Opinión

Los números nacionales suelen ser útiles para describir tendencias, pero muchas veces esconden realidades que marchan en sentido contrario. Uruguay puede exhibir la creación de 26.000 nuevos puestos de trabajo y destacar que la mayoría de esos empleos fueron ocupados por mujeres. Sin embargo, ese crecimiento no se distribuyó de manera homogénea en el territorio. Al norte del río Negro, y particularmente en el litoral, la realidad laboral continúa marcada por el desempleo, la informalidad y la escasa generación de empleo de calidad.
Esa diferencia territorial no es una percepción ni una interpretación política. Fue señalada por dirigentes sindicales del interior del país y terminó siendo reconocida por el propio ministro de Economía, Gabriel Oddone, durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se analiza la Rendición de Cuentas.
El país es uno, pero sus realidades son múltiples. Allí donde crece la informalidad, no crece el empleo de calidad.
En esa situación se encuentran los departamentos del norte. El promedio nacional de informalidad alcanza el 22,8%. Sin embargo, en Rivera asciende al 44,4%; en Cerro Largo llega al 40,9%, y tanto Tacuarembó como Artigas superan el 30%. En el otro extremo aparecen Flores, con una tasa de 13,4%, y Montevideo, con 15,5%, muy por debajo del promedio. El problema es que los gobiernos suelen llegar a todo el territorio con un discurso uniforme, cuando las realidades departamentales son profundamente diferentes.
Lo mismo ocurre con el desempleo. Según el último trimestre publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al período marzo-mayo de 2026, Maldonado registra el índice más bajo del país, con 3,2%, muy por debajo del promedio nacional de 7,6%. En cambio, el litoral continúa exhibiendo tasas de dos dígitos: Paysandú alcanza el 11%, Río Negro el 12,1% y Treinta y Tres encabeza la lista con 12,5%.
Sin embargo, al igual que ocurre en otras regiones, la informalidad en Maldonado —22,5%— continúa siendo un desafío y se ubica por encima del promedio nacional de 21,5%. En Paysandú, el trabajo no registrado alcanza el 25,8%.
El crecimiento de la informalidad constituye una clara señal de deterioro del mercado laboral y de la pérdida de trabajadores dentro del sistema de seguridad social. El Pit Cnt, en su última reunión con el presidente Yamandú Orsi, le transmitió que los modelos enfocados exclusivamente en el crecimiento económico no están generando los resultados esperados para la masa trabajadora.
El documento entregado al mandatario señala: “Llama la atención que, a pesar de que se han creado más empleos que los que se han destruido, la informalidad crece”. Agrega que “abarca a 386.000 personas, equivalente al 22,1% de quienes trabajan”, y concluye: “Este indicador nos habla de que los empleos que se crean son de calidad inferior a los que se destruyen. Estos datos corresponden al primer trimestre del año”.
Es importante que el Pit Cnt destaque esta situación y que pueda comprobarse en el territorio. Las economías informales carecen del poder adquisitivo suficiente para dinamizar el consumo y fortalecer el circuito económico que sostiene a múltiples sectores de actividad. Sin embargo, el discurso oficial omite estos aspectos, imprescindibles para comprender el verdadero escenario económico, al menos en esta región del país.
La creación de empresas en Uruguay también admite una lectura menos optimista. Desde el gobierno se destaca un crecimiento cercano al 5% respecto del mismo período del año anterior.
Sin embargo, los datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que las nuevas empresas son cada vez más pequeñas, que las bajas aumentan y que los nuevos emprendimientos generan, en promedio, poco más de un puesto de trabajo cada uno.
Esto demuestra el avance de las empresas unipersonales y de las microempresas familiares. Y eso, por sí solo, no implica un crecimiento significativo del empleo. De hecho, las empresas que cerraron entre enero y marzo de este año dejaron sin trabajo a 11.359 personas.
Las cifras son elocuentes. Se crearon 10.659 nuevas empresas, que generaron 12.603 puestos de trabajo. El promedio es de apenas 1,18 trabajadores por empresa, lo que representa una caída cercana al 12% respecto del último trimestre de 2025.
Los emprendedores continúan activos y siguen generando sus propias fuentes de trabajo, aunque en una escala menor y con una capacidad cada vez más limitada para impulsar el empleo formal. Al mismo tiempo, también aumentó, en torno al 5%, el cierre de empresas respecto del año anterior. Fueron 8.282 las que cesaron su actividad y daban empleo a 11.359 personas. El saldo entre aperturas y cierres arroja más de 2.300 empresas nuevas, aunque, en su enorme mayoría, corresponden a emprendimientos unipersonales o microempresas, tal como surge de los propios datos.
Las lecturas globales, acompañadas por el contexto interanual, permiten comprender el complejo entramado del empleo en Uruguay, donde el desempleo que afecta a determinadas regiones no responde a una coyuntura pasajera, sino a problemas estructurales. Por eso resulta apresurado afirmar, sin mayores matices, que se crearon 26.000 nuevos empleos distribuidos de manera inclusiva en todo el territorio. En el litoral esa realidad no se percibe y la histórica dependencia de las zafras continúa siendo la principal esperanza para miles de trabajadores que el resto del año sobreviven en la informalidad.
En ese contexto llega al Parlamento la Ley de Competitividad, cuyo objetivo es reducir las gestiones que enfrentan las micro y pequeñas empresas ante una burocracia estatal cada vez más compleja. Hasta allí el planteo resulta atractivo. Sin embargo, las expectativas que genera esta iniciativa son moderadas, porque no aborda otros costos estructurales, como las tarifas públicas, los costos laborales o el precio de los combustibles, que inciden directamente sobre la viabilidad de cualquier emprendimiento. En consecuencia, difícilmente tenga un impacto significativo sobre las economías familiares, que luego alimentan el movimiento económico del resto de las actividades e inciden en las estadísticas de cada departamento. Tampoco se vislumbran cambios sustanciales para las zonas fronterizas, donde la actividad económica no depende de la simplificación de un trámite administrativo, sino de una realidad mucho más determinante: los precios son más convenientes del otro lado de la frontera.
También es necesario que los discursos políticos se adapten a las circunstancias de cada región, donde la historia, la cultura y la idiosincrasia marcan diferencias que perduran a través de las generaciones. Es lo que ocurre en Paysandú, cuya identidad continúa estrechamente ligada a un pasado de fuerte impulso industrial.

Hay conflictos laborales irracionales que terminan convirtiéndose en un problema para todo un país. Lo que ocurre desde hace semanas en el puerto de Montevideo pertenece claramente a esa categoría. Se trata del sexto episodio de conflictividad sindical en apenas un año, un conflicto que hace tiempo dejó de ser una discusión entre Terminal Cuenca del Plata (TCP) y el Sindicato Único Portuario. Hoy constituye una seria amenaza para la competitividad del Uruguay, su comercio exterior y la credibilidad internacional de su principal puerto.
Lo más preocupante es que, desde el gobierno, nadie parece dispuesto a asumir la verdadera dimensión del problema. Mientras el sindicato endurece sus posiciones y el Poder Ejecutivo se limita a expresar preocupación, la economía continúa pagando una factura que crece día tras día. El puerto opera en un clima de incertidumbre permanente; las navieras revisan sus escalas, los exportadores pierden mercados y los operadores logísticos acumulan pérdidas. Entretanto, el gobierno sigue apostando a que una negociación que lleva meses empantanada produzca, por sí sola, un milagro.
Toda negociación colectiva supone concesiones recíprocas. Pero cuando una de las partes condiciona el simple retorno al diálogo al pago de un bono mensual extraordinario de 50.000 pesos líquidos para todos los trabajadores o, alternativamente, a garantizar 25 jornales mensuales exista o no trabajo, la negociación deja de ser un ámbito de construcción de acuerdos para transformarse, lisa y llanamente, en un ejercicio de presión o de extorsión. Difícilmente pueda calificarse de otro modo una exigencia que pretende imponer beneficios extraordinarios antes siquiera de volver a sentarse a conversar.
El reclamo sindical ya no parece orientado únicamente a preservar derechos laborales. Apunta, en los hechos, a mantener un conjunto de garantías y privilegios construidos durante años al amparo de una posición de fuerza excepcional. Porque esa es la verdadera particularidad del conflicto portuario: quienes paralizan la actividad saben perfectamente que tienen la capacidad de afectar una parte sustancial de la economía nacional. Y utilizan esa ventaja como herramienta de negociación.
Nadie discute el derecho de huelga. Forma parte del sistema democrático y constituye una conquista histórica del movimiento sindical. Lo que sí resulta cuestionable es el abuso de ese derecho cuando termina convirtiéndose en un mecanismo de extorsión sobre el conjunto de la sociedad. Porque los perjudicados ya no son únicamente la empresa empleadora. Son cientos de exportadores, importadores, transportistas, agencias marítimas, depósitos fiscales, despachantes de aduana, trabajadores independientes y pequeñas empresas que nada tienen que ver con el diferendo, pero que soportan íntegramente sus consecuencias.
La situación adquiere una gravedad aún mayor si se considera el funcionamiento específico del puerto de Montevideo. Más del 90 % del movimiento de contenedores del país depende de una terminal cuya operativa lleva semanas sometida a paros parciales, interrupciones sorpresivas y modalidades de protesta que hacen imposible cualquier planificación logística seria. Ningún cliente internacional acepta indefinidamente semejante grado de incertidumbre, mucho menos en un mercado donde abundan puertos competidores dispuestos a captar ese tráfico.
Ese es el verdadero daño que muchas veces no aparece reflejado en las estadísticas diarias. Las pérdidas millonarias provocadas por cada jornada de paralización son importantes, pero pueden recuperarse con el tiempo. La pérdida de reputación, en cambio, demanda años. En el negocio marítimo, un puerto deja de ser atractivo mucho antes de quedar vacío. Basta con que sea considerado poco confiable para que las navieras comiencen a buscar alternativas permanentes.
Eso es, precisamente, lo que ya está ocurriendo. Los desvíos hacia Buenos Aires, Santos, Río Grande o Itajaí dejaron de ser una amenaza para convertirse en una realidad. Algunas de las principales líneas navieras del mundo ya modificaron servicios, cancelaron escalas o trasladaron operaciones hacia otros puertos de la región. Recuperar esas rutas será extremadamente difícil. La logística internacional se organiza sobre la base de la previsibilidad, no de la esperanza de que el próximo conflicto dure menos que el anterior.
Los propios datos oficiales muestran una caída significativa en el movimiento de contenedores. Pensar que semejante retroceso responde exclusivamente a factores coyunturales sería un ejercicio de ingenuidad. La competencia regional avanza mientras Uruguay transmite exactamente el mensaje contrario al que debería proyectar: incertidumbre, conflictividad permanente y ausencia de respuestas.
Pero si la conducta sindical merece cuestionamientos, la actitud del gobierno resulta todavía más desconcertante. Hasta ahora, la respuesta oficial ha consistido, esencialmente, en manifestar preocupación y promover instancias de diálogo. Ambas cosas son necesarias, pero claramente insuficientes. Cuando un conflicto privado comienza a comprometer el interés general, el Estado tiene la obligación de actuar con mayor firmeza.
No se trata de intervenir en favor de una empresa ni de desconocer derechos sindicales. Se trata de proteger un servicio estratégico para el país. El interés general no puede quedar subordinado indefinidamente a una negociación que no encuentra salida porque una de las partes continúa elevando sus exigencias mientras mantiene paralizada buena parte de la actividad.
Existen herramientas legales para enfrentar situaciones excepcionales. Los protocolos de contingencia y, llegado el caso, la declaración de servicios esenciales no constituyen una agresión contra los trabajadores. Son mecanismos previstos precisamente para impedir que la paralización de determinados servicios termine lesionando los derechos de millones de personas que permanecen completamente ajenas al conflicto.
Sorprende, por ello, la resistencia del gobierno siquiera a considerar esas alternativas. La imagen que transmite es la de un Poder Ejecutivo más preocupado por no incomodar a un actor sindical que por preservar la competitividad de una infraestructura crítica para el desarrollo nacional. Esa actitud no fortalece el diálogo; simplemente prolonga un conflicto cuyos costos recaen sobre toda la sociedad.
Ha llegado el momento de que el gobierno comprenda que la neutralidad también tiene consecuencias.
Defender el derecho de negociación colectiva no implica tolerar indefinidamente que un sector estratégico del país permanezca sometido a una lógica de bloqueo permanente. Cuando el ejercicio de un derecho comienza a comprometer el bienestar general, corresponde al Estado restablecer los equilibrios.
Porque, en definitiva, el puerto no pertenece ni a la empresa ni al sindicato. Pertenece al país. Y ese país no puede quedar sometido al talante de un poder sindical que actúa como si estuviera por encima del interés general.

