Opinión

Ante las amenazas de Rafael Michelini

Como es de conocimiento público, nuestro país atraviesa uno de los peores momentos desde la aparición de los primeros casos de coronavirus COVID-19 hace poco más de un año. Al aumento de casos se le suman los casos de pacientes fallecidos y una recarga de todo el sistema de salud, especialmente de los centros de tratamiento intensivo (CTI). En efecto, acalladas las voces triunfalistas que tempranamente auguraban un “Maracanazo sanitario”, los números son los que mandan y expresan una realidad respecto de la cual nos creíamos inmunes. Al igual que sucede con nuestras selecciones de fútbol, pensamos que todo era cuestión de “garra charrúa” y que más tarde o más temprano llegaría un gol que mágicamente nos daría la victoria contra esta nueva enfermedad.
En este contexto crítico y de preocupación generalizada, en el cual muchos uruguayos pierden a sus seres queridos sin poder despedirse de los mismos al mismo tiempo que las consecuencias económicas, sociales y psicológicas afectan a una gran parte de la población uruguaya, el primero de los mandatos de cada uno de los habitantes de este país debe ser la unidad y el compromiso por encima de partidos políticos o de otras variables.
Es precisamente en este terrible momento, que el secretario político del Frente Amplio, Rafael Michelini, declaró a un medio capitalino alineado a la izquierda que si no se amplía el plazo constitucional para recabar las firmas para someter a referéndum la Ley de Urgente Consideración (LUC), se tomarían medidas por parte de quienes apoyan tal iniciativa. La amenaza del exlegislador no pudo ser más clara: “Si no hay ampliación del plazo, nosotros vamos a ir a juntar las firmas a los barrios y nos aglomeraremos. Actuará la Policía, nos pondrán presos”. Resulta difícil imaginar una frase más irrespondable y carente de sentido común y empatía.
Lo cierto es que la prórroga del plazo constitucional de un año para la recolección de firmas necesitaría, lógicamente de una reforma constitucional, pero ello no parece ser impedimento para Michelini y por ello reclama su modificación, convencido de que “lo político está sobre lo jurídico”. Resulta particularmente ilustrativo conocer la opinión que sobre esta reforma tiene Oscar Botinelli, politólogo, Profesor Titular Grado 5 de Sistema Electoral y Régimen Electoral Nacional de la Universidad de la República y exsecretario de Líber Seregni, para quien “No queda claro si quienes promueven esa prórroga son conscientes que lo que proponen es afectar seriamente las fuertes garantías electorales que se fueron consolidando en el Uruguay a lo largo de un siglo. Una vez que se puede prorrogar algo una vez, y luego otra, ya nadie podrá detener que se encuentren razones de fuerza mayor para prorrogar las elecciones nacionales o el balotaje, y con ello se prorroguen los períodos de gobierno y las legislaturas. Es mucho lo que está en juego en términos históricos. (…) Lo que está en juego es la certeza absoluta de las garantías electorales. (…) Como no se ha presentado ninguna iniciativa escrita y solo se han hecho manifestaciones verbales de algunos dirigentes, no todas coincidentes, no se conocen los fundamentos de este pedido de incumplimiento de la Constitución de la República. (…) La no pertinencia de la prórroga parece claro”.
Queda claro que tanto para Michelini como para el resto de los dirigentes políticos, sociales y sindicalistas que piden la prórroga del plazo constitucional, “lo político está por encima de lo jurídico” y las garantías previstas en nuestra carta magna son tan sólo “letra muerta” que se puede y debe ajustar a sus necesidades y ambiciones personales. Así las cosas, las amenazas de Michelini ponen en peligro no sólo al país considerado como un todo (una suerte de “comunidad espiritual” tal como lo definió en alguna ocasión Wilson Ferreira Aldunate), sino también de todos y cada uno de sus habitantes, ya sea que se trate de ancianos, niños, jóvenes o adultos, algunos de los cuales no tienen la oportunidad de quedarse en casa y deben salir a “parar la olla” todos los días. En el peor momento Rafael Michelini, quien ostenta nada más y nada menos que el cargo de Secretario Político del Frente Amplio, formula la peor de las declaraciones, con una falta absoluta de espíritu patriótico y de empatía con el mismo pueblo al cual se jacta de representar. Tanto el exsenador Michelini como el resto de quienes impulsan esta iniciativa para derogar algunos artículos de la LUC deberían pensar cuál es la razón por la cual la población no apoya esta iniciativa y deberán controlar sus nervios ante la posibilidad cada día más cierta de que no se llegue a juntar las firmas necesarias para ello. Lamentablemente no se trata de una actitud aislada y todos los días y en diferentes ámbitos vemos actitudes provocadoras que buscan una reacción de las autoridades para poder victimizarse y hasta lograr algún “mártir” al cual transformar en símbolo de una trasnochada y equivocada forma de entender la política y la convivencia. Los impulsores que creen “que cuanto peor, mejor” ya desplegaron sus tácticas en las décadas de los ‘60 y ‘70 del siglo pasado, y por eso es muy importante que nuestro país no sea arrastrado nuevamente a ese espiral de enfrentamiento y violencia.
Resulta importante destacar que amenazas de Michelini de realizar aglomeraciones en plena pandemia fueron rápidamente rechazadas por todo el sistema político, incluido algunas figuras del propio Frente Amplio como Alejandro Sánchez, Yamandú Orsi o Enrique Rubio entre otros. Por su parte el politólogo Daniel Chasquetti afirmó en su cuenta de Twitter que “el pedido de renuncia al ministro Salinas que largó hace unos días un diputado y la amenaza de aglomeraciones que hoy realizó Michelini, muestran que una parte del Frente Amplio tiene grandes problemas para comprender la tragedia sanitaria que transita el país.” En cuestión de horas el exlegislador, figura de amplia trayectoria y peso dentro del partido fue removido de su cargo de Secretario Político del Frente Amplio.
Más temprano que tarde los uruguayos dejaremos atrás esta pandemia que tantos efectos negativos tiene para nuestro país. No será un camino corto y tampoco será fácil de recorrer, pero podremos hacerlo porque en la esencia del ser humano se encuentra el empuje y el temple necesarios para sobrellevar infortunios como éste. Vamos a lograrlo a pesar del propio COVID-19 y de quienes, como Rafael Michelini, ponen primero sus intereses personales y políticos partidarios antes que los de nuestro querido país. Gracias por nada, señor exlegislador; los uruguayos podremos superar este duro y triste momento sin su ayuda y a pesar de sus amenazas. → Leer más

Opinión

De leyes, entrenadores y licencias

Mientras se reglamenta la denominada Ley del Deporte, el fútbol del Interior ingresó en los últimos días en un nuevo dilema a resolver: qué título exige a los entrenadores para poder dirigir.
La ley abarca diferentes aspectos, pero uno de ellos es la exigencia de titulación para ejercer las diferentes funciones, ya sea entrenadores, preparadores físicos y demás.
En el caso del fútbol del Interior, dirigentes de OFI se reunieron virtualmente hace algunas semanas con autoridades de la Secretaría Nacional del Deporte con la intención de interiorizarse sobre la situación. Y en este caso, específicamente hablando de los entrenadores, se indicó que sería OFI la que debe decidir qué es lo que exigirá como título habilitante, para que sea reglamentado en la ley.
El tema despertó algunas polémicas pero sobre todo incertidumbre en cuanto a la postura de OFI, que en algunos aspectos en cuanto a este tema ha mantenido un discurso que no concuerda con lo actuado.
En el acta Nº37 de la Organización, se informa justamente de la reunión llevada adelante con el gerente de la Secretaría Nacional del Deporte, Dr. Gerardo Lorente. Sobre la ley y la reunión se señala que “está el proyecto de reglamentación de la misma en el Parlamento, no habiendo sido considerada para su elaboración la consulta a las 52 organizaciones deportivas existentes, y por tanto tampoco consultada OFI, la mayor red deportiva del país. Según lo informado en la reunión, al parecer dicha reglamentación no contendría nada que generase preocupación, que se dejará a cada una de las 52 organizaciones deportivas que establezcan las normas que habilitan a desempeñar cada función, siempre y cuando no haya distanciamiento de las normas internacionales”.
La gran pregunta es entonces cuál será la postura de OFI, que exige sus competencias tanto a nivel de clubes como sus selecciones una Licencia B, establecida dentro de la pirámide de progresión de licencias previstas por Conmebol, pero sin embargo no plantea exigencia alguna al respecto en las Ligas, donde puede dirigir un entrenador diplomado o uno que no tenga título.
Llamó la atención que en el acta anterior a la señalada, la Nº36, se establezca que “OFI no tiene potestad para obligar a las Ligas a utilizar solo técnicos diplomados”.
Con esa afirmación se ingresa en un terreno doblemente contradictorio, ya que por un lado no solamente sí tiene la potestad para hacerlo, sino que además promueve la realización de cursos de capacitación de los entrenadores del Interior pero no la exige.
¿Tiene OFI la potestad de exigir el grado de capacitación necesaria para dirigir? Tanto el propio estatuto de la Organización, como el de la Asociación Uruguaya de Fútbol, sentencian que OFI es la entidad rectora del fútbol del Interior, por lo tanto tiene todas las potestades para establecer las reglas de juego y hacerlas cumplir.
Haciendo un poco de historia con respecto a este tema, en junio de 2012 se informó a las Ligas a través de la circular 2073, que “en atención a la necesidad de la mejora técnica y de formación de jugadores”, el Ejecutivo resolvió que “a partir del próximo Torneo Sub 15 se exigirá que los directores técnicos de selecciones y clubes que intervengan en Copas organizadas por OFI, deben tener aprobado, por lo menos, el Primer Nivel de los cursos dictados por la Organización. Es de hacer notar que, a partir del Torneo Sub 15 del año 2013, se exigirá el Segundo Nivel”.
Más acá en el tiempo, en noviembre de 2014, se aclaró a las Ligas que el Ejecutivo, “en atención a las nuevas normativas”, “modificando lo dispuesto en la Circular 2073” y “considerando el nuevo marco regulatorio FIFA-Conmebol con respecto a las nuevas licencias de entrenadores de fútbol”, decidió que “para los torneos del año 2015 organizados por OFI (selecciones mayores, Sub 18, Sub 15, clubes y femenino) tendrán validez y se exigirá contar, como mínimo, con Módulo I (Módulo I, Módulo II o Título habilitante) aprobado”.
OFI ha exigido entonces determinada formación para poder formar parte de sus competencias, ha incentivado la capacitación de los entrenadores, pero como contrapartida deja a sus Ligas afiliadas la decisión de qué exigir o no en el ámbito doméstico.
Lo que se señala, y con razón, es que se hace difícil poder unificar un criterio dado que no es lo mismo la Liga de Paysandú o Salto, a una del interior de algún departamento, conformada por pequeños equipos.
Pero está claro que OFI deberá tomar una postura al respecto para no ingresar en una contradicción, dado que se tienen en cuenta para los cursos el régimen de licencia Conmebol, pero no se tienen en cuenta esas mismas licencias para los torneos de las Ligas afiliadas.
Dentro de las bases y programas del nuevo sistema de licencias Conmebol – AUF del presente año, OFI ha señalado que “como Centro de Formación con trámite de autorización del órgano competente de la República Oriental del Uruguay, AUF, ante Conmebol, y trámite de reconocimiento de programas ante la Secretaría Nacional del Deporte, convoca a cursos de entrenador en fútbol bajo la modalidad de licencias, C, B, A y PRO, a celebrarse en las localidades que se encuentren bajo su jurisdicción en el territorio nacional”.
Y se indica que el objetivo de “iniciar la formación del entrenador de fútbol mediante las enseñanzas conducentes a la obtención de las Licencias Oficiales AUF / Conmebol”, es conseguir “una formación que garantice adquirir los conocimientos y habilidades necesarias que permitan desarrollar su labor mediante competencia técnica y profesional”.
Hoy, OFI exige para dirigir en sus competencias la Licencia B, pero deja al libre albedrío lo que pasa en el resto del país, pese a abrazarse y acompasar el desarrollo y la unificación de la formación de los entrenadores apuntando a la obtención de las Licencias Oficiales AUF / Conmebol, es decir C (fútbol base), B (Ligas Amateur), A (Divisiones formativas de clubes profesionales) y PRO (fútbol profesional).
Lo que parece ser un tema trivial podría llegar a ser una complicación en varios sentidos. Por eso, es de esperar que el parate por la pandemia permita trabajar para aclarar definitivamente la situación. Primero, darse cuenta de que tiene la potestad y la obligación de definir sobre el tema, y luego unificar criterios en cuanto a qué capacitación se les exigirá a los entrenadores no solo para sus torneos sino también para los de sus afiliados, pensando en la mejor formación de los deportistas y siendo consciente de que no se puede pedir una Licencia PRO, pero tampoco no tener la capacitación acorde a las exigencias. → Leer más

