Opinión

Incipiente recuperación, en un marco complicado

Una de las “ventajas” que hemos tenido en Uruguay en el marco de la devastación que ha generado la pandemia es, sin dudas, que la enfermedad primero se extendió por países asiáticos y Europa, lo que dio una advertencia sobre la magnitud del problema que luego afrontaríamos, las acciones preventivas que era necesario adoptar para tratar de atenuar sus efectos, y además tener en cuenta que luego del pico se requiere un tiempo de convivencia con el virus y sus manifestaciones negativas en todos los ámbitos, a la espera de la vacuna o medicamentos que lo venzan.
Es positivo, en este contexto de impacto global, que la epidemia esté transcurriendo con efectos muy menores en nuestro país desde el punto de vista sanitario respecto a lo que se ha dado en varios países de Europa e incluso de América, para lo que han coadyuvado medidas adoptadas a tiempo desde el gobierno y la disposición de la población para asumir que es fundamental encarar medidas preventivas sencillas pero firmes a efectos de evitar la propagación.
Ello incluye el desarrollo de actividades manteniendo protocolos de cuidados y sin dudas, asumir como inevitables las consecuencias negativas que se dan en materia de empleo y actividad económica –en algunos casos muy graves– como en la actividad turística y eventos masivos, que aún padecen en un cien por ciento las medidas de distanciamiento social para contener la expansión de la pandemia.
Aún salvando hasta ahora con buena nota las acciones adoptadas para contener la extensión del COVID-19, no es menos cierto que tal como se está viendo en los países que primero sufrieron la enfermedad, habrá un período hasta ahora indefinido de aparición de brotes focalizados que es preciso contener para evitar nuevas oleadas, por lo que en este período en que habrá que convivir con el virus es impensable volver a la vieja normalidad y consecuentemente a la reapertura general de actividades en la misma medida que la prepandemia.
Las consecuencias socioeconómicas de este escenario son obvias: dificultades acentuadas en el empleo, para las empresas, para el propio Estado en cuanto a recaudación y para la población en cuanto a recuperar y mejorar su calidad de vida, por lo menos hasta que el mundo revierta el impacto del que hasta ahora no se ha repuesto ni mucho menos, aunque naturalmente en cada país, de acuerdo a sus propias características, hay matices en cuanto a sus perspectivas y sobre todo la espalda financiera con la que afrontan la contingencia.
En Uruguay, el advenimiento de la pandemia y las medidas de control que afectaron la actividad y el empleo se dieron en un contexto de sistemática caída de las actividades durante el tercer gobierno del Frente Amplio, con creciente desempleo y principio de recesión consolidado por un déficit fiscal del orden del 5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), por lo que la respuesta ante el escenario ha estado muy limitada en la disponibilidad de recursos por el Estado y las propias empresas y población.
Ergo, para apuntalar la recuperación económica hay condicionamientos muy severos, porque estamos ante un punto de partida muy bajo. Igualmente, hay señales de algunas mejoras respecto a la caída, como consecuencia de que se ha retomado parcialmente la actividad.
En este sentido, más allá de lo que el ciudadano común percibe en la calle, existen indicadores que aportan datos provenientes del Banco Central que dan la pauta de “brotes verdes” en la economía, todavía muy parciales y que deben ser analizados en el contexto deprimido del que veníamos.
Así, entre otras vertientes, ha dado un primera señal de mejora la actividad del núcleo industrial, con un repunte del 6,4 por ciento en mayo respecto a abril, que ha sido el mes de mayor caída. El Indice Líder de Ceres, que recoge variables del PBI, interrumpió un proceso de ocho meses consecutivos de caída, lo que indica cierta recuperación de la producción para el tercer trimestre.
También hubo un aumento en la recaudación de la Dirección General Impositiva (DGI), de las ventas de vehículos cero kilómetro, de la venta de electricidad y combustible a familias y empresas, mayor envío de leche a las plantas industriales, ligero aumento de la actividad portuaria, y mejora en el nivel de empleo, dentro de la relatividad de la situación, pero en la coincidencia de que habría quedado atrás el piso.
Corresponde igualmente contextualizar el escenario, porque tenemos a la vista lo que está ocurriendo en Europa, donde todo indica que ha quedado atrás el peor momento, y que en el verano se han aflojado las cuarentenas e intentado recuperar actividad económica, incluyendo al turismo, que es nervio motor de muchos países, sobre todo España e Italia, duramente azotados por la pandemia.
Los datos indican que los compradores están optando por un radio de acción mucho más reducido y, según las asociaciones comerciales, las caídas son del orden del 50 por ciento respecto al año pasado en las ventas en países emblemáticos como Alemania e Inglaterra, pero con la diferencia de que la gente está comprando en gran medida por Internet y en comercios minoristas, soslayando hasta ahora las grandes superficies y comercios más grandes.
Asimismo, se focaliza la demanda particularmente en productos de primera necesidad y vestimenta, que se dan sobre todo en el comercio local y se mantiene la reticencia al traslado hasta el centro de las grandes urbes, por lo que se está registrando reducción de personal y/o cierres en grandes cadenas.
Mientras tanto, tampoco el reciente repunte de las ventas por desconfinamiento ha sido tan pronunciado como esperan los grupos minoristas, pese a que están relativamente mejor que las grandes superficies, lo que da la pauta de un panorama complejo, por lo menos en el inicio del rebote que se espera sea más inmediato que otras crisis económicas, habida cuenta de que la causal es un factor externo a la economía, que tiende a superarse.
La expectativa en nuestro país debería ser similar, una vez superada la coyuntura, pero el hecho de que se haya heredado un fuerte déficit fiscal, desempleo y problemas en la actividad y la salud de las empresas, indica que las medidas para la recuperación económica deben apuntar a superar tanto la coyuntura como el arrastre que se venía dando, y ello implica necesariamente la reducción y racionalización del gasto por el Estado, para dar aire al sector privado, a los inversores, para que recuperen y promuevan fuentes de trabajo genuinas, el verdadero sostén de la economía, en cualquier circunstancia. > Leer más

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Con buena nota

Aunque mucho se ha hablado y escrito sobre las dificultades, angustias y desafíos que plantea la economía en el contexto de la pandemia de COVID-19, otro de los sectores fuertemente golpeados es la educación. Aunque en este caso no es tan fácil traducir las dificultades en una cifra económica para medir el impacto de la crisis sanitaria.
No obstante, el cierre de las escuelas trajo aparejado una serie de consecuencias y dificultades muy disímiles en los diferentes países, pero que en todos los casos implicó la interrupción del ciclo educativo y los aprendizajes de niños y jóvenes que concurren a jardines de primera infancia, escuelas y centros de Enseñanza Media.
La primera dificultad fue precisamente esa: de qué manera, con qué estrategias y herramientas se podía instrumentar la continuidad de las clases desde el hogar en aquellos lugares donde esto fue posible. A su vez, las heterogéneas realidades familiares de los estudiantes fue un aspecto relevante en cuanto a poder seguir y participar en los cursos a distancia, a lo que se suman desafíos como el cambio de modalidad de trabajo de los docentes y la necesidad de las familias de involucrarse más activamente en la tarea educativa, acompañando el desempeño de las clases en el hogar.
Hoy, muchos países siguen sin clases en las escuelas, en otros se están reabriendo y en algunos casos a poco de reanudarse las clases volvieron a cerrarse los centros educativos debido al incremento de los contagios de coronavirus.
Así como las realidades regionales o nacionales son muy disímiles, también lo es el impacto de la crisis según la edad. En este sentido, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, en inglés) informó recientemente que aproximadamente 40 millones de niños y niñas ya perdieron un año vital de su educación preescolar a causa del cierre de los centros educativos provocado por la pandemia de cornavirus.
Al presentar el informe “Cuidado infantil en una crisis global: el impacto de la COVID-19 en el trabajo y la vida familiar”, la directora ejecutiva de Unicef, Henrietta Fore, dijo que este panorama agudiza la crisis de cuidado infantil que ya existía en el mundo desde antes de la llegada de la pandemia.
El estudio en cuestión también deja en evidencia que en 54 países de ingresos bajos y medios, aproximadamente 40% de los niños de entre tres y cinco años no disfrutan en su hogar de estimulación socioemocional y cognitiva por parte de ningún adulto. Esto implica la afectación de algunos de los Derechos del Niño, como el tiempo de juego y apoyo a su aprendizaje, necesarios para un desarrollo saludable.
Aunque también en Uruguay los niños más pequeños son los que han sido más afectados en su vínculo con los centros educativos, no es menos cierto que los que están en edad escolar o la Enseñanza Media y universitaria, han tenido otras opciones que colocan a nuestro país entre los mejor posicionados en cuanto a la respuesta del sistema educativo a la pandemia.
En este sentido, un informe de Unicef sobre el “Seguimiento del retorno a las clases presenciales en escuelas en Uruguay”, cuyas conclusiones generales fueron divulgadas a nivel internacional por la BBC, indica que el regreso temprano a las aulas uruguayas –además de la situación nacional de mantener controlada la pandemia– por ha sido posible en parte el período de virtualidad que siguió en forma casi inmediata al cierre de escuelas y liceos a pocos días de haberse iniciado las clases, ya que permitió “sostener el componente educativo y el vínculo de los estudiantes con los docentes y la comunidad educativa”.
Para Marcelo Pérez Alfaro, especialista en educación del BID, a diferencia de otros países de la región, el buen desarrollo y uso de plataformas digitales en Uruguay es lo que ha permitido una respuesta rápida a la continuidad de las clases en modalidad a distancia, lo que permitió enfrentar la situación en una mejor posición que otros sistemas educativos de la región.
Los avances realizados desde 2007 por el Plan Ceibal al distribuir computadoras entre los estudiantes, generar plataformas de contenidos educativos y desarrollar sistemas de gestión de aprendizajes favoreciendo la capacitación de maestros y profesores en nuevas prácticas educativas mediadas por tecnología, fue una ventaja comparativa que permitió una mejor respuesta en los tiempos difíciles. En este sentido, por ejemplo, la plataforma CREA pasó de tener 90.000 usuarios activos en 2017 a 730.000 este año, siendo utilizada tanto por los centros educativos públicos como el 80% de los privados, a los cuales se les permitió el acceso gratuito a la herramienta.
En lo que respecta al retorno a clases de los uruguayos, ha sido tema de artículos de prensa en diferentes países del mundo y también de algunos estudios internacionales que destacan tanto el manejo de la crisis sanitaria como el hecho de ser uno de los primeros países de Occidente en realizar el retorno a las aulas.
Evidentemente, no es un retorno a lo que teníamos antes de la llegada de la pandemia al territorio nacional sino que la “nueva normalidad” ha cambiado las prácticas, los hábitos y las formas de relacionamiento a la interna de los centros educativos en aras de mantener el distanciamiento físico sostenido y las demás medidas sanitarias que impone la situación actual.
Como señaló Robert Spires, profesor de la Universidad de Richmond (Inglaterra) especializado en educación comparada, en un artículo publicado en el portal académico The Conversation, “no existe una manera perfecta de reabrir las escuelas durante una pandemia”, tratándose de uno de los mayores desafíos en el marco de la nueva normalidad.
Aún así, desde fines de abril que abrieron las escuelas rurales, con posterior y gradual incorporación de los centros educativos de otros niveles y zonas geográficas, por el momento no se han registrado contagios en las escuelas y liceos uruguayos, siendo el único país de la región en volver a las clases presenciales.
En definitiva, aunque los uruguayos tenemos la tendencia a ver el vaso medio vacío, en este caso es bueno ver también la otra mitad. Ya se harán los estudios y se verá a mediano plazo si estas soluciones han sido efectivas para minimizar el rezago escolar y proveer los aprendizajes necesarios en cada etapa, qué correcciones hay que hacer y cómo se recuperan aquellos que han desertado del sistema en este tiempo.
Por otra parte, es justo reconocer que gracias al esfuerzo de todos los actores de la educación y la infraestructura previa existente, estamos en situación muy privilegiada en comparación con la mayoría de los países del mundo. No es poca cosa. Seguir manteniendo este estado de cosas resulta clave para el presente y el futuro de nuestros niños y jóvenes. El compromiso debe ser de todos. > Leer más

