Desde la semana anterior, los uruguayos estamos pagando en surtidor 3,34 pesos menos por litro de gasoil, siguiendo a los anuncios de la presidenta de Ancap, Marta Jara, de una rebaja del 8% en el precio de este producto.
Según la jerarca, la rebaja se decidió “luego de la revisión de tarifas semestral” y que con esto “se vuelve a los niveles (de precio) de 2015 y se mejora brecha de precio internacional”. En tanto, en un comunicado de Ancap se indica que “se traslada al precio del gasoil la mejora del margen observada por un menor costo del crudo, mejorando las brechas con respecto a precios internacionales”.
Además, Ancap “procura trasladar esta mejora de margen hacia sus clientes, favoreciendo la economía de los uruguayos. Con este ajuste diferencial, se busca mejorar las brechas con los precios internacionales, de los que el gasoil local está más apartado que las gasolinas”, agrega.
También indica que la empresa “está comprometida a adoptar mayores estándares de transparencia” por lo que continuará “calibrando nuestros modelos, mejorando nuestra capacidad de reporte, segregando los resultados por unidad de negocio y asumiendo compromisos de gestión, con el objetivo de poder ofrecer una paramétrica transparente con variables objetivas para el cálculo de tarifas a partir de 2018”.
Según el gobierno, con este ajuste diferencial se “mejora” la brecha con los valores que maneja el mercado internacional de los que este combustible está más apartado que las gasolinas, añade.
Cuando se habla de “apartado”, en realidad es reconocer que se han venido cobrando sobreprecios a los consumidores, por encima de la cotización internacional del crudo y de las supuestas “paramétricas” que se dice utilizar para determinar los precios, algo que solo puede hacer aprovechando el carácter de empresa monopólica en el área de los combustibles.
Así, la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, compartió el comunicado de Ancap en su cuenta de Twitter y dijo que Ancap “avanza en compromiso con transparencia, que es más eficiencia”.
Si hay algo que brilla por su ausencia en el organismo estatal es precisamente la eficiencia, de la misma forma que la transparencia, lo que ha sido histórico, pero con el agravante en años recientes de la incorporación de empresas paraestatales que se rigen por el derecho privado –una de ellas es ALUR– que no rinden cuentas ante el Parlamento ni tienen controles del Tribunal de Cuentas. Ello permite que haya un agujero negro en las finanzas del organismo, que es potenciado por déficit adicionales que no han podido solventarse siquiera con estos sobrecostos.
Y en lo que respecta específicamente a los déficit y costos, tenemos que la empresa ha llevado adelante “inversiones”; una de ellas es el costoso horno que iba destinado a la fábrica de cemento de Nuevo Paysandú, y que sigue desde hace años en contenedores sin ser instalado. El costo del horno, más una inversión adicional requerida del orden de los 120 millones de dólares, más todo lo que se gastó en asesores y técnicos que habrán aconsejado el emprendimiento, no tendrá retorno económico, y solo se explica que se haya generado este embrollo porque se manejan dineros públicos que no duelen en el bolsillo del que gestiona la empresa estatal.
No puede extrañar que el organismo haya llegado por lo tanto a pérdidas de casi mil millones de dólares y que haya arribado a una descapitalización tal que hubiera debido cerrar si no fuera propiedad del Estado. Consecuencia: a los uruguayos se nos ha impuesto una recapitalización forzada con fondos de Rentas Generales y encima a través del sobrecosto en los combustibles, llevándose por delante toda falsa “paramétrica” que evidentemente es de goma, y se ajusta según las necesidades políticas del gobierno de turno.
En este juego –es tragicómico– de pérdidas, mala gestión y ocultamientos, surge claramente que es mucho más barato importar directamente naftas y gasoil que el crudo y procesarlo en Ancap. Lo que indica que los únicos beneficiarios del funcionamiento de esta empresa son los que trabajan o dependen de ella, tanto funcionarios comunes como jerarcas, porque al país no le reditúa en nada favorable. Y la defensa de la “soberanía” que se menciona como argumento, se cae por su propio peso si se tiene en cuenta que siempre estamos dependiendo de la importación, ya sea de crudo como de combustibles refinados.
Es decir, que según los defensores a ultranza de la gestión estatal, se “defiende” soberanía importando y refinando crudo, pero no abaratando los costos para el transporte y los sectores productivos, la logística, que es lo que nos hace competitivos en los mercados internacionales para poder vender nuestros productos y dar trabajo genuino dentro de fronteras.
Y sí, esta rebaja de tres pesos aparece como un saludo a la bandera si tenemos en cuenta que de acuerdo a evaluaciones privadas, solo por diferencia con el precio de petróleo y dólar se podría bajar $ 8 por litro en este momento, además de adoptarse paralelamente medidas administrativas que vayan en la dirección de la eficiencia.
Ahora, por encima de la deficitaria gestión que nos ha aplicado a los uruguayos endeudamiento y sobrecostos por mil millones de dólares en pocos años, la realidad indica que se ha utilizado históricamente como un agente recaudador para las arcas estatales, por impuestos y transferencias de recursos, solo que en el período anterior, sobre todo, exacerbó el gasto y malgastó en inversiones sin sentido.
Y es en este punto donde corresponde no cargarle todas las tintas a Ancap y cambiar el cristal de observación. Porque si bien puede parecer simpática la medida de rebajar los combustibles, no es menos cierto que el precio actual responde a requerimientos del Ministerio de Economía, que determinó ciertas “ganancias” mínimas para los entes estatales. Eso se debe a que el déficit fiscal está en niveles alarmantemente altos, del orden del 3,5% aún con los aportes de estas empresas. Eso quiere decir que lo que se deje de recibir por un lado necesariamente deberá ingresar por otro si se pretende evitar que el déficit se incremente aún más. Por lo tanto, por un lado o por otro, el Estado seguirá obteniendo los mismos recursos, extraídos de todos los uruguayos, ya sea por sobrecostos en otros servicios, impuestos, tasas o lo que sea. Porque lo que no cambia –ni tiene visos de cambiar— es que el paquidérmico Estado se ponga a dieta.
