Opinión

El efecto Maradona

A quien conoce algo de la interna argentina, de su modo de vivir las cosas, y de las diferencias políticas profundas que existen en esa sociedad, no le sorprendió en absoluto tanto la demostración de afecto hacia su ídolo mayor en la historia como los incidentes generados en su velatorio, llevado adelante nada menos que en la Casa Rosada y por la que pasó un millón de personas.
El fallecimiento el miércoles de Diego Armando Maradona, el notable jugador de fútbol campeón del Mundo en 1986, sacó a flote toda esa idiosincrasia de nuestros hermanos argentinos, al tiempo que extendió la brecha latente, política y social, que hay en ese país.
En primer lugar, los disturbios registrados el jueves en el multitudinario evento, desataron fuertes acusaciones cruzadas entre el Ejecutivo de Alberto Fernández y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, respecto a la responsabilidad en el fallido operativo de seguridad. El presidente de Argentina aseveró ayer que “hubo una acción desmedida de la Policía de la Ciudad”, con una “violencia incomprensible”.
La ministra de Seguridad de Argentina, Sabina Frederic, aseveró que el “responsable primario” del operativo de seguridad era el gobierno capitalino, liderado por el alcalde Horacio Rodríguez Larreta, un opositor al Ejecutivo de Fernández.
El vicejefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y ministro de Seguridad de la ciudad, Diego Santilli, argumentó que la organización del velatorio estaba a cargo de la Presidencia argentina y que se constituyó un comando unificado de seguridad al mando de fuerzas federales y con el que “colaboró” la Policía capitalina.
Santilli sostuvo que fue el gobierno nacional el que pidió que fuera interrumpida la fila para el ingreso –algo que Fernández negó– “y luego aparecieron los violentos”. Para Santilli, la despedida “de una leyenda de los argentinos” debió hacerse en más de un día. Los disturbios tuvieron como saldo 13 personas detenidas y 11 policías y un civil heridos.
Esta contradicción entre un lado y otro parece ser cosa de todos los días en un país como Argentina, en crisis económica y con un manejo de la pandemia del coronavirus que ha dejado mucho que desear. En efecto, para este velatorio se montó un protocolo en 24 horas, cuando los ciudadanos tienen restringidos sus movimientos y no pueden despedir a sus familiares fallecidos.
También hay que mencionar que el propio Maradona se ha encargado de ensanchar la grieta con sus posiciones políticas. Adepto a la línea de pensamiento y acción de Fidel Castro o Hugo Chávez, construyó una relación muy cercana a Cristina Fernández de Kirchner, la hoy vicepresidenta de Argentina, y a su vez marcó diferencias con Mauricio Macri, al que defenestraba pese al común sentimiento por Boca Juniors.
“Peronista desde la cuna”, como ha dicho el “10”, “sus idas y vueltas, amores y odios en la política comenzaron con Carlos Menem. En 1999, Maradona apoyó la candidatura presidencial del riojano, pero a los pocos años tuvo un encontronazo –sin retorno– con el vicepresidente Eduardo Duhalde”, detalla un análisis del diario La Voz del Interior.
Luego vino el enfrentamiento con Macri, el conocimiento de Chávez a través de Fidel y el acercamiento a Cristina, a quien apoyó fervientemente en los últimos años pese a los casos de corrupción en contra de la viuda de Néstor Kirchner. Incluso, respaldó la candidatura presidencial de Alberto Fernández, porque su compañera de fórmula era Cristina.
“Sin disimulo, Maradona se alineó con el gobierno de los Fernández (…) Por su perfil cristinista de su última etapa, Maradona se zambulló en la grieta nacional: su adhesión por Cristina, también fue una forma de marcar diferencias con su enemigo político de todos los tiempos: Mauricio Macri”, ahonda el reporte de La Voz del Interior.
Por este motivo, la masiva presencia de fanáticos en torno al ataúd del crack del fútbol mundial, tenía mucho de las marchas y manifestaciones peronistas. Multitudes exaltadas, cánticos de tribuna, cero respeto a la autoridad, ir de pesado, con mala onda. Sin duda que muchos de ellos estarían verdaderamente apesadumbrados por el deceso de alguien que les brindó muchas alegrías, pero no deja de sorprender que el modus operandi de los congregados en la Plaza de Mayo de Buenos Aires sea casi un calco de las peores expresiones peronistas. De las que nada bueno puede salir.
En definitiva, el velatorio de Maradona, el mejor jugador de fútbol de la historia –dotado de un talento extraordinario, de una mentalidad ganadora exuberante y de un gran carisma–, estuvo acorde a su tumultuosa vida, llena de vaivenes, de baches, de éxitos y fracasos. Muy maradoniano, muy argentino. El efecto Maradona que seguirá repercutiendo en la vida de este gran país, caótico y maravilloso a la vez. > Leer más

Opinión

Las cicatrices en la economía y el empleo

Sin dudas uno de los desafíos más difíciles para un gobierno es cumplir con el precepto principal de una buena administración, que es tratar de mejorar la calidad de vida de la población pero con sustentabilidad, a efectos de que un país o un departamento esté a cubierto de zozobras mediante un rumbo estable y con la previsibilidad posible hacia el futuro.
Lamentablemente, por regla general las urgencias electorales, los condicionamientos ideológicos y/o partidarios son factores que pesan a la hora de las decisiones que van a contramano de esta regla simple y de sentido común, con un componente de soberbia y de jugarse a que la mano buena va a durar para siempre.
El gobierno del Frente Amplio, tanto las administraciones de Tabaré Vázquez como la de José Mujica, a las que les tocó once años de una bonanza que pocas veces se había visto como consecuencia de excepcionales condiciones para la colocación en el exterior de nuestros commodities, además de bajas tasas de intereses internacionales y oferta de dinero abundante, sin embargo cometió el error imperdonable de seguir gastando por encima de lo que ingresaba y generó un déficit fiscal creciente, de más del 5 por ciento del PBI, cuando entregó el gobierno el 1º de marzo de este año. Un año de pandemia por la COVID-19, en el que el mundo y el Uruguay han resultado afectados desde el punto de vista sanitario pero sobre todo por una crisis económica que funciona como un dominó a nivel mundial, con un alto grado de incertidumbre sobre su evolución.
Y más que nunca se necesitaba para afrontar esta coyuntura un colchón de recursos con los que lamentablemente no se cuenta, porque cuando la economía mundial volvió a su cauce tras ese período de ensueño, en Uruguay nos hemos quedado con el exceso de gasto, con una fuerte deuda y una demanda de recursos para canalizar hacia los sectores más afectados por la pandemia, justo cuando cae la actividad, el empleo y la demanda mundial de bienes y servicios.
Además, más allá del escenario presente, el futuro inmediato presenta desafíos como el mantener y/o recomponer el empleo, lo que hubiera sido mucho menos difícil y menos traumático si se hubieran hecho las cosas bien cuando la bonanza, y el Uruguay contara con un margen de disponibilidad de recursos que no tiene, mientras que por el contrario se dejó un legado de gasto rígido en el Estado que hay que atender mes a mes.
Una pista del panorama que se enfrenta lo da el economista y director adjunto del Departamento de Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), Jorge Roldós, cuando reflexiona para el semanario La Mañana que “la cicatriz más grande que dejará la pandemia será sobre el empleo”, un aspecto siempre crítico sobre todo en un país en el que se requieren fuentes de trabajo genuinas y no empleos en la burocracia del Estado, que ha seguido creciendo todos estos años.
El economista también tuvo un pasaje por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y al respecto subrayó que “la principal lección de la OPP que me quedó fue lo difícil que es hacer política fiscal contracíclicas”, y acotó al respecto que “la bonanza contagiada por uno de los tantos programas de estabilización fallidos en Argentina requería una contracción del gasto público en Uruguay, pero con la recaudación en alza es muy difícil para los gobiernos resistir la tentación de gastar más”. Y claro: mucho menos en un país como este manejado por el sindicalismo, que siempre encuentra una buena razón para gastar hasta lo que no se tiene, en especial cuando son parte del gobierno.
Lo peor es que gran parte de este gasto no es a término, sino que genera una bola de nieve que debe tratar de pararse, siempre en forma traumática, cuando la economía empieza a sufrir los temblores de la crisis mundial, porque el gasto no se dirigió a hacer sustentable el esquema, sino en satisfacer demandas puntuales que son pan para hoy y hambre para mañana, para complacer a grupos afines y voluntarismos, en muchos casos para “prender una vela al socialismo”, como apuntara en su momento el expresidente José Mujica.
Los apuntes del economista en sus comentarios refieren a la región sudamericana en forma global, y son aplicables a nuestro país, que no ha escapado en todos estos años y en la actualidad al contexto que se da en el subcontinente, con las características apuntadas. Así, considera que la región venía saliendo de la fuerte caída en los precios de las materias primas en el período 2013- 2015, “y hora nos pegó el COVID-19. Los pronósticos no son muy auspiciosos, pero es allí donde vemos las oportunidades”.
Considera que “los gobiernos deberían haber aprendido un número de lecciones en las últimas décadas y vemos a algunos moviéndose en la dirección de adoptar políticas macroeconómicas razonables y medidas que facilitan el crecimiento inclusivo. El principal riesgo a la baja es que la pandemia se agrave o que un manejo inadecuado lleve a protestas sociales como las que vimos a fines del año pasado. De la misma manera existe un cierto riesgo al alza, con mejor evolución de la pandemia y de la economía global”.
Pero en tren de comparaciones las cosas no se dan bien tampoco en la región en esta pandemia. Así, mientras América Latina y el Caribe tienen el 8 por ciento de la población mundial, a fines de setiembre tenían el 28 por ciento de las infecciones y el 34 por ciento de los fallecimientos globales por COVID-19, en tanto desde el punto de vista de la economía las cosas no se presentan amigables con Uruguay, si tenemos en cuenta que la caída del comercio mundial y especialmente del turismo son especialmente críticos para una economía pequeña como la nuestra.
En cuanto al empleo, Roldós evalúa que “esa es la cicatriz más en contraste a todas las recesiones previas, donde el PBI siempre caía más que el empleo. En esta recesión vimos lo contrario; se estima que en el segundo trimestre de este año las economías más grandes de la región perdieron más de 30 millones de empleos”, además de “una fuerte reducción en horas trabajadas de los que perdieron sus empleos”.
El punto es que gran parte, si no la mayoría de los empleos que se van recuperando, se va logrando en el sector informal, y ello es negativo dentro de la mejoría, porque condiciona la recuperación de la economía y a la vez incide en forma muy limitada en el plano fiscal, con países que como el nuestro, ya tienen un fuerte déficit heredado y potenciado por la pandemia.
Es por lo tanto la hora de agudizar el ingenio, tratar de compatibilizar en la medida de lo posible la crisis sanitaria con la economía, como se ha venido haciendo, y procurar que con líneas de crédito benignas puedan mantenerse andando los motores de la economía, aunque averiados, para retomar en lo posible desde mediados del año que viene –esperamos que ya se cuente con la vacuna– el camino de la reactivación que detenga la caída de la calidad de vida y se pueda encaminar hacia el crecimiento con desarrollo y sustentabilidad.
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Opinión

