Opinión

Y si así les va a los alemanes…

El dato sobre el comportamiento de la economía alemana en el pasado año es ilustrativo en su real magnitud de la afectación que ha ocasionado la pandemia de COVID-19, sobre todo si se parte del hecho de que esa nación tiene la economía más fuerte del viejo continente y es una de las mayores a escala global.
Pero ni siquiera su solidez ha podido impedir que Alemania viera contraer su economía en 2020 un 5% a causa del impacto de la pandemia de coronavirus, según anunció la Oficina Federal de Estadísticas (Destatis). El retroceso de la economía germana el pasado año ha batido casi todos los registros: es la segunda mayor recesión de la historia de posguerra del país, y solo en 2009 el PBI alemán se redujo aún más bruscamente, un 5,7%, como consecuencia de la crisis financiera mundial. Tras el impacto, el Bundesbank predice una mejora del 3% en 2021 y del 4,5% en 2022.
Debe tenerse presente igualmente que Alemania fue uno de los países europeos que mejor resistió el embate de la Gran Recesión, y según los especialistas, los números hacen pensar que también estará entre los que salgan de la pandemia con menos rasguños. En un año en que la mayoría de sus socios batirán sus peores marcas, –con desplomes esperados de doble dígito en casos como el de España– la contracción del 5% sufrida por Berlín es incluso menos acentuada que la de la última crisis global.
“Tras un período de crecimiento de 10 años, la economía alemana sufrió una profunda recesión en 2020, el año del coronavirus, una situación similar a la de la crisis económica y financiera de 2008-2009. Sin embargo, la recesión en su conjunto, fue menos grave en 2020 que en 2009, según cálculos provisionales”, señala Destatis.
Según la oficina estadística, ningún sector de la economía quedó exento del zarpazo del virus, aunque la industria y los servicios fueron especialmente golpeados. En la industria (excluida la construcción), que representa poco más de una cuarta parte de la economía total, la caída fue del 9,7% en comparación con 2019, y del 10,4% en el caso de la manufacturera.
El impacto se notó especialmente en la primera mitad de 2020, y no siempre estuvo vinculado a asuntos domésticos: las interrupciones temporales en las cadenas de suministro globales dañaron la marcha de una economía muy dependiente de las exportaciones, según Destatis.
A su vez las restricciones ligadas al virus provocaron una caída histórica del gasto de los hogares del 6%, amortiguada por el aumento de un 3,4% del gasto público, en parte por la adquisición de material sanitario y de protección.
La contracción también tuvo sus consecuencias negativas en el ámbito del empleo. Acabó con 14 años consecutivos de crecimiento de la ocupación en el país: en 2020 se registró un 1,1% menos de personas con trabajo (477.000 menos que en 2019), aunque la tasa de paro con la que cerró el año, del 5,7%, es mucho menor que la de muchos de sus vecinos, sobre todo del Sur.
Por añadidura, en un país que hace justa gala de la solidez de sus cuentas, el coronavirus ha introducido elementos de desajuste. El año pasado la economía alemana tuvo su primer déficit presupuestario desde 2011. El gobierno federal, los estados, los municipios y las cajas de seguridad social gastaron 158.200 millones de euros más de lo que ingresaron, llevando el déficit al 4,8%, el segundo déficit más alto desde la unificación alemana, solo superado por el déficit récord de 1995, cuando las deudas de la Treuhand, la sociedad fiduciaria encargada de privatizar el patrimonio de la antigua RDA, se transfirieron al presupuesto estatal.
Pese a que Alemania ha endurecido las restricciones, el Bundesbank, el banco central alemán, pronostica que la economía alemana crecerá un 3% en 2021 y un 4,5% en 2022, aunque su dependencia del sector exterior la hace vulnerable a la incertidumbre que genera el virus en sus socios comerciales.
Hemos traído a colación cual es la situación del mejor de la clase para poder establecer un escenario comparativo a la problemática mundial, la de América Latina y en particular la de Uruguay, habida cuenta de las marcadas diferencias estructurales, coyunturales y culturales con la nación germana, la que igualmente está sufriendo las consecuencias del desastre generado por el virus, aunque sí con espalda financiera como para amortiguar el impacto social, lo que no ocurre en los países de nuestra región, por supuesto.
Y es pertinente referirnos a las reflexiones del director de Estrategia Global de Asset Management de BBVA, Dr. Joaquín García Huerga, en el análisis de coyuntura del suplemento Economía y Mercado de diario El País, al considerar el futuro inmediato pos pandemia, desde el punto de vista de los estímulos fiscales para tratar de paliar las consecuencias de la crisis y apuntalar la recuperación global.
Sus reflexiones son marcadamente optimistas al fin de cuentas, si se actúa con sensatez, en lo que confía, y augura un crecimiento económico significativo para 2021, son subas superiores al potencial en todas las economías consideradas relevantes para el conjunto, tanto por la superación de la pandemia como las medidas de estímulo monetario y fiscal.
Hay sin embargo aspectos particulares a tener en cuenta, que menciona el jerarca, al referirse al “daño estructural proyectado al período post COVID-19, y a aquellos sectores económicos que lamentablemente se están llevando lo peor de esta crisis. Específicamente, sectores como el turismo y la hotelería, donde el daño indudablemente es estructural y global, donde va a ser necesario inyectar más dinero para mantenerlos o reconvertirlos”.
Además, considera que el futuro pos pandemia estará signado por la polarización política, proteccionismo, y daños estructurales en esos sectores de la economía, mientras que como apoyo se manejan mayores estímulos fiscales en un intento de recuperar la actividad y darle sostenibilidad.
Es decir, por lo menos un horizonte de esperanza tras más de un año aciago de incertidumbre y caída. La expectativa, en el caso particular de Uruguay y los países del Cono Sur latinoamericano, es que habrá una demanda adicional de alimentos y productos del agro, donde como ejemplo la soja ya está por encima de los 500 dólares la tonelada, lo que nos vendría muy bien por cierto para minimizar los daños y apostar, como desde siempre, a la producción agropecuaria como puntal para una reactivación que se ha hecho esperar demasiado. > Leer más

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La calidad del agua en nivel rojo

En los últimos días del mes de diciembre, el nuevo Ministerio de Ambiente subió a su web el último Informe del Estado del Ambiente 2020, correspondiente al período 2016-2019, a cargo de la División Calidad Ambiental de Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama). La administración anterior no presentó dicho documento que debe efectuarse en forma regular, aunque los datos son preliminares.
El documento contiene la información relativa a las aguas superficiales y subterráneas, suelos y cambio climático, entre otros aspectos inherentes al medio ambiente. Y de acuerdo al informe, los técnicos registraron niveles “no aceptables” en la totalidad de los cuerpos de agua del país.
Los análisis destacan los indicadores de fósforo, nitrógeno, clorofila, bacterias como los coliformes o el oxígeno disuelto en el agua. En la mayoría de los registros del fósforo (81%) mantiene niveles no aceptables y el nitrógeno llega al 44%.
El informe de 129 páginas, utiliza los colores del semáforo para graficar la gravedad del problema. Y el rojo abunda en un mapa que presenta contaminación en todas sus cuencas. Desde el Norte, en el Cuareim, hasta el Santa Lucía, atravesando el río Negro, los ríos Tacuarembó y Yí hasta llegar al este por las lagunas, particularmente la Merín, se encuentran con altos niveles de contaminación y señalados en rojo.
Los niveles más altos de nitrógeno están al centro del país, entre los departamentos de Tacuarembó, Durazno y Río Negro, hasta seguir al área metropolitana con el Santa Lucía. Por otro lado, mejores guarismos presenta el litoral atlántico.
En cuanto a otros indicadores, como el Índice de Estado Trófico, ubica al San Salvador en amarillo y la cuenca del Santa Lucía en rojo. Este río que abastece a una importante área del territorio nacional, densamente poblada, mantuvo como una constante, altos niveles de contaminación durante el período relevado en el informe. Por lo tanto, las medidas anunciadas en esos años y los anteriores, reflejaron una escasa o nula efectividad.
Las cuencas miradas en su globalidad y particularmente el río Uruguay, compartido con Argentina, presenta un esquema igual de complicado en las ciudades costeras. De acuerdo con la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), los coliformes fecales “no deberán exceder una media logarítmica de 200 UFC / 100 ml” entre las “cinco muestras igualmente espaciadas tomadas en un período de treinta días”. Sin embargo, ese tope se supera en la mayoría de las playas del litoral uruguayo y en la provincia de Entre Ríos, según el reporte presentado en diciembre.
Las ciudades costeras, en ambas márgenes, esperan desde hace décadas la concreción de las plantas de tratamiento de efluentes cloacales, a fin de mejorar la problemática ambiental generada por años de atención deficitaria en materia de saneamiento. Si las bacterias y coliformes se mantienen en índices elevados, no queda otra posibilidad que hablar de una deuda que lleva años de promesas y que en tiempos de estiaje y estío, nos devuelve una realidad compleja para las poblaciones que concurren a los cursos de agua para baños recreativos.
El “Programa de Vigilancia de Playas del Río Uruguay” para el verano 2020-2021, detalla prácticamente el mismo panorama que el período anterior.
Por el momento, comienza a moverse la rueda del lado argentino. El anterior gobierno de Mauricio Macri tomó un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para construir cinco plantas de tratamiento de efluentes cloacales. La medida, de llevarse a la práctica, se enmarcará en el Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay y alcanzará a los municipios de Concordia, San José, Concepción del Uruguay, Colón y Gualeguaychú a través de una inversión de 80 millones de dólares.
El programa llevará adelante nuevas obras y otras de rehabilitación, tratamiento y disposición de los efluentes cloacales para terminar con su descarga en las playas y con los efectos negativos sobre las condiciones sanitarias de un río compartido.
Por este lado, persisten las evaluaciones y los anuncios conforme pasan las administraciones, además de las posibilidades de construir a través de la iniciativa público-privada.
Como sea, desde que este curso de agua pasó a ser administrado por el organismo binacional, se habla de la principal fuente de contaminación por los vertidos en crudo. Y prácticamente, el mismo tiempo ha transcurrido para hablar de soluciones, la obtención de los recursos y las posibilidades de que las ciudades protagonistas, se enganchen en un sistema que siempre resultó costoso para los recursos escasos. Pero que ahora, nos damos cuenta de un costo mayor, como el ambiental, el sanitario y nuevamente en los aspectos económicos. Porque estas no se presupuestan, sino que se obtienen de préstamos internacionales, tal como lo ocurrido durante la administración macrista.
La última confirmación del lado uruguayo, corresponde al mes de octubre del año pasado, cuando OSE señaló que la planta de efluentes cloacales se adjudicará en el segundo semestre de 2023. No obstante, las organizaciones sociales que siguen el tema desde hace décadas, han manifestado su incomodidad por las fechas planteadas. Recién comenzó el 2021 y con los pasos acostumbrados a dar en los tiempos administrativos, no será posible ver finalizada la obra hasta dentro de unos años.
Pero el “río de los pájaros pintados” tiene el problema hoy, provocado por el tiempo transcurrido. Un tiempo que necesitó la mirada a sus aguas y su entorno. Pero prefirieron mirar para el costado. > Leer más