Guillermo Pérez Rossell murió el pasado 4 de julio, cumplido ya los 90 años, creo, –detalles y precisiones son anécdotas– dedicados en su totalidad casi al periodismo. Fueron unos 66, como puntal de El País, según consignó este diario en su despedida.
Alguien me avisó por redes y vi además un tuit de Graziano Pascale, dando cuenta: “Qué triste noticia. Partió Guillermo Pérez Rossell, un periodista de raza, que dejó su huella en la historia de El País….”.

Sumó un comentario personal: “El gremio pierde uno de sus más nobles integrantes. Hoy las campanas doblan por todos los periodistas. Además un amigo. Qué pena infinita”. A su vez Graziano abundó :“Vivirá siempre en quienes lo conocimos. Cumplió al pie de la letra lo de Kapuscinski: no se puede ser un buen periodista si no se es una buena persona”.

Todo cierto. Cumplió su tarea a cabalidad, con dedicación completa; por más de medio siglo como secretario de redacción cargó en sus espaldas la responsabilidad de hacer que el diario apareciera todos los días: era de esos “jefes-peones” del periodismo, que recién culminaban su tarea del día a la madrugada del día siguiente luego de dar el “vamos” a las rotativas. Remero incansable.
“Es así, poeta, son esos periodistas laburantes, que no aparecen ni figuran tanto, pero sin cuya existencia los diarios no estarían en la calle todos los días”, machacaba siempre el gran maestro, Francisco Luis Llano, el periodista argentino que entre otras cosas hizo el diario Clarín de Buenos Aires.

Guillermo era gran periodista y humilde , -´-“rara avis” en el gremio, hay que confesarlo– y su prioridad era, precisamente, poner el diario en la calle para que, por sobre todas las demás, los ciudadanos recibieran información. Porque también era un defensor implacable de la libertad de expresión. Me consta.

Lo conocí por la segunda mitad de la década del ’60 del siglo pasado; cuando el largo conflicto de la prensa, por el ’67, creo, en la mesa que “presidía” el maestro de Guillermo, como mío y de tantos otros, Luis Horacio Vignolo –otro grande–, en El Sorocabana de la Plaza Libertad, planta baja y especie de ágora de la Asociación de la Prensa Uruguaya- APU- ubicada unos pisos mas arriba.
Después se nos hizo una costumbre vernos por allí a tomar un cafe e intercambiar datos y chismes de la profesión y el gremio.
Nuestra relación se afianza cuando Guillermo pasó a ser parte de la delegación de El País que asistía a las reuniones y asambleas de la Sociedad Interamericana de Prensa. Allí también se vio al obrero, del mejor nivel intelectual y profesional, trabajar y ayudar a que las cosas salieran en tiempo y forma de las diversas Comisiones que desarrollaban una intensa labor en pos de la defensa de la libertad de prensa. Guillermo destacó y destacó mucho.

Y cuando se suponía que iba a llamarse a sosiego, incluso porque los avances técnicos nos dejaban un poco atrás –a los viejos con catálogos atrasados, diríamos– él se puso a la vanguardia y hoy el País Digital es el permanente y continuo homenaje a Guillermo Perez: fue su pionero y “ empujador” sin pausa y hasta fastidioso. ¡Que curiosidad tan grande!, propia del periodista de primera, con una energía no tan común.

Y cuando se tomó un tiempito se dedicó a escribir, a contarnos de sus recorridas por el mundo y dio rienda suelta a su gran sensibilidad, a sus miradas profundas y a su poder de comunicador, que sabe lo que es noticia y como contárselo a la gente. Sus notas las recogió en un libro: “ El inexplicable ser humano y sus países”
Y no se quedó ahi. Ya mayor convocaba cada tanto a su casa a viejos colegas, en tertulias enriquecidas por la memoria y la imaginación, transformando aquello en una alegre y gran redacción.
Merece que estemos de luto y de duelo. Por haber sido un gran periodista y porque era un gran compañero.

Hay una afirmación sobre la realidad política de los Estados Unidos que cada vez es más asumida como una verdad evidente, formando parte del paisaje político estadounidense de manera prácticamente incuestionable. Se trata del emergente Democratic Socialists of America (DSA).

Aparecen nombres como Claire Valdez, Darializa Ávila Chevalier, Melat Kiros, junto a otros más conocidos, como Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib y Zohran Mamdani. Todos ellos van expandiendo su influencia y consolidando avances; cada paso ha estado marcado por la prudencia, pero también por una dosis de audacia.

Tres referentes del siglo XX

El DSA tiene sus orígenes en el Partido Socialista de América (Socialist Party of America, SPA), cuyos dirigentes más notorios fueron Eugene V. Debs, Norman Thomas y Michael Harrington.

Debs fue un reconocido dirigente sindical, fundador de los Industrial Workers of the World y candidato en cinco oportunidades a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Socialista de América. Su consecuente militancia sindical y política le valió un amplio reconocimiento, convirtiéndose en uno de los socialistas más conocidos de la historia estadounidense. Vivió entre 1855 y 1926 y fue en las elecciones de 1912 cuando obtuvo su mejor resultado electoral, con cerca del 6 % de los votos.

Norman Mattoon Thomas (1884-1968) fue otro destacado dirigente del SPA y también candidato presidencial en varias ocasiones. Su plataforma socialista y pacifista continúa siendo reconocida hasta nuestros días. Al definir su pensamiento, Thomas destacaba su condición de antimilitarista y socialista cristiano. Escribió varios libros, entre ellos una apasionada defensa de los objetores de conciencia de la Primera Guerra Mundial, ¿Es la conciencia un crimen?, y posteriormente Socialismo reexaminado, considerada una de las expresiones más representativas del consenso socialdemócrata de los años sesenta.

Edward Michael Harrington Jr. (1928-1989) fue igualmente un destacado socialista democrático estadounidense. Sobresalió como escritor; su obra más conocida fue The Other America (1962). Sin embargo, Harrington no limitó su actividad al ámbito intelectual: también fue dirigente político, teórico, profesor de Ciencia Política y comentarista radial. En 1982 fue uno de los fundadores de los Democratic Socialists of America y su primer líder de mayor proyección.

DSA, 1982

En 1972, durante la convención anual del partido, el SPA decidió transformarse en una organización menos radical y adoptar el nombre de Social Democrats USA.

Al año siguiente, Harrington, quien encabezaba una facción minoritaria del SPA y se había opuesto a esa transformación, fundó el Democratic Socialist Organizing Committee (DSOC). Otra fracción dio origen al Socialist Party USA.