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La supervivencia del turismo

La Organización Mundial de Turismo estimó que el impacto en números negativos de la crisis por la pandemia COVID-19, ya era en mayo tres veces superior al que ocasionó la crisis económica global del año 2009. Si bien los datos muestran que el movimiento está empezando a reactivarse, lejos está de hacerlo en las condiciones ideales. Se trata más que nada de una reacción para evitar que se profundicen los problemas en la economía, antes que un movimiento que se produzca porque la situación haya mejorado. Mientras, la crisis sigue su evolución y la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la cosa va para largo.
En una declaración emitida tras la reunión del pasado 31 de julio, difundida esta semana, el Comité de Emergencias sobre la COVID-19, “puso de relieve la duración prolongada prevista de la pandemia, tras señalar la importancia de mantener iniciativas de respuesta sostenidas en el ámbito comunitario, nacional, regional y mundial”.
Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, dijo que una pandemia de estas características ocurre una vez cada cien años, pero sus efectos se dejarán sentir durante décadas. En este momento “muchos países que creían haber dejado atrás lo peor, se enfrentan ahora a nuevos brotes. Algunos que se vieron menos afectados en las primeras semanas, experimentan ahora cifras crecientes de casos y víctimas mortales. Y algunos de los países que tuvieron brotes de gran envergadura han conseguido controlarlos”, sostuvo, en su llamado a no bajar la guardia.
Así y todo los números del Turismo, el sector a escala global más afectado por la crisis sanitaria, empieza a ver brotes de esperanza.
De acuerdo a los datos que ha arrojado el seguimiento que está realizando la Organización Mundial del Turismo (OMT), el organismo especializado de las Naciones Unidas para el turismo, la actividad va en ascenso.
Según su último análisis el 40% de los destinos del mundo han flexibilizado ya las restricciones que impusieron al turismo internacional como respuesta a la COVID-19. Estos datos, registrados el 19 de julio, muestran una suba sustancial en comparación con los del 15 de junio, cuando eran solo el 22% de los destinos quienes habían flexibilizado las restricciones, o los del 15 de mayo, cuando eran únicamente un 3%.
Esto es una luz al final del túnel. Hay turismo después de la pandemia, o por lo menos en simultáneo con ella. Se confirma la tendencia a una adaptación lenta pero continua y un reinicio responsable del turismo internacional.
De los 87 destinos que han flexibilizado hasta ahora las restricciones de viaje, solo cuatro han levantado por completo todas las restricciones, mientras que 83 las han aligerado pero manteniendo algunas medidas, como el cierre parcial de fronteras en vigor. Esta última edición del informe de la OMT sobre las restricciones de viaje muestra además que 115 destinos (el 53% de los destinos del mundo) siguen manteniendo sus fronteras completamente cerradas al turismo.
Claro que estos números a escala global cambian sustancialmente cuando la lupa se posa sobre América Latina, en estos momentos la región del mundo más comprometida por la enfermedad, y ni hablar sobre nuestro vecino Brasil que aparece al tope de todas las listas, tanto de contagiados como de fallecidos, y a Argentina que tiene todavía una actividad muy restringida.
Esto, por supuesto, impide al sector turístico uruguayo disponer de sus principales clientes y la mejor posibilidad aparece a través del aeropuerto de Carrasco. Nuestro país es en estos momentos de los pocos de latinoamérica que tiene las puertas de Europa abiertas, y es una posibilidad que sería interesante aprovechar.
De hecho el subsecretario de Turismo, Remo Monzeglio, anunció en las últimas horas que se está trabajando sobre la posibilidad de generar intercambios turísticos “entre puntos sanos”. Esto sería que el turista sube al avión en Carrasco y se traslada, sin escalas, hasta su destino, que sí o sí será un punto donde se garantice la bioseguridad para los uruguayos que viajen, así como, mediante los controles del caso, se deberá garantizar la sanidad del resto de los uruguayos, al recibir visitantes extranjeros procedentes de otro “punto sano”.
Esto se sumaría al turismo interno, que como sabemos no solamente se ha reactivado sino que se está fomentando desde el Ministerio. Sin embargo su impacto es el que es, y con las restricciones que obedecen a los protocolos, se torna insuficiente.
Desde la Cámara de Turismo se evaluó como muy dispar el movimiento en las recientes vacaciones de julio. El promedio de ocupación de turistas “fue muy dispar”, algunos destinos alcanzaron el fin de semana el 75% pero el promedio en Colonia fue de 14% y en las termas del 25%.
“Hasta que no abran las fronteras el turismo no se va a reactivar” dijo el presidente de la Cámara, Juan Martínez, que de paso pidió más medidas para incentivar el movimiento interno.
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Opinión

“Derechos humanos”, según como se mire

No es secreto para nadie que desde hace años existe un lobby de ciertas “organizaciones sociales” que con una fachada de supuesta imparcialidad e inquietud por derechos de los ciudadanos, en realidad han desarrollado una actividad sesgada, con dirigentes de izquierda que también actúan en política partidaria, alineados con el Frente Amplio y con organismos internacionales que responden a una mirada parcial de la realidad.
Están en su derecho de expresarse y actuar en el marco de las normas consagradas en la Constitución, dentro de la institucionalidad democrática que gozamos en el Uruguay, donde precisamente desde el quiebre de la dictadura han actuado gobiernos de todos los partidos apegados a la legalidad, como el actual y los que lo antecedieron, más allá de algunos cuestionamientos por diferencias políticas que son características de países republicanos donde está vigente la libertad de expresión y el libre desenvolvimiento de las instituciones.
Pero es cuestionable que tales organizaciones pretendan presentarse con un aire de imparcialidad cuando es notorio que en sus acciones denotan que analizan las cosas solo con el cristal con que quieren presentarlas y, lo que es peor, solo entienden que los derechos humanos deben custodiarse con su mirada particular.
Uno de los aspectos que ponen sobre el tapete y que figura entre sus objetivos es en la práctica un cuestionamiento a la legítima autoridad de un gobierno y los organismos ejecutores, con la competencia que les da la Constitución y la ley, aún cuando las políticas que se instrumenten hayan sido refrendadas por la ciudadanía en la contienda electoral, como es precisamente el caso del gobierno que asumió el 1º de marzo de este año.
Uno de los mandatos de la ciudadanía ha sido el de acentuar la severidad de las medidas contra la delincuencia mientras que, en las antípodas de este mandato popular, estas entidades se han centrado en cuestionar el accionar policial apoyando en grado extremo los derechos de los delincuentes y poniendo sistemáticamente en duda todo lo que se haga en los procedimientos para reprimir y detener a los malvivientes.
Un instrumento en este sentido también lo constituyen actores en las redes sociales, quienes se representan solo a sí mismos, por supuesto, pero sistemáticamente divulgan su versión y a menudo hechos distorsionados de supuestos abusos policiales –no quiere decir que efectivamente en alguna oportunidad no haya desbordes que merecen acciones consecuentes– y son a la vez recogidos por grupos de presión y estas organizaciones como una verdad indiscutible.
Así, viene a cuento que entre las denuncias y hechos ampliamente divulgados figura el hecho ocurrido en una plaza de San José, donde supuestamente se ve en un video a un policía apuntar con un arma a un malabarista, lo que luego fue aclarado, como así también cuestionamientos político-ideológicos como el del intendente de Montevideo, Christian Di Candia, quien pidió una reunión al Ministerio del Interior por entender que el nuevo procedimiento policial “afecta la convivencia”.
En este sentido se cuestiona que la policía comenzara a pedir identificación en las calles y a realizar operativos en varios departamentos luego de que ya el 2 de marzo el presidente Luis Lacalle Pou se reuniera con los 19 jefes de Policía para darles lineamientos de la nueva estrategia policial y les manifestara su respaldo.
Una medida muy simple y eficaz, solo cuestionable por supuesto por los delincuentes o quienes tienen algo que ocultar, en tanto el ciudadano común, el que reclama con razón ser protegido por el Estado de la delincuencia, apoya la presencia policial en la calle e incluso reclama más efectivos y más patrullaje porque igualmente se siente indefenso.
La presencia policial en las calles, en la administración del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, incluye patrullajes aleatorios, en varias de las denominadas zonas calientes, sobre todo en la capital, donde hasta ahora no entraban los policías o cuando pretendían hacerlo, con escasos efectivos, eran corridos a pedradas e insultos por los “vecinos” que eran en realidad algunas familias de delincuentes.
Sin embargo, estas acciones reclamadas por los propios vecinos reciben el cuestionamiento de organizaciones que se centran en su visión ideológica de la realidad, a despecho de lo que piensa y siente el ciudadano común.
Así, tenemos por ejemplo que según la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), el Ministerio del Interior habría incurrido en una “actuación ilegítima” en varios operativos realizados en la zona de Malvín Norte, por procedimientos policiales que “violaron derechos humanos de las personas afectadas a partir del uso ilegítimo de fuerza no legal y letal”, haciéndose eco del relato en una carta pública escrita por un supuesto “referente” de la comunidad, ampliamente divulgada en redes sociales.
Más aún, en base a estos datos, surge que según este organismo, “en la actuación policial en todos los procedimientos relevados surge una clara disparidad entre la magnitud de la intervención y los resultados alcanzados, extremo que da cuenta, además, de la ineficacia del operativo”.
En cuanto a los resultados, este debería ser una evaluación desde el propio ministerio y no desde afuera, considerando tal vez “natural” lo que dice el “referente” en el sentido de que “las piedras son las únicas defensas contra el arsenal del cordón policial”, lo que nos trae a la memoria hechos que han ocurrido también en Paysandú en zonas que habían sido “copadas” por los delincuentes y donde la mayoría de vecinos honestos debe callarse ante el avasallamiento de sus derechos por la amenaza de los antisociales.
Por lo tanto, la voz de los “derechos humanos” está en los voceros de los delincuentes, recogida por estos organismos que sin embargo no se ocupan de levantar la opinión de las familias avasalladas por los malvivientes en estos barrios, donde la Policía no podía llegar porque a la entrada los recibían a pedradas y los corrían a palazos contra sus vehículos e insultos.
Es decir, una clara muestra de una dualidad de criterios y prescindencia que no habla para nada bien de los valores que dicen defender y que sí indica que solo se ve y se denuncia lo que se quiere ver, porque poco y nada interesa la realidad que vive el ciudadano común. > Leer más