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El Paysandú post pandemia

El escenario político, económico y social creado en todo el planeta a raíz de la pandemia del COVID-19 ofrece un doloroso y urgente ejemplo de una dualidad en la acción gubernativa: sin importar el país, el continente o el régimen político imperante, las necesidades más urgentes de esa enfermedad se han transformado en un tema de permanente atención y ocupación, pero al mismo tiempo urgen los esfuerzos para que las economías y las comunidades afectadas sigan funcionando y se proyecten hacia el futuro. Presidentes, primeros ministros, legisladores y jerarcas de organismos internacionales de diversa índole, entre otros referentes de la actividad pública dedican gran parte de su jornada diaria a tratar de prevenir dicha enfermedad o al menos de mitigar sus efectos. Todo ello en un panorama en la cual en muchos países se han presentado demoras en la fabricación, entrega e inoculación de las diversas vacunas que se encuentran disponibles en el mercado. En un mundo marcado por la entrega de bienes “a tiempo” (“just in time” según la expresión en inglés), la entrega de vacunas que requieren diversos cuidados en su transporte agrega nuevos inconvenientes al largo camino que deben recorrer hasta sus destinatarios. Aún en países desarrollados y que ya cuentan con vacunas, su efectiva aplicación plantea problemas de diversa índole.
De acuerdo con los economistas Joachim Fels, Andrew Balls y Daniel J. Ivascyn de la empresa Pimco, existen cuatro disrupciones que van a marcar la economía en el mundo post pandemia. Según los autores, se trata de cuatro desafíos macroeconómicos globales con capacidad de ser disrupciones estructurales, es decir, de provocar cambios profundos y duraderos en la economía y en la sociedad: la República Popular de China, el populismo, los riesgos climáticos y la tecnología. De acuerdo con una reseña del informe antes mencionado y que ha publicado “El Periódico” de Cataluña, China “ha logrado mantener el pulso de su crecimiento, gracias a un sorprendentemente rápido control del coronavirus, y está aún mejor posicionada como potencia económica” (…) la mayor robustez de China representa una disrupción “para los productores de alto valor añadido del resto del mundo” e incluso “cuestiona el orden geopolítico establecido” en el que, “hasta la fecha, el trono lo ocupa EE. UU.” al tiempo que “pone de relieve el ‘renovado énfasis’ del país en su plan estratégico, centrado en reducir su dependencia de la tecnología y de los mercados mundiales”. En cuanto a los populismos, “entendido como proteccionismo económico y nacionalismo político, probablemente se verán reforzados por la recesión provocada por la pandemia”. “En los últimos años se ha hecho patente como estas corrientes ideológicas han revivido en la sociedad y en la arena política. Así, de la mano de una polarización creciente del debate público, estos expertos consideran que el aumento de las desigualdades que puede propiciar la pandemia avivará todavía más los sentimientos populistas”. Al referirse a los riesgos climáticos se deja en claro que los mismos siguen estando presentes, pero han perdido fuerza ya que “el cumplimiento de la Agenda 2030 ha quedado relegado a un segundo plano ante la urgencia de dar respuesta a la crisis sanitaria, económica y social que ha generado la COVID-19”. Todo ello a pesar de que “los daños que el cambio climático produce tanto en la vida humana como en la actividad económica ‘se han hecho más evidentes y acusados este año, poniendo el foco en las catástrofes medioambientales’. Por otro lado, se destaca que, ‘a pesar de esa situación de parada técnica, existen también riesgos relacionados con el hecho de que la transición hacia una baja emisión de carbono concentra cada vez más atención de políticos, empresas e inversores’”. El último de los factores señalado por estos especialistas es la incorporación de las nuevas tecnologías, la cual “está actuando como agente beneficioso en diversos escenarios, desde el sanitario en cuanto a la respuesta global a la pandemia, como el industrial o financiero. Y la tecnología ha visto amplificada también en estos meses su intervención como agente disruptivo (…) que aunque es probable que los patrones de trabajo y consumo tiendan a regresar a los niveles previos a la crisis una vez superada la pandemia, ‘el poder económico adicional que han ganado las empresas tecnológicas, tanto las establecidas como las nuevas, las convertirá en un factor de disrupción aún más potente’”.
Ante esta situación que combina la acción concreta y efectiva en el presente con la planificación necesaria para los desafíos futuros, Paysandú debería estar trabajando en la situación económica y social del departamento de cara a un escenario post pandemia. Es verdad que nadie sabe cuándo terminarán los efectos más perjudiciales del COVID-19 y hasta qué momento sus efectos continúen aumentando las tasas de desempleo e informalidad laboral y desprotección social en todo el mundo y en nuestro propio departamento, pero precisamente por ese motivo debemos abocar nuestros esfuerzos a pensar cómo será el Paysandú que emergerá de esta situación. Si bien se trata de un esfuerzo cuyo principal responsable es el gobierno departamental, sería conveniente que estos nuevos retos sean pensados más allá de las paredes del Palacio Municipal, cuyos ocupantes transitorios están destinados en mayor o menor tiempo a dejar paso a otras personas que ocuparán su lugar. Lamentablemente los múltiples y endémicos problemas que tiene nuestro departamento no desaparecen cuando los actores políticos se retiran del antiguo edificio de Sarandí y Zorrilla de San Martín sino que continúan esperando por soluciones muchas veces anunciadas pero nunca concretadas. Quienes rotan en sus cargos son los políticos, pero no los problemas, los cuales una vez sí y otra también se trasladan de generación en generación sin ser solucionados.
Ante este panorama, resulta urgente que el gobierno departamental y los actores sociales y económicos del departamento comiencen a trabajar en el Paysandú post COVID 19, para lo cual habrá que pensar en nuevos paradigmas departamentales y convocar a referentes que tengan las ideas y el impulso para concretar las iniciativas que puedan adoptarse en ese importante ámbito. No debemos ni podemos olvidar que nuestro departamento arrastraba desde años anteriores una acuciante situación de desempleo y subempleo que la pandemia agravó, sumando más cierre de micro, pequeñas y medianas empresas y la consiguiente pérdida o precarización de puestos de trabajo. Más allá de los temas diarios que puedan existir en la agenda política que llevan adelante el oficialismo y la oposición departamental, existe una impostergable necesidad de comenzar a trabajar para tener soluciones concretas para cuando esta pandemia global sea tan solo un mal recuerdo, objetivo que sólo se logrará combinando soluciones de mediano y largo plazo. > Leer más

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Un acuerdo a la espera de Biden

Un asunto fue el desvelo de las potencias occidentales, al igual que de Israel, durante muchos años y que últimamente ha salido nuevamente a la palestra con fuerza: el programa nuclear de Irán. Del que se teme, por estos lados, que tiene fines bélicos, en tanto el régimen de Teherán asegura que solo persigue objetivos pacíficos, como la de la generación energética.
Con el tiempo, y con las presiones internacionales de por medio, se llegó a un acuerdo en torno al plan nuclear iraní. De esto ya pasaron cinco años. De cualquier modo, Irán no ha hecho bien los deberes y ha dado pasos que ponen en serio riesgo este entendimiento. Mientras tanto, se espera que con la asunción de Joseph Biden, el miércoles, como presidente de Estados Unidos, las cosas puedan volver a encaminarse.
El acuerdo, conocido como JCPOA en sus siglas en inglés, entró en vigor el 16 de enero de 2016, seis meses después de su firma en Viena entre Irán y seis grandes potencias (Estados Unidos, Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania).
Con el objetivo de impedir que Teherán desarrollase la bomba nuclear, el JCPOA limitó el programa atómico iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales, pero la retirada unilateral de Washington en 2018 –con Donald Trump a la cabeza– lo dejó en la cuerda floja.
El pacto resulta necesario no solo para la paz de Medio Oriente, sino la de todo el planeta. Aunque el gobierno iraní sea de poco fiar, no queda otra que avanzar en la diplomacia: que Teherán haga bien los deberes y que Estados Unidos también, regresando al JCPOA con otra actitud. En esto depende del levantamiento de las sanciones, que nunca se fueron del todo.
Por este motivo, ni lerdos ni perezosos, los iraníes siguieron adelante con sus proyectos nucleares y a reducir en cuanto podían los compromisos de aquel acuerdo. Algunas de las medidas adoptadas fueron el enriquecimiento de uranio a una pureza mayor de lo permitido y el uso de centrifugadoras avanzadas.
A principio de año se supo que Irán comenzó a inyectar gas en las centrifugadoras de la planta de Fordow para enriquecer uranio a una pureza del 20%, en una clara violación del acuerdo nuclear de 2015. El portavoz del gobierno iraní, Alí Rabií, explicó entonces que el proceso de inyección de gas en las centrifugadoras comenzó “hace unas horas” tras la orden del presidente, Hasan Rohani, para implementar una reciente ley aprobada por el Parlamento. O sea, está en marcha. Los iraníes ya no disimulan, esto está clarísimo.
Conforme al JCPOA, Irán no puede enriquecer uranio a un nivel superior al 3,67%. Teherán ya superó en 2019 ese límite de pureza máxima, pero solo hasta un 4,5%. No obstante, el 20% de enriquecimiento sigue estando muy por debajo del 90% necesario para desarrollar una bomba nuclear. Pero todo requiere un principio, y las sospechas siguen ahí, que mantienen en vilo al mundo. Además, la movida de Irán vino precedida por el asesinato en noviembre pasado del destacado científico iraní Mohsen Fajrizadeh, considerado por Occidente e Israel el responsable del supuesto antiguo programa secreto persa para desarrollar armas nucleares.
La avanzada también se dio en el Parlamento iraní, dominado por los conservadores, que ordenó emplear al menos a 1.000 centrifugadoras avanzadas en la instalación de Natanz, en otra vulneración del JCPOA, que solo permite a Irán usar las de primera generación, y limitar las inspecciones del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).
Ante esta tensión, el resto de firmantes del pacto nuclear, en especial los tres países europeos, ven en la administración de Biden una chispa de esperanza para salvar el histórico acuerdo. Y por cierto que lo es. El presidente entrante de Estados Unidos tiene otra impronta que su predecesor, el inefable Trump, que parecía estropear todo lo que tocaba. Con un estilo más ameno –el de Biden–, no debe faltar tampoco la firmeza ante un régimen como el de Irán que gusta dar puñaladas por la espalda.
La llegada de Biden a la Casa Blanca es una oportunidad para un cambio de aire que comparte el analista del Centro de Estudios Estratégicos de Oriente Medio de Teherán, Ardeshir Pashang, quien destacó que el nuevo presidente, como vicepresidente de Barack Obama, fue “miembro del equipo que creía en eliminar las tensiones con Irán y llegar a un acuerdo”.
Puede que en el corto plazo, con el nuevo panorama, se reduzcan las presiones sobre Irán, más allá de que un eventual retorno de Estados Unidos al pacto y el levantamiento de las sanciones lleven su tiempo, según los expertos. A todo eso sobrevendrán imposiciones de condiciones, sin lugar a dudas. Esto siempre ha sido así y así es como funciona.
Irán asegura e insiste que, pese a las piedras que ha puesto en el camino y a las violaciones del JCPOA, tiene la voluntad de revertir el camino desandado. Eso sí, suele aclarar que todo ha sido culpa de Estados Unidos, lo que en buena parte es cierto. También es cierto el constante cinismo iraní, punto a tener en cuenta cada vez.
Lo que puede complicar todo, como suele suceder, es el derramamiento de sangre. Y ha habido una guerra encubierta entorno al programa nuclear iraní. Al menos cuatro científicos vinculados al programa nuclear iraní fueron asesinados entre 2010 y 2012 y un quinto fue gravemente herido en otro ataque. Y hace poco sucedió lo del científico Fajrizadeh. Convencer de este modo resulta más que complicado. Todos deberán poner de su parte, no es un tema menor. Veremos qué sucede con Biden. > Leer más