Los Democratic Socialists of America nacieron oficialmente en 1982 como resultado de la fusión entre el DSOC y el New American Movement (NAM), una alianza de intelectuales socialistas y comunistas con raíces en los movimientos de la denominada Nueva Izquierda de las décadas de 1960 y 1970.

Para dimensionar el peso político de aquella corriente, basta señalar que, al momento de la fusión, el nuevo DSA reunía alrededor de cinco mil afiliados provenientes del DSOC y aproximadamente mil del NAM.

Hoy, el Democratic Socialists of America es una organización política que ha recorrido un sostenido proceso de crecimiento. Ha superado las tensiones propias de toda etapa fundacional y ha comenzado a influir en las principales ciudades del país, con dirigentes que destacan por su personalidad política sin descuidar el trabajo colectivo.

Entre sus figuras más conocidas se encuentran Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib y Zohran Mamdani. Si bien el DSA no es un partido político, ha participado intensamente en procesos electorales a través de las elecciones internas del Partido Demócrata. Su crecimiento organizativo también ha sido significativo: pasó de unos seis mil miembros en 2015 a superar los cien mil en la actualidad.

El órgano de conducción del DSA es el Comité Político Nacional (CPN), integrado por veinticinco delegados que cumplen funciones similares a una junta directiva. Sus integrantes son elegidos cada dos años por la Convención Nacional. Cada capítulo del DSA tiene derecho a enviar delegados en proporción a su tamaño y también existen representantes elegidos “en general” para las zonas donde no existen capítulos activos.

Para integrar el Comité Político Nacional se establece que no más de la mitad de sus miembros sean hombres y que, al menos, el 20 % de los cargos estén reservados para personas racializadas. En 2025 se aprobó ampliar el número de integrantes de 16 a los actuales 25. Este comité elige, además, un Comité Directivo integrado por cinco de sus miembros. Las oficinas nacionales del DSA y del DSA Fund se encuentran en las ciudades de Nueva York y Washington D. C.

El huracán Bernie

Las adhesiones crecieron de manera exponencial cuando la organización se movilizó en torno a la campaña presidencial del senador por Vermont Bernie Sanders en 2016. Aunque aquella batalla electoral terminó en derrota, tanto esa campaña como la de 2020 revelaron una energía política inédita dentro del sistema estadounidense y, particularmente, en la izquierda.

Para numerosos analistas, ambas campañas constituyeron la primera gran señal de advertencia para el establishment demócrata: una parte importante del electorado buscaba un cambio y había encontrado en Sanders un vehículo para expresar esa expectativa.

El largo recorrido político de Sanders nunca fue sencillo. Incluso como candidato independiente que competía dentro de las primarias del Partido Demócrata debió enfrentar fuertes cuestionamientos. Sin embargo, a partir de 2016 el escenario comenzó a modificarse. El movimiento progresista inició un proceso de crecimiento, articulándose con quienes se definían como socialistas democráticos y encontraban en Sanders un referente político e intelectual.

Otro punto de inflexión llegó en 2019, cuando las representantes Alexandria Ocasio-Cortez, por Nueva York, y Rashida Tlaib, por Michigan, ambas integrantes del DSA, comenzaron a actuar coordinadamente junto con otros legisladores progresistas en el Congreso. Su presencia generó inquietud e incluso preocupación dentro del liderazgo tradicional del Partido Demócrata. Ambas reconocen la influencia política ejercida por Sanders.

En términos generales, tanto simpatizantes como críticos coinciden en que el número de legisladores y dirigentes progresistas ideológicamente cercanos al socialismo democrático es considerablemente mayor que el de quienes integran formalmente el DSA.

Creciendo

Los socialistas democráticos han obtenido importantes éxitos desplazando a legisladores tradicionales en distritos fuertemente liberales, para luego imponerse con comodidad en las elecciones generales de esos mismos distritos.

La incógnita sigue siendo si lograrán reproducir esos resultados en elecciones altamente competitivas. En procesos electorales anteriores, los republicanos obtuvieron buenos resultados vinculando a los candidatos demócratas con Bernie Sanders y el socialismo democrático para presentarlos ante el electorado como excesivamente liberales y alejados de las preocupaciones de la mayoría de los ciudadanos.

Las operaciones

No está claro si podrán ganar las operaciones de medio orden, que esperan la misma impronta, con una proyección fin en términos militares. Hay una vitalidad relacionada al enemigo. Ya están prontos, desplegados, a la espera de una reserva.

El art. 13 del Código del Proceso Penal (CPP) establece: “(Etapas del proceso). El proceso penal comprende el proceso de conocimiento y el proceso de ejecución, en su caso”. Pues bien, está claro que el proceso de ejecución penal, es decir, la etapa de cumplimiento de la pena, es también parte del proceso penal, y diríamos que la parte más importante, de la cual nadie se ocupa, (tampoco parece haber sido considerada por la Comisión de reforma del proceso penal).

Es más, se da en el punto una paradoja, pues la modificación de un instituto centenario como lo es la libertad anticipada, que hoy está limitada para una serie de delitos, con buen criterio se ampliaba y se habilitaba la posibilidad de que personas que fueran condenadas por homicidios, abusos sexuales, etcétera, pudieran tramitar este beneficio, el que podrían obtener luego de evaluaciones psicológicas sobre la rehabilitación del recluso y de decisiones de fiscales y jueces.

Pero, lamentablemente, la demagogia punitiva que viene ganando a todas las bancadas del parlamento, llevó a que esa posibilidad fuera retirada de la discusión, sin más. Más allá de ese aspecto y alguno menor, no existen en este proyecto de reforma mayores modificaciones. Ahora bien, ¿era necesario introducir modificaciones al proceso de ejecución de la pena en nuestro país? Pues evidentemente sí. Sin perjuicio de que la pena, sus clases, su monto, su determinación, es un tema de derecho penal sustantivo y no de una reforma del proceso penal, el proceso como instrumento es el que se encarga de su cumplimiento, y en esa tarea debe preservar los derechos de los penados, los que solo tienen limitada la libertad ambulatoria, pero no otros derechos como el derecho a la vida y a su integridad física y mental.

Entonces, la pregunta elemental, es si tenemos un modelo de cumplimiento de la pena que respete el artículo 26 de la Constitución Nacional, máxime cuando la norma en cuestión ordena: “A nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”. Está más que claro que nuestras cárceles no cumplen, salvo excepciones, con ese mandato, pero no lo hacen desde mucho tiempo atrás, habiendo conspirado en tal sentido la inflación legislativa de creación de delitos, de aumento de penas, de limitaciones a las libertades provisionales, anticipadas, etcétera, que han traído como consecuencia que hoy tengamos 17.000 presos, un promedio de 477 cada 100.000 habitantes, siendo el país con más prisionalización de Latinoamérica, situación que hace imposible el manejo razonable de esa masa humana que termina siendo un montón de olvidados para el común de la gente.

Es más, el excomisionado parlamentario, Miguel Petit, informa que el 46% de la población carcelaria vive en situaciones crueles e inhumanas, el 37% está en centros donde no es posible la rehabilitación, y solo el 17% vive en establecimientos aptos para la rehabilitación, es decir, solo 2.890 presos de 17.000; ¿qué hacemos con los 14.110 restantes? Hablamos de un sistema con un 120% de sobrepoblación, y 57 muertes de personas en custodia del Estado en el último año.

Como decimos, en esta etapa de reformas del proceso penal, lo único interesante que existía en la propuesta, referido a la libertad anticipada, ya no existe, por el miedo del sistema político a enfrentar el dilema de la gente privada de libertad. Pero no solo no existe ninguna norma sobre ese tema, tampoco se modifica un instituto como el de la redención de pena por trabajo y estudio, beneficio creado por la ley de humanización del sistema carcelario, que pretendía que el recluso una vez ingresado, pudiera, con su esfuerzo, ir pagando su pena de una forma que no fuera el ocio compulsivo, instituto al cual los distintos gobiernos han ido limitando cada día más, al punto de establecer que ciertas personas que han cometido determinados delitos no pueden acceder al beneficio.

Tampoco se da ninguna variación sobre el régimen de salidas transitorias para trabajar o para acercamiento familiar, la que sigue limitada por delito y por tiempo de reclusión. Nada de esto se ve reflejado en este proyecto de reforma del proceso penal, y uno se pregunta por qué se dará eso. Somos de los que creemos que el tema de la cárcel y de los condenados es un tema que el sistema político y la academia no ha tenido ni tiene la valentía para encarar, pero tarde o temprano deberá hacerlo, pues es más que claro que la cárcel es una de las causas principales de la criminalidad en nuestro país.

Visto lo anterior, es imposible pensar que tendremos una baja de los delitos y una mayor y mejor seguridad ciudadana, si no pensamos en mejorar las condiciones de las cárceles, y si no dejamos de pensar que la pena privativa de libertad es la única forma de “pagar un delito”, pues a las pruebas me remito, las campañas de ley y orden, de hay orden de no aflojar, de vivir sin miedo, etcétera, lo único que han logrado en nuestro país, es inocular la visión de que todo se soluciona por la vía de la mayor represión, y eso ha sido un error que estamos pagando todos los días con las cifras de la delincuencia que tenemos.

Por último, y pese a que el proyecto en ciernes pareciera no pasar de reformas superficiales, aguardamos igualmente la posibilidad de que se le pueda hincar el diente a este drama nacional.

Federico Álvarez Petraglia

Hay cifras que deberían provocar una conmoción nacional. Sin embargo, en Uruguay pasan casi desapercibidas, perdidas entre declaraciones políticas, inauguraciones, promesas y discusiones de ocasión.
Según los datos correspondientes a 2025, el Tribunal de Cuentas observó gastos por 1.750 millones de dólares.
Sí, leyó bien. Mil setecientos cincuenta millones de dólares.

