Opinión

La digitalización de los servicios públicos promete una mayor eficiencia al mudar los trámites de las oficinas públicas a los celulares y computadoras, erradicando filas y generando transparencia a partir del uso intensivo de tecnología.
Uruguay ha comenzado a transitar en los últimos años ese camino y también otros países de América Latina pero hoy surgen datos que sitúan esa promesa como una ilusión un tanto utópica. Un reciente y exhaustivo estudio de investigación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) titulado ¿(Des)conectados? Servicios públicos digitales y el reto de la equidad (2025), hace un llamado de atención que ningún despacho de políticas públicas puede ignorar. Basado en una muestra empírica de 22.000 encuestas en 11 países de la región, entre ellos el nuestro, los hallazgos revelan una paradoja incómoda de habitar: las mismas desigualdades estructurales que la tecnología pretende superar están saboteando su potencial democratizador y amenazando con convertir la digitalización en una nueva e invisible barrera de exclusión social.

Mientras el 70% de la ciudadanía declara haber realizado algún trámite el último año, apenas un 14% logró completando íntegramente en línea y el 48% de los ciudadanos latinoamericanos comprendidos en la muestra, sigue prefiriendo hacer los trámites en forma presencial.
Ahora bien, si en América Latina resolver un trámite en línea demora un promedio de 40 minutos y en forma presencial hasta 6 horas, considerando los costos de transporte y pérdidas laborales ¿por qué casi la mitad de los latinoamericanos prefiere el camino más largo y costo de la presencialidad?
Según el estudio, la respuesta hay que buscarla en las brechas de acceso, conectividad y, fundamentalmente, las habilidades digitales y el conocimiento del propio Estado por parte de los ciudadanos.

La investigación demuestra que el uso del canal digital está drásticamente segmentado por niveles de escolaridad y variables generacionales. Por ejemplo, a nivel regional el 29% de los ciudadanos con educación terciaria universitaria completa sus gestiones de forma 100% digital, una cifra que baja al 7% en la población que solo cuenta con educación primaria. La brecha también está presente en el análisis por edades, solo el 7% de los mayores de 55 años logra tramitar a través de una pantalla, frente al 18% de los jóvenes entre 18 y 34 años.
Uruguay presenta un perfil particular e interesante para el análisis sociológico y político en el contexto regional. Atendiendo a los índices internacionales nuestro país se consolida como caso ejemplar de la gobernanza electrónica. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su Índice de Gobierno Digital posicionó a nuestro país en el lugar 25 a nivel mundial, liderando en América Latina junto con potencias de la conectividad global.
A nivel local, el gobierno nacional en general y la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) en particular, han impulsado grandes hitos como el Plan Ceibal (pionero en la entrega de dispositivos a la educación pública), el programa Ibirapitá para la inclusión digital de jubilados, la Historia Clínica Electrónica y el ambicioso hito de tener más del 90% de los trámites de la Administración Central disponibles en línea.

No obstante, contar con infraestructura tecnológica y tener los trámites disponibles en la web “gub.uy” no se traduce en forma automática en una ciudadanía integrada digitalmente. En este sentido, el informe del BID revela un dato no muy fácil de digerir: al analizar el nivel educativo de las personas que utilizaron en forma exclusiva el canal digital para su última gestión, existe una brecha de 57 puntos porcentuales (el 90% de los universitarios lo conoce, frente a un 33% de los sectores de menor instrucción). Se trata ni más ni menos que de la brecha de conocimiento más alta de los 11 países analizados en el estudio.
Este indicador está demostrando que el Estado uruguayo ha sido sumamente exitoso en construir la ingeniería digital interna y en comunicarla a los segmentos de la población profesionales y de mayor nivel educativo pero ha fallado en forma sistemática en alfabetizar digitalmente y hacer llegar la misma plataforma a los sectores vulnerables, que son quienes más dependen de los servicios públicos, los subsidios y las prestaciones sociales.

Esta situación implica la existencia de fenómenos severos de segregación y pérdida de autonomía ciudadana a partir del traspaso de los servicios al entorno virtual sin un diseño inclusivo o un canal analógico robusto de respaldo.
Cuando las personas de menor nivel educativo o de mayor edad deben realizar una gestión previsional, solicitar un subsidio por desempleo o realizar cualquier otro trámite digital se encuentran con interfaces no siempre sencillas y la exigencia de autenticaciones digitales rigurosas que le impiden completar los trámites en línea por sí mismos viéndose obligados a delegar al gestión a terceros (hijos, vecinos, intermediarios), lo que debilita la privacidad y el ejercicio directo de sus derechos frente al Estado.
Por otro lado, aunque nuestro país posee importantes niveles de penetración de internet móvil, el acceso a una conexión wi-fi de alta calidad en el hogar y a una computadora de escritorio –que es el dispositivo idóneo para trámites de cierta complejidad– sigue estando fuertemente condicionado por el ingreso de las familias. De esta manera, en los hogares del 20% de menores ingresos casi la mitad de la población accede a internet casi exclusivamente a través del teléfono celular con planes de datos limitados, con escasa capacidad para escanear, adjuntar documentación pesada o navegar en portales estatales que no siempre están debidamente optimizado para celulares.

La transformación digital del Estado uruguayo es un logro del cual debemos enorgullecernos pero su sostenibilidad puede quedar jaqueada si se ignora a quienes quedan rezagados. Si bien los ciudadanos uruguayos suelen tener una percepción predominantemente positiva sobre los trámites en línea, ante la pregunta de cómo preferirían realizar su próximo trámite en 57% manifestó que prefiere el canal digital (Uruguay lidera la preferencia digital en todos los países analizados) pero el 43% sigue prefiriendo la vía presencial.

No es un dato menor teniendo en cuenta las características antes mencionadas así como el hecho de que la verdadera vanguardia no se mide por el porcentaje de trámites virtuales disponibles, sino por la capacidad de asegurar que los ciudadanos más vulnerables tengan las mismas oportunidades de acceso que sectores más privilegiados. Si la digitalización profundiza la brecha entre ciudadanos plenamente integrados y una masa de “desconectados” o “sub-digitalizados”, el gobierno electrónico estará fallando en garantizar el acceso equitativo a los derechos ciudadanos.

La Junta Nacional de Drogas anunció para antes de fin de año una campaña de prevención enfocada en el consumo problemático de alcohol. El doctor Gabriel Rossi, secretario de la Junta, afirmó que “tenemos en el Uruguay 330.000 personas que consumen alcohol en forma problemática. Esto es un 10% de la población, o sea, estamos hablando de mucha, mucha gente”. Aclaró, no obstante, que no corresponde a esta cifra la cantidad de personas alcohólicas, es decir, que han desarrollado una dependencia a esa sustancia. “En esos 330.000 hay un porcentaje que son alcohólicos, pero el mayor porcentaje son personas que tienen problemas con el alcohol, quiere decir que en el que pueden tener problemas, pero que si siguen tomando esta cantidad, que es mucha, en el futuro van a tener problemas seguro”. Y agregó que el alcohol “le genera muchísimos gastos al estado. El último estudio de costos del alcohol, que se hizo en el 2017, decía que estábamos gastando 330 millones de dólares por año en el tema alcohol, en costos directos indirectos”.

Pero además de este problema de la cantidad de personas que se expone al consumo problemático de alcohol, el país tiene otro problema no del todo asumido, que es la temprana iniciación en el consumo de bebidas alcohólicas, así como de otras sustancias.

La última Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media, correspondiente al período 2024-2025 mostró un estancamiento. Según el informe, la edad promedio de inicio es de 13 años y el 72% de los jóvenes de entre 13 y 17 años consumió alcohol en el año previo a la encuesta. Esta cifra se ha mantenido prácticamente incambiada en las últimas dos décadas. De hecho, Uruguay cuenta con una serie temporal de diez mediciones desde 2003 y el consumo de alcohol en adolescentes se ha mantenido estable, es decir, que no han incidido los cambios de gobierno o de las políticas.

Rossi, que además del cargo que ejerce en la Junta, es especialista en psiquiatría infantil y adolescente, comentando acerca de este estudio en una entrevista en Radio Carve, planteaba que el alcohol “representa la primera sustancia adictiva de comercialización libre y, en términos de mortalidad directa e indirecta, supera ampliamente a cualquier droga ilegal”. También señaló que muchas veces el vínculo con este consumo no aparece explícito en los certificados de defunción, lo que invisibiliza esta relación causa-efecto. Los sucesivos estudios constatan un “consumo episódico excesivo” durante los fines de semana, una práctica habitual en los liceales uruguayos que interfiere directamente en el desarrollo del córtex prefrontal. Esta zona del cerebro, ubicada tras la frente, y última en madurar, es crucial para el control de impulsos y la planificación cognitiva. “Ese cerebro que está en desarrollo tiene que hacer un esfuerzo enorme si está bajo efecto del alcohol”, explicaba Rossi. El costo, decía, no siempre es inmediato o visible, “pero implica un potencial desarrollo cognitivo inferior al que esos mismos jóvenes habrían alcanzado sin la presencia del tóxico”. Al igual que existe con el tabaco, hay en nuestro país una ley reguladora de algunos elementos del mercado del alcohol, por ejemplo la publicidad. Se trata de la Ley N° 19.855 de “Creación de marco regulatorio para el consumo problemático de bebidas alcohólicas”, de diciembre de 2019. El secretario indicó que no se está aplicando, y que aunque está vigente el decreto que prohíbe la venta entre la medianoche y las seis de la mañana, es una mínima parte del paquete de medidas que podrían desplegarse para tratar de hacer frente a este problema. “La raíz del problema es antropológica, y es que el alcohol está incrustado en la identidad festiva y deportiva uruguaya, casi al nivel del mate”, planteó.