Nacionales

Lejos de la intolerancia y la ideología en seguridad social

Pese a un trabajo de varios meses, la Comisión de Expertos en Seguridad Social designada por el Poder Ejecutivo para analizar la problemática en esta área no llegó a consenso siquiera en el diagnóstico del sistema jubilatorio, y ello introduce una incógnita e incertidumbre respecto a la posibilidad de alcanzar un acuerdo con cierto común denominador para estar mejor perfilados de cara a los desafíos que presenta el futuro en este tema.
Debe tenerse presente que en el intento de hacer sustentable el esquema de seguridad social para los desafíos que implica en los próximos años el financiar el sistema con los recursos siempre escasos que se generan en nuestra economía, ha venido trabajando el equipo de técnicos interdisciplinario y de distintas corrientes ideológicas en procura de llegar a una propuesta de reforma que concite el mayor respaldo posible.
En un principio se abordó una fase de compilación de información para pasar luego al diagnóstico y propuestas con vistas a llevar adelante una reforma que permita por lo menos superar áreas críticas que de acuerdo a la tendencia irán acentuando su impacto con el paso de los años.
El punto es que no solo no es un tema fácil, sino que implica un lastre para todo partido político que se tome la cosas seriamente y no pensar en la inmediatez de una contienda electoral, y de ahí que se mencione poco y nada en las plataformas electorales de cada convocatoria a las urnas.
Ahora, en el punto de cómo encarar una eventual reforma aparecen las diferencias, de acuerdo a los intereses de sectores y miradas ideológicas –a veces hasta fundamentalistas– que impiden conciliar puntos de vista.
Pero cuando la cosa empieza ya en el diagnóstico, resulta imposible alcanzar acuerdos porque se tiene un punto de partida distinto para posibilitar puntos en común en base a los cuales proponer soluciones. Tenemos así que la comisión de expertos no llegó a un consenso para diagnosticar el sistema jubilatorio y el documento que el grupo ha elaborado para entregar al Poder Ejecutivo según establece la Ley de Urgente Consideración (LUC) fue aprobado con los votos del oficialismo y la delegación empresarial, pero sin el respaldo del Pit Cnt, la asociación de jubilados ni los tres delegados del Frente Amplio en la comisión.
Más allá de que estos últimos sectores han pedido más plazo para seguir considerando el tema, las diferencias se han hecho notorias y se han sostenido respecto a dilemas como el plazo de estudio, si las AFAP deben mantenerse y cómo, si la sostenibilidad de la seguridad social está bien o mal ponderada, para empezar.
Para el presidente del grupo de trabajo, Dr. Rodolfo Saldain, especialista en el tema, “tenemos un documento de diagnóstico como nunca hubo”, y según el experto el principal logro del texto han sido los resultados demográficos.
Precisamente una de las principales conclusiones sobre el contexto demográfico es que la población de mayor edad crecerá de forma tendencial en las próximas décadas, tanto en el número como en el porcentaje con relación a los grupos de otras edades, lo que es un desafío formidable para el sistema jubilatorio, pero a partir de este dato las diferencias en posibles respuestas ha sido tajante dentro del grupo, lo que se puso de relieve luego de que Saldain entregó el primer borrador del diagnóstico, hace más de tres meses.
El foco principal de este diagnóstico tiene que ver con la sostenibilidad financiera, pero según la representante del Frente Amplio, Jimena Pardo, no explica la línea que cuidaría la sostenibilidad social, y considera que es necesario lograr un equilibrio entre estos dos aspectos, según da cuenta El Observador.
Sostuvo que el documento no expone cual es el objetivo “al que el gobierno tiene que llegar”, si va a cambiar algún formato estructural, si piensa organizar el Banco de Previsión Social (BPS) de otra manera y de ser así, el camino tendría que estar incorporado al diagnóstico.
Por su lado el Dr. Saldain evaluó que se está buscando un balance entre cobertura, adecuación de beneficios y la sustentabilidad, cuestionando a la vez que desde la oposición en el grupo no hay referencia al déficit ni a que cierren las cuentas.
Por su lado el representante del Pit Cnt, Hugo Bai, reconoció que los primeros borradores de la comisión fueron “peores” que el que se terminó aprobando por mayoría, en tanto otros reparos de la izquierda y las representaciones gremiales tiene que ver con la edad de retiro, situación del déficit por requerimientos de recursos de la caja militar y la policial, las AFAP y el impacto real de la reforma jubilatoria que se aprobó en 1996.
En base a esta primera aproximación y diagnóstico, se abre ya desde esta semana la etapa de elaboración de propuestas, lo que tendrá un plazo de discusión de 90 días, con la posibilidad de una prórroga, aunque desde la oposición se cuestiona este plazo, que se entiende debería ser mayor ante la magnitud de la problemática.
Por cierto, hay muchas moscas para atar por el rabo, porque además, como ocurre globalmente, no hay ningún partido ni sector que tenga por sí solo la varita mágica de las soluciones en el tema y mucho menos en el Uruguay, por lo que sí se entiende que las respuestas deben responder a un gran acuerdo entre partidos y las organizaciones que de una u otra manera están involucradas en el tema, teniendo en cuenta por ejemplo que Uruguay es el país más envejecido de América Latina, con 74 adultos mayores de 65 años cada cien menores de 15 años, que es como se analiza la tasa de envejecimiento, según los informes nacionales y de organismos internacionales que analizan la evolución de la pirámide poblacional.
Porque además, considerando solamente los índices de natalidad y mortalidad, según un estudio del Banco de Previsión Social, nuestro país pasó de una Tasa Global de Fecundidad de 2,73 nacidos cada mil habitantes en 1950 –cuando tampoco estábamos entre los de mayor índice ni mucho menos– a unos 1,9 nacidos para 2020, en tanto en la otra punta de la pirámide, la tasa bruta de mortalidad en 1950 era de 10,52 cada mil habitantes y ésta se sitúa en 9,21 para 2020.
Es decir, que hay cada vez menos aportantes en la relación para sostener un sistema que demanda más recursos por efectos incluso de la mayor expectativa de vida, y esta brecha entre necesidades y realidad debe cubrirse por la vía de los aportes de Rentas Generales, es decir de todos los uruguayos, por la vía de gravámenes, lo que da la pauta del amplio espectro de aspectos a tener en cuenta a la hora de las propuestas, y que el sentido común debe primar por encima de la intolerancia ideológica, con la mirada puesta en el interés general. → Leer más