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Gas Sayago, una caja de Pandora

En diciembre del año pasado, el accionista mayoritario del proyecto de la planta regasificadora, es decir UTE, resolvió la liquidación y cierre de Gas Sayago. Un mes antes, la Administración Nacional de Puertos le retiraba la concesión de las aguas portuarias en el río de la Plata, donde había construido 71 pilotes e intimaba su demolición en un plazo de diez días.
Sin embargo, hasta ahora pueden verse los vestigios de una obra fallida y que arroja unos 200 millones de dólares de pérdidas.
El entonces presidente del directorio de la ANP, Alberto Díaz, explicaba que la idea era comenzar la recuperación de un espacio “que tiene que ser portuario” y abierto a la instalación de otros proyectos porque el emprendimiento del que hablaba “finalmente no se cumplió”.
La iniciativa de 2011 se iba a llevar adelante en 2013, pero acabó cerrándose con grandes pérdidas para el país. Por lo tanto, el tema central no son los pilotes, sino todo lo que vino después.
Desde el año pasado, el ente energético cuenta con un informe encomendado a los gerentes de Planificación, Jurídica, Dirección Operativa y Servicios Corporativos, donde resume los procedimientos de juicios laborales, demandas civiles y de lo contencioso administrativo, procesos concursales y arbitrales que dejó para las actuales autoridades.
A modo de ejemplo, el documento señala que Gas Sayago enfrentó siete audiencias de conciliación que aseguran demandas en torno a 90 millones de dólares. Pero el tiempo pasó y aumentaron las pérdidas. Lo que debió liquidarse mucho tiempo antes, se hizo una vez conocidos los resultados de las elecciones nacionales. El 12 de diciembre de 2019, publicó la decisión de “Disponer que se inicien las acciones apropiadas para proceder al cierre y liquidación de Gas Sayago S.A.”. El segundo punto expresaba “Oficiar a Ancap en los términos del caso comunicándole la presente resolución”.
Con las obras paralizadas desde hacía 5 años, el gobierno anterior trató de disimular todo lo que pudo el fracaso. La ministra de Industria del período anterior, Carolina Cosse, acompañada por la presidenta de aquel directorio de Ancap, Marta Jara, presentaban un memorándum de entendimiento con la compañía Shell.
Una propuesta imposible de cumplir y que, además, significaba una privatización pura y dura del negocio del gas natural. Una cuestión que pasó inadvertida para los paladines de la defensa de las empresas públicas.
Fracasaron los cuatro llamados sucesivos porque nadie tuvo interés y es justo decirlo de esa forma. Pero también hay que decir que los defensores de “la cosa pública” quisieron meter una privatización a través de un llamado ilegítimo. Porque no había nada para vender, con la excepción de 71 pilotes.
Sin embargo, los representantes de la regasificadora no se sintieron obligados a su demolición. En cualquier caso, UTE ya tenía definidos unos ocho millones de dólares para eso y todo esto sin contar las pérdidas aproximadas a los 10 millones de dólares anuales por un negocio que nunca funcionó.
Pero Gas Sayago tenía el nombre implícito de Jara, quien había dejado su cargo en reserva y por el cual percibía –antes de asumir en Ancap– unos 400.000 pesos.
Pocos meses después, en mayo de este año, nos enteramos de la intimación de la exjerarca al reclamar su asignación de tareas porque “se siguen acumulando obligaciones de la empresa por mantenerme a la orden sin que genere valor”, escribía en Twitter.
Jara era la única funcionaria que mantuvo Gas Sayago –empresa liquidada en diciembre– y por lo tanto, estaba fuera del acuerdo y los despidos, con su cargo en reserva. Pero su caso es el más sonado, porque hasta agosto de 2019, según el documento de los gerentes de UTE, se habían iniciado 34 procesos laborales.
Cuatro de ellos siguen su trámite y los reclamos de dinero son variados: 233.000 dólares, 12 millones de pesos, 5,5 millones de pesos y el cuarto por más de dos millones de pesos.
Sin contar, claro, la demanda ganada por OAS contra el Estado por 13 millones de dólares, cuyo fallo quedó firme por retención de pagos, luego de la rescisión del contrato. O los 155 millones de dólares destinados para la liquidación de la empresa. O los 600.000 dólares para el despido del personal.
Pero es otro de los malogrados proyectos del expresidente José Mujica, y sobre el cual poco se le pregunta. Fue una ilusión que sostuvo su fuerza política a cualquier costo. Con la única diferencia que a ese costo lo pagan todos los uruguayos.
Ahora, al cierre de la semana anterior, UTE resolvió auditar a través de una empresa externa, las cuentas de Gas Sayago. El director del ente en representación del Partido Nacional, Felipe Algorta, y promotor de la iniciativa votada por unanimidad, explicó en Twitter que fue “un negocio muy malo para el país por el cual el Estado hasta el día de hoy sigue desembolsando recursos”.
Tanto como 125.000 dólares mensuales que el Estado deja en depósito en la ANP para un negocio ruinoso, en tiempos de crisis global y nacional. Cuando se abra esta caja de Pandora, habrá que hablar de eso. Y evitar que digiten la agenda y la desvíen en temas que interesan a otros. Pero no a todos.
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El lamentable festejo de los jóvenes médicos

En las últimas horas ha trascendido, en los medios de prensa y en las redes sociales, el festejo de graduación protagonizado por varios estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República (UdelaR) que tuvo lugar en el Parque Batlle de la ciudad de Montevideo sin respetar las políticas sanitarias que se aplican en Uruguay y en el mundo en cuanto a distanciamiento social, uso de tapabocas, así como evitar los saludos sociales (abrazos, etcétera) y una aglomeración de esas características, en la cual participaron unas 400 personas.
Si bien culminar una carrera universitaria luego de tantos años de estudio es un justo motivo de alegría (Medicina es de las más largas) y orgullo que amerita festejarlo, la forma que eligieron estos flamantes médicos para hacerlo fue absolutamente riesgosa, desubicada e infeliz. En efecto, durante la celebración se desconocieron las más mínimas medidas de prevención para evitar el contagio del coronavirus COVID-19 (propiciando de esa forma su contagio, lo que demuestra una absoluta falta de interés por la salud ajena) lo cual resulta agravado porque se trata de médicos recién graduados, contradiciendo así los más mínimos principios de esa noble e importante profesión. A esto hay que sumarle que estas reuniones se realizan utilizando alimentos (harina, huevo, aceite) lo que no sólo significa un desperdicio frívolo de los mismos, sino también la generación de residuos que quedan tirados en calles, plazas y parques que son bienes públicos de uso común y que deben ser limpiados a costo de los contribuyentes. Ante estos hechos, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) expresó claramente su opinión sobre los mismos en un comunicado difundido en su cuenta de Twitter en la cual manifestó que “rechazamos la ausencia de responsabilidad sanitaria, así como la falta de sensibilidad sobre la convivencia ciudadana dejando la zona de festejo en pésimas condiciones. Apelamos a que los responsables de lo antes mencionado, reflexionen sobre la situación y desarrollen el ejercicio de la profesión con un mayor compromiso con la sociedad”.
Lamentablemente, los estudiantes de medicina (hoy médicos) fueron protagonistas de otro triste y macabro episodio acaecido en el año 2015. Como lo consignara el diario “El Observador” en ese momento, “Que los estudiantes de medicina que realizan sus últimas guardias de práctica antes de recibirse realicen fiestas para celebrarlo no es extraño. Tan habituales son esas fiestas, que cuando las programan, contratan a otros estudiantes para que trabajen mientras ellos celebran. La madrugada del 30 de abril fue una de esas noches, pero ninguna persona fue contratada para cubrirlos. La emergencia del Hospital de Clínicas estaba casi al tope de pacientes. Según pudo saber El Observador, un interno de los 10 que estaban de guardia llevó en una camilla el cuerpo de una persona que había fallecido hacía menos de 15 minutos y lo sumó a los festejos en el cuarto de internos, donde otros 8 alumnos bailaban, fumaban y tomaban alcohol con luces sicodélicas que ambientaban el lugar. (…) Las horas pasaban y sólo uno de los 10 se preocupó de atender a los pacientes. Sobre la hora 4 uno de esos pacientes murió. Era un hombre mayor que estaba en la Emergencia hacía varios días y al cuidado de un familiar. Testigos relataron a El Observador que una vez que el hombre murió, su familiar se despidió y aceptó que comenzaran los trámites para trasladarlo a la morgue. Los médicos colocaron el cuerpo en la camilla y lo dejaron en un corredor, tan solo unos minutos. Uno de los internos vio el cuerpo y aprovechó que no había nadie supervisando para llevárselo. De esa forma, el cadáver llegó al cuarto de internos donde se realizaba el festejo por el fin de cursos dentro del hospital”.
En el año 2018, los hoy médicos volvieron a mostrar su falta de sensibilidad. En esa ocasión, los entonces recién egresados robaron diversos materiales médicos (bolsas de drenaje, pañales para adultos, mascarillas y otros insumos) para usarlos en sus celebraciones en el Mercado del Puerto. El total de lo robado ascendió a 50.000 pesos pero no hubo denuncia porque según el diario “El Observador”, al comprobarse el faltante, el grupo decidió abonar esa suma y evitar de esa forma que el tema fuera llevado a la órbita penal.
Estas conductas de los estudiantes de medicina dejan en claro que los hoy profesionales médicos de salud tienen un “modus operandi” para festejar sus graduaciones que está basado en la frivolidad, la indiferencia, la carencia de empatía y la más absoluta falta de respeto por otras personas vivas o fallecidas. No importa si la fiesta es en un cuarto médico, en el Mercado del Puerto o en el Parque Batlle: para ellos el otro no existe y mucho menos les interesa el bienestar de los demás. Lo único que realmente les interesa es divertirse sin importar si para ello deban molestar, agredir derechos ajenos, robar o vilipendiar cadáveres. Resulta alarmante imaginar qué clase de profesionales se están formando en nuestro país y cómo atenderán a sus pacientes en el futuro. Si creen que pueden organizar fiestas por encima de los derechos de vivos y muertos, ¿qué pensarán el día de mañana cuando ejerzan su profesión, en la cual el bienestar de sus semejantes es y debe ser su principal preocupación?
Sobre lo que sí no hay dudas es que los protagonistas de estos aberrantes hechos han olvidado sus obligaciones en materia de ética profesional que les imponen el Código de Ética del Colegio Médico del Uruguay (institución que regula el ejercicio de la medicina en sus aspectos éticos, deontológicos y diceológicos, y a la cual pertenecen todos los médicos) según el cual “Los profesionales de la medicina deben cuidar la salud de las personas y de la comunidad sin discriminación alguna, respetando la vida y los derechos humanos. Es deber fundamental prevenir la enfermedad y proteger y promover la salud de la colectividad. El médico debe ejercer inspirado por sentimientos humanitarios”. Todo ello sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 307 del Código Penal Uruguayo, el cual dispone que “El que vilipendiare un cadáver, o sus cenizas, de cualquier manera, con palabras o con hechos, será castigado con seis meses de prisión a cuatro años de penitenciaría”. Al fin y al cabo, se trata de lamentables “tradiciones” que deben ser sancionadas con medidas ejemplarizantes como la suspensión temporal del título que han obtenido, sin perjuicio de las multas administrativas o acciones penales que pudieran corresponder. En cualquier caso, resulta justo dejar en claro que estas conductas de los recién graduados no pueden ni deben empañar el ejercicio de miles de médicos que a lo largo y ancho del país desempeñan ética y responsablemente su profesión.
Así las cosas, a estos frívolos e irresponsables exestudiantes de Medicina y hoy médicos egresados de la UdelaR hay que recordarles que los médicos no son dioses ni están por encima de ley; son simples ciudadanos que han recibido educación pública gratuita y que deberían mostrar un mínimo de respeto, educación, decencia, y solidaridad hacia sus semejantes. Pobre destino el que nos espera a las uruguayas y uruguayos que caigamos en manos de estos jóvenes profesionales. > Leer más