Y aquí es donde conviene recordar algo fundamental: el Tribunal de Cuentas no determina si un gasto es simpático o antipático, de izquierda o de derecha, popular o impopular. Su función es mucho más sencilla: verificar si ese gasto se ajusta o no a la normativa vigente.

Por eso la cifra resulta tan alarmante.

Porque detrás de cada observación aparece una pregunta inevitable: ¿cómo puede ser que quienes administran dinero ajeno no sean capaces de cumplir las mismas reglas que les exigen a los ciudadanos?
Y es imposible no hacer memoria.

En 2002, cuando Uruguay atravesaba la peor crisis económica de su historia reciente, el gobierno de Jorge Batlle logró obtener un préstamo puente de 1.500 millones de dólares que permitió evitar el default y mantener al país de pie cuando parecía tambalearse al borde del abismo.

Aquellos 1.500 millones fueron considerados entonces una cifra gigantesca. Una cifra capaz de definir el destino económico de toda una nación.

Hoy descubrimos que los gastos observados por el Tribunal de Cuentas en un solo año alcanzan los 1.750 millones de dólares.

Es decir, una cifra superior a aquel salvavidas histórico que permitió rescatar al Uruguay en uno de sus momentos más dramáticos.

Y entonces surge la pregunta que nadie parece querer responder.

Si los organismos públicos, nacionales y departamentales, administraran los recursos con el mismo cuidado con que cualquier familia administra el presupuesto de su hogar, ¿cuántos impuestos podrían aliviarse?

¿Cuántos préstamos dejarían de ser necesarios?

¿Cuántas obras podrían financiarse sin seguir metiendo la mano en el bolsillo de quienes trabajan y producen?

Lo más preocupante es que las observaciones parecen haberse transformado en una costumbre.

Se observa. Se toma nota. Se sigue adelante.

Y nadie se inmuta demasiado. Como si la legalidad fuera una recomendación. Como si los recursos públicos fueran infinitos. Como si el dinero de los contribuyentes apareciera por generación espontánea.
Pero no aparece.

Sale del comerciante que paga impuestos. Del jubilado que hace cuentas para llegar a fin de mes. Del trabajador que ve cómo cada peso cuesta ganarlo.

Por eso el problema no son solamente los 1.750 millones observados.

El verdadero problema es la naturalidad con que aceptamos que semejante cifra deje de escandalizarnos.
Porque cuando una sociedad deja de sorprenderse por el uso irregular de los recursos públicos, el despilfarro deja de ser una excepción.

Y pasa a convertirse en un sistema. Y como ocurre siempre, la cuenta final nunca la pagan quienes gastan.
La termina pagando el ciudadano.

Este quedó con un puñal más profundo porque la comparación entre los 1.500 millones que evitaron el default en 2002 y los 1.750 millones observados en 2025, genera un contraste muy potente y fácil de entender para cualquier lector.

David Doti

Les comento mi experiencia con el cáncer de próstata para que otros no sufran lo que yo pasé.

Todo por culpa de un médico muy ignorante.

El PSA prostático debe estar siempre por debajo de 1. Es decir, 0,40, 0,76 está bien así tengas 15 o 100 años. Si ese indicador pasa a estar en, digamos, 1,26, 1,80 o más eso nos dice que hay algo en la glándula, casi siempre algo malo.

Pero a mí me dejaron subir hasta los 3,86 y se despertó un cáncer grado 4 y metástasis. Me salvé por los pelos de una muerte segura y ahora tengo la posibilidad de contarles ese calvario.

Gracias al gran urólogo Gilberto Chéchile de Paysandú –ahora radicado en España hace años y un capo a nivel internacional–, pude orientarme en el tema.

Me operaron con el robot Da Vinci y después pasé por 25 días de radioterapia y 4 inyecciones de Eligard. El posoperatorio fue una muy fea experiencia.

Así que ya saben, el PSA siempre en menos de 1, que no les cuenten milongas. El análisis se hace con sangre, tres días antes no se puede tener sexo, ni masturbarse, ni bicicleta, ni andar a caballo.

Otro dato importante: en Buenos Aires hay dos ecógrafos ExactVU con los que ven cualquier anomalía en la próstata, es lo máximo en el tema. En Uruguay no hay nada parecido.

Es el cáncer más fácil de detectar y curar agarrado a tiempo.

Horacio Francolino

La Organización Mundial de la Salud (OMS) junto a la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer publicaron esta semana su informe sobre la situación mundial del cáncer 2026. Esta enfermedad —conjunto de enfermedades, si se prefiere— sigue siendo la segunda causa de muerte en el mundo, después de las enfermedades cardiovasculares, con unos 20,6 millones de nuevos casos y cerca de 10 millones de muertes al año. En el documento se agrega la advertencia de que, en caso de no adoptarse medidas urgentes, la enfermedad seguirá creciendo en número de casos hasta alcanzar casi 35 millones para 2050.
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, manifestó en el marco de esta presentación que “el cáncer es una enfermedad profundamente personal que nos afecta a casi todos” y agregó que el “que una persona sobreviva al cáncer nunca debería depender del lugar donde nació ni de cuánto gana”.
Es que, de acuerdo con el responsable de la OMS, las desigualdades documentadas en el informe “no son inevitables”, sino consecuencia de decisiones que pueden revertirse mediante una acción más fuerte y coordinada.
De qué se tratan estas brechas. El informe las señala en el acceso a la prevención, al diagnóstico, al tratamiento y hasta a los cuidados de apoyo. Señala, a modo de ejemplo, que mientras el 87% de las mujeres con cáncer de mama sobrevive al menos cinco años después del diagnóstico en los países de ingresos altos, la proporción desciende a alrededor del 42% en los países de ingresos bajos. La diferencia es alarmante. Pero además indica que menos de uno de cada tres países incluye actualmente la atención del cáncer dentro de sus paquetes de cobertura sanitaria universal.
El informe también habla del impacto que ocasiona esta enfermedad en las personas. La primera encuesta mundial de la OMS dirigida a personas afectadas reveló que al menos el 45% experimenta dificultades económicas, más de la mitad enfrenta problemas de salud mental y casi todos los cuidadores sufren algún tipo de sobrecarga, como trabajo no remunerado o aislamiento social.
Por otra parte, el informe publica la estimación de que casi cuatro de cada diez casos de cáncer están asociados a factores de riesgo prevenibles. Aquí aparecen situaciones como las infecciones por el virus del papiloma humano, las hepatitis B y C y la bacteria Helicobacter pylori, prevenibles mediante vacunas, pero además otros factores como el consumo de tabaco y alcohol, el sobrepeso y la obesidad, y la falta de actividad física.
El cáncer de pulmón continúa siendo la principal causa de muerte por cáncer en el mundo. Entre los hombres, los tipos más frecuentes son el de pulmón, próstata y colorrectal; entre las mujeres predominan el de mama, pulmón y colorrectal.
Desde 2010 a la fecha el consumo de tabaco cayó en el mundo un 27%, y ello contribuyó a la reducción de casos y muertes por cáncer de pulmón. El 82% de los países vinculados a la OMS posee un plan nacional de control del cáncer, cuando hace 16 años esta cifra era apenas del 50%. También da cuenta el reporte de un aumento tanto en la cobertura de los programas de vacunación como en iniciativas de detección temprana y en la investigación científica, con un crecimiento anual del 7,3% en los ensayos clínicos registrados entre 2005 y 2021. Sin embargo, el acceso a estos avances no es igual para todos. En los países de ingresos bajos y medianos bajos, la disponibilidad de los 20 medicamentos esenciales prioritarios contra el cáncer oscila entre apenas el 9% y el 54%, mientras que en los países de ingresos altos alcanza entre el 68% y el 94%.
Todos estos datos están incluidos en el resumen operativo del informe, que propone un cambio de enfoque como forma de afrontar lo que se vendrá. Allí se insta a los gobiernos, a los organismos internacionales, a la sociedad civil, a las instituciones académicas y al sector privado a adoptar un enfoque centrado en las personas y en las familias afectadas por el cáncer. Entre las principales recomendaciones figuran integrar el control del cáncer en la cobertura sanitaria universal, reforzar la protección social de las personas afectadas e impulsar una investigación e innovación que respondan a las necesidades de salud pública y garanticen un acceso equitativo a los avances médicos. El planteo de la OMS es que las decisiones que se adopten hoy “determinarán la carga de cáncer que afrontarán las próximas generaciones” y sostiene que reducir las desigualdades “será clave para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo”.
Ahora bien, estos datos son promediales y no necesariamente reconocen realidades diferentes dentro de los mismos países. Quizás sería demasiado pedir que se detalle en un informe global cuál es la realidad de acceso a la prevención, al diagnóstico, al tratamiento y hasta a los cuidados de apoyo para quienes habitan el resto del territorio saliendo del área metropolitana de Uruguay, y ni hablar del norte del río Negro o en poblaciones por debajo de los 5.000 habitantes, que son las más en nuestro país. Y si a este corte le agregamos la dimensión socioeconómica, las diferencias son aún mayores. La enfermedad es difícil de afrontar y supone un montón de desafíos asociados, aunque también depende dónde te encuentre.

