Opinión

Mismos argumentos, diferentes expectativas

Durante su reciente visita a nuestro departamento el ministro de Turismo, Germán Cardoso, expresó que han “tomado la decisión de regionalizar el país, de trabajar por regiones”, y profundizó el concepto al expresa que “cuando hablamos de regionalizar, por el concepto de región turística, entendemos que tiene que haber una mancomunión, que tiene que haber una sintonía topográfica, geográfica y cultural entre los departamentos que integran una región como esta”.
Bajo este precepto se definió que Paysandú formará parte de la que el Ministerio de Turismo denomina ahora “Región Litoral”, junto a los departamentos de Salto, Río Negro y Soriano. Es decir, el desmantelado (y semienterrado) Corredor de los Pájaros Pintados, pero sin el norte del departamento de Colonia ni Bella Unión.
Además Cardoso también levantó la bandera de la recuperación de la marca Destino Termas, de la que destacó su fortaleza, y lamentó que “por diversas razones no se había trabajado como entendemos hay que trabajarla, por la visibilidad y el distingo que tiene”.
También adelantó que a Destino Termas se la va a postular desde la cartera a un fondo de cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, por un millón y medio de dólares, que en caso de conseguirse permitirá realizar inversiones en mejoras que los centros termales, especialmente los de Paysandú, llevan esperando largamente. También se buscará “desarrollar y profundizar la marca a través de diferentes promociones”, anunció el ministro, que estimó que hay buena chance de ganar estos recursos habida cuenta del buen manejo que se hizo de los dispositivos y protocolos de seguridad, que permitieron que en todo este tiempo desde que llevan funcionando los centros, no se haya registrado ningún caso positivo. “No ha habido un solo reporte sanitario negativo, han habido protocolos que se cumplen, que se controlan, y no ha habido un solo contagio a lo largo y ancho del corredor termal. Creo que eso es un activo importantísimo que tiene este destino”, agregaba. Pero vamos a centrarnos en los argumentos con los cuales Cardoso justifica este regreso triunfal de Destino Termas: la “fuerza”, “visibilidad” y “distingo” de esa marca.
Se trata justamente de los valores por los cuales otros lamentan la desaparición de la marca “Corredor de los Pájaros Pintados”. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si se trata de dos marcas que en su momento fueron trabajadas con mucho impulso y apalancadas con recursos para darles visibilidad, que, si bien en diferente medida, lograron. Lo que más salta a la vista es la diferencia de potencial de una y otra. Mientras Destino Termas es una marca que tiene peso a escala nacional, que significa algo cuando se usa dentro del Uruguay (termas hay en muchos lugares del mundo, sin ir más lejos cruzando el río se ha saturado de complejos termales), la apuesta de la marca Corredor de los Pájaros Pintados era más ambiciosa y se buscaba darle un posicionamiento internacional. Después hemos de discutir si esto es lo más pertinente y si se logró o no en mayor o menor medida, pero es indiscutible que el enfoque es ese.
Para ser más claros, en Argentina nadie dice simplemente “termas” cuando se refiere específicamente a las célebres Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero. Nuestras termas tienen un fuerte posicionamiento en el mercado turístico interno y son conocidas en la región. La estrategia que se planteaba era fortalecer una cantidad de atractivos en el entorno para mejorar la competitividad del destino y a través de esa marca global darle visibilidad a todo el corredor, en una experiencia que involucrara la cultura, la gastronomía, los paisajes, las costumbres y, cómo no, los centros termales.
Y lo mismo pasa con este nuevo asunto de la “Región Litoral”, una denominación que la equipara a las demás regiones turísticas del país, sí, la equipara con “Región Centro Sur”, “Región Este”, “Región Norte”. La equipara, justamente cuando todas las demás regiones destacaban como un ejemplo a seguir, el posicionamiento, el destaque que había encontrado esta región con una marca fuerte y que por sí sola englobara los valores de estos departamentos. Ojo, no vamos a negar que hubo cosas que se pudieron hacer mejor, dineros que pudieron ser usados mejor y tener otro destino y sobre todo tener menos inversión en salarios profesionales y algo más en infraestructura (en termas específicamente, por qué no) y visibilidad de la marca.
Pero esto que se hace, igualando a la región en términos de marca a las demás del país, parece lo mismo que están haciendo algunas de las intendencias y municipios, cambiando sus tradicionales escudos departamentales por un diseño en azul, amarillo y blanco. Si el escudo se hizo para identificar, para individualizar, para distinguir un departamento del otro, qué sentido tiene que se los muestre todos iguales.
Solamente se puede entender en el contexto del reino del que hablaba aquella canción de María Elena Walsh. > Leer más

Opinión

Hacia la economía pos pandemia

La incertidumbre sigue presente como el común denominador tanto en el país como a nivel global como consecuencia de la devastación general causada por las medidas para contener la pandemia. Peor aún, en un mundo globalizado que se manifiesta con la interdependencia, es impensable que la economía de un país pueda florecer aislada mientras el resto es afectado por graves problemas.
Igualmente, las consecuencias no han sido homogéneas, desde que como hemos expresado en más de una oportunidad, las naciones con economías más poderosas han contado con espalda financiera para absorber el “mientras tanto” para inyectar recursos en la economía y hacerla mover más o menos artificialmente, hasta que las cosas se acomoden, pero no sin pagar un alto precio en desempleo y caída de actividad.
En Uruguay la afectación ha sido mayúscula precisamente porque el gobierno de Luis Lacalle Pou ya heredó un déficit fiscal del 5 por ciento.
Debe tenerse presente que ello fue así pese a que los gobiernos de izquierda se habían puesto como meta llegar a un déficit de 2,5%, y si bien es cierto que el deterioro de las cuentas públicas se intensificado durante el último período de gobierno de la coalición de izquierdas, fue precisamente la gestión de José Mujica la que acentuó el desfasaje del gasto público.
El propio expresidente Tabaré Vázquez comentó a allegados en su momento que Mujica le entregó el gobierno “en peores condiciones que Jorge Batlle en el 2005”. Según recogió la prensa durante el año de publicación del libro (2018), Vázquez hizo referencia al caos en el que Mujica entregó el gobierno en términos financieros, de transparencia en los procesos licitatorios y en cantidad de funcionarios públicos.
Las cifras oficiales indican que durante los cinco años de su gobierno, el déficit fiscal pasó de 1,7% a 3,5% del PBI, y el siguiente gobierno de Vázquez pese a los sucesivos anuncios en contrario lo llevó al 5 por ciento, a la vez que seguía creciendo el desempleo y cayendo la actividad, con empresas en serias dificultades.
Este escenario da la pauta de lo delirante de recientes “reflexiones” del expresidente Mujica en el sentido de que se están volcando pocos recursos públicos durante la pandemia en Uruguay y reclamó más gasto con este fin.
Pero es cierto, es impensable que en este período tan particular e imprevisto, la reactivación se genere solo mediante la inversión privada, cuando precisamente los capitales de riesgo se retraen y la imprevisibilidad de la situación aconseja limitar los riesgos, por lo que más allá de lamentar –y sufrir– que se hayan dilapidado cuantiosos recursos anteriormente, que tanto se necesitan hoy, el escenario requiere de medidas excepcionales, que deberían incluir el volcar recursos de préstamos internacionales blandos para echar a andar la economía estancada.
Respecto a este panorama a que se enfrenta el país, la directora de Política Económica del Ministerio de Economía y Finanzas, Cra. Marcela Bensión, considera que hay “propuestas” provenientes de distintos sectores políticos, tanto del gobierno de coalición como de la oposición, para reactivar la economía, algunas de las cuales con asidero y otras que van más hacia el delirio que hacia el sentido común.
Subrayó a El Observador que debido a las medidas por la pandemia, “hay 700 millones de dólares de incremento del gasto”, la mayor parte volcada a “atender población vulnerable, desempleados, y PYME”, que son “los tres focos que ha tenido el gobierno en el set de medidas que ha implementado y que permiten cuantificar estos 700 millones”.
Asimismo, hay “otros 500 millones de garantías a créditos (SIGA), que otorgó la banca pública y privada, y que permitió apalancar créditos. Se gastó más pese a que pese a que se manejó la pandemia mejor que en otros países y a que se recibió una herencia fiscal bien complicada”.
Observó que “la otra caja es la prescindible, que es la del gasto ineficiente, la del eventual despilfarro, y ahí sí se pretende ahorrar y ser más eficiente, para poder financiar esta otra caja tan necesaria”, en tanto acotó que como consecuencia del declive de actividad por la pandemia, la caída de ingresos a las arcas estatales fue de casi 2.000 millones de dólares.
Ante críticas en el sentido de que no se ha gastado lo suficiente para atender a sectores postergados, y que hay “gusto a poco”, apuntó a El Observador que “gusto a poco es tener pobreza, gusto a poco es tener desempleados. El desempleo y la pobreza existen desde antes de la pandemia. Lo que hizo este gobierno fue poner más recursos sobre la mesa para atender estas dos problemáticas y en ese sentido se invirtió”.
Pero además subrayó que “estamos previendo un primer semestre con un pandemia que sigue estando con una intensidad suficiente como para que la ayuda y el apoyo a la economía, lo social y lo sanitario tenga que seguir estando, así como un segundo semestre con una mayor esperanza, en el cual el plan de vacunación ya está en marcha”
De lo que se trata, sin dudas, es de no gastar sin ton ni son, en proyectos delirantes como la regasificadora, el Antel Arena, el Alas U, el Fondes, Ancap, entre otros, como hicieron los gobiernos del Frente Amplio, sino de seguir apoyando a los grupos más vulnerables y a la vez asistir financieramente, con exoneraciones y estímulos, a emprendimientos que generen puestos de empleo, porque es la única forma de crear actividad genuina y sincerar la economía de cara a la pos pandemia, para afrontar los desafíos de la vida “normal” y superar el arrastre negativo de las medidas de contención a que obligara la emergencia sanitaria. > Leer más

Opinión

Bill Gates generó un “calentamiento global”

