Opinión

La salida de la pobreza que no es tal

A pesar de lo expresado por el presidente del Pit Cnt, Fernando Pereira, en el sentido de que “el 17 haremos un gran paro general con argumentos sólidos”, con referencia a la medida de fuerza de este jueves, ello evidentemente es desmentido por una plataforma con argumentaciones político-ideológicas que trata de apoyarse en elementos coyunturales.
Estamos ante una central sindical dominada por los dirigentes de gremios estatales, que precisamente no han sufrido las consecuencias de pérdida de empleo y de ingresos, como ha ocurrido en el sector privado, sobre el que ha recaído el precio del ajuste impuesto por las circunstancias socioeconómicas que se arrastran desde la prepandemia, y que por lo tanto solo reivindica sus antecedentes puestos de manifiesto sobre todo durante las administraciones de los partidos tradicionales, catalogados como enemigos de clase.
Por supuesto, con su nunca desmentida dosis de surrealismo, la plataforma se centra en “propuestas” como que el desempleo se combate por la vía de la inversión pública (¿?), soslayando olímpicamente que los recursos del Estado no brotan de entre las piedras, sino que se generan por el trabajo del sector privado o por endeudamiento, lo que al fin de cuentas es lo mismo porque la deuda se paga con el dinero que aportan empresarios y trabajadores.
Ergo, más allá de la coyuntura específica que presenta la pandemia y sobre todo las medidas que se adoptan para evitar la difusión de la patología, desde el punto de vista de la “propuesta” del Estado como fuente de empleo tenemos la dificultad adicional de que el nuevo gobierno asumió no solo en medio de un fuerte desempleo y caída creciente de la actividad económica, sino también con un déficit fiscal agudo, del orden del 5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), lo que indica que se ha estado gastando más de lo que se recauda, y este desnivel se ha traducido en deuda que se debe pagar en los próximos años con el esfuerzo del sector privado.
En suma, la “solución” del Estado no es tal, sino sumar más del mismo problema, pese a los eslóganes que exponen los dirigentes de los gremios que son en esencia los verdaderos “dueños” y beneficiarios de las empresas públicas, donde no peligran los puestos de trabajo estatales ni tampoco sus ingresos, sino que por el contrario, son los únicos que han estado seguros durante la pandemia que destruyó miles de puestos laborales en el ámbito privado, motor de la economía.
Es cierto en cambio que –como señala la plataforma– los uruguayos estamos viviendo momentos muy duros, con “casi 110.000 trabajadores que están en el seguro de paro y muchas empresas que toman el atajo del despido, coartando toda posibilidad de volver al trabajo”. Pero ello naturalmente en el sector privado, porque dentro del Estado no hay ningún peligro de perder el trabajo y en cambio se sigue pidiendo recuperación del salario real, pese a la realidad que golpea a los trabajadores privados, que con sus aportes sostienen la inamovilidad y las remuneraciones intocables del ámbito estatal.
Esta es la explicación que no da la central sindical, que no considera que deben compartirse ajustes también en el Estado.
Y si bien la pandemia ha sido el convidado de piedra que ha precipitado este complejo panorama socioeconómico, el déficit fiscal, la pobreza, el desempleo, la falta de rentabilidad de las empresas no comenzaron el 1º de marzo de 2020 con el nuevo gobierno, sino que se habían ido agudizando en los últimos años, porque el gobierno del Frente Amplio se había quedado sin margen de maniobra, encerrado en su propio exceso de gasto público y falta de inversión de riesgo.
Es decir que más que mirar la foto del momento, para hacerse una composición de situación tenemos que ver la película, para acertar en el diagnóstico y consecuentemente con las posibles soluciones para no partir de parámetros equivocados o desvirtuados por objetivos ajenos al interés general.
Así, tenemos que, de acuerdo al reciente informe de Ceres (Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social), 560.000 personas eran pobres en Uruguay en 2019, de los cuales 207.000 no eran considerados como tales en las estadísticas gubernamentales. La cifra, que comprende el año mencionado, se desprende de una investigación del centro que abordó el tema con una metodología más allá de la franja de ingreso de las personas, según informa El Observador. El estudio determinó que había 207.000 personas que tenían ingresos algo superiores a los que establecía la línea de pobreza y que igualmente vivían en condiciones de pobreza, pese a no ser considerados pobres.
La pobreza en 2019 fue de 8,8% según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), pero según los datos del Ceres la tasa llegaba al 15%, antes que impactara la crisis del COVID-19, computando ingresos y también carencias de bienes y servicios básicos.
Es decir, según los datos oficiales, en 2019 había más de 300.000 personas pobres, con ingresos menores a los que establecía la línea de la pobreza. Pero había más de 200.000 personas con ingresos algo superiores, que vivían en condiciones similares.
El Ceres realizó este estudio en base a la Encuesta de Hogares del INE, pero no se limitó a los ingresos de personas y familias sino que consideró variables de calidad de vida, como si vive en hacinamiento, sin baño o sin cocina, sin calentador de agua, la ocupación laboral y la educación.
El análisis establece que la generación espontánea de más de 300 ollas populares generó sorpresa en la opinión pública por la “tendencia a la baja” de la pobreza en los últimos años. El estudio concluye que “la delgada línea de la pobreza” es una buena herramienta para medir y comparar, pero es un sistema que no permite ver “la dimensión real de un drama social complejo”.
Pues este escenario, del que veníamos dando cuenta desde esta página desde hace ya tiempo, es indiscutible, pese a que el gobierno del Frente Amplio insistía en que se había sacado de la pobreza a amplios sectores de la población, cuando se ha tratado lisa y llanamente de asistencia social apoyada en transferencias de recursos desde el Estado, con dinero de todos los uruguayos.
Por lo tanto, no puede extrañar que con la caída de actividad quedara expuesta esta precariedad de miles de familias que han seguido en situación marginal, porque hay una gran diferencia entre asistencia a término y lo que debería ser la puesta en marcha de políticas sociales en serio, sin pensar en las próximas elecciones, con respuestas sustentables en el tiempo. Esa sería la única forma de ayudar realmente a mejorar la situación de decenas de miles de familias, en lugar de mantenerlas expectantes a la espera de dádivas estatales para retener un voto cautivo. > Leer más

Opinión

Digitalizados

Uruguay continúa escalando posiciones en los reportes internacionales de gobierno digital, como es el caso del denominado informe global de Gobierno Digital de las Naciones Unidas cuya entrega 2020 ubica a nuestro país 12 puestos más arriba que el anterior (2018) a nivel mundial. A su vez, mantiene el liderazgo en América Latina y el Caribe ubicándose segundo en las Américas, luego de Estados Unidos y superando a Canadá.
Nuestro país también lidera en la región en lo que respecta al subíndice sobre infraestructura de telecomunicaciones y se mantiene estable respecto del índice de participación electrónica, que todavía tiene un bajo desarrollo en el conjunto de los países.
Por otra parte, obtiene el puntaje máximo en la medición relacionada a las políticas de datos abiertos, que se integra por primera vez en el referido informe, que se elabora cada dos años por la División de Instituciones Públicas y Gobierno Digital del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, en conjunto con las comisiones regionales y otras agencias de la ONU, así como con varios investigadores y expertos internacionales.
La excelente puntuación uruguaya en estas mediciones comparativas sigue siendo motivo de interés en el ámbito internacional, si bien ya desde hace unos años nuestro país se destaca por su buen desempeño en la materia, escalando posiciones ocupadas mayoritariamente por los países desarrollados.
¿Cómo inciden estas cuestiones en la vida cotidiana de los uruguayos? En ese sentido, hay varias respuestas e impactos. En primer lugar, es necesario decir que contamos con una serie de ventajas comparativas, a las cuales nos hemos acostumbrado a un punto tal que ya las consideramos como algo normal, cuando en otros países de la región son inexistentes o presentan un rezago.
No se trata solamente de infraestructura para las telecomunicaciones, sino que existen otros factores a tener en cuenta. Por ejemplo, para avanzar en términos de Gobierno Electrónico y Ciudadanía Digital es necesario abatir la brecha digital, algo que se ha logrado a nivel local.
Por otra parte, el avance en la digitalización de los servicios del gobierno y la apuesta por un gobierno más cercano y abierto en el marco del desarrollo de políticas públicas inclusivas ha sustentado acciones como la entrega de computadoras portátiles a escolares y liceales –que permitió desarrollar de buena manera la enseñanza a distancia primaria y secundaria desde el inicio de la emergencia sanitaria– y de digitales a los jubilados.
Si lo observamos en cuestiones aún más concretas, el impacto de estos temas se expresa en aspectos como la vinculación con oficinas del Estado, la agilización de trámites, las compra-ventas online y el teletrabajo.
Concretando aún más, podemos decir que el canal digital es el preferido por las personas para informarse sobre un servicio en Uruguay y que tres de cada cuatro internautas uruguayos se vincula en línea con el Estado, según los datos recientemente divulgados del Estudio sobre Conocimientos, Actitudes y Prácticas de Ciudadanía Digital (CAP), el cual se realiza anualmente desde 2013, como parte del proceso de toma de decisiones basado en datos, y con el objetivo de conocer los comportamientos de la ciudadanía con relación a gobierno digital, acceso a la información pública, seguridad y protección de datos, teletrabajo y tecnologías emergentes.
En lo que respecta a las interacciones con el Estado, el 42% de las personas prefiere informarse por Internet, mientras que un 26% prefiere asistir a las oficinas públicas. Además, tres de cada cuatro internautas se vinculan en línea con el Estado, declarando haber hecho alguna actividad de Gobierno Digital en los últimos 12 meses. Asimismo, alrededor de un tercio declara haber realizado un trámite completamente en línea, y más de la mitad está satisfecha con la experiencia.
Sobre las transacciones digitales también hay datos interesantes que indican que 1 de cada 2 personas mayores de 18 años realizó transacciones de dinero en línea, lo que implica un uso avanzado de Internet y es un dato que debería ser tenido muy en cuenta por las empresas e instituciones.
Actividades como recibir o descargar facturas de servicios públicos (45%), reservar fechas para realizar trámites (35%), pagar por internet trámites o servicios del Estado (32%) son las más frecuentes aunque en porcentajes similares se sitúan actividades digitales como realizar un trámite online de principio a fin (32%) o descargar formularios oficiales (28%), y ya menos frecuente otras como hacer preguntas o reclamos en sitios web estatales (20%), participar en consultas o votar en sitios o redes estatales (15%).
Entre las ventajas que señala la población está el ahorro de tiempo, la posibilidad de hacerlo desde cualquier lugar, la confiabilidad del sistema, el ahorro de dinero, la facilidad de uso y que en general estas opciones funcionan correctamente en todo momento.
No obstante, estas prácticas no son homogéneas en los diferentes segmentos de la población, diferenciándose por nivel educativo y edad: a mayor nivel educativo y menor edad, se encuentra más extendido el uso. En este sentido, el estudio indica que entre las personas de nivel educativo alto, su uso está extendido en un 85%, mientras que entre las de nivel educativo bajo, sólo alcanza al 20%. También existen diferencias por edad: quienes realizan transacciones son el 57% de los menores de 45 años pero solo el 27% de los mayores de 65 años.
A su vez, existe una brecha en el uso avanzado de Internet entre los residentes en el Interior del país (38%) y los residentes en Montevideo (60%), mientras que entre los adultos mayores residentes en el Interior del país y de bajo nivel educativo no se encuentra extendido el uso de servicios públicos en línea.
Felizmente, el fin del trámite eterno es algo que parece haber llegado a la administración pública. No obstante, atendiendo a las metas de ciudadanía digital y gobierno electrónico que comenzaron en el gobierno anterior y se estarían continuando en gran medida en el actual, sería necesario atender los nichos de desigualdad que persisten y pensar en servicios específicos de información o capacitación, lugares donde se realicen trámites en línea para adultos mayores y otros ciudadanos no alfabetizados digitalmente, o estrategias de fácil acceso para aquellos que estén dispuestos a formarse.