Ni la pandemia ha podido aplacar la degradación medioambiental

Cuando se creía que como contrapartida al azote sanitario y en la economía generado por la pandemia de la COVID-19, tendríamos este año cierto alivio a la degradación medioambiental por causa de una menor actividad humana, nos encontramos sin embargo con que según la Organización Meteorológica Mundial, la humanidad jamás se ha enfrentado a una concentración media mundial de CO2 (dióxido de carbono) tan elevada como la actual. La última vez que la Tierra acumuló tanto CO2 en la atmósfera el nivel del mar estaba entre 10 y 20 metros por encima del actual.
Con la desaceleración de la economía mundial, si bien se han registrado menos emanaciones perjudiciales por la caída de la producción industrial y otras actividades, la atmósfera sigue incrementando mayores niveles de afectación, según mediciones del presente año.
Uno de los datos que aportaba hace unos días el último Boletín sobre los Gases de Efecto Invernadero de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), indica que la concentración media mundial de dióxido de carbono alcanzó las 407,8 partes por millón (ppm) en 2018, tras haber sido de 405,5 ppm en 2017. Además, las concentraciones de metano y óxido nitroso se dispararon y ascendieron en mayores cantidades que durante los últimos diez años. Como decíamos, la última vez que se dio en la Tierra una concentración de CO2 comparable fue hace entre 3 y 5 millones de años, y el nivel del mar estaba entre 10 y 20 metros por encima del actual.
“Esta tendencia continua a largo plazo –explican los meteorólogos—eso significa que las generaciones futuras tendrán que hacer frente a unos efectos cada vez más graves del cambio climático, como el aumento de las temperaturas, fenómenos meteorológicos más extremos, un mayor estrés hídrico, la subida del nivel del mar y la alteración de los ecosistemas marinos y terrestres”. Problema añadido, además, es el hecho de que “el CO2 permanece en la atmósfera durante siglos y aún más tiempo en los océanos”.
La OMM alerta que “desde 1990 ha habido un incremento del 43% del forzamiento radiactivo total (que tiene un efecto de calentamiento del clima) provocado por los gases de efecto invernadero de larga duración”. Además, y según las cifras proporcionadas por la Administración Nacional del Océano y de la Atmósfera (NOAA) de Estados Unidos, el CO2 ha contribuido en casi un 80% a ese incremento.
La desaceleración de la producción industrial en los primeros meses de la pandemia (del orden del 17 por ciento) y los confinamientos que afectaron a gran parte de la población mundial –provocando la disminución del uso del transporte aéreo y terrestre– no han servido para bajar la curva ascendente de los gases de efecto invernadero.
El secretario general de la OMM, Petteri Taalas, explicó que las cuarentenas masivas pueden haber disminuido la emisión de agentes contaminantes y gases invernaderos, pero no han tenido ningún impacto significativo en su concentración en la atmósfera.
El calor que este fenómeno produce está detrás del aumento de la temperatura global, de la subida del nivel del mar y su acidificación, del deshielo y de la violencia de algunos desastres climáticos, como los recientes huracanes en el Atlántico.
Taalas recordó que desde 1990 el forzamiento radiativo (diferencia entre la insolación (radiación) absorbida por la Tierra y la energía que ésta irradia de vuelta al espacio) ha aumentado un 45%, reforzando el calentamiento del planeta.
Pero el CO2 no es el único gas de efecto invernadero que bate marcas: según los registros de la red de Vigilancia de la Atmósfera Global, que cuenta con estaciones en las regiones remotas del Ártico, en zonas montañosas y en islas tropicales, “las concentraciones de metano y óxido nitroso se dispararon y ascendieron en mayores cantidades que durante los últimos diez años” (y la vida atmosférica del metano, aproximadamente 12 años, es más corta que la del CO2, pero su efecto invernadero es 23 veces más potente).
Petteri Taalas evaluó asimismo que “no hay indicios de que se vaya a dar una desaceleración, y mucho menos una disminución, de la concentración de los gases de efecto invernadero en la atmósfera a pesar de todos los compromisos asumidos en virtud del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Tenemos que plasmar los compromisos en acción y aumentar el nivel de ambición en aras del bienestar futuro de la humanidad”.
Además la OMM estima que las emisiones mundiales seguirán creciendo de aquí a 2030 “si se mantienen las políticas climáticas y los niveles de ambición actuales”. El informe de síntesis United in Science (Unidos en la Ciencia), elaborado para la Cumbre sobre la Acción Climática que organizó Naciones Unidas en Nueva York el pasado mes de setiembre, subraya “la manifiesta, y cada vez mayor, disparidad entre los objetivos acordados para resolver el problema del calentamiento global y la realidad”.
Esta “disparidad” entre los objetivos y la realidad es demostrativo de las dificultades que se presentan para aterrizar las buenas intenciones y los enunciados, porque hay muchos intereses económicos y de poder en juego entre las grandes corporaciones y entre los estados, y nadie quiere renunciar a las “ventajas” que les implica hacer una moña a las reglamentaciones y acuerdos para ganar esa diferencia.
Sin dudas, es preciso intensificar las medidas y encarar decididamente acciones concretas para reducir las emisiones, porque lo que hacen muchos de los grandes responsables por esta situación es seguir pateando la pelota para adelante, eludir responsabilidades y luego “explicar”, con cara de circunstancias, por qué no han hecho lo que debían y se habían comprometido a hacer.
De no revertirse esta actitud, en el mediano plazo todos deberemos enfrentar las consecuencias de un planeta radicalmente averiado por el cambio climático, del que nadie podrá bajarse y decir que no tiene nada que ver. > Leer más

Opinión

Los alimentos y su impacto

La discusión sobre cómo y qué comemos se ha hecho más visible recientemente a partir de iniciativas como el etiquetado de alimentos, que en nuestro país ha tenido dos instancias, por un lado una que promovió el marcaje –con octógonos negros– de alimentos con alto contenido de algunos elementos en específico, que pueden tener efectos perjudiciales para la salud humana, como el exceso de sodio, de grasas, de grasas saturadas y de azúcares; por otra parte se promovió, y se logró, que algunos departamentos exijan identificar –con una letra “T”– en el exterior del paquete los alimentos que contengan materia prima genéticamente modificada.
Estas iniciativas y los debates que generaron hicieron que el público esté más “despierto” sobre la importancia de su alimentación, lo que no quiere decir que masivamente se esté rechazando este tipo de alimentos, ni mucho menos, por más que algunos informes dan cuenta de una reducción en su consumo.
La mayor parte de esta entelequia llamada “el gran público” no pasa de allí, pero en realidad, quien desee profundizar encontrará que hay hoy mucho material que refiere a la relación entre los alimentos y la salud humana y que, por supuesto, pone en cuestión muchas de las prácticas de consumo que se han normalizado en las últimas décadas. Además, para una parte de la población es fundamental saber lo que consume, por ejemplo los diabéticos en distinto grado, hipertensos, quienes tienen problemas renales, etcétera; que por otra parte lamentablemente son cada vez más, en gran medida debido a una mala alimentación.
Pero lo que no se ha hecho tan visible es el impacto que la forma de producir los alimentos tiene sobre el ambiente, por más que el tema está cada vez más presente en el mensaje; basta recordar manifestaciones del ministro de Ambiente Adrián Peña, que en una reciente visita a Paysandú dijo que “Uruguay se juega mucho en el futuro si logra certificar y demostrar que es un país natural, con procesos productivos en base natural. Para eso hay que certificar, hay que medir y hay que cambiar algunas cosas. Esto está llevando a alguna tensión, yo digo natural, con el sector productivo, con el ministerio de la producción, a veces con la industria”. El comentario de Peña venía a colación de una demora en la aprobación de una serie de productos transgénicos para la que se requería del aval del ministerio, que pidió un tiempo para interiorizarse al respecto.
La manera en que se producen los alimentos y el impacto del modelo ha motivado acciones desde diferentes agencias de la Organización de las Naciones Unidas. Por ejemplo, el programa para el Medio Ambiente de ONU, Unenviroment, publicó el 15 el de octubre pasado un informe titulado “Por qué debemos cambiar la forma en la que comemos”, en el que cuestiona la agricultura industrial, de la que reconoce que “ha sido una forma confiable de producir muchos alimentos a un costo relativamente bajo. Pero no es tan rentable como alguna vez se pensó”, y la tacha de insostenible en términos ambientales.
“La agricultura insostenible puede contaminar el agua, el aire y el suelo, es una fuente de gases de efecto invernadero y destruye la vida silvestre. El uso de productos químicos y antimicrobianos puede tener efectos adversos para la salud y provocar infecciones resistentes”. Además señala que “gracias a nuestros hábitos de producción y consumo, este sector se ha relacionado con la aparición de enfermedades zoonóticas, como la COVID-19”, bajo el argumento de que la desaparición de ambientes naturales ha desplazado especies salvajes hacia las urbes y, por ende, a un contacto más próximo con los humanos. Lectores de mayor edad recordarán que antiguamente no era frecuente encontrarse dentro de las ciudades con especies de aves como horneros (que hoy anidan en los hombros de Leandro Gómez en la plaza Constitución) o teros (a no ser los famosos del estadio Centenario o la selección nacional de rugby). El informe está presentado como una serie de preguntas y en su parte medular cuestiona que “el uso intensivo de productos químicos y medicamentos, y las modificaciones genéticas permiten que algunos alimentos se produzcan de forma económica y en volúmenes altos y fiables, por lo que el precio de venta al público puede ser menor. Pero esto es engañoso, porque no refleja los costos del daño ambiental o el precio de la atención médica que se requiere para tratar las enfermedades relacionadas con las dietas insostenibles”.
Agrega que “los alimentos ultraprocesados suelen ser ricos en energía y bajos en nutrientes y pueden contribuir al desarrollo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, diabetes y algunas formas de cáncer. Esto es particularmente preocupante en medio de la pandemia de COVID-19. Esta enfermedad es especialmente peligrosa para quienes tienen problemas de salud preexistentes”.
Argumenta la publicación que “puede que los consumidores no se den cuenta de cómo sus elecciones dietéticas afectan el medio ambiente o incluso su propia salud. En ausencia de obligaciones legales o demanda de parte de los compradores, hay pocos incentivos para que los productores cambien su enfoque”.
Otro factor que se plantea, y vaya si es un aspecto a considerar en los tiempos que corren, es el impacto en el empleo que podría tener un cambio de modelo productivo, ya que al requerir más mano de obra, los alimentos producidos de manera sostenible tienen el potencial de crear 30% más puestos de trabajo.
La mala noticia es que estas formas de producción se asocian a mayores costos de los productos que se ofrecen por razones como el mayor laboreo y la falta de volumen, asociada al transporte, aunque sostiene el informe que hay formas de organizarse para reducir estos costos.
Claro, a veces las cosas no son tan lineales como de buenas a primera podría pensarse, porque ¿es realmente más conveniente consumir una hamburguesa de lentejas que una de carne?, cuando esta última procede de un frigorífico nacional, de carne de vacas uruguayas, y las lentejas en cuestión fueron importadas de Canadá y atravesaron en barco literalmente medio planeta, o peor, vienen de Chaco, Argentina, donde fueron cosechadas en un campo que hasta hace pocos años era un extenso macizo de monte nativo, que hoy desapareció. > Leer más

