Ancap enfrenta demandas civiles por U$S 73 millones, directorio duplicó provisiones de pagos de juicios en 2016

(EL PAÍS)
Ancap enfrenta juicios por U$S 73 millones por parte de empresas competidoras, proveedores y funcionarios, según los estados financieros del ejercicio 2016 de la compañía estatal. El informe fue elaborado por la consultora KPMG a pedido del Directorio del organismo público. Para enfrentar esas demandas, la dirección de Ancap, con el asesoramiento del área jurídica, duplicó la provisión de fondos para juicios. En diciembre de 2015, Ancap destinó el equivalente a U$S 5.200.000 para demandas que podría perder y en 2016, dicha provisión trepó a U$S 10 millones.
“La compañía es parte en diversos juicios, siendo demandada en la mayoría de los mismos, ascendiendo el monto total reclamado a la suma de $ 2.482 millones (U$S 73 millones al tipo de cambio promedio de diciembre de 2016)”, señala el documento de Ancap al que tuvo acceso El País. Advierte que si bien no es posible predecir con suficiente seguridad el resultado final de la mayoría de los procesos judiciales en trámite, sí puede estimarse el resultado desfavorable de alguno de ellos, por lo cual “se realiza la provisión correspondiente”.
En sus estados financieros hasta el 31 de diciembre de 2016, Ancap omitió detallar el juicio civil por U$S 62 millones que le inició la empresa Salaur S.A. en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de 1er Turno, cuyo titular es el juez Gabriel Ohanian. Salaur S.A. pretendía fabricar grapa y aceite de pepita de uva, entre otros alcoholes. Ancap tampoco incluyó una demanda millonaria –no trascendió el monto– iniciada por Nafirey (Grappamiel Vesubio) por entender que la empresa estatal incurrió en competencia desleal.
La empresa CABA S.A., propiedad de Ancap, sí incluyó en sus estados financieros de 2016 la demanda por U$S 62 millones iniciada por Salaur S.A., pero no mencionó el juicio de Nafirey. En su informe, CABA S.A. señaló que se encuentra involucrada en una acción judicial iniciada por un competidor (Salaur S.A.) que reclama daños y perjuicios derivados de supuestos hechos y omisiones de la administración pública.
NUEVAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE DROGAS
(MONTEVIDEO PORTAL)
En la última reunión en que se presentó el borrador del proyecto de ley para la regulación del alcohol, el presidente Tabaré Vázquez propuso que el trabajo del grupo continúe para tratar la situación de otras drogas que afectan a la sociedad. Desde la Junta Nacional de Drogas y en consulta con otros actores de Presidencia, aclararon a Montevideo Portal que el proceso de discusión puede terminar o no en un proyecto de ley, pero que su objetivo principal no es legislar sino crear políticas de prevención. En ese sentido, el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Diego Olivera, ratificó el compromiso de la administración con la ley de regularización de la marihuana y señaló que en ningún caso el resultado del trabajo del grupo multisectorial implicará un retroceso en las disposiciones de esa ley.
Sobre ese punto, Olivera recordó que el presidente Vázquez enfatizó que la ley se debe aplicar y transcurrido un tiempo razonable evaluar sus efectos para ratificarla o rectificarla. “El presidente ha puesto como principal objetivo del grupo de trabajo mejorar la conciencia social sobre los problemas asociados con las drogas y ha hecho un fuerte hincapié en el trabajo educativo. En alcohol se ha recorrido el camino de la legislación porque falta legislación. El trabajo del grupo no necesariamente va a ser una ley. Lo concreto que propone el presidente es que este grupo trabaje más allá de alcohol. Ni se confirmó, ni se descartó que la legislación pueda ser un camino a recorrer”, señaló Olivera. El grupo de trabajo comenzará a evaluar la situación del consumo de otras drogas una vez culminado el proceso de legislación sobre el alcohol, para el que se conformó un articulado que será enviado al legislativo para su discusión.
OPOSICIÓN E INTERNA CUESTIONAN AUMENTO DE IMPUESTOS
(TELEDOCE)
El proyecto de Rendición de Cuentas ingresó la semana pasada al Parlamento, donde será abordado en primera instancia por la Cámara de Diputados. El FA ya cuenta con los 50 votos que necesita para que se apruebe en general, pero existen diferencias en el detalle de los artículos, donde se establece –entre otras cosas– un incremento de impuestos.
El diputado Gonzalo Mujica, que se apartó del FA en 2016, está dispuesto a aportar su voto para que se apruebe el proyecto en general, pero discrepa con los aspectos impositivos. Explicó que no comparte “ninguna de las dos propuestas, la tasa es un impuesto que va al consumo, no es un impuesto a los importadores”.
Por su parte, el diputado del Partido Independiente, Iván Posada, lamentó el manejo del gobierno respecto al gasto público y al endeudamiento. “Estos 112 millones adicionales que se plantean financiar con nuevos impuestos, en definitiva son un incremento. Debiéramos hacer una reflexión más profunda para saber cómo vamos a enfrentar esta situación de un déficit fiscal que se ha hecho crónico”, concluyó.