Las expresiones del magnate de la informática Bill Gates, indicando que la producción de carne es causante de “un desastre climático que provoca el calentamiento global y dejará más muertos que la pandemia del COVID-19”, generó diversas expresiones de rechazo en nuestro país, especialmente porque fueron realizadas para, paralelamente, promocionar sus empresas de sucedáneos (que tiene propiedades parecidas y puede sustituirla con un grado menor de calidad), hechos en laboratorio.
Nuestro país es reconocido en América y el mundo no sólo por la calidad de sus carnes, sino fundamentalmente por la forma de producción ganadera, pastoril, a campo abierto y respetando el bienestar animal, por lo que las expresiones de Gates no fueron bien recibidas.
“Las empresas tecnológicas de Bill Gates contratan alrededor del mundo numerosos bufetes de abogados a efectos de controlar, de pleno derecho, el pago de licencias de uso defendiendo la propiedad intelectual y persiguiendo la piratería”, expresó tras conocerse esas declaraciones, el presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC), ingeniero agrónomo Fernando Mattos.
Y acotó que “al mismo tiempo, promociona los productos de empresas de laboratorio que imitan a la carne y de las que es accionista, pretendiendo atribuirse los beneficios y atributos de una industria milenaria, pero denostándola al asociar injustificadamente con un perjuicio ambiental”.
Desde el INAC, Mattos rechazó estas aseveraciones “por temerarias e infundadas”, entendiendo que “no hay evidencia científica que determine tal extremo y tampoco es aceptable que se pueda generalizar ni señalar a la ganadería como causante de tales efectos, mientras se revisan a la baja los cálculos de emisiones del sector, en la medida que se publican estudios más rigurosos”.
Para entender más claramente lo que quiso expresar Bill Gates, debemos tener en cuenta que Beyond Meat, la empresa en la que invirtió Bill Gates con sede en Los Angeles, Estados Unidos, produce carne artificial a base de plantas, y ya vende sus bifes y hamburguesas en Uruguay.
Obviamente, además de pretender dejar mal parado al sector ganadero, lo que el fundador de Microsoft procura es elevar las ventas de su producto sintético, y las acciones de su empresa. Y si no, préstele atención a lo que explica la empresa en su web: “¿Quién dice que la carne tiene que venir de animales? La carne se compone de proteínas, grasas, minerales, carbohidratos y agua. Beyond Meat encuentra estos mismos bloques de construcción en el reino vegetal para construir la carne desde cero sin sacrificar el sabor o la textura”.
Los productos de Beyond Meat se elaboran con agua, aislado de proteína de arveja, aceite de canola prensado, aceite de coco refinado y menos de 2% de celulosa de bambú, metilcelulosa, almidón de papa, sabor natural, matodextrina, extracto de levadura, sal, aceite de girasol, glicerina vegetal, levadura seca, goma arábica, extracto de cítrico (para proteger la calidad), ácido ascórbico (para mantener el color), extracto de jugo de remolacha (para el color), ácido acético, ácido succínico, almidón modificado y achiote (para el color). O sea, de “natural” tiene menos que una Coca Cola (y habrá que ver dentro de algunos años cuál de estos dos productos termina siendo más dañino para la salud).
Por eso al referirse a la carne sintética que pretende promocionar Bill Gates, Mattos dijo que “es un engaño deliberado al consumidor, al llamar carne a un producto que no debe denominarse de esa manera. No estamos en contra de ese producto, ni consideramos a estas iniciativas una amenaza. Respetamos a los consumidores que tomen esa opción, pero nos defenderemos de ataques infundados y reclamaremos el derecho de respetar las denominaciones, rechazando cualquier intento de apropiación genérica con el ardid del falso beneficio”.
Y fue aún más enfático en su declaración: ¡llámenlo como quieran, pero no es carne”.
Es importante recordar que en el mes de diciembre pasado, el Parlamento aprobó el artículo 292 de la Ley de Presupuesto que prohíbe usar comercialmente nombres como “carne sintética”. Incluso, el senador nacionalista y productor agropecuario, Sebastián Da Silva, publicó un video con sus declaraciones en el Plenario de la Cámara de Senadores, en noviembre del año pasado. “En aquel escudo hay una vaca. Este es el país con mayor cantidad de vacas por persona, de mayor consumo del mundo, los mejores productores pastoriles de carne del mundo”, señaló.
Además remarcó que “la carne sintética hoy es la principal amenaza que tiene Uruguay en el mundo”. En particular para los países pobres, “el impacto social, ambiental, y económico sería devastador sin la producción animal, sería peor que la pandemia de COVID-19, dijo el ingeniero agrónomo Fabio Montossi, presidente de la Asociación Uruguaya de Producción Animal (AUPA), e investigador principal referente en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA). Y a eso podríamos agregar que mientras los países del Tercer Mundo se sumergen aún más en la pobreza, la riqueza de Bill Gates seguirá creciendo gracias a esta moda “saludable” que él promueve, casualmente.
El profesional sostiene que la producción de carne “aporta solo al 9% de las emisiones del mundo. Y la pastoril con la forestación, tiene la capacidad de capturar carbono. Las otras fuentes fundamentales de emisión no pueden. Por eso hablamos de la búsqueda de carbono neutro”.
Y puntualizó que “la producción animal de Uruguay solo emite el 0,01% mundial” y que tiene “una gran capacidad de secuestrar carbono”. Además, en el mundo, “1.300 millones de personas tienen como sustento la ganadería”, que “es la mejor fuente natural de proteína, hierro, zinc y complejo B para la salud humana”.
Volviendo a las expresiones de Bill Gates, el presidente de INAC invitó al empresario a conocer el Uruguay, “país con más de 400 años de explotación ganadera en base a pasturas naturales y que es ejemplo de sostenibilidad. No se puede acusar a un sector generalizando, sin respetar a decenas de miles de productores que de generación en generación han recibido y transmitido un estilo de vida, basado en el legado de cuidar del recurso natural que nos otorgó la naturaleza y que deberemos traspasar de la mejor manera”.
Años atrás en el estand del INIA en la Expo Prado, se presentó el concepto de una sola salud. “Hoy conceptualmente el concepto de una sola salud involucra al animal y al ser humano, yo le incorporo el ambiente y ahí está el triángulo del concepto de una sola salud”, precisaba Montossi. “Si nos posicionamos mejor en eso vamos a estar mejor ubicados” en el mundo. “Cuando uno piensa en esas dimensiones, el aumento sostenible es tener mayor productividad y eficiencia pero con menos tierra, menor consumo de agua, menores emisiones de gases de efecto invernadero y menor recurso de la energía”.
Para Montossi “hay que certificar productos y procesos, hay que tener un concepto de marca, hay que tener un etiquetado que demuestre la diferenciación de ese producto, la trazabilidad, el marketing, la comunicación y una sólida base científica”.
Pero quien llevó a otro terreno la discusión, fue el líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, al ironizar a través de su cuenta de Twitter, cargando contra el fundador de Microsoft, y manifestando: “ya nos indicaron quiénes tienen derecho a usar las redes y quiénes no, cómo pensar, quiénes pueden o no nacer, cómo vestirnos… ahora nos dicen qué deberíamos comer…”
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Opinión

Agencia de Desarrollo Paysandú: se equivocó la paloma

En los últimos días la Agencia de Desarrollo Paysandú (ADP) celebró su asamblea ordinaria en la cual, entre otras decisiones, se eligieron las autoridades que integrarán la Comisión Directiva de la institución durante los próximos años. En esta ocasión la referida elección se vio rodeada de acusaciones y circunstancias que no le hacen bien a una institución de gran importancia para el crecimiento y bienestar de nuestro departamento, dañando tanto su imagen institucional como su credibilidad y afectando también, de manera indirecta, a las instituciones socias que la componen.
De acuerdo con su página web la ADP es una asociación civil constituida en 2004, con el objetivo de apoyar el desarrollo de la región, promoviendo la generación de actividades sociales y productivas en el departamento y está integrada por 17 instituciones: Asociación de Productores de Leche de Paysandú (APLP), Asociación de Productores de Leche Parada Esperanza (APLPE), Asociación Rural Exposición Feria Paysandú (Arefp), Asociación Sanducera de Apoyo a la Ancianidad (Asapa), Cooperativa Agraria de Responsabilidad Suplementada de Apicultores Sanduceros (Calapis), Centro Comercial e Industrial de Paysandú (CCIP), Centro de Estudios Paysandú (CEP), Club Rotary Puerto, Cooperativa Agraria Nacional (Copagran), Cooperativa de Consumo Personal de Paysandú (Cooperpay), Federación Uruguaya Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam), Fundación Liceo Francisco, Intendencia Departamental de Paysandú (IdP), Instituto Técnico CTC, Pit Cnt, Unión de Mecánicos y Electricistas de Paysandú (Umepay) y Universidad Católica del Uruguay (UCU).
Según esa misma fuente de Internet, la asamblea ordinaria de la ADP fue citada para el 28 de enero con la finalidad de tratar diferentes temas, entre ellos la presentación y aprobación del balance y memoria anual, la definición de sus autoridades y la conformación de distintas comisiones para atender las diferentes áreas de trabajo dentro de las que se enmarcarán las acciones a desarrollar por parte del equipo técnico durante el año en curso. Durante la sesión convocada se aprobó el balance de la ADP y se pasó a un cuarto intermedio hasta el 3 de febrero, ocasión en la cual se aprobó la memoria anual, se formaron diversas comisiones (social, educativa, productiva, deportiva y cultural) y se resolvió pasar a un nuevo cuarto intermedio hasta el 10 de febrero, fecha en la cual se aprobó la moción presentada por la Intendencia Departamental de Paysandú y según la cual los cargos serán ocupados por las siguientes instituciones: Asociación de Productores de Leche de Paysandú (Presidencia), Centro Comercial e Industrial de Paysandú (Vocal) y la propia Intendencia (Secretaría). En los días posteriores, el Pit Cnt dio a conocer un comunicado de prensa en el cual se formulaban diversas críticas a la forma en la cual se procesó dicha elección. En efecto, el mencionado comunicado estableció que “…la IdP, resolvió por sí y ante sí, definir la integración de la misma, ‘solo’ con su participación, el Centro Comercial y la Liga de Productores de Leche. El Pit Cnt solicitó ser tenido en cuenta para dicha integración o Fucvam por la parte social más castigada en estos momentos y además comprometiendo agilizar proyectos para reactivar el campo del trabajo y el empleo. En todo momento la IdP, se opuso a que eso ocurriera. Buscando el consenso, el Pit Cnt y otras asociaciones, en dos asambleas diferentes, buscamos alternativas para encontrar una salida consensuada (en ambas teníamos mayorías mínimas). Pero no las quisimos imponer”.
El comunicado del Pit Cnt cuestiona no sólo la actitud de la IdP sino también un tema especialmente sensible: la legitimidad de una de las instituciones que votaron la propuesta de la Intendencia, lo cual formuló en los siguientes términos: “En la última instancia, sorpresivamente aparece ‘El Merendero del Puerto’ (el cual ya no existe y esta desafiliado desde el 28 de agosto del 2015), con la presencia del ex edil Genoud, que hace ‘7 años’ no participa de la Agencia. (o sea 2 administraciones de gobiernos municipales de diferentes partidos). Se cuestiona esa situación por varios integrantes, pero igual la IdP, exigió que se le permitiera votar (a Genoud) quedando claro cuál era el objetivo, ‘conseguir’ el voto que le permitiera a la Intendencia, imponer su planteo”. Resulta llamativo que en la página web de la ADP no figura “El Merendero del Puerto” como uno de sus integrantes, sino que además en la publicación realizada en la sección “Noticias” de dicha página el 25 de enero de 2021 se expresa que “La Agencia de Desarrollo Paysandú, está conformada por 17 organizaciones e instituciones comprometidas con el desarrollo del departamento, podés conocerlas en la sección Sobre Nosotros, publicada en adp.org.uy”. En resumen: según la propia página web de la ADP “El Merendero del Puerto” no forma parte de las 17 instituciones que la integran. Llama la atención que una institución que no integra la ADP haya podido presentarse en la asamblea ordinaria y votar como lo hicieron los demás socios.
A la luz de todo lo sucedido, queda claro que la Intendencia se equivocó doblemente en relación con la elección de las nuevas autoridades de la ADP. En primer lugar, porque considerando su papel predonderante en dicha institución, tendría que haber realizado los esfuerzos necesarios para lograr una fórmula de consenso que evitara poner a la institución en una situación comprometida ante la opinión pública. En segundo lugar, no tendría que haberse sumado una votación en la cual se objetó la legitimidad de uno de los votantes encabezada por una persona que pertenece al partido político del Intendente. Según la Corporación Andina de Fomento (CAF), una de las características de las agencias de desarrollo es que “fungen bajo la supervisión del gobierno local, pero mantienen un grado razonable de autonomía”, algo que en este caso parece estar en discusión. A la gravedad propia de estos sucesos se les suma no sólo que la IdP es una institución pública (la más importante a nivel departamental) que representa los intereses y defiende los derechos de todos los sanduceros, sin importar qué votaron, sino también que la ADP maneja fondos públicos a través de convenios con diversos organismos y agencias, lo que requiere extremar los cuidados porque se trata del dinero de los contribuyentes.
Los urgentes problemas que enfrenta nuestro departamento en materia de desempleo necesitan del esfuerzo y las ideas de todos, trabajando unidos más allá de ideas políticas o intereses sectoriales. Al manejar esta importante elección de autoridades con un criterio de “ellos” y “nosotros” la Intendencia ha perdido una oportunidad trascendente para fortalecer un instrumento del cual necesita toda la comunidad sanducera. > Leer más

