Opinión

El jueves por la tarde de nuestro país comenzó a circular por diferentes agencias internacionales de noticias la publicación de una carta abierta firmada por empresas tecnológicas — “las” empresas tecnológicas— en la que instan a una “respuesta global contra ciberamenazas amplificadas por la IA”.

Usted se preguntará si hay algún error de redacción en el párrafo anterior, pero no, entendió bien: las mismas empresas tecnológicas que han desarrollado la inteligencia artificial vienen a advertirnos y, de alguna manera, a pedir que el mundo tome una acción para pararnos firmes frente a la amenaza que supone la inteligencia artificial empleada para amplificar ciberamenazas. En cualquier caso, uno se hubiese imaginado algo al revés: que en determinado momento el mundo se parase firme para pedirles a las empresas tecnológicas que reviertan los desarrollos en esta área para volver a un mundo más real, más tangible.

Pero veamos por dónde viene este asunto. La noticia dice que más de 100 gigantes tecnológicos de todo el mundo, entre los que se encuentran empresas como OpenAI y Anthropic, firmaron una carta abierta en la que instan a un esfuerzo global para “fortalecer las defensas cibernéticas” frente a las amenazas amplificadas por la inteligencia artificial (IA).

Expresan en esa carta que “Tenemos una ventana de tiempo limitada para fortalecer las defensas cibernéticas”, y agregan —advierten— que “En los próximos meses, los ciberataques habilitados por la IA se volverán mucho más frecuentes y sofisticados a medida que los modelos de todo el mundo adquieran capacidades cada vez mayores”.

Esto viene a cuento de algunas cosas que han ido trascendiendo en los últimos meses y que han provocado un aumento de las preocupaciones sobre las capacidades, cada vez más avanzadas, de los modelos de IA. Así lo recuerda un artículo divulgado por AFP y recogido por el diario argentino La Nación, que señala: “A mediados de julio, dos modelos de OpenAI escaparon de su entorno de pruebas confinado y obtuvieron acceso a internet. Después hackearon de forma autónoma la plataforma Hugging Face, un repositorio en línea que usan los desarrolladores de IA para almacenar y compartir código”. En un episodio posterior, otra de las empresas, Anthropic, “descubrió que sus modelos también habían obtenido acceso no autorizado a tres organizaciones no identificadas durante pruebas que se suponía que debían mantenerlos alejados de los sistemas del mundo real”.

En su carta, las empresas piden una “respuesta colectiva” que incluya el reconocimiento de que las medidas actuales de ciberseguridad “son insuficientes y que se necesitan herramientas impulsadas por IA para defenderse de las nuevas amenazas”. Claro, piden usar más IA para protegerse de la amenaza que supone la IA. ¿A quién se le hubiese ocurrido?
En la misma nota, instan a los gobiernos “a coordinar la defensa cibernética a nivel local, nacional e internacional”, lo que incluye compartir conocimientos y proporcionar financiación para diversas iniciativas. Claro, piden que los gobiernos del mundo financien su trabajo para desarrollar la “IA buena” que se pare de frente a la “IA mala” y nos proteja a todos.

Un artículo en el New York Times, publicado apenas un día antes de esta carta, refería las “5 capacidades alarmantes que la IA demostró en un ataque autónomo”. La noticia aludía a una serie de conclusiones que dejaron los eventos de julio pasado, en los que a la IA “se le fue la moto”, como dicen ahora, y en los que los agentes de OpenAI “demostraron un ingenio y una determinación superiores a lo que los expertos anticipaban”.

¿Qué se comprobó? Primero, que estos agentes fueron capaces de coordinarse como un colectivo. Por sí mismos desarrollaron la capacidad de entenderse y organizarse. “Puedes ver a los modelos razonando: si ayudo a este grupo colectivo, podría ahorrarle tiempo a todos en su conjunto, lo cual podría beneficiarme a mí, aunque podría no beneficiar de inmediato a mi tarea actual”, explicó Eric Wallace, un investigador de seguridad de OpenAI, en una conferencia que ofreció este mes.
La segunda capacidad que demostraron fue la de recibir órdenes unos de otros. “Las IA parecen estar aceptando tareas unas de otras que simplemente no son en absoluto la tarea que se les asignó al principio”, dijo en una entrevista Alex Mallen, investigador de seguridad de IA en Redwood Research, quien reconoció que eso “da mucho miedo. No queremos que las IA se pongan a hacer cosas al azar que nosotros no les dijimos que hicieran”.

Otra de las capacidades que se les reconoció fue la de apuntar a fallas que los humanos podrían pasar por alto. “Vieron repetidamente que hacer trampa era el camino más rápido hacia esas recompensas. A los agentes se les había instruido de manera específica que no usaran internet, pero eso no impidió que un agente dijera: ‘No es posible explotación. Estamos estancados. ¿Quizás respuesta en línea?’”.
La cuarta capacidad que demostraron en estos eventos fue la de evolucionar rápidamente para superar obstáculos, sorteando, por ejemplo, una limitación que se les impuso para que se comunicasen entre sí. La quinta capacidad fue la de realizar búsquedas sobrehumanas para detectar vulnerabilidades que luego pueden aprovechar para introducirse en otros sistemas.
“No fue tanto la sofisticación del ataque lo que nos sorprendió”, afirmó Clément Delangue, director ejecutivo de Hugging Face, “sino el volumen y la velocidad, que lo hicieron bastante extraño y sin precedentes”.

Es como dice aquel latiguillo con el que invocaban al personaje del Chapulín Colorado, de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito: ¡Oh! ¿Y ahora, quién podrá defendernos? ¿Será que desde el futuro enviarán un robot a protegernos?

Recientemente, el presidente de la Federación Rural, Rafael Normey, cuestionó el nivel del tipo de cambio y advirtió sobre el impacto que tiene sobre la competitividad del sector agropecuario, al calificarlo de “atraso cambiario galopante”, y reclamó medidas que permitan reducir los costos que enfrenta la producción.

El planteo del presidente de la Federación Rural vuelve a poner sobre la mesa uno de los problemas más incómodos y persistentes de la economía uruguaya: el atraso cambiario. No se trata solamente de reconocer que el dólar puede estar demasiado bajo en relación con los costos internos, sino de admitir que, a lo largo de sucesivos gobiernos, Uruguay lleva décadas conviviendo con esta situación y que, por una razón u otra, ningún gobierno ha encontrado —o se ha animado a encontrar— una salida definitiva.
El dirigente ruralista habló del “atraso cambiario galopante” y puso el acento en sus consecuencias sobre la producción agropecuaria. El problema, sin embargo, excede largamente al campo. Cuando una economía se vuelve cara en dólares, pierden competitividad todos aquellos sectores que deben venderle al mundo, mientras los costos internos continúan determinados por una estructura de precios y salarios que se ha acostumbrado a funcionar con un dólar relativamente barato.

A esta altura nadie puede discutir objetivamente que Uruguay es, lisa y llanamente, un país caro. Los salarios medidos en dólares son elevados, los servicios y buena parte de los costos internos también lo son, y las empresas que compiten internacionalmente deben absorber esa diferencia. El resultado es conocido: márgenes cada vez más estrechos, menor inversión, dificultades para crecer y, en algunos casos, la necesidad de recortar gastos para sostener la rentabilidad. Es exactamente el mecanismo que describía Normey al advertir que, cuando los números de una explotación agropecuaria dejan de cerrar, la primera reacción suele ser postergar inversiones, pero solo para empezar. Pero el punto no es solo el precio del dólar, sino que en torno a ese eje se relaciona y consolida gran parte de la estructura de costos del país. Nuestra competitividad también está condicionada por el costo de la energía, la carga regulatoria, la burocracia, las relaciones laborales, los costos logísticos y una estructura tributaria que pesa sobre la actividad productiva.