Opinión

El lugar de las mujeres…

Una serie de barreras e inequidades, la supervivencia de estereotipos de género y de prácticas patriarcales continúan aún hoy relegando a las mujeres uruguayas en diferentes ámbitos de actividad, adjudicándoles una participación notoriamente menor que sus pares hombres. Así lo revela el informe El lugar de las mujeres uruguayas en los cargos de decisión, presentado en marzo por ONU Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que analiza la participación de las mujeres uruguayas en diferentes ámbitos de toma de decisiones.
Nuestro país ha recibido observaciones y recomendaciones por parte del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW/Naciones Unidas) respecto a la baja representación de las mujeres en el ámbito público y político y la escasez de medidas para garantizar la participación plena de las mujeres en la toma de decisiones, lo que hoy es considerado uno de los indicadores más relevantes de la Agenda 2030.
No es un problema exclusivamente uruguayo pero llama la atención que en un país con muy buenos índices en lo que refiere a transparencia, democracia y derechos humanos, las mujeres no logren avanzar en las posiciones antes mencionadas, y esto es algo que no ocurre por falta de preparación sino por la existencia de condicionamientos sociales, laborales y hasta culturales que relegan su participación en la toma de decisiones.
“Visibilizar la desigualdad de género en el acceso a la toma de decisiones es indispensable para el diseño de políticas públicas que promuevan la igualdad y da cuenta de la vulneración de derechos, pues deja en evidencia la distancia entre la igualdad formal y la igualdad sustantiva que afecta a las mujeres”, indicó Magdalena Furtado, de ONU Mujeres Uruguay.
La lectura del informe deja en verdad un sabor amargo: se concluye que las desigualdades de género constituyen un rasgo estructural del Uruguay, existiendo “al menos cuatro nudos estructurales constitutivos de las relaciones desiguales de género: los patrones culturales, la desigualdad económica, la división sexual del trabajo y la concentración del poder”.
A su vez el informe enfatiza que la baja representación de las mujeres en los cargos de decisión y en espacios de conducción, relevantes para el desarrollo de la democracia (la academia, la conducción política, el diseño y la ejecución de políticas públicas y la conducción de organizaciones sociales) evidencia una persistente segregación vertical en el acceso al poder por parte de las mujeres, por ejemplo en relación a la escala jerárquica, a la que se suma una segregación horizontal –entre ocupaciones– “ya sea porque las mujeres acceden en menor medida a puestos de conducción como por las temáticas que conducen”.
La publicación, cuya autoría es de la politóloga Victoria Gadea con aportes de especialistas en el tema, analiza la situación de los ámbitos legislativo, ejecutivo, judicial, servicio diplomático, gobiernos subnacionales, empresas públicas, entes autónomos, servicios descentralizados, academia, empresas privadas, cooperativas, sindicatos y las cámaras empresariales. Ninguna de estas esferas de actividad escapa de la discriminación hacia las mujeres –y a favor de los hombres– en lugares claves para la toma de decisiones a pesar que ellas tienen niveles más altos de educación y suelen contar con mayor formación específica que los hombres para los cargos a los que aspiran.
El análisis hace notar que si bien Uruguay es reconocido por integrar la lista de las 23 democracias plenas, según el índice de The Economist a febrero de 2021, el indicador más bajo dentro del país se encuentra en el porcentaje de mujeres en el Poder Legislativo, lo que denota un problema para constituirse como una democracia representativa, de una población compuesta en un 48% por hombres y en un 52% por mujeres.
El caso del Poder Legislativo evidencia también la lentitud de los avances, dado que en un período de 20 años aumentó solamente un 15% los cargos de representación ocupados por mujeres en el Parlamento pasando de un 14% en 2000 a 29% en 2020.
Actualmente, por primera vez una mujer, Beatriz Argimón, fue electa para ocupar la Vicepresidencia de la República –Lucía Topolansky fue vicepresidenta pero por renuncia de su antecesor– aunque en el Poder Ejecutivo hubo un retroceso de la participación femenina a nivel ministerial pasando de 5 mujeres ministras entre 2015-2019 a dos en la actualidad. A su vez, existe una predominancia de hombres en cargos de conducción del Poder Ejecutivo incluso en aquellos lugares en cuya planilla predominan las mujeres como el Ministerio de Desarrollo Social o el Ministerio de Salud Pública. Más aún, las mujeres embajadoras son solo el 9% del total de embajadores uruguayos en el mundo, en una clara evidencia de su dificultad para avanzar en la carrera diplomática.
Considerando los ámbitos laborales públicos es claro que, según datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, en la medida que aumenta la jerarquía disminuye la cantidad de mujeres, lo que evidencia la segregación vertical que enfrentan, tanto en los cargos definidos por confianza política como en los que se accede a partir de la carrera administrativa.
En el ámbito académico ocurre algo similar: las mujeres representan el 54% de los cargos docentes de UdelaR aunque se observa que a mayor grado, menor presencia (dentro de los Gº5 las mujeres representan únicamente el 34%).
A su vez, el lento protagonismo de las mujeres en los diferentes sindicatos de distintas ramas de actividad, así como el hecho que solo un 11% de las empresas de Uruguay tenga como máxima autoridad a una mujer o que ningún banco privado del país sea presidido por mujeres son otros claros síntomas de las dificultades que enfrentan para acceder a los cargos de decisión.
Aunque los tratados internacionales y los discursos social y públicamente compartidos reconocen que la participación plena e igualitaria de las mujeres es esencial para lograr la igualdad entre los géneros e impulsar el progreso hacia el desarrollo sostenible, lo cierto es que existen condicionamientos y muchas dificultades para el logro de avances concretos en las prácticas cotidianas.
¿Qué consecuencias tiene para la sociedad la supervivencia de prácticas y sesgos androcéntricos? ¿Cómo incide realmente el hecho de que las mujeres tengan menos posibilidad de ser electas, designadas, e incluso de llegar a altos cargos por concurso? Son preguntas que debemos contestarnos y constituyen el meollo de una reflexión necesaria porque, como bien señala el estudio que aquí se comenta, las democracias de calidad requieren de la participación paritaria de hombres y mujeres dado que se reconoce la igual contribución que las mujeres y los hombres realizan al desarrollo de las sociedades. → Leer más

Opinión

Un año después, casi en el mismo lugar

La crisis de la COVID-19 empezó en Uruguay el 13 de marzo de 2020, con apenas cuatro casos, pero que motivaron el cierre de todas las instituciones de educación, pública y privada, y entiéndase cierre como la clausura de las clases presenciales para pasar a trabajar mediante plataformas virtuales.
Luego el avance de la pandemia permitió de a poco ir abriendo cada vez más servicios, y si bien nunca se llegó a recuperar el 100% de la presencialidad, la situación mejoró desde ese punto de vista y todo se encaminó como si ese fuese el único camino posible: el regreso a la normalidad. Se desconoció lo que ocurrió en otros países, incluso en otros más desarrollados y –podría pensarse– con mejores medios a su disposición para adoptar medidas preventivas.
Uruguay había hecho un trabajo muy bueno al comienzo de la pandemia, aprovechando la infraestructura que se había desarrollado en el país al impulso de propuestas innovadoras como el Plan Ceibal y apoyándose en otras inversiones que el estado había realizado, como la amplia cobertura de fibra óptica y de la red de telecomunicaciones, que permite una amplia penetración, aunque no alcanza al 100% del territorio.
Pero no bien se comenzó a avanzar en el regreso a la modalidad presencial en la educación, se abandonó el desarrollo de las posibilidades del medio virtual.
Podrá decirse que con el diario del lunes es fácil tomar decisiones, seguro que sí, pero no hacía falta tener el diario del lunes para ver lo que ocurría en esos otros lugares donde la pandemia, luego de grandes avances, mostró retrocesos importantes. Por alguna razón nos creímos el relato de que Uruguay era especial, que las cosas acá iban a ocurrir de otra manera, y dejamos pasar la posibilidad de fortalecer el instrumento de la educación por medios virtuales.
Pero qué quiere decir “fortalecer el instrumento”. En primer lugar significa proporcionar a los docentes los elementos adecuados, y no se interprete este elementos solamente como los medios materiales, no, esto debe incluir también a los elementos pedagógicos, porque nadie nació sabiendo informática ni conectado a Internet, ni mucho menos sabiendo emplear estrategias para mantener la motivación de los estudiantes cuando estos no están dentro de un aula, e incluso cuando se encuentran en un contexto en el cual es difícil mantener ya no la motivación, sino la concentración incluso, para poder incorporar conocimientos abstractos.
En marzo de 2020 la pandemia nos tomó por sorpresa, con las clases apenas comenzadas y hubo que arreglarse como se pudo, improvisando, aprendiendo, ensayando y corrigiendo, insistiendo y mejorando. Así se generó un conocimiento sobre esta modalidad de trabajo que nos pudo haber puesto en una situación de privilegio. La modalidad a distancia puede –y debe– ser una herramienta estratégica, para usarla no solamente en la educación formal, sino también como un instrumento para fortalecer las capacidades de los trabajadores que necesitan reconvertirse, a partir de una institución tan estratégica como subaprovechada como el Inefop. La potencialidad es enorme para llegar a zona rurales y pequeñas poblaciones en las que solamente se puede soñar con el acceso a una formación universitaria. Sin embargo, no ocurrió.
Transcurrió un año y parece que todo estuviese volviendo a comenzar de cero, salvo honrosas excepciones, pero además parece incluso que la línea de largada se hubiese colocado incluso más atrás que la vez anterior, porque da la impresión que todo el sistema estuviese envuelto en un gran desánimo, porque la expectativa general estaba puesta en mantener la presencialidad.
En todo este tiempo se pudo haber pensado en soluciones para los alumnos que no tienen conectividad en sus domicilios, se pudo haber generado materiales complementarios para apoyar el aprendizaje, se pudo haber investigado sobre las mejores experiencias en el manejo de la tecnología aplicada a la didáctica y a la pedagogía, pero en cambio da la impresión que todos estamos lamentando haber perdido esa presencialidad, que es irreemplazable, por supuesto, pero que estaba amenazada y que de ninguna manera debió haberse mantenido como apuesta única. También se pudo haber pensado en estrategias para que los padres o hermanos de esos niños pudiesen acompañar esos aprendizajes resintiendo lo menos posible sus propias ocupaciones.
En otros países se está recurriendo a medios alternativos, como la televisión o la radio, incluso mensajes de texto, para tratar de llegar a los alumnos de las zonas donde no existe cobertura. Aquí en Uruguay los niños (por lo menos la gran mayoría) ya tienen el equipamiento necesario, porque el mismo Estado se los había proporcionado antes.
Dejamos pasar la oportunidad de mostrarle al mundo cómo podía sostenerse y trabajar con eficiencia y eficacia un sistema educativo a distancia. El mundo nos hubiese visto –como en otros tiempos– como un país moderno, inmerso en el siglo XXI a pesar de las desventajas que tenemos en términos económicos. Y sin embargo acá estamos, lamentando de nuevo haber tenido que cerrar las escuelas. → Leer más

Opinión

Los “platitos chinos” en pandemia

En nuestro país, como en la mayor parte de los países del Tercer Mundo, se hace referencia a que el manejo de la economía se asimila con el malabarismo con los “platitos chinos”, al ser preciso mantenerlos girando al mismo tiempo para que no se caiga alguno de ellos, porque arrastraría a la debacle a todos los otros.
Esto es, tener presente las dificultades de mantener parámetros como un tipo de cambio barato para favorecer el consumo, cuando es preciso encontrar un equilibrio que a su vez permita mantener la competitividad, desde que un dólar barato encarece paralelamente nuestros productos en el exterior. Por otro lado, si bien es decisiva la influencia de este parámetro en la inflación, que es muy sensible a los vaivenes del dólar, paralelamente es de alta prioridad promover el empleo sin perder poder de de compra. No menos importante en la macroeconomía es atender la amenaza del déficit fiscal descontrolado que surge del hecho de que desde el Estado se gaste más de lo que se recauda, y por ende se afecta el buen rumbo de la economía.
Estos platitos girando son el desvelo de los gobernantes, porque mantener un equilibrio es desgastante, y cuando se intenta priorizar un elemento sobre los otros, por decisiones de cortoplacismo de corte electoral, tarde o temprano esta decisión coyuntural terminará afectando y arrastrando a los otros, distorsionando el anhelado equilibrio.
Podemos decir que en el caso de la pandemia, la necesidad de mantener los platitos chinos girando se ha expandido, desde que se ha incorporado el factor sanitario que genera una dicotomía adicional, por cuanto las medidas restrictivas para acotar la transmisión de casos involucra afectar la economía, y viceversa.
Más aún, el grado de dificultad en el equilibrio se acentúa si nos adentramos en el factor de incertidumbre que implica la evolución del número de los casos y su consecuencia sobre la salud y la economía del país, como ocurre en todas partes del mundo: cuanto más se extiendan los casos y las consecuentes restricciones, más costará superar los perjuicios en la actividad económica, en el desempleo, en el poder de compra de la población.
Es decir demasiados platitos girando en el escenario, con pronóstico reservado, como se suele decir en medicina, aunque en esta instancia el elemento de mayor incertidumbre es el tiempo, porque sí o sí, el mundo va a dejar atrás la pandemia, pero lo que todavía no se sabe es en cuánto tiempo y el grado de perjuicio que terminará ocasionando.
En el Uruguay, como ocurre a nivel global, se ha incorporado asimismo en la problemática otra incógnita: ¿el ritmo de vacunación podrá ganarle la carrera a los contagios? ¿Y, en todo caso, en qué período y a qué costo?
La ventaja comparativa de Uruguay en cuanto a establecer una barrera eficiente por vacunación contra la difusión de los contagios es notoria: su pequeño tamaño, la baja densidad de población, la ausencia de obstáculos geográficos, los recursos en infraestructura sanitaria, la organización y experiencia en los procedimientos, indican que si no surgen inconvenientes inesperados, se estará en condiciones de tener un amplio porcentaje de la población vacunada en poco más de un mes, lo que representa un porcentaje muy significativo en cuanto a barrera inmunológica y las posibilidades de enlentecer los contagios, contrariamente a lo que ocurre en naciones muy densamente pobladas y serios inconvenientes para establecer un ritmo de administración de dosis que resulte en la contundencia que se necesita.
Estamos pues en una carrera contra el tiempo desde el punto de vista sanitario que también tiene altos componentes de incertidumbre, porque a la velocidad de inoculación y disponibilidad de vacunas se agregan factores de comportamiento humano que resultan fundamentales a la hora de generar medidas eficaces para contrarrestar el avance del COVID-19.
Lamentablemente, hay visiones encontradas entre los uruguayos en este sentido, porque si bien el común denominador en la población en general es el acatamiento de medidas básicas como portar tapabocas, evitar aglomeraciones en comercios, uso de alcohol en gel, evitar la concurrencia a lugares donde pueda haber concentración más o menos masiva de personas, existen grupos con tendencia manifiesta a no observar siquiera mínimamente estas elementales precauciones.
Precisamente son estos grupos los que suelen llevar a la burbuja del hogar el virus, afectando sobre todo a las personas de mayor edad y organismos susceptibles, a la vez de ignorar los controles y apelaciones de las autoridades a aplicar normas básicas de lo que se ha denominado como libertad responsable.
Y tan importante como esta irresponsabilidad es sin dudas el rechazo de no pocos ciudadanos a aplicarse la vacuna, haciéndose eco las más de las veces de teorías conspirativas delirantes, como la de pretender hacer creer que en la vacuna va un microchip(¿?) pergeñado para espiar y controlar a las personas, que se ocultan los gravísimos efectos que tiene la vacuna en millones de personas y que la idea es establecer un exterminio selectivo de la población, entre otras “justificaciones” para rechazar la inoculación que permitiría establecer una barrera eficaz para controlar la amenaza del virus.
El hecho incontrastable, por encima de estos actos de descreimiento alentados por ciertos seudocientíficos y profesionales que buscan aprovechar la oportunidad de tener atención para su minuto de fama, es que las vacunas han permitido a lo largo de la historia de la humanidad erradicar enfermedades que habían diezmado a la población mundial en otras épocas, lo que fue producto de la investigación y esfuerzo de grandes hombres y mujeres que también en su momento lucharon contra el descreimiento, la indiferencia, el temor, la prescindencia y la falta de solidaridad de muchos de sus semejantes.
Porque además, como ha quedado demostrado durante tantas décadas, el acto de vacunarse no es solo una autodefensa, sino que implica hacerlo también por los semejantes, para entre todos establecer la barrera que contenga los contagios, en un indiscutible acto de solidaridad que entraña en sí un mínimo riesgo y acarrea enormes beneficios. → Leer más