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Opinión

Incorregible

Mediante la Ley de Urgente Consideración el gobierno creó el Ministerio de Ambiente, el que asimilará las funciones que en esta área estaba ejerciendo el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Para algunas organizaciones esto no es suficiente, ya que entienden que hay temas relacionados con la preservación y el cuidado ambiental que se mantienen por fuera y en Ministerios que entienden sobre intereses opuestos, como el de Ganadería, Agricultura y Pesca en cuanto a la regulación del uso de agroquímicos. De todos modos no puede dejar de interpretarse la creación de esta nueva Secretaría de Estado como una intención por jerarquizar esta temática en nuestro país y por eso es que, a la postre, todos celebran este paso.
Sin embargo esta intención de jerarquizar los temas ambientales son se acompasan en los hechos con las acciones de distintos organismos y entidades estatales.
Referimos, por supuesto, a la serie de acciones, que ha tenido como protagonista a organismos y entidades estatales, en las que se han provocado destrozos en árboles. En algunos casos con serios agravantes.
Esto no es de ahora, en realidad desde hace ya algún tiempo que en Guichón los vecinos organizados en defensa de los bienes naturales hicieron sentir su voz ante el uso de agroquímicos y medios mecánicos para retirar palmeras que se encontraban cercanas a las vías del tren, en el marco de una limpieza que se realizó para mejorar la visibilidad. Ya en el año 2017 se había producido un episodio de este tipo que motivó las protestas, pero no fue más allá de eso, tanto no fue más allá que en enero de este año se repitió con similares consecuencias: el destrozo de decenas de palmeras, algunas de muchos años, que si se hubiesen retirado de forma planificada, se podrían haber trasplantado y conservado.
Pero cual si fuera un deja-vu, el destrozo de palmeras por parte de la empresa que cumple tareas para AFE en la zona de Guichón volvió a ser noticia el pasado mes de julio; en este caso, se argumentó, por encontrarse cerca de un paso a nivel. Fue la tercera intervención no planificada y el tercer destrozo de palmeras sin posibilidad de recuperación.
En mayo se comenzó a preparar el terreno para la construcción del nuevo edificio de UTU en la ciudad, el que se ubicará en el predio de las escuelas 33 y 107, y, como no podía ser de otra manera, la limpieza comenzó con una máquina arrasando el arbolado del lugar, en este caso con muchos árboles nativos que habían sido plantados por diferentes generaciones de alumnos de las instituciones. En pocos minutos “la piqueta fatal del progreso”, como bien la bautizó Víctor Soliño, se llevó por delante años y años de esfuerzos por promover la educación ambiental y de cariño por la flora nativa.
No menos grave es el caso de las palmeras, una especie que es emblemática, y literalmente emblemática, ya que forma parte del estandarte de la ciudad de Guichón, pero que además goza (o debería gozar) de una protección establecida por ley, en tanto especie prioritaria para su conservación.
El último episodio data de la semana pasada. Parece que como no fue suficiente la repercusión de todos los episodios anteriores había que seguir destrozando árboles y le llegó el turno a los que se encontraban en el predio donde se comienza a edificar el nuevo local del polideportivo de la ANEP. Indiscutiblemente se trata de una obra de suma importancia para la comunidad en general y para la comunidad educativa sanducera en particular. Pero no por ello se puede avalar que una vez más las máquinas se lleven todo por delante.
Se puede argumentar que resulta más barato de esta forma, porque se ejecuta el mismo plano en todas las construcciones previstas en el país, o que los traslados de los árboles requieren ser llevados a cabo en una fecha determinada del año y eso provocaría retrasos en los programas de obra.
No se trata de pretender que un gobierno que asumió hace apenas 6 meses actúe como el Rey Midas y con un solo dar un toque –o, como en este caso, manifestando su voluntad– transforme la realidad de prácticas que llevan toda una historia detrás, pero lo que sí se podría haber hecho –y corresponde hacer de aquí en más–, es planificar las obras en función del patrimonio natural que configuran los árboles más añosos. No es descabellado pensar la arquitectura respetando al menos a los ejemplares más valiosos, y de hecho es una práctica corriente en muchos países. Por supuesto que no siempre se podrán salvar todos los ejemplares, y algunos –quizás la mayoría—haya que derribarlos, pero se salvarán muchos otros que pasarán a ser parte del diseño respetuoso de la naturaleza, en tanto otro tanto podrían ser trasplantados.
El 27 de agosto asumió su cargo el ministro Adrián Peña, quien afirmó en la ocasión que la creación de este ministerio es una nueva oportunidad para comenzar a trabajar en políticas de Estado en materia de ambiente. “Hoy es tiempo de dar una señal más potente, marcamos un compromiso mucho más fuerte como nación”, expresó. Señor ministro aquí tiene por dónde empezar.
Es preciso que el Estado (cuando menos el Estado) se comprometa a que antes de iniciar cualquier obra verificará que los trabajos afecten lo menos posible árboles nativos o de especies o ejemplares que por determinada razón sea de interés su conservación y que si ocurre que sí pueden verse afectados, se proceda a su remoción y traslado a un lugar pertinente, con los cuidados del caso.
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Opinión

Los “valores” para dirigir una empresa estatal

En el país donde muchos tienen al expresidente José Mujica como uno de los referentes en “valores” y que son incluso motivo de devoción ideológica para determinados sectores de la población, deberíamos a esta altura estar curados de espanto sobre lo que puede ocurrir cuando se antepone lo político-ideológico a lo jurídico y se toman como ciertos verdaderos dislates y “argumentos” para justificar lo injustificable.
En esta ocasión, el galardón del disparate de oro se lo llevan los “argumentos” expuestos por el sindicato de Antel para cuestionar la designación de un asesor del Directorio del organismo, de los que surgen que los únicos que deberían acceder a determinados puestos son quienes abrazan a pleno ideologías de género y de esta forma tienen la “sensibilidad” requerida para confiarles la conducción del organismo estatal, que financiamos todos los uruguayos, más allá de las creencias y prioridades de cada uno.
En este caso tenemos que una declaración de la Mesa Ejecutiva de Sutel señala que «Lxs trabajadorxs de Antel organizadxs en Sutel y en su Comisión de Género, precisamos expresar nuestro rechazo frente a la designación de Carlos Iafigliola como Asesor de Comunicación para la Presidencia de dicha empresa pública».
Consigna que “tomando en cuenta sus antecedentes políticos para iniciativas en perjuicio de los DDHH de la ciudadanía, –como el referéndum para la derogación de la Ley Integral para Personas Trans–, se remarca su falta de franca vocación de servicio público y sensibilidad”.
“Consideramos que los cargos públicos de este tipo se deben desempeñar con laicidad y respeto por las diversas formas de habitar lxs cuerpxs, los géneros, las orientaciones e identidades sexuales de todas las personas. Ello implica no sucumbir en cuestionables y falaces relatos de comunicación para alcanzar cometidos determinados, así como tampoco sostener posiciones en contra de derechos consagrados”, por lo que “solicitamos a Antel que haga pública la información en que se realizó dicha contratación”.
Destaca que “esta Comisión, Sutel y nuestra central de trabajadorxs, han impulsado y defendido la agenda de derechos que logró consolidarse en estos últimos años. En esta ocasión del Mes de la Diversidad, recordamos más que nunca que Antel es de todxs”. Este delirio impresentable es de corte fascitoide por donde se lo mire, porque divide a los uruguayos entre “los buenos”, que son los que están de acuerdo con cada una de las posturas de la ideología “de género” y “los malos” que son los que no expresan públicamente que comulgan con este paradigma de “igualdad”.
Estamos ante la postura oficial de un sindicato que dice representar a todos los funcionarios de Antel, y como otros gremios de funcionarios estatales, son los verdaderos dueños de las empresas públicas, como reconociera resignadamente el excanciller y exvicepresidente de la República en gobiernos del Frente Amplio, Rodolfo Nin Novoa, en un sincericidio que sin embargo no tuvo repercusiones políticas en los promotores de estas ideologías porque prefirieron distinguir entre “fuego amigo” y el procedente de los sectores “reaccionarios de la derecha contra los intereses populares”, como dice el verso que han tratado de vender durante tanto tiempo.
Los cuestionamientos sobre nombramientos en todo caso deberían centrarse en otros aspectos, porque si bien estas designaciones son de confianza del gobierno de turno, como ha ocurrido siempre en los gobiernos de los partidos tradicionales y en los del Frente Amplio, las nominaciones deberían considerar esencialmente aspectos como la capacidad para gestionar las funciones inherentes al cargo, en un área estatal donde lamentablemente no se aplican los mismos parámetros que en la actividad privada, donde se está sujeto a evaluación y resultados, por mencionar solo dos elementos básicos.
En este caso se pone énfasis en “falta de sensibilidad” porque no se comparte la ideología de género que se promueve, y sin embargo no se tuvo la misma mirada crítica en la esfera sindical para siquiera cuestionar en su momento –entre otras similares– la designación de Raúl Sendic como presidente del Directorio de Ancap, para la que ni siquiera mostró –tampoco lo ha hecho hasta ahora– su diploma de licenciado en genética, y al cabo de su gestión se llegó a un déficit histórico en el ente que obligó a una recapitalización para paliar un déficit que llegó a unos mil millones de dólares.
En el ámbito privado, este desaguisado hubiera obligado a cerrar la empresa y dejar en la calle a los miles de funcionarios de la empresa, lo que sin embargo no ocurrió porque cada uno de los uruguayos hemos sido obligados a poner plata de nuestro bolsillo para tapar los agujeros inherentes a una gestión que no fue cuestionada desde la esfera sindical sino hasta aplaudida. Haberse manifestado duramente contra la peor administración en décadas hubiese demostrado verdadera sensibilidad con la ciudadanía que los mantiene, pagándoles religiosamente sus suculentos salarios aunque el país esté en crisis o la empresa fundida.
Es por ahí por donde deberían pasar las inquietudes y los desvelos de los sindicatos dueños de las empresas públicas, en prestar más y mejores servicios para quienes los pagan, a un precio accesible y competitivo además, para que desde el sector privado se pueda ser más eficiente y crear más empleos genuinos, en lugar de estar tan preocupados por inventar un idioma nuevo basado en la estupidez. Esta es la forma de ser solidario, de atender las necesidades del país real, del ciudadano de a pie, y no seguir con delirios y prioridades que nada tienen de sintonía ni de solidario con la realidad que viven a diario las familias uruguayas.
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Opinión