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Los intereses de usura, un tema pendiente

Aunque se han presentado diversos proyectos en estos años, sobre todo el año pasado, para corregir elementos del delito de usura, estos planteos han quedado relegados durante los gobiernos del Frente Amplio y tampoco han avanzado significativamente en la administración de gobierno actual.
Se trata de proyectos tendientes a modificar la Ley de Usura y crear procedimientos para la reestructuración de la deuda de personas físicas, lo que a juicio de varios legisladores tiene vínculos directo con abusos en la aplicación de tasas de interés, que en muchos casos son exorbitantes, y que afecta a los segmentos más pobres de la población.
Uno de los defensores de la instrumentación de modificaciones a la normativa en vigencia es el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien manifestó al respecto que “se terminan pagando intereses de ciento y pico por ciento en un país donde la inflación no llega a dos dígitos. O sea que no tiene gollete y se lo permiten hacer. Lo hacen financieras que dependen de los bancos principales, casi todas ellas. Esa usura termina con que el ciudadano no tiene formas de salir. Entra en una calesita de la cual no tiene salida”.
El año pasado, más precisamente el 7 de octubre, fue presentado un proyecto de ley sobre el tema que ha pasado a la Comisión de Hacienda del Senado, y en la exposición de motivos la iniciativa expresa que las ideas rectoras se basan en la legislación de Nueva Zelanda, a la vez de destacar que “se pretende legislar un único proceso para las personas físicas que se encuentren en estado de crisis económico-financiera que no sean titulares de bienes, o sea que su activo sea su única vivienda con un valor equivalente al establecido para su incorporación como bien de familia y/o sus ingresos anuales sean menores o iguales a las 120.000 unidades indexadas, lo que equivale a un año de 3 salarios mínimos mensuales”.
A su vez el representante Daniel Peña, del Partido de la Gente, elaboró una iniciativa legislativa con el objetivo de generar una herramienta que sirva a los consumidores como protección de todo tipo de contratos de crédito, de manera que las “abusivas” tasas de interés no los lleven a un sobreendeudamiento.
La propuesta tiene por finalidad reformar y ampliar el alcance de la Ley de Usura, para así evitar la “muerte civil” de aquellos que acuden al crédito, “de la que difícilmente puedan salir, no por su falta de voluntad de pago, sino por la imposibilidad de pagar los adeudos luego de la aplicación descontrolada de los intereses”.
La regulación del sistema financiero es una inquietud que el diputado tiene desde hace largo tiempo, sobre todo, porque “el sistema se transformó en un oligopolio de cuatro o cinco bancos que terminan regulando todo el mercado financiero”. Según explicó, dichas entidades fueron las que compraron la mayoría de las financieras, por lo cual manejan no solo el crédito bancario, sino también la mayoría del préstamo al consumo.
Entrevistado por el semanario La Mañana, aseguró que ellas conforman una mesa de bancos donde prácticamente se negocia todo y se deja “presa” a gran parte de la población, más que nada, la de menos recursos y más necesitada.
“Es un sistema muy maquiavélico que armó el Frente Amplio, que fue la bancarización obligatoria, donde una persona que hoy se atrasa en alguna cuenta, entra al clearing y pasa a ser un muerto civil”, puntualizó. Para evitar llegar a ese punto, comentó que los consumidores van entrando en un mecanismo que termina siendo muy injusto porque, en definitiva, quienes menos tienen son quienes terminan pagando más.
Esto significa que acceden con el salario al crédito bancario, pero después, ante cualquier atraso, ingresan a financieras donde la ley hoy permite que haya hasta un 200% de interés anual en pesos en créditos al consumo.
Asimismo, el legislador calificó esa ganancia como “totalmente extralimitada” y “fuera de lo normal”, sobre todo, si se considera que la inflación actual del país es del 10%. “Si el Estado permite esto, directamente estamos avalando el robo a mano armada a la gente que más necesita”, lamentó.
Si bien estos argumentos son de recibo, el escenario generado por la pandemia ha dado más elementos sobre la necesidad de regular los niveles de usura, particularmente cuando unos 150.000 uruguayos fueron enviados al seguro de paro y no todos han regresado a pleno horario en sus trabajos, en el mejor de los casos.
Si bien se han abierto varias actividades, muchos de los trabajadores afectados “habían planificado su endeudamiento en el sistema bancario en marzo-abril y lo habían extendido en cuotas durante un largo período de tiempo. Lamentablemente, es difícil que muchos de ellos se reintegren rápidamente al trabajo, pero las cuentas continúan y las financieras aumentan las tasas de interés en mayor medida”, precisó el parlamentario, quien entiende que es urgente regular y bajar la tasa que a través de la Ley de Usura se le permite establecer al sistema financiero. “No podemos tener una inflación de un dígito con tasas del 200%; necesitamos bajar la tasa máxima permitida que el Uruguay tiene aprobada legalmente”, enfatizó.
En la misma línea, el especialista jurídico en la problemática financiera, Dr. Federico Graglia, destacó la situación por la que han atravesado los trabajadores en los últimos meses, puesto que debieron acudir a las financieras, que “matan al propio consumo” con sus intereses “estratosféricos”.
El especialista ejemplificó que hay trabajadores que están en seguro de paro que no cobran el 100% de su sueldo y están recurriendo a las financieras para cubrir el faltante, “a tasas astronómicas que no están reguladas o están mal reguladas por el Banco Central del Uruguay (BCU)”.
Agregó que “el Estado no tendría que permitir que las financieras se coman el sueldo del asalariado con intereses impagables”.
Debe tenerse presente que este escenario se da en el marco de la normativa vigente, pero como bien subrayó el diputado Peña, la usura es tan amplia que lo que la ley permite es un “robo autorizado” en los créditos. Es por ello que propone una modificación de fondo para bajar los niveles que la Ley de Usura estipula.
Igualmente, debe considerarse que la diferencia entre porcentajes de inflación y las tasas que se cobran no es tan lineal, por cuanto hay costos financieros muy significativos que dispone la ley y que se incrementaron durante los gobiernos del Frente Amplio, incluyendo encajes en el Banco Central, tributación y costos aumentados por componentes de riesgo de los créditos que deben asumir quienes están en el sistema, que hacen precisamente que los buenos pagadores tengan mayores costos para que las entidades se cubran de los márgenes normales de morosidad.
En este contexto el planteo principal de este proyecto de ley es “atar” la tasa de usura a la inflación, porque “no podemos tener una inflación de un dígito con tasas del 200%; necesitamos bajar la tasa máxima permitida que el Uruguay tiene aprobada legalmente, tiene que ser reducida drásticamente”, destacó Peña.
Lo que es de recibo, además, hasta por el viejo dicho de no matar la gallina de los huevos de oro: el objetivo no debería ser “exterminar” al deudor en su vida financiera, sino darle aire para que pueda pagar sin atosigarlo con los intereses y costos sobre costos que hacen que la deuda resulte impagable. Y de paso, también rever los intereses de usura que aplican algunas tarjetas de crédito, en consonancia con los criterios de las financieras.
Ese debería ser el aspecto a contemplar en una norma de sentido común sobre la usura, en el marco de un equilibrio imprescindible para que no se beneficie a quien no paga y no lo subsidien los buenos pagadores del sistema. Pero tampoco es de recibo que se llegue a intereses cercanos al 300 por ciento, y es preciso disponer un cambio de reglas que atienda una realidad que se potencia en tiempos de crisis, pero que entraña abusos que se dan a diario, como moneda corriente, y amparados en el propio marco legal. > Leer más

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Entre el empleo y el salario real en pandemia