Opinión

Otro factor de riesgo en pandemia

La polarización política constituye un factor de riesgo en medio de esta pandemia. Hace tiempo que lo advierten sociólogos a nivel mundial e incluso volvió a reiterarlo el coordinador del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), Rafael Radi.
El psicólogo social Jonathan Hiadt advirtió desde las páginas del New York Times que las restricciones para frenar los contagios están ligadas a las simpatías partidarias. El partidismo de algunos influye bastante más que el comportamiento ante la gravedad de los contagios.
En Europa, por ejemplo, se nota la crispación política ante un incremento de las muertes por coronavirus en 19 naciones. Sin embargo, los comportamientos sociales influyeron en esos resultados.
No es lo mismo una población que acepta las sugerencias de las autoridades sanitarias que aquella que entiende tomar otras medidas. Pero tampoco es lo mismo un consenso político –por encima de las diferencias ideológicas existentes en democracia– que los cruces en forma continua, la problematización de las acciones y sus resultados, los cuestionamientos a las decisiones o la interpelación diaria ante los medios de comunicación.
También habrá que diferenciar la animosidad existente en una parte de la población que observa las medidas adoptadas a demanda de grupos de presión y otra que ve el grito tribunero que reclama mayores restricciones, pero no apoyó esa medida hace algunos meses en el ámbito parlamentario. Y es allí donde deben discutir y resolver, en ver de salir a la búsqueda de más pantallas para obtener un rédito partidario en la ciudadanía por fuera de los tiempos electorales.
Porque el incremento sostenido de casos, al menos en Uruguay, se presenta desde octubre y en los meses de verano y al comienzo de 2021 se alentaban movilizaciones a través de la redes, aunque el discurso políticamente correcto iba por otro lado.
En nuestro país hay intentos de utilizar al GACH para “llevar agua para su molino”. Claramente Radi se ha desmarcado de estas intenciones en sendas entrevistas y mantiene juicios ponderados, atravesados por una coherencia que debería ser ejemplo para algunos referentes de la política uruguaya.
Y así como no se puede actuar atravesados por el miedo, tampoco se logran adoptar decisiones personales o globales equilibradas, a impulsos de una vocinglería que no calla. Es notorio el pleno proceso de comunicación estratégica en el que se encuentran algunos referentes políticos uruguayos. Es decir, eligen momentos específicos para salir a pegar donde más duele.
No es tan difícil de comprender que las medidas sanitarias, así como la pandemia, el aumento de casos e incremento de muertes no tiene nada, pero absolutamente nada de ideológico. No obstante, conviene repetirlo para que lo entiendan y dejen de confundir a una población que ya está estresada y agotada de datos negativos.
Uruguay –junto a otros países– ha sido material de estudio para el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina (Conicet), un organismo gubernamental que depende del Ministerio de Ciencia Tecnología e Innovación del vecino país.
La investigación realizó preguntas básicas sobre la cantidad de muertos por COVID-19 y surgió que cuando había mayor apoyo al gobierno, descendía el número de fallecidos. Sin embargo, en Argentina y Uruguay, la oposición pronostica un agravamiento de la situación y demuestra un menor apoyo a las medidas del gobierno. Ese resultado “sorprendió muchísimo”, asegura Joaquín Navajas, neuropsicólogo del mencionado organismo estatal argentino.
Al menos por el caso uruguayo, no hay tal sorpresa. La necesidad de intentar posicionar liderazgos políticos –poco importa si es en tiempos de una pandemia sanitaria– es más fuerte que esta coyuntura mundial.
Están a tiempo de cambiar la pisada, pero tardan en darse cuenta. Las masas siguen a los ejemplos y así lo indica la historia. Si la clase dirigente hace juicios ponderados y se maneja con mayor tranquilidad desde su lugar de preferencia, todo lo demás vendrá por añadidura.
No es posible mirar a una pandemia de estas características desde el lugar de la acusación constante porque las medidas no será suficientes ni efectivas. Nada alcanza, si se discuten asuntos científicos y económicos desde una visión ideologizada. Porque no existe uruguayo que no tema a los resultados negativos de una economía en crisis, donde los recursos eran escasos desde antes del comienzo de esta gestión.
Por eso, si hay algo que medirá esta contingencia sanitaria será la talla de nuestros políticos e instituciones. Es una situación inédita en Uruguay, pero también para el planeta y la gestión de esta crisis no ha sido fácil para ningún gobernante en el mundo, donde reinan absolutamente todas las ideologías. Desde la derecha hasta la izquierda han tenido que lidiar con cuestionamientos internos y nadie saldrá ileso de esta situación.
Es así que deberán comprender que aquí las únicas pérdidas que cuentan son las personas, sin importar edades o comorbilidades. Son quienes dejaron de existir en medio de una coyuntura desconocida para todos.
Y porque un incremento de las tensiones políticas, el ensañamiento verbal utilizado fundamentalmente en las redes sociales o las conductas desafiantes, desencadenan un mayor estrés en los ciudadanos.
Esta coyuntura global nos ha removido como humanidad y en cualquier parte del planeta la gestión de la crisis ha tenido dificultades diversas. Al final de la pandemia habrá que calcular si esta polarización fue o no uno de los factores determinantes en el costo de vidas humanas. Los estudios científicos calculan que, al menos en Europa, este factor elevó en cinco veces el número de muertes. Y aún no ha terminado.
Cualquier medida adoptada tendrá una motivación científica y apuntará a salvar vidas. Pero en forma paralela, las cuestiones sociales, desde su punto de vista económico, tenderán a dividir aún más. Porque tampoco en este sentido hay soluciones mágicas que consigan abarcar a todas las comunidades en riesgo, en tanto ya atravesaban por una vulnerabilidad nunca solucionada en mejores épocas. → Leer más

Opinión

Por un puerto como el que necesita Paysandú

Uno de los grandes problemas que caracteriza a los países del Tercer Mundo es la ausencia, por regla general, de proyectos que tengan en cuenta las perspectivas de desarrollo y necesidades en el mediano y largo plazo. Esto, conjugado con la seria limitación de recursos e idiosincrasia, lleva a que impere el cortoplacismo y los parches y, lo que es peor, insistir con el error hasta que la realidad termina imponiéndose de forma traumática.
Consecuentemente, en pocos años surge el lamento de por qué no se hizo lo que se tenía que hacer en su momento, con visión de futuro, porque el sumar parches solo implica insistir con un gasto que es pan para hoy y hambre para mañana, a falta de una solución integral de cara a las décadas por delante.
El tema es clave en proyectos en los que interviene el Estado, aunque sea en forma exclusiva como cuando hace las veces de socio o catalizador, porque implica superar la tentación del rédito fácil e inmediato, con proyección electoral, para concebir los emprendimientos en función del interés general, del país y/o la región del futuro.
Hace pocos días dábamos cuenta de la problemática que se vive en Concepción del Uruguay, donde un proyecto de urbanización considerado necesario para revitalizar la zona portuaria, choca de plano contra los intereses de emprendimientos ya instalados en en función sobre todo de la actividad portuaria en la zona.
Ergo, Concepción está sufriendo las incompatibilidades de un puerto de ultramar activo metido en medio de la ciudad, y ello nos da la pauta de lo que puede ocurrir necesariamente en Paysandú si el puerto que tenemos en la ciudad logra generar una actividad medianamente intensa, como se procura, para servir como palanca para el desarrollo, la creación de fuentes de empleo e instrumento logístico muy significativo para la producción. Precisamente como hasta ahora el funcionamiento de la terminal portuaria local –tras las inversiones de la Administración Nacional de Puertos (ANP) en los últimos años, que hasta ha incorporado la infraestructura para el movimiento de contenedores– es muy relativo y discontinuo, la ciudad todavía no ha sido afectada por las consecuencias de este movimiento en períodos de actividad cuando un puerto funciona en serio.
Es decir que paradójicamente esta quietud disimula que no se haya manifestado en toda su magnitud la problemática, que sí se daría con un puerto en actividad más o menos a tono con las aspiraciones de quienes procuran llevar a un grado significativo esta reactivación, tras muchos años de decaimiento.
Entre las consecuencias más notorias de esta afectación están los perjuicios que implicaría para el paseo costero y la zona de recreación para niños la circulación por una vía que atraviesa zonas residenciales, con el agravado de factores como camiones de carga transitando la ciudad y un entubamiento en la zona portuaria que pasaría a ser de gran actividad con cargas pesadas, polvillo, ruidos molestos, contaminación, entre otros perjuicios.
Los sanduceros ya tenemos claras las consecuencias de la imprevisión y la inmediatez de los proyectos, cuando con el transcurrir de pocos años nos hemos encontrado con que el parque industrial de la zona noroeste quedó enclavado en medio de la ciudad, cuando el sentido común llamaba a generar un proyecto que tuviera en cuenta el crecimiento de la zona urbana en esa dirección, los accesos y la salida directa a ultramar por un puerto cercano a la ciudad, hacia el sur, que permitiera superar el ya existente escollo de los pasos a dragar sistemáticamente y que se colmaban fácilmente.
Ese error, como insistir con un puerto enclavado en la ciudad, ha costado muchos millones de dólares en parches y perjuicios, y generar una respuesta acorde a esta problemática, pensando en plazos razonables, implica por supuesto tener que gastar muchos millones de dólares más, pero esta vez con una visión de futuro y de inserción, de aggionarmiento al mundo actual y al que sobreviene, a a altura del desafío.
Pero como señalábamos, para que ello ocurra hay que volcar una inversión de envergadura, que se sumaría a los muchos millones de dólares ya gastados y de cuyo retorno no se tiene certeza. De hecho, hasta ahora la cuenta es deficitaria y las cargas portuarias han encontrado un techo que cuesta superar. Entre lo que falta hacer todavía figura levantar la línea de alta tensión, extender un ramal ferroviario, terminar el proyecto de los accesos por el sur, el dragado del canal de Casa Blanca a 23 pies, hacer realidad un proyecto de puerto seco que implica además el mover decenas de miles de toneladas internándose en zona urbana hasta llegar al puerto, con la esperanza de captar cargas tan lejanas como Paraguay.
Por añadidura, estas inversiones conllevan más infraestructura para un puerto que así y todo seguirá siendo inundable y que por lo tanto no es capaz de generar la confiabilidad y seguridad que requieren los operadores para los exigentes mercados internacionales.
Todo estos elementos deberían bastar y sobrar para que se ponga sobre el tapete la necesidad de una respuesta definitiva para la salida y arribo de cargas de volumen por vía fluvial hasta Paysandú y su Hinterland, para lo que no hay que descubrir nada: tenemos la solución al alcance de la mano, desde hace muchos años, para contar con un puerto activo, que no se inunda y con el calado requerido para las operaciones de ultramar, a similar profundidad que el de Concepción del Uruguay, y que es Casa Blanca.
Es, por lo tanto, más que nunca el momento de apuntar a decidirse enfáticamente por promover la construcción de un puerto cercano a nuestra ciudad, en Casa Blanca, que es la respuesta definitiva, económica, que es además operativo en cualquier circunstancia del río, en lugar de seguir insistiendo con un puerto en medio de la ciudad, con todas sus limitaciones e inconvenientes. → Leer más