La pandemia que sirvió para otras cosas

Ayer se cumplieron seis meses de la declaración de emergencia sanitaria en Uruguay y a pesar del control que ejercen las autoridades –y en definitiva todos los uruguayos– sobre la COVID-19 que mantiene en vilo a una región complicada, también pueden encontrarse enseñanzas que deja una contingencia de estas características.
Fue clave reconocer que no estábamos preparados, ni como población ni desde el gobierno, para enfrentar una pandemia que arrasó con la vida de casi un millón de personas en el mundo, según las cifras contabilizadas hasta este domingo (922.000).
El mundo del trabajo dio un giro abrupto y transformó a trabajadores en desocupados y a dependientes en independientes, porque aparecieron otras formas de desempeño.
En algunos casos, sirvió para descubrir nuevos potenciales personales a partir del seguro de desempleo o el despido, en el peor de los casos. Aprender, en algunos momentos a fuerza del dolor, que en definitiva dependemos de nosotros mismos.
Reveló que la violencia intrafamiliar era más grave de lo que presumíamos. Que los peores abusos infantiles surgían en el hogar y desde los cercanos. Y que las redes sociales extendían su uso para el bien y para el mal, tanto para la solidaridad como el inútil escrache.
La necesaria –y en algunas ocasiones obligada– permanencia en el hogar nos habilitó a la búsqueda de una nueva forma de crecimiento amigable, en primer lugar desde lo individual, pero enseguida con el medio ambiente. Porque nada quedó planteado al azar y varias de estas situaciones vinieron para quedarse.
La desigualdad persistente a nivel del continente latinoamericano se puso de manifiesto ante los embates de una crisis de sanidad que hubo que solucionar de diferentes maneras ante la falta de un liderazgo clave y global.
La intercooperación, que iguala en oportunidades, permitirá que los países menos desarrollados y pobres puedan tener las mismas posibilidades. De lo contrario, mientras el dominio pase por las divisiones, no habrá enseñanza posible ni esfuerzo pospandemia que valga la pena.
Ahora, que miramos hacia la tierra con la posibilidad de producir comida a menores costos, vemos las consecuencias medioambientales asociadas a la falta de agua y a los cambios en el clima. Allí se encontraba una de las posibilidades de la expansión económica para América Latina y el Caribe, donde se calcula una contracción del 9,1% del Producto Bruto Interno (PBI) regional este año. Y también porque es la zona del planeta donde se encuentra un tercio del total de los muertos por coronavirus.
Que se rompiera el ritmo cotidiano cuando nadie –ni gobernantes ni gobernados– sabían para qué lado tomar, demostró las fragilidades humanas. Allí apareció la solidaridad, la mezquindad, la “viveza criolla” y también la indiferencia de quienes no sufrieron cambio alguno en sus vidas.
Pero en general, primero fue la ingenuidad que llevó a pensar que hasta Uruguay, tan al sur del sur y tan pocos, nunca llegaría. Hasta que ocurrió.
Después, vino la dureza de los conceptos para quienes caían enfermos y sus casos eran conocidos. Porque hablamos, también, de una crisis de valores donde un virus llegó para quedarse sin hacer distinciones sociales. Sin embargo, sus consecuencias económicas y educativas sí son desiguales. Y allí también contiene una enseñanza hasta ahora no aprehendida, porque aprendida estará cuando culmine la emergencia.
La presencialidad, tan importante para cualquier uruguayo, se transformó de pronto en un factor de riesgo. Hubo que buscar rápidamente otras formas de comunicación y los dispositivos digitales se transformaron en fieles compañeros. De esa forma hubo que trabajar, enseñar, estudiar y abrazar a padres o hijos.
También hubo que acostumbrarse a no despedir a los muertos y la carga de nostalgia, en un país como el nuestro, es más pesada aún. Empezó a sobrar el tiempo y a no saber qué hacer con él. Ahora que disponíamos de ese espacio tan reclamado en otras oportunidades, debimos conformarnos con el mensaje que repetía “quedate en casa”.
Pero a su vez, algunos hogares no tenían ese formato y se transformaban en verdaderas cárceles que agotaban a sus internos por su violencia. En otros casos, el virus visibilizó que no había casa sino un recinto precario donde permanecían personas hacinadas. Y en otro, directamente no era posible quedarse, porque un solo día sin salir significaba no tener para la comida.
Y así fue como visualizamos verdaderamente a la informalidad y a la cantidad de trabajadores unipersonales, dedicados a innumerables laborales con el único propósito de sobrevivir. Porque estas situaciones estaban vigentes desde antes de la pandemia. La COVID-19 solo ayudó a abrir los ojos y mirar a los costados.
La ciencia tiene un espacio de desarrollo que valora notoriamente con la aparición de este virus. Pero las ciencias sociales tienen una dimensión de igual amplitud para explicar y estudiar estos fenómenos comunitarios y formular respuestas a tantas preguntas. Porque, también, quedó demostrado que como sociedades no estábamos preparadas para “perder el control” de nuestras situaciones. Por eso, si es que el virus vino para quedarse, solo en el largo plazo sabremos cuánto hemos aprendido. > Leer más

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Una batalla naval con aroma electoral

El 17 de diciembre de 2015 la página web de la Presidencia de la República anunciaba que, un convenio suscripto por el Ministerio de Turismo e Intendencia de Paysandú permitiría a nuestro departamento asegurarse una de las embarcaciones turísticas que dinamizarán la actividad náutica del río Uruguay, la cual sería construida en un astillero nacional, tendría una capacidad para doce pasajeros y operaría en el año 2016 desde el puerto de Paysandú con recorridos por el río Uruguay y su sistema de islas. La Intendencia sanducera se comprometía, por su parte, a aportar 8.000 dólares.
Luego de casi cinco años de tales anuncios, las embarcaciones de Paysandú y Salto, bautizadas como “Pájaros Pintados 3” y “Pájaro Pintados 2” respectivamente, siguen sin navegar, incumpliendo de esa forma el objetivo para el cual fueron construidas, en tanto la que fuera destinada a Nuevo Berlín, “Pájaros Pintados 1”, si bien hizo algunos paseos, estaría por ser devuelta por su adjudicatario a la Intendencia de Río Negro. En el mes de mayo del presente año, nuestro diario informaba que “La lancha ‘Pájaros Pintados 3’, comprada hace casi cuatro años por el Ministerio de Turismo y la Intendencia de Paysandú para realizar paseos turísticos por el río Uruguay, está aún sin habilitación para navegar. Se espera poder culminar la tramitación cuando se reinicie la actividad normal en Prefectura y el Ministerio de Transporte, para que pueda ser concesionada por la Intendencia. Así lo informó a EL TELEGRAFO el subdirector de Promoción y Desarrollo, Alejandro Leites, señalando además que ‘estamos ocupados con la situación de la pandemia, y lo de la lancha pasó a segundo plano’”. No obstante, con respecto a la posible concesión dijo que “no adelantamos nada, porque no la podemos ofrecer si no está completamente habilitada y en estas circunstancias no podemos hacer los trámites necesarios”. En febrero de 2019, publicábamos que “estamos finalmente muy cerca de terminar con todos los trámites, tener la lancha en Paysandú, en una marina o puerto deportivo, y tratamos de completar las negociaciones para que –con el nuevo decreto piloto– podamos iniciar los paseos”, dijo Alejandro Leites. “El objetivo es hacerlo en la Semana de la Cerveza, queremos que sea ahí cuando podamos dar inicio a los paseos que planificamos desde hace años”. Sin embargo, una vez más el objetivo no se cumplió.
En marzo del año pasado, Leites explicaba que en realidad la lancha “está en pleno proceso de cambio de matrícula, de tráfico marítimo, que es la que tiene actualmente pero que impide en la práctica su uso debido a las exigencias que no pueden ser compensadas con una lancha para 14 pasajeros, por la de matrícula deportiva”. (…) “La idea inicial de la Intendencia y el Ministerio es otorgar la lancha mediante concesión a un privado para cubrir servicios de paseos y pesca deportiva entre Casa Blanca y la desembocadura del río Queguay. Sin embargo, uno de los problemas que dilataron la puesta en marcha del servicio era la aparente falta de rentabilidad relacionando los costos –combustible, personal, permisos de Prefectura y seguros– con la recaudación por el traslado, suponiendo que sea completo, de 15 pasajeros”.
En la actualidad la embarcación permanece en amarras al resguardo en el Yacht Club Paysandú, durmiendo el sueño de los justos.
La embarcación destinada a la ciudad de Salto ha tenido un destino similar, habiéndose cuestionado tanto las características de su diseño y estructura como la potencia de sus motores. Como ha consignado el diario “Cambio” de Salto, “cuando le fueron a hacer la prueba de estabilidad, casi se les hunde. Y cuando le fueron a hacer la prueba de navegación, con el río Uruguay a tres metros, no pudo subir desde la punta del muelle, hasta el muelle negro (escasos 100 metros), no le daba la fuerza a los motores (…) El Catamarán salteño se encuentra actualmente en Villa Constitución, bajo la responsabilidad de la alcaldía, como parte de los atractivos que propone el proyecto ‘Isla Aventura’ (…) pero allí tampoco pudo ser botado, por lo que permanece fuera del agua”.
En el caso sanducero, el Ministerio de Turismo se apresta a investigar si la lancha “Pájaros Pintados III” fue construida a partir de un casco usado por el astillero Sioux, de Salto, según declaraciones del subsecretario de esa cartera, Remo Monzeglio, a nuestro diario. El pedido de informes que con carácter urgente tiene como destinatario al subdirector general de Promoción y Desarrollo, Alejandro Leites, procura esclarecer si el casco de la lancha es al menos de segunda mano, así como establecer “los motivos por los cuales aún la embarcación adquirida a tales efectos no cumple con el destino turístico objeto del referido convenio”.
La situación de ambas embarcaciones, cuyo costo individual es de casi 50.000 dólares, ha generado una tormenta política entre quienes intentan justificar a la administración del exintendente Guillermo Caraballo y aquellos que buscan atacarlo, máxime teniendo en cuenta su calidad de candidato en las elecciones departamentales del próximo 27 de setiembre. Se trata de una batalla naval con aroma electoral. La verdad es que, más allá de los previsibles y legítimos fuegos de artificios que se producen en toda campaña, la pregunta que debe formularse sobre esta lamentable realidad es muy diferente, mucho más simple y directa: ¿es viable el turismo fluvial en Paysandú y Salto? ¿Quién y cómo evaluó el potencial que esta actividad podría tener y que resultados tendría para quienes la llevaran adelante? ¿Se convocó previamente a personas, empresas o instituciones deportivas relacionadas con la actividad fluvial para conocer de primera mano cuáles eran las reales posibilidades de éxito de la iniciativa?
Pero lo que realmente importa es saber cuándo y cómo esta inversión quedará operativa, será viable y prestará el servicio que tantas veces fue anunciado con bombos y platillos.
Nosotros estimamos que sí podría ser viable, pero nunca bajo la restrictiva reglamentación actual, cuyas exigencias más acordes al tráfico marítimo que al de nuestro río frente a Paysandú hacen naufragar cualquier emprendimiento. Sin embargo, del otro lado del río, la costa argentina es un vergel de la actividad náutica, no sólo por el amplio desarrollo del turismo que gozan sino por la flexibilidad de las normas argentinas.
A modo de ejemplo, las embarcaciones a remo allá no necesitan matriculación, y el único requisito para navegar es que sus ocupantes lleven chaleco flotante, mientras que acá el registro –y todo el trámite burocrático que ello significa– es obligatorio. Tampoco se les permite navegar a más de 500 metros del puerto de registro de salida, una medida por demás absurda e incumplible. Por eso es que en Colón se alquilan kayaks que se los ve paseando por las islas uruguayas con turistas de todas partes, y hay empresas que se dedican a hacer excursiones de larga distancia incluso a zonas paradisíacas de este lado de la canal, mientras que acá nunca se pudo.
En barcos más grandes con destino turístico se exigen seguros impagables, controles de casco carísimos casi todos los años, un patrón con brevet especial, un “marinero”, etcétera. Mientras que frente a nuestras narices pasan por las mismas aguas que mojan nuestra costa embarcaciones argentinas que están más destruidas que el Perla Negra sin que Prefectura uruguaya pueda hacer nada.
Y para colmo, la nafta uruguaya es más cara, las embarcaciones cuestan el doble, los salarios también son más altos, y así todo lo demás.
Entonces, sin dudas que esas son las verdaderas causas por la cual no funcionan –ni funcionarán jamás– las lanchas turísticas “Río de los Pájaros” ni ninguna otra.
El poder político debería concentrar sus fuerzas en facilitar el desarrollo náutico, en lugar de torpedearse mutuamente buscando culpables por el fracaso de este proyecto puntual.
Porque si hay un fracaso real, es el de todos quienes tuvieron y tienen el poder y las herramientas para hacer posible el cambio, que marcaría un diferencial en el turismo uruguayo en el río Uruguay, y que a esta altura es un tema de soberanía, porque lo que nosotros no usamos por incompetencia propia, lo usan los argentinos con justa razón.
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Opinión