El viejo dicho de tirarse al río y pretender salir seco viene como anillo al dedo para situar el grado de delirio en que se sitúan algunos actores, sobre todo del ámbito político-sindical alineados históricamente con los postulados de izquierda, en cuanto a propuestas y reclamos que se formulan en plena pandemia, con un recrudecimiento de los casos de COVID-19 a nivel mundial –Uruguay no escapa a esta realidad, desafortunadamente– al punto de que la canciller alemana Angela Merkel advierte que “lo peor está por venir”.
No es a esta altura un secreto para nadie acotar que el problema del COVID-19 no es su letalidad, que es muy baja comparativamente con la de otras enfermedades, sino su gran contagiosidad y capacidad de mutación, y por ende la amenaza que conlleva para grupos de riesgo, como las personas de más edad o que padecen determinadas comorbilidades.
Por añadidura, y sobre todo, las formas de contención que hasta ahora han surgido como posibles barreras contemplan evitar la transmisión de persona a persona, lo que implica distanciamiento social y restricciones de actividades, así como la aplicación de los protocolos por todos conocidos, con una consecuencia directa sobre la economía, más allá de que se espere que den resultado las campañas de vacunación apenas iniciadas en algunos países.
Estas medidas restrictivas han significado la pérdidas de millones de empleos en todo el mundo y una gran incertidumbre sobre la evolución de la economía global, que enfrenta un período de caída en el intercambio comercial al que por ahora no se le ve la salida.
Sin embargo, en nuestro país hay grupos que por motivaciones político-ideológicas promueven que solo se trata de falta de voluntad de los gobernantes, y que es posible evitar el deterioro del empleo, del salario, o la afectación económica directa simplemente con una decisión voluntarista del gobierno que sea, en este caso del “neoliberal” que preside Luis Lacalle Pou.
Así, tenemos que el presidente del Pit Cnt, Fernando Pereira, está denunciando pérdida salarial tras conocerse el porcentaje de aumento para el sector público y subrayó que hasta ahora no hay ninguna fórmula para la recuperación de lo que se pierde.
Estas reflexiones surgieron tras publicarse el decreto del Poder Ejecutivo que fija el incremento anual que tendrán los trabajadores del Estado para este año.
Este aumento es correspondiente a la diferencia entre la variación del índice de Precios al Consumo (IPC) durante el año 2020 (9,41%) y el centro del rango meta de inflación fijada para el año 2020 por el Comité de Coordinación Macroeconómica (5%).
Fernando Pereira señaló que estos porcentajes constituyen una pérdida de salario real: “El gobierno anuncia un ajuste de 4,41%, mientras que la inflación llegó a 9,41%. Esta es la primera vez en 16 años que va a existir caída salarial, de 5% para la totalidad de los funcionarios del Estado”, expresó en redes sociales el sindicalista.
“Hasta ahora no hay ninguna fórmula para la recuperación de lo que se pierde, que son 18 jornales anuales”, añadió.
En la nube de algodones que parece vivir el dirigente sindical quizás no se da cuenta que mientras los estatales enfrentan esta pérdida de salario real en pandemia, al menos conservan sus empleos inamovibles sin ninguna amenaza de perderlos, mientras miles y miles de trabajadores del sector privado han perdido sus empleos, están trabajando menos horas y consecuentemente perdiendo jornales y a la vez todavía muchos otros permanecen en el Seguro por Desempleo, como ocurre en todos los países del mundo. Y las empresas que dan trabajo genuino sufren a la par la caída de sus ventas, el cierre de comercios y la baja demanda de sus productos a menos precio, teniendo igual que “bancar” los salarios de sus empleados porque pagar los despidos significa ir a la quiebra, en muchos de los casos.
Este duro precio pagan los trabajadores privados, como así también las empresas, los cuentapropistas y quienes integran el tramado socioeconómico en todos los países del mundo, en mayor o menor medida, dependiendo del tamaño de las economías y de las espaldas que tengan los estados en cuanto a fondos de respaldo para atender las erogaciones extra por subsidios y ayudas a empresas desde que empezó la pandemia, a la expectativa de una normalización sin que sigan destruyéndose puestos de trabajo reales y empresas en el sector privado.
Lamentablemente, en Uruguay no solo no contamos con espalda financiera, fondos de reserva ni nada que se le parezca, sino que al final de la anterior Administración –en manos de los que ahora quieren dar cátedra de cómo manejar la economía– el país quedó fuertemente endeudado y con un déficit fiscal de más del 5 por ciento del PBI.
En este contexto debemos situar el “reclamo” del dirigente sindical, como si en Uruguay y el mundo no hubiese ocurrido nada extraordinario que justifique esta pérdida, como así también las “recomendaciones” del exministro de Economía y Finanzas Danilo Astori respecto a que el Estado uruguayo debe gastar más en asistencia ante la pandemia.
Así, el exministro de Economía y Finanzas y exvicepresidente de la República en una entrevista este martes a radio Sarandí afirmó que “el gobierno tiene que gastar más y no tiene que asustarse de gastar más”.
“Considero totalmente insuficiente los recursos que se han dedicado al trabajo contra este flagelo en particular que tenemos, que es el de la pandemia. Incluyo por supuesto todas las repercusiones económicas y fiscales que tiene la situación que le ha tocado vivir al gobierno. Vamos a entendernos, desde el principio, cosa que no pienso ahora, nosotros tenemos que el gobierno encaró bien el tema sanitario, y a pesar de que no se nos reconoce, varios de nuestros compañeros y compañeras salieron a decirlo y manifestaron el acuerdo de cómo se había encarado el fenómeno”, dijo Astori.
Sin embargo, evaluó que desde el punto de vista de los recursos “el gobierno hizo poco. Parto de la base de que nosotros tenemos que tener cuidado en las cuentas públicas y en lo posible trabajar para ir reduciendo el desequilibrio en las mismas, pero hay momentos en la vida de los países, y el mundo lo está demostrando, que el desequilibrio en las cuentas públicas no puede transformarse en uno de los principales frenos para atacar una realidad que necesita un gasto mayor”.
Consideró que el gobierno lo que hace es “privilegiar ante todo el resultado fiscal”, lo que “le impide que realice la tarea que debe realizar a través del gasto público”.
Es decir, recomienda más gastos, con dinero que no hay, y en medio de una gran incertidumbre y caída de actividad, quien no pudo o no quiso –por otras prioridades– reducir el déficit fiscal a la mitad, como había prometido hacerlo para el término de su mandato, cuando no había crisis por la pandemia, y aún después de que el país disfrutó de ingresos excepcionales durante una década por las condiciones excepcionalmente favorables del comercio exterior, y dejando un país endeudado y con caja deficitaria.
Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago, o como ha señalado el senador nacionalista Jorge Gandini, “Astori nunca tuvo miedo de gastar lo que no había, endeudando al país. No le pegó a una sola proyección. El déficit 2014-2019 fue de U$S 11.000.000. Con plata ajena es fácil ser guapo”. > Leer más

Opinión

¿Quiénes se creen las redes sociales que son?

Twitter, Facebook e Instagram “en modo Dios”, como dirían en España, han suspendido o “cancelado” para usar terminología actual, al aún presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Se puede meter en la misma bolsa a Google y a Apple, que decidieron silenciar la red social alternativa Parler, mayoritariamente utilizada por seguidores trumpistas para esquivar las limitaciones de contenido que encontraban en las anteriores, y que apuntaba a convertirse en el principal canal de comunicación de Trump con el movimiento MAGA (Make America Great Again).
Tal vez a alguno de los inspirados directores de cine de Hollywood y alrededores se le ocurrió algún pasaje en el que el presidente de los Estados Unidos fuese silenciado por una decisión empresarial (en Eagle Eye, año 2008, dirigida por D.J. Caruso y escrita por Dan McDermott, una inteligencia artificial se hace cargo de la conducción del país e impone un régimen de miedo, pero no fue a partir de la decisión de una corporación, sino por una iniciativa de seguridad fallida, nacida del mismo estado).
Por supuesto que esta determinación no se habrá adoptado de forma inconsulta, pero formalmente no medió una orden judicial ni una determinación del poder legislativo en ese sentido, así que, por lo que se supo oficialmente, algunas empresas decidieron que no permitirían que el mandatario electo por la población –aún en ejercicio de sus funciones, por más que recientemente hubo otras elecciones en las que fue derrotado– se expresara por su intermedio.
La canciller alemana Angela Merkel fue de los primeros jefes de estado en expresarse al respecto y advirtió sobre los riesgos que supone este accionar de parte de las empresas tecnológicas, a través de su portavoz, Steffen Seibert. Si bien dijo compartir que en ciertos casos se debe intervenir en algunos contenidos, esto debe ocurrir siguiendo el marco de órganos legisladores, no por “decisión corporativa de plataformas en las redes sociales”. Seibet manifestó que “Bajo este punto de vista, la canciller ve problemático el cierre permanente de las cuentas del presidente estadounidense”. Merkel cree que los encargados de las redes sociales tienen una gran responsabilidad para que “la comunicación política no resulte envenenada por odio, mentiras e incitación a la violencia” y agregó que nadie puede quedarse de brazos cruzados cuando las plataformas son usadas para difundir ese tipo de contenidos, pero el marco para regularlo, según la mandataria, debería ser definido por los gobiernos.
Pero hay un problema más de fondo, al que tal vez dentro de 100 años los sociólogos y politólogos hayan encontrado un nombre simpático para describirlo, que las redes sociales han acelerado, pero que ya se venía manifestando, o más, tal vez nos viene acompañando desde hace mucho tiempo.
En todo caso, esta determinación de silenciar a Trump no es más que el reconocimiento de la parte que han tenido en este problema (lo silenciaron, por ende asumen que hay un problema) que tuvo su punto más alto en la toma del capitolio, sede del legislativo federal, en Washington DC, por seguidores del presidente, convocados por este. Pero, si vamos al caso, el problema viene de más atrás, y es en parte la explicación de por qué llega a la Casa Blanca un personaje con el perfil de Trump. Para traerlo más cerca, y salvando las distancias, es como si a la presidencia argentina hubiese llegado Ricardo Fort, un personaje mediático de buen pasar económico y con tendencia a la sobreexposición mediática. Ninguno de los anteriores presidentes de los Estados Unidos encajaba en ese perfil.
En la película The social dilemma, estrenada en Netflix en setiembre del año pasado, se expone cómo funcionan las redes sociales. De acuerdo a un reporte de la BBC en este “docudrama” (le película combina entrevistas y dramatizaciones) se explica que “cuantas más horas pasa un usuario conectado a sus redes sociales, más información detallada sobre hábitos, gustos y características de consumo acaba exponiendo”. Prosigue indicando que estos datos “son recopilados y organizados mediante algoritmos que mapean los ‘me gusta’ y los comentarios, analizan los tiempos de lectura y la exposición a las imágenes, y alimentan enormes servidores (algunos de ellos alojados en submarinos). Luego, se ofrece información sobre los usuarios a los clientes, desde marcas de cosméticos y universidades, hasta políticos y gobiernos, que pagan millones de dólares por mostrar productos o ideas a audiencias que estén dispuestas a participar”.
Pero no solo ocurre eso, los mismos usuarios vamos recibiendo, además de la publicidad paga por los actores mencionados, “contenidos” que se relacionan con nuestros propios intereses. De esta forma se va creando una especie de túnel, en el que la mayor parte del tiempo que estamos interactuando en redes, estamos viendo “contenidos” de no más de tres o cuatro temas. A quien le guste las carreras de Fórmula 1, se le sugerirán videos, noticias o lo que sea relacionado con este tópico. Lo mismo ocurrirá con los fanáticos del ballet, la astronomía, el teatro, etcétera. Pero si uno consume por voluntad propia cierta cantidad de documentales sobre la teoría de la planicidad de la Tierra, cada vez más en su pantalla verá contenido de este tipo; lo mismo ocurre con quienes se oponen a las vacunas o quienes creen que el SARS-CoV-2 fue desarrollado sintéticamente en un laboratorio.
Así, las redes sociales, sin quererlo, se fueron convirtiendo en tierra fértil para un fenómeno cuya denominación masificó el mismo Trump, las fake news, o “noticias falsas”, término luego corregido hacia “desinformación”. Porque esta misma desinformación aporta argumentos (a veces con cierta lógica aún en su error, otras veces rotundamente disparatados) para sostener cualquier tipo de debate y legiones de usuarios los repiten, comparten y retuitean sin descanso.
“Las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban sólo en el bar después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los necios”, advertía Umberto Ecco en 2015, pocos meses antes de su partida.
Esta reacción de “banear” a Trump es un reconocimiento de su responsabilidad y es una forma de asumir que no saben cómo responder a este problema que han desatado. Silenciar a un presidente es una decisión extrema, es un punto de no retorno, pero además no es ni de cerca una solución: como decimos acá, es tirar la pelota al óbol (outball).
Este rompecabezas es un precio demasiado caro por un servicio cuya virtud más reconocida por sus usuarios, es recordar las fechas de cumpleaños de sus amigos. > Leer más