Opinión

Los costos laborales del COVID-19

Transcurrido poco más de un año desde la aparición del primer caso en nuestro país, resulta evidente que los efectos negativos del coronavirus COVID-19 son muchos y de variada naturaleza, pero resultan especialmente graves en materia de desempleo y aumento de la pobreza.
En efecto, se trata de un fenómeno de alcance global, tal como lo ha puesto de manifiesto la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al señalar que “en 2020 se perdió el 8,8 por ciento de las horas de trabajo a nivel mundial con respecto al cuarto trimestre de 2019, equivales a 255 millones de empleos a tiempo completo. La pérdida de horas de trabajo fue particularmente elevada en América Latina y el Caribe, Europa meridional y Asia meridional. La pérdida de horas de trabajo en 2020 fue aproximadamente cuatro veces mayor que la registrada durante la crisis financiera mundial de 2009. (…) Por lo general, la pérdida de ingresos provenientes del trabajo después de la adopción de medidas de apoyo fue relativamente mayor en el caso de los trabajadores jóvenes, las mujeres, los trabajadores por cuenta propia y los trabajadores de baja o mediana calificación. Con frecuencia, la pérdida de empleos ha afectado de forma desproporcionada a los empleos con menor remuneración y de baja calificación”.
Desde el inicio de esta pandemia, en esta página hemos hecho hincapié en la importancia de los efectos económicos de la misma y lamentablemente el tiempo nos ha dado la razón. De acuerdo con el informe difundido hace algunos días por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la situación de Uruguay se encuentra en franco desmejoramiento. Según lo consignado por el diario “El País” sobre dicho documento, “La pobreza pasó de afectar a 8,8% de la población en 2019 a 11,6% de la población en 2020. Eso supuso 99.953 personas que cayeron en la pobreza –según cálculos de El País– para totalizar 409.586 personas en esa situación. Es el tercer año consecutivo en que aumenta la pobreza: de 7,9% en 2017 a 8,1% en 2018, a 8,8% en 2019 y a 11,6% en 2020. Este último guarismo es el más alto desde 2013 (11,5%). Por su parte, la indigencia se duplicó de 0,2% de las personas a 0,4% entre 2019 y 2020. En 2020 hubo 7.087 indigentes más para totalizar 14.124 personas en esa situación”.
A la caída de actividad que conlleva la propia situación de pandemia (especialmente en sectores altamente afectados tales como la hotelería y la gastronomía) se le debe sumar otro perjuicio que día a día cobra mayor importancia: las inasistencias a los lugares de trabajo causadas por cuarentenas debido al contacto con una persona que ha presentado síntomas propios del COVID-19 (fiebre, tos, etc.) o que ha sido diagnosticada efectivamente con dicha enfermedad. Este tipo de situaciones obliga a que las empresas tengan que detener su actividad en una situación de crisis, lo que agrava más aún las consecuencias de esa inactividad, la cual muchas veces resulta en el cierre definitivo de la misma, especialmente si nos referimos a micro, pequeñas o medianas empresas. Ante esta situación, correspondería al gobierno nacional analizar la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 para aquellos grupos etarios y de actividades (educación, salud, etc.) en los cuales se encuentren disponibles las correspondientes dosis. En otras palabras: la regla debería ser que si las dosis se encuentran disponibles en nuestro país, la vacunación debe ser obligatoria y sólo en caso contrario, y con carácter excepcional, la vacunación sería voluntaria.
Si bien muchas voces hijas de un malentendido sentido libertario respecto de las vacunas podría oponerse a dicha obligatoriedad, lo cierto es que en este caso el interés general debe primar sobre el interés individual, tal como sucede con las vacunas obligatorias que integran el Certificado Esquema de Vacunación: Antiparotidítica (Paperas); Anti Pertusis (Tos Convulsa); Antipoliomelítica; Antirrubeólica; Antisarampionosa; Antitetánica y Antituberculosa, ya que, de acuerdo con el Decreto-Ley 15.272 su administración es de carácter obligatorio para quienes residan en territorio nacional, en base a criterios etarios, sobre una base igualitaria y sin distinción de nacionalidad.
Nadie cuestiona las vacunas antes mencionadas ni hace referencia a que serían utilizadas para una conspiración global o a la implantación de microchips que informarán sobre nuestras actividades (algo que las empresas o los gobiernos ya pueden lograr a través de los celulares inteligentes que usamos para múltiples tareas) y por ello cientos de miles de uruguayos cumplen con su administración todos los días en todo el territorio nacional.
Así las cosas, y teniendo en cuenta no sólo la excepcional situación de emergencia sanitaria que afecta a Uruguay, sino también que el artículo 44 de la Constitución Nacional establece que “todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad”, resulta necesaria la sanción de una ley a través de la cual se establezca la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID-19 en la forma y condiciones antes señaladas, pero de tal forma que proteja no sólo la salud de la población en general sino también la de quienes cumplen tareas en lugares de trabajo e incluso de la propia fuente de empleo ante la posibilidad de que las cuarentenas sanitarias pueden terminar con el cierre de las empresas afectadas.
Si bien los uruguayos siempre hemos sido más proclives a recordar nuestros derechos antes que nuestras obligaciones, la gravedad de esta pandemia nos exige un cambio radical de las actitudes individuales ante la comunidad, y ello se traduce en que la mayor cantidad de personas que estén en condiciones de vacunarse lo hagan a la brevedad posible, pero también que aquellos que se nieguen a hacerlo pueden ser obligados a través de una ley que priorice el referido interés general, el cual está por encima de los intereses particulares como se desprende de la Constitución Nacional. De esta forma estaríamos logrando dos objetivos importantes: la protección sanitaria de la mayor cantidad de población que sea posible y el mantenimiento de puestos de trabajo, especialmente en un departamento como Paysandú, cuyos índices de desocupación superan los de la media nacional.
Sin lugar a dudas que estar sanos es un objetivo de vital importancia, pero también lo es la posibilidad de contar con una fuente de ingreso digna ya que el empleo supera la simple esfera económica y posee varias y beneficiosas consecuencias para el ser humano y para toda la sociedad.
Ante una situación sanitaria, económica y social tan grave como la actual, las autoridades deben recurrir a todos los recursos para lograr evitar o al menos mitigar sus efectos. La vacunación obligatoria contra el COVID-19 es una de las posibles soluciones y en ese sentido deberían proceder el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Se trata de una medida de sentido común en beneficio de todos, porque como lo expresa el refrán popular, “a grandes males, grandes remedios”.

