 sociedades que cuentan actualmente con participación mayoritaria del Estado. García dijo que “el gobierno a nivel central tiene que ejercer un rol de supervisión de las empresas que operando en el derecho privado están integradas con capitales públicos, porque en definitiva es la ciudadanía en su conjunto el accionista de esas empresas”.
Otra de las medidas implementadas, aprobada en la rendición de cuentas del año 2015, consiste en limitar el salario de los gerentes de las empresas públicas y las sociedades anónimas estatales, para que no sobrepasase el 60% del salario del Presidente de la República. Fueron exceptuadas las remuneraciones percibidas por los intendentes debido a la negativa del Partido Nacional de acompañar la medida. García resaltó además la mejora en el desempeño de las compañías estatales durante este período y aseguró que en varias se observan “mejoras en los balances que muestran superávit (luego de una etapa de grandes inversiones)” debido a “una mayor eficiencia en su gestión, en virtud de los lineamientos dados por el Poder Ejecutivo”.
En esta línea, la OPP brindó un taller a técnicos de las empresas a fin de trabajar en la identificación de indicadores de gestión común. “Vamos a alcanzar en este año una metodología de medición común de resultados de gestión no solo financiero y operativo, sino también indicadores de impacto social y ambiental de las empresas públicas en nuestro país”, expresó. García adelantó que se apunta a incluir, además, “modelos de evaluación de gestión que integren la visión de la ciudadanía, en tanto usuaria de servicios que brindan las empresas”. El director de la OPP recordó que estas medidas están basadas en los principios de eficiencia y transparencia, trazados al inicio del actual período, para la gestión de las empresas públicas.
MENORES A INAU POR HOMICIDIO PREMEDITADO
(SUBRAYADO)
Dos menores de 15 y 17 años fueron internados en INAU por el homicidio de Luis Raúl De Los Santos de 81 años, el anciano que fue estrangulado en Rocha para robarle menos de $ 500. Según la Justicia, son presuntos autores responsables de un homicidio muy especialmente agravado.
El crimen fue planificado por estos dos menores y un tercero, también de 15 años, que era vecino del anciano y vivía apenas a tres casas de distancia. Sin embargo, la jueza del caso no halló argumentos legales para procesar a este menor que quedó en libertad pero el fallo indica que debe mudarse del barrio.
Según supo el corresponsal de Subrayado en Rocha, Willan Dialutto, los dos menores enviados a INAU ingresaron a la vivienda de la víctima el jueves en la noche y perpetraron el crimen. La indagatoria judicial se extendió más de 12 horas, y finalmente se pudo establecer que los adolescentes esperaron a que uno de los hijos de la víctima le llevara dinero –como era habitual– para luego ingresar a la finca. El anciano solo tenía $ 500 y momentos antes había gastado parte de ese dinero en un almacén del barrio.
GOBIERNO LANZARÁ LICITACIÓN PARA FERROCARRIL
(EL PAÍS)
Las negociaciones que realizó el gobierno para garantizar un transporte que permita sacar la carga de UPM por el Puerto de Montevideo fueron avaladas por la empresa en la última reunión que una delegación finlandesa mantuvo con el presidente Tabaré Vázquez. El nuevo tren no solo modificará la fisonomía de todo el tramo, sino que también permitirá un nuevo medio de transporte para otras cargas que se dirijan al puerto. “El tren será del Estado, no se trata del tren de UPM”, aclaró a El País un técnico del Ministerio de Transporte y Obras Públicas que trabaja en el tema. El ferrocarril será utilizado por varios agentes que pagarán al Estado uruguayo una tarifa determinada por su uso, comentó la fuente. Ahora el gobierno prepara los pliegos de licitación para hacer el lanzamiento internacional, al tiempo que el ministro de Transporte, Víctor Rossi, dijo que se realizarán varias reuniones con las empresas interesadas para afinar los detalles y atender los requerimientos específicos que puedan presentar. “Ya les transmití a cada uno de los equipos del ministerio que desempolven, si tenían alguna carpeta empolvándose”, dijo Rossi tras reunirse con la delegación de UPM.
El trazado de la vía será anunciado en los próximos días y las obras de refacción de todo el sistema ferroviario llevarán un plazo no menor a tres años para su culminación. Uno de los planos donde trabajarán los técnicos que diseñan el pliego es en el área de seguridad porque el nuevo tren viajará a una velocidad inédita para el país: 80 kilómetros por hora promedio.