Emprender más

En medio de la movida política con sus polémicas y ruidos, de la pandemia del coronavirus, de los miles de protocolos que han surgido a causa del COVID-19, de las noticias policiales y deportivas, y de tantas otras que suelen captar toda la atención del público, estos días una importante ley –que mira hacia el futuro– cumplió un año de su aprobación.
El 12 de setiembre de 2019 el Senado, luego de recibir el visto bueno en Diputados, votó por unanimidad la Ley de Fomento del Emprendedurismo enmarcada en la creación de Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) y la regulación del financiamiento colectivo (crowdfunding). La legislación se reglamentó muy poco después –a principios de este año– y echó a funcionar.
Se trata de un marco legal clave para los emprendedores uruguayos que muchas veces han visto frenado sus sueños y proyectos por barreras de otra época. La falta de mecanismos que facilitaran emprender en Uruguay resultaba alarmante y tediosa, y quitaba todas las ganas de sacar adelante un negocio, una innovación, lo que sea que se tuviera en mente.
Al cabo de este año, con pandemia del coronavirus de por medio –para nada menor–, se han constituido más de 750 SAS –que provee un menú de opciones de formas jurídicas para emprender–; y los que se encuentran en la movida aseguran que la tendencia va en aumento.
Esta ley, la N° 19.820, es el resultado del trabajo de la Comisión de Innovación, Ciencia y Tecnología de la cámara baja y de la conjunción de dos proyectos, de los diputados Rodrigo Goñi, del Partido Nacional, y Walter De León, del Frente Amplio.
A poco de aprobarse, el director ejecutivo de la Fundación Da Vinci, Sergio Delgado Coto, explicó al portal Uruguay Emprendedor que esta iniciativa marcó un “hito para el ecosistema de emprendedores y para la sociedad uruguaya”. “Genera un marco simbólico y de estímulo concreto para las empresas y emprendedores en el país”, señaló.
El fenómeno del emprendedurismo es global. En todas partes del planeta surgen jóvenes con ideas innovadoras que piden cancha: en sociedades donde todo avanzar rápido, en la que la tecnología hace punta, se necesita de la capacidad y pienso de aquellas personas que buscarán mejorar la calidad de vida de la población. El concepto “emprendedurismo” es amplio y abarca una población muy grande: allí entra el que sale a emprender por necesidad, el que busca el autoempleo, el que intenta darle un valor agregado, el que sale dar soluciones con ideas nuevas.
Para Uruguay resulta muy bueno convertirse en una nación y sociedad “start-up” y también “scale-up”, para brindar un buen marco para la creación de empresas y su desarrollo, y a su vez generar seguridades para su mantenimiento y crecimiento.
“Cada uno tiene un ritmo de crecimiento distinto, con una posibilidad de derrame distinta, pero todos emprendedores. Es una realidad tanto a nivel mundial como en Uruguay, que es un sector que está dinamizando y empujando la economía. No es el único, pero atender a los nuevos emprendimientos es atender las bases de dinamismo de una economía”, añadió con certeza Delgado Coto.
La ley que ya tiene un año de vida busca atender el cada vez más complejo mundo del emprendedurismo y que los esfuerzos y energías no se pierdan y se desperdiguen. También ha sido acertado contar con un Día del Emprendedor, fijado para el tercer jueves de noviembre, de forma de darle un marco institucional al asunto y para brindarle mayor visibilidad.
La implementación de las Sociedades de Acciones Simplificadas, o SAS, es un instrumento del “siglo XXI para dar respuesta a demandas del siglo XXI”, dijo el hombre de Fundación Da Vinci. Se trata de una sociedad, con personería jurídica y con un patrimonio separado al del propio individuo; es anónima, por acciones nominativas y no al portador, y puede ser constituida por una sola persona.
Además, la SAS es mucho más barata al implementarla respecto a una sociedad anónima o a una SRL, y más sencilla de acometer, sin necesidad de sumar escribanos y abogados en el engranaje. Y se puede abrir en poco tiempo. Un aspecto por demás clave dentro del lento y tedioso mundo burocrático de nuestro país.
El abogado Pedro Bellocq, socio del estudio jurídico Scelza y Montano y quién participó en la redacción de la ley, dijo en enero a El Observador que la SAS “no es una creación local sino que responde a una tendencia internacional que parece irreversible. En las últimas décadas, surgieron lo que se conoce como formas híbridas de sociedad, como una respuesta a la necesidad de adaptar las formas jurídicas clásicas (SA, SRL) a la realidad actual de los negocios”. Agregó que las SAS han tenido éxito en muchos países como Estados Unidos, Francia, Colombia, Chile. Por ejemplo, en Colombia, desde que se promulgó la ley que creó las SAS en 2008, se constituyeron más de medio millón de este tipo de sociedades. Y, quiérase o no, Uruguay se dirige, al menos en un punto, hacia la modernidad. > Leer más

