Política

El Poder Ejecutivo firmó el proyecto de ley para extender por cuatro meses y por última vez el seguro de paro a los trabajadores del Frigorífico Casa Blanca (Fricasa). El texto faculta al Ministerio de Trabajo a prorrogar hasta el 31 de octubre el subsidio a unos 420 trabajadores que perdieron su fuente laboral a raíz del concurso de la empresa.

El dirigente de Aloef, Nelson Medina, recordó que los trabajadores están paralizados desde marzo y sin cobertura médica desde el último vencimiento, el 30 de junio. Lucía da Silva señaló que no pretenden “vivir de un seguro de paro, sino volver a trabajar”.

El abogado de los trabajadores, Julio Logiurato, aclaró que la relación laboral “está suspendida por falta de trabajo”, no extinguida, por lo que no corren los plazos para reclamar créditos.

El Pit Cnt apoyó las movilizaciones, organizó una recolección de alimentos y reclamó un “Plan B de reconversión laboral”.

En una nueva tripartita en el Ministerio de Trabajo, la multinacional AmBev planteó una nueva estructura laboral para la planta de Cympay, con un sistema de turnos de seis por uno, la reducción de 31 puestos de empleo y de la producción a unas 70.000 toneladas, cerca de la mitad de su capacidad.

Los trabajadores del SOEN presentaron una contrapropuesta que reclama el cumplimiento de los acuerdos de los Consejos de Salarios, con un sistema de seis por dos que permitiría recuperar unas diez fuentes de empleo. El sindicato estudia reducir el ciclo de trabajo de cada operario —con un impacto del 20% o 30% en los ingresos— “para sostener la mayor cantidad de empleos posibles”.

La empresa también planteó tercerizar actividades, rechazada por trabajadores y el ministerio. Los planteos quedaron a la espera de una respuesta el 18 de setiembre.

El SOEN alertó que “si no hay cambios sustanciales, en dos años correremos la misma suerte de Minas”.

Los ediles nacionalistas Andrés Silva Gallardo y Alejandro Colacce proponen que un porcentaje de lo obtenido por el remate de bienes decomisados en operaciones contra el narcotráfico sea destinado a políticas de atención y prevención de situaciones de extrema vulnerabilidad, con especial énfasis en las personas en situación de calle.

El planteo propone modificar el destino de parte de los recursos del Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas, que actualmente financian programas de prevención del consumo y rehabilitación.

Los ediles sostienen que las personas en situación de calle “muchas veces también sufren las consecuencias derivadas del narcotráfico y de las dinámicas de exclusión social”.

La iniciativa destaca además el papel de la Policía Comunitaria como parte de una red interinstitucional —no como sustituto del Mides— para detectar situaciones de vulnerabilidad y articular con los equipos sociales.

El ministro de Desarrollo Económico de Entre Ríos, Guillermo “Willy” Bernaudo, afirmó que la instalación de HIF Global en Paysandú puede generar oportunidades económicas también para Argentina: “Las posibilidades de desarrollo de Uruguay son posibilidades de desarrollo para la región”.

Bernaudo expresó su expectativa de que la inversión permita concretar negocios a través del puente General Artigas: “Ojalá que surjan negocios que se puedan hacer (…) con HIF Global”.

El jerarca recordó que las gestiones sobre la ubicación de la planta fueron iniciadas por el gobernador Rogelio Frigerio, y aclaró que la objeción entrerriana se concentró en el impacto visual sobre las playas de Colón —ciudad turística— y no en la inversión ni en la tecnología.

Sobre lo ambiental, manifestó confianza en los mecanismos institucionales y en la CARU, y destacó que el hidrógeno verde es considerado uno de los combustibles “ambientalmente más saludables”.

Luego de más de diez años de reclamos, los vecinos del barrio Mevir 2 de Constancia tendrán una respuesta definitiva al problema de las inundaciones que afectan sus viviendas cada vez que llueve intensamente. Desde la construcción del complejo, el agua ingresa por la parte posterior de las casas y las atraviesa hasta el frente.

La concejal Nivia Mattiauda abordó la situación con gestiones ante Mevir, los ministerios de Vivienda y de Transporte, y en el marco de la iniciativa “El FA te escucha”.