Hay otros problemas asociados, no solamente a este consumo, pero también, y es un factor que está incidiendo en la dificultad para hacerle frente; hablamos en concreto de la alarmante situación de calle que se vive no solamente en Montevideo, sino que ya en varias ciudades del país, incluso en algunas que no son en población tan relevantes y en las que se podría asumir como un problema no digamos que de sencillo control, pero por lo menos asumible por lo acotado de la distribución geográfica. Pero estos mismos problemas de consumos son los que muchas veces terminan minando la capacidad de relacionarse con otras personas y originando una situación de exclusión y, en último término, de abandono y de calle.

De hecho en diferentes zonas del Área Metropolitana personal de la Junta Nacional trabaja junto a funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social en un abordaje en conjunto para buscar atender tanto la situación de calle como lo consumos problemáticos.

“Hay personas que necesitan una internación psiquiátrica, hay personas que necesitan internarse para hacer una desintoxicación, hay personas que pueden llegar a ir a estos dispositivos que tenemos ambulatorios en donde pueden ir y estar 4 o 5 horas todos los días y hay personas que no quieren ir, directamente”. Porque no todo consumidor quiere ser ayudado, así como no toda persona que está en calle quiere ir un refugio, decía Rossi. Como estándar internacional, está planteado que de la gente que consume y tiene problemas, en general consulta el 20% aproximadamente, “lo cual es muy poco”.

El escenario es preocupante, aunque de alguna manera, al ser una sustancia legal, y, como dice Rossi, tan internalizada en la cultura uruguaya, todo este aspecto negativo que le rodea suele dejarse de lado. Sin embargo es, a todas luces, un problema serio de salud pública, eso sin entrar a hablar de otros daños colaterales, como la incidencia que en los siniestros de tránsito tiene el conducir con los sentidos alterados. Eso sí, después tendríamos que hablar con la misma franqueza con que abordamos este, de otro problema serio como el abuso de psicofármacos, del que tampoco estamos libres y que no aparece evidenciado en los partes policiales de las colisiones o despistes.

El fallecimiento del dirigente del Partido Colorado e integrante de la Junta Departamental Daniel Buzzo ha conmovido no solo a esa colectividad política o al mencionado cuerpo legislativo departamental, sino también a personas ajenas a esos ámbitos que lo conocieron y trataron.
El también edil Marcelo Tortorella, perteneciente al Partido Nacional, manifestó lo siguiente en su página de Facebook: “Para muchos, un militante apasionado; para mí, un compañero de vida desde la adolescencia, allá por 1984. Nos conocimos en la efervescencia de la juventud política del regreso a la democracia. Él defendiendo con orgullo su bandera del Partido Colorado y yo la mía del Partido Nacional. Estábamos en veredas opuestas, pero compartíamos el mismo suelo, la pasión por Estudiantil, los mismos sueños de libertad y un respeto mutuo que jamás se rompió. Esas largas charlas y debates de jóvenes terminaron construyendo una amistad inquebrantable. Daniel me enseñó que la política separa ideas, pero une a las buenas personas. Te vamos a extrañar. Gracias por la calidez, por la militancia noble y por los recuerdos compartidos. Un abrazo apretado a su familia en este momento tan triste. Que descanses en paz, querido amigo”.

Por su parte, Mabel de Agostini, edila del Frente Amplio y referente educativo y cultural de nuestro departamento, resumía en esa misma red social, con estas palabras, su mensaje de despedida al edil colorado: “Así elijo recordarte, estimado edil del PC, Daniel Buzzo. Con la alegría de aquel día que, en la Junta Departamental de Paysandú, ibas a alzar tu voz. En la Comisión de DDHH faltará tu impronta de hombre de respeto y de apertura. Extrañaremos esa linda costumbre tuya de fotografiar cada reunión. Hasta siempre: ¡diste todo por vivir!”

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, se entiende por tolerancia “el respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias”. En el mismo sentido, la Declaración de Principios sobre la Tolerancia adoptada por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) el 16 de noviembre de 1995 afirma que “la tolerancia no es indulgencia ni indiferencia. Es respeto y aprecio por la gran variedad de culturas de nuestro mundo, nuestras formas de expresión y maneras de ser humanos. La tolerancia reconoce los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás. Las personas son diversas por naturaleza; solo la tolerancia puede garantizar la supervivencia de comunidades mixtas en todas las regiones del planeta”.

Para ese organismo internacional, la tolerancia consiste en el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de las culturas de nuestro mundo, de nuestras formas de expresión y medios de ser humanos. La fomentan el conocimiento, la actitud de apertura, la comunicación y la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. La tolerancia consiste en la armonía en la diferencia. No solo es un deber moral, sino además una exigencia política y jurídica. La tolerancia, la virtud que hace posible la paz, contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura de paz. (…) Tolerancia no es lo mismo que concesión, condescendencia o indulgencia. Ante todo, la tolerancia es una actitud activa de reconocimiento de los derechos humanos universales y las libertades fundamentales de los demás. En ningún caso puede utilizarse para justificar el quebrantamiento de estos valores fundamentales. La tolerancia han de practicarla los individuos, los grupos y los Estados.
En un mundo en el cual las redes sociales —¿o debemos decir “morales”?— se han transformado en refugios y escuelas de intolerancia y odio en diversos sentidos, la tolerancia se hace cada vez más necesaria y, por ello mismo, el ejemplo de un vecino sanducero como lo fue Daniel Buzzo adquiere especial importancia y vigencia. La tolerancia es, y siempre ha sido, el fundamento primigenio de todos los derechos humanos sin excepción y su más efectivo garante. No hay lucha por los derechos humanos que desconozca la tolerancia. Sin ella, ninguno de los derechos inherentes a la personalidad humana es viable y realizable en un plano real. Existen muchos tratados y organizaciones internacionales que se refieren a la importancia de los derechos humanos, pero, como suele suceder en muchos ámbitos, lo que realmente importa son las acciones concretas, los hechos, la conducta y los procederes. Ahí es donde el ejemplo de Daniel Buzzo adquiere especial trascendencia, tal como fuera destacado por muchas personas, más allá de sus filiaciones político-partidarias.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU): “El discurso de odio promueve la violencia y la intolerancia. El efecto devastador del odio, por desgracia, no es nada nuevo. Sin embargo, su escala e impacto se ven ahora aumentados por las nuevas tecnologías de la comunicación. El discurso de odio —también en internet— se ha convertido en una de las formas más habituales de extender una retórica divisoria a escala mundial, poniendo en peligro la paz en todo el mundo. El actual secretario general de la ONU, António Guterres, lo ha dicho claramente: ‘el discurso de odio antecede y promueve la violencia’”. Así pues, la tolerancia es la mayor forma de prevenir el discurso de odio y con ello la violencia. No existe mejor forma de respetar y defender los derechos humanos.

Más allá de otras condiciones personales de Daniel Buzzo, que han sido destacadas en las redes y entre los vecinos de nuestro departamento, su condición de ciudadano que practicaba la tolerancia destaca con más vehemencia y actualidad, porque a partir de ella es posible construir, con bases firmes, ese delicado edificio que es la democracia como sistema político, así como la convivencia democrática, un valor indisolublemente ligado a la misma. Todo ello en un ámbito como la Junta Departamental que, como cuerpo legislativo, existe por y para la discusión, porque ese es el juego de mayorías y minorías de las democracias, aun en momentos acalorados de discursos apasionados y reivindicaciones tajantes. Daniel Buzzo fue siempre fiel a su conducta: respetando a quienes no pensaban como él, pero también tendiendo puentes y buscando soluciones. Nunca fue un tolerante cómodo ni perezoso; muy por el contrario, fue un tolerante militante, buscador del diálogo desde el respeto al otro, y por ello fue querido, admirado y respetado.