Opinión

Aprender a hacerse cargo de las decisiones

La pandemia de COVID-19 ha complicado sensiblemente al deporte internacional, nacional y también doméstico. Tanto, que se postergó un Juego Olímpico y todavía no está totalmente definido si podrá desarrollarse este año.
Más acá, todo el deporte nacional sufrió un parate desde marzo del pasado año, y poco a poco, con marchas y contramarchas dependiendo de cómo se desarrolla la pandemia en nuestro país, fueron volviendo al ruedo las diferentes disciplinas y competencias, cada una con su protocolo sanitario correspondiente. Es la natación una de los pocos deportes que espera poder volver a las competencias.
Por estos lados, la situación no fue muy diferente. La gran mayoría de los deportes tuvieron que cerrar sus puertas, incluso los clubes permanecieron con candado durante algún tiempo, intentando adaptarse a una situación totalmente anormal, así como inesperada.
Algunas disciplinas pudieron continuar, otras se paralizaron y se fueron luego adaptando a las nuevas exigencias tras contar con el visto bueno para volver. Mientras tanto, los dos deportes que concitan la mayor atención, el fútbol y el básquetbol, vivieron la pandemia de manera muy diferente.
El básquetbol pudo jugar, aunque sin público, buen tramo de su temporada pese a que luego no se pudo cerrar el torneo de mayores, que quedó inconcluso. Pero mientras tanto, la Liga local aprovechó el tiempo para diagramar su ambicioso proyecto de formativas en conjunto con la Intendencia, que ya se puso en marcha y que es dirigido por el reconocido Pablo López, exentrenador de Paysandú BBC, Malvín y selección uruguaya. Ahora, se encamina a diagramar la nueva temporada de competencias en el ámbito local.
El fútbol es la contracara. Mientras el básquetbol decidió poner a volar la pelota anaranjada, los clubes del fútbol sanducero tomaron la postura de no jugar en mayores. Apenas si se pudo poner en marcha la temporada Sub 15, que se retomó el miércoles, mientras que el proyectado campeonato Sub 18 directamente quedó en el olvido, en las gateras y a pocas horas de comenzar.
Los clubes votaron el pasado 11 de setiembre, en asamblea llevada a cabo en la Liga y en medio de alcohol en gel y barbijos, no poner a entrenar a los equipos y no disputar la temporada en mayores, debido al aspecto económico y a la incertidumbre de no poder jugar con público. Fueron pocos los que se atrevieron a dar su postura y levantar la mano para afirmar que saldrían al ruedo con o sin hinchas que pasaran por boleterías.
El acta de aquella asamblea es clarísimo. Deja constancia de que los dirigentes clubistas plantearon en su mayoría no jugar sin público, remarcando el problema que ya atravesaban sus arcas. El presidente Nelson Manzor había señalado al comienzo de la reunión que se habían dado algunos pasos pensando en el inicio de la competencia, por lo que se había logrado que los árbitros bajaran su arancel para Sub 15 y femenino, también el costo de las canchas, y conseguido el apoyo del Comando de la Jefatura de Policía a los efectos de que no se contara con guardia privada en Sub 15, que a esa altura había comenzado a competir. Y, sumó, se habían dado los contactos necesarios con la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande a los efectos de poder contar con mejor iluminación en las canchas, pensando en jugar en horas de la noche para recuperar el tiempo perdido.
Lo que estaba claro a esa altura era que se podía jugar al fútbol de manera oficial, pero no estaba habilitada la presencia de público. Y las voces de los dirigentes clubistas comenzaron a hacerse escuchar en la reunión.
Estudiantil, según recuerda el acta, fue el primero en anunciar su posición de no jugar. Y puso sobre la mesa el aspecto económico. Otros se fueron sumando en ese sentido, en que sin público sería complicado solventar los gastos, y también se hizo alusión al aspecto sanitario y las dudas con respecto a jugar en medio de la pandemia, con la posibilidad de contribuir a los contagios. Finalmente fueron 22 los clubes que levantaron la mano para definir que no se jugaría la temporada.
Ahora bien: fue el representante de Progreso el que, durante la asamblea, planteó un tema por demás especial. Es que el reglamento de la Liga de Fútbol señala que, en caso de que un futbolista no tenga actividad durante un año, queda en libertad de acción.
Y ahora, cuando se piensa en planificar un año deportivo lleno de incertidumbres porque sigue sin habilitarse la presencia de público (se habilitó y duró pocas semanas la implementación del protocolo), se vuelve a poner en el tapete el tema de la libertad de acción de los futbolistas.
La mayoría de los dirigentes clubistas cuentan ahora otra historia: que no se jugó no porque no se quiso, sino por las medidas adoptadas y decretadas por el gobierno. Y se aferran al decreto en el que se declaró la emergencia sanitaria, el 13 de marzo del pasado año.
En ese sentido, con la soga al cuello, se quiere torcer la verdad. Lo decidido por los clubes fue claro, y también los motivos que se esgrimieron en la Asamblea del 11 de setiembre de 2020.
Además no pueden aferrarse a aquel decreto porque, deberían recordar, a esa altura estaba habilitada la posibilidad de jugar al fútbol tanto en el profesionalismo como en el ámbito de Interior. A tal punto que al día siguiente de esa asamblea se retomó la competencia válida por la Copa Nacional de Selecciones y previamente, el 8 de agosto, el Torneo Apertura de la Primera División de la AUF había vuelto a rodar. Eso sí: sin público y sin la utilización de vestuarios.
Los clubes no pueden ahora aducir que no se jugó por causa de aquel primer decreto del gobierno. Luego de paralizar las actividades, de que aparecieran los famosos protocolos y se pusieran a andar las ruedas del deporte en casi todas sus expresiones, el fútbol tuvo el visto bueno para volver, así como otras disciplinas. Es más: si se repasan decisiones del gobierno anunciadas por la Secretaría Nacional del Deporte, hay que recordar que los amistosos estaban habilitados desde el 13 de julio.
Ahora bien, la decisión tomada en su momento, que lógicamente puede considerarse totalmente válida ante la situación, trae aparejado un tema complejo que es, nada más y nada menos, que la libertad de acción de los futbolistas para esta temporada 2021.
Pero no es nuevo. En este caótico fútbol sanducero es común que se tomen decisiones sin pensar en las consecuencias, que se realicen modificaciones a estatutos y reglamentos que luego se olvidan y muchas veces no se respetan, sin que nadie se haga responsable.
Si hay un mal que padece el fútbol sanducero desde hace muchísimos años es el de no haber aprendido que lo que está escrito, lo que fue votado y aprobado, está para cumplirse y debe ser respetado. Porque hay que hacerse cargo de las decisiones y de una vez por todas sincerarse. Y por ahí tienen que comenzar los clubes. Si así fuera, los problemas se minimizarían muchísimo.
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El déficit crónico del Interior en saneamiento

El déficit en las redes de saneamiento –ni que decir en plantas de tratamiento de fluentes cloacales– es una problemática que se arrastra desde siempre en nuestro país, y salvo avances que se han registrado por ejemplo en áreas urbanas que se han integrado a la red sucesivamente, como es el caso de Paysandú, sin dudas las mejoras tienen significativo retraso ante la demanda y las necesidades de la población.
Es que pese a tratarse de un servicio esencial, las obras que se encaren en el marco de proyectos integrales son realmente costosas, a la vez que en el marco de la acción política de cara a la contienda electoral, son obras que no se pueden exhibir, quedan enterradas, y por ende no son visualizadas por el común de la población, salvo la directamente beneficiada por el emprendimiento de marras.
Lo sabemos bien además en Paysandú, desde que los cuellos de botella, pese a existir proyectos, dan como común denominador una demora que se hace eterna. La planta de efluentes cloacales de la ciudad de Paysandú, que se dio como un hecho durante los últimos tres gobiernos, con proyectos aprobados y prácticamente prontos para ponerse en ejecución, fueron sucesivamente aplazados porque evidentemente las prioridades en el uso de recursos pasaba por otro lado.
Así, pese a fechas concretas anunciadas en su momento para el inicio, la única realidad es que en todos estos años no se ha movido un ladrillo para concretar la obra, y nada indica que en época de restricción presupuestal como la que se está instrumentando, esta vez por la condicionante impuesta por el COVID-19 y sus consecuencias en la economía, pueda hacerse realidad el proyecto.
Esta situación se da en todo el país, menos en Montevideo, donde por su carácter urbano y sucesivos préstamos blandos de organismos internacionales, hay una cobertura de casi el 90 por ciento, y su gestión está a cargo de la Intendencia, que para eso cobra el impuesto correspondiente.
En el Interior, en cambio, la responsabilidad por el saneamiento corresponde a OSE, y la realidad es disímil a la que se da en el área metropolitana, desde que la cobertura por red de saneamiento es del 47 por ciento y el restante 53 por ciento tiene soluciones de fosa séptica o pozo.
El actual subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, José Luis Falero, y el presidente de OSE, Raúl Montero, han considerado en forma conjunta esta problemática con la visión de procurar respuestas en menor plazo a los problemas más acuciantes, apuntando a compatibilizar los requerimientos con la disponibilidad de recursos y la perspectiva de generar respuestas en plazos razonables, en lugar de seguir adelante con proyectos para los que luego no se cuenta con dinero a efectos de su ejecución.
Si bien ambos jerarcas tienen en claro que el tendido de redes de saneamiento es la solución ideal, son conscientes de que para las concreciones deberán pasar décadas, de acuerdo a los antecedentes, debido a lo costo de las obras y las necesidades en la materia en decenas de pequeñas poblaciones del Interior.
Así, según da cuenta el semanario Búsqueda, el presidente de OSE estima que universalizar el servicio de redes de alcantarillado costaría unos dos mil millones de dólares, pero la empresa apenas tiene margen para destinar anualmente unos 15 millones de dólares para obras de este rubro, por lo que de tratarse de un escenario estable, llevaría más de cien años concretar esta universalización, siempre y cuando la demanda no se acelere.
El paliativo en las poblaciones del Interior y periferia de las ciudades es el servicio de barométricas, tanto estatales como privadas, pero se trata de una respuesta a medida de una solución imperfecta, que por sí es cuestionable desde el punto de vista sanitario para el hogar o el emprendimiento que sea. Pero además con el agregado de que los vertidos de las barométricas también dejan qué desear, y en un alto porcentaje se efectúa de forma irregular, con serias dificultades para poder controlar las empresas que se dedican a esta actividad. En este sentido explicó el jerarca que OSE tiene distribuidas en el Interior más de 40 plantas de tratamiento o pretratamiento, y unos cuatro puntos de vertido directo de afluentes. El tema es que la mayoría de estos puntos están en el entorno de las grandes localidades y muchas veces lejos de los poblados más pequeños.
Además, al ser un emprendimiento privado en su gran mayoría, para las empresas de barométricas deja de ser rentable un servicio en el que los camiones deban desplazarse más de 30 kilómetros para depositar su carga, lo que determina que las aguas negras terminan volcándose en vertidos irregulares.
Se trata pues de un desafío con muchas puntas, en el que es preciso conciliar lo mejor con lo posible, y de ahí el dilema en cuanto a las respuestas a ensayar en el marco de políticas consecuentes que atiendan esta realidad tanto desde el punto de calidad de vida de la población como medioambiental.
En este contexto, el subdirector de la OPP señaló que impulsa un proyecto para estas pequeñas localidades, el que tiene su origen en una consultoría que el organismo encargó durante el gobierno anterior, y de la que surgió como un alternativa viable una serie de soluciones de acuerdo al destino del agua tratada, (por ejemplo riego o infiltración) y del tamaño de la localidad, con costos que oscilan entre los 17 y 54 millones de pesos.
En cuanto a la financiación, Falero propone como la opción más viable que los usuarios de estas localidades comiencen a pagar una cuota a OSE, de no más del 50 por ciento de la factura, y que estos fondos se vuelquen a solventar las obras que van a permitir regularizar los vertidos, por lo que se tendría la certeza de que estas aguas servidas no van a dar a la calle.
Esta propuesta sería presentada en breve al congreso de Intendentes, y de manera informal se cuenta ya con el apoyo de varios jefes comunales para aprobar la iniciativa. Fundamentalmente, se trata de obras que no son de gran envergadura que podrían abordarse por OSE y las intendencias sin necesidad de licitar, y que podrían ponerse en marcha rápidamente a través de la firma de convenios entre las partes.
No estamos ante una solución definitiva sino una respuesta temporal y en el mejor de los casos un paso intermedio hacia un proyecto integral, con perspectiva de que sean compatibles con futuras redes de saneamiento, según razonó el presidente de OSE.
Bueno, un paso que si bien es posible y una mejora respecto a lo que se está viviendo, en sus características lleva implícito cual es el grado de las carencias que se viven en el Interior en materia de saneamiento y la orfandad de inversiones en que se ha desenvuelto durante tantas décadas. > Leer más