Opinión

Medidas para dinamizar la industria

Pese a algunos altibajos ocasionales, la constante de las últimas décadas en nuestro país ha sido el de pérdida de empleos, de actividad y de ingresos en la industria manufacturera, lo que no solo es de incidencia significativa en la economía, sino que a la vez implica que se destruyen sistemáticamente puestos de trabajo calificados para los uruguayos, sin olvidar rezago en transferencia y desarrollo de tecnología, entre otras consecuencias.
En líneas generales, no hay país que de una forma u otra no atienda especialmente este sector, en el entendido de que su actividad conlleva poner en marcha o dinamizar un círculo virtuoso que determina el ingreso y reciclaje de recursos, mejora de la calidad de vida, multiplicación de la riqueza e incluso reducción de dependencia, además del ingreso de divisas por ventas al exterior o sustitución de importaciones.
Bueno, ocurre que en el caso de la industria manufacturera nacional, en gran medida su desarrollo en el siglo anterior tuvo su apoyo en circunstancias muy favorables como consecuencia de no haber sufrido directamente las consecuencias y en cambio haberse beneficiado de dos guerras mundiales, al vender sin problemas nuestras materias primas y a la vez invertir en emprendimientos para abastecer a países en guerra o eventualmente producir mediante subsidios directos o encubiertos, apostando a encerrarnos y no transferir hacia adentro de fronteras los problemas ajenos.
Una ilusión, por supuesto, para un país pequeño y altamente dependiente de lo que ocurre en el mundo, pero las reglas del comercio internacional eran diferentes y además como ha ocurrido en todas las épocas, había políticas económicas en boga e ideologías que eran consideradas poco menos que como la verdad absoluta.
El tiempo, golpeándonos duramente tanto a nosotros como a extraños, ha demostrado que no hay tales verdades absolutas, y que en el caso de la industria no se puede trabajar para un mercado que no existe o en su defecto a precios que no están dispuestos a pagar los potenciales compradores, cuando hay una competencia que lo puede hacer mejor o le funciona mejor la ecuación calidad-precio.
Así, en su momento se intentó proteger a la industria nacional a través de subsidios, sin un fin específico o condicionado a superar dificultades, lo que ha significado asumir el costo de tener que pagar mayores precios por productos de menor calidad, aplicando a la vez aranceles a las importaciones y por lo tanto, estableciendo un círculo vicioso en la economía que no ha tardado demasiado en volverse como un boomerang.
El sinceramiento de la economía que comenzó sobre fines de la década de 1970 ha implicado a la vez pagar el precio por los errores cometidos y el haber establecido subsidios permanentes que privilegiaron a empresas que no reinvirtieron ni mejoraron tecnología, y por lo tanto fueron quedando a la vera del camino. A la vez de algunas reconversiones e inversiones en áreas que no fueron las tradicionales, la industria manufacturera como la conocemos ha ido perdiendo puestos de trabajo por cierres totales o parciales de establecimientos, por su inviabilidad en la mayoría de los casos, las que fueron rescatadas parcialmente por dinero del Estado –de todos los uruguayos– pero sin cambiar el perfil para que pudieran sostenerse por sí mismas, sin olvidar las “velas prendidas al socialismo” tan caras para el gobierno de José Mujica.
En gran parte esta inviabilidad es consecuencia de la falta de competitividad en los bienes y servicios que se producen, en lo que ha influido el costo país, es decir la energía, las cargas sociales, los impuestos, carencias logísticas, de infraestructura, así como de escala de producción, entre otros factores, en lo que tiene participación decisiva –y negativa, por supuesto– el alto costo del Estado, que se lleva para sí la mayor parte de los recursos generados, que se malgastan en su burocracia y por lo tanto sin devolverlos a la comunidad.
Sobre el panorama actual de la industria, el asesor de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), Ing. Quim. Washington Durán, destacó que la crisis económica derivada de la pandemia hundió la actividad industrial a nivel global en amplios sectores, mientras otras áreas como producción de alimentos, de higiene, farmacia, han tenido un impulso importante. En Uruguay, sin embargo, esta oportunidad no ha sido aprovechada debido a la imposibilidad de competir con el producto importado o la baja de sus mercados tradicionales, en tanto Durán considera que el gobierno tiene que elegir a qué empresas tiene que ayudar –a término– y que quizás a algunas haya que soltarles la mano, por lo que considera pertinente pedirle medidas al Poder Ejecutivo “pero no proteccionismo” por quienes no están en condiciones de competir.
Según indica el industrial a la revista Economía y Mercado, del diario El País, “desde antes de la pandemia veníamos con la industria muy castigada, y ahora mucho peor, dado que no aparecen posibilidades de colocación en los mercados internacionales”, a lo que se agregan elementos como “las cadenas tradicionales en el país totalmente destrozadas”, aludiendo a que “la cadena de lana se redujo a su mínima expresión desde hace bastante tiempo y ahora la del cuero”.
A la vez de señalar que estas cadenas implican muchos empleos, recordó que “ya sabemos desde hace mucho tiempo que el agregado de valor en el país no es competitivo con la producción en otros países, incluso con algunos vecinos. Hemos perdido industrias no solo con China y con otros países asiáticos, también las hemos perdido a manos de Brasil y Paraguay”.
Aseguró que si bien en nuestro país hay seguridad jurídica y los indicadores son positivos, “si no somos competitivos no alcanza para nada”, y precisamente ese es el eje de la cuestión, para recibir inversión y asomar al mundo con otra proyección, con o sin pandemia.
Explicó asimismo que la competitividad está “jaqueada por las empresas públicas, por procedimientos burocráticos, la rigidez laboral, entre otras cuestiones que la Cámara de Industrias ha planteado reiteradamente”, por lo que el gobierno debería ayudar a los sectores que lo necesitan, y de lo que no se trata es de subsidiar a los empresarios, sino preservar y generar el empleo.
Aspectos sobre los que no debería haber discusión ya a esta altura del tercer milenio, ante lo que ha ocurrido en nuestro país y en el mundo, porque es impensable que el empleo y la riqueza salgan desde el Estado o desde las empresas públicas, que no son la solución sino el problema, precisamente.
Se trata de optimizar recursos públicos, de dirigirlos a donde realmente sirvan para contribuir a generar empleos genuinos y creación de riqueza desde el sector privado, que es el que asume los riesgos y es la llave para que crezca la economía.
Y ese precisamente debería ser el desvelo del gobierno, en consonancia con los enunciados de la campaña electoral, y para ello no es preciso esperar que termine la pandemia, sino que este es el momento de trabajar fuerte en esa dirección para ganar tiempo en una problemática impostergable. > Leer más

Opinión

Apoyo necesario para las víctimas

Los accidentes de tránsito son un flagelo que tiene como su consecuencia más visible la pérdida de vidas humanas pero que también tiene otras menos perceptibles como la pérdida de calidad de vida de las víctimas que quedan con secuelas permanentes.
Si bien el 2019 cerró con cifras auspiciosas ya que se logró descender un 20% la mortalidad por accidentes de tránsito en Uruguay, llevando sus indicadores a una tasa de 12 personas fallecidas cada 100.000 habitantes –la más baja del último decenio-, hubo más de 25.000 lesionados, algo así como 69 personas por día.
De la cifra de lesionados anuales en eventos de siniestralidad vial –que en conjunto equivalen a poblaciones como Pando, Rocha o Fray Bentos–, unas 3.200 personas resultaron con heridas graves el año pasado.
Esto números son nada más que una cuantificación de situaciones complejas y dolorosas que viven muchas personas y sus grupos familiares, dado que las lesiones causadas por el tránsito provocan enormes costos para los individuos, las familias y la sociedad.
Sobrevivir con secuelas un siniestro vial se ve reflejado en el corte abrupto de la vida productiva, con consecuencias directas en la salud o la posición familiar –ya que en muchos casos son personas que pasan a estar en relación de dependencia- pero también representa un impacto para los países en términos de costos operativos de la atención y la recuperación en salud.
Otro impacto es el costo acumulativo del sufrimiento, ya que cada año se agregan más personas afectadas y cuya situación puede agravarse por la respuesta inadecuada a su pérdida.
Por otra parte, está comprobado que además del dolor emocional y psicológico, la pérdida de un familiar puede llevar a una situación de gran estrés económico. En muchos casos, los costos de una prolongada atención médica llevan a una familia a la pobreza, la pérdida de uno de los contribuyentes al sustento familiar o de la ayuda económica adicional para cuidar de las personas con discapacidades.
Por esto, es una noticia auspiciosa que la institución referente en el tema de siniestralidad vial esté dando pasos firmes hacia la elaboración de mecanismos de contención de sobrevivientes y víctimas de accidentes de tránsito.
En este sentido, días atrás se reunieron los equipos técnicos del Colegio Médico del Uruguay y la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) para avanzar hacia el diseño de un programa de atención a las víctimas, dando cumplimiento así a uno de los acuerdos del recientemente convenio firmado por ambas instituciones. De acuerdo a lo informado por Unasev, desde la experiencia de asistencia del Programa Bienestar Profesional que lleva adelante el CMU para sus afiliados, se tomaron algunas pautas generales acerca de la estrategia para avanzar respecto a la cobertura del futuro Programa de contención a víctimas de siniestros viales, cuyo alcance más ambicioso pretende una cobertura nacional.
Para esto se atenderá a la regionalización del sistema de salud y se prevé contar con la participación de los diferentes actores del área, así como los recursos asistenciales del primer nivel de atención a la población. Será necesario también atender la necesidad de crear y mantener nuevos recursos de asesoramiento a los que puedan acudir las víctimas, especialmente en las zonas más alejadas del país.
Por su parte, la Red Nacional de Víctimas ha planteado la necesidad de brindar atención también a los familiares. Se trata de una red que conoce en profundidad el tema y funciona desde 2010 realizando prevención y dando apoyo a las víctimas de siniestros de tránsito y a sus familiares y desarrolla acciones tendientes a bajar el índice de siniestralidad y mortalidad en el tránsito. También apuesta a fomentar comunidades capaces de resolver las distintas dificultades que tienen que enfrentar a raíz de un siniestro de tránsito y facilitar a las personas, asociaciones y fundaciones la vinculación entre ellas para lograr la unificación de criterios y acciones. Por su parte, la Unasev trabaja en otros aspectos vinculados al tema, como la formación de estudiantes e internos de Medicina y la creación y mejora de protocolos para el traslado de las víctimas.
No obstante, las necesidades de asesoramiento y atención para sobrevivientes de accidentes de tránsito no se refieren exclusivamente a temas de atención médica y psicológica, sino que también involucran otros aspectos, como los legales y penales. Al respecto, el año pasado la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía General de la Nación y la Unasev comenzaron a trabajar en conjunto el fortalecimiento del asesoramiento de Fiscalía, que interviene para investigar si existió un delito, quién es el responsable y cuál es la pena que le corresponde en caso de lesiones o fallecimiento de una persona. Se trata de una actividad compleja que involucra distintas instancias de protección y atención a víctimas y testigos y en el que participan también organismos como el Ministerio del Interior, el Sistema Nacional Integrado de Salud, el INAU, Organizaciones de la sociedad civil, el MIDES, los gobiernos departamentales, el Banco de Previsión Social y los ministerios de Vivienda y Trabajo y Seguridad Social, entre otros.
Entre otros esfuerzos de atención a las víctimas, la Unasev publicó una Guía de orientación y recursos para ciudadanos afectados por siniestros de tránsito, en la cual se enfatiza por ejemplo en las responsabilidades existentes a nivel del sistema de salud, que en el marco del Plan Nacional de Prestaciones en Salud Mental deben asistir y el tratamiento de situaciones que sobrevengan por muerte inesperada, contemplando en este sentido a toda la población de nuestro país.
En definitiva, son muy variadas las circunstancias en que una persona víctima de un accidente de tránsito puede requerir asesoramiento, ya sea para su participación en instancias judiciales, el proceso penal, la asistencia médica o psicológica, las ayudas sociales o los lugares de rehabilitación, entre otras necesidades de apoyo e información.
Hay que considerar que nadie está preparado para ser víctima de un accidente de tránsito y que suele ocurrir que una vez que ha pasado la repercusión inmediata del evento, la víctima de un siniestro de tránsito corre riesgo de ser una persona olvidada por la sociedad, su núcleo de amigos, grupo de trabajo y muchas veces debe enfrentarse solo a una nueva realidad. Se trata de una situación en la que contar con mecanismos de información, asesoramiento y apoyo resulta crucial y para enfrentar y contribuir a resolver situaciones de desesperación y desconcierto, además de la siempre dificultosa adaptación a una nueva condición de vida.