La cuestión de fondo que desata interrogantes es por qué Uruguay no corrige de una vez el atraso cambiario, y la respuesta tiene una dimensión económica, pero también una dimensión política y social. Un tipo de cambio más alto puede mejorar rápidamente la posición de los exportadores y de las actividades que compiten con el exterior. Pero a la vez encarece los bienes importados, presiona sobre los precios internos y reduce el poder de compra de quienes viven de ingresos que no se ajustan automáticamente al dólar. Es decir, salvo el beneficio para la exportación, la consecuencia inmediata sería que todos los uruguayos seríamos un poco más pobres, por más vueltas que se le dé, con pérdida de calidad de vida, salvo aquellos que tienen ingresos en dólares. Durante años, mantener un dólar relativamente bajo ha sido, de hecho, una manera indirecta de contribuir a contener los precios y la inflación. El mecanismo es sencillo: un peso fuerte abarata los productos importados, reduce el costo en moneda nacional de numerosos insumos y ayuda a moderar determinados precios. Para los consumidores y, especialmente, para quienes tienen ingresos fijos, ese beneficio es tangible.
Por eso el atraso cambiario no puede analizarse como si existiera una solución gratuita. Corregirlo implica necesariamente redistribuir costos y beneficios. Una corrección significativa del tipo de cambio favorecería a los sectores exportadores y a quienes generan divisas, pero tendría un costo inmediato para asalariados, jubilados y otros sectores cuyos ingresos no acompañan la depreciación. También podría reavivar la inflación y obligar a una política económica más restrictiva.
Ahí está la explicación de por qué ningún gobierno, independientemente de su signo político, ha logrado o siquiera intentado decididamente resolver el problema de fondo, simplemente —y nada menos— porque la corrección cambiaria tiene un precio social y político demasiado significativo. La alternativa ha sido ir llevando el problema como se pueda, procurando que el dólar no se aprecie demasiado, o esperar que el crecimiento de la productividad y la reducción de costos compensen, al menos parcialmente, la pérdida de competitividad —algo que, hasta ahora, ha sido simplemente una ilusión sin sustento real.
Pero no se puede pretender indefinidamente que los exportadores compensen con productividad, escala o precios internacionales una estructura de costos que se encarece en dólares. Tampoco alcanza con reclamar un dólar más alto mientras se mantienen intactas regulaciones, costos energéticos, cargas laborales o trámites que hacen más cara la producción. La competitividad no es una sola variable, y el propio planteo de Normey acierta cuando la presenta como un problema integral. Uruguay tiene, además, una oportunidad que vuelve más urgente esta discusión. Como señaló el dirigente rural, existe una demanda internacional importante por alimentos y productos de calidad, precisamente aquellos en los que el país tiene ventajas naturales, reputacionales y productivas. China, Estados Unidos y Europa ofrecen mercados enormes para una economía pequeña como la uruguaya. Pero, lamentablemente para nosotros, una empresa puede tener compradores dispuestos a pagar por su producto y, sin embargo, no invertir porque los números no cierran. Puede existir demanda internacional y, al mismo tiempo, perderse competitividad frente a países que producen a menores costos. Puede haber oportunidades de aumentar la producción y la calidad, y que esas oportunidades no se concreten porque el retorno de la inversión resulta insuficiente. Y este es el escenario que enfrenta el país.
Por ello, el reclamo de “aflojar la cincha” no debería interpretarse como el pedido de un sector para recibir una ventaja particular. Si la producción agropecuaria genera divisas, empleo, actividad e ingresos fiscales, su competitividad interesa al conjunto de la economía. Lo mismo vale para la industria, los servicios exportables y todas aquellas actividades que deben competir fuera de las fronteras. La pregunta es cuánto tiempo más puede Uruguay seguir postergando una discusión que inevitablemente tendrá que enfrentar.
Porque cuanto más se demora una corrección estructural, más difícil puede resultar abordarla ordenadamente. Si el país pudiera mejorar gradualmente su productividad, reducir costos, eliminar trabas y adaptar su estructura económica, el ajuste sería menos traumático. Pero si las presiones se acumulan y la competitividad continúa deteriorándose, las correcciones futuras podrían terminar siendo mucho más bruscas. Y la paradoja es que Uruguay necesita mejorar su competitividad sin provocar un shock que golpee a quienes menos capacidad tienen para absorberlo. Esa es la verdadera dificultad.
El desafío, entonces, consiste, además —y sobre todo—, en reordenar la relación entre precios, salarios, costos, productividad y tipo de cambio sin trasladar brutalmente la factura a quienes viven de ingresos fijos, lo que es una tarea mucho más difícil que reclamar una devaluación. Y precisamente por eso requiere una política de Estado, gradualidad y una explicación honesta —y un compromiso— de la sociedad, en la que habrá ganadores y perdedores, y seguramente habrá alineamientos, según cómo le vaya a cada uno en la feria. Y este es el nudo de la cuestión, mientras los plazos para las respuestas aprietan.

La visita apostólica del Papa León XIV a Paysandú en noviembre próximo marca un hito para el departamento y el litoral del país. Se trata de un acontecimiento de profunda trascendencia espiritual para la comunidad católica, y también de un evento de protocolo que representa el mayor desafío logístico, de seguridad, urbano y de servicios que haya enfrentado la capital sanducera en su historia contemporánea.

A casi dos meses de la llegada del pontífice, esta ciudad de tan solo cien mil habitantes se prepara para transformarse en el epicentro mediático y político de la región. El intendente Nicolás Olivera lo sintetizó con lucidez en la conferencia de prensa en la que se anunció la visita, al señalar que “los ojos del mundo van a estar puestos en Uruguay y en Paysandú” y que la elección de la capital sanducera como uno de los destinos de la visita papal es una oportunidad histórica para la cual los sanduceros tendremos que “estar a la altura”.

La oportunidad es innegable, pero para entender lo que se avecina no es necesario adivinar. Alcanza con mirar la historia reciente de ciudades intermedias de América Latina, como Temuco e Iquique en Chile (2018), Villavicencio en Colombia (2017) o Trujillo y Puerto Maldonado en Perú (2018), donde la experiencia de una visita de un pontífice dejó como lección indiscutible que la llegada de un papa provoca un shock de saturación instantáneo en la infraestructura urbana.
Para una experiencia más cercana a nuestra propia historia e idiosincrasia, hay que mirar al año 1988, cuando la segunda visita de Juan Pablo II llevó por primera vez la figura papal al Interior de Uruguay, llegando a Melo, Florida y la vecina ciudad de Salto. Se trató de una experiencia titánica para una época en que estas ciudades tenían hotelería apenas incipiente y telecomunicaciones analógicas.

En 1988 no existía la telefonía celular, la reserva en línea, ni la transmisión digital instantánea. Las ciudades tenían un parque hotelero sensiblemente menor al actual, pero se habilitaron campings improvisados en parques municipales o clubes deportivos con colaboración de la Fuerza Aérea y el Ejército. El parque automotor uruguayo era mucho menor y la masa de peregrinos se desplazaba fundamentalmente en tren o en ómnibus contratados. Fue un esfuerzo de organización titánico para la época, y Salto, Melo y Florida demostraron que el Interior uruguayo podía responder con calidez humana ante la escasez de recursos.
Sin embargo, los desafíos que hoy enfrenta Paysandú son superiores en escala y complejidad. En aquella época, la masa de visitantes aceptaba acampar en un parque o hacer filas de horas sin información previa. Hoy, los peregrinos exigirán conectividad 5G, reserva digital garantizada, oferta gastronómica diversificada y buenos servicios sanitarios. El riesgo reputacional es mayor: en 1988 una mala experiencia quedaba en el boca a boca; hoy la falta de provisiones de agua, un precio abusivo o el colapso de una terminal se viralizan globalmente en segundos por las redes sociales.

Por otra parte, también hay que considerar que los protocolos de la Gendarmería Vaticana y la inteligencia estatal son infinitamente más estrictos hoy que en la anterior visita papal a Uruguay. Contamos a favor con una buena red vial en las rutas 3 y 24, una zona termal desarrollada con capacidad de alojamiento, y herramientas de gestión digital que eran ciencia ficción en 1988.
A un par de meses de la fecha marcada para la visita, la realidad operativa local ya exhibe las primeras tensiones: las cerca de dos mil plazas hoteleras formales de Paysandú (sumando las de la capital y las termas de Guaviyú) ya se encuentran colmadas por reservas de comitivas oficiales, equipos de seguridad internacional, medios de prensa acreditados y peregrinos visitantes. Esta saturación prematura ya está generando un efecto rebote hacia ciudades vecinas, como Salto, Young y Colón.
La combinación de la extrema cercanía de Colón (Entre Ríos) y el uso del puente internacional General Artigas genera un cuello de botella geopolítico y fronterizo importante, dado que se estima que la afluencia de miles de argentinos superará con creces las presiones fronterizas de 1988. Se prevé un flujo masivo de peregrinos cruzando la frontera en forma simultánea, por lo que el Ministerio del Interior, la Dirección Nacional de Migraciones y sus contrapartes argentinas deberán implementar un operativo de seguridad y, a la vez, agilizar carriles extraordinarios para no dejar a miles de personas varadas en la zona del puente durante horas ni paralizar el tránsito comercial del Mercosur.

En la ciudad ya hay otros preparativos en marcha. Es destacable que la Terminal de Ómnibus ya haya iniciado los operativos de organización. Sin embargo, el desafío de la movilidad urbana va mucho más allá de la plataforma de la terminal. Los restaurantes locales son acotados para la escala de público proyectada, y sin una estrategia clara que combine la habilitación responsable de ferias gastronómicas temporales con un estricto control bromatológico, la escasez de insumos y el aumento de precios podrían ser inevitables.

Mencionar estas posibles dificultades no implica ignorar los extraordinarios dividendos que puede dejar este evento para el departamento. El impacto positivo más evidente es su proyección internacional: la presencia de cadenas de noticias globales colocará el nombre de Paysandú en la agenda del mundo, logrando una visibilidad mediática que la promoción turística tradicional jamás podría financiar.
En el plano económico, habrá una inyección directa de capital a través del comercio minorista, el transporte local, los servicios de logística y la red de alojamiento informal que inevitablemente surgirá en casas particulares. Por supuesto que no se pueden esperar milagros en un solo día.

La visita también será catalizadora de inversión pública, ya que es el momento para que el gobierno nacional y departamental aceleren las reparaciones viales, el alumbrado público, el embellecimiento del espacio urbano, entre otros.
Será importante que el gasto de logística, montajes y seguridad no sea asumido en forma desproporcionada por las arcas del gobierno departamental, detrayendo recursos de obras barriales, por ejemplo. La visita papal no puede ser tratada como un espectáculo pasajero ni como un cheque en blanco a la gestión pública. En este sentido, es de esperar que, mientras para algunos sectores el evento representa una vitrina para dinamizar la economía local, para diversos vecinos y agrupaciones locales el foco estará en evaluar el equilibrio entre la inversión requerida de fondos públicos y el impacto real que esta dejará en la infraestructura permanente del departamento.

Quienes residimos en Paysandú también debemos estar atentos a un trastorno severo de la rutina diaria, ya que es de esperar que los estrictos protocolos de seguridad vaticana e internacional impongan anillos de exclusión vehicular en zonas extensas de la ciudad.
La visita papal representa una prueba de alta ingeniería urbana y logística internacional que requiere una rigurosa planificación entre la Intendencia, el gobierno central y otras ciudades de la región, así como una comunicación clara hacia los vecinos sanduceros.
Es una oportunidad para demostrar que Paysandú está en condiciones de organizar grandes eventos a escala global manteniendo la calidad de servicios, la calidez de recepción y el respeto por la convivencia institucional. El reloj ya está corriendo.