Opinión

Realidad demográfica que nos compromete

Los primeros datos recogidos por la Comisión de Expertos que se encargará de proponer los alcances de una propuesta de reforma de la seguridad social confirman que la tendencia poblacional de Uruguay es muy similar a la de los países desarrollados con una estructura del tercer mundo, e incluso más grave que lo que se percibía por los organismos que analizan la problemática: Uruguay en las próximas décadas reducirá su población y además crecerán las franjas de las personas de mayor edad, lo que interpela la sustentabilidad del sistema.
Es así que después del retraso para incorporar a los representantes del Frente Amplio, la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) empezó su trabajo de cara a una futura reforma del sistema y algunos de los primeros insumos recibidos causaron impacto entre los integrantes: hacia finales de este siglo la población de Uruguay se reduciría a unos 2,7 millones de habitantes, contra poco más de tres millones que tenemos actualmente.
Se trata de una proyección demográfica que expusieron expertos del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
Una población de 2,7 millones hacia el final de este siglo considera la baja de la natalidad observada en los últimos años, que se ubicó en 1,5 hijos por mujer, pero para la estimación se ajustó al 1,7 considerando que podría haber una postergación de la maternidad. Sin ese ajuste, la cifra sería de 2,5 millones al final del período de proyección.
Naturalmente, este descenso no puede sorprender a nadie que haga más o menos un seguimiento de la realidad del país en las últimas décadas, a la vez que en gran medida se acompaña una tendencia mundial. En Uruguay la ecuación demográfica se presenta muy similar a la de los países desarrollados, pero con infraestructura limitada por falta de recursos y sustentabilidad propias de América Latina.
Pero pese a que este escenario era conocido, varios integrantes de la comisión quedaron impactados con que, incluso ajustando al alza la tasa de fecundidad observada, la población se dirige hacia una reducción considerable para cuando termine el siglo XXI, y con una proporción creciente de edades más avanzadas. Actualmente, Uruguay tiene cerca de 3,5 millones de habitantes.
Wanda Cabella, del Programa de Población de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, dijo a Búsqueda que la tendencia a reducción de la población será un fenómeno de toda América Latina, no solo de Uruguay. Pero el caso uruguayo es particular por su “comportamiento demográfico todavía más envejecido” y un crecimiento poblacional “más lento que el resto” de la región.
“Con la dinámica demográfica del país hoy, lo único plausible es que la población decrezca. El valor al que se terminó llegando en función de los parámetros iniciales que se utilizaron para estimar la proyección a largo plazo va en línea con un número así. No podemos predecir que va a ser más alto”, añadió Cabella, una de las especialistas que presentó el informe al CESS. Si bien la cifra no sorprende, tiene una “sensibilidad especial” porque Uruguay es un “país chico”, opinó.
El CESS es presidido por el Dr. Rodolfo Saldain, expresidente del Banco de Previsión Social, quien dijo que uno de los próximos pasos es mantener un esquema de trabajo y contactos que incluye unas 40 audiencias con distintas organizaciones vinculadas a la problemática, las que formularán propuestas, aportes e información como insumos para la reforma.
Y precisamente otros insumos que recibió el grupo indican que el número de aportantes al Banco de Previsión Social tendería a aumentar hasta el 2050, pero luego comenzaría a disminuir como consecuencia de la dinámica demográfica.
“La población de Uruguay ha venido envejeciendo a un ritmo similar al de los países más desarrollados debido a una tendencia decreciente de la fecundidad y mortalidad a lo largo del tiempo”, señala la División de Protección Social y Trabajo para América Latina del Banco Mundial en uno de los documentos. La implicancia de ese fenómeno es una “presión sobre la sustentabilidad del gasto” destinado a pagar las pasividades, al tiempo que se reducen los ingresos por contribuciones debido a una menor cantidad de la población activa respecto al total.
Estamos por lo tanto ante una realidad demográfica y socioeconómica que es la que impone las condiciones, y si modificar esta realidad en sus aspectos negativos es harto difícil para los países desarrollados, mucho más lo es para Uruguay, que es tomador de condiciones y altamente vulnerable a los avatares internacionales, que repercuten en su economía.
Por lo tanto los insumos de la comisión encargada de elaborar la propuesta de reforma, que deberá ser sometida a la consideración del sistema político y de todos los actores involucrados cuanto termine su análisis, llaman a reflexión respecto a la envergadura del desafío del que se parte por el grupo de trabajo, que no es precisamente un apéndice del actual gobierno sino un ámbito multipartidario e intersectorial, con la esencia de aportes técnicos pero sujetos al condicionamiento político de aplicabilidad de lo que surja de esta mesa de análisis.
Por lo tanto, la propuesta de reforma deberá ser evaluada en este concepto, en una definición que trascienda partidos e ideologías, sobre proyecciones válidas, con los pies sobre la tierra y sin delirios ni voluntarismos para obtener rédito en el corto plazo, desde que están en juego aspectos críticos para la viabilidad del sistema previsional y la calidad de vida de generaciones de los involucrados en la problemática. > Leer más

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Aratirí y su laberinto

La minera Aratirí no llegó a Uruguay por generación espontánea. Fue el resultado de negociaciones efectuadas por los gobiernos del Frente Amplio y se radicó en Uruguay en el año 2007. Durante el primer año de la administración de José Mujica, promocionaron al grupo minero Zamin Ferrous como la inversión privada más grande del país hasta aquél entonces –en torno a U$S 2.000 millones– con la posibilidad de crear entre 2.000 y 4.000 empleos directos, más otros 1.000 en tareas operativas y se calcularon hasta 10.000 en puestos indirectos. Al año siguiente, en 2011, el mandatario definía al proyecto de megaminería de la misma forma que Tabaré Vázquez se refería a la instalación de UPM. Es decir, una “causa nacional”, tal como consta en Internet en innumerables artículos periodísticos de la época.
Un año más tarde, el gobierno anunciaba en forma oficial que se unía al grupo indio para desarrollar el primer puerto de aguas profundas en la costa oceánica y estimaba las exportaciones de hierro en forma similar a todo el movimiento de cargas que por esos años se hacía a través de los puertos de Montevideo y Nueva Palmira.
Con la puesta en marcha de la legislación que regulaba a la minería de gran porte, la empresa extranjera entabló una demanda millonaria por U$S 3.536 millones, ante lo que consideró como un cambio no acordado en las reglas de juego para extraer hierro de Valentines. Y hasta ahí nos enteramos los uruguayos de la marcha del juicio de Aratirí, porque en setiembre de 2018, el presidente Vázquez declaró confidencial toda información relativa al juicio. Con la excepción de algunas filtraciones, no se supo nada más de la marcha del litigio.
La denuncia era por daños y perjuicios y Uruguay comenzaba así otra odisea con la contratación de un equipo de abogados estadounidenses ante un tribunal de arbitraje internacional en La Haya. El gobierno de Vázquez aceptó comparecer, si bien el artículo 19 del Código de Minería establece que las reclamaciones y controversias quedan sometidas “sin excepción alguna” a la jurisdicción de la República Oriental del Uruguay. Porque un Estado no puede admitir el sometimiento a una empresa privada, por más multinacional poder que tenga.
Hasta que llegaron las elecciones en 2019 y trascendió la posibilidad de que Uruguay ganara el juicio, pero esa información estaba contaminada con la campaña política. Luego de conocidos los resultados de las elecciones, el gobierno saliente solicitó a la Corte Permanente de Arbitraje que se pronunciara, porque era evidente que el resultado de ese juicio era de interés para el gobierno que iba a asumir el 1º de marzo del año siguiente. Y era de recibo porque, en caso contrario al fallo que se conoció después, sería una bomba a explotar en las manos de Luis Lacalle Pou.
No obstante, a mediados de enero de este año, el Poder Ejecutivo comunicaba a la Asamblea General, la transferencia de medio millón de dólares por honorarios y gastos del tribunal. Y, a pesar de que el cuerpo internacional no dio lugar a la demanda –que es muy diferente a ganar el juicio– Uruguay debió pagar honorarios a los abogados contratados, a expertos, asesores, testigos y los costos mencionados por el arbitraje. De acuerdo al juicio, la empresa india debe pagar al Estado uruguayo un total de U$S 4.000.000 o el costo de los abogados. Sin embargo, con la divulgación del fallo del tribunal arbitral, se supo que el país pagó casi doce millones y medio de dólares (con el descuento mencionado incluido).
Por lo tanto, el país no ganó cuatro millones de dólares, sino que el costo de la defensa estuvo por encima de doce millones de dólares. Fue un juicio donde el país aceptó discutir la demanda con la empresa extranjera, sin que el tribunal reconociera su legitimidad. Y pagar por ello.
Las razones del fracaso de la explotación minera estaban en la inviabilidad económica que vino después con el desplome del precio del hierro en el mercado internacional. La empresa había basado sus cálculos en la coyuntura extraordinaria que vivía el precio del mineral entre 2006 y 2011 para armar su proyectos y venderlo al país. De eso, parece, no se dio cuenta el gobierno que avaló su instalación en un territorio agrícola-ganadero con yacimientos de este tipo, irrisorios. Así, aquel gobierno ignoró las movilizaciones de los ambientalistas y residentes en las zonas, mientras actuaba bajo el respaldo de una ley que tenía nombre y apellido.
Por eso no es difícil calcular lo que hubiera ocurrido si no se sancionaba una ley y la empresa continuaba su instalación. Porque el proyecto de Gas Sayago es, apenas, un ejemplo de instalaciones abandonadas, deudas incobrables y dinero público malgastado.
Hoy la discusión viró a gusto y gana de un público fanatizado que resuelve pasar por encima esta historia relatada someramente. Centra su relato en la declaración del actual director de la OPP, Isaac Alfie, en la audiencia final del juicio contra Aratirí. En enero, había elaborado un informe a pedido de un estudio jurídico contratado por la minera en torno a los regímenes de promoción de inversiones en Uruguay desde 1974.
El informe no formaba parte del alegato en el juicio, sino que asistía como experto. En enero, el actual jerarca del gobierno de Lacalle Pou, no ejercía cargo público de ninguna índole.
Ahora, el Frente Amplio evalúa “acciones parlamentarias” contra Alfie por entender que declaró contra el Estado uruguayo. Consideran “llamativo” que el director de la OPP pida al “pueblo uruguayo hacer sacrificios fiscales cuando él ha puesto todo su esfuerzo” para hacer “perder miles de millones de dólares en un arbitraje internacional”.
Quienes se fijan a sabiendas en una parte de la historia, dejan de lado el proceso anterior que llevó años de movilizaciones, reclamos y rechazos para evitar la instalación de un emprendimiento especulativo. El hecho de centrarse en un tramo de los hechos, le quita coherencia al discurso político, especula con la mirada política y aprovecha la gritería del momento para sacarle el cuerpo a otro de los emprendimientos fallidos y por los cuales la autocrítica brilla por su ausencia.
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Opinión