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¿Hacia un Uruguay 4.0?

A diferencia de la mayoría de las economías de América Latina y el Caribe, que no se han sumado a tiempo a la revolución de las TIC y de Internet y presentan distintos grados de retraso respecto a indicadores referidos a aspectos básicos como el acceso a banda ancha y la cantidad de computadoras entre la población, Uruguay se ubica a la cabeza de los rankings de acceso a Internet y, además, muy bien posicionado en materia de gobierno digital.
En este sentido, en los últimos años nuestro país ha desarrollado una sólida infraestructura de banda ancha fija, en especial la fibra óptica, pero también ha mejorado la conectividad internacional y ha desarrollado una fuerte concepción administrativa relacionada con la Sociedad de la Información y la trasformación digital del Estado, el desarrollo de software de seguridad y el abatimiento de la brecha digital a través de planes como Ceibal e Ibirapitá, que entregaron computadoras portátiles a niños y jubilados, avanzando así hacia una propuesta de fuerte inmersión tecnológica en la vida cotidiana.
No obstante, la digitalización de las empresas –en particular las pequeñas y medianas– continúa siendo un proceso lento y heterogéneo, lo que puede convertirse en un problema importante para su incorporación a la llamada cuarta revolución industrial, una revolución digital que supera todas las transformaciones económicas previas en escala, alcance y complejidad.
De acuerdo a datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el impacto de la revolución digital en la economía mundial alcanza los 11,5 trillones de dólares, el equivalente al 15,5% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial. Se calcula que para el año 2025 llegará a los 23 trillones de dólares, casi el 25% del PBI mundial.
Nos referimos a las tecnologías denominadas de cuarta generación o tecnologías 4.0, que implican transformaciones en las condiciones tecnológicas de producción mediante la transición a nuevos sistemas ciberfísicos que operan en redes complejas al borrar los límites entre lo físico, lo digital y lo biológico. Entre ellas se ubican, por ejemplo, los sistemas de integración, las máquinas y sistemas autónomos, Internet de las cosas, manufactura aditiva, big data, computación en la nube, simulación de entornos virtuales, inteligencia artificial, ciberseguridad y realidad aumentada.
El año pasado, un informe del BID titulado “Travesía 4.0: Hacia la adopción tecnológica uruguaya” analizó los rubros de alimentos procesados y bebidas, farmaquímica y construcción, encontrando que estamos retrasados en materia de incorporación de tecnologías avanzadas. Esto representa una desventaja para nuestro país –incluso frente a países vecinos como Argentina–, especialmente si tenemos en cuenta los cambios que están ocurriendo en la forma de entender y desarrollar el trabajo, las nuevas dinámicas de las organizaciones y las exigencias de los consumidores, que están incorporando cada vez más al uso intensivo de tecnologías de la información y comunicación.
En particular, se plantea la necesidad de digitalización de las micro, pequeñas y medianas empresas, lo cual representa un gran desafío por las características propias del sector y porque les está costando bastante adoptar tecnologías digitales avanzadas. No obstante, las exigencias de la denominada inclusión financiera en el gobierno anterior y, más recientemente, la realidad impuesta por el distanciamiento social en el marco de la pandemia por coronavirus, ha significado la incorporación de soluciones digitales para algunos procesos y actividades.
En este sentido, la digitalización, que antes podía considerarse algo extra para aumentar la eficiencia y productividad, hoy se ha vuelto un requisito para que las empresas sobrevivan. En particular, las micro y pequeñas empresas que comienzan a transitar hacia la transformación digital necesitan acceder rápidamente a conexiones de calidad y dispositivos tecnológicos (computadoras y servidores), soluciones digitales para ventas, marketing y gestión de clientes, ciberseguridad y herramientas como plataformas de comercio electrónico y medios de pago digitales.
Estas empresas hoy necesitan seguir generando ingresos para sostenerse en el mercado y se encuentran con un panorama disruptivo e imprevisto: el cambio de condiciones de trabajo y de conductas de los consumidores, producto también de la crisis sanitaria y de las medidas de distanciamiento social impuestas para evitar contagios. Se trata de un escenario en el que es necesario incorporar el uso intensivo de herramientas digitales para el teletrabajo, realizar compras y ventas en línea y gestionar procesos de producción en forma remota.
Otro informe del BID titulado “El imperativo de la transformación digital” (2018) evidencia claramente que los avances tecnológicos emergentes, como la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, la tecnología blockchain, la impresión 3D, los sensores y el big data han desencadenado una fuerte ola de innovaciones caracterizada por la desintermediación, el emparejamiento (matchmaking), el intercambio y la innovación a través de plataformas y modelos abiertos. Se trata de cambios que están teniendo consecuencias profundas en los modelos de negocio de las empresas, la dinámica de mercado en varias industrias, los procesos de manufactura, el comercio y los servicios, lo cual ya está manifestándose también en las economías latinoamericanas, en el mercado de trabajo, en el sector financiero y la producción de bienes y prestación de servicios.
En este sentido, los estudios antes citados advierten que las políticas públicas frente a este nuevo escenario han tenido grandes limitaciones, ya que en general las políticas de TIC latinoamericanas muestran un sesgo hacia el desarrollo del gobierno electrónico, particularmente en las áreas de gestión financiera, adquisiciones, y la gestión de los sistemas tributarios y de ingresos públicos, a expensas del poco hincapié que se hace en la necesidad de programas que realcen las capacidades del sector privado de adoptar y utilizar tecnologías digitales. Es verdad que Uruguay está mejor preparado que varios de sus pares latinoamericanos para adaptarse a la economía digital pero el panorama es igualmente complejo y desafiante. No se trata de un tema sólo de tecnologías, infraestructura y recursos económicos, sino que también involucra aspectos referidos a la educación de los ciudadanos y trabajadores y otros relacionados a nuevos modos de interacción entre las empresas, los consumidores y el Estado.
La transformación digital requiere una estrecha colaboración entre el gobierno y el sector empresarial, con garantías para que las nuevas formas de trabajo no conduzcan a una mayor precariedad y desprotección. La punta del iceberg está asomando y es necesario no perder tiempo ni oportunidades para el Uruguay 4.0. > Leer más

Opinión

Un patrimonio no solo nuestro

La semana pasada trascendió la decisión del gobierno de interrumpir las obras planificadas en el muelle del viejo frigorífico Anglo al completarse la primera de las fases de la intervención.
El complejo industrial, que abandonó su actividad productiva hace ya varias décadas, fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco en el año 2015. No fue un proceso sencillo el que se transitó para lograr este reconocimiento, y quizás sea bueno tener claro que estas cosas no caen del cielo, que no alcanza con solamente tener una fábrica antigua para pasar a integrar esa prestigiosa lista, en la que el viejo Anglo comparte espacio con sitios que son mojones en la historia de la humanidad.
En el caso del Anglo, la postulación a integrar la Lista de Patrimonio Mundial se basó en tres criterios previstos en la Guía Operativa para la implementación de la Convención del Patrimonio Mundial, el primero de ellos es “atestiguar un intercambio de valores humanos considerable, durante un período concreto o en un área cultural del mundo determinada, en los ámbitos de la arquitectura o la tecnología, las artes monumentales, la planificación urbana o la creación de paisajes”; el segundo, “ser un ejemplo eminentemente representativo de un tipo de construcción o de conjunto arquitectónico o tecnológico, o de paisaje que ilustre uno o varios períodos significativos de la historia humana”; y el tercero, “estar directa o materialmente asociado con acontecimientos o tradiciones vivas, ideas, creencias u obras artísticas y literarias que tengan una importancia universal excepcional”.
Todo esto, más que decirlo, hubo que demostrarlo durante diferentes visitas que misiones de la Unesco realizaron al lugar, para constatar que se cumpliesen esos criterios enunciados. Así, esa postulación se eleva a consideración de una asamblea que termina evaluando y aprobando, si fuera del caso, la incorporación a la lista. Así ocurrió el 5 de julio de 2015, en la reunión celebrada en la ciudad de Bonn, en Alemania, cuando el Anglo (el complejo industrial y su entorno), se incluyó en la lista como Paisaje Industrial Fray Bentos, que se convirtió en el segundo registro de Uruguay, después que en el año 1995 se incorporara el barrio histórico de Colonia del Sacramento.
El Arq. Salvador Schelotto, integrante de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, del Ministerio de Educación y Cultura, destacaba en su momento que “este reconocimiento e inclusión implica además una significativa oportunidad para un desarrollo integral del área y su entorno, en armonía con el legado cultural material e inmaterial a preservar y proyectar hacia el futuro. Y supone también una enorme responsabilidad para el país, para sus instituciones y para la comunidad local, de manera de gestionar este bien cultural de acuerdo a un plan de manejo acorde a los criterios que sustentaron su postulación”.
La inclusión en esta lista no implica que haya que dejar todo “quietito” como está. Por el contrario, parte de los compromisos que el país asumió hablan de mejorar, no solamente las condiciones edilicias, como se ha hecho, sino también la experiencia didáctica para quien visita el lugar. En eso se han hecho avances y, aunque ciertamente todavía falta, quien realiza una visita guiada al lugar va sabiendo qué fue lo que allí existió (que fue mucho más que un frigorífico grande), cómo funcionaba y el impacto que tuvo esa industria en toda esta región del país, por supuesto, pero también del otro lado del océano, en la vieja Europa.
Pero para que el Anglo esté en ese destacado lugar, también fueron importantes los acuerdos que permitieron, por ejemplo, la construcción en el lugar del Centro Regional de UTEC, en una intervención arquitectónica que realizó dentro del sitio, un edificio moderno que sigue la línea estética del complejo y que requirió, por supuesto, de una serie de consultas previo a su concreción, justamente para no poner en riesgo la permanencia en la lista de Unesco.
Del mismo modo ocurrió con el referido muelle. El proyecto de obra se presentó antes en todos los lugares en los que fue necesaria una aprobación antes de dar luz verde, y una vez conseguidos todos los permisos se puso en marcha. Por eso es llamativo que hoy, por decisión unilateral del estado uruguayo se interrumpan los trabajos que se estaban desarrollando. Esta situación motivó que desde las oficinas centrales de Unesco se efectuara una consulta formal al Ministerio de Educación y Cultural, para conocer de primera mano cuál es la situación, ya que la decisión se tomó de manera inconsulta.
Está sumamente claro que nuestro país, así como todos los países del mundo, pueden dar la prioridad que quieran a sus recursos, y más en una situación de pandemia como la que se está viviendo. Nadie duda que alcanza como fundamento, en este contexto, para la detención de la obra, el señalar que los recursos previstos hoy son más necesarios en otras actividades.
Lo que no se puede admitir es que de alguna manera se ponga en riesgo la permanencia de este patrimonio en la lista por no seguir los pasos lógicos, que eran, en este caso, cuando menos notificar a Unesco que la intervención prevista no se iba a poder completar. Si bien se ha dicho desde el Ministerio de Educación y Cultura que en este caso ese riesgo no existe de momento, de todos modos es bueno tenerlo en cuenta a futuro para que todo lo que se ha invertido en posicionar ese espacio no se pierda por errores o desatenciones administrativas. > Leer más