Como resultado, Mevir confirmó que ejecutará una obra para canalizar y entubar el agua hasta una cantera que funciona como desagüe, con una inversión aproximada de 2 millones de pesos, que incluirá también la reparación de las calles intervenidas.

Mattiauda señaló que en noviembre se cumplirán once años de la inauguración de las casas, y que tras esta obra se abordarán los perjuicios provocados por las inundaciones, como grietas en algunas viviendas.

En el marco de un conversatorio local, docentes y referentes de la formación educativa volvieron a poner sobre la mesa el debate por la creación de la Universidad de la Educación. Las integrantes de la comisión local de ProUned, Carla Bernardoni y Nara Saralegui, destacaron la necesidad de profesionalizar la docencia, fortalecer la investigación y garantizar el acceso gratuito a carreras de grado y posgrado.

Saralegui recordó que la propuesta tiene un largo recorrido y planteó dos conceptos centrales: “Queremos pasar a un nivel universitario con autonomía y cogobierno“, elementos que —dijo— evitan quedar “atrapados en los avatares de las políticas partidarias”.

Bernardoni agregó que la universidad permitiría fortalecer la investigación y la producción de conocimiento propio.

Consultadas sobre qué falta para concretar el proyecto, fueron claras: “Faltan los votos”. También destacaron que ampliaría el acceso a la formación en el interior.

José Pereyra, director del BPS en representación del sector empresarial, dejará el cargo en diciembre tras cinco años de gestión. En entrevista con EL TELEGRAFO durante una de sus últimas recorridas por el Interior, fue contundente sobre los problemas del organismo: “La gente no hace lo que se le ordena, hace lo que se le controla. Y ahí en el BPS hay descontrol, que nadie controla nada”. Planteó “rever todo lo que hace el BPS” y trasladar funciones a organismos especializados, como la vivienda al Ministerio correspondiente y la salud a quienes realmente saben de salud.

Cuestionó que el organismo administre “un tercio, un cuarto del dinero del país” sin la atención que merece: “Uruguay está de espaldas al BPS”. Entre los señalamientos concretos mencionó complejos habitacionales con viviendas deterioradas y otras sin entregar pese a estar prontas; cinco centros de salud que operan “sin saber de salud”; y un sistema de préstamos para jubilados con un déficit acumulado de 61 millones de dólares. También destacó el proyecto de ley sobre deudas empresariales, que abarca unos 40.000 empresarios y busca aliviar multas, moras e intereses sin condonar el capital.

Pese al diagnóstico crítico, Pereyra se despide con optimismo: “El día que los partidos políticos, las gremiales, los sindicatos y los jubilados se tomen en serio el BPS, vamos a tener un verdadero ámbito de seguridad social”. Su balance personal pone el acento en las recorridas por el país: “Es indescriptible la sensación de ayudar a otros. Ese tipo de cosas, de sentir que sos útil para otros, nunca la sentí en ningún ámbito de la vida”.

Vecinos y comerciantes del entorno del ex Sanatorio Pasteur presentaron ante el Ministerio de Desarrollo Social una solicitud de acceso a la información pública para conocer quién tendría a su cargo la gestión del proyectado dispositivo para personas en situación de calle, bajo qué contrato, con qué modalidad, cupo y horarios.

El pedido reclama identificar la organización, oenegé, cooperativa o empresa adjudicataria, copia del convenio y los mecanismos de fiscalización y sanciones previstos.

También solicitan conocer la modalidad exacta del centro, las medidas para evitar aglomeraciones en las veredas y los protocolos de contención, así como la composición del equipo multidisciplinario por turno.

Otro grupo de preguntas apunta a las habilitaciones del edificio ante la Intendencia y Bomberos. Paralelamente, los vecinos realizaron consultas ante Bomberos, la Intendencia, el BPS y el Sunca sobre las obras en curso.

Con vistas a la implementación de un programa piloto de turismo inteligente en Paysandú, el edil nacionalista Ignacio Ifer ha presentado una moción en la Junta Departamental, en cuya exposición de motivos explica que “UrblA es una plataforma tecnológica orientada al fortalecimiento del turismo mediante herramientas de marketing de proximidad, geolocalización, códigos QR y otras tecnologías inteligentes, con el objetivo de potenciar el patrimonio, descentralizar las oportunidades turísticas y promover el desarrollo económico local”.