El intercambio registrado en las últimas horas en la Cámara de Diputados entre el legislador nacionalista Juan Martín Rodríguez y la diputada frenteamplista Margarita Libschitz podría parecer, a primera vista, una discusión menor. Mientras el país enfrenta problemas económicos, sociales y de seguridad que preocupan diariamente a la ciudadanía, debatir si corresponde decir “presidente” o “presidenta” podría parecer casi anecdótico.
Sin embargo, el episodio trasciende la elección de una palabra. Lo ocurrido en el Parlamento puso sobre la mesa una cuestión mucho más profunda: hasta qué punto determinadas corrientes ideológicas pretenden condicionar la forma en que los ciudadanos hablan y escriben.
La controversia comenzó cuando la diputada que presidía la sesión corrigió a quienes se dirigían a ella como “presidente”, reclamando el uso de “presidenta”. Rodríguez respondió con una fundamentación gramatical, recordando que “presidente” es un participio activo cuya forma no depende del sexo de quien desempeña el cargo. Aunque reconoció que la Real Academia Española admite también la forma “presidenta”, dejó en claro que continuará utilizando el término que considere adecuado y rechazó cualquier intento de imponerle una manera de expresarse.
Ese es el verdadero núcleo del debate.
Desde el punto de vista lingüístico, la cuestión resulta bastante menos polémica de lo que algunos pretenden. La Real Academia Española reconoce como correctas tanto las formas “presidente” como “presidenta” para referirse a una mujer que ocupa ese cargo. Ninguna de las dos es incorrecta.
Como toda lengua viva, el español evoluciona. Así se han consolidado femeninos como “jueza”, “médica”, “ingeniera” o “ministra”, plenamente aceptados por la norma académica. Esa evolución surge del uso de los hablantes y de la propia dinámica del idioma.
Muy distinto es cuando organizaciones o sectores políticos intentan convertir sus preferencias lingüísticas en obligaciones morales o institucionales.
En los últimos años, bajo el paraguas de la denominada ideología de género, se ha promovido una transformación del lenguaje que va más allá de la evolución natural del español. El uso sistemático de desdoblamientos —”ciudadanos y ciudadanas”, “alumnos y alumnas”—, así como de expresiones como “todes”, “amigues”, “lxs” o “tod@”, no responde a un proceso espontáneo de la lengua, sino a una construcción deliberada orientada a respaldar una determinada concepción de la sociedad.
No se trata únicamente de una preferencia estilística. Muchos de sus impulsores sostienen expresamente que modificar el lenguaje constituye un instrumento para transformar la realidad social, sobre la base de que el masculino genérico invisibiliza a las mujeres o a quienes no se identifican con el esquema binario de sexo.
El problema surge cuando esa visión deja de ser una opción personal para convertirse en una exigencia institucional.
La historia demuestra que numerosos proyectos políticos e ideológicos que aspiraron a moldear el pensamiento comenzaron intentando moldear el lenguaje. Las palabras dejan entonces de ser herramientas de comunicación para convertirse en instrumentos de ingeniería cultural.
No es casual que el denominado lenguaje inclusivo haya encontrado especial receptividad en organismos públicos, particularmente en ámbitos vinculados con la educación y la administración estatal. En muchos casos se procura instalar una terminología específica en documentos oficiales, materiales educativos y discursos institucionales, generando la percepción de que esa forma de expresión constituye una obligación más que una elección.
Frente a ello, las academias de la lengua mantienen una posición clara. La Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua Española no incorporan formas como “todes”, “amigues”, “lxs” o “tod@” al sistema gramatical del español y desaconsejan su utilización en documentos oficiales, académicos y educativos.
Nada de esto implica cuestionar a quien prefiera decir “presidenta”, “ministra” o “ingeniera”, formas plenamente admitidas por la norma, ni desconocer que el idioma evoluciona de manera constante.
Lo que sí corresponde rechazar es cualquier intento de convertir una preferencia lingüística en una obligación para todos.
Las lenguas cambian cuando los hablantes las transforman libremente, no cuando los gobiernos, las burocracias o los movimientos políticos pretenden dirigir esa evolución desde el poder.
En definitiva, el episodio parlamentario deja una enseñanza que trasciende la discusión entre “presidente” y “presidenta”. Ambas formas son válidas. Lo verdaderamente importante es preservar un principio esencial de toda sociedad democrática: que ninguna ideología, cualquiera sea su signo, tenga derecho a imponer a los demás cómo deben hablar, escribir o, en última instancia, pensar.

Vivimos sumergidos en la era de la aceleración constante, un tiempo vertiginoso donde la inmediatez parece haber secuestrado nuestra capacidad de asombro y de atención, un momento histórico en el que cada semana nuevos avances de la inteligencia artificial (IA) prometen automatizar nuestras tareas, optimizar nuestros tiempos y, supuestamente, facilitarnos la existencia. Sin embargo, detrás de esa promesa de eficiencia se esconde una paradoja: a medida que multiplicamos de forma exponencial el volumen de conocimiento codificado y almacenado en servidores digitales, el valor de la experiencia práctica, el desarrollo neurológico que requiere tiempo y la equidad social parecen estar en peligro de un desgaste silencioso e invisible.
“Puede que seamos la última generación capaz de definir los términos en que la humanidad y la IA coexistirán. La inteligencia artificial está avanzando a un ritmo vertiginoso. La cuestión es si podemos controlarla juntos o si dejamos que nos controle. Por primera vez, el Diálogo sobre IA reúne a todos los países en torno a una misma mesa. Ahora tenemos que convertir esta participación en una acción global para una IA más segura, justa, accesible y ética”, dijo el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, António Guterres, en la sesión inaugural del evento que se desarrolla estos días en Ginebra con el objetivo de asegurar una gobernanza que refleje las prioridades de todas las naciones, no solo las más avanzadas tecnológicamente, y que los beneficios de esta tecnología lleguen a todas las personas.
Los debates que se desarrollan en este ámbito abordan temas tan diversos como las oportunidades e implicaciones de la IA, cómo salvar las nuevas brechas que genera, su gobernanza, la cooperación internacional y la necesidad de una supervisión humana sólida de los sistemas de inteligencia artificial para garantizar la seguridad de acuerdo al derecho internacional.
Este diálogo global no trata solo de regular la inteligencia artificial, sino que pretende llegar a una visión compartida en la que el progreso tecnológico no se separe de la dignidad humana. Algo bastante complicado de lograr cuando hasta ahora esta tecnología se encuentra casi exclusivamente en manos de gigantes tecnológicos que, al fin y al cabo, son empresas con intereses económicos.
Si bien es cierto que la IA ya está siendo regulada —por reglamentos nacionales, normas técnicas, marcos de contratación y acuerdos bilaterales—, este es un proceso que se está dando de manera desigual, ya que en general los marcos de gobernanza han sido creados fundamentalmente por países con sectores avanzados en IA, mientras que los países más expuestos a las consecuencias de esta tecnología han tenido menor voz en el diseño de dichos marcos.
Por otra parte, la gobernanza que propone la ONU y otros organismos multilaterales apunta a garantizar que las voces de los territorios menos representados tengan un lugar en la mesa donde se discute el futuro digital del planeta.
El titular de las Naciones Unidas ha realizado un llamado para que se establezcan controles de gran alcance mundial que tengan en cuenta el bienestar de las infancias y también el hecho de que la IA se ha ido incorporando a los campos de batalla, y los robots asesinos no son ya un invento de ciencia ficción.
En este marco, la ONU y la Unión Internacional de Telecomunicaciones crearon el pasado 1° de julio una comisión global que pretende conectar el desarrollo de la inteligencia artificial con la toma de decisiones al más alto nivel, reuniendo a líderes políticos, representantes de organismos multilaterales y directivos de grandes empresas tecnológicas.
La idea que subyace en esta convocatoria es que el progreso tecnológico no debe estar reñido con la protección de los derechos digitales. Asimismo, existe preocupación por las grandes interrogantes que plantea la IA respecto al sesgo en los datos, la difusión de desinformación y la ciberseguridad de infraestructuras críticas. Las implicaciones de riesgo que puede tener la IA en la vida cotidiana no son pocas. Una respuesta que aparece en forma repetida es que el despliegue de decisiones automatizadas en áreas sensibles —como la asignación de subsidios, la evaluación de créditos, los procesos de selección, la administración de justicia y el manejo de datos personales y de salud— está generando nuevas brechas que perpetúan y profundizan desigualdades históricas.
Una IA responsable no depende del diseño abstracto de un código informático, sino de personas reales que la entrenan, deciden qué datos incluir, definen perfiles de usuarios estándar o generan sesgos a partir de invisibilizar realidades complejas en cuestiones de género, pertenencia étnico-racial, comunidades rurales o sectores vulnerables. Hasta ahora los algoritmos continúan operando como cajas negras que muchas veces replican sesgos clasistas o machistas bajo una falsa fachada de neutralidad técnica. Es por eso que la gobernanza de la inteligencia artificial debe dejar el plano de las declaraciones abstractas de principios éticos para convertirse, además, en protocolos operativos rigurosos.
No podemos permitir que estas herramientas tecnológicas moldeen la opinión pública, y que la educación y el trabajo queden bajo el control exclusivo de un puñado de corporaciones tecnológicas de alcance global.
En este plano de pensamiento cabe preguntarse si uno de los más grandes desafíos de nuestra época no es descifrar qué tan inteligentes pueden llegar a ser las máquinas, sino asegurar que la tecnología no termine deshumanizando nuestras formas de convivir, educar y trabajar. Y es desde esta mirada donde hackear la IA puede significar la reivindicación de los espacios comunitarios, el valor de la lectura en papel y las bibliotecas físicas, el trabajo colectivo, el encuentro presencial y el derecho a la desconexión, no como un acto anacrónico sino como un ejercicio de resistencia y lucidez.
Frente a la inmediatez del algoritmo que todo clasifica y automatiza en fracción de segundos, la contraofensiva va por el fortalecimiento de los lazos humanos locales, la protección de las infancias frente a los entornos digitales desregulados y la valoración de la experiencia humana como saber que ninguna máquina podrá descargar. La IA no tiene el poder de cambiar lo que pensamos; es el poder que le otorgamos lo que nos lleva a cambiar y hasta perder habilidades que antes teníamos. Habrá que ver quién le pone el cascabel al gato, porque tampoco se trata de anclarnos al pasado, sino de que el progreso tecnológico vaya de la mano de la equidad y la dignidad humana.