Es digna de un profundo análisis, con una selección de especialistas internacionales, la relación de Paysandú con el río Uruguay: un río del que sus pobladores admiran los atardeceres, que juran son los mejores del mundo; del que se jactan cada vez que pueden por todo lo que les ofrece en recursos y esparcimiento; junto al que les encanta reunirse a celebrar y del que, a la vez, tienen una pulsión de querer alejarse, separarse, aislarse, que regresa con frecuencia bajo la forma de proyectos faraónicos.
Sí, no es la primera vez que estamos frente a estos dilemas sobre cómo intentar proteger a la ciudad del río, y la solución no es otra que volver con lo del muro.

Hace unos diez años estuvimos dando vueltas con la idea de un pólder. El grupo que impulsaba aquella propuesta planteaba que la zona comprendida entre la calle Washington y el puente Independencia sobre el Sacra fuera rodeada por una muralla que impidiera el ingreso del agua, al menos hasta la cota 11, pero que mantuviera la comunicación con la ciudad mediante portones herméticos.
Ahora la idea vuelve: la misma idea, con los mismos fundamentos y las mismas soluciones que ya se investigaron, se evaluaron, se presupuestaron y se determinaron inviables e inconvenientes. Pero nuevamente aparecen quienes quieren que Paysandú tenga su propia Gran Muralla China.

En aquel momento, el Instituto de Mecánica de Fluidos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República realizó un informe a solicitud de la Intendencia de Paysandú, cuyo resumen se publicó en la edición del 1.º de febrero de 2020 (ver en código QR). ¿Qué decía? Indicaba que se requería “un dique que proteja la ciudad de inundaciones superiores a la registrada en 1959, de 8 kilómetros de extensión y 4,8 metros de alto promedialmente”. El costo de esa obra “sería de 250 millones de dólares, ligeramente superior al Presupuesto Quinquenal de la Intendencia de Paysandú”.

Fue el fin de la discusión. Por más que quienes promovían la idea señalaban que se podía hacer una solución más puntual y acotada a la zona portuaria, que era en aquel momento la preocupación manifiesta. Claro, hay que tener mucho amor propio para discutirles en su terreno a los expertos del Instituto de Mecánica de Fluidos de la Facultad de Ingeniería.
Sí, tal vez pudiese hacerse un muro más corto, más bajo o más fino, que no permitiera caminar por encima, como se propone ahora, pero no sería una solución efectiva: no evitaría aquello que se pretende evitar. Es decir, para que resulte en lo que se quiere hacer, habría que cubrir 8 kilómetros y destinar el equivalente a todo el presupuesto de la Intendencia durante un período de gobierno, sin gastar un solo peso en otra cosa y, encima, conseguir más dinero, porque eso tampoco alcanzaría.

Y es que hay que entender algunos conceptos básicos. Estamos tratando con agua: va a pasar por cualquier lugar que encuentre. Entonces, una solución como la pretendida no solamente implicaría construir un muro con puertas; habría que solucionar tantos otros problemas: revertir desagües, desviar corrientes y colocar bombas para achicar el agua que va a correr desde la ciudad hacia el río y que, al encontrarse con el muro, va a represarse desde dentro, como lo ha hecho toda la vida.

Es una solución tremendamente compleja y no se puede pensar que esas cosas pueden hacerse “a la uruguaya”, como dice la publicidad de una mutualista durante la tanda de las transmisiones de los partidos del fútbol profesional.
Lo otro es: ¿a qué costo se realizaría una obra de esta magnitud? ¿Qué resignaríamos a cambio de estar protegidos de las amenazas del río Uruguay?

Lo primero es la vista al río. No hay forma de que un muro de cinco metros de altura no interrumpa la vista hacia la costa. Es una muralla y, por más que la decoremos con murales pintados “inspirados en los atardeceres de la costa”, será una pérdida irrecuperable, a no ser que eventualmente se derrumbe el muro, lo que, por supuesto, no tendría sentido alguno.
No importa. De nuevo está en curso una idea en el mismo sentido. Una consultora contratada por la CAF realizará los estudios de prefactibilidad y factibilidad, y está previsto que presente sus conclusiones en el primer trimestre del año que viene. Veremos entonces si aparece una solución diferente, más accesible y que altere menos la dinámica de la costa.

Ahora bien, en caso de que esto no prospere, o de que la solución que se proponga resulte inaceptable desde el punto de vista urbano y ambiental, o sea extremadamente onerosa, como la de la vez anterior, deberíamos pensar en una intervención de otro tipo en la zona portuaria: una adaptación que contemple un uso no permanente de las instalaciones.

Se podrían reformular las edificaciones con una lógica similar a la de la rambla de la ciudad de Mercedes, donde quienes allí habitan asumen que las crecientes ocurrirán cada cierto tiempo y, por eso, el piso inferior de esas viviendas es “sacrificable”, entregable al río, mientras la vida se desarrolla por encima del alcance de las aguas.
El resto del espacio podría ser una continuidad de la costa aguas arriba: un parque destinado a actividades recreativas, culturales y sociales.
Algo así tendría que hacerse progresivamente, pero con un rumbo trazado a largo plazo.

Los monitores económicos muestran que el primer semestre del año culminó con una demanda laboral que cayó 7,5% en comparación con el mismo período del año pasado. Sin embargo, ese impacto golpea especialmente la demanda de los empleos de menor calificación, por el bajo dinamismo de la economía nacional.

No es un signo positivo, sino todo lo contrario. Las proyecciones ya conocidas, en torno al 1,3% y 1,5%, frenan la posibilidad de una expansión necesaria para llevar algo de oxígeno al Interior del país, donde se debate el tema a diario.
La caída implica una limitación a nuevas contrataciones y muestra que el sector empresarial está atento a los vaivenes de los guarismos. Al mirar atrás, se observan caídas interanuales y consecutivas en rubros clave, que corrigen a la baja tanto sus aspiraciones de crecimiento como sus contrataciones de mano de obra.

Los grandes proyectos de infraestructura no mueven la aguja en los números macro, y es notorio que algunos grupos empresariales se fijan mucho más en la eficiencia que en la expansión y, por ende, en la ampliación de sus plantillas laborales.
Y si la inversión está acotada, también se limita la creación de nuevos puestos de empleo. Las pequeñas y medianas empresas, que son el gran motor de las economías locales y nacionales, se encuentran condicionadas a los embates regionales.

Esas inquietudes están plasmadas en los registros. El Monitor Laboral de la consultora en recursos humanos Advice recogió que, desde comienzos del año, se publicaron unas 33.000 oportunidades, lo que corresponde a un 6% menos que en los primeros cinco meses del año pasado.

La consultora incluso proyectaba nuevos descensos en los meses siguientes, en lo que se perfilaba como la mayor caída en la demanda luego de dos años de crecimiento.

Según el Banco Central, este tramo del año ha registrado un crecimiento de 0,9%, lo que explica el costo que pagan los trabajadores con menores calificaciones, mientras crece la demanda de los puestos con mayor especialización.
En forma paralela, el encarecimiento del costo de vida, los altos costos de producción, la rigidez en la negociación colectiva y el estancamiento de la productividad generan hoy tensiones entre la competitividad que reclaman los sectores empresariales y la preservación de los derechos laborales. Hay laudos elevados, con cargas sociales que transforman las contrataciones directas en un trámite costoso, lo que lleva a una evaluación continua sobre la pertinencia de ampliar las oportunidades de trabajo.
El dólar permanece rezagado desde hace años por los mismos factores, como el contexto internacional y las tasas en pesos que encarecen los productos y los servicios en comparación con los países vecinos. Este último aspecto es una variable relevante en las economías de los departamentos fronterizos con Argentina o Brasil.

En los últimos meses recobró fuerza el debate sobre la reducción de la jornada laboral sin afectar salarios ni empleos. Algunos impactos comienzan a medirse por el encarecimiento de los costos. De acuerdo con desarrolladores privados, el último acuerdo alcanzado entre los trabajadores y la Cámara de la Construcción encarecerá la obra pública y privada.
Otras decisiones pasaron por marcharse y afincar la inversión en otros países de la región, debido a esta baja competitividad en comparación con otros competidores cercanos. La contratación de empresas tercerizadas también atraviesa un marco de responsabilidades que impone fiscalizaciones estrictas, reguladas por las leyes de intermediación de empleo. El impacto recae en ocupaciones elementales ante la retracción en el consumo, como el comercio y otros servicios. El monitor mencionado ubica —por su orden— entre los puestos con mayor demanda al desarrollador de software, ingeniero de software, ejecutivo de ventas, profesor, contador, técnico electricista, analista contable, ingeniero de IA, ejecutivo de gestión comercial e ingeniero de datos.
Con este panorama, la demanda seguirá frenada hasta 2027. Las previsiones de crecimiento de 2,2% para el año que viene siguen sujetas a factores regionales e internacionales. Por lo tanto, son inciertas.
Esta modesta expansión no modificará la realidad de estancamiento, principalmente al norte del río Negro. Transcurrida la primera mitad del año, los sectores que resultan clave para el dinamismo, como la construcción, esperan la concreción de proyectos de infraestructura pública o inversiones privadas de gran porte que incidan en los números globales.
El mercado laboral seguirá manejado con cautela, y el horizonte del año próximo no se modificará sustancialmente si antes no convergen los factores de mejora en la competitividad e inversión.
El escenario de estabilidad que presentan las autoridades debe circunscribirse —y, sobre todo, aclararse a la ciudadanía— al plano macroeconómico.
Esa realidad no permea en las economías locales, así como tampoco el bajo índice de desempleo global refleja la realidad de distintas zonas del país, como el litoral, donde aún permanecen desafíos vinculados a la productividad, la informalidad y la calidad del empleo.
Los índices de empleo, así como los de desempleo, reflejan la evolución de las inversiones en el país en los últimos años. Es una tasa de inversión baja, incluso en la comparación regional. Mientras Uruguay mantiene inversiones que representan el 16% de su Producto Bruto Interno (PBI), Chile sostiene el 24%, y las economías asiáticas se ubican en torno al 30%.