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Opinión

En rojo

Considerando la situación actual en el país y lo que está ocurriendo hoy con el coronavirus en el mundo, la polémica en torno a si el sistema de salud uruguayo y, en particular, las unidades de tratamiento intensivo están saturados o pueden comenzar a desbordarse en los próximos días, es una distinción que no debería distraernos. De cualquier manera, estamos en un grave problema.
Es una crisis mundial que afecta más fuertemente a unas regiones que otras y que hoy en día tanto en Latinoamérica como Europa ha resultado imposible parar a pesar de los esfuerzos humanos y materiales realizados hasta el momento.
Un artículo divulgado por la agencia AFP en la víspera pinta un panorama preocupante para la salud del mundo: van más de 128 millones de contagios y aproximadamente 2,8 millones de personas fallecidas por COVID-19, según datos de la Universidad Johns Hopkins.
Los contagios se han disparado en un contexto complejo en el que los hospitales están saturados, las restricciones van en aumento y la campaña de vacunación avanza lentamente. Países como Francia y España se encuentran muy complicados en estas horas pero también nuestro vecino Brasil, que en estos días llegó al triste récord de ser el país con más fallecidos del mundo, con 3.780 decesos en 24 horas.
Del otro lado del río Uruguay los contagios aumentan –Argentina lleva 55.000 muertes y más de 2 millones de casos– y la vacunación avanza con dificultad debido a los retrasos de los laboratorios en la entrega de dosis, habiendo sido vacunados tres millones de argentinos con la primera dosis y 600.000 con la segunda, según cifras oficiales.
En Europa, que tiene alrededor del 35,5% de todas las muertes por coronavirus y el 30,5% de todos los casos en el mundo, la situación es muy complicada y, según Reuters, se han reportado al menos 37.221.978 de infecciones y 1.000.062 de muertes considerando a Rusia, Reino Unido y los 27 países miembros de la Unión Europea.
En Francia los hospitales están saturados de enfermos y las cifras no mejoran pese al toque de queda y otras restricciones vigentes que aumentarían en las próximas horas. Los informes de la víspera señalaban aproximadamente 5000 pacientes en CTI franceses, una cifra que se acerca al pico de noviembre pasado durante la segunda ola de la pandemia en ese país pero aún por debajo de los 7.000 registrados en la primera ola, en la primavera del Hemisferio Norte en 2020.
En Suiza los esfuerzos del gobierno federal para parar la propagación del coronavirus fueron insuficientes. En Inglaterra, los hospitales trabajan bajo mucha presión y los servicios de salud están al borde del colapso, debiendo algunos pacientes que esperar en ambulancias ante la falta de camas, según declaraciones de voceros de la Asociación Médica Británica.
Italia tuvo muchos problemas durante la primera ola de COVID-19, con falta de personal de salud, unidades de tratamiento intensivo, respiradores y hasta mascarillas. En la segunda ola los problemas allí fueron por falta de personal especializado.
España, con uno de los mejores sistemas de salud del mundo antes de la pandemia, se enfrentó a la escasez de personal médico y la insuficiencia de camas hospitalarias después del brote y tuvo que establecer hospitales de campaña en las grandes ciudades.
Alemania, con cerca de 27.000 camas de cuidados intensivos, sufrió el debilitamiento de su sistema de salud y la falta de personal de salud por lo que se les solicitó a los estudiantes de medicina participar en la lucha contra el virus.
La experiencia de lo ocurrido en todos estos países, que transitaron olas de pandemia que recién nos están llegando –y con gran impacto por cierto– muestra que aún los mejor preparados han tenido severos problemas para enfrentar el virus.
Nosotros no somos la excepción. Estamos en una situación delicada y nos encontramos en el peor momento de la crisis sanitaria, lo que es observado también con preocupación por los organismos internacionales. “Uruguay ha notificado más de mil casos diarios varias veces en las últimas semanas, lo que resulta alarmante en vista del tamaño del país”, dijo Carissa Etienne, directora de la Organización Panamericana de la Salud.
La Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva informó el 30 de marzo que el 68% del total de camas de CTI están ocupadas de un total de 858 camas operativas en todo el país y, en la víspera, el Comité de Emergencia que nuclea a unas 40 organizaciones de la salud difundió una declaración en la que reafirma las advertencias que hicieron en los últimos días distintas organizaciones respecto de una inminente saturación del sistema sanitario por el recrudecimiento de la epidemia de coronavirus en el país. También expresa su acuerdo con el documento técnico elevado por el Ministerio de Salud Pública a los prestadores de salud con recomendaciones para el ingreso y alta de pacientes en CTI.
En dicho documento, el MSP reconoce que el sistema de salud enfrenta un muy alto nivel de ocupación camas en cuidados intensivos y se exhorta a evaluar el ingreso de pacientes de forma precoz, estableciendo que en un escenario de saturación se priorizarán los pacientes “agudos, críticos, recuperables”.
En este sentido, resulta evidente que las 119 camas de CTI que incorporará el gobierno luego de Semana de Turismo son bienvenidas pero seguramente no resuelvan el problema que, además tiene otras aristas complejas en cuestiones como la saturación de líneas telefónicas para reportar síntomas, los tiempos de hisopados, las demoras en asistencia de ambulancias o la falta de recursos humanos para completar turnos en equipos sanitarios que también sufren en el impacto de la enfermedad y las cuarentenas por contactos con positivos.
En definitiva, no se trata solo de camas de CTI sino de una compleja situación que aumenta la presión y el estrés en el sistema de salud. Desde el inicio de la pandemia se hizo un llamado fuerte a aplanar la curva para no saturar el sistema de atención de salud. Pues bien, hoy estamos precisamente en ese lugar y con un futuro próximo bastante incierto.
No es un tema exclusivamente gubernamental, político o médico –aunque hay responsabilidades en cada una de esas esferas- ni tampoco un asunto fácil de resolver. Los países que tuvieron esta ola antes que nosotros intentaron surfearla lo mejor que pudieron con lo que tenían. Acá se hará lo mismo pero no debemos perder de vista que para un país pequeño como el nuestro, con recursos humanos y materiales limitados y una vacunación en inicio, el recrudecimiento de la situación sanitaria nos pone en un lugar de mayor vulnerabilidad. Nos enfrenta también al compromiso ético y humano de sumar nuestro esfuerzo para estar mejor. Ya sabemos lo que es necesario hacer ¿verdad? → Leer más

Opinión

No es solo reformar

En la más reciente edición de Pasividades, que acompañó la edición de EL TELEGRAFO del pasado 24 de marzo, el técnico Sebastián Cobas, integrante del Proyecto Soluciones Mayores exponía acerca del “edadismo”, un término que acuñó el psiquiatra y gerontólogo Robert Butler en 1968. Este término fue adoptado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) pasa describir “los estereotipos, los prejuicios y la discriminación contra las personas debido a su edad”.
Explicaba entonces Cobas que “evitar, rechazar y segregar a las personas mayores es en muchos casos un mecanismo de afrontamiento que permite a las personas evitar pensamientos sobre su propia mortalidad, el miedo a la discapacidad y a la dependencia”. El profesional describía estas tres dimensiones del edadismo citadas por la OMS: “Los estereotipos, o lo que pensamos de las personas mayores; los prejuicios, o como nos sentimos respecto a las personas mayores; y la discriminación, o como nos comportamos con las personas mayores”.
Agregaba al respecto que “muchas veces estas actitudes no vienen desde la intención de hacer daño de ningún tipo, son conductas aprendidas y naturalizadas de las que debemos tomar conciencia y trabajar para poder cambiarlas”.
Claro que en este artículo, por ser concebido para este suplemento y por ser la especialidad del autor, Cobas aludía al edadismo en específico hacia las personas mayores, pero no queda solo allí el tema. Porque el edadismo comienza a manifestarse más temprano en la vida de las personas, incluso en la última parte de su vida laboral, considerando el límite de esta en la edad mínima jubilatoria. En efecto, ocurre, y no es sorpresa para nadie, que en estos tiempos donde la oferta de mano de obra supera a la demanda, muchas personas se encuentran –por distintas circunstancias– con que deben regresar al mercado laboral en una edad que biológicamente no es tan avanzada, pero que existen barreras que les impiden competir en igualdad de condiciones.
La OMS reconoce en el artículo publicado en su página “El edadismo en el lugar de trabajo”, que “a menudo, los empresarios tienen actitudes negativas hacia los trabajadores de más edad” y expresa que “La discriminación por motivos de edad persiste aunque los trabajadores mayores no necesariamente sean menos saludables, educados, capacitados o productivos que sus colegas más jóvenes”. Y agrega que, en particular, “las mujeres mayores enfrentan el doble problema de la discriminación fundamentada en el sexo y en la edad”.
De acuerdo al organismo internacional, hay diversos estudios que han investigado los efectos de la colaboración en el trabajo de personas jóvenes y adultos mayores, con el propósito de combatir estereotipos negativos, “y en ellos se ha observado que la exposición a ejemplos positivos de trabajadores mayores puede mejorar las creencias implícitas sobre este grupo de edad”.
Cita además ejemplos de Estados que han logrado revertir la existencia de situaciones de este tipo con legislaciones que contemplen incentivos para que los empleadores flexibilicen su postura adversa a la contratación de determinados grupos etarios o de género (porque tampoco es que solamente los trabajadores mayores de 45 tengan problemas para conseguir empleo). a
¿Y cómo está este tema en Uruguay? Sin ir más lejos, la semana pasada nuestro país participó en un encuentro internacional con autoridades y técnicos de Servicios Públicos de Empleo latinoamericanos y europeos, para conocer detalles sobre la implementación de políticas de empleo. La crónica que se publicó en el portar del Gobierno acerca de esta intervención, lleva por título una cita del director nacional de Empleo, Daniel Pérez, quien manifestó que “Jóvenes, mayores de 45, mujeres, informales y personas con discapacidad son colectivos prioritarios”.
Pérez agregó que “uno de los pilares (de la política de empleo) es la elaboración de este plan integral para la promoción del empleo, solicitamos a través de Eurosocial la colaboración tanto de América Latina como de Europa para que pudieran compartir con nosotros sus experiencias y los desafíos y dificultades que ellos ven y han tenido que enfrentar, para elaborar un plan lo más adecuado posible para esta realidad”.
Pero, más allá de esperar por el aporte que se pueda recibir desde el extranjero, el país ya tiene un camino recorrido en políticas de fomento del empleo en sectores específicos. El antecesor de Pérez durante el gobierno pasado, Eduardo Pereyra, anunciaba en enero de 2019 que “toda empresa que contrate a partir del 1° de enero un trabajador de entre 15 y 45 años tendrá un subsidio mensual del 25% de un salario y medio mínimo, $ 6.000, y a quienes contraten personas mayores de 45 años recibirán 40% de un salario y medio mínimo, $9.000, por 18 meses”. Con este estímulo el gobierno procuraba crear “5.000 nuevos puestos” de trabajo, afirmaba Pereyra.
Basten estos dos testimonios como una comprobación de que en el país ya hay dificultades para que los trabajadores de 45 o más años completen su ciclo laboral de 30 años y hay por doquier personas que “se quedan cortas”, porque han estado parte su vida laboral, ya en la informalidad, sin aportar ni aparecer en los registros oficiales, o directamente en el desempleo.
Parece ser casi un hecho que la reforma de la seguridad social planteará que se lleve la edad mínima jubilatoria hasta los 65 años, lo que en términos biológicos no parece disparatado, de hecho hay muchísimas personas que siguen trabajando a esa edad, pero si nos está costando esfuerzo y dinero ayudar a encontrar trabajo a mayores de 45, qué dejamos para las personas de 60 o más años. No vaya a ser que lo que se ahorre por un lado es postergar jubilaciones, haya que aportarlo por otra ventanilla para incentivar a que se contrate a estos trabajadores. Da la impresión que son muchas las cosas que habría que cambiar. → Leer más