Opinión

Déficit estructural, con y sin pandemia

Por cierto que la pandemia ha sido un convidado de piedra en este 2020 en lo que respecta al freno que impuso a la actividad en general e incluso devastando a varios sectores en particular, y lo que es peor, deja un arrastre para el recientemente iniciado 2021 que traza un panorama poco alentador no ya para intentar la reactivación y el crecimiento, sino que implica dificultades para sostener por lo menos los números aciagos del año anterior.
Es decir, en un país como Uruguay, donde la tendencia de la actividad venía declinando año a año a partir de 2014, al punto además de provocar fuerte desempleo y déficit fiscal hacia el 1º de marzo del año pasado, cuando asumió el gobierno Luis Lacalle Pou, con fuerte desfasaje entre ingresos y egresos de los recursos al Estado, en tiempos normales incluso era necesario –y así lo señalamos en su momento, antes de la pandemia– contar con recursos que nos dieran un margen adecuado para promover inversiones y esperar que éstas dieran sus frutos para generar un circuito virtuoso en cuanto al reciclaje de riqueza en la economía.
La pandemia lamentablemente ha cortado esta perspectiva en lo inmediato, desde que no solo no permitió cortar con la tendencia de declive general, sino que además ha demandado gastos adicionales y contribuido a deteriorar aún más al sector empresarial, que ha sido la apuesta natural a la reactivación, como motor generador de actividad en el país, si se tiene en cuenta que del Estado lo más que pueda esperarse, con suerte, es un uso más o menos criterioso de la riqueza que crea la actividad privada.
Pero en medio de estas dificultades, lo peor que se puede hacer es dar todo por perdido y cruzarse de brazos esperando mejores tiempos, sino que la idea es usar lo poco que se tiene para actuar en forma contracíclica, es decir promoviendo emprendedurismo en tiempos de graves riesgos e incertidumbre como el actual, como una receta adecuada para que los motores sigan en marcha y puedan funcionar a pleno en la reactivación.
En este contexto, y sin que sea la panacea ni mucho menos, es plausible que el Ministerio de Industria, Energía y Minería haya desarrollado en 2020 un programa de apoyo a 19 proyectos industriales con fondos no reembolsables por $ 24,5 millones.
Se trata de la edición 2020 del Fondo Industrial, un instrumento que apunta a diversificar y tecnificar la estructura productiva nacional, en el que se seleccionó a proyectos de Montevideo y el Interior, provenientes de 11 sectores que incluyen desde la industria química hasta los alimentos y bebidas.
Las inversiones comprometidas en estos proyectos, cofinanciados por los empresarios, representan más de 1.850.000 dólares. El ministro del sector, Omar Paganini, destacó la resiliencia de la industria en un año de crisis, felicitó recientemente a los empresarios que siguen apostando en este contexto y subrayó la importancia del Fondo Industrial para apalancar las inversiones.
El Fondo Industrial constituye un instrumento alineado con el objetivo de diversificar y tecnificar la estructura productiva nacional, así como con el desarrollo de las industrias de soporte que potencien la competitividad de las cadenas de valor existentes.
Entre 2011 y 2019, este instrumento ha apoyado y cofinanciado con fondos no reembolsables a más de 330 empresas de 30 sectores productivos, con un total de 8 millones de dólares. Cada proyecto seleccionados en 2020 recibirá hasta $ 2,3 millones de pesos, lo que totaliza una cofinanciación de $ 24,5 millones en fondos no reembolsables.
En la convocatoria 2020 se presentaron 66 proyectos, correspondientes a 11 sectores industriales. Se aprobaron 19 proyectos, 9 radicados en Montevideo y 10 en el Interior, pertenecientes al sector de alimentos y bebidas, electrónica, farmacéutica, industria gráfica, industria maderera, metalmecánica, minería, industria química y vehículos y autopartes.
Las inversiones comprometidas en estos proyectos totalizan 1.857.438 dólares, de los cuales 573.472 corresponden a los fondos no reembolsables aportados por el MIEM.
El ministro Paganini señaló que, en un entorno de restricciones presupuestales, el Fondo Industrial constituye un instrumento muy relevante “para continuar apoyando la diversificación y tecnificación de la estructura productiva y el tejido productivo nacional, y para desarrollar industrias que potencian la competitividad y mejoran nuestra inserción en las cadenas productivas”.
Claro que por mejor disposición que se tenga por el ministerio y los empresarios, este tipo de proyectos no mueve la aguja en un país en el que los problemas estructurales no pueden corregirse de la noche a la mañana.
Una pauta de la problemática la da el presidente de la Cámara de Industrias, Alfredo Antía, cuando evalúa que los aspectos prioritarios de los correctivos comprenden mejorar la competitividad, las relaciones laborales y la defensa de los productos nacionales en pos de articular los vínculos entre empresas, empleados y el Estado.
Recordó en declaraciones al semanario “La Mañana” que desde el año 2014 el índice de volumen físico que tenía la actividad de la producción ha venido decayendo, con el agravante registrado en 2020 por los temas de notoriedad. Consideró que “efectivamente el país es muy caro para producir”, y que “no hay elemento más tangible que este, y de allí el reclamo de los sectores productivos del Uruguay de hacer todos esfuerzos para que las cuentas nacionales estén en orden y les permitan a las fuerzas de trabajo funcionar de un modo que exista desarrollo”.
Trajo a colación que la actividad privada ha sufrido muchísimo la pérdida de competitividad, de baja de rentabilidad y de empleo. Son quienes más han pagado el costo de la crisis que el país vive”.
Amplió que “venimos de tiempo de alta inflación, de costos indexados a esa inflación creciente y nuestros precios que no pueden absorber esos costos elevados, terminan dejando a muchos sectores por debajo de la línea de rentabilidad y en algunos casos por debajo de su propia existencia”.
En este período de incertidumbre, igualmente, un aspecto favorable, todavía muy incipiente, es una tendencia a la suba en los precios internacionales del rubro alimentos, en el que nuestro país tiene ventajas comparativas para producir pese a los elevados costos.
Es de esperar que pese a que estamos viviendo un contexto crítico de pandemia, en el que la actividad uruguaya estuvo detenida durante meses, debido a fábricas cerradas por razones sanitarias y al cierre de gran parte de los mercados internacionales, se abra una rendija por la que pueda recuperarse gradualmente la actividad, con el agro como motor, y derrame multiplicador de riqueza hacia el resto de los sectores. Aunque el déficit estructural crónico todavía siga pesando onerosamente sobre los sectores reales de la economía y todo indica que va a seguir así por bastante, demasiado tiempo. > Leer más

Opinión

Aumento de la violencia doméstica, un flagelo global

En Uruguay, todos los años crecen las denuncias por violencia de género y el 2020 no fue una excepción. El año de pandemia ocurrió entre un aislamiento voluntario –porque el Poder Ejecutivo apeló a la libertad responsable– y uno obligatorio porque más de un cuarto de millón de uruguayos marcharon al seguro de desempleo.
En medio de esa realidad, transcurría la otra pandemia que no asola únicamente a víctimas uruguayas, sino que se ha transformado en un flagelo universal. En Paysandú, el 6% de aumento en las denuncias visibilizó un problema intrafamiliar y sin solución a la vista, donde la violencia no solamente se ejerce contra las mujeres, sino de nietos hacia abuelos y de hijos a padres.
A nivel local, entre 6 y 7 denuncias todos los días –y más de 100 diarias en todo el país– delimitan el escenario de un problema mayor. Porque no viene de otros ni de desconocidos, sino desde las mismas paredes que supuestamente contienen y brindan amor. O al menos, esa es una definición muy precaria del hogar. Porque lo otro sería convivir debajo de cuatro paredes y un techo, donde cada día que transcurre es un desafío para sus habitantes.
En el país, la situación no es mejor. El último informe difundido por la División de Políticas de Género del Ministerio del Interior a fines del año pasado señaló que cada 13 minutos la policía recibe una denuncia por violencia doméstica. Hasta octubre se registraron más de 33.000 acusaciones por ese motivo y correspondían a 1.000 más que 2019.
No hay forma de ver los descensos a nivel nacional desde un punto de vista positivo. Porque se desconoce si la víctima dejó de denunciar y cedió ante las amenazas. Y tampoco es posible vislumbrar un panorama mejorado ante una realidad que está latente. Porque en la mayoría de los casos, el vínculo entre familiares sanguíneos es muy fuerte.
Incluso al hablar de casos de violencia no se puede limitar al golpe, en tanto las situaciones de violencia psicológica lideran una estadística muy clara con casi el 50% de los casos, seguidos del 42% de violencia física.
Más del 70% de las denuncias refieren a mujeres y más del 28% son hombres. En el primer caso, es alarmante la violencia contra niñas menores de 12 años. Esta historia, que nunca se acaba, fue definida en el Foro Económico Mundial de 2018 de una forma pesimista, acorde a la situación: “tienen que pasar 200 años para lograr cerrar todas las brechas”.
Porque, sin desconocer la importancia de la emergencia sanitaria global que atraviesa el planeta por la COVID-19, la violencia basada en género y generaciones también significa un riesgo para la salud física y mental de quienes atraviesan por esas situaciones.
En América Latina y el Caribe el crecimiento se da en forma exponencial año tras año. Y las formas de encarar el problema son tan diversas como las políticas de género que aplica cada nación.
A pesar de la logística desplegada en Uruguay contra este flagelo, los titulares se volvieron monotemáticos en un año de pandemia. Pero en los momentos de mayor confinamiento social, también aumentaron las denuncias en un 80% al 0800 4141. Quiere decir que algo más que la COVID-19 pasaba dentro de algunos hogares uruguayos.
Este servicio funciona desde hace unos 30 años y en primera instancia fue creado dentro de la Intendencia de Montevideo. Pasó a ser nacional en 2001 y desde hace dos años está a cargo de Inmujeres. Los recursos, al menos en estas áreas sociales, se vuelven imprescindibles y este año que recién comienza presenta el desafío de ver la evolución de los servicios.
Porque el punto de inflexión se encuentra en el acatamiento de las medidas por parte de los victimarios y la respuesta judicial a esos incumplimientos. Algunos de los cuales han tenido un saldo trágico. Y en otros, los procesos se transforman en una odisea digna de un relato cinematográfico, con tantas idas y vueltas para las víctimas, que al final el Estado que protege también ejerce su propia violencia.
Porque, en ocasiones, seguir un juicio requiere de dinero y tiempo, en otras una posible revictimización y casi siempre la exposición de situaciones que ineludiblemente vulneran.
El sistema no debe fallar, y si un procesado con tobillera electrónica desatiende una medida judicial debe actuarse según las disposiciones vigentes, como en cualquier caso de desacato porque está en juego la vida que trata de protegerse. En Uruguay, al menos hasta octubre, se habían dispuesto 1.720 tobilleras a las víctimas y a sus agresores.
Por eso, las secuelas de la pandemia serán aún más duras. La salud mental, la problemática social y la violencia intrafamiliar deberán figurar en las estadísticas como el otro saldo invisible, además de los muertos y los casos positivos por COVID-19.
El panorama tenderá a complicarse con los años por las complejidades propias de nuestras comunidades. Es probable que ni en 200 años se mejore esa brecha y con el paso de las generaciones, las paredes del hogar no siempre vayan a contener ni sea un lugar acorde para la convivencia. Pero, sí, hay que convivir con los cambios culturales que nos llevan a denunciar y no a callar. Como se hacía antes, cuando los casos ocurrían igual y nadie sabía o tampoco interesaba el infierno del otro.