La política uruguaya en general y la sanducera en particular necesita más personas de bien como Daniel Buzzo, que hagan de la tolerancia una forma de vida y de actuación pública, porque la tolerancia no es ni debe ser confundida con la debilidad. Muy por el contrario: hay que ser muy seguro, fuerte y convencido para ser tolerante. La vida política de nuestro departamento no puede ni debe ser un escenario de discursos de odio que poco importan a los respectivos votantes, quienes quieren lo mismo sin importar lo que voten: la paz, el trabajo y el progreso que nos promete desde hace tanto tiempo nuestro escudo departamental, pero que tanto escasea en el Paysandú de hoy.

Las reformas que propone el Poder Ejecutivo son correctas en términos generales, pero son decorativas, no van al centro del problema que plantea el proceso penal hoy, aunque abre un espacio de discusión que esperemos sea productivo.
Los problemas más urgentes a solucionar son de modelo, y se centran en la función de los sujetos del proceso, sobre todo del rol del juez de garantías. En el punto de las funciones del juez de garantías, parece claro que no es posible seguir con un proceso donde la prisión preventiva del imputado se base exclusivamente en una discusión oral sin que el juez pueda valorar por sí las evidencias recogidas, sin tener el más mínimo contacto con ellas.

En el punto, se vulnera un derecho constitucional del imputado que requiere para su prisión que se haya reunido semiplena prueba a su respecto, y cuando hablamos de reunir semiplena implica diligenciamiento de prueba y valoración para llegar al estándar de que la misma alcanza la semiplena. Estos extremos son ignorados por el Código del Proceso Penal (CPP) vigente, y las reformas planteadas pretenden seguir ignorando tal deficiencia.
Esto va de la mano del auto de formalización, auto que la jurisprudencia hasta ahora sostiene que hace las veces del humo del buen derecho a los efectos de adoptar medidas privativas de libertad, cuando es evidente que la formalización hoy día no es más que una mera comunicación de cargos, que solo puede echarse abajo si un homicidio es calificado como si fuera un hurto, es decir, ante circunstancias de tipicidad aberrantes.
Entonces, tenemos que el juez de garantía no controla la formalización más allá de lo que las partes dicen verbalmente, que se la asimila en cuanto a los efectos al viejo auto de procesamiento, y en función de esa formalización se da por bueno el supuesto material de la medida cautelar, reitero, sin haber valorado una sola prueba, solo por lo que dice oralmente la Fiscalía y la Defensa.

Esto que se relata, no se da siquiera en los procesos civiles donde se discuten aspectos meramente económicos, donde el juez requiere para adoptar una cautela que se diligencie sumariamente prueba, ya sea documental, testimonia, etcétera, y donde el juez por sí, valorando él lo que se le ofrece, decide si procede o no dictar una sentencia. Esto es otra cuestión que no cuadra con las garantías mínimas, las sentencias de formalización son de un párrafo, se formaliza por tal delito y punto, pero no existe una valoración de hechos ni jurídica, cero motivación en los términos mínimos que se pueden esperar. A eso hay que sumar los riesgos procesales que se argumentan para disponer una medida cautelar, también en este caso, el juez de garantía es un mero espectador de lo que dicen oralmente las partes, sin visualizar evidencia o prueba que le permita por sí decidir.

¿Cómo solucionar estos problemas? Pues bien, se estima que sin dejar de lado el proceso acusatorio no vemos impedimentos para que la fiscalía tenga que acreditar sumariamente sus pretensiones, acreditar con diligenciamiento de prueba, no con oralidad argumentativa, y en ese contexto acompañar a sus pretensiones justamente las evidencias que ha recogido en el investigación preparatoria, para que el juez valore si son o no suficientes para dar inicio a un sumario y eventualmente disponer una medida cautelar.
¿Qué norma, qué principio del proceso acusatorio se vulnera con esto? Ninguna, solo se pide que el actor transparente judicialmente ante el juez de garantía los resultados de su investigación, y que haya una valoración judicial de la misma, pues ya que le pido al juez de garantía que decida sobre tal o cual cuestión, este debe ver por sí los motivos para dictar una sentencia.

Parece que decir esto es tan de perogrullo, pero hay que decirlo porque esto no se da en nuestro proceso penal de hoy día. Con este tipo de soluciones tampoco involucramos o rompemos la imparcialidad ni involucramos al juez en la recolección de la prueba, lo primero no se da porque este juez no es el juez de juicio oral, a lo que se suma que si el juez de las medidas cautelares en el civil no compromete su imparcialidad cuando las decide, no vemos porque se vería comprometida aquí, a lo que se suma que el juez sigue sin meterse en la recolección de la prueba, no tiene iniciativa, no impide que el fiscal haga lo que tenga que hacer, pero justamente cumple con su función elemental, se instruye y dicta resoluciones según las evidencias que se le traen, que ve por sí mismo sin un lazarillo que le dice que es lo que hay o no hay.
Por eso un juez de garantías diferentes implica una restructuración del modelo de funcionamiento del proceso, más que nada de los controles iniciales que esa figura debe cumplir. En próximas entregas iremos abordando otros tópicos que hacen al modelo y no a lo accesorio, que eso era lo que esperábamos de un proyecto integral de reformas del proceso penal.

Federico Álvarez Petraglia

Tiene entre algunos de sus objetivos, estimular el espíritu de unión y solidaridad gremiales, mantener vivo el culto a la Justicia; propiciar el perfeccionamiento del orden jurídico, velar por el estricto cumplimiento de los deberes que la ética profesional impone, defender los derechos e intereses de la profesión de abogados, asistir y orientar a los abogados recién egresados en todos los problemas que plantee el ejercicio profesional dictando, por ejemplo, cursos o conferencias para posgraduados.

El Colegio siempre estuvo “vivo” y tuvo su importancia, estuvo ubicado durante muchos años en 18 de julio 1006, 4.º piso en Montevideo, pero me animo a decir que enclavado en su nueva sede de Julio Herrera y Obes 1418 de la capital, muy moderna y funcional, la institución que hoy preside el Dr. Florencio Macedo (representante de la lista 1), acompañado en el Directorio por representantes de dicha agrupación y de las listas 11 y 33 (lista que tiene como uno de sus representantes en el Directorio, a la abogada sanducera Virginia Gilardi y como uno de sus fundadores y activo integrante al también sanducero Dr. Rodrigo De León), tiene mayor trascendencia y visibilidad que en el pasado. Cabe agregar, que el Dr. Américo Graciano Cabillón Chaldain, desaparecido físicamente, fue un muy destacado abogado sanducero, presidente del Colegio de Abogados de Paysandú y el primer Director del Colegio de Abogados del Uruguay perteneciente al departamento, en este caso en representación de la lista 1. Otros colegas de Paysandú participan hoy y lo hicieron en el pasado de agrupaciones y/o actividades vinculadas al mismo.

En lo que respecta a la IA, vale mencionar que pueden ser suplidas las tareas de tipo operativo que desarrollamos los letrados, pero la dimensión humana, la ética y lo vinculado a la responsabilidad profesional, nunca podrá ser sustituido.

Tenemos un Colegio pujante y lo puede ser aún más y para ello también es muy importante el relacionamiento con las distintas Facultades de Derecho, el convencimiento de los letrados que a través de su Colegio, pueden ser aún mejores e incidir en el mismo y en los distintos aspectos del quehacer nacional, asociándose, participando en las Comisiones y en algunas de las tres listas existentes, buscando honrar la profesión y teniendo en cuenta que ese señor o esa señora que concurre a un abogado, merece recibir un servicio de calidad tanto en lo técnico como en lo humano.
En este 2026, el CAU celebró el día del abogado en su sede, evento que tuvo lugar el pasado 13 de mayo, instancia en que fueron homenajeados los letrados que cumplieron 25 y 50 años de recibidos respectivamente.

Dr. Luis de la Fuente Abdala, abogado, socio e integrante de las comisiones de Cultura y Derecho Agrario del CAU

El eventual ingreso del Uruguay al Acuerdo Transpacífico –hoy conocido como CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership)– constituye una de las discusiones estratégicas más importantes para la inserción internacional del país. Se trata de un acuerdo comercial de nueva generación que reúne economías de Asia y América con un fuerte peso en el comercio mundial. Para un país pequeño y abierto como Uruguay, la posibilidad de acceder preferencialmente a esos mercados presenta oportunidades relevantes, pero también riesgos que deben ser administrados con inteligencia política y económica.

Uno de los principales beneficios para Uruguay sería la ampliación del acceso a mercados, teniendo en cuenta que depende fuertemente de sus exportaciones agropecuarias y agroindustriales, especialmente carne, soja, arroz, lácteos y celulosa. Muchos de los miembros del CPTPP –como Japón, Vietnam, Malasia, Canadá o México– aplican aranceles relativamente altos a productos en los que Uruguay es competitivo. Ingresar al acuerdo permitiría reducir o eliminar esas barreras, mejorando la posición de los exportadores uruguayos frente a competidores que ya forman parte del bloque, como Australia o Nueva Zelanda. En términos macroeconómicos, esto podría traducirse en un aumento de las exportaciones, mayores inversiones extranjeras y una diversificación de destinos comerciales. Uruguay ha sufrido históricamente la dependencia de pocos mercados, particularmente Brasil, China y Argentina. El CPTPP permitiría disminuir esa concentración y reducir vulnerabilidades geopolíticas o comerciales. En un mundo cada vez más complejo, competitivo pero también con brotes proteccionistas, la diversificación aparece como una necesidad estratégica de pura lógica.