Lev Shlosberg,¿lo ubica? Puede que no, no es muy citado por aquí. Es el vicepresidente del partido político ruso Yábloko, antibélico, opositor, rara avis por aquellos lares y proscripto electoralmente. Lev fue condenado a 11 años de prisión por usar del derecho a la libertad de expresión para defender la paz, según afirmó Amnistía Internacional. Los jueces rusos lo condenaron por “desacreditar” el uso de las Fuerzas Armadas rusas.

Fueron presos docenas de amigos de Lev que fueron a la plaza a protestar: están por el diálogo, la solución pacífica de los conflictos, por la defensa de los DDHH y, lógico, contra la invasión rusa a Ucrania.

Es lo mismo que defiende el Frente Amplio en distintos parajes del planeta (Ucrania es un detalle); ¿por eso es raro que el Pit -Cnt no haya salido a defender a Lev? ¿ No les parece?

Quizás no tanto: el fanatismo blinda, el dogma manda, es cuestión de ajustar el relato.

Y Geraldo Alckmin(GA) le suena? Está más cerca: es el compañero de formula de Lula y también lo fue en las anteriores elecciones, por lo que es el actual vicepresidente de Brasil. El recorrido político de este médico de 73 años, que perteneció al Opus Dei, es difícil de igualar. Alcalde, diputado, cuatro veces gobernador de San Pablo, ministro. Fue de los creadores del partido de centro derecha PSDB y colaborador estrecho del impresentable Michel Temer, que sustituyó interinamente a Dilma Rousseff. GA en el 2006, desde la derecha, peleó la presidencia a Lula y perdió. En el 2018 en su condición de candidato neoliberal y conservador del PSDB enfrentó a Jair Bolsonaro y también perdió: ¡único Geraldinho!. Invitado por Lula para las elecciones pasadas se cambió al Partido Socialista Brasileño (PSB), que lucía mejor aunque Lula lo eligió por su condición de hombre de la centro derecha, para equilibrar y confundir electorados. Ambos han estado vinculados de una forma u otra con los “muchachos” de Odebrecht (grandes corruptores a nivel continental). No sorprende mucho esta veleidosa voluntad del actual presidente brasileño. Lo que llama la atención es por qué el gran líder de la izquierda y el progresismo continental cree que lo mejor para Brasil, si él falta, es un hombre de la derecha. El mandatario, además, acaba de asombrar al mundo al decir que va a armar a Brasil para que a él no le pase lo que le pasó a Maduro en Venezuela, y ya al inicio de la campaña enfrentó y se mofó de los ambientalistas brasileños y del mundo entero anunciando la explotación de nuevos y muy ricos yacimientos de un petróleo — “muy chic” dijo– nada menos que en la Amazonia.

Ese petróleo, justificó Lula, puede “garantizar al país muchos años de generación de riqueza, renta y empleo”. Una mezcla de capitalismo salvaje y pragmático, populista, electoralista demagogo y asistencialista. Lula necesita plata dulce y lo del “calentamiento global” no le calienta; le preocupa mucho más el avance de Flavio Bolsonaro.

Viendo lo que hace Lula y dado que es el “faro que ilumina a nuestro gobierno”, no hay que culpar a éste de no tener rumbo ni horrorizarse porque la oposición republicana los tache de mentirosos. Tampoco descartar, por lo sucedido con la Rendición, que para el ’ 29 se comience a barajar en el FA la fórmula Cosse- Manini o Pereira -Perrone. Parecidas a la fórmula Delgado -Ripoll del ’24 pero con diferente dirección.

Para que la reducción de los costos de intermediación de la cadena logística del supermercadismo sea una realidad concreta y no una quimera, requiere mucho más que una buena intención sino un conocimiento profundo y pararse desde otra comprensión y caracterización.

Para el español Javier Guzmán, sociólogo y presidente de Justicia Alimentaria, una oenegé que impulsa una nueva mirada y, fundamentalmente, una redefinición global es imprescindible. Guzmán defiende la creación de supermercados públicos. Lo entiende no como un atajo simplista, sino porque “la alimentación es un derecho básico que ha sido privatizado. Parece que por primera vez en la historia, el Estado no tuviera nada que ver con la alimentación de su pueblo. Por tanto, es imprescindible empezar a tener herramientas e infraestructuras públicas que puedan asegurar este derecho a una alimentación sana”.

En esta línea argumental se encuentran Guzmán y el propio alcalde de Nueva York Zohran Mamdani, quien lo formuló de la siguiente manera: hay que “garantizar que todos los neoyorquinos puedan comprar alimentos frescos y asequibles en su propio barrio es fundamental”.

Y Guzmán agrega: “El Estado ha perdido su capacidad de alimentar a la gente de una manera más o menos sana, fresca. También ha perdido la capacidad de tener un sistema alimentario más o menos equilibrado y resiliente. Somos un país rico, pero cada vez comemos peor”.

El del experto español es un argumento muy parecido al que utilizó Mamdani en su día para fundamentar su propuesta y que fue destacada dos párrafos más arriba.

Hace tres semanas, Zohran Mamdani hizo un adelanto más elaborado sobre estos supermercados municipales. Con un programa de inversión inicial que incluye cinco establecimientos que estarán operativos antes del cierre de 2029, los que contarán con una tasa de descuento del 30%. Adicionalmente ofrecerán descuentos para una canasta básica, dirigida a todos los neoyorkinos, prescindiendo el nivel de consideración económica.

Según las proyecciones avaladas por expertos del Ayuntamiento, esta medida permitirá a cada hogar ahorrar alrededor de 90 dólares al mes, lo que equivale a unos mil dólares al año.

En sus discursos de campaña electoral, esta propuesta sorprendió al electorado. Pero no fue la única novedad: se sumó a la iniciativa de un servicio gratuito de ómnibus, tarifas planas de metro, y a las segundas viviendas.

Cómo operarán los supermercados municipales

Los productos que integrarán la oferta son básicos como frutas, verduras, carne roja, pescados. En los primeros meses de 2027 estará operativo el primero de estos cinco anunciados como parte del plan. Tendrá una superficie de 1.860 metros cuadrados y estará en el Bronx. Anunciada para los meses abril-mayo, en la zona de East Harlem, en Manhattan.

La ciudad de NY correrá con los costos de alquiler, mantenimiento y los impuestos sobre la propiedad del local. El operador privado tendrá bajo su responsabilidad parte de la distribución y logística, en particular, la distribución de alimentos.

Las siguientes locaciones están en Brooklyn, Queens y Staten Island. Mamdani ha promovido entre propietarios de terrenos a presentar espacios para formular propuestos.

Comerciantes preocupados

Al llegar al final del período de gobierno, Mamdani habría dejado operativos un supermercado público en cada uno de los cinco distritos de Nueva York. La inversión total habría alcanzado los 70 millones de dólares.

Según ha informado The New York Times, el proyecto de Mamdani ha despertado la preocupación entre comerciantes de bajo volumen.

Cooperativistas

España no cuenta con una red de supermercados públicos como el que ha venido promoviendo Mamdani, pero si tiene experiencias del tipo cooperativistas. Cada cierto tiempo reaparece, genera ciertas pasiones, pero no se concretan cambios.

Aumentos

En el informe anual de la Organización de Consumidores y Usuarios de España, OCU, se estudia la evolución de los precios de 241 productos de 80 categorías diferentes. La OCU advierte que, sin excepciones, todas las grandes cadenas de super e hipermercado han aumentado sus precios en 2025. Califica de “alarmante el incremento de los alimentos frescos”, alzas muy superiores a la inflación y también a la suba media de la cesta de la compra. Para la organización de consumidores, ese aumento de los alimentos frescos es el principal responsable de que la canasta de compra se haya encarecido un 2,5% en el último año.

Pero hay otras conclusiones destacadas en el estudio: un poco más del 60% de los productos analizados por la OCU se han incrementado. Entre los alimentos frescos, las frutas y verduras han experimentado un alza media del 8,2. En tanto los pescados suben un 3,4% y las carnes un 7%.

Modelo de negocio vs modelo social

Para Guzmán, hay que diferenciar entre un modelo de negocios y un modelo social. Desde su perspectiva, los supermercados públicos no constituyen un modelo de negocio sino un modelo social adecuado para facilitar el acceso de la población a alimentos de calidad.

Y es concluyente: hoy el mayor y más grave problema es el permanente incremento de precio. Para ello se respalda en el siguiente dato: en los últimos cinco años los alimentos básicos y frescos creció un 41%. Pero en Catalunya, por los incrementos ya anotados, el consumo de pescado ha bajado un 40% por los altos precios.

Lo más significativo es la conclusión a la que ha llegado el experto español: en los últimos años se ha impuesto “una narrativa neoliberal” que ha generado “un sistema alimentario absolutamente desastroso que solo ha beneficiado a la exportación y a grandes empresas distribuidoras”.

Y la segunda conclusión: el actual sistema “no da soluciones”, no las facilita. Dicho de otra manera: el actual sistema ha agotado su capacidad de readaptación, se ha quedado reducido a políticas cortoplacistas y regulaciones. El recurso de bajar alguna carga fiscal puntual, es una experiencia a la que se ha apelado muchas veces pero que no resuelve nada; si enseña que no beneficia al consumidor ya que esas rebajas tributarias automáticamente se trasladan al margen comercial del super o hipermercado, agudizando el problema.

El anuncio de que Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) cerraría su histórica planta de la cerveza Patricia en Minas, y que evalúa invertir en Montevideo si negocia una rebaja de costos, ha caído como un mazazo en todo el país y especialmente en los departamentos donde está presente dicha empresa. Paysandú es, lamentablemente, una de esas ciudades que ven peligrar fuentes genuinas de trabajo, tanto directas como indirectas, sin mencionar los múltiples oficios (carpintero, electricista, sanitario, cañista, metalúrgico, mecánico industrial, etcétera) que aún se mantienen gracias a las pocas empresas que siguen abiertas. De acuerdo con lo informado por El País, “tan solo dos años atrás, en 2024, la compañía había anunciado intempestivamente el cierre de sus operaciones en Minas, con la intención de concentrar toda la producción en su planta de Montevideo. Tras meses de negociación con el gobierno, de la que participaron cuatro ministerios de la administración de Luis Lacalle Pou, finalmente se acordó retomar la actividad con una reducción de 40% de la plantilla.