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Opinión

Posición dominante, información pública y transparencia

En los últimos días diversos medios de prensa se han hecho eco de la negativa de la intendenta departamental de Montevideo, Carolina Cosse, a difundir el informe del Instituto Clemente Estable sobre el estado sanitario de los ómnibus montevideanos según el cual se detectó la presencia de rastros de SARS-CoV-2 en 10 de 69 ómnibus que fueron inspeccionados. La decisión de Cosse se contradice con su presentación de dicho informe exhortando a la población a no utilizar los ómnibus a menos que sea imprescindible y a emplear medios “alternativos” de transporte. ¿Por qué motivo la Intendenta Cosse pasó de presentar dicho informe a prohibir su difusión pública? Según indicó al diario El País el coordinador de gabinete de la Intendencia, Juan Canessa, el informe fue considerado “reservado” por contener “información sensible” para las empresas de transporte, pero llama poderosamente la atención que dicho cambio de actitud haya tenido lugar luego de que tanto la empresa Cutcsa como las cooperativas de transporte manifestaran su molestia por la forma en que la intendente Cosse presentó tales datos.
Todo este lamentable episodio (que refleja nada más y nada menos que el ocultamiento por parte de la Intendencia de Montevideo de datos tan vitales para el bienestar de la población) resulta un disparador para reflexionar sobre las distintas aristas y consecuencias del mismo.
En primer lugar, queda en claro cuan perjudicial puede resultar la posición dominante de una empresa sin importar en qué ámbito de la vida económica de un país pueda manifestarse. La empresa Cutcsa es el mayor transportista de Montevideo y el área metropolitana con 1.135 unidades de un total de 1.530, por lo que domina el 74% de dicho mercado, y la coloca en una posición que atenta contra la libre competencia. Tal acumulación de poder y un papel de control explícito en un área tan sensible a nivel económico y social como el transporte público explica el poder que esa empresa ha detentado durante décadas y que ningún político de ningún partido ha cuestionado y mucho menos limitado. Muy por el contrario, las empresas de transporte y Cutcsa en particular han recibido y reciben importantes subsidios por parte de la intendencia de Montevideo y del Estado y por ello resulta paradójico que una empresa que recibe dinero de los contribuyentes montevideanos se oponga a entregarles información fundamental para su salud en el marco de una emergencia sanitaria. Esa posición dominante de Cutcsa se ha visto reforzada en los últimos años por el estrecho vínculo que existió entre su presidente, Juan Salgado y el dos veces presidente de la República, Tabaré Vázquez. La cercanía y confianza entre ambos permitió que Vázquez lo nombrara asesor honorario y que acompañara al primer mandatario en varios viajes al exterior. Como el propio Salgado ha manifestado, su amistad con Vázquez le permitió acceder a selectos círculos de poder: “Estuve cenando con los reyes de España, con el presidente de España, con el presidente de Alemania, con el anterior presidente de Francia, con Putin, que fue el que más me impactó”. Tales relaciones de amistad se vuelven especialmente sensibles cuando el servicio que presta la empresa de una persona tan cercana al poder constituye un servicio público, fuertemente regulado y que además recibe subsidios del Estado o de los gobiernos departamentales.
En segundo lugar, la actitud de Cosse de ocultar la información generada por el Instituto Clemente Estable pone nuevamente sobre el tapete la importancia del acceso a la información pública, un elemento fundamental de la vida en democracia. De acuerdo con la Ley N° 18.381, se considera información pública toda la que emane o esté en posesión de cualquier organismo público, sea o no estatal, salvo las excepciones o secretos establecidos por ley, así como las informaciones reservadas o confidenciales. Dicha norma establece que el acceso a la información pública es un derecho de todas las personas, sin discriminación por razón de nacionalidad o carácter del solicitante, y que se ejerce sin necesidad de justificar las razones por las que se solicita la información. Durante años la Ingeniera Cosse fue protagonista de uno de los casos más comentados en los últimos tiempos: la construcción del Antel Arena cuyo costo anunciado de 40 millones de dólares terminó siendo de 118 millones de la moneda norteamericana. La propia Cosse lamentó su sinceridad inicial al afirmar que “yo cometí un error cuando anuncié el proyecto y dije cuál era el costo”; con esa forma de razonamiento lo ideal hubiese sido nunca dar a conocer el costo de esa obra faraónica para disfrute exclusivo de los montevideanos. Esta megaobra necesitará, de acuerdo con las estimaciones del actual Ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, un siglo para que Antel pueda rentabilizar ese monto. En materia de publicidad, los números de Cosse también dejan mucho que desear ya que durante su gestión (2010 a 2014) se gastó un total de 91 millones de dólares en publicidad (casi el doble que lo gastado por su antecesora, la ingeniera María Simón y en el año electoral de 2014 esa suma alcanzó a 64.000 dólares diarios en publicidad y propaganda. Con cifras tan escandalosas como estas resulta fácil imaginar por qué la ingeniera Cosse no es una fanática del acceso a la información pública y la transparencia. Una característica preocupante para alguien que ha ocupado y ocupa importantes cargos de gobierno y que además es mencionada como una de las precandidatas presidenciales para el año 2024.
Por último, corresponde referirnos a la transparencia (o mejor dicho a la falta de ella) que cubre todas o casi todas las actuaciones del sector público en sus diversas formas (ministerios, entes autónomos, servicios descentralizados, gobiernos departamentales, sociedades anónimas de propiedad estatal, entre otros). Esta indeseable situación es tanto o más grave cuando involucra a una empresa privada (Cutcsa) de gran peso en el mercado en el cual actúa y lo que está en juego es la salud pública en una situación de pandemia. Lamentablemente, en esa suerte de “oscurantismo administrativo” la ingeniera Cosse no está sola, ya que varios políticos de otros partidos comparten su deseo de manejar como si fueran propios los dineros y la información que nos pertenecen a todos. Se trata de un tema sensible respecto del cual los ciudadanos debemos hacer sentir nuestra voz cada vez que tengamos la oportunidad sin importar el gobierno que se encuentre en el poder. Se trata nada más y nada menos que el derecho de saber cómo se gestionan los recursos que son de todos. Los uruguayos sirven para algo más que para “agachar el lomo” y pagar los impuestos con los cuales se financian los privilegios y el estilo de vida de los políticos; sirven para ser informados y para poder preguntar, cuestionar y ser escuchados, mal que le pese a la intendenta Cosse o a quien le caiga el sayo, sin importar el partido político al cual pertenezca ni la ideología que profese. > Leer más

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Esto es China

A veces viene bien recordar que China, esa nación impetuosa y poderosa, pujante y valerosa, aún sigue siendo gobernada por una dictadura comunista desde hace tres cuartos de siglo. Si bien abandonaron el modo comunista para hacer negocios y poner a funcionar la economía, y se abocaron al capitalismo, los gobernantes chinos se mantienen tan totalitarios como siempre en otros aspectos: como en la nula diversidad política o en la limitación de libertades. Como pensar distinto al gobierno. Y, peor, decirlo.
Por estos días se habla del paradero desconocido del multimillonario Jack Ma, un empresario carismático y de graciosa figura, que no duda en decir lo que piensa. Esa actitud libre hizo que el cofundador de Alibaba pasara a la fama dentro y fuera de su país, algo que parece estar poniendo en peligro no solo su imperio empresarial, sino a él mismo. Nadie sabe dónde se encuentra. Muchos aseguran que, si reaparece, será dentro de mucho tiempo por hablar de más a ojos del régimen chino. Quién sabe.
El problema comenzó a fines de octubre (desde entonces no se sabe nada de él) después de que Ma criticara a los reguladores de China en una conferencia en Shanghái. Mientras la empresa de tecnología financiera de Ma, Ant Group, se preparaba para la oferta pública inicial (OPI) más grande del mundo, acusó a las autoridades de sofocar la innovación y criticó a los bancos del país por tener una mentalidad de “casa de empeño”, según detalló un análisis de la CNN.
La represalia de Beijing fue rápida. En cuestión de días, los reguladores cancelaron la OPI, pero no antes de convocar a los ejecutivos de Ma y Ant a una reunión. En las semanas transcurridas desde entonces, los reguladores ordenaron a Ant que reestructurara grandes sectores de la empresa. Incluso extendieron su escrutinio a Alibaba, que ahora es objeto de una investigación antimonopolio.
Mientras tanto, no se ha visto a Ma en público desde que pronunció su discurso en Shanghái, una ausencia notable para un hombre que normalmente no tiene problemas con el centro de atención y cuyas empresas ahora enfrentan su mayor amenaza en años.
Muchos observadores de China indican que es muy probable que Ma esté oculto mientras las autoridades suben la presión sobre sus negocios, habiendo captado la indirecta de hablar fuera de lugar. En China, nadie es más que el Partido Comunista, el cual pondrá todo de su mano para aplacar cualquier cosa que entienda como desestabilizador.
Este no es el primer llamado de atención que Pekín le hace a un famoso o famosa. La actriz Fan Bingbing, por ejemplo, desapareció abruptamente de la esfera pública en 2018 antes de reaparecer un año después para disculparse por un escándalo de evasión fiscal. Y el magnate inmobiliario Ren Zhiqiang desapareció durante varios meses el año pasado después de que supuestamente criticó el manejo del presidente Xi Jinping de la pandemia de coronavirus. Finalmente fue encarcelada durante 18 años por cargos de corrupción.
Pero en el caso de Ma y Alibaba están en juego aspectos muy actuales: la expansión de la innovación tecnológica, como marca país, y los atesorados datos de los consumidores. El régimen comunista todo lo quiere para sí y figura como el propio impulsor de esa tecnología de primera, que se ha puesto a la altura de los fabricantes estadounidenses.
“El aplastamiento de los empresarios tecnológicos de renombre es parte de ese proceso más amplio del partido para recuperar el control y reescribir la narrativa de cómo la innovación tecnológica de China se lleva a cabo solo bajo las circunstancias que el partido lo permita”, señala con mucho acierto Rana Mitter, profesora de historia y política de China moderna en la Universidad de Oxford.
Se trata de otro frente al cual apropiarse y generar control sobre la población. Y en los últimos meses, los pasos del gobierno para controlar este sector se han vuelto más evidentes. Incluso, el propio Xi Jinping pidió al país que fortalezca los esfuerzos antimonopolio contra las plataformas en línea y evite una “expansión desordenada” del capital.
La voz de Ma era una voz que caía bien en Occidente. Acallarla, podría traerle consecuencias para China, según algunos expertos. Justamente, esos países occidentales ya ven a China y sus negocios como amenazas dignas de fuertes sanciones y escrutinio, tal como ha hecho constantemente el presidente estadounidense Donald Trump; aunque parece una obsesión, el mandatario tiene bastante de razón en este punto. Trump también acusa a China de haber expandido adrede el coronavirus COVID-19. Algo, cuando menos, sospechoso: hay que concedérselo al inefable presidente de Estados Unidos.
¿Pero dónde está Ma? ¿Retienen las autoridades chinas al multimillonario contra su voluntad, o está bajo arresto domiciliario por ir demasiado lejos con sus ataques verbales a los reguladores financieros y los bancos estatales? ¿Se aisló por cuenta propia?
Lo que queda claro es que el caso deja en evidencia, una vez más, el modus operandi del régimen chino. El que no cejará para lograr su cometido. Esto es China. También. > Leer más

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Como en una república bananera