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Opinión

El virus culpable

Ayer fue el Día Internacional de la Alfabetización y en ese contexto se dio a conocer que en todo el mundo 617 millones de jóvenes no dominan los fundamentos de la lectura y la aritmética, pese a que muchos de ellos están escolarizados. A ese número hay que sumarle los 773 millones de adultos, que han quedado abandonados a su suerte en este aspecto, por lo tanto, el problema de la alfabetización básica es en cifras redondas de una magnitud de casi 1.400 millones de personas. Es muchísimo, es casi la quinta parte de la población mundial.
Este no es un problema que se pueda asociar al coronavirus y a la pandemia de COVID-19, porque todas estas personas no cayeron en esta situación en los últimos 9 o 10 meses, sino que evidencian que los problemas ya estaban ahí cuando empezó todo esto. Este concepto es extrapolable a prácticamente todos los ámbitos: el acceso al empleo de calidad, a la salud, a la alimentación, al agua potable, a la cultura, al turismo y al descanso, también consagrado como un derecho humano.
Cada 8 de setiembre, desde 1967, este día se celebra en todo el mundo para recordar al público la importancia de la alfabetización como factor de dignidad y de derechos humanos, así como para lograr avances en la agenda de alfabetización con miras a una sociedad más instruida y sostenible.
En su mensaje emitido en la víspera, la directora general de Unesco, Audrey Azoulay, afirmó que “en un momento en el que necesitamos reinventar un mundo de esperanza, la cuestión de la alfabetización reviste más importancia que nunca. Por ello, en este Día Internacional, invito a todos los agentes que intervienen en la educación a que redoblen sus inversiones y movilicen todos sus recursos para realizar el potencial de todas las personas al servicio de un mundo compartido”.
En particular este año la fecha aludió a la enseñanza de la alfabetización y el aprendizaje durante la crisis de la COVID-19, subrayando el papel desempeñado por los docentes y la evolución de las pedagogías.
“La crisis reciente del COVID-19 constituyó un crudo recordatorio de la brecha existente entre el discurso político y la realidad: esta brecha existía ya antes del período de COVID-19 y tiene una repercusión negativa en el aprendizaje de los jóvenes y adultos que carecen o disponen de pocas competencias en lectoescritura y que, en consecuencia, tienden a verse confrontados a diferentes inconvenientes”, ha afirmado Unesco.
La agencia ha detectado que durante esta crisis, “en numerosos países, los programas de alfabetización de adultos han estado ausentes de los planes de respuesta educativa”, de forma que la mayoría de los programas de alfabetización dirigidos a esta población se mantenían de manera virtual aunque solo algunos cursos, mediante la radio y la televisión o los espacios al aire libre.
Este día se ha encarado como una oportunidad para reflexionar y debatir sobre pedagogías y metodologías de enseñanza innovadoras y eficaces en los programas de alfabetización de los jóvenes y adultos, tanto de cara a la pandemia como después de esta, a la vez que analizar el papel de los docentes, las políticas y los sistemas.
Pero como acontece habitualmente en este tipo de circunstancias adversas, aparecen ejemplos que aportan soluciones creativas a los problemas que se van planteando, como en este caso fue la interrupción del vínculo entre los escolares y sus centros educativos y en particular con sus docentes.
Este año Marcia Hernández, maestra de la escuela N° 17 Serafín J. García de la ciudad de Vergara, unos 50 kilómetros al noreste de Treinta Tres, fue elegida la docente del año por la Fundación Reaching U, a raíz de su propuesta “Radio Alegría”.
La maestra buscó una manera de mantener ese vínculo y creó un espacio virtual a través del cual se mantuvo en contacto permanentemente con contenidos gestionado por y para sus alumnos, que emitía diariamente entre las 9 y las 12. Los niños escuchaban en sus casas y luego interactuaban a través del foro de Crea o por WhatsApp, respondiendo las tareas que planteaba la maestra.
De esta forma la maestra generó con los niños un espacio de confianza frente a la incertidumbre del momento, por más que no estuvieran concurriendo a la escuela.
El jurado lo definió como “un puente hacia el futuro” y manifestó que este proyecto se embarca aprovechando la tecnología y los medios disponibles para el aprendizaje de sus alumnos. La docente recibió U$S 5.000 para destinar a la continuidad de un proyecto que ha sido un ejemplo de innovación aplicada a la educación.
Del mismo modo que se mencionaba al principio, todo estaba allí antes: la maestra, los alumnos, la tecnología –a la que muchas veces se le cuelga el rótulo de culpable de infinidad de problemas sociales– y la necesidad de intensificar el vínculo entre los niños, el centro escolar y el docente. En este caso el virus aportó el factor de oportunidad para poner en marcha una capacidad en la que el país hizo una inversión muy importante y que estaba desaprovechada, o subaprovechada, por razones que no son fáciles de explicar.
Es cierto y no tiene sentido negar que el coronavirus ha ocasionado inconvenientes en todo el planeta, sin embargo ahora parece que fuese el origen de todos los males, cuando no es así, el mundo y la humanidad ya tenía millones de problemas antes. El enfoque necesario es el que aplicó Marcia Hernández, pensar “fuera de la caja” y, empleando los elementos que haya a mano, tratar de encontrar las soluciones.
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Opinión

La cultura del “escrache”, y al que le toque que se embrome

Integrantes de colectivos feministas protagonizaron recientemente un “escrache” de carteles en la capital, cuyo eje fue la pegatina de afiches para dejar expuestos a presuntos abusadores denunciados públicamente, en lo que se enmarca en una campaña de justicia por mano propia. Es decir entienden sin margen a ninguna duda que los hechos que supuestamente han ocurrido tal y como los cuentan, nunca tendrán una condena en la Justicia, cuando debe empezarse porque muchas veces no los denuncian por tratarse de palabra contra palabra y no haber elementos probatorios, como debe ser en el debido proceso.
Es decir, se apela a una exposición pública anónima para condenar moralmente y en lo posible llegar a la condena social que deja al o los inculpados prácticamente como parias en la sociedad, y así satisfacer por la vía de los hechos su sed de justicia ante lo que consideran impunidad para estos abusos cuyos alcances y circunstancias que los rodean a menudo no quedan claros.
En esta oportunidad –no es la primera ni mucho menos– apelaron a afiches para escrachar un músico por abuso, pero por error usaron la foto de otra persona. “Estos errores no ayudan a las adolescentes y mujeres que confiaron y encontraron un camino para la denuncia”, escribió el involucrado, que tiene el mismo nombre y apellido de la persona que pretendían arrojar a la hoguera.
Los hechos de que da cuenta la prensa capitalina consignan que estos grupos pegaron varios carteles en la ciudad con nombre y apellido de presuntos acosadores o abusadores sexuales del ámbito del arte y el carnaval.
Uno de ellos, que apuntaba a un músico e integrante del Carnaval, llevaba sin embargo la foto de otra persona: la de un fotógrafo que tiene el mismo nombre y apellido que el denunciado por quienes hicieron la pegatina, y que incluso simpatiza con esta causa.
Tras ver su foto en las calles de la ciudad, el fotógrafo divulgó un comunicado para aclarar la situación, en el que entre otros conceptos señala que “la persona acusada es músico y murguista, yo soy profesional de la comunicación, docente, tengo hijas e hijo. En diferentes medidas desde hace semanas estamos ante noticias donde la Justicia actuó (Operación Océano), donde se crearon cuentas de redes sociales y mujeres y adolescentes pudieron denunciar abusos. A quienes quisieron denunciar en muros los abusos, solo decirles que estos errores, en mi opinión, no ayudan a las adolescentes y mujeres que confiaron y encontraron un camino para la denuncia”, agregó.
“Manejar información e imágenes sobre estos temas es delicado y sin duda nos queda mucho para aprender para que esas denuncias sean escuchadas y creídas. Especialmente, para que se encuentren los caminos correctos donde las mujeres y jóvenes puedan sentirse seguras a la hora de denunciar”, consideró.
En estos casos varios de quienes han caído en la volteada son víctimas de “fuego amigo”, es decir de grupos de izquierda que han sido los principales protagonistas de escraches y son los que llevan la voz cantante en los grupos feministas que han establecido una causa en la que han identificado un “enemigo” al que hay que destruir. Para ellas todo varón es visto como un delincuente potencial que está esperando el momento para protagonizar hechos como los que denuncian, esté o no la razón de su lado, porque lo importante es dejar instalado el tema en la opinión pública, más allá de la posibilidad de probar lo que se denuncia.
De esta forma los acusados, culpables o no, son defenestrados en las redes sociales, un ámbito donde cualquiera puede decir lo que se le plazca de quien se le ocurra sin ser llamado a responsabilidad por ello.
El protagonismo y militancia de que hacen gala estos grupos hacen que pocos se atrevan a desafiarlos o cuestionar su proceder, que es nada menos que una inquisición de corte medioeval trasladada a nuestra época y lleva a que se ejerza un terrorismo verbal en el que toda opinión discrepante es sometida a escarnio o se desacredita con acusaciones lanzadas contra quien así piensa, apuntando a que no se cruce ni se desafíe la línea del pensamiento único y su “verdad” indiscutible.
Acerca de este tema, el abogado y periodista de izquierda Hoenir Sarthou, uno de los pocos que se ha atrevido a desafiar el discurso oficial en la grieta de género, al exponer su visión sobre el feminismo y su motor subrayó que “tienen un combo: dinero y un discurso. Y siempre pasa al plano moral, donde no se puede negociar”.
En el marco del PortalDocs de Montevideo Portal, que inició con el documental Feminismos en Uruguay, Sarthou reflexiona que “hay que deslindar dos cosas a las que se les suele llamar feminismo. Una es una postura social y política que reclama igualdad de derechos para las mujeres y los hombres. Por otro lado, bajo el nombre ‘feminismo’ funciona una estructura militante y organizada, oenegés, instituciones, en el ámbito académico. Una estructura respaldada con mucho dinero y mucha publicidad. Una cosa son las ideas y otra cosa es la estructura que se ha montado para trabajar el tema, donde hay incidencia muy fuerte de dinero y lobby político. Es un instrumento de ciertos grupos de poder para implementar determinadas políticas. En la medida que están financiadas son instrumentos, que dicen defender los derechos de la mujer, pero están siguiendo otra agenda”.
Evaluó asimismo que “el que no las acata es demonizado y prácticamente excomulgado. En Uruguay los gobiernos del Frente Amplio y el actual gobierno están sometidos a esa lógica. Por algo tenemos fenómenos como la bancarización obligatoria, algo que nadie pedía y se impuso porque es algo global”, en tanto precisó que “no es viable ejercer el gobierno en paz, sobre todo en un país chico, si no acatás cierta corrección política en ciertos temas en los cuales no hay interés en que te apartes”.
“Si yo te digo ‘mirá, si no sos feminista militante sos un machista, misógino, discriminador’ o ‘si no usás tapabocas sos un irresponsable, asesino’ la constante es esa, un discurso de intolerancia enorme y les evita tener que debatir, se demoniza al que cuestione esas causas”, acotó. Bueno, de eso precisamente se trata: de discursos, acciones, acusaciones que tienen el común denominador de fundamentalismo e intolerancia, donde justifican toda aquella estructura, acción o consigna que contribuya a combatir estos “demonios”, pasando por encima de la Justicia, con lo que se retrocede a tiempos del oscurantismo al poner por encima de todo la causa suprema. > Leer más

