Política

La Mesa del Pan y la Confederación de Sindicatos Industriales (CSI) cumplieron una gira por el litoral, manteniendo audiencias en el Ministerio de Trabajo de Paysandú y Salto. El sector demanda políticas de Estado transversales ante un escenario complejo.

“La industria nacional atraviesa por un momento preocupante que se profundizará si no hay un análisis pormenorizado de las consecuencias de los Tratados de Libre Comercio, tanto el que firmará el Mercosur con la Unión Europea, como otros. Nos preocupan las salvaguardas que tiene Europa y que nuestro país no tiene”, señaló el dirigente Luis Echavarría.

La gremial propone mayores incentivos para el norte del río Negro y un diagnóstico común entre la Cámara de Industrias, el Pit Cnt e Inefop. El objetivo es evitar cierres y fomentar el empleo formal frente al avance de la precarización en rubros como la panificación artesanal.

La Junta Departamental analiza una propuesta de la edila nacionalista Mabel Moreira para abordar la problemática de la salud mental en el interior profundo. La moción, derivada a la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, advierte sobre el incremento de suicidios, adicciones y abandono de adultos mayores en zonas rurales.

Para Moreira, las distancias y la escasez de recursos dificultan la atención. “En numerosos casos, estas situaciones son advertidas principalmente por vecinos y vecinas, quienes constituyen el vínculo más cercano y, muchas veces, la primera línea de detección y alerta”, sostiene la edila.

La iniciativa busca que la Intendencia, ASSE, Comepa y el Mides coordinen un abordaje preventivo. “Se considera imprescindible avanzar hacia un abordaje integral, preventivo y coordinado, que involucre a las instituciones del Estado, a los prestadores de salud, a las familias y a la comunidad”, concluye el planteo, subrayando la necesidad de canales de comunicación rápidos para el territorio.

Por iniciativa de la edila del Frente Amplio Natalia Martínez, ha pasado a estudio de la Comisión de Obras y Servicios de la Junta Departamental sanducera su moción respecto a “Equipamiento recreativo para UTU sede Monte Caseros”. Expone al respecto la integrante de la bancada de oposición mayoritaria que “he recibido comunicación del director de UTU, sede calle Monte Caseros, profesor Mario Ricci, quien trasladó la inquietud de mejorar el patio interno de la institución mediante la incorporación de equipamiento que promueva el bienestar y la recreación de los estudiantes”.

“Concretamente, se propone la instalación de una estación saludable con aparatos de ejercicios al aire libre y, como alternativa o complemento, la colocación de mesas recreativas con juegos de mesa. Estas acciones permitirían optimizar el uso del espacio, fomentar hábitos saludables y generar un ámbito adecuado para la integración y el esparcimiento del alumnado”, agrega.
Para la edila, se trata de “una intervención de impacto positivo en la comunidad educativa, que puede concretarse con apoyo técnico, logístico y/o material por parte de la Intendencia Departamental, en coordinación con la institución”.

Complementa la moción solicitando que esta inquietud se radique en la Comisión de Obras y Servicios para su tratamiento y seguimiento, además de que se cursen respectivos oficios a la Intendencia Departamental de Paysandú y a la Dirección de UTU – sede Monte Caseros.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, recibirá mañana de tarde a delegados de Fancap y del Sunca (extractivas) para conocer el plan oficial sobre el negocio cementero de Ancap. El encuentro surge tras las movilizaciones en la planta de Paysandú y en Young, en un clima de “gran expectativa e incertidumbre” por la falta de un plan anual de trabajo.

“Fruto de ese ruido, nos llamaron desde Presidencia y se gestó esta reunión”, señaló el dirigente Eduardo Zabala, quien cuestionó que el plan inicial de las autoridades era no encender el horno, el cual ahora producirá solo hasta completar el galpón. Zabala fue crítico con la gestión actual: “Con el cierre de la producción del portland de Ancap, sumado a otras industrias en nuestro departamento, hay gente en el gobierno que milita la desesperanza”, afirmó, parafraseando dichos del prosecretario Jorge Díaz.