Opinión

El que se da por aludido, sabe que está en falta

“El que se ataja, pierde puntos”, sostiene el dicho popular, y quien se da por aludido sin que lo nombren, se acusa; son reflexiones que vienen como anillo al dedo para la salida de tono y evidente exabrupto de corte “patotero” que tuvo el presiente argentino Alberto Fernández en la reunión “celebratoria” de los 30 años del Mercado Común del Sur (Mercosur).
En esta cumbre, el presidente Luis Lacalle Pou solicitó “formalmente que se discuta en la mesa el tema de la flexibilización”, para que el Mercosur no sea “un corsé” para los intereses uruguayos.
“Lo que no puede ser ni debe ser (el Mercosur) es un lastre. No estamos dispuestos a que sea un corsé en el cual nuestro país no se puede mover, y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Uruguay necesita avanzar, nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional”, aseguró.
Como movido por un resorte, en la misma reunión, su colega argentino Alberto Fernández, sin aludir a Lacalle se refirió a sus dichos: “Si nos hemos convertido en una carga lo lamento, lo más fácil es bajarse del barco”. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y el de Paraguay, Miguel Abdo Benítez, también pidieron “flexibilizar” la dinámica del bloque.
A su vez el 22 de abril, en Buenos Aires, se celebrará una cumbre clave de Cancilleres; los países deben resolver la discusión sobre el Arancel Externo Común del Mercosur y los pedidos para flexibilizar otros acuerdos comerciales, que son precisamente los ejes centrales de los temas pendientes en el bloque regional.
El cruce entre presidentes de los países vecinos tiene antecedentes, ya desde antes del Mercosur, pero sin dudas en este caso hay componentes de orden ideológico, económico y de geopolítica, sin obviar elementos históricos y desencuentros puntuales.
La referencia al “lastre” la tomó directamente como una acusación el mandatario argentino, cuando el jefe de Estado uruguayo se había referido al Mercosur en sí, pero Fernández respondió ofuscado y se sintió aludido, mejor dicho su gobierno, por la política económica proteccionista –por decir lo menos– que lleva adelante, a contramano de la globalización de los últimos años, porque no tiene crédito internacional de ningún punto de vista y al igual que Brasil, ha dictado normas que lo favorecen en el Mercosur y practicado bilateralismo en el acuerdo regional desde su creación.
Por supuesto, la postura de Lacalle no es irse del Mercosur, sino promover una flexibilización del bloque para celebrar acuerdos bilaterales que serían fundamentales para una economía pequeña como Uruguay, en tanto Argentina, por las políticas populistas de gobiernos peronistas tiene una economía cerrada, de sustitución de importaciones y subsidios que hacen un paquete imposible de desatar sin generar escenarios traumáticos. Por su parte, también Brasil históricamente ha tenido una postura proteccionista, con los industriales de San Pablo a la cabeza, y su inclinación actual hacia la flexibilización está prendida con alfileres y aparece más como coyuntural que un cambio radical y un aggiornamiento. Pero incluso en los gobiernos del Frente Amplio, con el exministro de Economía y Finanzas Danilo Astori al frente, se planteó en varias oportunidades la necesidad de flexibilización y de ampliar las posibilidades de ingreso a otros mercados, pese a lo cual los planteos obtuvieron solo en el mejor de los casos resultados mínimos y nuestro país sigue vendiendo en el mundo con altos aranceles frente a sus competidores, porque no tenemos acuerdos comerciales con terceros, somo sí los tienen ellos.
El punto álgido en el Mercosur, por lo tanto, desde el punto de vista episódico, en gran medida se originó en que “Alberto se calentó, pero esto no implica una ruptura ni nada por el estilo. Simplemente se mostraron los dientes”, según describieron colaboradores cerca del jefe del Estado argentino. Pero es consecuente con una forma de actuar muy de los gobiernos peronistas y más aún, kirchneristas, cuando se llegó a cortar los puentes internacionales y presionar a Uruguay por diversas vías, haciendo pesar su condición de vecino con economía de mucho mayor tamaño y nuestra dependencia histórica de la nación de la otra orilla del Plata.
Por su lado, el canciller argentino, Felipe Solá, explicó lo que se vendrá el 22 de abril. “Si uno tiene que negociar, tiene que poner algo sobre la mesa. Si antes de hacerlo ya bajó lo que tenía, por ejemplo, el Arancel Externo Común, ya no tenés nada para negociar”. “Algunos países como Uruguay -dijo Solá- tienen la idea de lograr acuerdos por fuera del Mercosur. Es una idea presente en el bloque, de la misma manera que Brasil ve el Arancel Externo Común como una muralla, mientras que para nosotros es una barrera que nos protege de los países que tienen subsidios escondidos a las exportaciones”, consideró
El matutino bonarense Clarín evalúa que “el aislacionismo comercial no es gratuito, desde ya. La Argentina se está haciendo cada año más intrascendente en el comercio internacional, con una participación que se achica y su variación depende, eventualmente, del mayor o menor volumen de la cosecha agrícola”.
Además, considera que “la excusa de la restricción externa sumió a la Argentina también en un sesgo anti importador. A pesar de que sobran dólares en el mundo, y los buenos pagadores los pueden tomar a las tasas más bajas de la historia, la Argentina tiene que sentarse sobre sus pocas reservas en dólares para dosificar día a día a quién le vende dólares para pagar una importación”.
También la economista argentina Daiana Fernández Molero escribió días atrás en la revista digital Seúl que Argentina es una de las economías más cerradas del planeta “y en ese podio nos acompañan nuestros socios del Mercosur. No es casualidad: el bloque comercial terminó siendo el instrumento perfecto para gobiernos proteccionistas que buscaron blindar sus economías. El Mercosur debía ser la plataforma para salir al mundo y lo terminamos convirtiendo en un fuerte para proteger a unos pocos beneficiados. El Mercosur trabó la agenda de integración internacional, sin contribuir demasiado a la integración regional”. En esta orilla, tenemos que la Academia Nacional de Economía (Acadeco) emitió un comunicado de prensa por la cumbre del Mercosur , en el que “comparte plenamente la visión del Sr. Presidente de la República sobre el Mercosur, expresada en ocasión de cumplirse los treinta años de su fundación”.
“En efecto, el Mercosur ha resultado un verdadero lastre para los países socios de menor tamaño relativo y su flexibilización resulta imperiosa”, expresó Acadeco, y en la misma línea se han expresado la Cámara de Industrias del Uruguay y gremiales del agro, es decir sectores clave en la economía real como generadores de riqueza y de fuentes de trabajo, que necesitan mercados.
Pero en una mirada realista, surge claramente que el verdadero lastre de la Argentina es el aislacionismo económico y comercial. La economía argentina, aislada, acentúa su intrascendencia global. Fuera de toda perspectiva de atraer inversiones y un intercambio comercial estancado, pone en riesgo sus posibilidades de retomar el crecimiento, y en el Mercosur, pretende que el bloque se pliegue a sus necesidades, generadas en errores propios, cuando el Uruguay requiere abrir más su economía al mundo y obtener acuerdos preferenciales que el Mercosur no está dando. → Leer más

Opinión

Al recrudecer la pandemia, la política debe elevar la mira

En 27 días de comenzada la campaña de vacunación, Uruguay lleva realizadas 500.005 aplicaciones hasta el sábado y para este lunes están agendados casi 197.000 uruguayos. A nivel global, la estadística de inoculación está liderada por Israel con casi 112 dosis cada 100 habitantes, seguido por Emiratos Árabes con 72,6 y en América Latina encabeza Chile con 44,3.
Por el perfil poblacional uruguayo el país vacuna 12 veces más rápido que otros de la región y hasta el 19 de marzo, la tasa de referencia nacional es de 6,25 dosis cada 100.000 habitantes.
El plazo manejado por las autoridades para la profundización de las medidas prevención, se reduce a algunas semanas. Sin embargo la situación actual no es comparable con el escenario reflejado al comienzo de la pandemia, donde los casos aumentan en forma exponencial.
Al día de hoy, no es tan difícil de entender que “movernos en burbuja” significa reducir al máximo los contactos a las personas con las que convivimos. Incluso con otros miembros de la familia y aceptar, sin cuestionar, las consideraciones que se reiteran desde hace un año.
Porque desde hace más de un año, escuchamos, vemos y leemos a diario prácticamente los mismos mensajes. No es posible que el Poder Ejecutivo se vea obligado a recurrir a medidas coercitivas para hacer respetar las medidas que la población que ya sabe de memoria.
El punto de inflexión, quizá, se encuentre en las medidas de contingencia y en la pregunta recurrente: ¿Por qué algunas actividades cierran y otras se mantienen abiertas?
Asistir “en burbuja” a los espacios de alta rotación de personas como shoppings y bares, por menos tiempo de permanencia en comparación a otras épocas y respetar los aforos permitidos, es ser una opción para mantener en algo la actividad económica y reducir los contagios, pero puede que no sea suficiente.
La economía, que se ha visto enormemente afectada, puede mantenerse activa si asumimos que la responsabilidad es de todos. Sin embargo, permanentemente es necesario reiterar sobre las aglomeraciones porque por ejemplo se siguen realizando fiestas clandestinas, cuando es bien sabido que las reuniones son el caldo de cultivo ideal para la propagación del virus. O se debe imponer el cierre de un espacio público porque las comunidades no respetan los mensajes que exhorta a evitar la concentración de personas.
Pero no es éste, el de ahora, un tiempo para demostrar rebeldías adolescentes ni de pegarle a todo lo que se mueve.
Por otra parte, no es posible que un sector político pierda el tiempo hoy, en discutir sobre la forma utilizada para resolver la suspensión de la actividad parlamentaria en el Senado, ni tampoco reclamar un día por el endurecimiento de las medidas y al otro, salir al cruce por su rudeza. Un día gritar porque no están dadas las condiciones para la presencialidad en el sistema educativo y al otro, cuestionar por qué se quita el derecho a la asistencia a la escuela pública.
Un día utilizar en su discurso de confrontación continua, al complicado panorama sanitario que atraviesa el país, sin tener en cuenta su contexto regional y mundial.
Y otro día, tomar cifras del aumento de la pobreza que de manera oficial publicó el Instituto Nacional de Estadística, sin reconocer que los países a los que pretenden imitar incrementaron en forma explosiva sus propios guarismos de pobreza e indigencia. Las comparaciones sacadas de contexto y utilizadas como eslóganes se han transformado en una especialidad que se reduce a salir en la prensa todos los días.
Porque este talento no descansa ni en las crisis. Y ni en tiempos de pandemia, es posible ver una autocrítica ponderada, sino todo lo contrario. La mezquindad se ha transformado en una verdadera forma de hacer.
Esta no puede ser de ninguna manera la enseñanza que le dejemos a las nuevas generaciones porque urge elevar la mira de las discusiones.
Es correcto que no es posible concebir un mundo ni una comunidad ideal. Sin embargo, no es admisible que ante un agravamiento de los casos positivos en plena pandemia, con la consecuencia de un incremento de los casos fatales, siempre se encuentre un motivo para salir todos los días a pegarle a alguien.
Las comunidades hoy se encuentran abrumadas por sus propias realidades, con falta de empleo y elevado desánimo. Es muy flaco el favor que le hacen al tratar de imponer sus agendas, con temas que no están en la preocupación ciudadana. Vamos por más altura ante esta circunstancia. Es su tarea que se den cuenta de ello.
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Opinión