Para el consumidor uruguayo también existirían ventajas importantes. La apertura comercial suele aumentar la competencia y reducir precios de bienes importados, especialmente en sectores donde Uruguay tiene costos elevados. Productos tecnológicos, maquinaria, insumos industriales, medicamentos, ropa o ciertos alimentos podrían abaratarse. Además, una mayor competencia normalmente impulsa mejoras en calidad y variedad. Desde el punto de vista del bienestar del consumidor, el ingreso al CPTPP probablemente tendría efectos positivos, particularmente sobre la clase media y los sectores de menores ingresos, que son los más afectados por precios altos en economías pequeñas y relativamente protegidas.
Sin embargo, los riesgos y perjuicios potenciales también son significativos. El más importante es el impacto sobre determinados sectores productivos y, sobre todo, el empleo. Uruguay posee industrias pequeñas y medianas que sobreviven gracias a ciertos niveles de protección arancelaria dentro del Mercosur. Si el país abre abruptamente su economía a productos manufacturados provenientes de economías mucho más competitivas, algunas empresas podrían desaparecer o reducir significativamente su actividad.

Sectores como el textil, el calzado, parte de la industria plástica, algunas ramas metalúrgicas y ciertas manufacturas livianas podrían enfrentar dificultades severas. El problema no sería solamente empresarial, sino social: pérdida de puestos de trabajo, caída salarial y aumento de desigualdades territoriales, especialmente en ciudades del Interior dependientes de pequeñas industrias. El empleo constituye el núcleo más delicado del debate. La apertura comercial genera ganadores y perdedores. Mientras los sectores exportadores probablemente expandirían actividad y empleo, otros sectores quedarían expuestos a una competencia difícil de enfrentar. Además, los nuevos empleos creados no necesariamente absorberían rápidamente a los trabajadores desplazados.

Por eso, el principal desafío para Uruguay no es simplemente entrar o no entrar al CPTTP, sino cómo hacerlo. La experiencia internacional demuestra que los países que mejor aprovechan los acuerdos comerciales son aquellos que acompañan la apertura con políticas activas de reconversión productiva y protección social.

Desde el ámbito sindical precisamente se han replanteado reparos respecto a las eventuales consecuencias del ingreso de nuestro país al acuerdo Transpacífico, según da cuenta El País. Esa así que la Confederación de Sindicatos Industriales salió al paso para que se revisen capítulos que, según dice, van en contra de algunos rubros de la industria nacional y de las pequeñas y medianas empresas (PYME).
Danilo Dárdano, presidente de la confederación, en rueda de prensa luego de la conversación que mantuvo con la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, en Cancillería, afirmó que “lo que nos preocupa de la adhesión al (Tratado) Transpacífico es que no se mejoran las salvaguardas y, por ejemplo, si no hay un blindaje de compras públicas, vamos a tener perjuicios muy importantes”.

“Los perjuicios los veremos en especial en unos sectores, que no nombraré porque no queremos ser los sepultureros, donde podríamos tener cientos de puestos de trabajo perdidos cuando el acuerdo se implemente”, agregó sin dejar de mencionar algunos ejemplos, como familias del Interior que trabajan “a façon” (a destajo) para algunas fábricas. “A nuestro entender, con el Transpacífico, fábricas van a ir cerrando paulatinamente y se acabarán trabajos directos y también los fasoneros”, advirtió.

Un planteo sectorial y de interés general muy atendible, para un país donde precisamente no abundan las fuentes de trabajo y que por el contrario, sufre frecuentes cierres de empresas que no tienen rentabilidad y no encuentran salida en las actuales condiciones de trabajo. Ergo, las opciones para el Uruguay deberían encaminarse por un lado a negociar plazos de desgravación largos y diferenciados para los sectores más sensibles, eventualmente con períodos de transición de diez, quince o incluso más años para industrias vulnerables, permitiendo adaptación gradual y evitando shocks bruscos sobre el empleo.
Paralelamente, deberían implementarse políticas de reconversión laboral, mediante capacitación, programas de formación técnica y apoyo a trabajadores desplazados, así como apostar decididamente a sectores donde tiene ventajas comparativas dinámicas y no solamente tradicionales. Además de la agroexportación, existen oportunidades en software, servicios globales, logística, biotecnología, energías renovables y economía del conocimiento, al contar el país con capital humano relativamente calificado y estabilidad institucional, elementos valiosos para atraer inversiones de calidad.

Desde una perspectiva más amplia, existe desde hace décadas un problema estructural del Uruguay que condiciona la inserción en la economía global sin sacrificar cohesión social. La apertura comercial puede aumentar la eficiencia económica general, pero con consecuencias disímiles entre los actores del tramado socioeconómico, por cuanto habría grupos de actividad beneficiados pero también perjuicios sobre trabajadores e industrias vulnerables.La clave estaría por lo tanto en diseñar una estrategia nacional inteligente, negociando condiciones graduales, proteger sectores vulnerables durante la transición, e invertir fuertemente en capacitación laboral, sobre todo apuntando a un mayor valor agregado, que es el talón de Aquiles de nuestro país debido a sus gravosos costos. El verdadero desafío en acuerdos de este tipo es no solo comerciar más, sino lograr que la inserción internacional contribuya efectivamente al desarrollo, al empleo de calidad y al bienestar general.

Clavado: la encuesta los iba a poner nerviosos e iban a salir a patear para cualquier lado. “A poner el pie en el acelerador” como dijo de inmediato el secretario de la Presidencia. ¿Y en qué dirección, Sánchez? ¿Qué cambios? ¿No dijo e insistió Mujica y Orsi, en que nada iba a cambiar, en que todo iba a seguir funcionando como siempre? Que en el Uruguay es así.
¿Se va a virar hacia el progresismo kirchnerista? Hacia los “planes”, desnaturalizando nuestras “asignaciones familiares”, para asegurar “presencia en marchas”, con niños y todo (nada de ir a la escuela). ¡Cuidado! es un camino casi sin retorno, que se tuerce mal –como estamos viendo– con pocas chances de “recalcular”. Por favor, calma; lean y analicen tranquilos.

No se deje “soplar” mucha cosa al oído, señor presidente. Solo recuerde lo que aseguraron a la gente, a lo que se comprometieron; lo que vendió Mujica, con Ud., su mejor pingo, reforzado con un ministro de Economía “del empresariado”, más conservador que Astori. Por ahí, quizás, viene la caída de imagen, la pérdida de credibilidad.
Además tener en cuenta que cada uno va a pescar a su propia cachimba. Cosse, sensata, con autoridad, por encima del resto –gesto y tono–, preocupada o quizás no. Una luz amarilla dijo, autocrítica reclamó la vice, pero –como decían en Casablanca– “siempre nos queda París” que aquí suena así como un “siempre quedo yo”.
Algo para recordar, por citar otra vieja película.
Los comunistas –PCU, dirigencia del Pit Cnt integrada, parte de la Mesa y “bases”, que en realidad contados no son tantos–, hablan de “profundizar”. ¿Sí? ¿Puede deberse esta “caída”, a que el gobierno de Orsi no aplicó el impuesto del 1% a los ricos o a que no bajó la edad para jubilarse y eliminó la AFAP, o porque no redujo el horario de trabajo? O puede que el rechazo se deba más al mero amague –Diálogo Social– (más Castillo) a hacerlo. ¿Puede que el desánimo venga por falta de apoyo a Hamás, Hezbollah e Irán y “la amistad” con Israel y los yanquis? ¿O poca solidaridad con Cuba y Maduro? ¿Se piensa que efectivamente todo ello ha incidido en la “desaprobación” a la gestión de Orsi? ¿Creen que es así? ¡Ay, por favor, no le vayan a errar!
¿Piensan que la gente votó a favor de eso? No es lo que dicen los números. No llegaron ni a un millón los que apoyaron la alegre propuesta derogatoria del Pit Cnt y el PCU: un millón y pico largo les dio la espalda y apoyó la ley.

Disconformidad gana peso en la izquierda se dice. ¿Sí?, ¿en cuál izquierda? ¿La que votó al FA en octubre o la que eligió entre Orsi y Delgado en noviembre? –además aquel asegurando más de lo mismo y este perfilado hacia un centro izquierda con refuerzo de dirigente sindical excomunista–. Hay una diferencia de casi 200 mil votos entre una y otra y, sumado lo que dijo el plebiscito, se llega a unas 350 mil voluntades. No será por ahí que habría que buscar a los desilusionados. Que no son de izquierda ni de derecha.
Buscarlos entre los que tienen miedo; miedo por su seguridad personal, miedo por su jubilación de hoy y por su jubilación de mañana, por el futuro de “sus mayores”, miedo a quedarse sin trabajo, con horario cero. Sin considerar, además, las dudas de los inversores, la de los verdaderos emprendedores e inversores empresarios, “sin demasiadas coronitas y exenciones”, que se fijan sí y mucho en la seriedad del país, de sus instituciones y de sus gobernantes.