La policía comunitaria y el COVID-19

Han pasado más de ocho meses desde el día en el cual Uruguay tuvo su primer caso de coronavirus. Es verdad que para muchos parecería que han pasado años, especialmente por esa sensación de un futuro que no termina de concretarse con un mínimo de anticipación. Durante todo este tiempo la COVID-19 se ha transformado en el tema que ocupa las noticias y conversaciones de todos los habitantes del planeta, sin importar su lugar de residencia, transformándose en un fenómeno de múltiples aristas y consecuencias ya que se trata de aspectos sanitarios, económicos, sociales, culturales, ambientales (pensemos en los millones de tapabocas descartados diariamente) o educativos, entre muchos otros.
En este panorama, tanto los gobiernos como las instituciones públicas y privadas y las personas en general han modificado muchas de sus conductas y lo que ayer parecía para algunos una solución mágica (la cuarentena total) hoy es rechazada en forma unánime mientras que se trata de lograr, a través de un mecanismo de “ensayo y error” y de un monitoreo diario de la situación, la mejor forma de minimizar los efectos de una pandemia que no es la primera y que tampoco será la última que le tocará enfrentar a la humanidad. Mientras los gobiernos y empresas farmacéuticas están empeñados en encontrar una vacuna para esta enfermedad, los habitantes de todo el planeta debemos ingeniarnos para seguir adelante con nuestras actividades, cuidando nuestra salud, nuestros trabajos y el bienestar físico y espiritual de las personas que nos rodean. Para lograrlo, debemos adaptarnos a las nuevas condiciones de un fenómeno cuyas características y consecuencias nadie podía prever y que no tiene una fecha cierta para su finalización
Como ha señalado el Profesor Fethi Mansouri (Doctor en Filosofía, titular de la Cátedra Unesco de Diversidad Cultural y Justicia Social de la Universidad Deakin de Melbourne) el desafío planteado por esta pandemia “ha sido multidimensional y ha significado que hemos tenido que repensar profundamente la forma en que operamos, como individuos, como grupos y como comunidades. Y cuanto más nos adentramos en la pandemia en términos de su propagación, más profundos son estos desafíos que también se vuelven absolutamente esenciales para gestionar la pandemia. La gente de todo el mundo está empezando a sentir la tensión de vivir y trabajar de maneras que no les permiten separar lo personal de lo profesional ni participar en la interacción interpersonal cotidiana. Y como sabemos, los seres humanos son principalmente seres sociales: necesitan el contacto, el intercambio y la interacción para poder sostener lo que hacen, pero también para su bienestar mental y de salud. Así que muchas de las características que dieron forma a nuestra vida moderna, incluso postmoderna, se han visto gravemente afectadas por el COVID-19”.
Es por todo ello que el mejor combate sigue basándose en una conducta social adecuada que refleje un compromiso personal de cuidarse y cuidar a las personas con quienes compartimos actividades o un espacio físico determinado ya sea en forma transitoria o permanente. Se trata, como lo han señalado algunas autoridades nacionales e internacionales, del ejercicio de una libertad responsable que haga sustentable el esfuerzo por superar de la mejor manera esta página sanitaria tan compleja de la historia mundial. En algunos casos no basta con apelar a la responsabilidad individual o a la conciencia colectiva de los habitantes y por ello resulta necesario reforzar esa tarea mediante el uso de la fuerza pública tanto para prevenir la violación de normas legales en vigencia como para castigar a los responsables cuando la misma se ha concretado. En ese sentido, creemos que las acciones deben estar orientadas al diálogo, el convencimiento y la apelación al razonamiento ya que el uso de la fuerza no puede ni debe ser la primera opción en este tipo de situaciones.
Es precisamente para esa tarea que combina dotes comunicacionales, empatía y firmeza donde un cuerpo como la Policía Comunitaria tiene una gran tarea para desarrollar, la cual seguramente tendrá frutos rápidos y concretos. Como surge de la página web del Ministerio del Interior, “El rol del Policía, en el caso de ‘los Comunitarios’, utiliza un modo de trabajo diferente al que realiza el policía generalmente. Llega a la población mediante el relacionamiento y la comunicación con sus diferentes actores, comparte una gran cantidad de horas entrevistándose con los vecinos de un área determinada para conocer los problemas que existan y a partir de ello interviene. A diferencia de otros programas adoptados por el ministerio del Interior, el modelo Comunitario hace que un mismo grupo de Policías permanezca en un área determinada por largos períodos de tiempo, logrando vincularse con los vecinos y logrando la aceptación y la confianza, para generar un sentido de pertenencia del mismo con la gente y con el lugar. (…) la Policía Comunitaria trabaja diariamente en materia de prevención, mediación, pacificación de conflictos, así como también brindando charlas, talleres y cursos que enrolan seguridad y convivencia a niños, jóvenes y adultos mayores. Al estar insertados en diferentes contextos que presentan distintas problemáticas, poseen vasta experiencia en el trabajo de campo”.
Las habilidades antes mencionadas transforman a este cuerpo de la Policía Nacional en un operador calificado para enfrentar y llevar a buen puerto situaciones que la mayoría de las veces pueden ser neutralizadas sin necesidad del uso de la fuerza. Se trata de situaciones que pueden darse todos los días en cualquier barrio o zona de nuestro departamento y que no necesariamente involucran jóvenes (a quienes no hay que atribuirles todas las culpas ni presentarlos como el origen de todos los males) ya que ningún grupo etario ni de actividad está libre de incumplir los protocolos que las autoridades sanitarias han dictado para la protección de la salud pública. El hecho que muchas veces estas situaciones se planteen en ambientes donde se consume alcohol o donde existe una euforia particular en los asistentes hace que la experiencia y conocimiento de la Policía Comunitaria se haga más necesaria y también más útil.
Las autoridades tienen la obligación de hacer cumplir las normas en vigencia, de la misma forma que los ciudadanos tienen el derecho a disfrutar del derecho de reunión y de circulación consagrados en nuestra Carta Magna, pero tanto unos como otros deben recordar que la salud, es también una obligación de quienes habitan la República Oriental del Uruguay, porque así lo establece el artículo 44 de la Constitución Nacional según el cual “todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud”. La Policía Comunitaria tiene un importante rol a desempeñar para ayudar a la población a lograr ese objetivo a través de una tarea policial que, como dice el famoso Martín Fierro, “no es para mal de ninguno, sino para bien de todos”. > Leer más

Opinión

Retener a la juventud en el medio rural

Los encuentros que celebran año a año integrantes de diversas entidades rurales dan una pauta de las inquietudes que forman parte de las prioridades en los jóvenes que residen en vastas áreas del país, con estrecha vinculación con las actividades del agro.
En el último encuentro se contó con participación del Movimiento de la Juventud agraria (MJA), Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), Federación Rural, Asociación Rural de Jóvenes del Uruguay (ARJU), Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas y Red Nacional de Agroecología. En este foro, las reflexiones de representantes de las diversas entidades de jóvenes participantes dan la pauta de las áreas de interés del joven rural, ante consideraciones como que “ser joven es un constante desafío entre el avance de la tecnología y las limitaciones del medio”, a la vez de plantearse una preocupación general por el estado de la caminería rural y la necesidad del acceso a la tierra.
Otros planteos involucran inquietudes como la necesidad de la capacitación para los jóvenes, sí como dar respuestas a “las ganas” de muchos de ellos de quedarse a trabajar en el campo. Otras referencias apuntaron a subrayar la importancia de las tecnologías que regeneran la tierra y los ecosistemas, buscar en el medio rural espacios más cercanos a las ciudades para poder generar vínculos y a la vez vender sus productos directamente.
Paralelamente, hay marcado consenso respecto a que la juventud de las áreas rurales encuentra las más de las veces incomprensión en el sistema político, sobre todo en la capital, en asumir que es preciso crear condiciones para que los jóvenes que quieran vivir en el campo puedan hacerlo, a través del acceso a la tierra, la educación y la recreación, que dignifican la vida en el campo.
En este sentido, el reclamo generalizado, que viene ya desde hace mucho tiempo, es contar con políticas públicas que impulsen a las juventudes rurales y generar los espacios para que los jóvenes permanezcan en el campo, a la vez de contar con apoyo una vez que accedan a la tierra.
Estos aspectos sin dudas son los ejes centrales de las acciones reclamadas a los gobernantes, no solo por los jóvenes que viven en el medio rural sino por actores de todas las edades en los sectores vinculados al agro, y por regla general por quienes desde diferentes ámbitos perciben el país como un todo, en la interacción e interdependencia campo-ciudad y no como una dicotomía, así como su proyección vital sobre la economía del país.
No puede perderse de vista además que es un elemento fundamental para un país de neta base agropecuaria el retener a las familias en los campos, con políticas proactivas sistemáticas, como políticas de Estado más que como una reacción temporal ante circunstancias puntuales. Que estas políticas no han dado los resultados esperados surge del hecho de que continúe sistemáticamente la migración campo-ciudad, en la que los jóvenes juegan un papel fundamental por falta de atractivos en su lugar de origen y pretenden hacerse su lugar en la vida.
Es notorio que las entidades ruralistas sitúan los puntos clave para trabajar en este sentido, y tienen que ver con el acceso a la tecnología, la educación y la capacitación, el acceso a la tierra, mejores servicios sobre todo en caminería rural pero también en el tramado social, en el tejido socioeconómico, el crédito para poder trabajar la tierra, una mayor cercanía con la ciudad para acceder directamente a los mercados y obtener mejores precios por su productos, por mencionar solo algunos aspectos más conocidos.
Por lo demás, como tal vez en ningún otro sector, se dan en el campo movimientos migratorios que responden a ciclos económicos, es decir que cuando hay problemas de precios de las commodities y de la demanda de empleo en general es cuando se acentúan las corrientes migratorias, pero siempre en un contexto de altas y bajas que no se ha podido revertir en cuanto a su dirección, es decir la migración siempre hacia los cordones marginales de los centros urbanos por residentes en las áreas rurales.
Asimismo, la falta de oportunidades laborales, de posibilidades de crecimiento en el propio medio rural, de escasos polos de desarrollo que empleen mano de obra en relación con la demanda existente en los rincones más alejados del país, conspiran contra un esquema de equilibrio en ventajas y desventajas comparativas de estar asentados en el campo y en localidades rurales, donde a muchos gobernantes solo se les conoce cuando van a buscar votos en períodos electorales, lamentablemente.
Pero cuando se reclaman políticas de Estado se asume, con muy buen criterio, que es impensable que por mayor voluntad política y disposición que haya, en un solo período de gobierno o en un único partido puedan generarse condiciones determinantes para enlentecer y menos aún detener este proceso migratorio y la falta de oportunidades. Es necesaria la participación de todos los actores, tanto del sistema político como de los organismos del Estado, entidades y sectores representativos del quehacer nacional en todos los ámbitos, para trabajar en el diseño y la instrumentación de políticas que coordinen esfuerzos –más allá de un período de gobierno– para quebrar este círculo vicioso de pobreza-emigración desde el ámbito rural, y poner énfasis en dar oportunidades y retener a los jóvenes en su medio.
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Opinión