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Igualdad de condiciones

Es una deuda histórica la falta de control del Estado sobre sus funcionarios, entre otros aspectos. El último informe de la Organización Nacional del Servicio Civil (ONSC), bajo la nueva administración, llevó adelante un relevamiento que arrojó luz sobre esas ausencias de fiscalizaciones. Y cuando las hubo, se cumplieron con una desidia que es mejor no interpretar y que explican las bases de la confrontación existente entre lo público y lo privado.
Si más de 20.000 funcionarios accedieron a licencias médicas por encima de los 90 días entre 2018 y 2020, se trata de cifras relevantes y habla de ausencia de controles; al menos sanitarios. Porque si están bajo juntas médicas, es importante conocer sus diagnósticos para tener certeza si pueden volver a sus funciones.
Son personas que provienen desde diversos ámbitos y solicitan licencias con una frecuencia que hace dudar sobre la veracidad de sus patologías. Y la gran pregunta pende sobre estos cuestionamientos: ¿el Estatuto del Funcionario Público es únicamente un bastión al que se accede para reclamar derechos o allí constan, además, los procedimientos de actuación ante eventualidades tales como enfermedades extendidas en el tiempo?
Es de manual, al menos en el ámbito privado, que cuando un trabajador se enferma debe asistir al médico, quien resolverá un tratamiento acorde a la patología –tanto física como psicológica– a fin de evaluar si es conveniente que siga desempeñando sus funciones. Porque las empresas deben continuar con su producción y resolver si alguien más ocupa ese sitio.
En el Estado, un jerarca no está obligado y, a la luz de estos resultados, eso no ocurría. El nuevo Presupuesto, como ya informáramos, equipara la función pública con la privada, donde un trabajador no percibe su pago por faltar tres días y a partir de allí, el Banco de Previsión Social abona el 70%, obliga al jerarca a pedir un dictamen de las juntas médicas y baja el tiempo para pasar a los trabajadores a estos servicios.
De acuerdo al informe de la ONSC, la lista está encabezada por los funcionarios de ANEP –en su mayoría docentes– siguen los trabajadores de la salud y del Ministerio del Interior. Son tres lugares que mantienen más del 10% de su personal certificado. En el caso de los docentes, en su mayoría por estrés y patologías psiquiátricas. Sin embargo, existen otros ámbitos con muy bajas certificaciones a pesar del compromiso y el perfil del destinatario de los servicios, como el caso del INAU. Por eso, las comparaciones siempre desembocarán en la duda de los abusos. Porque no es tan difícil de comprobar, sobre todo en las ciudades del Interior como Paysandú, que mientras un funcionario está certificado en el Estado, continúa con su trabajo privado. Y porque el multiempleo es una realidad que confronta con esas certificaciones pero conspira contra la tan manida equidad.
Siempre otro trabajador estará recargado y deberá cumplir la labor por dos. Es así como la desigualdad, también conocida por los sindicatos, no es denunciada. Nadie dejará de ser clasista por demostrar una injusticia, pero eso también es permitido por las organizaciones sociales que saben y no hacen nada.
Entonces, todos forman parte del descontrol estatal porque, de última, los contribuyentes van a pagar igual el salario de todos. Aunque la gran mayoría de los trabajadores provenga del ámbito privado.
Esa sea, quizás, una de las razones por las cuales el discurso sindicalista no llega a la mayoría de la clase trabajadora que tiene que cumplir sus funciones igual, porque los descuentos duelen más en el bolsillo. A diferencia de los públicos, que no lo padecen.
Esa situaciones no son descubrimientos nuevos. Y es posible comprender, al menos ahora, que la quita de privilegios los motiva a salir a los medios de comunicación a protestar. Pero así como la crónica refiere a la falta de controles en sus propios funcionarios, también podemos incluir los demás recursos económicos y tecnológicos que, luego de años, salen a la luz.
Así como no se controló el déficit fiscal, tampoco se cuidaron los dineros públicos e invirtieron en infraestructura innecesaria, con el fin de fagocitar a una opinión que reclamaba obras. Sin embargo, alcanza una somera recorrida por el país para ver las necesidades existentes, al menos al norte del río Negro.
Es así que, cuando lleguen los anuncios de controles, será clave observar de dónde vienen las reacciones. Porque también en la educación y en la salud se necesita a los mejores, parafraseando a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, tras argumentar sobre los incrementos salariales a los directores de los entes.
Si están allí, entonces no habrá cuidado y nadie deberá sentirse intimidado porque no hacen nada incorrecto. Aquellos incumplidores hasta ahora no le daban explicaciones a nadie, porque ese “nadie” no controlaba lo que debía. Y porque eso forma parte del gasto público, cuyos recursos faltan en educación y salud, de acuerdo con los reclamos de los propios trabajadores, que reconocen la existencia de inversiones escasas en los últimos años.
Porque si los privados se ajustan y atraviesan por semejante esfuerzo, provocado por el coronavirus a nivel mundial, con mayores consecuencias laborales y sociales, ¿cuál es el motivo para que el espectro público no lo haga?
Tal vez, aquí y solo desde aquí, la clase trabajadora en su globalidad podrá a sentarse a discutir en igualdad de condiciones. > Leer más

Opinión

Un encuentro inoportuno

De acuerdo con lo anunciado públicamente, el próximo 7 de setiembre, en Salto Grande, se efectuará el lanzamiento del Polo Educativo, Científico y Tecnológico Binacional que impulsa la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), el que se pretende se constituya en un fuerte aporte al desarrollo regional. En dicho lanzamiento, se firmará un convenio de colaboración entre CTM y OEA (Organización de Estados Americanos), con participación del secretario general Luis Almagro vía Zoom, instancia en la que OEA aportará técnicos para el diseño e implementación del Polo Binacional, facilitando su red de contactos a nivel mundial. De acuerdo con la información disponible en la página web de CTM “se trata de una propuesta única para la región, que permitirá potenciar el desarrollo regional de ambos países a través de un espacio de formación e innovación permanente que nos permitirá generar herramientas y mecanismos para aprovechar las nuevas posibilidades que la transformación digital nos propone”.
Para ese evento se espera por Uruguay la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el canciller, Francisco Bustillo, el embajador uruguayo en Argentina, Carlos Enciso, el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini y el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira. El delegado uruguayo en CTM, Daniel Arcieri, destacó días pasados a EL TELEGRAFO que el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, había confirmado días pasados su asistencia, y la Delegación Argentina en CTM, estaba encarando gestiones para contar con la presencia del presidente argentino Alberto Fernández. Lamentablemente en los últimos días el gobernador Bordet dio positivo en los exámenes médicos realizados para la detección del coronavirus COVID-19. Por ese motivo su presencia será virtual, a través de la plataforma Zoom, en tanto el presidente Alberto Fernández no participará de forma alguna. Sí estarán en forma presencial el embajador argentino en Uruguay, Alberto Juan Bautista Iribarne, y los delegados de ese país en CTM.
De acuerdo al informe actualizado al día de ayer, Entre Ríos tiene 4.159 personas afectadas por la pandemia, 1.360 personas recuperadas y 63 fallecidos. Por su parte, la información brindada por el portal Infobae indica que “la provincia se encuentra ‘en el pico más alto de la pandemia’”, según Bordet. “Hay un riesgo de que el sistema de salud colapse”, advirtió el mandatario. Además, sostuvo que el porcentaje de camas de Terapia Intensiva ocupadas en Paraná asciende al 75% y remarcó que “con el número de camas que había al inicio de la pandemia, (el sistema sanitario) ya hubiera estado colapsado”. De acuerdo con los medios locales, el incremento de casos de COVID-19 obligó al pueblo entrerriano a volver a la etapa de aislamiento social preventivo y obligatorio (la llamada Fase 3) a la ciudad de Paraná, las localidades del Gran Paraná, San Benito, Oro Verde, Colonia Avellaneda y a Gualeguaychú, para “evitar una contagiosidad más rápida”. Resulta llamativo que, ante un panorama tan preocupante a nivel nacional y especialmente provincial, una autoridad de primer nivel como el gobernador de la Provincia de Entre Ríos haya pensado en concurrir al evento que se llevará a cabo en la ciudad de Salto el próximo jueves.
Más allá de la cancelación de la pesencia del gobernador Bordet debido a su condición de paciente afectado por la enfermedad, resulta claro que el encuentro de autoridades de ambos países es franca e indudablemente inoportuno. El propio presidente argentino expresó hace dos días que su país está en “una situación de alto riesgo”. De acuerdo con lo informado por el diario “La Diaria” Arnaldo Dubín, referente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, declaró “que las personas que cumplen funciones en las terapias intensivas están ‘luchando cotidianamente con la muerte’ y tienen la sensación de que están ‘perdiendo la batalla’ contra el coronavirus (…) el desborde del sistema sanitario ya no depende de la cantidad de camas o del equipamiento tecnológico que existe, sino de la escasez de los recursos humanos necesarios para manejarlo. La única estrategia para evitar un colapso sanitario es disminuir la propagación de la enfermedad y, para esto, también hay un único camino: el aislamiento”.
Argentina y Uruguay, más allá de que han tomado diferentes caminos para enfrentarla, atraviesan una delicada situación económica y social causada por el COVID-19. Miles de trabajadores de ambos países se encuentran desempleados o en seguro de paro y muchos de ellos pueden alimentarse únicamente gracias a las ollas populares comunitarias en los barrios más carenciados. Asimismo, miles de pequeñas y medianas empresas han cerrado sus puertas y abundan los locales comerciales disponibles para la venta o alquiler. Paysandú es un claro ejemplo de esta lamentable situación y también lo es Salto, la ciudad donde las autoridades planean reunirse. Más allá de la cancelación de último momento de la presencia de las máximas jerarquías argentinas al evento, el mensaje de las autoridades para la población no puede ser peor y se resume en el clásico “haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”.
Al fin y al cabo se trata, simplemente, de tomar nota de lo que sucede en otros países del mundo: ¿acaso los primeros mandatarios de Europa realizan encuentros presenciales con sus similares de otro país europeo o de otra región? La respuesta es claramente negativa, máxime teniendo en cuenta que no existe aún una vacuna contra COVID-19 y no es claro en que plazos y con qué grado de fiabilidad podrá contarse con una.
Frente a este panorama tan contundente y desolador, cabe preguntarse: ¿cuál es el motivo para realizar una reunión presencial entre autoridades argentinas en este momento, más allá que se trata de una institución binacional? ¿Acaso no resulta evidente para la CTM que se da señales contradictorias a la población y que terminan permitiendo y alentando un relajamiento de las políticas que ambos países llevan adelante para enfrentar una enfermedad que pone en jaque a todo su sistema sanitario?
De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, el significado de la palabra “inoportuno” es “fuera de tiempo o de propósito”. Esa definición se aplica plenamente a esta reunión de autoridades de ambos países. Tan inoportuna es, desde que se anunciara la participación del gobernador de Entre Ríos en el evento, éste enfermó y tuvo que cancelar el viaje. Si no fuese por ese motivo, mañana estaría en Salto inaugurando el Polo Educativo, Científico y Tecnológico Binacional que impulsa la CTM, en momentos en que su provincia vive la mayor emergencia sanitaria por COVID-19. Y hasta quizás el mismo Presidente argentino prestaría su imagen para la foto.
Los anuncios que se hicieron la semana pasada no son las señales que la población necesita, y más cuando los puentes binacionales están cerrados no solo para el tráfico vecinal o turístico, sino también para casos de trabajadores que se han visto duramente perjudicados al perder contratos de uno y otro lado del río por la medida.
Por lo tanto hasta la idea de un acto binacional, aún sin la presencia del gobernador provincial o el presidente de la nación hermana, contando con un mínimo de autoridades manteniendo un “protocolo”, suena inapropiado y “fuera de tiempo o de propósito”.