“Hace unos 20 años el mercado estaba dominado en más de un 90% por la producción nacional, pero la cerveza importada fue ganando cada vez más terreno en un proceso que se aceleró en la última década. La cerveza ingresada desde el exterior representaba el 3% del mercado en 2010, en 2015 ya era el 17%, y en 2020 un tercio de la cerveza comercializada en Uruguay. El salto se profundizó en los años siguientes, al punto que en 2025 superó por unas décimas a la cerveza uruguaya, tal como consignó El Observador en marzo. Hoy, a trazo grueso, la mitad de la cerveza consumida por los uruguayos es importada. La artesanal, por su parte, tiene un peso de aproximadamente 3%. En todo ese proceso, FNC fue perdiendo participación en el mercado local. De representar el 90% de las ventas, hoy en día está en el entorno del 70%, según las distintas fuentes consultadas. Ese porcentaje de FNC se compone de toda la producción de cerveza industrial uruguaya (Pilsen, Patricia, Zillertal, Norteña, tanto embotelladas como en lata), pero también cerveza que la propia FNC importa”.

Ante este escenario, el achique de FNC era la “crónica de una muerte anunciada”, y nadie lo resumió con tanta claridad como Bruno Pastorino, presidente del sindicato de FNC: “Mientras que la lata importada cuesta alrededor de $10, producirla en Uruguay sale $25”. Un argumento demoledor por su simpleza y fortaleza, que proviene de un dirigente sindical que, como todo el Pit Cnt, explica las relaciones laborales en el marco de la lucha de clases. A pesar de ser el Pit Cnt una central sindical marxista (y por ende enemiga de la clase patronal y promotora de la lucha de clases), las declaraciones de Pastorino demuestran que a esa organización sindical, a la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (Foeb) y al sindicato de la FNC, la realidad les pasó por arriba. Como reza el dicho popular, todos los argumentos ideológicos quedan fuera de la discusión: palabras como plusvalía, oligarquía, imperialismo y tantas otras que forman parte de la liturgia sindical no sirvieron para nada ante la crisis de FNC. Pastorino dio en la tecla sin necesitar un doctorado en matemáticas: algo que sale 25 pesos es más caro que algo que sale 10 pesos. Con su frase, Pastorino se acerca a la pronunciada por el entonces presidente de la República Popular China, Deng Xiaoping, quien con su célebre “no importa si el gato es blanco o negro, lo importante es que cace ratones” definió el realismo político y la claridad del líder chino que impulsó a ese país a niveles de crecimiento nunca imaginados y que hoy lo colocan como la segunda economía del mundo, y en poco tiempo lo hará ocupar el primer lugar.

Así las cosas, toca referirse a los motivos por los cuales cerró la planta de FNC en Minas y por los cuales la de Paysandú aún no tiene claro su futuro: los altos costos de nuestro país, que hacen inviable la permanencia de empresas en Uruguay debido a la pérdida de competitividad frente a otros países que producen más cantidades, más rápido y con mejor calidad. Uruguay es un país caro por muchos motivos, y es bien sabido que resulta más caro transportar un contenedor de Montevideo a Paysandú que traer ese mismo contenedor desde China hasta Montevideo. Ello siempre y cuando el Pit Cnt permita que las cargas puedan salir del país o ingresar a él a través del puerto capitalino, claro. Pero volviendo a lo que importa: a esos costos hay que sumarle una cantidad extra de costos ocultos (y no tan ocultos) que incluyen los combustibles, la energía, los salarios, los impuestos, las interminables trabas burocráticas y la baja productividad que tienen los trabajadores uruguayos (algo antipático de decir, pero que todo el mundo reconoce en voz baja), entre otros motivos. Todos esos factores conforman una “tormenta perfecta” para FNC: lo que produce es caro y sale más barato importarlo que producirlo en Uruguay.

Pero lamentablemente no solo producir en Uruguay es caro: resulta aún más caro hacerlo en el Interior, donde la logística de llevar la producción a los centros de consumo —léase, área metropolitana— agrega costos astronómicos que hacen inviable no solo fabricar cerveza, sino casi cualquier industria a más de 100 kilómetros de Montevideo. Ergo, la Patricia seguirá el mismo camino que nuestra emblemática Norteña, y no habrá negociación política ni pataleta sindical que pueda salvarla. Con suerte sobrevivirá FNC en la capital, cerca de donde está la mayor cantidad de consumidores, y donde se pueden diluir un poco más los costos exorbitantes de mover un camión pagando a un camionero de la Foeb un salario digno de un jeque árabe para hacer el trabajo que menos capacitación y exigencia requiere. Se trata de un triunfo más del macrocefalismo montevideano que se ha fagocitado al país entero, donde hoy quedan las cáscaras de las industrias, tal como lo sufrimos en Paysandú en carne propia. No es de extrañar que tantos sanduceros estén pensando en mudarse a la Ciudad de la Costa o Maldonado, y tantos otros ya se fueron.

¿Y qué soluciones proponen el Pit Cnt y el ministro de Trabajo para revertir la debacle? Para el Interior, nada. Y para mejorar la competitividad, la mejor idea que se les ocurre es trabajar menos por la misma plata, obligando así a aumentar la masa laboral de las empresas, reducir la edad jubilatoria, mejorar las prestaciones y aumentar los costos del Estado, entre otras “genialidades” por el estilo. Es que la República de Montevideo por ahora aguanta un poco más, no está tan mal aún, y por eso se animan a seguir tirando de la piolita, hasta que se corte y terminen secando hasta la “Tacita del Plata”. Y después con suerte le quedará Punta del Este…

Ante esta situación, los sanduceros deberíamos tratar de valorar y defender las pocas fábricas que quedan funcionando en nuestro departamento y, al igual que Pastorino, entender que 25 pesos es más que 10 pesos, que la realidad es lo que es y que las empresas privadas no pueden producir a pérdida. Al fin y al cabo, para trabajar a pérdida y “timbearse” el dinero de todos los uruguayos ya están Ancap y ALUR, que son empresas públicas dirigidas por políticos.

Hay algo verdaderamente curioso en la política uruguaya: cuando las cosas están mal, todos parecen saber quién tiene la culpa.

El problema aparece cuando llega la hora de hacer algo.

Hace casi un año y medio que tenemos un ministro del Interior que, más allá de ser una buena persona y de su trayectoria como exfiscal, está al frente de una gestión de seguridad que deja demasiadas preguntas y muy pocas respuestas.

Homicidios, balaceras, ajustes de cuentas, atentados, rapiñas, robos, entraderas.

Y lo más grave: las balas que supuestamente buscan delincuentes muchas veces terminan alcanzando a quienes nada tienen que ver.

Niños, mayores, familias enteras.

Ciudadanos que viven con miedo.

¿Y qué hace la oposición?

Pide la renuncia del ministro. Declara. Critica. Se indigna. Y después… nada.

Porque si realmente creen que el ministro debe irse, existe una herramienta institucional: la interpelación parlamentaria. Entonces la pregunta es inevitable: ¿Por qué no lo interpelan?

¿Por qué no lo sientan en el Parlamento y le exigen respuestas?

¿Por qué no le preguntan qué está haciendo, qué resultados obtuvo y qué piensa hacer frente a esta realidad?

Porque una cosa es pedir la renuncia delante de un micrófono y otra muy distinta es llevar al ministro al Parlamento, preparar preguntas, presentar pruebas y sostener una posición hasta las últimas consecuencias.
Entonces uno termina preguntándose: ¿Quieren realmente que renuncie o solamente quieren que parezca que quieren que renuncie?

Porque si tienen los votos, úsenlos.

Y si no los tienen, también sería bueno decirlo.

Mientras tanto, los ciudadanos no pueden esperar. Los delincuentes no esperan una interpelación.
Las balaceras no esperan una conferencia de prensa.

Y las familias tampoco.

Pero hay una ironía todavía mayor.

El 9 de agosto, el Partido Nacional realizó el acto central por sus 190 años, con el cierre del expresidente Luis Lacalle Pou. La fecha de fundación que tradicionalmente reconoce el partido es el 10 de agosto de 1836.
Todo muy solemne. Pero permítanme una pequeña irreverencia: un estadista no se mide solamente por la calidad de sus discursos.

Se mide por lo que hace cuando el país tiene problemas.

Y hoy Uruguay tiene un problema enorme: la inseguridad. Por eso quizás el mejor homenaje a una tradición política de 190 años no sea solamente recordar lo que hicieron los grandes hombres del pasado.
También sería bueno que los dirigentes de hoy demostraran que aprendieron algo de ellos.
Menos declaraciones. Más Parlamento. Menos “debería renunciar”. Más: “Venga y responda.”

Porque la democracia no se defiende solamente con discursos.

Se defiende ejerciendo los controles que la Constitución pone en manos del Parlamento.
Y entonces volvemos al viejo dicho: el cascabel está ahí, el gato también.

La pregunta es sencilla: ¿Quién se anima a ponérselo?

Porque discursos tendremos muchos. Lo que estamos necesitando es algo bastante más escaso:
acción.