La mentira política no es un accidente del sistema representativo ni una desviación moral corregible mediante apelaciones éticas. Es, como advirtió Hannah Arendt (1906-1975, “Los orígenes del totalitarismo”), un instrumento estructural del poder moderno, especialmente desde la irrupción de los partidos de masas y agudizado por el oscurantismo de las redes sociales. Su afirmación “la mentira ha sido siempre considerada un medio necesario y justificable para alcanzar fines políticos”, no describe una patología, sino una lógica de funcionamiento.

De la razón de Estado…

La tradición occidental reconoce desde temprano la tensión entre verdad y gobierno. Para Maquiavelo la idea de que el príncipe debe “saber entrar en el mal cuando sea necesario”, incluye la manipulación deliberada de percepciones. Pero la mentira premoderna era táctica, episódica, vinculada a la diplomacia o la guerra.
El salto cualitativo ocurre con el siglo XX: la aparición de partidos de masas, la alfabetización ampliada y los medios de comunicación de alcance nacional transforman la mentira en método sistemático. Como señaló Jacques Ellul (filósofo, 1912-1994, “la propaganda moderna no busca simplemente convencer: busca estructurar la realidad percibida. La mentira deja de ser un recurso puntual y se convierte en ambiente”.
En este punto, la teoría democrática contemporánea aporta un refuerzo decisivo. John Rawls (“Una Teoría de la Política”, 1921-2002) advirtió que la razón pública requiere que los ciudadanos dispongan de la información necesaria para evaluar las instituciones que los gobiernan. La mentira política, por tanto, no es sólo un acto inmoral: es una violación del principio de publicidad, condición epistémica del constitucionalismo democrático. En realidad, no es que el ciudadano compre la mentira sino que pierda el sentido de la realidad, que todo es lo mismo.

La mentira en los partidos de masas

Los partidos ideológicos introducen un elemento decisivo: la mentira ya no se justifica por la eficacia, sino que permea la doctrina. La verdad deja de ser empírica y pasa a ser teleológica: verdadera es la afirmación que sirve al destino histórico del movimiento.

Tres rasgos definen esta mutación:

a) La mentira como cohesión interna: el partido de masas necesita homogeneidad. Como escribió George Orwell (1903-1950 “Rebelión en la Granja”) “el acto esencial del Partido es hacer imposible la experiencia de la realidad”.

b) La mentira como pedagogía: en los movimientos ideológicos, la mentira no oculta: educa. Reordena el mundo para que coincida con la narrativa del partido. La propaganda nazi sobre el “enemigo interno”, por ejemplo, cumplía esta función. Karl Mannheim (“La Teoría de las Generaciones”, 1893-1947), mostró que las ideologías no sólo distorsionan hechos: producen un marco cognitivo que determina qué puede ser considerado verdadero.

c) La mentira como prueba de lealtad: el militante demuestra su adhesión no aceptando hechos, sino repitiendo ficciones. Václav Havel (1936-2011, último presidente de Checoslovaquia) lo formuló así: el ciudadano no miente porque crea en la mentira, sino porque la mentira es la condición para seguir perteneciendo al sistema.

Aquí la teoría democrática crítica aporta un complemento decisivo. Jürgen Habermas (1929-2026, “La teoría de la acción comunicativa”) sostuvo que cuando la comunicación se distorsiona de manera sistemática, el espacio público deja de ser un ámbito de formación racional de la voluntad. La mentira ideológica, entonces, no es un desvío sino una colonización del espacio público por una racionalidad estratégica.

Del totalitarismo al populismo

El nazi Joseph Goebbels sistematiza la idea de que una falsedad repetida con disciplina puede adquirir estatuto de verdad pública. No se trata de engañar a individuos, sino de construir un mundo paralelo. La narrativa racial, la manipulación de cifras económicas y la reescritura del pasado alemán son ejemplos paradigmáticos.
En el caso de Sudáfrica, el apartheid convirtió la mentira en principio organizador del orden social. No se trató sólo de una política discriminatoria, sino de una ficción jurídica y estadística destinada a sostener la idea de que la segregación racial era natural, estable y funcional. El régimen produjo categorías raciales arbitrarias, manipuló censos, reescribió la historia nacional y fabricó un relato de “armonía separada” que ocultaba la violencia estructural del sistema.

La mentira adoptó forma administrativa y normativa: leyes que definían identidades raciales como si fueran hechos biológicos, mapas que fragmentaban territorios para justificar la exclusión, informes oficiales que negaban la represión estatal. Como señaló Arthur Koestler (1905-1983, “La era del anhelo”) en otro contexto autoritario, el régimen “no mentía para ocultar la verdad, sino para destruirla”: la mentira no encubría la desigualdad, sino que la institucionalizaba.
Aquí la lectura de Claude Lefort (1924-2010, “Les formes de l´historie”) ilumina el mecanismo profundo: el totalitarismo pretende abolir la división social y por eso fabrica una verdad única que no admite verificación. El apartheid necesitaba precisamente eso: una verdad racial incuestionable, sostenida por el aparato estatal, que clausura cualquier posibilidad de pluralidad democrática. La mentira no era un instrumento contingente: era la condición ontológica del sistema segregacionista.
La mentira se articula con el control de la información, la construcción del “pueblo verdadero”, la “mayoría silenciosa” y la demonización del adversario. La verdad se vuelve atributo moral: no describe hechos, describe pertenencias.

La mentira como saturación

En el siglo XXI, la mentira política ya no necesita coherencia. La posverdad, concepto que Arendt anticipó al hablar de “falsedades organizadas”, opera por acumulación, no por verosimilitud. El objetivo no es convencer, sino desorientar. La mentira se vuelve ruido estratégico. Los líderes contemporáneos que utilizan este método no buscan imponer una narrativa única, sino erosionar la idea misma de verdad verificable. La mentira se convierte en estilo de gobierno o de oposición. Aquí la teoría democrática contemporánea ofrece un cierre conceptual contundente. Pierre Rosanvallon “1948, “L’âge de l’autogestion”) subrayó que “la democracia es un régimen de confianza; cuando el poder miente, destruye las condiciones mismas de su legitimidad”. La mentira política, en su forma actual, no sólo manipula: corroe la ecología democrática y habilita la anti política.
Cuando la mentira se combina con la descalificación sistemática, la violencia política deja de ser un exceso y se vuelve método. El adversario es reducido a enemigo, la palabra se degrada en arma y el espacio público se contamina de intimidación. Allí donde se niega la verdad y se humilla al otro, la violencia deja de anunciarse: simplemente ocurre.

Para cerrar el paso a este impulso autoritario y corrosivo, hay que enfrentar la degradación deliberada del lenguaje público. Allí donde la mentira y la descalificación se vuelve cotidiana, la violencia encuentra su cauce. La defensa democrática exige restituir la verdad como límite y la dignidad del otro como condición: sin ese doble resguardo, el espacio común se vuelve inhabitable. Quizás haya llegado el momento de redefinir con claridad algunas inmunidades. Mentir a conciencia jamás puede estar protegida por la impunidad.

El celular puede ser una herramienta educativa útil para acceder rápidamente a la información, mayor participación en aplicaciones interactivas y desarrollo de competencias digitales, pero su efecto depende del uso que se le dé.
El uso frecuente para redes sociales, mensajería o entretenimiento durante las clases aumenta las distracciones y disminuye la atención y concentración.
Un uso excesivo puede asociarse con menor rendimiento académico, reducción de la capacidad de comprender y retener información y hábitos digitales problemáticos (grabaciones no autorizadas y uso inadecuado de redes sociales).
Algunos estudiantes muestran ansiedad o necesidad constante de revisar el teléfono, afectando hábitos de estudio y relaciones sociales.
Los estudiantes valoran la tecnología para buscar información, colaborar y comunicarse, pero requieren orientación para usarla de forma responsable.
Las recomendaciones apuntan a regular el uso: celulares fuera de la vista durante las clases y habilitados únicamente cuando tengan un objetivo pedagógico claro, promoviendo educación digital y límites claros. En conclusión, el celular en el aula puede favorecer el aprendizaje cuando tiene un propósito pedagógico definido, pero su uso excesivo o sin control genera distracciones y puede afectar el rendimiento académico.

Ing. Agr. José Francisco Ramos Peralta

Los uruguayos seguimos esperando que este gobierno empiece a hacer leyes y cambios para favorecer a la gente, y que la central obrera luche por los trabajadores. Lleva más de un año gobernando y no ha pasado nada de eso: el país se hunde económicamente, se siguen sacando préstamos y continúan los viajes, las fiestas y los privilegios de los políticos en general.