Opinión

Reapertura en rebrote

Si bien había una gran insistencia por parte de los interesados para volver a escena, atendiendo a razones más que loables –todos quieren volver a trabajar–, genera cierta sorpresa la habilitación para que los teatros, museos y cines vuelvan a abrir las puertas a partir de la semana próxima.
En medio de un rebrote de los casos de coronavirus en el país, especialmente en Montevideo, queda a las claras que esta determinación del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) apunta a tranquilizar un sector que venía presionando desde hacía semanas. Al parecer, no quedan márgenes para mantener inactivo a ciertos rubros de la economía.
El jueves por la mañana, cuando aún no se conocía en detalle el protocolo de acción para los teatros, museos y cines, se señaló desde las autoridades que el texto aprobado incluía a todos los espectáculos públicos (por el momento, no están habilitadas las discotecas). Por más tapabocas, alcohol en gel, distanciamiento social, aquí hay una realidad: se entiende que quieran volver a sus labores, pero se está asumiendo un riesgo. El tiempo dirá.
A su vez, cabe preguntarse por qué no habilitaron antes a los teatros, museos y cines, especialmente a mediados de junio cuando se registraron solo 12 casos activos de COVID-19 en todo el territorio nacional. ¿Si hubiera visto la luz verde entonces, este sector habría contribuido en el rebrote actual por su afluencia de público? Es una pregunta para hacerse, y es también actual. Veremos con el paso de los días.
Los deportes que se disputan en escenarios cerrados, como el básquetbol, el vóleibol o el handball, aún no tienen el visto bueno para volver al ruedo y están sin fecha de retorno. Esto por el riesgo que conlleva reunir en lugares no abiertos a varias personas en este contexto por la pandemia del coronavirus. Pero, a su vez, significa menos riesgo –si se compara– respecto a las salas de teatro o cine. Esos deportes, si volvieran, lo harían sin presencia del público.
“Lo que hay es una apertura general de salas de espectáculos que incluye cines, teatros y museos”, informó el jueves el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira. El jerarca precisó que el gobierno no prohíbe que salas de cierto tamaño abran, pero las condiciones de distanciamiento disminuyen la cantidad de personas que asisten a las salas. “Puede haber muchas butacas vacías, lo que representa una complicación mayor en salas chicas, desde el punto de vista de la viabilidad del espectáculo”, dijo.
En relación con las diferencias de opinión con algunos representantes del sector cultural, respondió que son normales y esperables. “Debemos entender todos que, así como los uruguayos tenemos tendencia a tener tres millones de técnicos de fútbol, estamos un poquito con la tendencia de tener tres millones de expertos en política sanitaria. La decisión de las aperturas está en manos del Ministerio de Salud Pública y del grupo de expertos de alto nivel que asesoran al gobierno. No es el MEC (Ministerio de Educación y Cultura) ni las salas los que dicen ‘ahora podemos abrir’”, subrayó.
“Si hoy lo hacemos, es porque las autoridades sanitarias entienden que la pandemia está bajo control y lo que habrá en los próximos días no será un agravamiento de la situación”, apuntó. Al mismo tiempo, Da Silveira recordó que el gobierno asistió económicamente al sector, con rebajas en las facturas de energía eléctrica, compra de entradas anticipadas y asistencia transitoria a trabajadores.
En el país, el primero en mover fichas para la vuelta a las tablas fue el teatro El Galpón de Montevideo, confeccionando un protocolo que elaboró junto a científicos del Instituto Pasteur. En Paysandú, se replicó esa movida e incluso se confeccionó un texto atendiendo la realidad de las salas de la ciudad, el cual también se llevó ante la Dirección Departamental de Salud.
El tema es que el teatro, el cine y los museos han sido uno de los rubros más castigados por el avance del coronavirus, porque ante la imposibilidad de abrir sus puertas, la ganancia es cero y las pérdidas son muchas. La situación de los artistas es peor, ya que muchos no tienen dependencia laboral ni cobertura social que les permita acceder al seguro de paro.
La interrogante se encuentra en que un teatro, un cine, pueda abrir prometiendo el tan mentado distanciamiento social. Porque, repetimos, se trata de lugares cerrados cuyos protocolos tienden ser muy exigentes, algo aplicable en salas grandes, pero no tanto en las más chicas.
El país necesita que los teatros, cines y museos vuelvan a funcionar; los ciudadanos necesitamos de la cultura, nutrirnos de ella. Y a su vez, que los trabajadores de estos sectores puedan mantener sus fuentes de trabajo, que se encuentren motivados para seguir generando ese vínculo tan necesario con el público.
Pero cabe decir que se trata de un riesgo. Una reapertura en pleno rebrote, con un número de casos que rememora al principio de la pandemia en Uruguay, en aquel 13 de marzo cuando se confirmaron los tres primeros enfermos por coronavirus.
Se aconseja prudencia, ser estricto, muy estricto, con los protocolos, ajustarse a las recomendaciones sanitarias. Y por sobre todas las cosas, mucha conducta ciudadana.