David Doti

Con uñas y dientes se defienden en el Tribunal Federal de Oakland, California, los abogados de la empresa Meta de las acusaciones de haber procurado “enganchar” (en el sentido de generar adicción) deliberadamente a menores de edad en los servicios de Facebook e Instagram, de su propiedad. Las acusaciones proceden de 29 estados, que señalan a la firma de haber intentado, conscientemente, ocasionar una dependencia entre usuarios menores de edad, lo que podría haber ocasionado conductas adictivas, provocado daños emocionales y físicos, e incluso, en casos más graves, hasta la muerte. También se la acusa de infringir leyes federales al recopilar y utilizar datos personales de los menores de forma indebida.
El abogado de Meta, Paul Schmidt, citado en un artículo de la agencia de noticias española EFE, discrepó rotundamente con estas acusaciones y pidió al jurado “mantener la mente abierta”. Destacó, a la vez, los esfuerzos que hace la compañía para bloquear a usuarios menores de 13 años y señaló que en los últimos tres meses fueron 600.000 las cuentas eliminadas que habían sido creadas por usuarios no permitidos.

La fiscal general adjunta, Megan O’Neill, aseguró que la tecnológica “ocultó la verdad” y que “cuando llegó el momento de tomar una decisión —elegir lo que es seguro para los niños o elegir lo que es seguro para sus beneficios—, una y otra vez ganaron los beneficios”. Uno de los testigos, Arturo Bejar, exempleado de Meta, aseguró que alertó a altos funcionarios de la compañía sobre “los daños que sufrían las personas debido a la forma en que se había diseñado Instagram” y que estos se podían evitar.

Pero mientras esto acontece en Estados Unidos, en la cuna de esta empresa y de las redes sociales en general, en el resto del mundo la discusión solo es seguida de cerca por muy pocas personas conscientes de lo que está en juego, porque una decisión adversa a la empresa podría ocasionar una reacción en cadena que erosione su prestigio, por más que no es la primera vez que enfrenta una situación análoga y que ha sido anteriormente hallada responsable de actividades empresariales cuestionables. Sin ir más lejos, este mismo mes de agosto de 2026, un juzgado del distrito de Santa Fe, en el estado de Nuevo México, condenó a Meta a pagar 567 millones de dólares a un fondo de reparación para la salud mental de los jóvenes, que además deberá crear. Se consideró en esa corte que la forma de operar de la empresa perjudica la salud y seguridad de los adolescentes.

En simultáneo a esta discusión en el norte del mundo, acá en nuestro país ingresó al Parlamento un proyecto de ley que busca establecer responsabilidades de estas empresas y proteger “a niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos derivados de los servicios de redes sociales”. Así se titula la iniciativa presentada por el diputado del Partido Colorado Felipe Schipani.
Por comentar algunos de los aspectos salientes del proyecto, el artículo 5.° establece que “los proveedores de servicios de redes sociales” que ofrezcan sus servicios a habitantes del país deberán adoptar medidas “razonables, proporcionadas, eficaces y auditables” para evitar que las personas menores de quince años “creen, mantengan, reactiven o utilicen cuentas personales”. El artículo siguiente responsabiliza a los proveedores por el cumplimiento de la disposición, y el posterior a ese exime de responsabilidad a los menores de edad y a sus familias: “las sanciones previstas recaerán exclusivamente sobre los proveedores y demás sujetos obligados”.

El articulado prevé una serie de garantías de privacidad que restringen la utilización y la recopilación de datos, así como se prohíben las bases de datos centralizadas que operen a partir de los datos proporcionados en el proceso de verificación de la edad.
Luego, además, contiene algunas previsiones con respecto a los usuarios de 15 a 17 años, para los que estipula una “protección reforzada”, estableciendo por defecto el máximo nivel de privacidad. Del mismo modo, estos usuarios tendrán impedido intercambiar mensajes con adultos desconocidos, no podrán tener una geolocalización pública, etcétera.
En los artículos posteriores hay regulaciones sobre la utilización comercial de los datos y la publicidad orientada en base al perfil del usuario, lo que se conoce como segmentación. Se prohíbe “la utilización de datos sensibles o inferencias sobre estado emocional para recomendar anuncios”, así como la publicidad “de apuestas, alcohol, tabaco, productos de nicotina, pornografía, armas u otros productos perjudiciales”.

No es posible, por razones de practicidad y de espacio, resumir en esta sección el contenido total del proyecto. Viene al caso, sin embargo, referir que prevé una serie de multas en caso de infracciones, así como mecanismos para hacer cumplir lo dispuesto en la misma norma.
También estipula que el Estado llevará adelante “programas permanentes sobre bienestar digital, privacidad, algoritmos, ciberacoso, grooming, sextorsión, desinformación, inteligencia artificial, sueño, utilización responsable del tiempo y recursos de orientación y denuncia”, y que el Ministerio de Salud Pública “incorporará orientaciones sobre salud digital en los programas de atención pediátrica y adolescente, incluyendo detección de uso problemático, alteraciones del sueño, ciberacoso, exposición a contenidos dañinos y pautas de acompañamiento familiar”.

Más allá de que queda claro que los juicios contra Meta están enfocados en las secuelas ocasionadas entre los usuarios menores de edad, así como lo hace la normativa propuesta por Schipani, todo esto debería dar lugar además a la apertura de un debate sobre los efectos del uso de redes y de la exposición al mundo digital entre las personas mayores de edad, un debate que considere, por supuesto, la libertad de las personas a exponerse a riesgos. Claro, una cosa es exponerse a riesgos a sabiendas de su existencia, y otra muy distinta es hacerlo pensando que eso no tiene ningún tipo de efecto sobre la salud de las personas.
Sobre la salud mental, justamente, uno de los grandes dolores de cabeza históricos de un país que hace punta —y hasta se ha escapado— en las estadísticas de autoeliminaciones del continente.

En nuestro país, históricamente el pasaje de la escuela al liceo para el estudiante nunca resultó sencillo, aun para los mejores alumnos, porque no se trata solo de contar con buen conocimiento y estudios. Es que el “escalón” invisible entre Primaria y Educación Media existió siempre y, desde hace décadas, constituye uno de los puntos más delicados del sistema educativo. Lo distinto —y mucho más preocupante— es que hoy ese cambio de nivel encuentra a un número creciente de estudiantes con déficits de conocimientos y de formación que hacen que el escalón resulte cada vez más alto.

Precisamente un informe de avance de la Estrategia de Mejora de los Aprendizajes en Lengua, Matemática y Ciencias, elevado recientemente a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) —del que da cuenta El País— vuelve a poner el tema sobre la mesa. El trabajo, elaborado por tres comisiones integradas por representantes de los distintos subsistemas, analizó evaluaciones nacionales e internacionales, investigaciones, programas, recursos didácticos y experiencias educativas, tomando entre otros insumos los resultados de PISA, ERCE, Aristas, SEA y SEA+.

El diagnóstico identifica un problema que no es nuevo: existen desacoples pedagógicos y un verdadero divorcio metodológico entre Primaria y Educación Media Básica. El tránsito desde la escuela al liceo supone un cambio brusco en las formas de enseñar, aprender y evaluar. Pero sería un error atribuir a ese desacople toda la responsabilidad por las dificultades actuales. El problema de fondo es anterior: muchos alumnos llegan al liceo sin los conocimientos y las herramientas que deberían haber adquirido durante su trayectoria primaria.

Yendo por partes: en la escuela, el niño tiene generalmente una maestra de referencia, que conoce su evolución, sus dificultades y sus posibilidades. El vínculo cotidiano permite un seguimiento relativamente personalizado. En el liceo, en cambio, aparece una estructura completamente diferente: varios profesores, distintas asignaturas, diferentes exigencias, horarios fragmentados y una cantidad mucho mayor de estudiantes a los que cada docente debe atender, además de un seguimiento mucho más laxo —en el mejor de los casos— que el que se tenía en los cursos escolares.
Ese cambio siempre representó un desafío. El adolescente debe aprender, además de los contenidos, a organizarse, estudiar con mayor autonomía, interpretar consignas, administrar tiempos y responder a diferentes profesores y metodologías, lo que es parte natural de la evolución educativa, por supuesto.

Pero los problemas surgen cuando ese salto se da sobre una base que ya viene débil. Si un estudiante llega a séptimo grado con dificultades importantes para comprender un texto, escribir con claridad, resolver operaciones matemáticas básicas o interpretar una consigna, la estructura de Educación Media no hace desaparecer esas carencias. Por el contrario, por regla general las amplifica, y estamos ante un desacople que agrava un problema previo. Por ejemplo, la comisión que estudió el área de Matemáticas señala que la transición entre Primaria y Educación Media Básica constituye un punto especialmente sensible. Detecta desempeños insuficientes en una proporción significativa de estudiantes, particularmente en resolución de problemas y desarrollo de competencias matemáticas complejas.

También identifica discontinuidades en las progresiones de aprendizaje, los enfoques de enseñanza y las prácticas de evaluación.
En Lenguaje, el panorama no es menos preocupante. Se señalan dificultades persistentes en comprensión lectora, producción escrita, oralidad académica, interpretación de consignas, reformulación de información y autonomía en las prácticas de estudio. No se trata solamente de que un alumno tenga problemas en la asignatura “Lengua”. Si no comprende lo que lee, tendrá dificultades en Historia, Ciencias, Geografía, Matemática y prácticamente cualquier otra disciplina, porque la comprensión lectora es la base de todo estudio (aunque también lo es para la vida adulta).

En consecuencia, el déficit de lenguaje termina transformándose en un déficit general de aprendizaje. En Ciencias ocurre algo similar. El informe registra dificultades persistentes en el desarrollo del pensamiento científico y lógico, al tiempo que vuelve a advertir sobre las diferencias metodológicas entre los subsistemas. Mientras en Primaria predominan enfoques más integrados y contextualizados, en Educación Media tienden a consolidarse formatos más conceptuales y fragmentados.
Todo ello confirma que esta transición —este escalón— necesita ser revisada: algo que, por supuesto, ya debió haberse hecho mucho antes, y aplicando además las respuestas en el terreno, un paso que muchas veces no se da y el proceso queda estancado en el diagnóstico del problema.

