Editorial de El Telégrafo sobre los temas que más importan en el mundo, Uruguay y Paysandú en particular.
Maltrato animal, un problema que se reitera
El litoral se mantuvo bajo una ola de calor desde el jueves hasta el sábado, de acuerdo a la advertencia establecida por el Instituto Uruguayo de Meteorología. La zona pintada de gris en el mapa abarcaba desde Artigas a Colonia y, al menos en esta parte del país, no es novedoso que los veranos se vuelven cada vez más tórridos. Eso conlleva a elevadas sensaciones térmicas y las recomendaciones médicas de cuidados para la población vulnerable de niños y adultos mayores, así como trabajadores que cumplen funciones por varias horas a la intemperie.
La ingesta de agua, el uso de protector solar, el consumo de frutas y verduras frescas, forman parte de la grilla de temas en las entrevistas que, por estos meses, ocupan a los distintos medios de comunicación. Ocurre que las estadísticas demuestran las consecuencias ulteriores de la exposición a los rayos UV, ante los elevados índices de cáncer de piel que registra Uruguay, así como las afecciones gastrointestinales, tan comunes en estas épocas del año al consumir productos que no se mantuvieron en la cadena de frío.
Como seres conscientes, resolvemos nuestro autocuidado. Un aspecto que no pueden remediar otros seres sintientes, aunque no conscientes de la situación de dolor que atraviesan. Nos referimos a los casos de maltrato extremo en animales de compañía que se han registrado en los últimos días en varios barrios de Paysandú, así como sucede en otras partes del país. Perros atados al sol, sin agua ni sombra o acurrucados bajo estructuras metálicas que provocan quemaduras que, a su vez, generan bicheras de tal gravedad por el paso de los días que los llevan a la muerte.
Las oenegés de Paysandú –así como de otros lugares del país– están conformadas por equipos de voluntarios que no cuentan con presupuestos definidos por ningún organismo. Porque el dinero que disponen, a través de acuerdos con el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) y las intendencias departamentales, es exclusivamente destinado para el Programa Nacional de Control Reproductivo. Es decir, las castraciones.
Las organizaciones sociales se sustentan con el aporte de generosos donantes y destinan su tiempo –que no es libre porque varios de sus integrantes están 24/7 para esta obra– a recoger perros y gatos abandonados, lastimados, chocados o enfermos. Las distintas afecciones requieren de insumos médicos y atención especializada que encuentra el apoyo en algunas clínicas veterinarias que “aguantan” abultadas deudas porque saben que la causa de estas organizaciones es justa.
Estos días suelen ser más largos para las oenegés. Porque deben lidiar con curaciones que no son simples, con el diálogo hacia los dueños irresponsables y con los trámites de denuncias que tienen resultados dispares. En el mejor de los casos, se consigue que la institucionalidad actúe y prohíba que un maltratador vuelva a tener animales. Pero, en el peor de los casos, la situación se repite porque nadie –absolutamente nadie– puede asegurar hoy que una multa se pague de alguna manera.
¿Qué le hacen a un maltratador de animales en Uruguay? ¿Los escrachan en las redes sociales? ¿Le quitan una propiedad si no paga la multa? Nada. Esa es la respuesta. Por eso, vuelven a tener un animal más temprano que tarde. Además, deben lidiar –también– con una comunidad acostumbrada a llamar a las protectoras para que se ocupen de las camadas de cachorros o de los problemas de convivencia por animales descuidados. Porque acostumbraron a visualizar que esta responsabilidad es “ajena”.
Cuesta mucho tipificar en un país como Uruguay que el maltrato sea un delito. Sin embargo, en el mundo entero son apreciadas las técnicas que se utilizan para el bienestar animal en los distintos procesos productivos de la agropecuaria nacional. Aunque el viernes, a las 14.30, una zorra repleta de ganado en pie quedó estacionada a la entrada del balneario Boca del Cufré. Hace tres años, murieron 15 novillos que se encontraban en un feedlot en Paysandú por una ola de calor. Allí, donde las sensaciones térmicas suelen ubicarse por encima de 40 grados por efecto de la humedad, en el marco de situaciones que ponen de relevancia la polémica por el traslado de los animales productivos bajo estas condiciones climáticas.
Así como el conflicto ocurrido en la industria cárnica que –sin polemizar sobre las responsabilidades porque son comunes las “sensibilidades selectivas”– provocó la muerte de vacunos que aguardaban por la faena en dos frigoríficos.
La Ley 18.471 parece, en ocasiones, pintada al óleo. Una de las 14 ideas planteadas por la Plataforma Animalista a los distintos candidatos durante el pasado año electoral, solicitaba agilizar y mejorar el proceso de denuncias ante maltrato animal. Sobre todo tipificar, expresamente como delito, al maltrato y abandono animal enmarcado en un proyecto de ley presentado en el Parlamento en el año 2022. Y resolver el apoyo estatal a refugios privados, protectoras, rescatistas y asociaciones civiles, entre otros.
Para tipificar al maltrato como un delito, el proyecto se refiere a la “creación de una base de datos de personas con antecedentes negativos en cuanto a la tenencia responsable de animales, con acceso libre a dicha información por parte de los dadores en adopción debidamente registrados”.
Los rescatistas locales conocen la realidad de cada departamento y reconocen a las personas que no pueden volver a tener un animal de compañía. Pero no hay un sustento legal, sino que actúan a modo de lista negra que divulgan entre sí. Con la iniciativa parlamentaria, pretenden actuar bajo un protocolo que otorgue un marco de seriedad a la tarea y que su labor sea reconocida como agentes de cambio.
Por ahora no pasará nada más que la indignación a través de las redes sociales. Estas acciones inhumanas seguirán provocando exclamaciones y reacciones desde los sillones de los hogares. Las protectoras están solas. Desanimadas e impotentes.