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Opinión

Atravesar la coyuntura sin perder de vista el futuro

De acuerdo a la evaluación del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) en base a los últimos parámetros conocidos, uno de los cuales es el Indice Líder (ILC) de la entidad, hay atisbos de recuperación económica en el país, en la relatividad del concepto, por cuanto el punto de partida es la caída general registrada en Uruguay y en el mundo debido a la irrupción de la pandemia.
Precisamente el ILC subió 0,1% en julio, por lo que interrumpió una serie de ocho meses de caídas consecutivas, lo que “constituye un primer indicio de cierta recuperación de la producción para el tercer trimestre”, según se indica desde Ceres respecto a la realidad económica de Uruguay. Igualmente advierte que “habrá que esperar los dos siguientes datos para confirmar si efectivamente hay un cambio de tendencia”, en tanto otra señal de posible mejora es el Índice de Difusión (ID) que en julio se ubicó en 60%, “lo que muestra que más de la mitad de las variables que componen el ILC se comportaron de manera expansiva”.
En cuanto a la proyección de los datos, el centro de estudios señala que el ILC es un indicador adelantado del nivel de actividad, que se utiliza para predecir cambios en el ciclo económico y que está compuesto por una serie de variables que, al estar combinadas, “permiten anticipar los cambios en el dato del PBI”.
En la composición del escenario que se está transitando y las perspectivas en el futuro inmediato, tenemos que la quinta publicación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) sobre la pandemia, coloca a Uruguay como uno de los países de la región que ha dado mejor respuesta sanitaria, pero de los que menores esfuerzos ha hecho para evitar el crecimiento de la pobreza extrema, que pronostica llegará al 5,3% de la población este año.
Da cuenta que el gobierno invirtió el 0,7% del PBI en medidas que atiendan a las poblaciones más vulnerables a caer en la pobreza extrema e indigencia ante la pandemia, mientras que paralelamente El Salvador invirtió un 11,5% en medidas económicas y Brasil destinó un 7,5% de su PBI anual.
Estas comparaciones de la Cepal por supuesto deben evaluarse con reparos, por cuanto las realidades en cada país muchas veces no son comparables, y deben tenerse en cuenta otros parámetros de nivel de contención, situación socioeconómica, vulnerabilidad de los sectores evaluados, escenario de la economía y puntos de partida para la reactivación económica de cara a la pospandemia.
Y en plena pandemia, la idea que debe primar no es la atención puntual de la problemática por las consecuencias, sino de las bases para dar sustentabilidad a la reactivación de la economía superado el trance sanitario, que es lo que precisamente permitirá generar condiciones para que la pobreza sea superada en forma más o menos definitiva, con creación de empleos e inserción social, en lugar de distribuir exclusivamente recursos que no se tienen y que en breve dejarán a los supuestamente beneficiados en iguales o peores condiciones, una vez se suspenda la precaria ayuda oficial.
Una pauta de este escenario se da desde la coalición de gobierno, por la senadora del Partido Nacional Carmen Asiaín, al defender la atención que se ha dado al área social durante la pandemia y decir que si no se pudo brindar mayores recursos es porque se “ha ido a la guerra con grisines”, debido al alto déficit fiscal heredado del anterior gobierno.
Este es un elemento clave a tener en cuenta, porque deteriorar aún más las cuentas fiscales tras un déficit heredado de más del 5 por ciento del PBI, como dejó el Frente Amplio en el gobierno, es poco menos que pegarse un tiro en el pie y someter al país a un escenario de recesión e inflación con consecuencias sociales muy graves.
Por lo tanto debe evaluarse que el manejo que ha hecho el gobierno de la situación es el que se podía hacer dentro de lo que aconseja el sentido común, aunque no esté exento de errores, naturalmente, ante un trance para el que no había nadie preparado en ningún lugar del mundo y donde se han registrado consecuencias mucho más graves que en Uruguay, precisamente.
Sobre todo, asumir que no puede jugarse todo lo poco que se tiene a paliar un escenario coyuntural con la consecuencia de comprometer el futuro –por ejemplo si se hubiera decretado una cuarentena por tiempo indeterminado, como propugnaban algunos– y sumir a la población en avatares evitables si se actuaba con ponderación y compromiso, como felizmente se hizo.
Un análisis fiel del escenario lo formula el economista Jorge Caumont, desde el suplemento Economía y Mercado del diario El País, cuando considera que “al momento de tomar decisiones, muchos –los que no las toman– exigen lo que se quiere y pocos –los que las toman–, se concentran en lo que se puede”.
Este es el dilema, el asumir las responsabilidades, ante quienes consideran que se puede seguir pateando la pelota hacia adelante indefinidamente, porque como bien señala el economista “¿quien no desearía que pese a la situación sanitaria actual y el bajo empleo, los salarios de los trabajadores aumenten? ¿Quien no desearía, que las numerosas personas que viven desprovistas de la menor comodidad en el creciente número de asentamientos de los últimos años tengan un lugar adecuado para vivir?”.
El tema por lo tanto no es el qué, sino el cómo, y no se trata de distribuir lo que no se tiene, irresponsablemente y solo buscando el aplauso de la tribuna, para que se arreglen los que vienen después, como ha sido precisamente la tesitura de seguir incrementando durante todos estos años el déficit fiscal hasta llevarlo al 5% que seguramente se verá agravado por los gastos y caída de actividad como derivación de la pandemia.
Ergo, es impensable en el futuro inmediato hacer crecer paralelamente el empleo y el salario real, como todos deseamos, porque no hay condiciones para generar este círculo virtuoso en el corto plazo. Sí debe apuntarse a reducir y mejorar la calidad del gasto público, para alentar las inversiones y el desenvolvimiento de los emprendimientos que generan trabajo, los que acusaban ya un pronunciado deterioro en años previos a la pandemia.
Esto es, crecer por el lado del empleo genuino, del motor que es la actividad privada, con el Estado como catalizador y promotor de la inversión. No hay secretos ni jugadas geniales, sino un único camino que es crear riqueza que se pueda distribuir. Lo demás es solo vender humo, que se traduce indefectiblemente en pan para hoy y hambre para mañana. > Leer más

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El escenario laboral en medio de la pandemia

La pandemia aceleró la crisis que ya existía en el mundo del trabajo en los últimos años, al menos en Uruguay. Los cambios en la forma de trabajar y producir se manifestaron en forma visible bajo el coronavirus, pero habían sido alertados por diversos informes internacionales –incluso la OIT– que hacia el año 2040 iban a desparecer la mitad de los trabajos tal como los conocemos. Y ya no falta tanto: son apenas 20 años en un mundo vertiginoso.
Mientras caían grandes empresas internacionales, otras invertían en nuevas tecnologías y se posicionaban en un mercado exigente, donde hoy sus acciones valen por encima de cualquier estimación. Las industrias manufactureras o aquellas que corresponden al pasado virtuoso sobre el cual se mira Paysandú, también muestran caídas importantes. Incluso ya no existen.
Por lo tanto, no sorprende el cálculo del ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quien aproxima el desempleo al 15 %. Esto es un 6% por encima del informe del Instituto Nacional de Estadística (INE), que al mes de mayo lo ubicaba en 9,7%.
El jerarca aseguró que la pandemia revela una “situación oculta” en el mundo del trabajo, porque el INE mide el desempleo en la base a una pregunta relacionada a la búsqueda de un puesto laboral. Sin embargo, Mieres interpreta que desocupados son aquellas personas que, queriendo trabajar, no lo consiguen.
Y claramente la situación no es compatible con la realidad, porque al 29 de febrero el desempleo era 10,5% y remontaba así a una cifra histórica antes de la pandemia. No es posible que al mes de mayo baje al 9,7%.
Las explicaciones, acordes a las connotaciones subjetivas de cada encuestado, pueden aplicarse a cualquier momento y no solo a una coyuntura sanitaria. Sin embargo, el alcance global de las cifras de personas en el seguro de desempleo, lo acercan a un registro histórico.
Porque alguien en el seguro de desempleo simplemente espera, o bien otro con causal de despido aguarda ahora mismo a que mejoren las circunstancias porque el panorama está difícil.
Es decir que el indicador que mide la realidad es a partir de las personas ocupadas y su comparativo con meses anteriores indica un descenso en 90.000 personas. No obstante, en estos meses vence la mayoría de los seguros de desempleo y un porcentaje de ellos refiere a causales de despido que llegarían a unos 25.000 trabajadores.
Por lo tanto, la espalda financiera del Banco de Previsión Social (BPS) requiere de una asistencia presupuestal y este miércoles aprobó la solicitud de 648 millones de dólares o 1,2% del PBI, con un recorte del 15% de gastos e inversiones.
El año próximo, la estimación deficitaria alcanzará a 728 millones de dólares o 1,34% del PBI. En el primer caso no está calculado el impacto del coronavirus, pero la crisis sanitaria afectará las finanzas del ente en 537 millones de dólares.
En cualquier caso, los primeros índices de recuperación empezaron a mostrarse tímidamente y hay uno que particularmente interesa a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y al Ministerio de Economía y Finanzas: la venta de nafta se incrementa en los últimos meses y en junio llegó al mismo nivel del año pasado con 18%. Lo mismo ocurrió con la venta de energía no residencial, que mejora levemente.
El impacto sociológico también deberá medirse con otra vara. Pero irrumpen en este plano tanto el ausentismo laboral como el trabajo a distancia, y la llegada de la “nueva normalidad” implica una responsabilidad compartida entre abrir los espacios de producción tan necesarios y el monitoreo del escenario sanitario que incrementa los casos en los últimas semanas.
Y si tomamos en cuenta que la fuente principal de ingresos y puestos laborales en Paysandú sale del circuito comercial y los servicios, hallaremos allí el mayor impacto. Incluso a nivel nacional, el poder de compra de los salarios cae en el último año y se acentúa en los últimos cuatro meses. Y si se excluye la inflación llega a más del 3%.
En todos los casos, es decir trabajadores y empleadores, está afectada la cadena de pagos y los reclamos están centrados en los impuestos, alquileres y tarifas públicas. Hay sectores que especulan que entre setiembre y octubre abordarán un panorama general sobre el total de las empresas que acabarán clausurando sus actividades de manera definitiva.
Las empresas y trabajadores del sector turístico serán las últimas, ante la falta de visitantes extranjeros y la posición de país caro frente al dólar.
La esperanza está puesta en 2021, tanto para la recuperación de los puestos de trabajo como del poder de compra de los salarios. Sin embargo, ni los círculos académicos ni científicos tienen la certeza del final de esta pandemia. Por lo tanto, la apertura de las fronteras no está en el horizonte cercano.
Es así que, si las esperanzas están puestas en el turismo interno, harán falta tanto los incentivos para el turista como para las pequeñas y medianas empresas en sus diferentes rubros. Por otro lado, en Uruguay son más de 106.000 las PYMES que emplean a más de 600.000 trabajadores, de acuerdo a los datos del BPS. Y ese dato es, además, un espejo de la realidad en que debemos mirarnos.
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Opinión