Opinión

Decisión de sentido común cuando hay más para perder que para ganar

En el marco de un contexto global, regional y nacional en el que la pandemia se lleva la mayor porción de la torta informativa, lo bueno es que los sectores productivos y otras actividades siguen en marcha y que, sobre todo, como todos esperamos, en poco tiempo el COVID-19 quedará como una parte de la historia de la humanidad no deseada, pero superada al fin, como tantos otros avatares, y que se retomarán con todo vigor y esplendor muchas actividades que han quedado relegadas entre las prioridades del momento.
En nuestro país, precisamente, de economía agrodependiente, felizmente las tareas rurales en general, las agrícolas, las ganaderas, las forestales, los tambos, entre otros, han seguido adelante, no sin dificultades, y que sobre todo, pese al contexto que señalábamos, deben seguirse los ciclos biológicos para no perder rueda de la producción y seguir con el motor en marcha.
Entre otras instancias que se llevan adelante para la preservación de la riqueza ganadera, por ejemplo, figura el combate preventivo de epizootias que en otros tiempos han devastado la producción y han contribuido por ejemplo a generar crisis como la de 2001-2002, caso concreto de la fiebre aftosa, un mal endémico regional que mucho nos ha dañado, y que debe seguir preocupándonos y ocupándonos.
Así, recientemente el director general de los Servicios Ganaderos del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), Eduardo Barre, definió la inoculación contra la fiebre aftosa como una forma de preservar la situación sanitaria del país y mantener los importantes logros obtenidos en relación con la sólida inmunidad del rodeo nacional contra la enfermedad.
El médico veterinario explicó que la primera vacunación, que en condiciones normales se realizaba entre febrero y marzo, en este 2021 se efectivizará un mes después, debido a la pandemia de COVID-19 y a la emergencia agropecuaria. Sostuvo que “vamos a seguir la campaña con vacunación. Estamos inmersos en un programa hemisférico que ha servido muchísimo, teniendo en cuenta que, desde 2011, la región Cono Sur no tiene focos de aftosa. En Uruguay, no hay aparición de la enfermedad desde 2001”.
El director del MGAP agregó que “es una seguridad para la exportación cárnica, porque la sanidad de Uruguay es reconocida a nivel mundial. Somos el primer país que obtuvo la categoría ‘libre con vacunación’ en la Organización Mundial de Sanidad Animal, y eso nos permitió conquistar los más de 100 mercados que tenemos, añadido a la trazabilidad individual”.
En esta oportunidad se distribuirán 12 millones de vacunas para inmunizar a más de 11 millones de animales. “Es una seguridad para exportar carne, porque la sanidad de Uruguay es reconocida internacionalmente”, destacó.
El punto es que cuando el mundo, la región y el país están en plena lucha para impedir el avance del COVID- 19, en nuestro subcontinente subsiste en forma endémica y/o oculta una zoonosis como la aftosa, que ha causado históricamente estragos en los rodeos y en las economías de los países productores, en claro ejemplo de lo que ocurre cuando se bajan los brazos y no se cumple con las protocolos sanitarios, por encima de fronteras.
Es inevitable un paralelo entre la problemática inherente a patologías cuando más allá de que ataquen al ser humano o a los animales –a veces a los dos, de una forma u otra– el agente causante no conoce fronteras y supera los obstáculos políticos y naturales para manifestarse más allá de las delimitaciones de países y regiones, y de ahí la facilidad en la transmisión y las consecuencias tan impactantes de su difusión.
En el caso de la aftosa, como la catástrofe económica del 2001, tenemos lamentablemente que Brasil ha avanzado en su política de suspensión de la vacunación contra la fiebre aftosa y el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA) resolvió la prohibición de comercializar y aplicar la vacuna contra la aftosa en el bloque conformado por los estados de Acre, Rondonia y algunos municipios de Amazonas y Mato Grosso (noroeste de Brasil), pero añadió el estado de Río Grande del Sur, que limita con Uruguay.
El año pasado, el director general de Servicios Ganaderos del Uruguay, Dr. Eduardo Barre, al ser consultado al respecto, dijo que “Brasil ha hecho un cronograma de levantamiento de vacunación (contra la aftosa) por bloque y que Rio Grande del Sur (RS) entraba en el último bloque del levantamiento de la vacuna”, pero hubo “presiones de los productores” para revisar ese cronograma y poder levantar la vacunación antes de lo planificado.
En nuestro país y los demás países de la región, ante los estragos por el brote de aftosa en 2001, es absolutamente justificado que se mire con recelo y se siga de cerca esta situación, porque además ya se ha evaluado exhaustivamente el costo-beneficio de dejar de vacunar contra esta zoonosis, y hay prácticamente consenso entre gobernantes, técnicos y productores de que los beneficios serían muy relativos en comparación con los serios problemas que podrían devenir de nuevos brotes de la enfermedad.
Debe tenerse presente además que nuestro país hizo modificación del test serológico para poder cumplir con el mercado de China, ya que en el protocolo de este país asiático se nos pedía serología en cada embarque que va a frigorífico. “Nosotros cambiamos y tomamos área de 5 kilómetros de establecimiento. Chequeamos 1.400 establecimientos al año” lo que “excede bastante a lo que se nos pide pero nos da la tranquilidad que en Uruguay tanto en inmunidad como circulación viral estamos bien cubiertos”, subrayó el Dr. Barre, para dar una idea de la seriedad con que se toma el tema en nuestro país.
Y no es para menos, al punto que anunció que Uruguay monitorea las acciones de Brasil. El jerarca dijo en la oportunidad que si no se vacuna se mejora el acceso a los mercados, pero con buen criterio acotó que esa mejora sería limitada y “hay que ver el contexto de Uruguay y en la región” y cómo influiría que en esta zona algún país pase a ser libre sin vacunación, para señalar que a su juicio hoy no estamos preparados para levantar la vacunación.
El titular del MGAP, Carlos María Uriarte, por su parte, entiende que “Uruguay no tiene que dejar de vacunar”, pues es la forma de evitar “cualquier error que, por desgracia, los hemos vivido en el pasado y nos han costado carísimo”.
Opiniones que se deben compartir en general y en particular, porque hay mucho más para perder que para ganar a partir de los riesgos de perder en menos de lo que canta un gallo el estatus sanitario y el escenario que ha costado tanto trabajo lograr en una región siempre complicada por esta problemática. > Leer más