En una acertada reflexión el exmandatario estadounidense George Bush resumió que “parecemos una república bananera” a propósito de los sucesos que se vienen procesando en la nación norteamericana por la postura irracional del presidente Donald Trump al resistirse a reconocer su derrota electoral y reafirmar sus denuncias de “robo” en la consulta electoral.
Es que el mandatario saliente –aún en ejercicio– podía más o menos haberse ido por la puerta grande ante hechos irreversibles y contundentes, nada menos que el veredicto popular, pero eligió aferrarse a su inmenso ego y negar la realidad, arrastrando así a la democracia del país del norte a una encrucijada tan grave como innecesaria, al punto de llegar a hechos tan condenables como el intento de copamiento del Capitolio (sede del Congreso) por hordas que respondían a la convocatoria de Trump, cuando el Parlamento estaba a punto de certificar el triunfo electoral de su rival Joe Biden.
Posiblemente en un rapto de racionalidad y tal vez asumiendo al fin de cuentas la magnitud del entuerto del que ha sido responsable, apenas minutos después de que el Congreso de Estados Unidos ratificara al demócrata Joe Biden como el próximo presidente del país, el actual mandatario confirmó que entregará el poder el 20 de enero, como corresponde, aunque amenazó con que la lucha recién comienza.
“Aunque estoy totalmente en desacuerdo con el resultado de las elecciones, y los hechos me respaldan, habrá una transición ordenada el 20 de enero”, indicó el republicano en el texto que emitió y que no pudo replicar en redes sociales, su canal favorito de difusión, porque sus cuentas fueron bloqueadas el miércoles en medio de los disturbios protagonizados por sus seguidores, que concluyeron con cuatro muertos y varios heridos.
“Siempre dije que continuaríamos nuestra lucha para asegurarnos de que solo se contaran los votos legales. Si bien esto representa el final del mejor primer mandato en la historia presidencial, es solo el comienzo de nuestra lucha para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, agregó según el mensaje que hizo público uno de los asesores de la Casa Blanca, Dan Scavino, e insistió con sus afirmaciones de que los comicios fueron fraudulentos, pese a que no presentó pruebas que lo confirmaran.
Sin embargo, con su postura recalcitrante, Trump ha sumido igualmente a la primera potencia mundial en una crisis impensable antes de que accediera al poder con su visión radical del mundo y de la propia economía, al punto que ha hecho que descendiera varios escalones en la consideración mundial desde el punto de vista de la calidad de democracia, aunque ha reafirmado la solidez de sus instituciones pese a los hechos de notoriedad.
Así, el miércoles, cuando estaba todo listo para la sesión que iba a confirmar la victoria de Biden y la derrota del magnate –como finalmente ocurriera– una multitud leal a Trump irrumpió en el Congreso con el objetivo de detener el encuentro. Con palos, banderas, carteles, a la fuerza, decenas de personas escalaron paredes, forzaron puertas, se cruzaron con los agentes de la Policía dispuestos en el lugar y luego entraron al recinto para dar vuelta las instalaciones, tirar todo al piso y hasta tomarse fotos.
En ese momento los legisladores se refugiaron debajo de los escritorios y se pusieron máscaras de gas, mientras los agentes intentaban armar barricadas en el edificio para frenar el ingreso, lo que representó una de las escenas más impactantes que se haya desarrollado en una sede del poder político estadounidense, bastante frecuente sin embargo en las “repúblicas bananeras” a las que recordó Bush.
En las últimas horas, impactado (¿?) por estos hechos que alentó a perpetrar, el mandatario en un texto breve, en que se describió además como el líder del “mejor primer mandato en la historia”, acotó que “si no pelean como demonios, se quedarán sin país. Dejen que los débiles se marchen. Este es un momento para la fuerza”, horas antes de que se concentrara la multitud ante el Capitolio.
Por su parte, el presidente electo Joe Biden dijo que la democracia estaba “bajo un ataque sin precedentes”, un sentimiento que fue compartido por muchos en el Congreso, incluidos algunos republicanos. El expresidente George W. Bush también afirmó que vio los eventos con “incredulidad y consternación”.
Los últimos días del mandato de Trump serían olvidables si no fuera porque el mandatario saliente decidió aferrarse a su juguete preferido, el poder, procurando por el método retorcido que fuera, que de alguna forma se reconociera como verdad su delirio de que había sido víctima de una estafa y con él el pueblo estadounidense.
El punto es que perdió porque así lo decidió el pueblo soberano, en el libre juego de la democracia, como fue más o menos el caso de las elecciones en las que el propio Trump accediera al poder, por triunfos por muy escaso margen en algunos Estados. Sin embargo, no ha aceptado que la tortilla se le diera vuelta en esta nueva instancia, y en lugar de allanarse a la voluntad popular, ha comenzado a buscar fantasmas por todos lados para resistir el pronunciamiento democrático de sus conciudadanos.
Incluso ha arrastrado en esta vorágine de desaciertos a su Partido Republicano, con culpas compartidas con dirigentes que le han seguido la corriente y en algunos casos hasta han planteado objeciones en la última sesión del congreso para intentar revertir resultados electorales en algunos estados, lo que naturalmente fue desestimado.
Igualmente, ante los antecedentes de Trump, nunca es de descartar algún movimiento inesperado que encuadre en su postura narcisista de dejar en evidencia ante los estadounidenses y el mundo que la alternativa siempre fue entre “yo y el caos”, que parece ser el legado que prefiere dejarle a Biden antes que incurrir en algún acto de grandeza hacia su país, no ya hacia su vencedor demócrata.
Y descartando ya de plano algún acto de desprendimiento, que no le vendría mal pero que no encuadra en su filosofía ni modo de ver las cosas, es de esperar en el día del cambio de mando, –en el que podría incluso repetir el papelón de la expresidente argentina Cristina Fernández de no hacerse presente en la entrega del poder– las cosas discurran por carriles de cierta normalidad, por lo menos para disimular que al mandatario saliente le interesa alguna cosa más que ver su propia persona inmortalizada en el bronce.
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Opinión

Coordinación imprescindible para evitar sorpresas parlamentarias

Cuando se han cumplido nueve meses del gobierno de la denominada coalición multicolor, en un año que ha tenido como convidado de piedra nada menos que a la pandemia –un componente inesperado que ha dado vuelta todas las previsiones y trastrocado prioridades– sin dudas hemos asistido a una gestión en la que si bien el conductor del gobierno es el presidente Luis Lacalle Pou, la cogestión es ejercida por los partidos socios de la coalición, y por supuesto, hay temas en los que hay miradas distintas y ello se pone de manifiesto en ocasiones en las sesiones parlamentarias.
Uno de los temas en los que precisamente surgieron como estas diferencias, es el referido a las modificaciones promovidas por Cabildo Abierto en la Ley Forestal, que implica en buena medida un cambio en las reglas de juego para un sector de actividad que ha volcado importantes inversiones en los últimos años, y en el que paradojalmente –o no tanto– se han juntado votos de Cabildo Abierto con el Frente Amplio para aprobar en Cámara de Diputados la norma.
Ambos extremos del espectro político han coincidido por lo tanto puntualmente en una iniciativa en la que sin embargo hay motivaciones distintas en juego: desde Cabildo Abierto, el liderazgo en el tema ha sido el de diputados que han priorizado temas de corte ecologista, y en el caso de la coalición de izquierdas, evidentemente ha primado la visión de combatir o complicar al nuevo gobierno, desde que se manifiesta preocupación por un tema de forestación, soslayando olímpicamente que durante los quince años de gobierno del Frente Amplio se defendió a capa y espada el rubro forestal. A la vez propició ahincadamente la inversión en la tercera planta de celulosa, con notorias concesiones a UPM para que concretara el emprendimiento.
Debe tenerse presente que si bien el ejercicio del gobierno en coalición es una práctica habitual en numerosos países, por regla general esta modalidad de gobierno responde a sistemas en los que el cargo de jefe de Estado puede ser el de un primer ministro, un canciller, y también los hay de corte parlamentarista, donde el primer ministro o el canciller caen al depender del apoyo parlamentario que tenga, y nadie se rasga las vestiduras por ello.
En nuestro país, en cambio, históricamente han coexistido partidos fuertes, tanto en el régimen presidencialista como en el colegiado, con respaldo parlamentario propio en carácter mayoritario o eventualmente con el apoyo de legisladores de otros partidos, permanente u ocasional.
Este escenario cambió radicalmente a partir de 1971, cuando se creó la coalición de izquierdas Frente Amplio, con la integración en un frente común de vertientes diversas, que van desde la izquierda radical tradicional hasta la de partidos de esencia socialdemócrata y asimismo de dirigentes escindidos de los partidos tradicionales.
En aquel entonces, se nuclearon en esta oferta electoral, bajo el lema del Partido Demócrata Cristiano (PDC), corrientes como el Partido Comunista, el Partido Socialista, otros partidos y grupos de izquierda radical y movimientos de tendencia socialdemócrata, centroizquierda, entre otras etiquetas, además de disidentes de los partidos Nacional y Colorado.
Con el tiempo, superando diferencias, se generó una creciente acumulación de fuerzas con respaldo electoral que permitió al Frente Amplio llegar al gobierno hace dieciséis años.
No ha sido fácil precisamente cobijar bajo un mismo lema a grupos con diferencias significativas, como es el caso de la creencia cristiana en conjunción con el Partido Comunista, lo que se vio en el ejercicio del gobierno.
En fin, de lo que se trata, aunque sea a los tumbos, es de procesar los disensos en aras de un objetivo supremo y cuando se trata de partidos diferentes, llegar por lo menos a una expresión común en determinados temas fundamentales, como se hace en las naciones democráticas en las que los electores confían el ejercicio del gobierno sin mayorías absolutas.
En el gobierno de coalición de partidos que encabeza el presidente Luis Lacalle Pou y que sustituye a la coalición de izquierdas que ha gobernado el país por espacio de los últimos quince años, nos encontramos con que no existe una conducción orgánica como tal, y si bien se gobierna a través del Poder Ejecutivo y el Parlamento, es preciso contar con una coordinación previa, una mesa representativa de los partidos integrantes de la coalición que formulen aportes para que las eventuales diferencias se procesen en ese ámbito y se llegue a los tiempos de decisiones con los acuerdos necesarios.
Hasta ahora este aspecto no se ha instrumentado más allá de los contactos informales que se dan entre los más connotados dirigentes partidarios, incluso en contacto directo con el mandatario y el secretario de la Presidencia, y ello puede derivar en un desgaste de interlocutores y en sorpresas para el tratamiento de determinados puntos cuando se llegua a la instancia parlamentaria, lo que obligaría a negociaciones en plena marcha y eventuales disidencias que son incluso el lastre de toda coalición de partidos.
El tema de la modificación a la Ley Forestal es precisamente un punto que fue traído por un partido al Parlamento sin contactos previos. De haber existido una mesa coordinadora ésta hubiera sido el ámbito natural para tratar previamente el planteo.
Por lo tanto, es de recibo, más que nunca, la solicitud efectuada por el Partido Colorado mediante una carta al presidente Luis Lacalle de la instalación de un ámbito superior de coordinación política que asegure el mejor cumplimiento del Compromiso por el País, documento que fuera firmado por todos los partidos de la coalición.
“Advertimos la necesidad de un ámbito político de diálogo, que aborde el accionar y a la vez canalice las iniciativas particulares para lograr consensos sólidos que a todos nos representen”, sostuvo la carta firmada en su momento por el secretario general del partido, Julio María Sanguinetti, y la presidenta de turno Agustina Escanellas.
El mismo reclamo es formulado por Cabildo Abierto desde hace meses y entre estos dos partidos se cuenta con un amplio número de legisladores que resultan vitales para poder gobernar con mayorías parlamentarias.
Precisamente la postura de Cabildo Abierto con la Ley forestal pone de relieve que este partido puede oficiar de péndulo en las mayorías parlamentarias, ya asociándose a la coalición que integra como al Frente Amplio, y este es un factor ambivalente debería contar para que desde el oficialismo, desde la Presidencia, se instrumente esta mesa coordinadora para cubrirse por lo menos en teoría de estas disidencias y sorpresas parlamentarias.
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Opinión