Recalculando

En la quinta edición de “La COVID-19 y el mundo del trabajo”, elaborado por el Observatorio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se plantean tres escenarios sobre este segundo semestre de 2020. Aún asumiendo el escenario más favorable, la situación del empleo se seguirá complicando en el mundo. A escala global, las estimaciones de los expertos hablan de una pérdida adicional de entre 34 (en el mejor de los casos) a 340 millones de puestos de trabajo, que se agregan a los 400 que, se estima, se perdieron en la primera mitad de este año.
En lo específico de nuestro subcontinente, las estimaciones oscilan entre 9 millones, en el mejor de los escenarios planteados, a 60 millones, asumiendo que las cosas van a peor.
Las dificultades económicas que ya están afrontando países, empresas y personas a lo largo y ancho del globo son el lado B de esta pandemia, por ello no llama la atención una declaración del secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, quien afirmó que “los gobiernos tienen el deber de anteponer el bienestar de sus ciudadanos, pero, al mismo tiempo, tienen también la responsabilidad de proteger los medios de vida de esos ciudadanos y de proteger a las empresas”.
Estas expresiones surgieron tras una visita oficial que la OMT realizó a las Islas Canarias, donde se comprobó “de primera mano que la reactivación del turismo puede gestionarse con responsabilidad”. Además, en una posterior visita a las Islas Baleares corroboraron “cómo la aplicación de protocolos estrictos de salud e higiene acompañan la reapertura de los destinos turísticos”.
Pololikashvili afirmó que “encontrar el equilibrio entre la preocupación por la salud pública y el apoyo a un sector del que dependen millones de personas (el turismo) no será fácil. Estamos en territorio inexplorado. Sin embargo, puede hacerse, como se está demostrando actualmente en muchos lugares”.
Estas visitas se producen en los albores de una nueva temporada alta en Europa, en la que hay mucha expectativa, por un lado por demostrar que es sostenible una actividad económica que genera 27 millones de puestos de trabajo en empresas grandes, pequeñas y también es fuente de sustento para emprendedores independientes.
Es una prueba de fuego en la que se medirán, por un lado la confianza que se ha podido generar en medio de tanta inestabilidad e incertidumbre, y por otro la efectividad de las medidas y los protocolos de prevención que se han desarrollado para poder tener esta reapertura.
“Los destinos, el sector turístico y sus millones de empleados han estado preparándose durante los pasados meses para recibir a los visitantes”, aseguró el secretario, que no dudó en afirmar que el turismo es “probablemente uno de los entornos más seguros en estos momentos por ser un sector centrado en las personas y su bienestar”.
En nuestro país, entre las medidas que ha adoptado el Ministerio de Turismo, se creó el sello que identifica a los operadores responsables, que funciona como una acreditación de que ese establecimiento se apega a los protocolos necesarios para la efectiva prevención. Además se lanzó una intensa campaña para incentivar el turismo interno.
Sin embargo, Pololikashvili no dejó de reconocer la fragilidad del momento, que requiere “aún más cooperación y que las medidas, tanto individuales como conjuntas, sean razonadas y proporcionales”.
Que las cosas vayan bien o mal en esta temporada europea forma parte de la encrucijada que definirá el destino de este complicado segundo semestre. Si todo sale bien, si la situación sanitaria se mantiene bajo control, será un buen síntoma y generará un optimismo que se contagiará a otras ramas de la economía. Si el virus se vuelve a descontrolar, los efectos secundarios serán muy complicados de manejar, los sanitarios, por supuesto, pero sobre todo los económicos.
La analogía de las perillas que empleó el presidente de la República Luis Lacalle Pou es útil por demás para graficar este momento, donde se asume que prolongar el encierro no es la respuesta. Aquí, en el barrio, tenemos los dos ejemplos. Tal vez la cuarentena obligatoria sea lo mejor desde el punto de vista sanitario –y no hay consenso de que así sea–, pero las consecuencias económicas pueden ser muy dolorosas. Tampoco ha sido una respuesta feliz el minimizar el riesgo y ver cómo se pierden cientos de miles de vidas por mensajes inadecuados.
Otro aspecto que cobra relevancia en relación con la reapertura del turismo es el del empleo femenino. Es que, según las constataciones de la Organización Internacional del Trabajo, las mujeres trabajadoras han sido quienes más han sufrido la crisis en sus espaldas.
“A diferencia de crisis anteriores, el empleo femenino corre un mayor riesgo que el masculino, en particular como consecuencia de los efectos de la recesión en el sector de los servicios”, plantea en la quinta edición de su informe “La COVID-19 y el mundo del trabajo” el Observatorio de la OIT.
Este es un momento de suma complejidad, donde el mensaje debe transmitir la confianza suficiente como para animar a las personas a disfrutar de los servicios, pero a la vez mantener la mesura como para evitar que se generen acciones irresponsables, de las que todos hemos visto y oído en los últimos días.
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Opinión

Las empresas públicas, parte del problema y no la solución

Recientemente un grupo de 22 analistas y técnicos de nuestro medio puso sobre el tapete lo que entienden son aspectos que deberían reformarse de las empresas públicas, luego de haber dado a conocer un documento sobre el mismo tema a mediados de diciembre del año pasado.
Se trata de un tema de particular sensibilidad para los uruguayos, desde que sucesivas generaciones no han conocido otra cosa que el trabajo de las empresas en manos del Estado y, en general, más allá de las lógicas críticas a su gestión –sobre todo cuando se trata de empresas monopólicas formalmente o de hecho– se considera que la alternativa a este escenario es una privatización que despierta temores. Recelos en algunos casos de recibo o, en otros, de un sesgo puramente ideológico desde sectores de izquierda que siempre habían admirado a los regímenes colectivistas hoy desaparecidos.
Como antecedente inmediato, tenemos que durante quince años de gobierno del Frente Amplio –que contó con mayorías parlamentarias propias– no se avanzó más allá de lo simbólico en lo que se proclamara en su momento como la “madre de todas las reformas” del Estado, anunciada en el primer gobierno de Tabaré Vázquez. Peor aún, la realidad cruda y los condicionamientos políticos hacen pensar que por más intenciones que se tengan, en el gobierno del Dr. Luis Lacalle Pou difícilmente pueda avanzarse por la coalición de partidos en este tema, cuando hay grupos de presión que siguen pretendiendo escudarse en el statu quo para seguir con más de lo mismo en la diversidad de las áreas del Estado.
Como es sabido, en el primer período del gobierno de la coalición de izquierdas, aquella reforma se fue diluyendo hasta quedar solo en los anuncios, porque al decir del expresidente José Mujica, “no se la llevaron” los mayores aliados del Frente Amplio en el gobierno, es decir los sindicatos y grupos radicales que, lejos de pretender avanzar en la misma dirección que por lo menos insinuó Vázquez, siempre han querido participar en un Estado omnipresente y vigilante.
Tampoco “le llevaron” a Vázquez en su segundo gobierno una reforma del ADN de la educación y, lejos de ello, aquellos dirigentes y formadores elegidos para dirigir este proceso debieron renunciar en las primeras de cambio porque también en el statu quo regido por los gremios de la educación no dejaron hacer ningún cambio que valiera la pena, alertados de que en todo caso podían ser evaluados y por lo tanto condicionarse la afectación de recursos a los resultados que se obtuvieran.
Y en el caso concreto de las empresas del Estado, las supuestas empresas de todos los uruguayos, nos vienen a la memoria expresiones del excanciller Rodolfo Nin Novoa, quien ante los problemas gremiales sentenció, en un rapto de sinceridad que se llevó por delante lo políticamente correcto, que las empresas estatales “son de sus funcionarios”, y que sirven solo a sus intereses y no al ciudadano de a pie, a los usuarios y clientes.
Es decir, que en este caso la calidad de la gestión es lo de menos, porque si hay cuentas en rojo siempre está el dinero del Estado –el de todos los uruguayos– para respaldarlas y capitalizarlas, como sucedió hace un tiempo con Ancap, por regla general tienen más funcionarios que los que necesitan, son ineficientes, cobran sobreprecios en sus tarifas y obran como agente recaudador de impuestos encubiertos para enviar dinero a Rentas Generales.
En base a estas y otras consideraciones cobra realmente importancia la propuesta o documento de trabajo que presentan los técnicos reunidos por el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), que preside el economista Ignacio Munyo.
Entre otros conceptos, los profesionales evalúan que “empresas públicas más eficientes harían de Uruguay un país menos caro en dólares, contribuyendo a la agenda proinversión que tanto se necesita para retomar una senda sostenible de crecimiento. Asimismo, ello traería ganancias para los consumidores, principalmente para los de menores recursos, que son los que destinan una mayor proporción de sus ingresos a la compra de los bienes y servicios que ofrecen las empresas públicas”.
Asimismo, consideran que la naturaleza de la relación entre el poder político y las empresas públicas limita la posibilidad de que los precios de los servicios que rindan reflejen los resultados de una adecuada gestión, en tanto apuntan que desconocen “las tendencias globales que hacen que el mundo actual sea totalmente diferente al que existía cuando la mayoría de las empresas públicas fueron fundadas”.
Aquel mundo precisamente se debatía en medio de políticas proteccionistas que en nuestro país, por ejemplo, hicieron que se sobreprotegiera a las empresas locales en procura de mantener un empleo artificial, con productos que no podían competir con sus similares de otras fronteras y por lo tanto haciendo que el consumidor subsidiara empresas ineficientes, que no se reconvirtieron para modernizarse y poder competir con productos similares del exterior.
La consecuencia fue rezago tecnológico, productos mediocres y caros para el consumidor, que es precisamente una derivación lógica de este esquema que coexistió con las empresas del Estado sobreprotegidas por el monopolio.
De lo que se trata es de atender esta problemática, porque empresas públicas eficientes y competitivas contribuirían a hacer menos oneroso el costo país para el sector privado, que es el que mueve la economía y proporciona empleos genuinos, por fuera de la burocracia que detrae recursos de los sectores reales de la economía, los que precisamente permitirán recuperar la actividad después de la pandemia.
Y como bien señala el documento de los técnicos la Ley de Urgente Consideración, “es un buen punto de partida para contar con empresas públicas más eficientes, y al servicio del país, se requiere mayor ambición”, por lo que “estos cambios legales aprobados deberán venir acompañados de la voluntad política para impulsar otros no legales, también críticos, para que nuestras empresas públicas puedan ofrecer mejores servicios a precios competitivos”.
La interrogante es si habrá madurez en el sistema político –en el Frente Amplio no lo hubo durante quince años– para promover los cambios que necesita el país para aggiornarse a las necesidades en un mundo competitivo, con las empresas públicas como sostén de un mejor andamiaje para mejorar la productividad y abatir costos, en lugar de continuar siendo parte fundamental del problema.
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No hay que sacar la historia de su contexto