A esta altura de los acontecimientos, nadie desea con más ansias que se termine el Mundial 2026 que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Y eso que, como nosotros, la mayoría de las selecciones ya están eliminadas de la competencia y esperan pronta revancha en las competencias que vendrán. Pero el escándalo que viene protagonizando el organismo rector del fútbol no tiene precedente. Y eso que hubo todo un ejecutivo descabezado por un escándalo de corrupción al que se denominó FIFA Gate, por la compra de votos para la adjudicación de la sede mundialista a Catar, desplazando a Estados Unidos, que pretendía organizar la Copa en 2022.

Cómo será la cosa que Joseph Blatter, quien presidía el ejecutivo por ese entonces, se expresó en la antigua Twitter sorprendido y reclamando por la falta de rumbo de la FIFA actual.

¿Qué pasó? La FIFA decidió suspender la pena a un futbolista de la selección de Estados Unidos sancionado con tarjeta roja en su compromiso frente a Bosnia y Herzegovina. No cualquier jugador: Folarin Balogun es el más desnivelante de los delanteros del país norteamericano, que comparte la organización del torneo con México y Canadá. Sorpresivamente, la FIFA dio a conocer que la suspensión automática para el partido siguiente —de la que es objeto cualquier jugador que resulta expulsado— había sido levantada, aplicando de forma excepcional el artículo 27 de su Código Disciplinario.

Esta sorpresiva determinación desencadenó una serie de repercusiones, entre los enojos de las demás federaciones participantes, en especial la de Bélgica —el siguiente rival de los estadounidenses— y de la propia UEFA, confederación a la que pertenecen. Poco después, el periódico New York Times, que mantiene a su vez una disputa aparte con el presidente de Estados Unidos, dio a conocer una versión escandalosa sobre cómo terminó levantándose la pena de Balogun. Según el medio neoyorquino, el presidente Donald Trump llamó a Gianni Infantino en las horas posteriores al partido y “le pidió que revisara la suspensión del máximo goleador del equipo en la Copa del Mundo, Folarin Balogun, después de que se le dio una tarjeta roja, según cuatro personas familiarizadas con la conversación. El domingo, la FIFA revirtió la suspensión y anunció que el Sr. Balogun sería elegible para jugar el lunes contra Bélgica”.

Detalla además que “altos funcionarios de la administración Trump, incluido Howard Lutnick, el secretario de Comercio, y Andrew Giuliani, el director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca en la Copa del Mundo, contrataron abogados para ayudar a los Estados Unidos. La Federación de Fútbol intenta apelar, a pesar de las reglas de la FIFA contra tales apelaciones, según dos de las personas familiarizadas con la llamada”.

Pero incluso el propio Donald Trump salió a hablar del tema reconociendo su participación en el asunto. “Vi la jugada, y soy una persona que ama los deportes. Eso no fue una falta. Ni siquiera fue una infracción. Este árbitro, que es un poco sospechoso si revisas su historial, tomó una decisión que nadie podía creer. Es nuestro mejor jugador, o uno de nuestros mejores jugadores, y le sacó una tarjeta roja. No sabía qué significaba eso. Sí, pedí una revisión por parte de la FIFA”, declaró el mandatario.

Todo en apariencia muy inocente, muy cristalino, si no fuera porque la FIFA tiene estrictas normas que aluden a la intromisión gubernamental, que incluyen la prohibición de que gobiernos o políticos interfieran en las federaciones de fútbol locales. Sus estatutos exigen que sus miembros sean independientes y autónomos, y si un gobierno interviene, la federación correspondiente se expone a fuertes sanciones, incluida la suspensión inmediata de todas sus competiciones y eliminatorias internacionales. Para muestra un botón: la FIFA llamó la atención a la Asociación Uruguaya de Fútbol en 2014, luego de que el entonces presidente de la república, José Mujica, se reuniese con quien era entonces titular de la AUF, Sebastián Bauzá, y los presidentes de Nacional, Eduardo Ache, y de Peñarol, Juan Pedro Damiani. “El órgano rector del fútbol mundial quiere conocer las razones que llevaron a las autoridades del fútbol uruguayo a reunirse con el presidente de la República en la sede del gobierno nacional (Torre Ejecutiva), y el motivo por el que la Policía ya no custodia los partidos que se disputan en el estadio Centenario y el Gran Parque Central, el estadio de Nacional”, publicaba Subrayado.
Pero este celo no pesó en esta instancia, en la que no solamente se aceptó dar trámite a la solicitud de revisión de la pena, sino que además se resolvió favorablemente, ocasionando un caos reglamentario en la competencia actual, en próximos torneos y en la propia estructura de la FIFA, habitualmente tan inflexible.
Infantino salió a tratar de relativizar la situación y justificar la decisión. “Los órganos judiciales de la FIFA son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la FIFA y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre”, aunque reconoció sus contactos con Trump durante la Copa del Mundo. “Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la FIFA con el presidente de los Estados Unidos, y en este asunto, recibí una llamada del presidente Donald Trump, tal como recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes”.
No es ajeno a nadie que la FIFA, y en particular Infantino, tiene debilidad por Trump, tanto que le otorgó el año pasado el Premio de la Paz de la FIFA, un premio que no existía hasta entonces.
La FIFA lo creó y se lo dio a Trump, que por ese entonces estaba determinado a conseguir que le otorgasen el Premio Nobel de la Paz, premio que finalmente se entregó a la venezolana María Corina Machado y que ella a su vez le cedió al propio Trump.
Este episodio ha motivado que desde la interna de la FIFA y desde las diferentes confederaciones surjan miradas de desconfianza hacia la conducción del actual presidente. Habrá que esperar los movimientos políticos que vendrán, que se cuecen a fuego lento.
Ya este Mundial venía precedido de algunas controversias, como las pausas de hidratación y el anuncio de un entretiempo más extendido en la final al modo del Superbowl, pero este episodio puede ser la gota que colme el vaso de la paciencia con respecto a un anfitrión que no se lleva con el fútbol, por más que lo intenta una y otra vez, a fuerza de billetera y de influencia política, como en este caso, sin entender que hay cosas que no se pueden comprar. ¿O sí?

Con la llegada del invierno se repite un fenómeno que ya forma parte del calendario sanitario. Las bajas temperaturas, los cambios bruscos de clima y la permanencia de las personas en ambientes cerrados generan el escenario propicio para la propagación de virus y bacterias responsables de las enfermedades respiratorias de estación. Los servicios de emergencia y las consultas médicas vuelven a congestionarse, mientras resfríos, gripes, Covid-19 y otras afecciones encuentran las condiciones ideales para multiplicarse, especialmente entre quienes presentan enfermedades crónicas o factores de riesgo como asma, diabetes, cardiopatías o inmunodepresión.
No se trata de una situación nueva. Cada invierno pone a prueba la capacidad de respuesta del sistema sanitario y también la responsabilidad individual. Sin embargo, detrás y paralelamente a este incremento estacional de las enfermedades se esconde un problema mucho más profundo y silencioso, cuya magnitud recién comienza a ser plenamente comprendida: la creciente resistencia de microorganismos y parásitos a los tratamientos que durante décadas permitieron controlarlos con relativa eficacia.
Con frecuencia conocemos casos de pacientes cuya evolución se complica por infecciones intrahospitalarias o por bacterias que ya no responden a los antibióticos tradicionales. Lo que hasta hace algunos años podía resolverse con un tratamiento relativamente sencillo hoy exige medicamentos más específicos, tratamientos prolongados o la combinación de varias drogas. En algunos casos, incluso, las opciones terapéuticas comienzan a agotarse.
Lejos de tratarse de un fenómeno exclusivo de la medicina en el ser humano, estos procesos se dan también en el mundo animal, y un ejemplo claro es que Uruguay enfrenta un problema de similares características en uno de los pilares de su economía: la producción ganadera. La resistencia que ha desarrollado en los últimos años la garrapata frente a numerosos plaguicidas representa un desafío sanitario y económico de enorme magnitud. Los productores deben recurrir a tratamientos más costosos, más complejos y, muchas veces, con resultados cada vez menos satisfactorios.
Aunque pueda parecer que se trata de dos problemas completamente distintos, ambos comparten un origen común: el uso inadecuado, excesivo o repetitivo de las herramientas destinadas a controlar organismos perjudiciales. La automedicación, el empleo de antibióticos para enfermedades virales donde no tienen ningún efecto, la interrupción prematura de los tratamientos o su utilización indiscriminada ejercen una fuerte presión sobre las bacterias. En el campo ocurre algo similar cuando se aplican reiteradamente los mismos principios activos, se utilizan dosis incorrectas o se realizan tratamientos sin un adecuado monitoreo sanitario.
Existe además una idea muy difundida, aunque equivocada, según la cual las bacterias o las garrapatas “aprenden” a defenderse de los medicamentos y productos sanitarios. En realidad, lo que ocurre responde a uno de los principios fundamentales de la biología: la selección natural.
Ocurre que dentro de cualquier población de bacterias, virus, parásitos o incluso garrapatas existen diferencias genéticas naturales. Algunos individuos, por simple variabilidad biológica, poseen una mayor tolerancia frente a determinado antibiótico o plaguicida. Cuando se aplica repetidamente el mismo tratamiento, la mayor parte de la población desaparece, pero esos individuos naturalmente resistentes sobreviven. Posteriormente se reproducen sin competencia y transmiten esa característica a sus descendientes. Con el paso del tiempo, la población termina integrada mayoritariamente por organismos resistentes, reduciendo de forma considerable la eficacia de las herramientas disponibles.
No es solamente la intervención humana la que crea directa o indirectamente esa resistencia desde cero. Lo que hace es acelerar un proceso evolutivo que, de otro modo, avanzaría mucho más lentamente. En otras palabras, somos nosotros quienes, muchas veces sin advertirlo, favorecemos la supervivencia de aquellos individuos que mejor soportan los tratamientos destinados precisamente a eliminarlos.
Paradójicamente, este mismo mecanismo ha permitido la supervivencia de la propia especie humana y de innumerables especies animales a lo largo de millones de años. Las grandes epidemias que diezmaron poblaciones enteras también actuaron como un poderoso filtro evolutivo. Aquellas personas que, por variaciones genéticas heredadas, presentaban una mayor resistencia frente a determinadas enfermedades tenían mayores probabilidades de sobrevivir y transmitir esas características a sus descendientes. Generación tras generación, las poblaciones fueron adquiriendo una resistencia promedio superior frente a algunos agentes infecciosos.
Sin embargo, la selección natural no convierte a las personas en inmunes ni reemplaza el papel decisivo que han tenido la ciencia y la medicina. La desaparición de las grandes epidemias que en otros tiempos devastaban continentes no puede atribuirse únicamente a la evolución biológica. Las vacunas, los antibióticos, las mejoras en la higiene, el acceso al agua potable, el saneamiento ambiental, una mejor alimentación y los enormes avances de la medicina moderna han sido, probablemente, los factores más determinantes para aumentar la expectativa y la calidad de vida de la humanidad.
De hecho, la pandemia de Covid-19 dejó una enseñanza que no debería olvidarse. Los microorganismos también evolucionan. Mientras los seres humanos desarrollan nuevas estrategias para combatirlos, virus y bacterias continúan modificándose, generando nuevas variantes y adaptaciones. Se trata de una carrera permanente en la que ninguna victoria puede considerarse definitiva.
Precisamente por ello, preservar la eficacia de los antibióticos y de los productos veterinarios disponibles constituye una responsabilidad colectiva. No basta con desarrollar nuevos medicamentos si los existentes continúan utilizándose de forma irracional. Cada antibiótico prescrito sin necesidad, cada tratamiento interrumpido antes de tiempo o cada aplicación indiscriminada de un plaguicida contribuyen, aunque sea de manera imperceptible, a fortalecer a los organismos más resistentes.
La solución exige una estrategia integral. En medicina implica evitar la automedicación, realizar diagnósticos precisos y utilizar antibióticos únicamente cuando son realmente necesarios y bajo supervisión profesional. En la producción agropecuaria supone implementar programas de manejo integrado, rotación adecuada de principios activos, monitoreo permanente y estricto cumplimiento de las recomendaciones técnicas. Pero también demanda educación, investigación científica y políticas públicas sostenidas que promuevan el uso responsable de estas herramientas.