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Opinión

La campaña más extraña

Estados Unidos se encamina hacia una nueva elección presidencial, que tendrá lugar el martes 3 de noviembre en todo su territorio. La campaña hasta el momento ha sido la más diferente y extraña que haya tenido este país en su historia: una brecha social que parece ahondarse, disturbios por racismo, sin actos públicos, convenciones virtuales, al tiempo que se prevé una enorme votación por correo. Por supuesto, se pronostican demoras para conocer el ganador.
El inefable presidente Donald Trump, quien asegura que ese tipo de sufragio causará un fraude masivo, irá por la reelección en un contexto muy distinto al de hace cuatro años, si bien la economía presenta un buen estado de salud: la pandemia del coronavirus le interpuso una dura prueba al gobierno de Trump, que al principio no quería aceptar la realidad de esa enfermedad. Del otro lado, aparece Joe Biden como el demócrata más capaz de pelearle el puesto al actual mandatario.
Es que la dura batalla electoral por la presidencia de Estados Unidos comenzó oficialmente en la noche del jueves cuando la Convención Nacional Republicana proclamó como su candidato a la reelección a Trump, si bien éste y Biden ya eran protagonistas de un fuerte enfrentamiento desde que se desarrolló la Convención demócrata.
Si bien Trump se puede anotar algunos logros –como la reactivación económica que bajó el desempleo al 8,4%–, cabe afirmar que sus posturas políticas –de las que nunca duda en marcarlas con firmeza— ha llevado a una profunda división en la sociedad, una brecha que esta campaña no ha hecho otra cosa que agrandar. El presidente incluso denuncia que los grupos izquierdistas dentro del Partido Demócrata pretenden arruinar a Estados Unidos y convertirlo en un estado socialista, al estilo de Venezuela y Cuba. Una acusación grave y permeable en un país donde sus ciudadanos han escuchado con profundidad los males del socialismo y comunismo.
En este último tiempo, Estados Unidos vive momentos duros por la agresividad policial contra ciudadanos negros que ha derivado en actos criminales como el asesinato de George Floyd, en mayo, y en el ataque a balazos en la espalda, la semana pasada, de Jacob Blake. La represión policial hizo surgir el movimiento Black Lives Matter (La vida de negros importa) con manifestaciones en todo el país de las que participaron ciudadanos de diferentes razas y posiciones políticas. Varias manifestaciones derivaron en hechos de violencia con saqueos a comercios.
Trump, que ha mostrado una alarmante falta de sensibilidad ante estos hechos, envió fuerzas federales a sofocar las derivaciones violentas y dijo que no permitirá que se convierta a las ciudades en ámbitos sin ley ni orden. El gobierno sostiene que no hay racismo sistémico en las distintas Jefaturas de Policía, sino excesos aislados cometidos por funcionarios. Incluso, cuando los jugadores de la NBA decidieron parar unos días en solidaridad con Blake, Trump les dije que dejaran de hacer política y que volvieran a trabajar.
Biden, como otros ciudadanos y organizaciones, denunciaron actos represivos contra el público que se manifestaba pacíficamente contra los excesos policiales. Esto ha sucedido en varias ciudades y es también muy grave. A su vez, los demócratas también han rechazado los ataques de Trump a los medios de comunicación y los calificativos de enemigos que lanza contra la mayoría de los periodistas.
Lo extraño de esta campaña electoral estadounidense pasa a su vez porque el presidente, que busca la reelección, tiene esas actitudes más propia de tirano que de un jefe de Estado democrático. Trump siempre da la sensación de querer ahondar la brecha entre los ciudadanos de su país, haciendo caso omiso a ciertos reclamos y a burlarse de los que no piensan como él. Sus actitudes no han ayudado en nada en aplacar el enojo de buena porción de la población.
Estos días surgió la información, según publicó el jueves la revista The Atlantic, que Trump llamó en 2018 “perdedores” y “fracasados” a los estadounidenses que murieron en la Primera Guerra Mundial, y aseguró que no entiende qué ganan los ciudadanos de su país al ir a combatir al extranjero.
Según The Atlantic, cuya información confirmó la agencia AP con una fuente del Pentágono, los supuestos insultos de Trump se produjeron durante su visita a París en noviembre de 2018 para participar en el centenario del armisticio de esa contienda bélica, donde murieron más de 116.000 militares estadounidenses. Trump, por supuesto, negó esa información en un tuit: “Yo nunca he llamado a nuestros soldados caídos nada que no sea héroes”.
Así es todo en esta campaña electoral en Estados Unidos. Puede parecer divertida –así, vista desde lejos–, pero lleva un talante que si ocurriera en Uruguay estarían mucho más que preocupados. Y preocupa lo que ocurre allá en el norte, porque es un país que siempre ha pregonado la libertad y democracia como pocos en el resto del planeta. Queda menos de dos meses para los comicios presidenciales: la cancha estará muy embarrada, se verá quién sale más limpio.
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Opinión

La matriz energética diversificada y sus costos

El gran paso positivo que ha dado Uruguay en los últimos años en cuanto a la transformación de la matriz energética, sobre todo por la incorporación de energías renovables en sustitución de la generación por impulsores fósiles, ha tenido un costo colateral, por así decirlo, por el pago de importantes sobrecostos, lo que da lugar a distintas interpretaciones valederas.
Esta transformación ha permitido entre otros aspectos que se disponga hoy de energía abundante para atender la demanda interna y que cuente con excedentes para comercializar en Argentina y Brasil cuando existe necesidad e interés en estos países.
Es así que en este escenario entre 2014 y 2019 se exportaron excedentes a la región, pero en suma en seis años UTE pagó 142 millones de dólares a inversores privados por energía que no utilizó. Ello lleva a evaluar si efectivamente, como ha señalado el actual ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, la capacidad instalada con la que cuenta el país luego de las inversiones realizadas en la última década es superior a las necesidades actuales y si por lo tanto ha habido una sobreinversión en el sector, que deriva en compromisos de compra que han generado estas erogaciones adicionales por energía que no se ha utilizado.
Quienes han manifestado estos reparos han indicado entre otros aspectos que las inversiones en el sector debieron haberse efectuado en forma escalonada y no tan concentradas en el tiempo, aunque por otro lado, desde otros sectores se indica que las inversiones hay que hacerlas, y siempre es mejor, en toda circunstancia, tener sobrante de generación y no un nivel que en cualquier circunstancia deje al país en déficit de abastecimiento.
Un informe de UTE respecto al tema indica que en la medida de lo posible los excedentes han sido utilizados para exportar a países vecinos y para incentivar el aumento de la demanda a través de distintos productos comerciales que logren un consumo adicional asociado a energía interrumpible.
Otro elemento a tener en cuenta, es el referido a los precios, por cuanto, según lo manifestado por el director nacional de Energía, Fitzgerald Cantero, actualmente los excedentes que se logra colocar se venden a precios más baratos en comparación a cuando se importa, por lo que considera necesario mejorar los términos del intercambio.
El punto es que mientras se vende energía barata a la región, con estos excedentes, seguimos teniendo en nuestro país la tarifa eléctrica más cara de la región, lo que afecta la economía de las empresas y la doméstica, lo que incrementa costos para competir y a la vez afecta los ingresos familiares.
Naturalmente, hay contextos y contextos, y es impensable generar inversiones por las dudas sin a la vez tener la contrapartida de determinados costos, más allá de las ventajas indudables en el sentido de que contar con impulsores renovables implica ir descartando los energéticos fósiles, como el petróleo, e ir pasando a un esquema sustentable y de reducción de dependencia y vulnerabilidades, además de no afectar el ecosistema.
Por lo tanto, este pedido de inversiones escalonadas, si bien es razonable, se hace con el diario del lunes a la vista, y seguramente los reclamos y evaluaciones hubieran sido de otro tenor si en cambio se hubiera concretado una inversión menor y se hubiera dado coyunturalmente una crisis de generación que nos hubiera significado quedar cortos en la generación y por ende pagar sobreprecios por importar energía, en lugar de darse la posibilidad de exportarla, aún a valores muy deprimidos. Además, siendo realistas las inversiones no las hizo Uruguay sino los privados que encontraron en la generación y venta de energía a UTE un negocio seguro y razonable en el mediano y largo plazo. Es muy difícil entonces pensar en “inversiones escalonadas”, porque o se presenta un plan que sirva a cualquiera que pretenda instalarse en determinadas condiciones, o no se hace, y el resultado en ese sentido siempre es mejor más que menos.
Respecto a la disponibilidad de generación instalada que existe por fuera de los generadores privados y el sobreprecio que se paga por la energía que no se necesita, son los avatares propios del mercado y de factores que son difíciles de prever, más allá de manejar riesgos dentro de determinadas variables razonables, teniendo a la vista los antecedentes en regímenes de lluvias, demanda y otros términos de la ecuación oferta-demanda.
En todos los casos, siempre es preferible pecar por exceso de capacidad de generación que por déficit, y ello sobre todo es válido en un esquema en el que ha primado la incorporación de generación eólica por sobre otros impulsores renovables, habida cuenta de que en el caso de la energía eólica, la estrategia de manual es que se debe contar con una reserva significativa, por cuanto está supeditada a la ocurrencia de vientos.
Por lo tanto, un aspecto que se puede cuestionar en forma relativa es que la diversificación de la matriz se haya concentrado con demasiado énfasis en la energía eólica, y que no se ha canalizado una inversión mayor en otras posibles energías también amigables con el medio ambiente, como la solar, –aunque se han dado igualmente pasos prometedores en la materia, sin llegar a una masificación– y también un mayor aprovechamiento del uso de residuos forestales, por mencionar recursos disponibles en nuestro país. Al respecto, cabe mencionar que los aerogeneradores son más baratos y eficientes en relación a la energía solar, y son el complemento ideal para la energía hidroeléctrica.
Sin dudas que la prioridad mundial en la lucha contra la pandemia del coronavirus ha significado en gran medida un parate para todas las acciones que comprenden esta problemática. Pero aún en media cuarentena o cuarentena completa, con la esperanza y los esfuerzos centrados en superar la emergencia, no se debe perder de vista que el mundo seguirá andando y que hay grandes asuntos pendientes en los que ocuparnos, pese al tema excluyente del coronavirus en las conversaciones y los desvelos.
En el caso de nuestro país, precisamente, llevar adelante la diversificación inteligente de la matriz energética como un tema de Estado es uno de los grandes temas en los que es preciso insistir y buscar consensos y alternativas, de forma de hacerlo de la manera más racional posible y sin descartar opciones a priori.

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