Tras la pandemia, el camino claro es inversión y menos Estado ineficiente

Para hacer previsiones en economía en plena pandemia, cuando tenemos una segunda ola en el norte y aumento de casos en el Hemisferio Sur, con nuestro país con un creciente número de contagios aunque sin la gravedad del escenario de los vecinos, se necesita poco menos que tener la bola de cristal, y de la mejor calidad, dado el tenor de la incertidumbre general y porque la ansiada vacuna se sigue haciendo esperar.
En nuestro país el gobierno ha llevado la situación dentro de un manejo cauteloso y muy razonable, tratando de compatibilizar la prevención con el mantener encendidos los motores de la economía, aunque con gastos significativos en subsidios y encima una menor recaudación por caída de actividad, todo ello agravado por el legado de un déficit fiscal superior al 5 por ciento del PBI, proveniente de la Administración Vázquez.
Pero con o sin pandemia, hay patrones claros que no se deben abandonar en el área de la economía, que tienen que ver con una regla fiscal que limite el desfasaje entre ingresos y egresos en las cuentas del Estado, es decir evitando que se gaste más que lo que entra, como ha ocurrido durante los quince años de los gobiernos del Frente Amplio, y en este sentido el Presupuesto Quinquenal está llamado a ser una herramienta en la que se combinen la austeridad con estímulos para la inversión y contemplar a los sectores más afectados por la pandemia y el parate de la actividad.
En este período pos pandemia, además, en tanto la situación siga incierta, el Estado está llamado a tener un rol muy significativo en cuanto a su protagonismo para subvencionar temporalmente actividades que ocupen mano de obra, contener a los grupos afectados a través del Seguro por Desempleo, pero con la mirada puesta en que es preciso alentar la inversión y aliviar costos a los sectores reales de la economía, lo que solo puede lograrse si desde el Estado se gasta en forma más eficiente y devolviendo en servicios el esfuerzo que hace el contribuyente.
En cuanto al escenario que es de esperar en los próximos meses, sin hacer futurología, sino siguiendo el hilo de la presencia del Estado –que financiamos todos– como elemento clave desde el punto de vista sanitario y de atención para los sectores más afectados, en esta coyuntura, el dilema o la interrogante que surge es por cuánto tiempo se podría sostener esta participación exorbitada por causas justificadas, desde que no es un secreto para nadie que se hace en base a demandar más recursos desde el sector privado, cuando las cosas precisamente están más complicadas para su desenvolvimiento.
Es decir, tenemos coyunturalmente más Estado debido a las circunstancias, pero esto debería ser lo que realmente corresponde, una excepción, y no una presencia de mayor duración que implique más problemas para el país, más costos para los actores reales de la economía, menos capacidad de atender a los que realmente nos van a sacar de la crisis, que son los capitales de riesgo con capacidad de inversión y creación de más fuentes de empleo.
Una pista de este panorama nos da el economista Javier de Haedo en el suplemento Economía y Mercado, del diario El País, cuando analiza que en coyunturas como la actual “es inherente al Estado la aplicación de instrumentos propios de las políticas públicas para atenuar el impacto económico de la crisis sanitaria: políticas sociales, seguro de desempleo, facilitación del crédito, es decir las tres que se están llevbando adelante en nuestro país”.
El punto es, como explica De Haedo, que “como consecuencia de estas acciones, los estados aumentan sus déficits y sus endeudamientos. Veamos al respecto el caso uruguayo: según el proyecto de Ley de Presupuesto en el escenario que el gobierno considera para el quinquenio, se estará durante cinco años por debajo del PBI potencial, habrá un déficit fiscal permanente partiendo del más alto desde 1985, y la deuda subirá considerablemente en términos del PBI (más de diez puntos este año y algo más en los dos siguientes”.
Además, ello “significa que los estados, incluyendo el nuestro, quedarán exhaustos tras el esfuerzo que habrán realizado durante la pandemia, con altos déficits y muy endeudados, con poco ‘resto’ para seguir apuntalando a personas y empresas”.
En otras palabras, habrá llegado la hora de la verdad.
Ergo, como bien sostiene de Haedo, –pero que es además un imperativo de sentido común–, desde ya los estados deben prepararse para el día después de la pandemia, y eso no es otra cosa que “crear las condiciones para que el sector privado actúe de manera pujante e impulse la economía, creando riqueza, mejorando su ingreso, generando empleos. Para ello debe realizar reformas en las principales políticas públicas, que promuevan el crecimiento, la inversión y la exportación”.
Y además de estas políticas que deberían ser el ABC del buen gobernante, y que se comparte en la Administración Lacalle, debe apuntarse a la vez a mejorar la posición de Uruguay en la apertura al mundo, con una integración comercial efectiva y a la vez trabajar en aspectos clave como la educación, la capacitación laboral, la generación de infraestructura y propiciar cadenas de valor dentro de fronteras.
Buena parte de estos aspectos no es posible de hacer realidad en el corto plazo, pero sí es posible sentar las bases para avanzar en estas políticas con rumbos ciertos y procurar consensos para que un gobierno no deshaga lo que hizo el otro y así sucesivamente. Es decir, contar con la contraparte de madurez del sistema político, más allá de la rotación de partidos en el poder, para que se incorporen políticas de Estado que faciliten el desenvolvimiento del motor de la economía, que es la inversión privada, haciéndole los costos más tolerables en lugar de seguir aplicando impuestos, cargas sociales y costos tarifarios que hacen que el país resulte tan caro a la hora de colocar nuestros productos en el exterior y a la venta de bienes y servicios en el mercado interno. > Leer más

Opinión

Emprender hoy

En este desafiante 2020 los uruguayos llegamos a la Semana Emprendedora Global con un ejercicio de resiliencia como quizá nunca antes habíamos tenido que realizar. El mundo cambió de una forma impensada por la mayoría de nosotros y eso nos ha obligado a reestructurar nuestras costumbres y prácticas cotidianas, ha modificado los hábitos de consumo, ha disminuido drásticamente la posibilidad de viajes y traslados así como de reuniones, afectando seriamente la actividad en estos rubros.
Más que nunca, el talento, la creatividad y la persistencia han sido insumos necesarios para permanecer en actividad, reconvertirse o aprovechar alguna oportunidad generada por la pandemia y subsistir.
Una de las últimas encuestas en el sector emprendedor, del año 2018, desarrollada por el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED) indica que prácticamente la mitad de los consultados considera que la falta de valoración y promoción al emprendedurismo que existe en la sociedad uruguaya es uno de los factores que desincentivan la aparición de los nuevos proyectos empresariales. Entre los factores poco propicios para emprender se encuentra el peso de la carga fiscal y el alto costo de las tarifas públicas, entre otros.
El referido informe concluye que el ecosistema emprendedor que se ha desarrollado en nuestro país ha sido un logro muy importante y muchos emprendedores así lo valoran. Sin embargo, ya en ese momento advertía la necesidad de una nueva visión en las políticas públicas respecto al emprendedurismo.
Señalaba que las mismas han esto enfocadas fundamentalmente en jóvenes globalizados con un nivel educativo medio o alto. En este sentido, el estudio advertía que emprender “no es una cualidad exclusiva de millennials que recién están ingresando en el mercado laboral” y que de hecho, los emprendedores más exitosos son aquellos que llevan años trabajando en una compañía y suelen crear una empresa vinculada a su experiencia y conocimientos específicos.
Por otra parte, se advertía en el “poco foco que parece haber en sectores populares, el desarrollo de un país depende en buena medida de aprovechar el potencial emprendedor de todos sus habitantes, y buena parte de la sociedad no recibe ningún estímulo que permita potenciar sus aptitudes emprendedoras”.
También se entiende que es necesario promover el emprendedurismo en otros grupos como adultos y sectores populares y facilitar el emprendimiento femenino –que también tiene sus techos de cristal–, por lo que las políticas en la materia deben pasar por cambios concretos, que además reduzcan barreras y los costos de emprender.
A pesar de algunas modificaciones y apoyos introducidos en los últimos años, de las numerosísimas charlas motivacionales por videoconferencia a las que se ha podido acceder este año en el marco de la pandemia, el escenario no está nada sencillo para los emprendedores que por ejemplo, deben enfrentar las dificultades de trámites aún engorrosos y caros para crear y gestionar una empresa lo que, incluso, tiende a desalentar la formalización cuando no dificulta también la consecución del propio emprendimiento.
Aunque se puede entender que ser emprendedor es una actitud y hasta un modo de vida, el término también se emplea para designar a aquellas iniciativas de negocios pequeños e incluso informales. En este último sentido, no hay que perder de vista que todas las pequeñas y medianas empresas del país son fruto del espíritu emprendedor de cientos o miles de personas que han hecho de esas iniciativas un medio de vida. Y son el verdadero motor de la economía nacional.
Por otra parte, sobre los emprendedores de todos los tamaños y características, existen hoy también muy altas expectativas. En una entrevista la ministra de Economía Azucena Arbeleche dijo que “el emprendedor es quien va a sacar adelante el empleo del país” y agregó que “más allá del problema de la pandemia, cuando asume esta administración, en Uruguay ya teníamos un problema en el mercado laboral de destrucción de puestos de trabajo que era muy importante y, por eso, de entrada el mayor desafío en materia de política económica es la creación de empleo. Ese empleo no tiene que surgir del sector público (…) El empleo tiene que venir del emprendedor grande, pequeño, mediano. ¿Esto significa que el Estado tiene que estar ausente en esta recuperación? No, todo lo contrario. (…) Hay un rol para el Estado en materia de crecimiento económico y de aumentar el empleo, pero quien tiene que proveer de más empleo tiene que ser el sector privado”.
Evidentemente, también hay un rol a cumplir por el Estado en relación al emprendedurismo. No es fácil en el Uruguay de hoy ser emprendedor. Los costos se han exacerbado, el mercado presenta un consumo estancado o en retroceso y la pandemia es un factor no previsto que también incide en el empleo y las posibilidades de consumo de las personas, lo que representa un desafío adicional dado que es más difícil proyectarse en un mudo reconfigurado de la forma menos deseada. Es necesario detectar muy bien las características del mercado y clientes y moverse rápidamente en el contexto de la nueva normalidad y, eventualmente, al mundo pos pandémico que en algún momento habrá de llegar. Es un terreno incierto, de arenas movedizas en el que por más espíritu emprendedor que se tenga hacen falta herramientas específicas desarrolladas a partir de políticas públicas que es necesario crear y consolidar.
El 2020 ha sido un año desafiante y ha planteado nuevos y renovados retos para los emprendedores, en muchos casos al frente de pequeños negocios que han debido reconfigurarse para seguir existiendo en el marco de la pandemia, se las han ingeniado como pudieron para aprovechar las nuevas oportunidades y tratar de entender un entorno complejo e incierto y procurarse la subsistencia.
Las pequeñas empresas y los emprendedores de todos los tamaños y sectores son un motor importante de la economía nacional. Para algunos –muy pocos– la crisis ha sido una oportunidad y muchos están pasando mal y resistiendo el embate de una crisis sanitaria y económica que nos ha hecho añicos todas las certezas. Es verdad que la resiliencia es una característica importante de los emprendedores pero no es menos cierto que resulta necesario garantizar la posibilidad de salir adelante y para eso se necesitan políticas públicas de mediano y largo aliento que atiendan las diversas necesidades de este sector que enfrenta a diario grandes y nuevos desafíos.