“Si la Policía detiene cada vez más delincuentes, la Justicia los procesa y aumenta día a día la población carcelaria, ¿por qué siguen apareciendo cada vez más delincuentes que generan un clima de inseguridad?”, preguntó en 2013 el entonces ministro del Interior, Eduardo Bonomi, durante un desayuno de trabajo organizado por “Somos Uruguay”.
Por aquellos días, el exsecretario de Estado hacía una fuerte referencia a la crisis de 2002 y a los cambios sociales que provocó la profunda debacle económica rioplatense, con un incremento de la pobreza y el desempleo.
Sin embargo, 24 años después, con la estructura de un sistema financiero sólido, una reducción de la pobreza y el desempleo, un aumento de las transferencias del Estado y sucesivos informes oficiales que destacan esas mejoras, cabe preguntarse: ¿cuál es la explicación para el aumento de la violencia asociada a la delincuencia y su profundización en las zonas más vulnerables de las ciudades?
Lo cierto es que no existe un correlato directo entre el crecimiento económico y la reducción del delito. Durante la década de 2010, el auge de los precios de las materias primas (commodities) impulsó con fuerza las exportaciones uruguayas, especialmente de productos clave como la soja, la carne y los lácteos.
Pocos recuerdan que en 2010 la economía uruguaya creció cerca de un 8% —para 2026 se estima una expansión de apenas 1,6%—, acompañado de un incremento histórico del consumo de los hogares. Después, la historia fue conocida: la economía se desaceleró y, durante los cinco años siguientes, se redujeron significativamente los ingresos por exportaciones. Al mismo tiempo, el delito avanzaba y la inseguridad ciudadana comenzaba a escalar hasta convertirse, desde 2009, en la principal preocupación reflejada por las encuestas, lugar que mantiene hasta hoy.
En los años siguientes, el país logró adaptarse a los vaivenes de la economía internacional, favorecido en distintos momentos por factores globales, como conflictos bélicos que impulsaron nuevamente algunos precios de exportación. Sin embargo, los indicadores sociales continuaron deteriorándose. Los índices delictivos crecían, la inseguridad dominaba los discursos de campaña, se impulsaban consultas populares para modificar la legislación penal y el miedo dejaba de ser una simple “sensación térmica”.
En la actualidad, el panorama es aún más complejo. La desaceleración económica pone en evidencia las dificultades para reducir vulnerabilidades sociales de carácter multidimensional, como la pobreza y la violencia, mientras las brechas se profundizan entre niños y adolescentes.
Con el paso de las distintas administraciones, la persistente desigualdad territorial marcó otro punto de inflexión. Las inversiones se concentraron en las zonas cercanas a los principales centros de consumo y con mejores condiciones logísticas. Al mismo tiempo, las fuentes tradicionales de empleo comenzaron a disminuir y la irrupción de las nuevas tecnologías encontró a una parte importante de la población con enormes dificultades para insertarse en el mercado laboral.
Así, el norte del país, históricamente más alejado de los principales polos de desarrollo, profundizó sus niveles de informalidad y bajos salarios. Sin embargo, la zona metropolitana, pese a exhibir mejores indicadores de desarrollo humano, concentra buena parte de la precariedad habitacional y mantiene elevados índices de homicidios y rapiñas.
El crecimiento económico que proyectan los consultores privados e incluso el propio gobierno difícilmente alcance para reducir esas brechas estructurales, aun considerando los incrementos de las transferencias monetarias destinados a los sectores más vulnerables. Ese es un desafío de largo plazo, porque se trata de poblaciones que seguirán viviendo en los mismos territorios donde se reproducen las desigualdades. En las periferias urbanas, el componente territorial también se ha convertido en un factor cultural de enorme peso.
La reducción del delito no es automática ni depende exclusivamente de la evolución de la economía. La clase política lo sabe, aunque con frecuencia continúe midiendo el éxito o el fracaso de las administraciones a partir de las estadísticas de criminalidad. En las últimas décadas se consolidó una subcultura que erosionó valores esenciales como la tolerancia, la convivencia, el respeto por la vida y la cultura del trabajo. Para muchos, esa lógica terminó convirtiéndose en una forma de vida que se expande y se profesionaliza.
El crimen organizado y la violencia ejercen una presión permanente sobre numerosos barrios y obligan a desplegar operativos policiales pocas veces vistos. Un ejemplo reciente fue el operativo realizado en el barrio Peñarol, donde se dispuso la intervención de 60 efectivos y un helicóptero para enfrentar un poder de fuego que luego quedó demostrado con la incautación de cargadores tipo caracol y un arsenal que evidenciaba una planificación considerable.
A ese episodio pueden sumarse otros ocurridos en los últimos días, que dejaron varios policías gravemente heridos. Se trata de una delincuencia que incrementa su poder de fuego, mejora su logística y perfecciona sus mecanismos de inteligencia.
Frente a este escenario, resulta evidente que el problema no se resolverá únicamente insistiendo en la reducción de la desigualdad social o de la exclusión, aunque ambas continúen siendo objetivos indispensables. Los desafíos aparecen cuando esas políticas deben traducirse en resultados concretos. La ciudadanía, como reflejan de manera reiterada las encuestas, se inclina cada vez más por respuestas rápidas y punitivas.
Esa demanda social suele traducirse en propuestas más coercitivas, similares a las impulsadas históricamente por gobiernos de perfil más conservador y cuestionadas durante años por el progresismo uruguayo.
Hoy, sin embargo, también ese espacio político enfrenta la necesidad de contener el avance del crimen organizado, reconocer que algunos territorios presentan niveles de complejidad muy superiores a otros y revisar sus propias tensiones internas frente a un fenómeno que ya no admite simplificaciones.
En la calle, en la academia y en los distintos ámbitos de debate existe un amplio consenso sobre un punto: la inseguridad constituye un problema real, más allá de cualquier interpretación ideológica. Las respuestas también deben ser reales.
Requieren planificación estratégica, políticas de Estado sostenidas en el tiempo y un equilibrio entre prevención social y una represión eficaz del delito. Y, sobre todo, necesitan menos discusiones estériles y más capacidad de ejecución, porque buena parte del diagnóstico ya está hecho.

El Consejo de Ministros de España ha agendado para su próxima sesión retirarle al psiquiatra español Antonio Vallejo-Nájera la Gran Cruz de la Orden Civil de la Sanidad. Este médico, que recibió el mote del “Mengele español”, sostenía, textual, que era necesaria una limpieza de la raza, que las mujeres tenían la inteligencia atrofiada y que “su única misión era tener hijos para la patria”, y sin embargo sigue conservando una de las máximas condecoraciones que otorga el Estado español, en este caso otorgada por el régimen franquista.
Un hombre que sostenía que quienes defendían la igualdad social y por tanto la igualdad política eran mentalmente inferiores. Para no quedarse en mínimas, calificaba a “las personas progresistas como enfermas”, dedicando buena parte de su vida a buscar un inexistente gen rojo que, según él, había que extirpar.