Desde el sindicato denuncian que la reducción de la actividad industrial al 20% derivará en un cierre técnico y la pérdida de permisos de explotación de canteras. “Pueden maquillarlo para obtener el menor costo político, pero a muy corto plazo será el cierre”, advirtió Zabala. Los trabajadores exigen que el presidente cumpla su promesa de 2023 de desarrollar un portland competitivo como motor de la economía nacional.

En una intensa sesión celebrada este lunes, la Junta Departamental de Paysandú abordó con carácter de urgente la compleja situación laboral que atraviesa el departamento. Sobre la medianoche, el plenario votó por unanimidad una moción presentada por el edil nacionalista Marcelo Tortorella, manifestando su “seria preocupación por la degradación de fuentes laborales en Paysandú”.

El planteo central hace foco en el envío al seguro de desempleo de los trabajadores del Frigorífico Casa Blanca, situación que se considera un agravante crítico para la economía local. El cuerpo legislativo resolvió elevar este reclamo a los ministerios de Trabajo, Ganadería e Industria, exigiendo respuestas valederas, mientras el tema pasa a estudio de la Comisión de Asuntos Laborales.

Por su parte, la edila María Silva introdujo una inquietud referente a la llegada del servicio SAME 105. Si bien celebró la instalación de la unidad móvil para el 23 de marzo, advirtió sobre la desigualdad que enfrentan los centros educativos locales frente a la capital. Denunció el “precio exorbitante de un año al otro de las emergencias médicas” que deben costear las comisiones de fomento.

Finalmente, la corporación recibió a extrabajadores de la empresa de taxis Carmisol, quienes conformaron la cooperativa Conductores Unidos de Paysandú. Los trabajadores expresaron su preocupación por la falta de respuesta del Ejecutivo departamental para la obtención de chapas de taxímetro. El plenario dispuso que el asunto sea analizado por las comisiones de Legislación y Asuntos Laborales para viabilizar una solución que permita recuperar estas fuentes de trabajo.

El edil nacionalista Mauro Milán anunció que recurrirá a la Ley de Acceso a la Información Pública para conocer el estado real de los proyectos de saneamiento en la zona norte de Paysandú. La medida surge tras declaraciones del directorio de OSE que negarían la existencia de planes técnicos para el área.

Milán sostiene que el proyecto general ya fue elaborado en 2021, pero carece de presupuesto. El reclamo, impulsado junto a comisiones vecinales, abarca barrios como Los Olivos, Echepare, Las Brisas y Nuevo Paysandú, donde residen unas 14.000 personas sin este servicio básico.

El edil advirtió sobre el alto costo y el riesgo ambiental de los pozos negros en una zona que ha crecido exponencialmente. Al respecto, Milán afirmó que “el proyecto está hecho y terminado, pero el problema es el presupuesto. Nos dijeron que no está previsto para este período”.

Finalmente, adelantó que continuará las gestiones ante autoridades nacionales: “No nos sirve un no como respuesta. Es una obra necesaria para la salud y el desarrollo”, concluyó.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Junta Departamental de Paysandú celebró una sesión especial para reconocer la trayectoria de Balbina Delgado Martínez, referente del trabajo social y comunitario en nuestra ciudad. El homenaje, impulsado por la Comisión de Derechos Humanos, Equidad y Género, contó con la presencia de autoridades departamentales y nacionales.

La edil Mabel de Agostini (FA) destacó la figura de la homenajeada, vinculada históricamente al Club Juventud Unida, donde su labor en el fútbol infantil y femenino trasciende lo deportivo. “He luchado para que el fútbol sea una familia. Hoy no se puede educar sin la familia”, relató la edil citando palabras de Delgado. Por su parte, el edil Daniel Buzzo (PC) resaltó su rol en la Escuela 25 de San Félix, donde brinda apoyo y contención a cientos de niños.

La jornada incluyó reflexiones sobre la lucha de género y la resiliencia. La edil María Castillo remarcó que las mujeres en política aportan “miradas, sensibilidad social, firmeza y capacidad de gestión”. Uno de los momentos de mayor sensibilidad fue el testimonio de las familias del club, representadas por Agustina Dutra, quien afirmó: “Nuestras niñas son felices en la cancha y mucho de eso es gracias a Balbina”. Visiblemente emocionada, la homenajeada cerró la sesión con un simple pero profundo: “Muchísimas gracias por este reconocimiento. Simplemente agradecer: gracias, gracias, gracias”.