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Opinión

Un negocio limpio

Según dijo en Paysandú el ministro de Ambiente, Adrián Peña, al ritmo que viene, OSE tardaría 85 años en dar respuesta a los problemas actuales de saneamiento que tiene el país, sin considerar las demandas que se generen de aquí a esas fechas; solo las actuales.
No sorprenderá a nadie la afirmación de Peña, de que –cuando no– el mayor problema es la falta de recursos. Aunque de sus comentarios también se desprende que se pudo haber hecho algo más por tener un mejor escenario, sobre todo pensando el problema no desde el acceso a los servicios, que es como se ha encarado tradicionalmente, sino viéndolo desde el impacto del tratamiento de las aguas servidas (o mejor dicho, de la falta de este) sobre los recursos hídricos.
“La mitad del Interior está sin acceso a saneamiento, el 46%; ahí tenemos un problema bien grande. El problema de los recursos hídricos tiene mucho que ver con el saneamiento, son temas que se conectan, porque está todo esto de la contaminación difusa, que es verdad, plaguicidas y demás, lo industrial, que está bastante controlado, por lo menos monitoreado, porque las industrias que generan el 80% de los efluentes están monitoreados en tiempo real, se puede ver en el ministerio, van llegando cada minuto los datos”, dijo Peña.
Frente a este panorama el secretario de Estado puso de manifiesto que está trabajando en el desarrollo de soluciones alternativas para poder mejorar las perspectivas.
“Tenemos que repensar el tema del saneamiento, porque así no llegamos. La tasa de inversión de OSE es muy baja, y no ha sido baja en los últimos años, hay que reconocerlo: la tasa de inversión de los gobiernos del Frente Amplio no ha sido baja, ha estado por encima de la media histórica, pero de todos modos, con esa inversión, llevaría 85 años. Por ahí no llegamos”, insistió.
La solución, como tantas veces ocurre, está “fuera de la caja”, es decir, innovando, y por lo que dijo Peña, se trabaja en dos frentes: por un lago en la búsqueda de soluciones financieras y por otro, analizando las posibilidades técnicas de un camino alternativo a lo que se hace hoy, un camino (directo al río) sumamente costoso.
Sobre la búsqueda de una alternativa financiera, Peña dijo que en eso están trabajando técnicos de OSE, del Ministerio y de la Corporación Nacional para el Desarrollo, “tratando de generar dos cosas: una empresa de propiedad pública pero en el ámbito privado, una especie de Corporación Vial, que cobra el peaje y hace la ruta, pero de saneamiento; para tener una herramienta más dinámica y poder actuar”. La otra “cosa” es una herramienta financiera, que parte del supuesto de que se va a conectar más gente al saneamiento; eso “nos va a traer más ingresos, porque va a haber más gente pagando saneamiento. Con eso podemos generar una bolsa de recursos que lo vayan financiando, es decir, crear un fideicomiso con los ingresos futuros que tendremos por las conexiones de saneamiento, y así poder avanzar un poco más rápido”.
Por el lado de las soluciones técnicas, el ministro explicó que hay que encontrar tecnologías que se adapten a cada lugar. “Hoy, al hacerlo OSE, la solución es el alcantarillado, porque es la solución que propone el BID, y eso lleva una inversión muy grande porque va el caño por el medio de la calle, hay que hacer calle, y eso es una inversión muy grande de recursos que Uruguay no tiene y se enlentece todo”. Pero el jerarca considera que hay soluciones intermedias que pueden funcionar, y mencionó el ejemplo de Guichón, que en parte de la cuidad tiene soluciones a escala hogareña.
“En Guichón me paró un vecino que es arquitecto y me dijo, acá tenemos un sistema muy simple, tenemos una plantita en la casa de cada uno y sale el agua. Es un buen sistema, completar el saneamiento en Guichón es ampliar ese sistema. No estamos hablando de grandes plantas y completamos el saneamiento. Si vamos al alcantarillado, la parte que falta de Guichón, nunca lo va a tener. Yo no conocía eso. Me explicaron que ese sistema se usa en Australia, en localidades chicas. Bueno, hagamos eso en Guichón”, dijo.
Pero lo que llamó la atención en este apartado fue que para analizar el tema sentó en una mesa “al director de Agua y Saneamiento de Dinagua, al director de Saneamiento de la OSE, al gerente de Mevir, que tiene mucha experiencia en saneamiento, a Saneamiento del Ministerio de Vivienda, al director de Saneamiento de la Ursea, porque todo eso hay de saneamiento en Uruguay y todos tienen sus estudios, todos tienen sus análisis y ahí comenzamos a coordinar y todos están de acuerdo con que hay que encontrar soluciones diferentes”. Realmente sorprende que con todos los problemas de recursos y las pobres perspectivas (85 años es más que la esperanza de vida en nuestro país), Uruguay se dé el lujo de tener todos esos cargos en niveles jerárquicos atendiendo un asunto tan específico.
Pero además, es llamativo que en esa mesa no se sienten también representantes del sector de la investigación, que los hay y muy buenos, y podría haber aún más, en la medida que se destinen más recursos.
¿Cabe alguna duda de que es necesario aplicar más investigación en esta área en específico?
Estamos hablando de 85 años. ¡Son 17 períodos de gobierno!
Y eso es solo viendo una problemática de forma parcial, sin entrar a cuestionarnos qué tan lógico es que sigamos llenando las cisternas con agua potable y que simplemente se pierdan sin remedio los millones de litros al año que desbordan de las piscinas de los complejos termales, después de salir de las profundidades, por mencionar otras preocupaciones que llegarán más pronto que tarde. > Leer más

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Temas pendientes en la salud, aún con prioridad en la pandemia