En los últimos días, un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) relevó la caída y el impacto económico de los países de la región, a raíz de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus y sus consecuencias a futuro.
El organismo señala, en el caso uruguayo, que el país invirtió 0.7% de su Producto Bruto Interno (PBI) o aproximadamente 400 millones de dólares y lo ubica en el último lugar. La oposición calcula que el monto invertido en la contingencia es similar a los recortes presupuestales en el gasto público y en políticas sociales.
La Cepal estima que el impacto en la región será peor al previsto y la economía caerá aproximadamente 9.1%. Solo nuestro país y Paraguay tendrán una contracción mucho menos profunda que los demás, en el continente latinoamericano. Sin embargo, por estos lares, insistimos en hacer una lectura lineal y sacada de contexto. Y, por supuesto, bien “a la uruguaya”.
Mientras otros destacan que Uruguay logró controlar la pandemia sin cuarentena obligatoria –a pesar de las insistencias de algunos líderes de izquierda– y comenzar una reapertura de actividades con el regreso de los estudiantes a sus centros educativos en forma paulatina, hay quienes promueven los números fríos. Pero, a veces, la matemática tiene bastante más memoria que la historia que cuentan y ese pasado reciente forma parte de este resultado.
El continente más desigual del planeta crecía lentamente, y eso pasaba antes que se dieran cuenta de estos resultados y los instalaran como un relato colectivo en tiempos electorales.
Porque ahora, con la pandemia, el retroceso será de al menos una década. La Cepal calcula que el nivel del PBI per cápita será similar al de 2010. O, como mejor lo define el director de la División de Desarrollo Económico del organismo, Daniel Titelman: “Será una nueva década perdida”.
Y como la crisis sanitaria no elige ideología, vemos que Argentina, Brasil y Perú tendrán caídas más pronunciadas. Por supuesto que Venezuela figura como una excepción, con un descenso del 26% aproximado porque los datos presentados sobre su economía no son confiables. Estamos ante el peor escenario de recesión, desempleo y marginalidad de los últimos cien años y ese aspecto, a estas alturas, es de difícil discusión. A menos que haya otros intereses y se impida una visión con madurez política. Una cuestión que ya no extraña.
Lo cierto es que la recuperación a un escenario anterior a la pandemia llevará años y no todos los países se encuentran en igualdad de condiciones para enfrentarlo con espalda política y cintura económica.
Como Uruguay, que antes del coronavirus tenía un déficit fiscal del 5% que nunca pudo retraerse, sino que se consolidó por un gasto público discrecional. O con un desempleo que venía en crecimiento porque al 29 de febrero se encontraba en dos dígitos (10,5) y, según el Instituto Nacional de Estadística (INE) era el más alto de los últimos 13 años. Todo esto, antes de la pandemia.
Ahora es más fácil calcular que en la región, el desempleo trepará al 13,5% al cierre de este año. Pero para el caso uruguayo, el escenario ya estaba complicado. Y no es posible presentar análisis serios sin contar el panorama anterior a la crisis sanitaria e incluirlo en el contexto actual.
Por su lado, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) destacó específicamente la respuesta sanitaria del país, ante una situación para la cual no estaban preparados ni los países más avanzados o con mayores recursos.
A comienzos de este mes, en una rueda de prensa, el gerente de incidente para COVID-19 de la OPS, Sylvain Aldighieri, dijo que “Uruguay es el único país de América del Sur que tiene una tasa de incidencia que baja de manera regular durante las últimas semanas”.
El punto de mira de los técnicos es el manejo de la crisis desde el 13 de marzo hasta el presente, en vez de los reportes diarios, porque incluso definen que la cantidad de fallecidos corresponden a “una tasa de letalidad baja”.
Por eso, las peores consecuencias para Uruguay no son sanitarias sino económicas. El Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República relevó los datos hasta abril y estimó que entre 94.000 y 127.000 personas cayeron por debajo de la línea de pobreza, como resultados de corto plazo por COVID-19. En la región se incrementará por encima de 45 millones y pasará de 185,5 que estaban en esta situación el año pasado a casi 231 millones a finales de 2020.
Es que no estamos ante cualquier recesión, sino frente a una de las más devastadoras. El Banco Mundial asegura que solo es superada por la crisis de 1914 a comienzos de la Primera Guerra Mundial, por la Gran Depresión entre 1930-1932 y por la desmovilización de las tropas de la Segunda Guerra Mundial entre 1945-1946. El coronavirus está en cuarto lugar, en una historia de 150 años de relevamiento económico. Ese dato no es menor.
Y, claramente, no sería descabellado pensar en un incremento de las tensiones políticas y las movilizaciones de los sectores que atraviesan por dificultades. Porque no hay una sola crisis, sino dos. Por eso, la clase política –ahora mismo– está llamada a contrarrestar los efectos negativos sobre las democracias de los pueblos. En vez de aportar a la manija, aún en tiempos electorales como los nuestros, deben estar por encima de las situaciones coyunturales y por una vez –solo por esta vez– aportar a la causa común que se llama Uruguay. > Leer más

Opinión

Las amenazas del fascismo digital

En noviembre de 2018 el periódico español “El País” dedicó uno de sus editoriales a un tema que aumenta día a días: las demostraciones de intolerancia que se manifiestan en todas las redes sociales. Utilizando la expresión “fascismo digital” el diario madrileño expresó, en esa oportunidad, que “el móvil y la tableta han sustituido a la porra y la pistola. Echamos la vista atrás, a los años treinta del ascenso de los totalitarismos, con los que se suelen comparar los actuales tiempos, y observamos cómo hoy los extremismos han encontrado su mejor instrumento en las redes sociales. Afortunadamente. (…) En la calle, el móvil y la tableta han venido a sustituir a la porra y a la pistola de los años treinta, pero en la sombra acompañan al puñal y al veneno en el regreso vistoso del crimen de Estado que experimenta nuestro mundo global. (…) Ahora sabemos que las redes sociales están en todo y sirven para todo. No hay crimen sin su compañía. No hay fascismo sin Facebook”.
Las afirmaciones de “El País” de Madrid pueden parecer duras, pero hacen referencia a una realidad de la cual cualquier ciudadano puede participar sin importar la red social elegida, porque desde un grupo de compañeros de trabajo hasta un grupo de padres o madres de alumnos de una institución educativa, cualquier colectivo puede ser el escenario para que se desencadenen impensables muestras de intolerancia por el simple hecho de haber votado a determinado partido o simplemente estar de acuerdo (o no) con la decisión de un político nacional o departamental.
Como suele suceder con las actitudes fascistas, las mismas no son patrimonio exclusivo de los votantes de un partido político o de un sector; muy por el contrario, responden a un corte transversal de los mismos, recogiendo nefastas adhesiones incluso en sectores que juran y perjuran sobre la validez sus credenciales democráticas basadas en la lucha contra el fascismo.
Lo cierto es que el fascismo, tal como lo ha señalado el filósofo italiano Umberto Eco, es ajeno al pensamiento crítico, ya que en él reside la diversidad el desacuerdo, situaciones saludables para una comunidad democrática pero inaceptables para muchos de los usuarios de las redes sociales que se encuentran en permanente alerta para detectar y atacar al que piensa diferente de ellos. Los calificativos con los cuales se puede atacar a quienes no comparten las ideas políticas, religiosas y/o deportivas son variados pero coinciden en el trato despectivo al otro.
La intolerancia en las redes incluye ataques a homosexuales, lesbianas, afrodescendientes, hinchas de otro cuadro deportivo o colectivos de diversos países. Todo es posible en las redes sociales, donde cada usuario suele volcar su parte interior más oscura y antidemocrática contra cualquiera que desafíe sus paradigmas del pensamiento único. Al igual que en la novela “1984” del escritor británico George Orwell, en la cual se describe una sociedad carente de libertad y oprimida por un Estado omnipresente, los usuarios de las redes se han transformado en la “Policía del Pensamiento” para la cual toda opinión disidente debe ser acallada a cualquier precio. Solo haría falta que, al igual que en la mencionada novela, existiera un “Ministerio de la Verdad” organización que en su fachada lucía las tres frases que regían ese mundo carente de libertad: “La Guerra es la Paz. La Libertad es la Esclavitud. La Ignorancia es la Fuerza”.
Lo cierto es que las redes sociales (especialmente debido a la rapidez y alcance con la cual se difunden determinados ataques) suelen potenciar la intolerancia, transformándola en un fenómeno global que rápidamente alcanza a usuarios de distintos países. En cierta forma, las publicaciones en las redes suelen transformarse por sí mismas en una suerte de sentencia inapelable con la cual la víctima debe convivir casi con resignación. Sin voluntad, tiempo, ni capacidad para analizar la información que reciben, los usuarios de las redes tienden a considerar como verdadera toda la información que reciben y de esa forma una opinión intolerante (y por ende, mala por sí misma) termina recibiendo el respaldo de un mecanismo de difusión (las redes sociales) que no hacen más que “echar leña al fuego”. Se trata ni más ni menos que de la apocalipsis zombie a la cual hace referencia el grupo musical uruguayo “El cuarteto de nos” en uno de sus últimos videos.
Estas publicaciones en las redes terminan constituyéndose en verdaderos discursos de odio, lo cual ha sido definido por el Comité de Ministros del Consejo de Europa como “toda forma de expresión que difunda, incite, promueva o justifique el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basadas en la intolerancia”.
En este sentido, resulta triste constatar que la emergencia sanitaria causada por el coronavirus COVID-19 se ha transformado en un nuevo espacio de odio, donde muchas personas atacan a quienes se han contagiado (o se supone que lo han hecho), incitando a un linchamiento mediático donde se pide conocer el domicilio del paciente para seguramente atacarlo físicamente.
Ante esta situación, resulta importante que las redes sociales mejoren sus mecanismos internos para prevenir, supervisar, identificar y sancionar a quienes incurran en discursos de odio. En el mismo sentido resulta importante que las legislaciones nacionales se adapten a esta nueva forma de acción intolerante, ayudando a su natural combate.
Un lugar de vital importancia está reservado para la educación que reciban nuestras niñas y niños (muchos de ellos usuarios de tales redes) a efectos de crear conciencia sobre las normas de convivencia democrática que deben regir tales ámbitos. Debemos entender de una vez por todas la importancia que las redes sociales tienen en la construcción de ciudadanos y ciudadanas que aporten con su palabra y con su acción a una sociedad basada en el respeto a los demás, porque esa es la base de la tolerancia. En efecto, en palabras del filósofo español Fernando Savater, “la tolerancia es la disposición cívica a convivir armoniosamente con personas de creencias diferentes y aún opuestas a las nuestras, así como con hábitos sociales o costumbres que no compartimos”.
Al fin y al cabo, como lo ha señalado el propio Savater, “ser tolerante no es ser débil, sino ser lo suficientemente fuerte y estar lo suficientemente seguro de las propias elecciones como para convivir sin escándalo ni sobresalto con lo diverso, siempre que se atenga a las leyes”. Para alcanzar ese objetivo, los diversos actores sociales, políticos, educativos y empresariales deben poner manos a la obra para lograr acuerdos con una amplia base de respaldos para combatir los males del fascismo digital. > Leer más