Opinión

Zafar de las consecuencias de la pre y pos pandemia

Ha trascendido que al cumplir próximamente su primer año de gobierno, el presidente Luis Lacalle Pou, en su mensaje ante la Asamblea General, expondrá los lineamientos de lo que se considera como un plan económico de reactivación pos pandemia, que incluiría varios aspectos adicionales al programa que el mandatario incluyó en su plataforma electoral y que fue avalado con el voto de la ciudadanía.
Bueno, es que la pandemia y sus consecuencias no solo sanitarias, sino fundamentalmente económicas ha dado por tierra con todas las previsiones y expectativas que se habían generado para reactivar la economía del Uruguay, seriamente que ya venía con un déficit fiscal por encima del 5 por ciento, creciente desempleo y deterioro de las empresas, como era por todos conocido.
Con las expectativas puestas en que de la vacuna más tarde o más temprano posibilitará una barrera que permitirá controlar los casos, y consecuentemente liberarse de las medidas restrictivas en la economía mundial y nacional que condicionan la generación y circulación de riqueza, el gobierno de coalición se apresta a exponer elementos del plan, que seguramente no va a resultar ni mágico ni de un éxito seguro, pero eventualmente permitirá cambiar la pisada sobre lo que se venía dando hasta marzo de 2020, justo cuando explotó la pandemia por estos lares.
De acuerdo a lo informado por El País, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lidera el grupo de trabajo que elabora un paquete de medidas con la finalidad de reactivar la actividad industrial y comercial, y así también el empleo.
La estrategia del gobierno incluiría adelantar algunas obras viales proyectadas a lo largo del quinquenio, y también impulsar planes de capacitación y reconversión laboral desde el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop). A su vez, estudia la generación de herramientas legales que permitan la reactivación del mercado laboral para las poblaciones más jóvenes y especialmente para los mayores de 45 años, mientras paralelamente se piensa en políticas que sirvan para regularizar a quienes están en el mercado informal.
En este contexto, hace pocos días la propia ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arebeleche, dio a conocer en conferencia el balance económico 2020. La jerarca presentó los números –que fueron fuertemente cuestionados por dirigentes frenteamplistas– y se adelantó que su cartera prepara una serie de medidas de estímulo.
El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, ya había adelantado en una entrevista publicada por el mismo medio de prensa que “va a haber una estrategia bien importante en lo que tiene que ver con el desarrollo” y que el gobierno la daría a conocer en las próximas semanas. En ese plan están comprendidos los ministerios de Trabajo, Transporte e Industria. “Acá va a haber un trabajo público-privado muy notorio”, acotó.
Hasta ahora no han trascendido mayores detalles del plan, pero lo que es seguro es que si bien se piensa estimular la actividad del sector privado, se prevé volcar una importante masa de dinero desde el Estado para promover obras de infraestructura y reciclar esos recursos en la economía, de forma de generar un circuito virtuoso que permita atemperar la crisis y dar sustentabilidad a la reactivación económica.
Este planteo no es novedoso en una economía ni mucho menos, pero debe señalarse que es pertinente y practicable cuando el país en el que se instrumenta cuenta con espalda financiera generada a partir de políticas contracíclicas, que permiten ahorrar recursos en períodos de bonanza, –como la década que vivió el Uruguay hasta 2014– de forma de inyectar recursos en la economía para períodos como el que estamos atravesando, con muchas zozobras.
Ocurre que los tres gobiernos anteriores, en lugar de llevar adelante estas políticas contracíclicas, gastó todos los ingresos adicionales y encima generó más déficit fiscal por llevar adelante egresos por encima de la recaudación, lo que explica que entregara el gobierno con un déficit fiscal del 5 por ciento y economía en constante declive.
Por lo tanto el gobierno de la coalición multicolor se ha encontrado sin caja para desarrollar políticas de esta índole y encima ligó la pandemia, que ha sido determinante para que se cayera la actividad y consecuentemente la recaudación, mientras paralelamente se debió volcar más de 1.200 millones de dólares para las acciones sanitarias en este primer año.
Es decir, más o menos el déficit de Ancap en épocas de la presidencia de Raúl Sendic, cuando debió capitalizarse con recursos de todos los uruguayos, a lo que se sumaron los gastos de la obra eminentemente capitalina –pero que pagamos todos los uruguayos– del Antel Arena, más los recursos dilapidados en Alas U, la regasificadora, el Fondes, entre otros, que se abordaron como si la bonanza generada por la situación exterior fuera a durar para siempre.
Ergo, nuestro país no cuenta con recursos propios para inyectar en la economía a efectos de desarrollar el plan pospandemia, como tampoco los tenía antes de la pandemia.
Por cierto, la única diferencia es que hay una mayor demanda de recursos, pero es además la única posibilidad de salir de la crisis, y si hay un escenario favorable de comercio exterior, caso de los commodities, mucho mejor.
En más de una oportunidad hemos señalado desde esta página editorial que se requieren fondos frescos para la reactivación global, sobre todo para naciones como Uruguay, y que deben provenir de las naciones desarrolladas y de organismos internacionales. Y no por un acto de descarnada beneficencia, sino porque precisamente es la forma de poder seguir ordeñando la vaca, de generar riqueza para distribuirla, para darle valor agregado, tecnología, mantener y reactivar el intercambio comercial que mejora la calidad de vida de los pueblos.
Lo mencionó también hace pocos días en Búsqueda el exministro de Economía del gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera, Ignacio De Posadas (1992-1995), quien opinó que hay que “hacer algo para salir del pozo”. En su propuesta advirtió que no se debe ir por el aumento del gasto, ni hacia una renta básica –como sugirió el Frente Amplio en una voltereta voluntarista tragicómica– y mucho menos seguir la receta del argentino Mauricio Macri de esperar la llegada de inversores. Pero sí plantearse una serie de inversiones de obra pública.
Legisladores de izquierda dijeron que preparan un paquete de propuestas concretas para atender la situación sanitaria, la promoción de las micro y pequeñas empresas, el empleo y las ciudades de frontera, lo que sin embargo no hicieron en 15 años con mayorías parlamentarias regimentadas.
Es el juego de la política por encima del interés general, pero lo que necesita el país es altura de miras, dejar de lado el lamentable “cuanto peor mejor” para quedar mejor perfilado de cara a la próxima elección, e intentar, por lo menos una vez, cinchar todos para el mismo lado, para aportar en una cruzada en la que todos estamos involucrados.
Y un plan de impacto, como el que se necesita, es un buen comienzo para estar entre los países que intenten algo serio para enderezar la economía, sin maquillajes y a través de medidas que den sustentabilidad en lugar de las políticas procíclicas de gasto desmedido con medidas que son pan para hoy y hambre para mañana. > Leer más

Opinión

¿Por qué tan pocas?

En la coyuntura pandémica actual, la ciencia es vista como una de las principales tablas salvadoras de la Humanidad y los científicos han pasado a ocupar un lugar central en nuestras sociedades. Sin embargo, se trata de un ámbito de actividad con grandes desafíos y problemas históricos.
En este sentido, resulta paradójico que si bien nuestros países confían su desarrollo social y económico al progreso científico y la innovación, las mujeres y las niñas –que son la mitad de la población mundial y, por consiguiente la mitad de su potencial– escasamente pueden desarrollar carreras científicas.
A las dificultades existentes se agrega la pandemia, que ha tenido un impacto negativo muy significativo en ellas en todo el mundo, afectando fundamentalmente a las que se encuentran en el inicio de sus carreras, contribuyendo a ensanchar la brecha de género existente en la ciencia, que ya de por sí es muy grande dado que menos del 30% de los investigadores científicos del mundo son mujeres.
La situación no es nueva: aunque históricamente han sido invisibilizadas en los libros oficiales, las mujeres han estado presentes en la construcción del conocimiento científico desde los orígenes de la ciencia. Sin embargo, una serie de barreras e injusticias, la supervivencia de estereotipos de género y de prácticas patriarcales continúan aún hoy relegándolas, adjudicándoles una participación notoriamente menor que sus pares profesionales hombres o alejándolas de profesiones que son requeridas en la actualidad y tienen proyección de futuro en el campo científico.
Solo por citar un ejemplo entre muchos, podemos decir que las mujeres no se benefician plenamente de las oportunidades de empleo abiertas a los expertos altamente formados y cualificados en campos de vanguardia como la inteligencia artificial, donde solo uno de cada cinco profesionales (22%) es una mujer, según un estudio de 2018 del Foro Económico Mundial sobre la Brecha Global de Género. La escasa representación de la contribución de las mujeres a la investigación y el desarrollo en este campo supone que probablemente se pasen por alto sus necesidades y perspectivas en el diseño de productos que repercuten en nuestra vida cotidiana. 
Por otra parte, las mujeres fundadoras de start-ups siguen teniendo dificultades para acceder a financiación y, en las grandes empresas tecnológicas, siguen estando infrarrepresentadas tanto en los puestos de dirección como en los técnicos.
El techo de cristal también sigue siendo un obstáculo para las carreras de las mujeres en el mundo académico, a pesar de algunos avances. En la próxima edición del Informe de la Unesco sobre la Ciencia se incluyen cifras sobre la participación femenina, mostrando que sólo el 33% de los investigadores son mujeres, a pesar de que las mujeres representan el 45% y el 55% de los estudiantes de grado y de maestrías, respectivamente, y el 44% de los matriculados en programas de doctorado.
A su vez, la brecha de género se amplía a medida que las mujeres avanzan en su carrera académica, con una menor participación en cada peldaño sucesivo del escalafón, desde la estudiante de doctorado hasta la profesora asistente, pasando por la directora de investigación o la profesora titular. En general, las investigadoras suelen tener carreras más cortas y peor pagas. Su trabajo está poco representado en las revistas de alto nivel y a menudo no se las tiene en cuenta para los ascensos.
Según datos sobre la proporción mundial de mujeres investigadoras basados en la información recopilada en 107 países en el período 2015-2018 por el Instituto de Estadística de la Unesco, las mujeres suelen recibir becas de investigación más modestas que sus colegas masculinos y, aunque representan el 33,3% de todos los investigadores, sólo el 12% de los miembros de las academias científicas nacionales son mujeres.
El sesgo de género también se constata en los procesos de revisión por pares y en los congresos científicos, en los que se invita a hombres a hablar en paneles científicos dos veces más que a mujeres.
El panorama uruguayo no es muy diferente ni más alentador. Las mujeres están presentes en el conglomerado de investigadores uruguayos pero son sólo el 24% de las personas empleadas en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, mientras que en la educación, apenas el 31% de los investigadores en las áreas de ingeniería y tecnología son mujeres, según datos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.
Además, en forma similar a lo que ocurre en otros países del mundo, ese porcentaje disminuye a aproximadamente un 10% cuando se observan los niveles más avanzados de la carrera científica.
“Tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para superar estas diferencias entre los géneros en la ciencia y luchar contra las normas y los estereotipos que crean y hacen perdurar la idea de que las trayectorias profesionales son limitadas para las niñas en esas disciplinas. Esta tarea reviste aún más urgencia si se tiene en cuenta la escasa representación de las mujeres en esferas fundamentales para el futuro del trabajo, como las energías renovables y los ámbitos digitales (…) Para que las políticas y los programas en materia de igualdad de género sean realmente transformadores, deben eliminar los estereotipos de género mediante la educación, cambiar las normas sociales, promover modelos positivos de mujeres científicas y sensibilizar a las más altas instancias de adopción de decisiones”, señalaron Audrey Azoulay, directora General de la Unesco, y Phumzile Mlambo-Ngcuka, directora ejecutiva de ONU-Mujeres, en su mensaje conjunto con motivo del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia que se conmemora hoy como un recordatorio de que las mujeres y las niñas desempeñan un papel fundamental en las comunidades de ciencia y tecnología y que su participación debe fortalecerse.
Por lo tanto, deberíamos preguntarnos qué consecuencias tiene para la generación de conocimiento científico la supervivencia de prácticas y sesgos androcéntricos en el corazón mismo de la investigación. En este sentido las epistemologías feministas –ya sea las ubicadas hacia el feminismo de la igualdad o de la diferencia– coinciden que la exclusión de la mujer tiene consecuencias sobre el conocimiento y lo que se hace con él. Como plantea la filósofa argentina Diana Maffía, la invisibilización o expulsión de la mujer en el ámbito de la ciencia da origen a una doble pérdida: por un lado impide o dificulta la participación de las mujeres en las comunidades epistémicas que construyen y legitiman el conocimiento y, por otro, prescinde de las cualidades consideradas femeninas de esa construcción. Y ese es un problema porque no se trata solamente de un asunto de igualdad de derechos, sino también de hacer que la ciencia sea más abierta, eficiente y diversa. > Leer más