Al estar en la primera línea de trabajo del sistema de salud en general la prioridad de la lucha contra la pandemia, no es por supuesto el mejor momento y escenario para reflexionar sobre medidas necesarias para corregir falencias históricas en salud en nuestro país, habida cuenta de que por regla general lo urgente hace desviar y postergar la atención a lo importante, y es difícil visualizar un trabajo pendiente hacia el mundo pospandemia cuando toda la atención se la está llevando la COVID-19.
Es cierto, aunque se ha incrementado el número de casos y brotes potenciales de contagios en el país, y todavía se está mundialmente a la espera de la solución definitiva que se supone será la vacuna, estamos luchando más o menos bien, dentro de nuestras posibilidades, en la contención de la pandemia, a costa de distraer ingentes recursos materiales y humanos en el área de la salud –prioritariamente–; pero en esta concentración de acciones y medidas preventivas evidentemente hay consecuencias negativas en cuanto a la calidad y eficiencia en tratamientos preventivos y actos médicos respecto a épocas de normalidad.
Así, en forma unánime, en las respectivas áreas y especialidades, hay unanimidad de los facultativos en cuanto a considerar que debido a que el común de la población, sobre todo los adultos mayores y grupos de riesgo, tratan de evitar lugares de reunión y de potencial contagio, han reducido la concurrencia a consultas y tratamientos por motu propio, incluso los de carácter oncológico.
Esto naturalmente es visto con preocupación y se han procurado medidas alternativas tanto desde el punto de vista de la atención individual como de las propias instituciones, para evitar que por causa de las medidas preventivas contra la pandemia se resienta la calidad de atención y se incremente el número de casos de gravedad en patologías que han pasando a segundo plano en la coyuntura.
Y así, ante la premisa de que por lo urgente no debe postergarse la búsqueda de respuestas valederas en temas importantes aunque no de tan urgente dilucidación, nos encontramos con que la agenda que en su momento se habían trazado las autoridades de gobierno al asumir se ha visto trastrocada y la tarea se ha centrado fundamentalmente en las acciones contra la pandemia. Encima, se han disparado los casos en diversos puntos del país, y en Europa ya se sufren los efectos de una segunda ola de contagios que ha obligado a reeditar medidas de confinamiento y reducción de actividades.
Pero hay temas plenamente vigentes que no deberían perderse de vista, y así corresponde recordar que ya en días previos a la asunción del gobierno de Luis Lacalle Pou uno de los tópicos que estuvo en la agenda de contactos en el período de transición refiere nada menos que a las políticas de salud, sobre todo en cuanto a evaluación de resultados de la reforma de la salud y el saldo del costo-beneficio en cuanto a su financiación y resultados.
Salinas manifestó que considera fundamental instrumentar políticas de descentralización y anunció que el gobierno es partidario de estimular la radicación de más médicos y especialistas en el Interior. Precisamente los datos indican que menos del 30% de los médicos están en el Interior, y del río Negro hacia el norte, menos del 6%.
Agregó que en el Interior faltan algunas especialidades y aseguró que hay una distribución “inequitativa de los médicos especialistas en el Interior” y consideró que con la descentralización “nos interesa llegar a una política de cercanía y desplegar a los recursos humanos de manera más eficiente y de la manera más humana”.
Puntualizó que Uruguay padece también en el área de la salud de un “macrocefalismo montevideano y nos interesa mucho llegar a todos los puntos del país y que todos tengan las mismas posibilidades como ciudadanos de atención”, a la vez de abogar por motivar “la radicación en el Interior de médicos y especialistas”.
Bueno, en tren de realidades, intenciones y proyectos, entre estos puntos no hay cosa que no se haya dicho antes, y por cierto que la experiencia revela que del dicho al hecho ha quedado mucha distancia en la gestión de los sucesivos gobiernos, más allá de la impronta que se le haya intentado dar.
Desde la Federación Médica del Interior se indicó que en con el ministro se consideró una gran cantidad de temas, uno de los cuales tiene que ver con la escasez de galenos especializados en el Interior, precisamente, apuntando a revertir esta asimetría e incentivar sobre todo la formación. Uno de los caminos sería estimular que el médico se radique en el Interior, e incluso la mejor manera es que se vaya formando en el lugar o al menos en la región.
Mientras tanto hay números igualmente positivos, como es el hecho de que Uruguay está en el séptimo lugar en el mundo en cantidad de médicos por habitantes, según el Informe Anual de Estadísticas Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Así presentadas las cifras, en forma global, se tiene la pauta de que la cobertura sanitaria del país en gran medida estaría a tono con las necesidades de la población, aún con restricciones en materia de acceso de acuerdo a la situación socioeconómica, pero al mismo tiempo ocurre que Uruguay cuenta con una baja tasa de enfermeros en base a lo recomendado, que es de la misma cantidad de médicos por cada mil habitantes.
Y si bien los números generales reflejan un escenario positivo en esta área en el comparativo mundial, la realidad indica que la distribución geográfica condiciona severamente el acceso a los servicios de salud y en este caso concreto, a la disponibilidad de médicos cercanos, así como a centros de salud.
En concreto, en nuestro país, históricamente la mejor situación de acceso corresponde a quienes residen en la capital y en la zona metropolitana, así como en departamentos del sur, en tanto la relación decrece sustancialmente a medida que nos alejamos de Montevideo hacia el norte, con datos que se deterioran ostensiblemente para quienes vivimos de este lado del río Negro.
Tenemos que el país se divide claramente en dos grandes áreas, que geográficamente coinciden con la división que genera el río Negro, donde el norte sufre una notoria discriminación negativa respecto al sur en cuanto a la radicación y disponibilidad de médicos, así como dentro del propio sur, la prevalencia del área metropolitana como el foco de captación de profesionales, cualquiera sea el origen del estudiante, porque gran parte del estudiantado del Interior que estudia y se recibe en Montevideo opta por radicarse en la capital, donde tiene las oportunidades y considera es el mejor horizonte de formación profesional ya desde el inicio de su actividad.
Este es un aspecto clave a revertir y requiere de un trabajo concienzudo y de amplitud de criterios, de acciones coincidentes en una diversidad de aspectos, y sobre todo, con decisiones políticas que deben adoptarse ya, porque serán fundamentales para avanzar en un proyecto que no va a ser en muchos casos del agrado de corporaciones de la medicina y lobbies que tienen gran capacidad de presión, con fuertes intereses de por medio, y que harán todo lo que esté a su alcance para que todo siga como está.
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Responsabilidad colectiva desde lo individual

El 21 de mayo, en una conferencia de prensa donde anunciaba que en junio Uruguay retomaba las clases para los estudiantes de todo el país, el presidente Luis Lacalle Pou aseguraba que los avances eran “para adelante todo lo posible, y para atrás todo lo necesario porque sigue siendo la salud lo más importante”.
Seis meses después de aquel anuncio, el mandatario afirmó que el gobierno no piensa dar marcha atrás en ninguna actividad y reconoció, de esta forma, que una mayor apertura a las actividades sociales y educativas implicaba un incremento de los contagios. Sin embargo, apeló a la prevención personal y la solidaridad, como factores claves para prevenir mayores exposiciones a los riesgos.
Con el empuje de los brotes en el Interior del país, como Rivera con una frontera de alto tránsito con Brasil o el surgimiento de casos en forma explosiva en Cerro Largo, comienza a quitarse el foco de la cuestión. Ahora, con la aparición de casos en la ciudad de Quebracho ocurre algo similar. En esos casos, se limitaron las actividades, las autoridades resolvieron la suspensión de clases, la atención en las dependencias municipales y la asistencia al centro termal cercano.
Es que el origen de los focos en varios departamentos han sido encuentros sociales, habilitados o no, que nos interpelan como comunidades. Ocurre que, si no hay marcha atrás, entonces habrá que “poner primera” en los controles, inspecciones y sanciones para que las restricciones no afecten colectivamente.
Y si las fiscalizaciones llegaron para quedarse, tampoco vale el argumento de las comparaciones entre las fiestas de la Rural del Prado o el Carnaval, entre un cumpleaños en un pueblo chico o en una chacra exclusiva de Punta del Este. Acá, cada uno y “per se”, debe ser responsable de sus actos. Es el ejercicio de libertad individual que debe enfocarse en lo colectivo.
Es, además, una buena forma de evitar el enojo y desde una pantalla comentar sobre actos ajenos. Porque, en cualquier caso, también el alto voltaje utilizado en el lenguaje demuestra que las sociedades mantienen su nivel de violencia inalterado, a pesar de este momento histórico que nos invita a reflexionar sobre el verdadero poder de los hechos.
No obstante, y como contrapartida, deberán establecerse claramente los protocolos oficiales para evitar que lleguen visitantes de otros países por un fin de semana largo y se instalen cómodamente en los restaurantes o las playas, tal como ya ocurrió y fue denunciado. Porque el discurso indica que todo extranjero debe cumplir una cuarentena de siete días. Y porque no es posible dejar en manos de otros una situación sanitaria y de control tan particular. La comprobación de tests truchos, el incumplimiento del aislamiento, la falta de respuesta en las llamadas telefónicas o las direcciones inexistentes también se transforman en focos de infección incontrolables. Y aún resta por esperar lo que ocurra el próximo verano.
En el caso de Uruguay, el mayor número de contagiados –que no es lo mismo que el mayor porcentaje– se encuentra en Montevideo. Allí reside la mitad de la población del país y la vorágine de todos los días establece otras pautas en la vida diaria de las personas.
Pero no solamente Uruguay está en actividad plena, sino que lo está el mundo entero. A pesar de los rebrotes y segundas o terceras olas. Y no se trata de convencernos de que la vida debe continuar, sino porque la economía no es posible que mantenga su estancamiento con las consecuencias nefastas del incremento de la pobreza o el desempleo. Tal como ocurre en Uruguay.
Si las prioridades están claras, es de buen ciudadano mantener lo logrado en ocho largos y tediosos meses. Y no solo porque queremos lo mejor para el país –gobierne quien gobierne– sino porque esta situación va para largo. Tanto, que ni los científicos saben con certeza, al menos hasta la llegada de las vacunas.
Y porque a partir de allí, seguramente, se instalará otra discusión que dividirá las aguas entre quienes son pro-vacunas y aquellos que consideran el tema como una manipulación de las multinacionales.
Ahora resta esperar por la polémica de llevar adelante o suspender el Carnaval en el teatro de verano “Ramón Collazzo”. Es una actividad que también depende de la Intendencia capitalina, por lo tanto estará en la agenda del comité de emergencia en su próxima reunión. Aunque disguste, la salud pública debe manejarse con criterios políticos, de lo contrario perdemos el horizonte colectivo. Porque en lo individual, decide cada uno lo que desea para sí.
De igual modo, esta pandemia aclaró un poco más el panorama, si es que alguien tenía dudas de lo que significa la globalización en su más amplia extensión. Por eso es que requiere una mirada empática y de mayor responsabilidad de cada uno, ante las consecuencias que genera.
Nadie desea el control sobre sus actos ni la restricción de sus libertades. Como pocas veces, nos encontramos en una encrucijada histórica que puede ubicarnos por encima de las circunstancias. Y, como pocas veces, las decisiones son nuestras. Esa sería una forma acertada de demostrar el verdadero poder que maneja esta circunstancia, que tiene a las personas unidas bajo un mismo cometido. Al menos por ahora, nos encontramos entretenidos en la discusión que busca culpables por todos lados.
Es posible que el manejo de las ansiedades no sea el fuerte de esta era moderna. También es posible que no podamos aguantar ni esperar los tiempos de festejos. Pero será necesario, al menos, para evitar los intercambios pueriles que hacemos ahora.