Mercosur: 30 años de frustraciones

El Mercado Común del Sur (Mercosur) tuvo un cumpleaños que nadie podría calificar como aburrido. En esta ocasión le correspondió al presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, decir en voz alta lo que muchos se guardan en silencio: el bloque regional constituido en 1991 lleva tres décadas sin funcionar y se ha transformado en una pesada máquina burocrática que acumula funcionarios muy bien pagos y frustraciones de los pueblos que financian esa estructura administrativa que poco o nada les aporta. El 30° aniversario del bloque regional lo encuentra en una situación crítica que obliga a nuestro país a pensar en su flexibilización en el corto plazo.
De acuerdo con lo informado por la Presidencia de la República, Lacalle Pou “hizo énfasis en la necesidad de sincerarse en cuanto a las relaciones del bloque, apelando al consenso pragmático” y “manifestó que es importante avanzar en aquellas acciones que los Gobiernos estén dispuestos a concretar”. Resumiendo lo que muchos uruguayos sienten en relación con este esquema de integración regional, el presidente afirmó que “Obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre. No estamos dispuestos a que sea un corsé del que nuestro país no pueda moverse, por eso hemos hablado de flexibilización”. La respuesta del presidente de la República Argentina, Alberto Fernández (“No queremos ser lastre de nadie, si somos un lastre, que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie”) no debe sorprender a nadie, ya que una de las cosas que caracteriza al kirchnerismo es precisamente una actitud agresiva, patoteril y despectiva con nuestro país, tal como lo han demostrado en el pasado los expresidentes Cristina Fernández y su esposo, Ernesto Kirchner. Para muchos seguidores de esa corriente política, así como del peronismo en general, Uruguay sigue siendo “una provincia rebelde” que debería formar parte de Argentina. Los uruguayos parecemos haber olvidado el desprecio que Cristina Kirchner le realizó al presidente Vázquez en el año 2007 al pronunciar su discurso de asunción como presidenta y señalar en forma expresa que Uruguay había violado el Tratado del Río Uruguay. Precisamente en este tipo de actos reside lo que los uruguayos debemos entender por encima de todas las cosas: cuando un presidente extranjero le falta el respeto a nuestro presidente, ese gesto constituye un insulto a todo el pueblo uruguayo sin distinciones, porque de acuerdo a nuestra Constitución quien ocupa la primera magistratura es el Jefe de Estado y también Jefe de Gobierno, y por ello representa a todos los uruguayos, hayan votado por él o no. Lamentablemente para los peronistas (y para muchos políticos uruguayos que festejan las palabras de Alberto Fernández) Uruguay es un país independiente, soberano, republicano y democrático cuyos índices de desarrollo humano, índices de pobreza, calidad democrática o niveles de corrupción deberían tratar de imitar en lugar de transformarnos en blanco de sus frustraciones y fracasos.
La dura realidad es que, con el paso de los años, el Mercosur se ha transformado en una jaula de oro custodiada tanto por Argentina como por Brasil, quienes hacen valer su gran peso geopolítico en la región para evitar que tanto Paraguay como nuestro país puedan establecer acuerdos comerciales bilaterales en forma directa. A modo de ejemplo podemos citar el caso de Estados Unidos y la República Popular de China, países con los cuales Uruguay ha tratado en los últimos años de celebrar tratados de libre comercio pero que han fracasado tanto por las presiones argentinas y brasileñas como por las provenientes del Pit Cnt y del Frente Amplio –brazo político y sindical de una misma causa–, aún contrariando los intentos del entonces presidente Tabaré Vázquez. A modo de ejemplo, si Uruguay hubiese firmado un tratado de libre comercio con Estados Unidos –frustrado por una rápida movida del entonces Canciller Reinaldo Gargano, del Partido Socialista–, seguramente Paylana hubiese continuado exportando por varios años más, dado que el único nicho de mercado que le quedaba como posible era precisamente Norteamérica. Y si tuviera hoy un tratado de libre comercio con China los productos lácteos sanduceros podrían llegar a ese país un 30% más baratos y la planta de PILI estaría abierta en lugar de estar esperando por una solución que se va dilatando cada vez más. Resulta importante destacar que en 2020 China fue nuevamente el principal socio comercial de Uruguay, representando el 27% de las exportaciones de bienes, con US$ 2.149 millones exportados. En segundo lugar se ubicó Brasil (15%), seguido por la Unión Europea (14%), Estados Unidos (7%), Argentina (5%) y México (3%). El porcentaje de exportaciones a territorio argentino deja en claro que no se trata precisamente de nuestro principal socio comercial, a pesar de que a sus actuales gobernantes le guste actuar y tratarnos como si lo fueran. Una cartera de exportaciones diversificadas le dará a nuestro país mayores posibilidades de superar crisis puntuales de algunos de sus compradores, estrategia que se resume popularmente como “poner los huevos en diferentes canastas”.
Teniendo en cuenta todo lo mencionado, es hora de que Uruguay impulse por fin la flexibilización del Mercosur, defendiendo su vocación de país exportador y abierto al comercio internacional y protegiendo al mismo tiempo el trabajo de nuestros habitantes. Al hacerlo, no estaremos “inventando la rueda” sino que estaremos honrando doblemente la tradición artiguista en esta materia. En primer lugar, cumpliremos con el espíritu de las Instrucciones del Año XIII, cuyo artículo 14 disponía que “ninguna tasa o derecho se imponga sobre artículos exportados de una Provincia a otra; ni que ninguna preferencia se dé por cualquiera regulación de Comercio o renta a los Puertos de una Provincia sobre las de otras ni los Barcos destinados de esta Provincia a otra serán obligados a entrar a anclar o pagar Derechos en otra”. En segundo lugar, pondremos límite a los habituales exabruptos de los políticos peronistas porteños quienes han llegado a afirmar la falsedad de que “Artigas quería ser argentino y no lo dejaron” ya que como lo señalaba el artículo 19 de las mencionadas Instrucciones del Año XIII ya en ese entonces era necesario disponer “que precisa e indispensable sea fuera de Buenos Aires, donde reside el sitio del Gobierno de las Provincias Unidas”. En el mismo sentido de la defensa del libre comercio y los intereses locales, los artículos 12 y 13 de ese documento dispone que los puertos de Maldonado y Colonia sean libres para todos los buques que concurran a la introducción de efectos y exportación de frutos, estableciendo aduanas en ambos y pidiendo al Comandante de las Fuerzas de su Majestad Británica, para que proteja la navegación o comercio de su Nación. Esperemos que Buenos Aires no rechace en pleno siglo XXI nuestras posiciones históricas a favor del libre comercio, tal como lo hizo con los diputados orientales y sus instrucciones en el año 1813.
A pesar de las afrentas que algunos gobernantes del vecino país han inferido a nuestros presidentes, existe una hermandad histórica indisoluble entre argentinos y uruguayos. Ese debe ser el punto de partida para que Uruguay sea tratado con respeto y dignidad y ejerza su legítimo derecho a transitar las estrategias comerciales internacionales que mejor defiendan sus intereses y el bienestar de sus habitantes. No podemos ni debemos renunciar a ser un país abierto el comercio, una práctica que forma parte del legado de nuestro máximo héroe nacional, José Gervasio Artigas. → Leer más

Opinión

Fideicomiso y deporte deben ir de la mano

La Intendencia acordó un fideicomiso de hasta 25 millones de dólares, y al acortar el plazo de pago –que originalmente era de 20 años– redujo los costos en aproximadamente ocho millones y medio de dólares.
El fideicomiso terminará de pagarse en 2036, pero luego de tantos datos es tiempo de que la comuna comience a definir a qué obras se destinará ese dinero, pensando en una ciudad a futuro. Hay un aspecto importante más allá de las ideas que se han pensado en voz alta con respecto a en qué se invertirá, y es que las autoridades no deben olvidarse de la infraestructura deportiva, que debe estar incluida a la hora de establecer las prioridades y proyectos a llevar adelante.
En principio, son varios los que deberían ponerse sobre la mesa en cuanto al deporte se refiere. Hace pocos días se confirmó que, seguramente a través de un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se concretará la remodelación del velódromo municipal, lo que sin dudas es por demás bienvenido y no se hará otra cosa que justicia con una infraestructura muy importante, que se trata nada menos que de una réplica exacta del velódromo ubicado en el parisino Parque de los Príncipes.
Si bien la noticia fue bien recibida no solo por quienes practican la disciplina y de los aficionados al deporte del pedal, la Intendencia tiene que comenzar a apuntar a otros escenarios que merecen y deben ser recuperados. Y si el fideicomiso será utilizado a obras que den una posibilidad de desarrollo real a la ciudad, no pueden quedar ajenas.
Pero no solo por el hecho de que de una vez por todas una administración centre la atención en la infraestructura deportiva, siempre dejada de lado y sin recibir los necesarios trabajos de mantenimiento pese a haberse construido con dinero de los sanduceros, sino porque se trata además de una posibilidad de cosechar ingresos.
Hace pocos días el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá, dijo a EL TELEGRAFO que el Estadio Artigas debe ser tomado como una unidad de negocio. “Tiene que recibir equipos de Montevideo y también de Argentina”, dijo, y agregó que “vamos a trabajar en eso porque hay que reflotarlo” a futuro, “porque si hay idea de invertir en este estadio, está bueno que se utilice y que de alguna manera podamos tener actividades internacionales”.
La mirada de Bauzá no es equivocada, y ni siquiera es novedosa. Pero en sí se trata de una visión moderna del deporte que merece ser implementada de una vez por todas. Mucho más allá de darles actividad, todos los escenarios deportivos sanduceros deberían ser tomados como una unidad de negocio, lo que en primera instancia permitiría que fueran autosustentables, evitando así un costo importante para la comuna, que habitualmente no tiene este aspecto en carpeta.
Sin tener en cuenta el velódromo, el Estadio Artigas y el Estadio Cerrado aparecen en primera línea. El primero de ellos, remodelado y transformado en estadio para la Copa América 1995, tiene un estado deplorable en sus instalaciones y una cancha que parece un paño de billar. Más claro: se puede jugar divinamente al fútbol, pero la infraestructura edilicia es inexistente.
No es nuevo el enorme problema que tiene el escenario en su Tribuna Oeste, que en su momento hasta terminó siendo tomado como caballito de batalla político, con acusaciones cruzadas y sin que a nadie le importara realmente alcanzar una solución. Apenas un techo por encima de las cabinas de prensa atinó a minimizar un problema que se fue agudizando. Igual, el resto del escenario merece su atención.
Apenas cruzando la calle, el Estadio Cerrado luce techo nuevo gracias a una serie de actores liderados por la anterior administración comunal, pero sigue a la espera de una aggiornamiento importante pensando a futuro, comenzando con su cancha, algo que también estuvo en carpeta pero que no pudo confirmarse.
Ambos escenarios son claros ejemplos de que pueden administrarse como unidades de negocio. Y deberían incluso administrarse por separado del resto, para evitar la desidia con la que muchas veces se ha tratado a estas instalaciones y asegurar su buen funcionamiento en todo aspecto.
A metros de la nueva terminal de ómnibus y su shopping, en una zona que se ha convertido en neurálgica para la ciudad, los espacios ociosos debajo de las Tribunas Sur y Norte del Estadio Artigas bien pueden aprovecharse para instalar locales comerciales y hasta un museo del deporte sanducero. Y al Estadio Cerrado también existen posibilidades para darle una nueva vida, más allá del deporte propiamente dicho.
Estos dos escenarios no pueden ni deben estar por fuera de las obras para las que se utilizará el fideicomiso, no solo pensando a futuro, sino porque los gobernantes tienen la obligación de mantener las instalaciones construidas con dineros públicos, que no provienen de otro lado que de los impuestos.
Pero no hay que olvidarse además del Estadio Abierto, un obra inconclusa que está prácticamente en abandono, más allá de la pintura de la cancha realizada por la administración anterior, y de la importancia de poder generar un punto importante para el deporte en pleno centro de la ciudad, con todas las posibilidades que ello podría generar.
Y un punto importante a tener en cuenta es la posibilidad de techar alguno de los complejos deportivos municipales, lo que permitiría la enseñanza de la natación durante todo el año, apostando no solamente a la práctica y enseñanza del deporte en sí, sino a una brindar una herramienta clave en la lucha contra el flagelo de los ahogamientos. → Leer más