Pero la gente sigue cada día más complicada: hay suicidios, problemas de ACV por la preocupación que siente la gente, hay más de un millón de deudores, el 50% de esta zona es de riesgo de morosidad, y eso refleja que los sueldos y las jubilaciones no alcanzan.

Sube el combustible y suben todos los insumos para comer, así como los remedios. La gente está siendo rehén de un poder implacable, de un sistema cruel, de personas que están en el poder y no hacen nada, y cobran muy buenos sueldos y se dan el lujo de tener, por ejemplo, un chofer, cinco secretarias y diez asesores, y nadie dice nada. El Pit Cnt, que tanto habla de los poderosos y los ricos, es el gran hermano del gobierno de izquierda; ahora hace un paro el 10 de junio por la guerra y la paz.

Zurditos, aquí no hay guerra; aquí hay desesperación de la gente, inseguridad, desempleo, problemas graves en la salud, se siguen cerrando empresas. ¿Y qué hacemos? Seguimos jugando al gato y al ratón, escondiendo los temas más importantes porque no queremos dañar la imagen del gobierno actual. No sean hipócritas: ya está dañada. ¿O no miran las encuestas? Ya sabemos que a ustedes ningún político ni ministro de Economía les va a controlar la torta de plata que les entra todos los meses, ni nadie va a controlar lo que ganan estos sindicalistas con cara de malos que gritan cuando le hablan a la gente en esos actos, como el del 1.° de Mayo, que convocó a muy poca gente.

Además, nunca laburaron, como Pereira, el presidente del Frente Amplio, que cobró casi veinte años sin ir a trabajar una hora en la enseñanza. Con esta clase de gente en el poder, nunca va a salir adelante este país. Vieron lo que le pasó en Rivera a esa edila que, con buen criterio, los criticó en la cara; así debe proceder cualquier político: no tenerle miedo a estos poderosos, y más cuando declaran que mintieron para ganar las elecciones.

Hay políticos que están en la junta departamental o en la casa de gobierno, y nunca los ves hablar o comentar algo; pasan y votan, pero no tienen participación alguna. Y así es difícil que un país salga adelante: tanto el oficialismo como la oposición deben tener gente que tenga voz y pelee por sus ideas. No puede ser que agachen la cabeza y solo levanten la mano para votar algo que ni a ellos les convence y que no favorece a la gente.

Me preocupa que a veces los obliguen a estar de acuerdo con una ley sin haberla estudiado y conversado, y eso es tremendo para la gente y para el país. Para muestra basta un botón: tenemos diputados y senadores, periodistas, chinos, cubanos, artistas de cumbia y candomberos; serán excelentes personas, pero de ahí a gobernar un país parece poco serio. Así nos va: cada día la gente cree menos en la política, y eso es muy peligroso. Tiene que ser gente con muchos estudios, que conozca la política internacional; el mundo manda y exige, señores. Mientras en otros países van presos los políticos, aquí no hay ninguno entre rejas, pese a todo lo turbio que ha pasado y la plata que se ha invertido en obras que nunca dieron un dólar a Uruguay.

Gas Sayago, lo de UPM, la plata que pusimos para hoy ver las ganancias millonarias que se llevan los finlandeses… y matamos al pequeño comerciante o al empresario con tarifas e impuestos para poder trabajar, y todavía seguimos pensando en poner más impuestos y obligaciones. La verdad es que da bronca ser uruguayo y nunca tener consideraciones para poder vivir y trabajar; es lamentable, y lo peor es que este país necesita políticos capaces y con sabiduría, pero no se ven. Cualquiera es político, y eso nos ha hecho mucho mal. Yo pregunto: ¿qué más nos puede pasar para que la gente se dé cuenta de que esta casta política nos hunde el país? Son todos muy irresponsables; miran el voto antes de solucionar algo para la gente. Ojalá algo cambie; si no, nos tiene que pasar como a Argentina: se hizo un cambio radical en la política, entró Milei y, contra todo, logró un país creíble y confiable.
Ángel

La verdad da asco y rabia escuchar al Sr. Metediera mostrando preocupación por los accidentes de tránsito, ojalá nuestro director de Tránsito le haga leer esto, ya que no creo que Metediera lea EL TELEGRAFO. ¿Cuándo se van a dejar de tanto protocolo y de dar vueltas y van a ir a lo verdaderamente importante?

Señor Metediera, para arreglar el tránsito hay que poner gente capaz e idónea a cargo de las direcciones, no improvisados y elementales, hay que exigir mucho más preparación, más conocimiento de las leyes de tránsito. Hay que eliminar los curros que son los “instructores” de tránsito, verdaderos curros que no enseñan nada porque no saben y no saben enseñar, es un requisito burocrático más, sin el cual no otorgan la licencia.

Sr. Metediera, lo que hay que hacer es tener gente preparada para enseñar, no puede ser que habiliten a gente que no sabe lo que hacer en un cruce con semáforo, cuando pierde la preferencia con respecto al peatón, que circula por la izquierda entorpeciendo el tránsito, que adelantan en bocacalles, que no saben estacionar, que desconocen las cebras, que levantan 60, 70 y 80 kilometros por hora en calles

preferenciales y lo que es peor y es causa de muchos accidentes, al habilitar un persona para conducir lo están habilitando a manejar en ruta, cuando jamás se le tomó una prueba de manejo en ruta y el teórico no contiene preguntas sobre manejo en ruta, hay gente que desconoce para que son las líneas de la ruta, sin embargo salen a manejar en ruta, total, están habilitados.

Hágaselo leer a Metediera, señor director de Tránsito, evalúen lo que digo, quizás sirva para algo y se dejan de tanto hablar con resultados cada vez más negativos. Acepten una sugerencia, aunque ya le he sugerido que ponga unas lomadas en cierto lugar donde se desarrollan picadas los sábados, y aunque es una solución práctica y de hecho se han puesto en otros lugares no tan críticos, por ser una sugerencia de un ciudadano común cuesta aceptarla.
Florentino

Paysandú tiene cosas realmente admirables. Por ejemplo, la capacidad de anunciar obras con bombos, platillos, fotos, cintas y discursos… aunque después la realidad quede enterrada debajo del mismo movimiento de tierras.

En diciembre de 2017 el diario local titulaba con entusiasmo el llamado a empresas en el MTOP, junto al intendente, para construir los accesos sur al puerto de Paysandú.

Más de 2 millones de dólares. Licitación 5/2018. Empresa adjudicataria: Cujo. Movimiento de tierras, carpeta asfáltica e iluminación. Todo financiado mediante fideicomiso de Afisa. Parecía que Paysandú se preparaba para transformarse en un gigante logístico.

Pero pasaron casi siete años.
Se hizo el movimiento de tierras. Se hizo la carpeta. La iluminación quedó por el camino… y el puerto directamente dejó de funcionar hace años.
Una obra de acceso para un puerto sin actividad. Es como construir la alfombra roja para un teatro cerrado.

Y la pregunta más grave es otra: ¿dónde estuvo el estudio de mercado?, ¿quién evaluó la viabilidad real?, ¿quién explicó por qué se gastaron millones de dólares públicos para terminar con una obra a medias y un puerto prácticamente fantasma?

Después aparecen hablando de “gestión eficiente”, “desarrollo” y “planificación”. La única planificación visible fue la de cómo sacarse la foto antes que llegara la realidad.
Vergonzoso. Porque cuando se dilapidan dineros públicos, no se pierde plata del Estado. Se pierde plata de la gente.
Ing. Agr. David Doti

La Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, publicó esta semana un informe en el que alerta sobre el impacto que el conflicto en el estrecho de Ormuz podría ocasionar en el precio mundial de los alimentos, con severas consecuencias para la seguridad alimentaria para millones de personas alrededor del mundo, pero además con importantes desafíos para las economías alrededor del planeta.
Más que una interrupción temporal del transporte marítimo, la FAO califica el conflicto como “el inicio de un choque agroalimentario sistémico que podría desencadenar una grave crisis mundial de precios de alimentos en los próximos seis a doce meses”, por lo que sostiene que es necesario adoptar medidas de emergencia, entre las que menciona “establecer rutas comerciales alternativas, limitar las restricciones a las exportaciones, proteger los flujos humanitarios y crear reservas para absorber el aumento de los costos de transporte”.
Máximo Torero, economista jefe de la FAO, dijo en el mensaje que acompaña el informe publicado el pasado miércoles, que es momento de empezar a pensar en cómo minimizar los impactos potenciales. Ello implica “estudiar las intervenciones de los gobiernos, las organizaciones financieras internacionales, el sector privado, así como las agencias de la ONU y otros centros de investigación, para ayudar a los países a enfrentar mejor la situación actual”.