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Opinión

40 años de la histórica victoria del “NO”

El próximo 30 de noviembre se cumplirá el 40° aniversario del plebiscito en el cual los uruguayos rechazaron el proyecto de reforma constitucional impulsado por el gobierno de facto de esa época. La noticia del fracaso de iniciativa reformista recorrió el mundo y se constituyó en uno de los hitos de la historia política uruguaya del siglo. A nivel nacional la opción por el “NO” alcanzó el 56,83% de los votos contra 42,51% votos por el “SI”; la diferencia entre ambas opciones alcanzó su mayor distancia en Paysandú, donde el 65,1% de los ciudadanos apoyaron el “NO” mientras 34,9% lo hicieron por el “SI”.
El texto constitucional propuesto pretendía perpetuar al gobierno militar de la época a través de diversos mecanismos que aseguraban el poder dictatorial en diversos ámbitos clave del quehacer político, social y económico del país. Como lo ha señalado el politólogo uruguayo Luis E. González, el régimen autoritario uruguayo que gobernó nuestro país entre los años 1973 y 1985 puede ser dividido en tres etapas: la etapa de la “dictadura comisarial” (1973- 1976), la etapa del “ensayo fundacional” (1976-1980) y la etapa de la “transición democrática” (1980-1985). Como ha expresado Gerardo Caetano, “El plebiscito del 1980 fue entonces la segunda gran encrucijada de la dictadura. Destinado por las Fuerzas Armadas a ser el punto culminante de su empeño fundacional a través de la legitimación que aportaría el voto popular, la derrota del 30 de noviembre se convirtió, cual victoria de la oposición, en el momento más decisivo del comienzo de la transición democrática. (…) Fue la civilidad, pacíficamente impuesta desde el plebiscito del 80, la que cobró un protagonismo crecientemente inevitable y la que llevó a los militares a plantearse la estrategia en los tiempos de hallar la ‘mejor salida’…”
Contar con la nueva constitución era una pieza clave del gobierno militar para tratar del legitimar a través de las urnas el gobierno de facto iniciado en el año 1973. Como lo han señalado los docentes universitarios Juan Miguel Busquets y Andrea Delbono, “Hacia 1977, las FFAA anunciaron un ‘plan político’ que había sido aprobado en el ‘Cónclave de Santa Teresa’ (agosto, 1977), y que delineaba un itinerario hacia una ‘prudente apertura’ (en palabras del General Abdón Raimúndez. El mismo preveía la depuración de los partidos tradicionales conforme a estatutos y a carta orgánica; el sometimiento a plebiscito, en noviembre de 1980, de una nueva Constitución que incorporaría los Actos Institucionales decretados y; la convocatoria a elecciones nacionales, en noviembre de 1981, con candidato único de los ‘ya depurados’ partidos tradicionales y sufragio universal. Con este movimiento, el gobierno procuraba legitimar su accionar a través de las urnas. Sin embargo, la ‘nueva democracia’ que se proponía, y que se expresaba claramente en el proyecto de reforma constitucional, era, como señala González cualitativamente distinta a la democracia liberal, y encarnaba, en cambio, una ‘democradura’, con participación y representación restringida, y bajo la tutela de las FFAA”. El proyecto de la nueva constitución fue elaborado por la Comisión de Asuntos Políticos de las Fuerzas Armadas (Comaspo), y aprobado el 31 de octubre de 1980.
Quienes se opusieron a la reforma tuvieron que transitar un duro camino plagado de dificultades y de grandes riesgos. Frente a un aparato publicitario que inundó todos los medios de comunicación y presentaba una falsa dicotomía entre el caos (representado por el “NO”) y el orden (representado por el “SI”), no era descabellado dudar sobre el posible resultado de la votación, especialmente luego de siete años sin que el pueblo fuera convocado a las urnas y con miles de dirigentes políticos proscriptos, presos o exilados. Solamente se permitieron dos actos públicos en Montevideo (Cine Arizona y Cine Cordón) y un debate televisivo en el cual los abogados Enrique Tarigo y Enrique Pons Etcheverry defendieron de la mejor forma la opción por el “NO”. Los semanarios “Opinión” y “La Plaza” fueron sometidos a censura y clausurados en más de una ocasión como forma de tratar de amedrentar a las voces disidentes. A pesar de esas restricciones, el pueblo uruguayo se las ingenió para encontrar las formas de apoyar la opción para el “NO”, ya sea en los lugares de trabajo, en reuniones familiares, en salones parroquiales o en cualquier espacio que pudiera ser utilizado a través de un sistema muy rudimentario que combinaba textos impresos a mimeógrafo, grabaciones en cassette, colocación de autoadhesivos en lugares concurridos y por supuesto el clásico y popular “boca a boca”. Con esfuerzo y no sin temor a las posibles represalias de quienes gobernaban Uruguay en ese momento, miles de mujeres y hombres anónimos fueron construyendo una victoria que recogió las mejores tradiciones democráticas y republicanas de nuestro país. Si una lección debe dejarnos el resultado del 30 de noviembre de 1980 es la capacidad de los uruguayos de unirnos por encima de partidos políticos e ideologías en pos de un objetivo superior como fue en esa instancia la defensa de nuestra democracia. Victoria que es de todos y que no puede ni debe ser un trofeo para ningún partido o dirigente político ya que, por encima de todas las cosas, fue una victoria sin padre, una victoria de “los de a pie”. Cada uno de los votantes y defensores del “NO” hizo lo que pudo desde donde pudo y como pudo y ese es precisamente uno de los valores que los distinguió y enaltece. Con seguridad muchas personas (especialmente los más jóvenes) no conocen o recuerdan esta fecha ni la vital importancia que la misma tiene para nuestro país y es por ese motivo que resulta tan importante que sea recordada y celebrada como lo merece. Todos los esfuerzos por rescatar la importancia y contenido de esta votación histórica deben ser apoyados y difundidos ya que contribuyen a enriquecer y mantener vivo el espíritu democrático y republicano de todos los ciudadanos.
El 23 de noviembre de 1980, una semana antes de la histórica votación, el Dr. Miguel Saralegui escribió en nuestro diario un artículo titulado “Para salir del Pozo” en el cual, como tantas veces lo hizo antes y después de esa fecha, atacaba el proyecto constitucional y dejaba en claro su posición a favor del “NO”. En esa ocasión y con la claridad que lo caracterizaba, Saralegui destacaba lo siguiente: “Con esa tutela del gobierno civil, innecesaria para la auténtica seguridad nacional, no seremos en adelante una de las democracias ejemplares de América. Naturalmente que a los que actualmente están muy cómodos sin Constitución, pero que ahora les ha entrado una fiebre desesperante por tener una Constitución, aunque sea mala y pésima, dirán que no les importa ese prestigio en América. Les ha entrado una comezón tremenda de buscar una salida. Aunque sea una salida apretada, estrecha y asfixiante.”
Afortunadamente los uruguayos –y especialmente los sanduceros– fueron conscientes del legado artiguista en defensa de la democracia y las libertades republicanas y así lo manifestaron pacíficamente ese 30 de noviembre a través del mensaje claro y contundente que solo las urnas saben pronunciar.

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Opinión

La democracia, única salida

Cada vez que sucede algo como lo de Perú, en que se destituye un presidente, viene a la mente –y la comparación– lo que ocurre en Uruguay. Y sin ánimos de vanagloria, se valora la fortaleza de las instituciones en nuestro país. Una estabilidad que nos mantiene en pie, más allá de los problemas y diferencias. Porque para Perú la solución es la misma: la democracia. Y que a esta crisis la siga unas elecciones que no deberán demorarse.
La interpretación de la destitución del presidente peruano, Martín Vizcarra, a manos del Congreso es un tema polémico que solo el tiempo, y unas elecciones libres y justas en abril de 2021, podrán demostrar.
El Congreso –unicameral– votó abrumadoramente por declarar la “incapacidad moral permanente” del ya exmandatario, y las dudas y riesgos que esta decisión supone para la democracia, la vida política, la economía y la salud de Perú se vuelven cada vez más claros. Además, este país ha sido de los de peor gestión en la región de la pandemia del coronavirus.
En lugar de Vizcarra quedó Manuel Merino, quien ocupaba el cargo de presidente del Congreso; él mismo promocionó la moción de censura del mandatario de la República. Si bien está previsto el procedimiento al cual se ajustó Merino, su gobierno arranca con una severa crisis de legitimidad. Por lo pronto, no fue elegido directamente por los ciudadanos.
Fernando Tuesta, politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), indicó que la vacancia no solo es fruto de la aplicación de “un nefasto artículo de la Constitución”, sino que “técnicamente” incumple con ésta. “La vacancia se da solo porque existe la aritmética. Solo había que sumar votos, que llegan por las acusaciones de supuestos actos de corrupción. Pero en la Constitución, solo se puede sacar por causales determinadas y objetivas. La incapacidad moral es imposible de probar objetivamente. En el debate se lo acusó de cualquier cosa, de cualquier tema, con un juicio ético, pero no objetivo”, explicó con dureza.
Las denuncias de golpe de Estado no se hicieron esperar, tanto de los políticos opositores como de la sociedad civil, que se ha manifestado con protestas. Los que apoyan este giro en la vida política peruana son los que votaron por la vacancia, argumentan hasta el cansancio que el procedimiento se ajustó plenamente a la Constitución.
Cierto es que se cumplieron a la letra los plazos, formas y, sobre todo, el requerimiento de la mayoría cualificada para proceder de 87 votos sobre 130. La moción obtuvo de hecho 105. Pero dejan de lado que el Tribunal Constitucional está revisando precisamente el alcance de la “incapacidad moral”, un concepto vago, diseñado en el siglo XIX para referirse a problemas mentales y no éticos.
La pregunta ahora es qué irán a hacer los legisladores, y el actual presidente, con el poder. Porque en esta situación, Merino sigue siendo presidente del Congreso además de jefe de Estado. Esto no anuló lo otro y, claro está, es un problema añadido. Este gobierno tiene necesariamente que ser un gobierno de transición, actuar como tal. Como prioridad deberá responder a la grave crisis en la que estamos, sanitaria, económica y política. Pero lo fundamental es garantizar las elecciones limpias y transparentes en abril de 2021”, aseveró la politóloga Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Transparencia.
Sucede que –algo muy típico en América Latina– hay grupos que apoyan la vacancia que desean suspender las elecciones y alargar el mandato de Merino, aunque el nuevo presidente ha dicho que descarta esta posibilidad.
En su discurso inaugural como mandatario, Merino insistió en que su primer compromiso es “garantizar” y “respetar” el “inamovible proceso electoral en marcha”, lo que significa que en abril de 2021 habrá elecciones y un cambio de poder el 28 de julio de ese año. Se verá, claro está. Por ahora, son palabras.
En definitiva, en Perú muchos criticaron la actuación de los legisladores que destituyeron a Vizcarra pues piensan que ahora el país debe centrarse en solucionar la grave crisis económica y sanitaria que enfrenta. En un contexto de alarma por el avance del coronavirus, y el golpe que ha supuesto a los ciudadanos y a las finanzas de la nación incaica, esta situación no pudo caer en peor momento.
En los últimos cuatro años Perú ha tenido tres presidentes y los últimos seis mandatarios se han visto envueltos en escándalos de corrupción. En esto vinculan a Vizcarra y también al propio Merino. Nadie parece salvarse. La actual crisis en Perú no hace más que desnudar las fragilidades de su sistema y de la calidad de sus políticos. En la que no se escucha al ciudadano. Una reciente encuesta sobre si Vizcarra debía mantenerse en el poder o, por el contrario, ser vacado, un 78% apoyó su continuidad, y solo un 20% opinó que este debía dejar el cargo y ser reemplazado por el presidente del Congreso. Es difícil pensar en que se pueda encarrilar rápidamente el problema. Por lo pronto, que las elecciones se celebren dentro de lo estipulado. Que dejen hablar a la democracia.
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