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La generación en riesgo

Desde el inicio de la pandemia los jóvenes han estado en el ojo de la tormenta. Al comienzo no se sabía mucho sobre la enfermedad, pero conforme se fueron acumulando víctimas el primer patrón que surgió fue que se trataba de un mal que fundamentalmente afectaba a personas adultas mayores. Esto subió un tono la preocupación por el cuidado de las poblaciones en esa franja, pero también abrió otros frentes de atención, por el comportamiento de otros grupos, que pudieran asumir –erróneamente– una postura de inmunidad. El tema con los niños fue fácil, pero ahí estaban los movedizos jóvenes dispuestos a ofrecerse como chivo expiatorio y aparecer como una suerte de vector de la COVID-19. Con sus aglomeraciones en plazas, ramblas y sus fiestas clandestinas pasaron a ser vistos por el grueso de la comunidad como los malos de esta película llamada pandemia.
Pero quitando a un lado estas miradas prejuiciosas, la realidad muestra que los jóvenes están sufriendo, si bien no las consecuencias biológicas del virus, sí los coletazos que el parate general en la economía mundial ocasionó en el mundo del trabajo, al punto que la Organización Internacional del Trabajo, OIT, advirtió a los gobiernos del mundo sobre la posibilidad de que haya una “generación perdida”, como lo refirió en el informe número 4 de su observatorio, publicado en mayo de 2020, y reafirmó en la última edición, la 7ª, que vio la luz el pasado 25 de enero.
“Los trabajadores jóvenes se vieron particularmente afectados por la crisis de 2020 en todas las regiones y para todos los grupos de ingresos por país, lo que dio lugar a una disminución de la ocupación del 8,7 por ciento, frente al 3,7 por ciento registrado en el caso de los adultos. Excepto en los países de altos ingresos, los jóvenes sin empleo, o los que estaban en medida de acceder al mercado de trabajo a corto plazo, por lo general no pasaron a estar desocupados, sino que salieron de no participación laboral, o retrasaron su incorporación a la misma. Ello explica los motivos por los que la cantidad mundial de jóvenes desempleados no aumentó”, planteó la organización en su informe. Agrega que esta crisis “ha exacerbado las dificultades de los jóvenes para acceder al mercado de trabajo y ha puesto de relieve el riesgo real de que dé lugar a una generación perdida”, tal como se señalaba en el informe de mayo de 2020 del Observatorio de la OIT.
Yendo un poco más en profundo, la crisis afecta a los jóvenes en varios ámbitos. Analizaba ese informe que los jóvenes “son los que más padecen las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, y corren el riesgo de tener que seguir haciendo frente a los efectos de la misma a lo largo de toda su vida laboral, y de pasar a constituir una ‘generación de confinamiento’”.
Enfatiza en la afectación que esa franja etaria está sufriendo en particular por la interrupción de sus programas educativos o de formación, así como la pérdida de empleo y de ingresos, que se traduce en mayores dificultades para encontrar trabajo.
En total, 178 millones de jóvenes trabajadores de todo el mundo, más de cuatro de cada diez jóvenes empleados en el mundo, trabajaban en los sectores más afectados al surgir la crisis. Casi el 77 por ciento de jóvenes trabajadores en todo el mundo (328 millones) tenían un empleo en el sector informal, frente a alrededor del 60 por ciento de los adultos trabajadores (de 25 años, o más). El índice de informalidad laboral de los jóvenes oscila entre el 32,9 por ciento en Europa y Asia Central, y el 93,4 por ciento en África. Incluso antes de la crisis de la COVID-19, más de 267 millones de jóvenes no tenían empleo, ni participaban en ningún programa educativo o de formación (los célebres “ni ni”), lo que incluye a casi 68 millones de jóvenes desempleados.
Una encuesta conjunta de OIT, Unesco y el Banco Mundial, indicaba que en la primera mitad del año pasado, alrededor del 98 por ciento de los encuestados señalaron que se habían cerrado de forma íntegra o parcial sus centros de formación técnica y profesional o de capacitación y aunque esto refiere a la modalidad presencial, no podemos perder de vista que el caso uruguayo es una excepción, por avances tecnológicos como el Plan Ceibal y la extensa cobertura de acceso a internet, aunque claro, que se pueda acceder no garantiza que se acceda, y aún con todo este, en nuestro país, muchos jóvenes quedaron relegados de la educación a distancia por razones económicas.
Ya en ese momento la organización advertía que sería necesario que desde los ámbitos de decisión de cada país se establecieran políticas tendientes a favorecer la inclusión y la permanencia de los jóvenes en el mercado laboral. Políticas que si bien en nuestro país se han ensayado, tal vez no han sido todo lo efectivas que se requiere.
Parece oportuno en este punto traer a colación las expresiones vertidas por la directora de Desarrollo de la Intendencia Departamental, Antonella Goyeneche, el pasado 6 de diciembre en una instancia organizada por el Consejo de Educación Técnico Profesional, quien además de valorar la completísima oferta universitaria de Paysandú, hizo notar que “parece una paradoja cómo falta trabajo y faltan personas formadas”, por lo que abogó por “generar experiencias cortas y formaciones específicas, porque las competencias necesarias en cada área varían todos los años, las herramientas disponibles varían continuamente y las personas tenemos una capacidad increíble de cambiar la forma en la que asimilamos el conocimiento”. También enfatizó en que hay que trabajar sobre las “habilidades blandas”, porque saber trabajar en equipo es hoy un valor en sí mismo. A las empresas “les resulta más difícil enseñar compromiso que enseñar a manejar un programa”, ejemplificó.
Hay, además, un nivel anterior a todo esto que plantea Goyeneche y que se relaciona con la predisposición de los jóvenes a formarse y a proyectar un futuro a través de la inserción en el mercado laboral. En este punto es en el que puede estar operando el factor pandémico. Pero tampoco se pueden perder de vista las secuelas psicológicas a las que puede exponer la acumulación de factores adversos. Amerita prestar atención y tomar decisiones. > Leer más

Opinión

El hidrógeno verde, una apuesta posible

Por cierto que 2020 ha sido un punto de inflexión en un sinnúmero de acciones, actividades, investigación e inversiones a escala global, ante la problemática generada por el COVID-19 y su proyección sobre la humanidad toda, por lo que puede decirse sin temor a grandes equívocos que el mundo ha sufrido un paréntesis difícil de asimilar por su magnitud, con las crisis que se habían padecido anteriormente.
El esquema de la pandemia ha repercutido sobre proyectos de corto, mediano y largo plazo, más allá de sus afectaciones puntuales en los sectores más hondamente castigados, y ha obligado a reprogramar prioridades, plazos y envergadura de lo que se venía emprendiendo o se había previsto emprender.
Un campo en el que sin embargo no debería haber influido, más allá de repercusiones inmediatas, es en los proyectos de reconversión a energías renovables, porque se trata de políticas que trascienden lo episódico y las décadas, para manifestarse en plazos que están por encima de los avatares de la vida diaria.
Pese a todo, la tendencia en este sector es clara, ya que las inversiones globales en nueva energía renovable ha crecido desde algo menos de menos de 50 mil millones de dólares por año en 2004 a alrededor 300 mil millones de dólares por año en 2019.
Tenemos que la energía hidroeléctrica (perteneciente a las llamadas energías azules) todavía representa la mayor cuota de la capacidad total de energía renovable (50%). Sin embargo, la energía solar y la energía eólica son la gran apuesta de futuro, ya que representan el mayor crecimiento referente a número de instalaciones en los últimos años.
En concreto, la energía solar fotovoltaica y la energía eólica representaron el 90% de inversiones totales en la segunda década del siglo, y, consideradas en forma anual, la inversión en energía renovable se eleva a unos 304 mil millones de dólares.
Otra tendencia de las energías renovables indica que en las inversiones han sido un cambio geográfico hacia mercados emergentes y en desarrollo. Estos han atraído la mayoría de las inversiones en energías renovables cada año desde 2015.
Además de China, otros mercados emergentes destacados en la última década son India, Brasil, México, Sudáfrica y Chile, en tanto que muchos en desarrollo y emergentes países de África, Medio Oriente, Sureste Asia y el sudeste de Europa todavía tienen en gran medida potencial de inversión en energías renovables sin explotar.
Asimismo, el desarrollo de la tecnología y la diversidad geográfica han apoyado la expansión de las energías renovables. Esto ha facilitado la aparición de nuevos modelos de negocio y vehículos de inversión, que pueden activar diferentes inversores y financiar todas las etapas de la construcción de una planta de energía renovable.
Algunos ejemplos son el resurgimiento del mercado de bonos verdes, creciente interés en empresas por adquisición de energías renovables y nuevos modelos de negocio a pequeña escala como el modelo de pago por uso.
A pesar de las tendencias de inversión generalmente positivas, se necesita invertir mucho más para cumplir con el desarrollo sostenible y objetivos climáticos, sobre todo afianzar la búsqueda de la sustentabilidad y el cuidado de los recursos naturales, que es la premisa que debe acompañar el desarrollo en la ecuación costo-beneficio para justificar la inversión.
Es vital en este contexto que todos los países incrementen la producción de energía limpia en su mix energético, pero tiene especial importancia que los países en vías de desarrollo puedan acceder a estas tecnologías en condiciones competitivas frente al uso de energía fósil barata. La tendencia es que las energías renovables seguirán reduciendo los costos de fabricación, lo que hará de estas energías sean cada vez más atractivas.
Este escenario global es sin embargo heterogéneo si tomamos regiones y países, con distinto contexto geográfico y socioeconómico. En nuestro país, donde se han registrado significativas transformaciones para reconversión a energías renovables en los últimos años, con la incorporación de emprendimientos en el área de la energía eólica, la fotovoltaica y en menor medida en el uso de biomasa, el presidente de la Asociación de Energías Renovables, Ing. Marcelo Mula, destacó que se está trabajando activamente en el Uruguay en un aspecto que en buena medida es el talón de Aquiles de las energías renovables, que es el del almacenamiento, donde hay proyectos en marcha.
En el área de la energía solar, destacó a El Observador que “el gran problema con las energías renovables era que había que consumir en el momento en que se estaba generando. Ahora, con las baterías de litio –que son como las de los celulares pero a gran escala– se lograron unos costos y unas capacidades de almacenamiento que ya son rentables. Uno puede acumular la energía solar y de allí brindar servicios para abastecer los picos de demanda o mejorar la calidad del producto de la energía eléctrica”.
Pero en el sector, tras fuertes inversiones hasta 2019, hay un stand by que se debe entre otros aspectos a que de ser un año normal de lluvias, el 97 por ciento de la energía que se genera en el país es renovable, por lo que no hay mucho espacio para encarar emprendimientos con este fin.
Quedan como áreas a trabajar precisamente las del almacenamiento y la movilidad eléctrica, ambas con un amplio campo para el desarrollo con apoyo en las nuevas tecnologías y las políticas de reducción del uso de energéticos fósiles.
Considera el empresario que un área de trabajo a encarar es la del hidrógeno verde, es decir utilizar el hidrógeno como impulsor, en sustitución del petróleo, pero producido a partir de energías renovables por electrólisis del agua, que tiene la perspectiva de un amplio uso en el transporte y la industria, entre otras áreas de alto consumo.
La gremial de empresarios de las energías renovables considera que debería establecerse un rumbo similar al que se hizo en 2008-2009 con la energía solar, en base a un acuerdo multipartidario y como política de Estado, para definir las bases de desarrollo de emprendimientos en torno al hidrógeno verde, los que demandan grandes obras y mueven mucho dinero, con reciclaje interno de recursos.
Felizmente, así lo entiende también el gobierno, si se tiene en cuenta que el Ministro de Industria, Energía y Minería, Ing. Omar Paganini, subrayó recientemente que su cartera implementa por un lado la estrategia de incentivar la importación de vehículos eléctricos utilitarios y por otro lado apuesta a producir hidrógeno verde, primero para uso local en el transporte pesado y luego para la exportación.
Dijo a Búsqueda que su ministerio está diseñando la ruta del hidrógeno –Uruguay H2– que involucra este año proyectos con la participación de la cartera de Economía, Ancap y UTE, a fin de tener una curva de aprendizaje en la materia y en la línea de promover inversiones y exportar, habida cuenta de que el hidrógeno verde surge de utilizar energía renovable –eólica y solar principalmente– para producir el energético a través de la electrólisis del agua.
Bueno, es por cierto un capítulo que merece que se le vuelquen esfuerzos, porque hay dinero a escala mundial buscando donde invertir para apuntalar la economía verde, y los beneficios sería muy importantes para Uruguay, desde el punto de vista que se lo mire, en todo momento y mucho más aún, cuando se requiere impulso para salir de las consecuencias de la pandemia. > Leer más