Por unanimidad (31 votos), el plenario de la Junta Departamental aprobó un planteo de “urgente consideración” presentado por el edil David Helguera (PC) debido a la crítica situación del Mevir 2 de Constancia. Desde hace nueve años, las familias enfrentan inundaciones sistemáticas, desborde de pozos negros y deterioro sanitario cada vez que se registran lluvias, sin obtener soluciones del Estado.

Helguera denunció que las viviendas fueron construidas sobre una cañada y solicitó el envío de un oficio al presidente de Mevir para que resuelva la situación de cuatro fincas críticamente afectadas antes del próximo invierno. Asimismo, se informó sobre la posibilidad de construir cuatro viviendas nuevas mediante un acuerdo con la Intendencia de Paysandú.

Durante la sesión, otros temas marcaron la agenda de los ediles:

El edil Andrés Silva (PN) alertó sobre la presencia de pintadas ofensivas en el centro de la ciudad y cuestionó la falta de avances sociales a diez años del crimen de David Fremd.

 

Susana Pereyra (FA) celebró la incorporación del tomógrafo propio en el Hospital Escuela del Litoral, mientras que María Silva (PN) destacó la inauguración de la residencia estudiantil universitaria para el próximo 23 de marzo con presencia del presidente Yamandú Orsi.

En tanto Natalia Martínez (FA) cuestionó la gestión del intendente Nicolás Olivera por el desempleo local, mientras Claudio Zanoniani (PN) informó sobre la reciente visita a la planta de e-combustibles en Chile, vinculada al proyecto de hidrógeno verde para Paysandú.

El sindicato de trabajadores de Pilsen, que nuclea a unos 1.000 afiliados desde la elaboración hasta la góndola, se encuentra en gira nacional ante la renovación de acuerdos bipartitos. El dirigente Bruno Pastorino aclaró que los acuerdos “no implican únicamente reivindicaciones salariales, sino de la salud laboral. Es una tarea que requiere de un desgaste y a medida que pasa el tiempo, cada vez hay más trabajadores certificados por problemas de salud”.

El gremio reclama topes en la carga de camiones y cambios en la tripulación de distribución. “El objetivo es disminuir la cantidad de bultos o aumentar las dotaciones por el desgaste físico. Lógicamente, es una discusión que daremos con las empresas”.

Respecto a la industria nacional, Pastorino se refirió a la situación de AmBev-Cympay y la planta de Minas, que permanece abierta tras las movilizaciones. Destacó la producción local de marcas como Skol y Brahma frente a la “inundación de marcas baratas e importadas que atentan contra nuestro trabajo”, concluyó.

El senador del Frente Amplio, Felipe Carballo, presentó una iniciativa parlamentaria para regular el juego en línea en Uruguay, donde se estima que unas 35.000 personas padecen adicción al juego. El proyecto propone la creación de una Plataforma Estatal de Juego en Línea y una Agencia Nacional de Regulación con potestad para auditar algoritmos, gestionar un registro de apostadores y sancionar la operativa sin licencia como un delito.

En diálogo con EL TELEGRAFO, Carballo señaló que los intentos previos de regulación han fracasado debido a que “tocamos intereses muy grandes. Estamos hablando de la banca privada, por ejemplo, que tiene el monopolio de los juegos en el país”. El legislador advirtió sobre la falta de controles actuales: “Cualquier persona con acceso a un celular, Internet y a una tarjeta de crédito puede apostar”, lo que agrava problemas de salud mental y facilita el acceso de menores.

La propuesta busca que el Estado recupere el control de un espacio que hoy explota mayoritariamente el sector privado. “Uruguay debe darse una nueva discusión sobre el juego online y legislar para mejorar los controles e incorporar recursos a las arcas del Estado”, afirmó Carballo, subrayando que la recaudación permitiría financiar políticas sociales y atender la ludopatía. El senador espera que la discusión parlamentaria se concrete durante este 2026.