Responsables de estar vulnerables en pandemia

La pandemia en forma aguda, pero sobre todo la tendencia que se venía manifestando desde hace años en el área de la economía –con el desempleo como decisivo componente de la ecuación, naturalmente– ha puesto en forma contundente sobre el tapete la importancia y sobre todo la imperiosa necesidad de que los sucesivos gobiernos apliquen como política de Estado la regla de oro de la instrumentación de políticas contracíclicas. Que no es otra cosa que lo mismo que debería aplicarse en las economías familiares y en una empresa: en los buenos tiempos acumular un margen de reserva imprescindible para enfrentar los ciclos negativos, y evitar el efecto traumático de las crisis consecuentes.
Bueno, la pandemia llegó al Uruguay, y encontró al país, en este caso además al nuevo gobierno que asumió el 1º de marzo, con un déficit fiscal de gran magnitud –por encima del 5 por ciento del Producto Bruto Interno– alto desempleo, economía en caída, descenso en la competitividad y elevados costos de insumos como energía, además de una carga tributaria muy significativa, para que el Estado pueda hacer frente a sus compromisos económico – financieros.
Es un escenario complicado ya en tiempos normales y mucho más lo es en épocas de crisis, cuando la pandemia determina una merma de actividad por medidas restrictivas y encima mayores gastos por subsidios para los sectores más complicados, mientras encima el partido responsable de estas complicaciones, es decir el Frente Amplio, que gobernó el país en los últimos quince años, repite un relato único como si fuera una verdad revelada, desligándose de su enorme responsabilidad por el legado que dejó en déficit fiscal, creciente desempleo y declive de la economía, con el agregado de costos fijos del Estado que deberán afrontarse en tiempos de crisis como la generada por la pandemia, de la misma forma en que si estuviéramos en plena bonanza.
Es además el momento en que más se necesitarían los cuantiosos recursos que se fueron por ejemplo para en recapitalizar Ancap, por más de 800 millones de dólares, los 250 millones de dólares desaparecidos con la regasificadora, los más de 120 millones de dólares “invertidos” en el muy montevideano Antel Arena, los más de 300 millones que se malgastaron en sostener Alas U para tener una aerolínea de “soberanía” nacional, entre otros episodios de tristes –y onerosos– recuerdos para el país.
Son los mismos responsables de estos entuertos, paradojalmente, los que reclaman al gobierno que incorpore una “renta universal” para mitigar el impacto en los hogares de menores recursos, y que sin embargo no solo no lo hicieron durante su gestión, sino que ponen cara de circunstancias y pretenden hacer creer que no tienen nada de responsabilidad respecto a los recursos que se esfumaron desde el Estado y que ahora vendrían muy bien para atender los gastos adicionales por la pandemia, mientras los uruguayos seguimos tratando de acomodar el cuerpo ante las circunstancias y se siguen destruyendo empleos por efectos de la economía complicada.
En este contexto, el factor competitividad es clave en toda instancia para apuntalar el tramado de la economía, y mucho más lo es en medio de una incertidumbre global exacerbada por la pandemia, con los agravantes que señalábamos respecto al elevado costo país y la situación de desempleo, que tiene como una de sus características precisamente la pérdida de puestos calificados en la industria, como una constante.
Precisamente un análisis sobre la evolución de la situación del sector manufacturero en el país, que publica el suplemento Economía y Mercado del diario El País, señala que si bien hay algunos indicadores positivos en el tercer trimestre del año, los parámetros dan la pauta de que permanecen incambiados los elementos estructurales que hacen que toda mejora que se genere será coyuntural y por lo tanto sujeta a los avatares de los mercados internacionales y le evolución de factores internos, en el mejor de los casos.Señala el análisis que la producción industrial –excluyendo la refinería de Ancap– tuvo un crecimiento del 5,1 por ciento en octubre frente al mismo mes del año anterior. Se trató del primer crecimiento interanual desde diciembre de 2019 y de mayor magnitud desde agosto de ese año. Las industrias manufactureras sufrieron el fuerte impacto de la pandemia en los meses de abril y mayo, cuando la actividad industrial cayó un 22 por ciento. A partir de entonces la recuperación ha sido gradual, pero de carácter heterogéneo entre las respectivas áreas de actividad, en tanto las ramas más afectadas por la pandemia que no han experimentado recuperación son principalmente las asociadas a la vestimenta y el cuero, que continúan ubicándose un 20 por ciento por debajo del nivel de 2019.
Reflexiona el analista que “el impacto de la pandemia llegó cuando el sector arrastraba más de cinco años de estancamiento. Entre 2014 y 2019, el volumen físico de la producción manufacturera –excluyendo la refinería de Ancap– cayó un 10 por ciento en tendencia-ciclo”, a la vez que “si bien en términos de valor agregado bruto las industrias manufactureras redujeron su peso en el total de la economía, pasando de representar el 15,1% en 2005 al 12,3 en 2006, el sector continúa siendo uno de los principales demandantes de empleo en el país”.
Entre otros aspectos, a la vez de ser un sector con altos niveles de formalidad, también los salarios promedialmente están por encima del resto, lo que pone de relieve sin lugar a ninguna duda su impacto positivo en el nivel de vida del trabajador del sector.
El punto es que el estancamiento de la industria se debe en parte al menor dinamismo de la economía desde el fin del boom de los commodities en 2014, y el fracaso explícito de la política económica llevada a cabo por los gobiernos de izquierda que no hicieron nada por contener el gasto estatal, pese a los menores ingresos y el consecuente crecimiento del déficit fiscal.
El deterioro ha sido inexorable hasta entregar el gobierno con déficit de más del 5 por ciento del PBI, cuando el exministro de Economía Danilo Astori había reafirmado una y otra vez que lo llevaría a menos del 2 por ciento al fin de su gestión, a lo que se agregaron números crecientes en materia de desempleo y declive económico.
Esta es la película del proceso que se extiende hasta nuestros días, que es lo que realmente vale, mucho más que las fotos de momentos y relatos interesados en sacarse de encima responsabilidades por no haber hecho en su momento lo que había que hacer, porque el precio era el perder votos en la siguiente elección.
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Opinión

Conflicto profundo

El régimen chavista que gobierna Venezuela siempre se las arregla para estar un poco peor que antes. Cuando parece haber llegado al fondo, sabe cómo escarbar para enterrarse más y más. El pasado domingo 6 de diciembre, las huestes del presidente Nicolás Maduro recuperaron la Asamblea Nacional venezolana en unas elecciones marcadas por el boicot de los principales partidos y líderes de la oposición, y por una masiva abstención.
Con una participación del 31%, más de 40 puntos porcentuales por debajo de las parlamentarias de 2015 ganadas por la oposición, la coalición oficialista logró más de 3,5 millones de los 5,2 millones de votos para lograr un total de 67,6% de los apoyos, según los datos del Consejo Nacional Electoral de ese país sudamericano.
Desde 2015 la Asamblea era el único poder controlado por la oposición, que decidió no participar igual que en las presidenciales de 2018 porque considera que no hay condiciones justas para la contienda electoral.
El líder opositor Juan Guaidó, que el este 5 de enero dejará de ser el presidente de la Asamblea Nacional, lo que le permitió desafiar a Maduro desde enero de 2019, habló de “fraude” y aseguró que la abstención fue incluso menor que la anunciada por el Consejo Nacional Electoral.
Por tanto, a partir de hoy, Venezuela se sumerge en un conflicto político aún más profundo. A partir de ese momento el país caribeño queda sin ningún poder público con un origen claramente democrático. Dos presidentes y dos asambleas sin fundamentos constitucionales.
“La distinción entre uno y otro, ‘de facto’ o ‘de jure’, se evapora y aparece una crisis de representación política aún peor: tanto Maduro como Guaidó pasan a representar tan solo su ambición continuista”, asevera el analista y consultor internacional, Michael Penfold, en un análisis divulgado en su cuenta de Twitter. “Nadie sabe desde el punto de vista democrático por qué están donde están”.
Es que los comicios del 6 de diciembre no tuvieron legitimidad ni a nivel nacional ni internacional. El chavista, al ganarlos, lucirá una Asamblea Nacional carente de representatividad política, con más del 90% de los escaños en su poder. Sí le pudo servir a Maduro y compañía para barrer a Guaidó y para disolver la Constituyente –“un adefesio impresentable”, a decir de Penfold–, respecto a una entidad que parecía una Asamblea en paralelo.
Gobernar Venezuela en las actuales circunstancias no es fácil; el chavismo sigue sin encontrar formas de detener la hiperinflación y conseguir más ingresos ante la caída del sector petrolero y las sanciones y siente el descontento, incluso entre los que antes eran más militantes.
La crisis económica no es novedad en la nación sudamericana, donde, además, los fallos eléctricos, la pésima conexión a Internet y la escasez de combustible o agua potable son problemas diarios y son, a la vez, los males menores presentes desde hace años.
Los venezolanos se han desgastado en su lucha por sobrevivir luego de una carrera de más de 2.000 días en la que casi con cada amanecer surge una nueva dificultad en un país que, con un sistema sanitario depauperado, tampoco ha escapado de los embates de la pandemia del COVID-19.
Hasta noviembre, la inflación acumulada se ubicó en 3.045,92%, según datos de la Asamblea Nacional, que sigue publicando este indicador en vista del silencio del Banco Central (BCV), el encargado en Venezuela de comunicar estos datos.
El pronóstico, aunque negativo, no es tan devastador como el 7.374% en que cerró la inflación en 2019 ni tan histórico como el pico de 1,7 millones por ciento que alcanzó en 2018. Sin embargo, la incesante subida de los precios sigue arruinando a unos empobrecidos consumidores, cuyo poder de compra es cada vez más pequeño.
A su vez, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea y Japón tampoco reconocerán a la nueva Asamblea Nacional, por lo que continuarán los problemas de acceso a los mercados financieros y petroleros y las dudas sobre la legitimidad democrática del país.
Y la oposición, una vez que pierda formalmente el Parlamento este martes, deberá ocuparse de nuevo de reunificarse en torno a una estrategia que deje de estar tutelada por Donald Trump, quien pronto dejará su lugar en Washington a Joe Biden (el cambio de mando está previsto para el 20 de enero).
Las parlamentarias del 6 de diciembre, por lo tanto, no parecen destrabar ninguno de los problemas que sufre Venezuela desde hace años, aunque puede que la llegada de Biden, un nuevo aire en la oposición y un eventual reconocimiento de las dificultades por parte del chavismo abran un espacio para concesiones y para aliviar la situación en el país, puntualiza un análisis de la BBC.
Así y todo, el régimen que gobierna Venezuela aún mantiene adeptos, básicamente, por una cuestión ideológica. Algo totalmente ridículo: la crisis profunda y que no para de aumentar debe llevar a reaccionar hasta al más duro militante. En un momento de la historia, los venezolanos deberán salir de este pozo profundo que los hace añicos. > Leer más