Ahora bien, sería ingenuo, y un desconocimiento de la realidad, pretender que las distorsiones solo se dan en las aulas y que, por lo tanto, las respuestas también solo pueden darse en ese ámbito. El escenario también —y sobre todo— obliga a mirar qué ocurre antes de que el alumno llegue a esa transición.

El problema no comienza en el liceo, ni nada que se parezca, sino que existe un aspecto que el debate educativo no debería seguir esquivando: promover a un estudiante sin que haya alcanzado los conocimientos imprescindibles no resuelve el problema. Apenas lo desplaza en el tiempo, y peor aún, lo agrava a medida que se estiran los plazos.
Durante años se ha buscado evitar la repetición y, fundamentalmente, la desvinculación del sistema educativo. Es comprensible que una política educativa procure que los jóvenes permanezcan dentro de las instituciones. Pero permanencia no es sinónimo de aprendizaje, porque si un alumno avanza de grado sin haber adquirido las herramientas básicas, el déficit se acumula. Al año siguiente deberá aprender nuevos contenidos apoyados en conocimientos que no posee. Y cuanto más avanza, mayor se vuelve la distancia entre lo que el sistema supone que sabe y lo que realmente sabe.

Allí aparece una suerte de círculo vicioso: se promueve para evitar el fracaso; se evita el fracaso formal, pero no necesariamente se evita el fracaso educativo, y más temprano que tarde llega la hora de la verdad.
El problema queda así trasladado al siguiente nivel. Primero aparece en Primaria. Luego se hace visible en el pasaje al liceo. Más adelante reaparece en Educación Media Superior. Finalmente llega al nivel terciario y profesional, donde ya resulta mucho más difícil seguir esquivándolo.

Porque una universidad, una formación docente, una carrera tecnológica o una formación profesional no pueden prescindir de determinados conocimientos básicos. Allí no alcanza con acompañar, estimular o flexibilizar. Es necesario saber.
Y hasta llegar a este nivel, solo se han estado haciendo trampas al solitario. El problema, entonces, no termina en el liceo. El liceo puede ser simplemente el lugar donde empieza a hacerse visible con mayor crudeza una deuda que se ha ido acumulando.

Hay además un cambio cultural que tampoco puede ser ignorado. La autoridad del docente, el valor social atribuido al estudio y la percepción del esfuerzo han cambiado. Lo que en otras épocas podía ser motivo de vergüenza para el niño o el joven —no estudiar, no cumplir, desconocer contenidos básicos o desafiar sistemáticamente la autoridad del maestro— puede ser percibido hoy, en determinados ámbitos, como una demostración de autonomía o incluso de “valentía”, cuando en realidad se trata de un desvío del camino correcto que condiciona y va enterrando su futuro.

Las intensas precipitaciones registradas en el litoral y diversas regiones del país en las últimas horas han vuelto a poner en jaque a la red de caminería rural. El escenario es largamente conocido por los productores de Paysandú y otros departamentos. Tras acumulados de lluvia de magnitud —que en algunas zonas superaron los 100 milímetros desde el pasado lunes—, las vías secundarias de balastro sufren un rápido deterioro que en algunos casos complica y en otros interrumpe temporalmente el tránsito pesado.

Se trata de un cuadro recurrente que impacta de manera directa en la salida de leche y el transporte de granos y ganado. La historia indica que, frente a la emergencia climática, la respuesta del Estado suele ser reactiva. Los municipios y las direcciones departamentales de Vialidad deben generalmente abocarse a reparaciones de contingencia una vez que el agua cede y el daño está consumado.

Este esquema no alcanza para atender con agilidad y equidad redes departamentales de caminos que, en el caso de Paysandú, se sitúan en más de 3.000 kilómetros. La verdad es que la falta de diagnóstico previo y de atención genera cuellos de botella, dificulta la asignación oportuna de maquinaria y combustible, y demora las soluciones para las comunidades rurales más aisladas.
Este problema, que afecta la infraestructura productiva, ocupó un lugar central en la agenda del Congreso de Intendentes durante su sesión plenaria de mayo pasado en Salto.

Allí los jefes departamentales y la Comisión Sectorial de Descentralización trataron la necesidad de optimizar los recursos del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI) y avanzar hacia esquemas de financiamiento que contribuyan a mejorar la competitividad territorial.

Sin embargo, parece evidente que el debate político sobre la caminería rural no puede limitarse exclusivamente a la discusión de partidas presupuestales o al reclamo de más generosas transferencias desde el gobierno central.
Entendemos, en este sentido, que si el incremento de recursos financieros no se acompaña de una mejora sustancial de los mecanismos de auditoría, planificación y ejecución, el riesgo de perpetuar el ciclo ineficiente de reparación y erosión seguirá siendo demasiado alto.

La descentralización requiere también que los gobiernos locales cuenten con capacidades técnicas modernas que permitan auditar y planificar con rigor la durabilidad del trabajo vial y la calidad de los materiales empleados.
En este sentido, la incorporación de tecnologías de teledetección —por ejemplo, mediante la combinación de imágenes satelitales periódicas y relevamientos focalizados con drones— podría ser una herramienta de gestión preventiva para los problemas de la caminería rural.

Aunque aún no es común el uso de este tipo de herramientas tecnológicas con tales fines, no es menos cierto que las imágenes satelitales y los drones son utilizados para muy diversas tareas en el campo uruguayo, que van desde el control de incendios hasta la fumigación o el tratamiento con fitosanitarios, entre otros.
En este contexto no es descabellado pensar que los avances en el procesamiento de datos y la fotogrametría puedan utilizarse de forma sistemática para auditar caminos y generar mapas de riesgo ante alertas meteorológicas. Más aún si tenemos en cuenta los pronósticos para la región con motivo de la llegada de El Niño.

Contar con sistemas de monitoreo digital permite construir inventarios dinámicos del estado de las calzadas, detectar fallas en el drenaje de alcantarillas y, en definitiva, prevenir y planificar.
Con esta información georreferenciada es posible priorizar tramos complicados por donde circula la recolección lechera o el transporte de la actividad agropecuaria.

Esto permitiría avanzar sustancialmente en el reconocimiento objetivo de tramos críticos para la toma de decisiones en planes de mejora, y dar transparencia ante la ciudadanía a la inversión del Fondo de Desarrollo del Interior.
En este sentido, cabe recordar los dimes y diretes que desde hace años generan denuncias cruzadas sobre posibles usos opacos de la maquinaria vial, la compra discrecional de balastro de baja calidad y otros aspectos que han teñido las relaciones entre el gobierno central, las intendencias y los municipios del país. La fiscalización satelital puede aportar también a la profesionalización de las compras públicas, dotar de mayor transparencia a la ejecución de convenios para la renovación de flotas de maquinaria u obligar a las empresas contratistas a dar mayores garantías sobre la durabilidad de las obras ejecutadas.

Sin duda que también existen desafíos operativos, y no podemos ser ingenuos y pensar que con la sola implementación de software de teledetección o de drones se resolverán automáticamente las dificultades o crisis viales. La tecnología constituye una herramienta de diagnóstico, pero sabido es que de nada sirve si luego los municipios carecen de presupuesto operativo o de maquinaria para realizar la reparación en tiempo y forma.

Por otra parte, la idea tampoco es burocratizar la recolección de información de una forma desconectada del territorio y sus necesidades reales. Para que el sistema pueda ser efectivo, se requiere un acceso a datos abierto y descentralizado que permita que productores, alcaldías y gremiales locales tengan acceso a la información y puedan dar seguimiento al estado de sus caminos.
La problemática de la caminería rural es de larga data en Uruguay, pero la vulnerabilidad que provoca la lluvia exige superar las situaciones coyunturales y la improvisación. La descentralización de políticas que impulsa el Congreso de Intendentes y las herramientas tecnológicas disponibles deberían caminar juntas para modernizar con efectividad la gestión pública en el interior profundo del país.

Paysandú y otros departamentos de la región pueden liderar proyectos piloto interinstitucionales, articulando con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el MGAP y otros gobiernos departamentales, para testear soluciones de auditoría satelital en las zonas productivas más afectadas.

Existe una relación directa entre pasar de la reacción a la planificación basada en datos, y la eficiencia y el cuidado de la competitividad de sectores productivos fundamentales para la economía del país. También atañe a la calidad de vida de nuestras comunidades rurales.
Cuando una calzada colapsa, los camiones cisterna quedan varados o se ven obligados a dar rodeos de decenas de kilómetros, encareciendo fletes y sobrecargando costos para los productores; cuando en las zafras graneleras el tránsito pesado intensivo convierte caminos rurales en espacios intransitables de barro, hacen falta otras soluciones además de las tradicionales.