Opinión

Embelesamiento argentino

La pandemia por el coronavirus volvió a poner sobre el tapete ese sentimiento argentino tan pro uruguayo que nos llega a hacer sonrojar. El interés de muchos de sus ciudadanos por venirse al país a vivir, y las recientes entrevistas de los periodistas argentinos al presidente Luis Lacalle Pou, marcaron otra vez esa tendencia que pasa más por una comparación que por el afecto mismo, que sí lo hay por supuesto.
La semana pasada, el mandatario uruguayo decidió brindar una serie de reportajes a distintos medios de comunicación argentinos, y todos ellos dominaron las redes sociales y dieron mucho de qué hablar en la nación vecina, y generaron más repercusiones que la última aparición del presidente Alberto Fernández, según analistas.
La primera entrevista fue con Alfredo Leuco, el martes 14 de julio por la noche. De acuerdo a las mediciones, los más de 70 minutos en los que estuvo Lacalle Pou al aire le sirvieron a TN para estar primero en el rating. A la mañana siguiente, habló con Marcelo Longobardi en el programa radial Cada Mañana, el más escuchado de Argentina. La tercera entrevista que se le realizó en Argentina, con Viviana Canosa, dio mucho que hablar en las redes sociales por el tono de la presentadora hacia el mandatario, con muchos halagos y cumplidos hacia Lacalle Pou.
Más tarde, el presidente uruguayo conversó con Luis Majul en el programa La Cornisa, y luego siguió charlando con medios argentinos como Clarín e Infobae. Lo que se dice, terminó siendo toda una exposición del mandatario de Uruguay en Argentina.
Las continuas apariciones de Lacalle Pou en la televisión, radio y prensa escrita de Argentina, han servido para que los vecinos se sintieran un poco más atraídos por nuestro país. Llevados a la comparación, observan que en Uruguay se está paliando la situación por la COVID-19 mucho mejor, sin aislamiento obligatorio y con números de casos tranquilizadores hasta el momento. En cambio, en Argentina llevan cuatro meses de cuarentena, con casos de coronavirus en todo el territorio, y con un marco político, social y económico no muy alentador.
También comparan la destreza que ha tenido Lacalle Pou para el manejo de la crisis, frente al uso político que ha hecho continuamente Alberto Fernández respecto a la pandemia. El presidente uruguayo siempre se cuidó de hablar con mucha diplomacia en cada entrevista que brindó, sin meterse en camisa de once varas, y sin irse por las ramas en ninguno de los temas.
El último elogio del otro lado del charco provino del analista político argentino Sergio Berensztein, cuya entrevista fue publicada ayer por el diario El País. Dijo que Lacalle Pou está surgiendo como uno de los presidentes más fuertes de la región.
“Surge Uruguay, una vez más, como la gema de la región. Y las características personales del presidente Lacalle Pou me parece que acá suman. En el raid mediático en Argentina de la semana pasada demostró una retórica pulida, muy precisa para el momento actual y sin definiciones grandilocuentes, todo lo contrario, con humildad. No hay muchos presidentes en este momento con la capacidad de plantear algunos valores de forma tan concreta y adecuada. Por ejemplo, el poner énfasis o ponderar mucho la libertad individual y la responsabilidad individual. Al mismo tiempo alabar a la sociedad civil de su país, por ejemplo cuando dijo que la propia Cámara de Turismo pedía en Semana Santa que la gente no viaje, demostrando que el liderazgo no es de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Esto lo diferencia”, dijo Berensztein con contundencia.
Por otro lado, se encuentra el ciudadano argentino que observa otra vez a Uruguay como destino atractivo para escaparle al aumento de los impuestos y a la cuarentena total. Otro factor que parece incidir en la decisión de muchos argentinos es el anuncio que hizo poco antes de asumir el presidente Lacalle Pou de que el país tenía “la posibilidad de convertirse en un lugar de llegada” de extranjeros.
El mandatario también anunció su intención de flexibilizar el otorgamiento a extranjeros de certificados de residencia fiscal (concepto jurídico que determina qué impuestos debe pagar una persona o empresa según el país donde reside o genera las rentas).
“La gente (en Argentina) hoy te dice: ‘Quiero ir a Uruguay ya’. Pero no por residencia fiscal solamente. Te lo plantean como: ‘Quiero irme a vivir a Uruguay, ¿pero cómo hago?’”, debido a que las fronteras están cerradas por la COVID-19, contó a la agencia Sputnik Jonás Bergstein, abogado socio del estudio jurídico uruguayo Bergstein, especialista en temas tributarios y que desde enero pasado empezaron a recibir más consultas de argentinos.
Por lo pronto, hay que aprovechar estas ganas de nuestros hermanos a venirse para el país. Siempre que han venido, han invertido y han sumado con trabajo y tecnología. Suelen ser más emprendedores y más jugados que los uruguayos. Y, por cierto, Uruguay necesita de esa dosis de impulso en un momento de chatura y de baja actividad en este actual contexto.
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Opinión

Política exterior en la era pandemia

Todo indica que la reticencia que en su momento tuvo el excanciller Ernesto Talvi para calificar como una “dictadura” al régimen de Nicolás Maduro, en Venezuela, fue la gota que colmó el vaso en los desencuentros entre el Poder Ejecutivo y el ministro saliente respecto al abordaje de la política exterior, conjugado con una manifiesta tendencia del líder del sector Ciudadanos a jugar un rol protagónico en el gobierno de coalición desde el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Más allá del color del cristal con que se mire, no puede soslayarse que una Cancillería, por encima de la rotación de partidos en el poder, debe tener un eje central que responda a las más caras tradiciones del país en materia de alineamiento democrático, respetar la institucionalidad y cuestionar a quienes transgreden el marco legal, a las tiranías, pero al mismo tiempo defendiendo los intereses del país. Es que además, los países tienen intereses, algunos en común, en otros casos encontrados, en el plano comercial y/o geopolítico, y la diplomacia debe contribuir a buscar un equilibrio y condiciones para el mejor desenvolvimiento de las políticas en curso.
Estas pinceladas incompletas, por así decirlo, deberían ubicarnos en lo que debería ser más o menos el ideal de la diplomacia como política de Estado, pero naturalmente en la realidad no siempre ha funcionado así, y generalmente el problema se plantea cuando se supeditan alineamientos ideológicos, entre otros factores que distorsionan las decisiones o líneas de trabajo.
También el hecho de que todos los ministerios, pero sobre todo la Cancillería, responden directamente a la impronta que quiera darle el presidente de la República, y en este caso evidentemente Talvi, como líder de otro partido político, quiso funcionar con una autonomía que si bien a veces es deseable para poder trabajar sin un exceso de rigidez y condicionamientos, no puede estirarse hasta el punto de contrariar determinadas líneas claramente trazadas en su momento.
Una de ellas es precisamente –como lo reafirmara luego– la visión y énfasis de Lacalle Pou de considerar al régimen venezolano como una dictadura y la reticencia de Talvi como canciller para hacer lo mismo, cuando sí lo había manifestado cuando era candidato a la Presidencia.
De todas formas la gestión de la cartera de Relaciones Exteriores va mucho más allá de los desencuentros en que pueda encuadrarse este episodio, que derivara en la designación de un diplomático ortodoxo, de carrera, como es el caso del actual canciller Francisco Bustillo, alineado a ultranza con la visión del presidente, en tanto subordinado a sus directivas, algo que a Talvi, como líder de otro partido, aunque coalicionado, lo dejaba en una posición incómoda y muy difícil de mantener bajo cualquier circunstancia.
Un panorama sobre el rol a cumplir por un canciller lo traza precisamente el exministro de la cartera Dr. Sergio Abreu, cuando además el país y el mundo enfrentan el dilema del relacionamiento que habrá en la pos pandemia, en un planeta con economías devastadas por la brusca caída de la producción, el comercio, el turismo, y cuya recomposición presenta un desafío fenomenal, aunque no exento de oportunidades que deberían ser identificadas y en lo posible, convenientemente explotadas.
En declaraciones a El País, el actual senador oficialista considera respecto al desempeño que debe tener la diplomacia uruguaya, que Uruguay debe plantear su agenda en este semestre en que preside el Mercosur, en tanto su fortaleza debe radicar entre otros aspectos en no alinearse automáticamente con Argentina ni con Brasil, Estados Unidos o China. Sobre el cambio de canciller evaluó que el hecho ocurrido en plena cumbre del Mercosur si bien ocurrió en un momento poco oportuno, no resulta traumático, por cuanto en el actual gobierno impera la diplomacia presidencial.
“Con Bustillo hay énfasis diferentes, pero no van a cambiar los objetivos”, acotó, y subrayó que la diplomacia presidencial le está dando resultados a Lacalle Pou, si se tiene en cuenta que su mensaje de “flexibilidad y unidad” cayó muy bien entre los socios del bloque regional.
Pero el mundo, naturalmente, es mucho más que la comarca, la región, y mal que nos pese, ya en la región tenemos problemas que en el caso del bloque no han sido solucionados pese a los más de 20 años de funcionamiento, en gran medida porque contrariamente a las premisas básicas de la diplomacia, en el Mercosur durante los gobiernos denominados progresistas hubo una modalidad de funcionamiento como club de presidentes amigos, y está fresco todavía el recuerdo de la decisión de priorizar “lo político por sobre lo jurídico”, como señalara el expresidente José Mujica, por la que los gobiernos de izquierda del bloque suspendieron ilegalmente a Paraguay para hacer ingresar a la Venezuela de Chávez por la ventana.
Asomados al mundo, tenemos que la coyuntura mundial implica movernos entre grandes potencias como Estados Unidos y China, claramente enfrentados en su guerra comercial, pero de los que debemos tratar de mantenernos equidistantes y ponderando los intereses en juego, por encima de los conflictos y las presiones a las que naturalmente estamos sobreexpuestos por el tamaño de nuestra economía.
Paralelamente, más allá de coyunturas, las relaciones son entre países y no entre gobiernos, lo que implica distintos plazos pero también carriles de certeza y sustentabilidad pese a los inevitables conflictos de intereses. Es impensable que Uruguay pueda cortarse solo en el mundo, sino que debe mantenerse la disposición a cerrar acuerdos bilaterales o en bloque, celebrar tratados de preferencia arancelaria para hacer frente a grandes competidores que entran sin estas trabas y sobreprecios a los nichos de mercado que nos interesan.
Y en el caso del Mercosur que nos ocupa, es pertinente el planteo de Lacalle Pou en el sentido de que se impone una flexibilización que trascienda el corsé que en su momento fue impuesto por los términos del acuerdo regional. Estamos ahora ante una bipolaridad entre Estados Unidos y China y sería un error recostarse en demasía a cualquiera de ellos, y lo ideal será lograr más que nunca una saludable diversificación que reduzca ataduras.
Algo se ha avanzado en este sentido, pero la realidad puede muchas veces más que las intenciones. Lo que sí es seguro es que los proteccionismos que se manifiesten en el concierto internacional nos resultarán perjudiciales, desde que para Uruguay el encierro sería “arrollarnos” a una mínima expresión en lugar de desarrollarnos y crecer.
Todo para perder si así fuera, y por más que no seamos formadores de precios ni de políticas globales, está en nosotros y en gran medida en la responsabilidad de nuestra diplomacia, hacer el máximo posible por abrir y ampliar mercados, porque están en juego en ello nuestra producción, la creación de empleos, nuestra calidad de vida y nuestro futuro. > Leer más