Agrega Ifer que, considerando que el turismo constituye uno de los principales motores de desarrollo económico, generación de empleo y promoción de las economías regionales, y que el departamento de Paysandú cuenta con un importante patrimonio histórico, cultural, natural y turístico con potencial para incrementar su visibilidad y captar un mayor flujo de visitantes, la incorporación de herramientas tecnológicas permitiría brindar información actualizada y accesible a los turistas, mejorando su experiencia, promoviendo una mayor permanencia en el territorio e incentivando el consumo en comercios, emprendimientos y servicios locales.

La edila del Frente Amplio Natalia Martínez presentó un pedido de informes a la Intendencia de Paysandú para conocer en qué condiciones participó el grupo musical “La Milonguera”, vinculado al gobierno departamental, en el acto realizado en el Teatro Solís por el 160.º aniversario del Partido Nacional, y determinar si se utilizaron recursos públicos.

El planteo, amparado en el artículo 284 de la Constitución, busca establecer quién dispuso o autorizó la presencia del conjunto y “cuál fue el fundamento administrativo y jurídico para su participación en una actividad de carácter político-partidario”.

Martínez también solicita conocer el origen y destino de los recursos eventualmente utilizados para el traslado, estadía y presentación, así como copia de la documentación administrativa y contable.

Finalmente, pide a la Intendencia que informe si considera que esa participación se encuentra comprendida dentro de sus cometidos y competencias.

El antiguo Sanatorio Pasteur continúa incluido en el programa que prepara el Ministerio de Desarrollo Social para atender a personas en situación de calle en Paysandú, aunque como uno de cinco dispositivos con diferentes modalidades. Así lo afirmó la edila frenteamplista Silvia Fernández, quien integró la delegación que se reunió con el ministro Gonzalo Civila.

Consultada sobre la posibilidad de cambiar la ubicación, Fernández se remitió a lo expresado por el ministro: “El Sanatorio Pasteur está dentro del proyecto”. Adelantó que Civila viajará próximamente a Paysandú para explicar la propuesta en detalle.

La edila explicó que el programa “contempla cinco dispositivos y no una única respuesta”, y apunta a superar la respuesta limitada al refugio para abordar de manera integral la vivienda, la salud, el consumo y los vínculos.

El objetivo, señaló, es “avanzar hacia la inclusión social” y que las personas puedan recuperar una vida autónoma.

El dirigente nacionalista Jorge Larrañaga Vidal reafirmó su candidatura a la Intendencia de Paysandú para el próximo período y confirmó que antes participará como candidato a diputado en las instancias interna y nacional. “Yo quiero ser intendente de Paysandú, mi sueño sería ser intendente de Paysandú. Voy a luchar incansablemente para eso”, afirmó. Señaló que su sector representa una “área de renovación” dentro del Partido Nacional con un perfil diferente al del intendente Nicolás Olivera.

Fue especialmente crítico con el presidente Yamandú Orsi por haber anunciado erróneamente que Argentina había retirado la acción judicial vinculada a HIF Global. “Lo que puedo entender es que hay falta de interés, porque no puede ser que no tenga la información a mano”, señaló. Cuestionó que se realicen declaraciones “totalmente desinformadas y desacertadas” sobre un proyecto de esa magnitud y remarcó que “de las principales tareas que tiene el Presidente de la República es comunicar y comunicar bien”.

Sobre la contratación vinculada a Teyma por parte de la Intendencia, prefirió no pronunciarse por no conocer los detalles del proceso.

Como integrante del Directorio del Partido Nacional, Larrañaga Vidal dijo llevar a la discusión nacional los problemas de Paysandú: desempleo, HIF, la situación industrial y los casos de PILI, AmBev y Fricasa. Informó que retomó el reclamo de extrabajadores de PILI que quedaron fuera del Fondo de Garantía Laboral por el breve período transcurrido entre la declaración del concurso y la entrada en vigencia de la norma, y que mantiene conversaciones con el ministro de Trabajo para explorar una “vía de excepción”.