“Nosotros tenemos en Uruguay, por cada adulto mayor pobre, 10 niños pobres. Un tercio de los niños de este país son pobres. No solamente es injusto porque esos niños no eligieron ser pobres, viven en hogares donde hay pobreza, sino porque además, aunque no tuviéramos ninguna consideración de tipo de justicia social, eso es una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo para lo que nosotros creemos que tenemos, que es nuestra tranquilidad, nuestra convivencia en sociedad”. Estas fueron las palabras con las que el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, justificó el incremento en la inversión para el combate a la pobreza infantil. Lo hizo en el marco de una presentación organizada por la Liga de Defensa Comercial (Lideco) en el antiguo Hotel Casino Carrasco, hoy Sofitel. “Si nosotros no hacemos algunas cosas importantes en materia de seguridad y en materia de atención a la pobreza infantil, nuestro modelo de convivencia, una buena parte de nuestro activo para atraer inversiones, para atraer gente que viene a vivir a Uruguay, está afectado”, expresó. “Y tenemos que tener más recursos, atender la seguridad porque hay problemas nuevos, hay que tener nueva tecnología y más funcionarios. Por eso, en la Rendición de Cuentas que queremos aprobar y que estamos batallando por lograr, estamos creando 300 cargos policiales, no los 1.000 que nos pidió el Ministerio del Interior, pero sí 300 nuevos. Es un tema central. Por eso estamos incorporando tecnología, gastando más de 6 millones de dólares anuales adicionales para tener algunas herramientas para el combate al delito, que en algunas zonas —en particular en el área metropolitana de Montevideo y en algunas ciudades del interior— es especialmente grave”, señaló, explicando por qué considera necesario “fortalecer el sistema de transferencias a la infancia”.
Caso contrario, advirtió, el riesgo es converger “hacia una sociedad que se va a tener que encerrar, como ha ocurrido en toda la región”, y mencionó específicamente lo que ocurre en los países del Pacífico “para que vean lo que son las sociedades que se fragmentan y que resuelven mal el problema de integración. Eso, yo creo, no es donde los gobiernos quieren vivir, y eso nos obliga a poner recursos y focos en esos lugares: en seguridad, en situación de calle y en niñez”.
Hay un límite muy fino entre lo que dijo literalmente el ministro Oddone y lo que quiso dar a entender. En una lectura lineal, el ministro planteó que existe una relación causa-efecto entre la pobreza infantil y las raíces de la inseguridad. La interpretación es, sin embargo, un poco más indirecta, porque lo que plantea es un riesgo que se incrementa, y no una estigmatización al estilo “todos los pobres son ladrones”.
Hay razones adicionales para ello. Oddone explicó bien, en la misma conferencia, una trampa de nuestro modelo de protección social, que tiene amplias prestaciones y beneficios sociales, pero que están muy condicionados al empleo por medio del aporte a la seguridad social. “Protege muy bien a toda persona que está integrada a lo largo de su vida activa al mundo laboral. Si las personas están integradas de manera intermitente en el mundo laboral, o no están integradas, no tienen seguro de desempleo ni tienen una cobertura de salud adecuada ni tienen un sistema de jubilación disponible”, señaló. Quedar desempleado o tener empleo informal es perder una red de protección. Hay entre 300.000 y 500.000 personas en esa situación en Uruguay que dependen de los mecanismos de protección social. Es demasiado.
Entonces es comprensible que, como dijo el ministro, “si nosotros no gastamos más allí, si no orientamos mejor los recursos, podemos discutir si condicionamos o no condicionamos —toda una discusión que está muy bien, que es una buena discusión—, pero si no incrementamos los recursos en diversas facetas hacia ese grupo de acción, tenemos un problema”.
Es entendible la preocupación del ministro de Economía, que unifica la visión de un ministro de Desarrollo Social y la de un ministro del Interior. Sin embargo, Oddone se queda corto con este planteo, porque en definitiva lo que cabría esperar es que el gobierno tuviese una ruta de salida —paradójicamente, así se denominó al plan que sucedió al Panes, Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, que creó el primer gobierno frenteamplista— para que, de alguna forma, esta población que necesita recurrentemente del apoyo del Estado comience progresivamente a dejar de hacerlo. Eso no se ha logrado; muy por el contrario, las ayudas monetarias directas solo han perpetuado esta dependencia. Claro, puede que para algunos esto no sea del todo inconveniente. Sin embargo, es un peso muy grande en el presupuesto estatal, que se traduce luego en la necesidad de incrementar la recaudación a través de nuevos impuestos o de retacear recursos a otras áreas del Estado, como estamos viendo que ocurre en la Rendición de Cuentas que se vota esta semana en la Cámara de Diputados, en la que hay una reducción significativa de vacantes en diferentes reparticiones del Estado. Además, el plan sería la contención de esa importante franja de población vulnerable, pero no garantiza ni evita que, año a año, esa población siga creciendo en número.
Entonces sí, es compartible el diagnóstico y la advertencia de Oddone de que hay un riesgo implícito cuando la pobreza alcanza los niveles que señala. Lo que no se puede acompañar es la solución propuesta, porque en algún momento tendrá que dejar de consistir solamente en poner dinero.

Es absolutamente de recibo, y un llamado a la responsabilidad colectiva —pero sobre todo de los actores directos—, la advertencia formulada por el director de Panaftosa (Centro Panamericano de Fiebre Aftosa y Salud Pública Veterinaria), Manuel Sánchez, respecto al avance de la resistencia a los medicamentos antimicrobianos en el ganado y al papel de productores y veterinarios en el uso responsable de estos medicamentos. Prescripción veterinaria, cumplimiento de los tratamientos, registro y respeto de los tiempos de espera son algunas de las claves para preservar su eficacia y proteger la salud animal y humana, señaló, en un artículo publicado en la sección Rurales de EL TELEGRAFO.
La advertencia formulada por el director de Panaftosa merece ser recibida con la máxima atención. No se trata de una preocupación exclusiva de veterinarios o productores, ni de un problema circunscripto al ámbito de la producción animal. Estamos ante una amenaza que compromete, al mismo tiempo, la sanidad animal, la seguridad de los alimentos y la salud humana, y que remite a relaciones de causa y efecto que no solo aplican al mundo veterinario, sino que también se vienen dando desde hace tiempo en el tratamiento de enfermedades que afectan al ser humano, en lo que tiene mucho que ver, además, la automedicación.
La llamada “pandemia silenciosa” tiene precisamente esa característica: no necesariamente produce un brote visible ni una emergencia inmediata. Avanza de manera gradual, a medida que los microorganismos desarrollan resistencia frente a medicamentos que durante décadas han constituido herramientas fundamentales para combatir enfermedades. El riesgo es que, cuando finalmente se manifieste en toda su dimensión, algunas infecciones ya no encuentren un tratamiento eficaz.
Para Uruguay, la cuestión adquiere una sensibilidad particular. Buena parte de nuestra economía, de nuestras exportaciones y de nuestra propia identidad productiva está estrechamente vinculada al agro y, dentro de él, a la producción pecuaria. La sanidad animal no es, por lo tanto, un asunto sectorial: es una cuestión económica, social y estratégica para el país.
Y Uruguay conoce, además, el enorme costo que pueden tener las amenazas sanitarias. La fiebre aftosa constituye el ejemplo más evidente. La experiencia demuestra que una enfermedad animal puede provocar pérdidas productivas, comerciales y económicas de una magnitud muy superior a cualquier esfuerzo razonable de prevención, como ocurrió en 2001 y 2002, cuando nuestra economía se vio devastada por la irrupción de la epizootia, que fue la antesala de la crisis económica más grande que ha vivido nuestro país en el último siglo.
En este sentido, la situación regional merece una vigilancia permanente. Brasil, uno de nuestros principales vecinos y competidores en los mercados internacionales de carne, ha avanzado en el abandono de la vacunación contra la fiebre aftosa. Esto coloca a los países de la región, y particularmente a Uruguay por su fuerte dependencia de la actividad agropecuaria, frente a un escenario que exige todavía más rigor sanitario, coordinación y responsabilidad.
No se trata de cuestionar decisiones sanitarias adoptadas por otros países, sino de comprender que, en un mundo donde los animales, los alimentos y los microorganismos atraviesan fronteras, ningún sistema puede considerarse completamente aislado. La prevención deja de ser, entonces, una cuestión individual para convertirse en una responsabilidad colectiva.
Es precisamente allí donde adquiere todo su valor el llamado a los productores y veterinarios a utilizar responsablemente los medicamentos. Consultar al profesional, utilizar el producto adecuado, respetar las dosis, completar los tratamientos, registrar cada intervención y cumplir estrictamente con los períodos de espera no son formalidades burocráticas. Son parte esencial de una producción responsable.
Es cierto que todo esto tiene costos. También es cierto que, en determinadas circunstancias, cumplir rigurosamente con los protocolos sanitarios puede significar mayores gastos, pérdida de animales, demoras o restricciones productivas. Pero esos costos deben compararse con los que puede provocar una epizootia, la aparición de microorganismos resistentes o la pérdida de mercados por problemas sanitarios. La conclusión debería ser evidente: el costo de prevenir siempre será menor que el costo de enfrentar un desastre sanitario.
La misma lógica debe aplicarse al uso de antibióticos en la medicina humana. Durante años hemos actuado, muchas veces, como si estos medicamentos fueran un recurso prácticamente inagotable. No lo son. Cada utilización innecesaria, cada tratamiento interrumpido antes de tiempo, cada automedicación o cada prescripción inadecuada contribuye, en mayor o menor medida, a seleccionar bacterias capaces de sobrevivir a los medicamentos.
Lo que sucede en un establecimiento ganadero y lo que sucede en un hospital, una clínica o un hogar forman parte del mismo problema. Las bacterias no entienden de fronteras entre la salud humana y animal. De allí la importancia del concepto de “Una Salud”: la salud de las personas, la de los animales y la del ambiente están estrechamente vinculadas.
Por eso, la responsabilidad debe comenzar en las decisiones más pequeñas. En el campo, consultando al veterinario antes de administrar un antimicrobiano; cumpliendo el tratamiento indicado; registrando qué animal fue tratado y cuándo; respetando los tiempos de espera antes de enviar un animal a faena o utilizar su leche. En la medicina humana, evitando la automedicación y siguiendo estrictamente las indicaciones profesionales.
La advertencia de Panaftosa debería servir, entonces, como una señal de alerta y no como una preocupación pasajera. Uruguay ha construido buena parte de su prestigio internacional sobre la confianza en su producción agropecuaria y en sus estándares sanitarios. Esa confianza se sostiene todos los días, en cada establecimiento, en cada tratamiento y en cada decisión.
Frente a las amenazas sanitarias, la responsabilidad no puede quedar subordinada al ahorro inmediato ni a la comodidad. Los medicamentos son herramientas preciosas y limitadas. Cuidar su eficacia es cuidar la producción, los mercados y, en definitiva, la salud de todos.
Porque cuando una epidemia o una resistencia antimicrobiana se instala, ya no hay ahorro posible que alcance para compensar sus consecuencias. La prevención puede parecer cara. La irresponsabilidad sanitaria, en cambio, puede terminar siendo infinitamente más cara para todos.

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