Para evitar esta crisis la agencia considera que es necesario tomar decisiones, tanto agricultores como gobiernos, acerca del uso de fertilizantes, las importaciones, la financiación y la elección de cultivos.
El índice de precios de los alimentos de la FAO, que mide la evolución mensual de los precios internacionales de una canasta de productos alimenticios comercializados a nivel mundial, aumentó por tercer mes consecutivo en abril. Los precios son impulsados por los altos costos de la energía y las perturbaciones del comercio relacionadas con el conflicto en Oriente Medio. “El impacto se propaga en etapas sucesivas: primero la energía, luego los fertilizantes y las semillas, después los rendimientos agrícolas, seguido de un aumento en los precios de las materias primas y, finalmente, una aceleración de la inflación alimentaria”, sintetiza el informe. Pero a esta situación ya hacer un mes que el Banco Mundial le había puesto números. En un artículo titulado “La guerra en Oriente Medio provocará el mayor aumento de los precios de la energía en cuatro años”, el organismo crediticio multilateral anticipó que este año los precios de los productos básicos aumentarán un 16%, lo que impulsará la inflación y desacelerará el crecimiento global.

Los datos forman parte de la última edición del informe Commodity Markets Outlook (Perspectivas de los mercados de productos básicos) del Grupo Banco Mundial. Allí se anticipa que este año los precios de la energía aumentarán un 24%, con lo que alcanzarán su nivel más alto desde la invasión de Rusia a Ucrania en 2022. La guerra en Oriente Medio está provocando una grave conmoción en los mercados mundiales de productos básicos, impulsados por “el vertiginoso incremento de los precios de la energía y los fertilizantes, y por los máximos históricos que han alcanzado los precios de varios metales clave”.
Pero el análisis va más allá, e indica que la crisis tendrá “graves consecuencias para la creación de empleo y el desarrollo”.

Por el estrecho de Ormuz transita cerca del 35% del comercio mundial de petróleo crudo transportado por mar, con lo que el conflicto ha desencadenado “la mayor crisis de suministro de petróleo registrada hasta la fecha, con una reducción inicial en el suministro mundial de alrededor de 10 millones de barriles por día”. Los precios del petróleo Brent se han sostenido en más de un 50% por encima de los niveles registrados a principios de año, dice el informe que se publicó en abril.
Los pronósticos de los expertos hablan de que en 2026 el petróleo Brent alcanzará un promedio de U$S 86 el barril, lo que supondría aumento significativo respecto a los 69 dólares por barril promediados en 2025. Pero claro, estos pronósticos suponían que “las perturbaciones más agudas terminarán en mayo y que a fines de 2026 el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz volverá gradualmente a los niveles anteriores a la guerra”. A menos de diez días para terminar mayo, no parece cercano el cierre del conflicto, y los valores permanecen por encima de los 100 dólares por barril. Así las cosas, estas estimaciones promediales podrían quedarse cortas. Lo veremos, en último caso.

De lo que no hay dudas es que la guerra ya ha ocasionado una distorsión en la economía mundial. El Banco Mundial lo explica en una serie de “oleadas acumulativas: primero con el aumento de los precios de la energía, luego con el aumento de los precios de los alimentos y, por último, con el aumento de la inflación, que elevará las tasas de interés y encarecerá aún más la deuda”, indicó Indermit Gill, economista jefe y vicepresidente senior de Economía del Desarrollo del Grupo Banco Mundial.
Se prevé que en 2026 los precios de los fertilizantes aumentarán un 31%, impulsados por un alza del 60% en los precios de la urea. Esto podría empujar a hasta 45 millones de personas más a una situación de inseguridad alimentaria aguda este año.

El economista jefe planteó que las mayores dificultades las afrontarán las personas más pobres “que gastan la mayor parte de sus ingresos en alimentos y combustibles”, y que lo mismo va a ocurrir con las economías en desarrollo “que ya se ven agobiadas por una pesada carga de deuda”. En síntesis, Gill puso el mejor cierre que podría tener esta página: “la guerra es el desarrollo a la inversa”.

La sostenida disminución de la aprobación del gobierno de Yamandú Orsi en la opinión pública uruguaya, según reflejan diversas mediciones estadísticas, constituye un fenómeno que no resulta inédito en el escenario político nacional. Este proceso suele manifestarse tras el agotamiento de la denominada “luna de miel” con el electorado, etapa caracterizada por la persistencia de expectativas favorables derivadas del respaldo electoral que posibilitó el acceso al poder de la fuerza política gobernante.

Precisamente, este período inicial suele considerarse el más propicio para la implementación de medidas estructurales orientadas a consolidar la futura gestión gubernamental. Ello implica dotarse de instrumentos políticos, económicos y administrativos que permitan materializar el programa de gobierno y, al mismo tiempo, aplicar ajustes que, aunque inicialmente puedan resultar impopulares, son concebidos como necesarios para generar condiciones de estabilidad que hagan viable el cumplimiento de los compromisos asumidos durante la campaña electoral.

No obstante, uno de los rasgos más señalados del primer año de la administración Orsi ha sido la ausencia de iniciativas de este tipo. En lugar de ello, el gobierno ha transitado un proceso gradual y cauteloso, orientado principalmente a definir mecanismos de implementación de los lineamientos anunciados en campaña, muchos de los cuales fueron formulados en términos generales o mediante consignas asociadas a postulados tradicionales de la izquierda. Hasta el momento, las acciones desarrolladas no parecen haber satisfecho plenamente ni siquiera a sectores de su propio electorado, más allá de las críticas provenientes de quienes optaron por otras alternativas políticas. Las encuestas de opinión pública coinciden en reflejar este escenario de creciente insatisfacción.

En consecuencia, tras este primer año de gestión, el gobierno parece haber asumido el desafío que implica dicha caída en los niveles de aprobación y procura impulsar una suerte de relanzamiento mediante nuevas iniciativas y programas. Si bien las contingencias internacionales han incidido negativamente sobre la coyuntura nacional, resulta pertinente señalar que ninguno de estos factores alcanza la magnitud del impacto ocasionado por la pandemia de Covid-19 durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, acontecimiento que alteró profundamente todas las áreas de la economía y la vida social.
En el contexto actual, los factores externos se vinculan principalmente a fenómenos económicos internacionales, entre ellos el incremento del precio de los combustibles, situación que repercute directamente sobre el poder adquisitivo de la población. A ello se suma el agravamiento de los problemas de inseguridad pública, un área históricamente compleja para los gobiernos de izquierda, que en ocasiones han interpretado el fenómeno delictivo solo como consecuencia de factores asociados a la desigualdad y la exclusión social. Asimismo, se ha registrado un fuerte incremento de las personas en situación de calle en el último año.

De acuerdo con datos difundidos por la consultora Factum, la disminución de la aprobación resulta particularmente perceptible entre quienes votaron por Orsi. Aunque la evaluación general continúa siendo relativamente positiva dentro de ese segmento, se observa un deterioro significativo respecto de mediciones anteriores.

En términos concretos, la desaprobación de la gestión presidencial entre votantes del Frente Amplio habría aumentado quince puntos en apenas dos meses. Con un nivel de desaprobación cercano al 46%, el rechazo se concentra especialmente entre jóvenes de entre 18 y 33 años y en residentes del interior del país. Paralelamente, un 29% mantiene una valoración positiva, mientras que un 24% expresa posiciones neutras. La consultora sostuvo además que el clima de opinión pública atraviesa “un proceso de caída de la aprobación y aumento sistemático de la desaprobación”, indicando asimismo que la aprobación presidencial descendió ocho puntos porcentuales entre el primer y el segundo bimestre de 2026.
Según el mismo informe, la reducción del respaldo se explica tanto por la pérdida de apoyo entre votantes de los partidos integrantes de la Coalición Republicana como, más recientemente, entre sectores que respaldaron al Frente Amplio en las elecciones de octubre de 2024.

El estudio también evidencia diferencias territoriales significativas entre Montevideo y el interior del país. En la capital, la aprobación hacia Orsi es superior en ocho puntos porcentuales, mientras que en el interior la desaprobación supera en diez puntos a la registrada en Montevideo. Este fenómeno no resulta particularmente novedoso si se considera que históricamente la capital ha constituido el principal bastión electoral de la izquierda uruguaya.

Lo que sí aparece como un elemento atípico es la velocidad con la que se ha deteriorado la aprobación gubernamental. Este fenómeno difícilmente pueda atribuirse a una única causa, sino que parece vincularse directamente con las expectativas generadas entre amplios sectores ciudadanos durante el proceso electoral. Muchos votantes esperaban transformaciones perceptibles desde los primeros meses de gestión y confiaban en que la alternancia política produciría mejoras sustanciales en salarios, pasividades, empleo y políticas sociales vinculadas a vivienda, salud y educación.