Las inhumanas teorías de Vallejo-Nájera sirvieron para justificar robos de bebés durante la dictadura de Francisco Franco, con el objetivo de impedir que heredaran la supuesta degeneración ideológica de sus padres y madres.

Por estos méritos, la dictadura le entregó la Gran Cruz de la Orden Civil de la Sanidad. Los demócratas de hoy quieren poner ahora las cosas en su sitio. Además de resumir la prédica de este impresentable, entienden que una medalla de Estado no es un simple trofeo, sino el reconocimiento público a una trayectoria, a unos méritos y, por tanto, a unos valores.

Ahora se anuncia que en la próxima sesión del Consejo de Ministros se procederá a completar “los trámites definitivos para retirarle esta condecoración, porque ninguna democracia puede seguir homenajeando a quien disfrazó de ciencia sus teorías para justificar el odio, la represión y la desigualdad”.

¿Quién fue este Mengele?

Antonio Vallejo-Nájera Lobón nació en Paredes de Nava el 20 de julio de 1889 y murió en Madrid el 25 de febrero de 1960. Es considerado el “Mengele español” o “el Mengele de la psiquiatría franquista”. Formuló aberrantes teorías racistas, junto a otros supuestos que sirvieron para excusar depuraciones del franquismo.
Este médico español, primer catedrático numerario de Psiquiatría en la Universidad de Valladolid, se licenció en 1909 y enseguida ingresó al Cuerpo Militar de Sanidad. Fue condecorado por su actuación en las acciones de guerra de la época. Prestó servicio en Marruecos como miembro del Cuerpo de Sanidad Militar. En 1917 fue nombrado agregado de la embajada de España en Berlín, como miembro de la comisión militar que debía inspeccionar los campos de prisioneros de guerra. Por el celo puesto en el cumplimiento de esta misión se le otorgaron varias condecoraciones de diferentes países europeos.
Escalando
Durante los años de permanencia en Alemania tuvo oportunidad de conocer las clínicas psiquiátricas que marcaban línea en esos asuntos ya referidos. Conoció de primera mano las lecciones de Emil Kraepelin, Ernst Kretschmer, Hans Walter Gruhle y Gustav Schwalbe, cuyos trabajos influyeron en su concepción racista, como más tarde lo formularía sin disimulo. Tal fue la honda influencia que estos dejaron en él, que a la luz de estas cercanías fueron determinantes para que Vallejo-Nájera resolviera definitivamente que su vocación estaba en la Psiquiatría.

En ese período tradujo al castellano las obras de Gruhle y Schwalbe. A su regreso a España, optó por residir en Madrid. A partir de 1930, ejerció la dirección de la clínica psiquiátrica de Ciempozuelos.

Con Franco como amigo

Para que no hubiera duda alguna de su estrecha relación con el general Francisco Franco, “caudillo de España por la gracia de Dios”, le dedicó su libro sobre la psicopatología de la guerra, al que incorporaba algunos “estudios” previos sobre la relación entre marxismo y deficiencia mental, «en respetuoso Homenaje de admiración al invicto Caudillo Imperial, Generalísimo de los Ejércitos Españoles de Tierra, Mar y Aire».
Tanto en España como en los países de la órbita fascista, los teóricos políticos alineados con el régimen generaron teorías justificativas del liderazgo.

La teoría política franquista ubica al caudillo español en igual condición que los regímenes de liderazgo europeos, como el Duce y sus fascistas y el Führer y su partido nazi. Los escribas de Franco destacan dos atributos propios: el origen militar y la legitimación teocrática carismática.

Franco alcanzó el grado de general de brigada a los 33 años. La carrera política y militar de Franco fue muy vertiginosa, y fueron trascendentes para su victoria militar los apoyos de la Italia fascista y la Alemania nazi. Pero también la unificación de las derechas bajo el paraguas autoritario del culto a su personalidad.

Volviendo a la vergüenza

En el campo de los aportes, aberrantes aportes, Vallejo Nájera promovió una noción personal de eugenesia, con la intención de reconciliar las doctrinas alemanas de higiene racial de autores como Schwalbe con los requisitos de la doctrina moral católica, opuesta a las medidas estatales de restricción eugenésica. Defendió la eugamia, una política eugenésica implementada mediante trabajos de orientación prematrimonial basados en la evaluación biopsicológica de la personalidad de la pareja.

Vallejo Nájera llevó a cabo experimentos con prisioneras del Ejército Republicano Español y de las Brigadas Internacionales para establecer “las raíces bio-psíquicas del marxismo” y encontrar el “gen rojo”. Para Vallejo Nájera, los marxistas eran retrasados genéticos y el marxismo una enfermedad mental: “A priori, parece probable que psicópatas de todo tipo se unieran a las filas marxistas… Dado que el marxismo va de la mano con la inmoralidad social… presumimos que esos fanáticos que lucharon con armas mostrarán temperamentos esquizoides”.

La dimensión deshumanizadora de este médico se aprecia en toda su magnitud al recordar que bajo su dirección, hasta 1943, 12.043 niños habían sido separados de sus madres y entregados a orfanatos o familias franquistas, pero el número de niños arrebatados a sus padres según oenegés ronda los 30.000.
Vallejo Nájera contribuyó a justificar la represión franquista de posguerra. Dijo que los rojos deben “sufrir el castigo que merecen, siendo la muerte la más fácil de todas. Algunos vivirán en el exilio permanente… Otros perderán su libertad, gimiendo durante años en prisiones, purgando sus crímenes con trabajo forzado para ganarse el pan de cada día…”

La dignidad

El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha anunciado este viernes la retirada de la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad al psiquiatra franquista Antonio Vallejo-Nájera por servirse de sus teorías pseudocientíficas para llevar a cabo políticas de odio y represión durante la dictadura.
Para el gobierno español “se trata de rescatar para la memoria democrática a quienes fueron víctimas; es un acto de justicia y de reparación”.

Aunque tardío, siempre vale la pena devolver dignidad a las víctimas y mandar al oscuro silencio del olvido a los cultores de la muerte y la inhumanidad como Vallejo-Nájera.

 

 

Y si, no hay golpe más fuerte que el que provoca la caída de una ilusión. En materia de fútbol y mundiales ni que hablar. A mi me pone triste por mi bisnieto Felipe, tiene 7 años, los mismos que yo tenía cuando lo de Maracaná. No se me borra.
Eran los años aquellos de que “como el Uruguay no hay”.
Pero eso fue; ahora es otra cosa y hay que ocuparse de estas otras cosas; por sobre todo no dejar que los sueños se transformen en una forma de onanismo perverso, que nos hagan pasar por alto algunas señales, cada vez más repetidas y otra vez autoengañarnos con la esperanza de que en el 2030, en que se cumplen 100, será distinto, porque todo empezó aquí: en el Estadio Centenario y éramos los dueños de la pelota.

La realidad es una y es la que duele. Digan lo que te digan.
El presidente nos dice que no hay inflación, que la tenemos dominada, que es una buena noticia. Y lo es: pero la vida cotidiana dice otras cosas y la gente no entiende: se le hace difícil atar las dos moscas por el rabo: no hay inflación, la tenemos dominada pero es el país más caro del mundo. ¡Del mundo! Una lechuga que hace unas semanas valía 40 pesos ahora vale 59, y eso es difícil de explicar, y de entender. Los empresarios, que les duele, cierran, se achican o se van. Los inversores que están bien informados, y que rascan pa’dentro y con todo derecho, se cuidan.

Si alguien habla de “atraso cambiario” –que para muchos por ahí va la cosa, esto es, la explicación– desde el Ministerio de Economía y más desde el Banco Central te califican poco menos que de retardado. El presidente del BCU te dice que tener o ahorrar en dólares es mal negocio –que es de tontos, no te lo dice así, pero te lo da a entender– y va mas allá, te presiona, te induce y hasta como que te advierte que no es muy patriótico eso de salirse del peso para pasarse a dólares. Se dice que hay que explicarle al ciudadano común que depositar dólares –“dolaritos” digamos– no es negocio; no sé si también se le va a hablar de los eventuales riesgos de renunciar a su “seguro de cambio” y de si el BCU lo va a resarcir en el caso de que falle la recomendación.

Como si las dudas y miedos fueran pocos, la oposición va y te dice que el propio ministro de Economía tiene sus ahorros –la mayoría– en dólares y también el titular del BCU admite que, en parte, se maneja en dólares. ¿Pero cómo?
Si el dólar está barato, y en esto no hay confusión ni se necesita que vengan a decírtelo, viajar al exterior es más barato o comprar productos importados, por ejemplo. Y pasa lo que pasa. Si la cerveza importada esta más barata cambiás y las Fábricas Nacionales de Cervezas envían gente al seguro de paro, cierran plantas y consideran la eventualidad de no continuar en el país –en el que cada vez los costos son más altos– salvo como depósito, e importar cerveza de sus propias fabricas, elaborada en otras países de la región donde “los costos para operar” son menores. Uruguay lo único barato que ofrece son dólares.

La economía te ubica y se puede “guitarrear” poco. Por supuesto que si las Fábricas de Cerveza fueran del Estado –como la fábrica de portland–, ahí sí bajarían el precio de la bebida para competir y subirían en algo el de los combustibles, tomarían menos policías o le aumentarían el IASS a los jubilados. Pan para hoy y hambre para mañana.
Soñar a veces cuesta mucho.