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Según una evaluación del Poder Ejecutivo, se ha logrado un éxito del 100% en el sistema de tobilleras, y ahora se buscan alternativas para las víctimas con medidas cautelares pero sin tobilleras.
Ninguno de los usuarios de tobilleras electrónicas volvió a cometer hechos de violencia de género mientras fueron monitoreados, destaca una evaluación presentada este martes por el Ministerio del Interior, el Ministerio de Desarrollo Social y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).
En conferencia de prensa, la directora de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, explicó que las tobilleras electrónicas son dispuestas por la Justicia únicamente en casos de violencia de género considerados “de alto riesgo”. Actualmente hay 231 tobilleras activas, lo que significa que se monitoreó la situación de más de 400 personas. A la vez, el ministro del Interior Eduardo Bonomi consideró que la cantidad de tobilleras casi cuadriplica la cifra del primer año en que comenzaron a utilizarse.
Bonomi apuntó que las tobilleras ya son utilizadas en Montevideo, Maldonado, Canelones, San José, Flores, Florida, Durazno, Tacuarembó, Cerro Largo y Treinta y Tres. A partir del 17 de abril, adelantó, también se utilizarán en Salto y Paysandú.
De todos modos, Bonomi remarcó “la necesidad urgente de buscar nuevas herramientas para proteger a esas víctimas que tienen medidas cautelares pero para las que no se dispuso el uso de tobilleras”. De hecho, solamente el 17% de los casos en que un juez ordena una restricción, se dispone el uso de tobillera. Con esa premisa, el Ministerio del Interior prevé lanzar en noviembre una aplicación móvil “específica” para que esas personas puedan solicitar asistencia inmediata cuando el agresor viole la orden de restricción. El ministro subrayó que el uso de la tobillera “no debe ser visto como una medida de prevención” de la violencia de género y señaló que “el 80% de las mujeres asesinadas no hicieron denuncia previa ni en la Policía ni en la Justicia”. Además, sostuvo que considerarlas como una medida suficiente para la prevención es “entender el tema solo desde lo policial”.
Por ese motivo, el ministro del Interior reclamó que se actúe con “un enfoque global” y se apueste por una “campaña comunicacional” que redunde en “la sensibilización de la ciudadanía”.
SINDICATO DE SECUNDARIA DESACTIVÓ PARO
El Consejo de Educación Secundaria (CES) reconoció que 3.516 docentes cobraron mal sus salarios y así fue admitido en una reunión con los principales dirigentes del sindicato. A algunos docentes les tuvieron que pagar todo el sueldo, porque no habían cobrado nada, y a otros les habían depositado menos dinero que el correspondiente. La directora general de Secundaria, Celsa Puente, había escrito el lunes en Twitter que solo 100 docentes habían denunciado que habían cobrado menos de lo correspondiente.
En tanto, la presidenta de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), Virginia García Montecoral, había declarado a El País que habían recibido denuncias de 1.000 docentes pero podían ser “muchos más”. En total hay 23.500 profesores en Secundaria.
Con este cambio, Fenapes decidió desactivar el paro que tenían previsto para este miércoles, en caso de que no se solucionara la situación de los docentes que no cobraron. Mientras tanto, los profesores del liceo N°1 de Solymar ocupan el local educativo desde ayer de mañana, en reclamo por el pago de salarios correspondientes al mes de marzo. Los docentes consideran que se trata de un nuevo atropello del Consejo de Educación Secundaria (CES).
En un comunicado, afirmaron que ninguno de los docentes de ese liceo pudieron cobrar su sueldo, que está disponible desde el 1° de abril. A su vez, calificaron de “poco seria” la respuesta del CES ante esta situación, que también afecta a profesores de otras instituciones.