Opinión

El suicidio en el contexto de pandemia

En 2019 (últimos datos disponibles), el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior informó que el año se cerraba con 723 suicidios. Un récord hasta ese momento, desde que se contabilizaban los casos. Con esos números, también se concluía –entonces, como ahora– que es la causa de muerte más frecuente, comparado con los homicidios y los fallecidos por accidentes de tránsito.
Por eso, hay que hablar del suicidio; aunque no es fácil salir del lenguaje para explicarlo. La depresión, el imperativo de la felicidad y el bienestar, no dan paso para hablar de la tristeza, que también forma parte del ser.
No existen los rescates momentáneos ni la necesidad de hablar solo en tiempos de crisis. Pero es una realidad que golpea a la puerta de centenares de familias uruguayas, porque es un flagelo que aumenta desde 2013.
El índice ubicado en 20,55 por cada 100.000 habitantes no ceja y al menos el 76 por ciento de los casos implica a hombres.
Las causas, básicamente, se encuentran en los mismos lugares desde hace años. Las enfermedades mentales, las situaciones económicas o la época del año. Sin embargo, luego de la última crisis económica en Uruguay, los registros se mantuvieron altos y no descendieron. Ni siquiera en la época de la denominada “bonanza económica”. Por lo tanto, los patrones para la autoeliminación no son iguales.
La soledad, los juicios sociales, las separaciones o la insatisfacción personal son factores que juegan sucio en una mente debilitada por las circunstancias. Tanto como para que cada once horas una persona decida quitarse la vida en Uruguay. Y si es un uruguayo en el exterior, es probable que la noticia pegue más fuerte. Y si es conocido, se hablará más.
Es una de las consecuencias del “escenario no COVID” que relatan los académicos y científicos. Porque el aislamiento y la distancia social que debe mantenerse por el virus provoca otras alteraciones en la vida de las personas. Y cuando no se llega a tiempo o nunca se hace el intento por llegar, ocurren estas situaciones.
Es que en el mundo entero pasa algo similar. Aproximadamente un millón de personas se quitan la vida anualmente. Son unos 3.000 suicidios diarios y por cada hecho consumado hubo veinte intentos.
Si bien la comunicación y la atención está centrada en los casos de COVID-19 y la trascendencia de la pandemia a nivel global, tampoco se hablaba del suicidio en años anteriores. Sin embargo, estas cifras nos ubican entre los 10 países con peores índices de América Latina.
Los mitos existentes en torno a este flagelo, ponen de relieve a la sociedad y sus perjuicios. Por ejemplo, continúa firme la creencia de que si una persona comenta sus intenciones, es que finalmente no lo hará. Porque, en cualquier caso, también existen métodos que van apagando una vida de a poco, como evitar despertarse y prolongar el sueño.
Los cambios de conductas, los comentarios de situaciones de fragilidad o trastornos diarios, son alertas. La depresión y falta de voluntad también son manifestaciones claras de que algo no está bien. Porque aunque el aislamiento en pandemia no permite ver más allá, no es difícil de comprobar que en el último año hubo personas que perdieron su soporte social. O el afectivo, principalmente orientado a las personas mayores, quienes se vieron de un día para el otro sin sus afectos más sentidos.
En este contexto, donde la realidad no tiene la importancia que necesita, el caso de Santiago García adquiere la visibilidad necesaria como para hablar del tema nuevamente. Nos ubica en un momento histórico y real, donde se vuelve imprescindible hablar de otras patologías y medicinas que no necesariamente se adquieren en la farmacia.
La salud mental y sus necesarios cambios de paradigmas, que deben incluir –además de la terapéutica– la educación a una sociedad que teme a los virus que no ve. No obstante, las enfermedades sociales que acechan no son únicamente una estadística que revelar para que ocupen los titulares, sino un problema a solucionar con empatía.
Hay 1.000 millones de personas en el mundo que padecen trastornos mentales y es una cifra alta, si se toma en cuenta que en el planeta habitan unos 7.200 millones. La emergencia sanitaria, declarada en nuestro país hace casi un año, nos aisló y dejó solos a los vulnerables.
Este escenario “no COVID” dejó al descubierto que la salud es verdaderamente integral, sin incluir a la salud mental. Porque no estábamos preparados para este desafío y las transformaciones fueron rápidas en nuestros entornos, donde las repercusiones psicológicas no se hicieron esperar.
No es posible que la muerte de una persona pública sea el disparador para alertar sobre este problema. Pero así son las cosas. Y, aunque aún nos resta conocer lo que nos dejó el 2020 en materia de suicidios e intentos de autoeliminación, hay que reiterar la necesidad de educación y concientización de los profesionales de las diversas áreas de la salud en este tema.
De lo contrario, no se logrará nada en una sociedad que hoy está atemorizada. Tampoco se logrará con brindar la información pura y dura, en un público incentivado con otras noticias. Por el momento, solo podemos decir que existe la línea telefónica Vida (0800 0767 o *0767).
Todo lo demás, está en cada uno de nosotros.
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Opinión

La coordinadora departamental de logística

La ubicación geográfica de Paysandú ha sido elogiada desde siempre un elemento siempre presente en el imaginario relacionado con el potencial y desarrollo del departamento. Durante décadas los historiadores, las autoridades departamentales, los representantes empresariales han hecho hincapié en esta situación, incluso mucho antes de que la palabra “logística” fuera utilizada con la frecuencia que sucede en la actualidad. A pesar de todos esos elogios, los proyectos para concretar las posibilidades de desarrollar a Paysandú como un centro logístico nacional y regional siguen brillando por su ausencia o por la falta de entusiasmo o constancia en el seguimiento de quienes tienen responsabilidad en esta materia. Con el paso de los años, la logística se fue transformando casi en una palabra mágica, una suerte de panacea que permitiría desarrollar al departamento y brindar oportunidades a los miles de sanduceros que han perdido su trabajo o lo han visto precarizado en las últimas décadas. En las últimas elecciones departamentales, celebradas en el pasado mes de setiembre, todos o casi todos los candidatos mencionaron a la logística como una de las alternativas que reemplace la actividad industrial que retrocede en todo el mundo y especialmente en nuestro departamento, tras varias décadas de interminable agonía.
Hace algunas semanas el especialista en logística Juan Opertti (profesor adjunto de las universidades ORT y UTEC en Logística, miembro del consejo directivo del Instituto Nacional de Logística (Inalog) y miembro de la junta directiva de la Organización Mundial de Zonas Francas) señalaba a nuestro diario que “La activación del puerto de Paysandú asociado a una zona económica especial, es una buena receta para un desarrollo sostenible” (…) “el nodo Paysandú tiene oportunidad hoy de reformularse y potenciarse como un nodo logístico portuario como lo estamos viendo con la llegada del transporte de contenedores, con una ruta que hace escala en Fray Bentos y Nueva Palmira y llega al puerto de Montevideo. Y ese nodo portuario va a irradiar hacia el extraportuario, posiblemente un parque industrial o zona franca, el que el inversor vea”. Y además “ese nodo portuario establece oportunidades al norte del país, como Rivera o Artigas, de acercar sus cargas a Paysandú y bajarlas por la hidrovía directamente al puerto de Nueva Palmira o de Montevideo, en una forma mucho más fluida, que se hagan nuestras terminales portuarias oceánicas. Creo que la hidrovía y el puerto de Paysandú en particular tienen un momentum que no pueden dejar pasar”. Sobre de dónde podrían salir los capitales para desarrollar este tipo de emprendimientos, Opertti dijo que “hay que presentar ordenadamente una propuesta de valor de Paysandú como polo logístico portuario y extraportuario, y esto hay distintas formas de hacerlo, puede ser por llamado de interés internacional por el cual el inversor se acerca, analiza las posibilidades y el potencial, brinda sus ideas y aportes, que se toman y se ponen en un proceso de licitación que luego es un proceso competitivo y así se terminan instalando. El tema es poner ordenadamente a los inversores internacionales en este nodo logístico de Paysandú”.
Según Opertti, Paysandú “puede ser una zona franca, un parque industrial o una zona extraportuaria con puerto libre, cualquiera de las tres posibilidades. Perfectamente puede haber un proyecto de zona franca en Paysandú, para lo cual hay un proceso ordenado, y el Ministerio de Economía tiene un procedimiento de autorización y habilitación de la zona franca, que podría estar asociada a la hidrovía, tanto de servicios como de alguna manufactura, aprovechando la cercanía argentina y traer inversiones de ese país hacia Uruguay. Pero también están los parques industriales. Creo que Paysandú tiene que apuntar –con el mayor de los respetos– pienso, a no querer solamente zona franca, porque Uruguay tiene múltiples regímenes”. Por todo ello, para Opertti “la activación del puerto de Paysandú, asociado a una zona económica especial, es una buena receta para un desarrollo sostenible, desde el punto de vista económico, social y medioambiental, con los empleos del futuro del trabajo”.
Como puntapié para lograr aunar esfuerzos en torno al tema logístico a nivel local, durante el pasado mes de enero la directora general de Desarrollo Estratégico Sostenible Departamental de la Intendencia sanducera, Antonella Goyeneche anunció que “Paysandú contará con una Codelog (coordinadora de logística) departamental que según la referida jerarca va incluir naturalmente a la Cipup, por el desarrollo del puerto de Paysandú, pero también vamos a trabajar en pos de lo que es el desarrollo logístico de ruta, el ferrocarril, y por supuesto en el desarrollo del trabajo de puerto seco” señalando que “están todos ya invitados a formar parte de la coordinadora y ponernos a trabajar en pro de potenciar las características y ventajas que tiene Paysandú como Hub logístico desde el punto de vista territorial, desde el punto de vista de la cercanía de otros puertos y no solamente de los ejes de ruta que tenemos, porque la idea es ponernos a trabajar para eso”.
Si bien el anuncio de la creación de un ámbito institucional como la Codelog constituye una noticia alentadora, resta saber quiénes compondrán el mismo, así como la forma de funcionamiento, toma de decisiones y ejecución de las mismas. Sin lugar a dudas la Intendencia Departamental de Paysandú tiene un papel fundamental en la creación y efectivo funcionamiento de este nuevo instrumento, pero el mismo requiere de un amplio respaldo desde los sectores relacionados con la actividad logística que le permita avances reales en la materia. Asimismo, debe dotarse a la Codelog de una institucionalidad que se proyecte más allá del gobierno departamental de turno, sin importar a qué partido político o sector del mismo pertenezcan los responsables de ejercerlo. La logística debe transformarse en una política departamental de la misma forma que sucede a nivel nacional, ya que todos los gobiernos desde el año 1985 a la fecha han dado continuidad a los esfuerzos de diversos presidentes en la materia, tal como debe suceder si se quieren construir políticas sustentables, de largo plazo, concretas, prácticas y aplicables. En efecto, el éxito de la Codelog está relacionado no sólo con las instituciones y personas que la integren sino también con una mirada de largo plazo que nos ayude a pensar no sólo en lo urgente, sino también en lo importante. En esta tarea de construcción colectiva tienen responsabilidades tanto el oficialismo departamental como la oposición (sin perjuicio de los actores del sector público y privado relacionados con el tema) ya que se trata de un tema central para recuperar la economía y el empleo sanducero y porque como dijo el ex Primer Ministro del Reino Unido, Winston Churchill “el político se convierte en estadista cuando comienza a pensar en las próximas generaciones y no en las próximas elecciones”. > Leer más