Sin embargo, el “baño de realidad” en primer año de administración, agravado por factores externos, pero también por indefiniciones internas, errores de gestión y tensiones dentro de la propia coalición gobernante –especialmente debido a presiones de sectores que demandan políticas más radicalizadas hacia la izquierda– habría contribuido al desencanto de parte del electorado que esperaba respuestas más inmediatas y de carácter expansivo.

Desde una perspectiva económica, diversos analistas sostienen que el desarrollo sostenible requiere la generación de condiciones favorables para la inversión, la mejora de la rentabilidad empresarial y la consolidación de un clima de negocios que incentive la creación de empleo. En este sentido, advierten sobre los efectos negativos que podrían derivarse de la persistencia de conflictos sindicales, cierres empresariales y pérdida de competitividad frente a otros países de la región que priorizan la generación de riqueza como condición previa para su posterior distribución.

En este marco, la apuesta gubernamental al denominado “diálogo social” ha generado cuestionamientos, sobre todo porque los grupos participantes –mayoritariamente vinculados al Pit Cnt y a sectores de izquierda– impulsan propuestas que contradicen el resultado del plebiscito de 2023 relativo a la reforma de la seguridad social. Entre dichas propuestas se menciona la reducción de la edad jubilatoria sin una fuente clara de financiamiento, lo que implicaría un aumento significativo del gasto público.

Asimismo, el Presupuesto Quinquenal fue elaborado sobre proyecciones de crecimiento económico que no se han concretado en la magnitud esperada, limitando así la disponibilidad de recursos para atender las prioridades definidas. No obstante, desde ciertos ámbitos del diálogo social continúan planteándose demandas de ampliación del gasto orientadas a responder a necesidades sociales legítimas, pero sin respaldo financiero suficiente, lo que podría traducirse en un incremento del déficit fiscal y en compromisos difíciles de sostener en el mediano plazo.

En definitiva, desde esta perspectiva crítica, la profundización de políticas de corte populista no constituye una solución sostenible para los problemas estructurales del país. Por el contrario, podría derivar en mayores niveles de desequilibrio económico y deterioro social, agravando dificultades ya existentes y comprometiendo la estabilidad futura.

Cada mañana al chequear el teléfono, hacer las compras de supermercado con pago electrónico, utilizar una aplicación móvil para hacer transferencias bancarias o reservar hora para el médico, asumimos que detrás de ese elemento intangible que llamamos “nube” existe una eternidad garantizada. Nuestra vida moderna corre sobre la premisa de que la conectividad es algo inmutable, como la fuerza de gravedad o el oxígeno. Sin embargo, la realidad es mucho más frágil y potencialmente peligrosa.
Un reciente e inquietante informe global respaldado por Naciones Unidas y elaborado en conjunto con la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y la Oficina para la Reducción del Riesgo de Desastres, ha puesto sobre la mesa una advertencia que deberíamos atender antes que las pantallas queden desconectadas: el riesgo de un apagón digital masivo ya no es una fantasía de una película de ciencia ficción sino algo probable aunque sin fecha exacta.

Históricamente los comités de crisis y los expertos en seguridad han enfocado sus esfuerzos en la figura del hacker o en sofisticados ataques cibernéticos. Sin embargo, el próximo gran colapso tecnológico podría ser provocado por una tormenta solar de escala geomagnética, una ola de calor extremo que frite los sistemas de enfriamiento de los centros de datos, una erupción volcánica o un simple y azaroso corte de un cable submarino de fibra óptica en las profundidades del océano.
El problema de fondo que plantea el documento no reside únicamente en la ocurrencia del evento en sí, sino en nuestra absoluta incapacidad de gestionar una “pandemia digital” que involucre un colapso sistémico en cascada. En un mundo totalmente hiperconectado, las fronteras entre lo digital y analógico se han disuelto. Y, en este contexto, si el suministro eléctrico falla, las telecomunicaciones caen en cuestión de minutos. A su vez, si éstas se interrumpen, los cajeros automáticos se apagan y los sistemas de pago colapsan. El efecto dominó haría que, paralelamente, si los pagos electrónicos se congelaran, las cadenas de suministros de alimentos y combustibles quedarían paralizadas.

Según los datos analizados por los expertos de la ONU, hasta el 89% de las interrupciones digitales vinculadas a desastres naturales son causadas por estos efectos secundarios y no por el impacto geográfico inicial. El número de ciudadanos afectados en forma indirecta podría incluso llegar a ser diez veces mayor que los de las víctimas de la catástrofe original.
La gravedad del escenario actual radica en un factor estrictamente cultural e institucional, relacionado con la demolición sostenida y silenciosa de los planes de contingencia analógicos. En aras de la eficiencia, la velocidad y la reducción de costos, la sociedad contemporánea ha desmantelado los cuadernos de registro, los teléfonos de línea física independiente, los archivos en papel y los sistemas manuales de distribución. Por ejemplo, si los servidores se interrumpen nuestros centros asistenciales perderían el acceso a los historiales clínicos en forma inmediata, las administraciones públicas y los comercios carecen por completo de instrumentos que les permitan funcionar a la vieja usanza. Es como si confiamos tanto en todo lo que hay actualmente que, en muchos sentidos, hemos eliminado el “plan B”.

Uruguay es uno de los países de mayor desarrollo en tecnologías digitales del mundo, lo cual nos genera una mezcla de orgullo y sentimiento de vulnerabilidad. Nuestras políticas de Estado han sido ejemplares en materia de avance de infraestructura de telecomunicaciones en las últimas décadas, la extendida red de fibra óptica para hogares y empresas desarrollada por Antel y la conexión directa al mundo mediante cables submarinos de última generación posicionan al país a la vanguardia de América Latina.
En sintonía con esta advertencia, en este mes de mayo, en el marco del Día Mundial de las Telecomunicaciones, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) remarcó la importancia de consolidar la resiliencia digital en el marco de la Agenda Uruguay Digital 2030.

Paradójicamente, es esta misma excelencia estructural lo que convierte a Uruguay en una de las sociedades más dependientes de la región de la estabilidad de su ecosistema virtual. La inclusión financiera y la digitalización de los trámites estatales han avanzado notoriamente en los últimos años y los ciudadanos utilizamos cada vez menos el dinero en efectivo para nuestras transacciones cotidianas, a la vez que el Estado centraliza gran parte de su información administrativa, interacción burocrática y sanitaria en redes informáticas. Tras haber finalizado con éxito los procesos de “apagón analógico” en la televisión y otras áreas de transmisión pública años atrás, la pregunta obligada es si la infraestructura crítica que sostiene toda esta autopista informática llegara a fallar de forma prolongada por un factor externo global ¿disponemos de amortiguadores operativos y sociales como para que el país no se detenga? Porque si no fuera así, nuestra densidad tecnológica podría significar que si el mundo llegara a sufrir una “pandemia digital”, Uruguay tiene más que perder que sus vecinos. En países de baja madurez digital un apagón devolvería a la población a rutinas analógicas que nunca abandonaron del todo, pero aquí donde el dinero físico es cada vez más un actor secundario y el Estado opera en red, un apagón prolongado podría significar detener la vida productiva en seco.

Necesitamos que la información crítica (identidad, registros de propiedad, datos de salud esenciales) cuente con respaldos físicos independientes de la red eléctrica comercial. Se necesita que las instituciones dispongan de respaldos de su información y generadores de energía de ciclo cerrado para sostener los servicios esenciales.
La resiliencia digital debe incluir también la dimensión económica para que el sistema financiero cuente con protocolos de contingencia para evitar el desabastecimiento de la población. Y atendiendo a la popular frase de “El Eternauta”: “lo viejo funciona”, no deberíamos olvidar a los radioaficionados que históricamente han sido puentes de comunicación en situaciones de catástrofes, por lo que sería interesante mantener estos nodos de comunicación de onda corta y VHF en las capitales departamentales y localidades rurales asegurando que las intendencias y los centros de salud puedan comunicarse sin depender de la infraestructura celular y de fibra óptica.

La advertencia de las Naciones Unidas no busca sembrar pánico ni sugiere que debamos renunciar a los extraordinarios beneficios de la tecnología actual. Pretende, no obstante, inyectar una dosis de realismo en la planificación estratégica de los gobiernos y las empresas privadas.
La resiliencia no consiste únicamente en aumentar los servidores de respaldo o blindar los nodos de ciberseguridad –lo cual es absolutamente necesario hacer–, sino en incorporar la variable de la posibilidad del apagón digital y prepararnos para seguir funcionando.
Es desde esta perspectiva que proteger el futuro implica no olvidarnos de cómo funcionábamos en el pasado. Mantener las capacidades analíticas y de soporte físico, asegurar las líneas de comunicación de emergencias y diversificar los mecanismos de intercambio comercial no deben ser vistos como retrocesos sino como pólizas de seguro para la vida institucional y económica del país. Ante un panorama de desastre digital que la ONU asegura ya tiene fecha abierta aunque desconocida, la previsión es la única herramienta capaz de permitir que, si un día las pantallas se apagan, la sociedad siga funcionando.