Opinión

En un artículo que publicamos esta semana en EL TELEGRAFO dábamos cuenta de la preocupación planteada por el sector de los expendedores de combustible a raíz del fuerte incremento en las ventas de los vehículos eléctricos y el impacto que esto va a tener en su negocio. No con ánimo de plantear algún tipo de defensa, que ya tendrán ellos sus canales para hacerlo —y además aseguran que están en un plano de buen diálogo con el Gobierno— pero sí con la intención de considerar sus argumentos como un insumo en el razonamiento, recordemos que ha enfatizado el expresidente de la Unión de Vendedores de Nafta del Uruguay (Unvenu), Daniel Añón, que el año pasado uno de cada cuatro autos que se vendieron fue eléctrico, que en este año están previendo que alcancen a la mitad del total, y que en las estaciones de la costa de Montevideo, las de las zonas más pudientes, donde se han vendido más vehículos eléctricos, la merma en el expendio de combustibles líquidos ha alcanzado hasta al 20% en algunos puntos. Esto, aseguran, hace pensar que en un plazo mucho más cercano de lo que inicialmente se preveía, su rentabilidad estará en riesgo y deberán hacer cambios. En función de ello es que plantean abrir una discusión sobre el actual régimen de subsidios a la movilidad eléctrica.

En el mismo artículo se citaban declaraciones del gerente de Unvenu, Federico de Castro, quien transmitía las dificultades para simplemente transformar las estaciones de servicio en “electrolineras” —como se les llama en otros lugares— o complementar lo que deja de ingresar por la venta de naftas con lo de los “surtidores eléctricos”, en la medida que en los países con mayor desarrollo en la movilidad eléctrica, la experiencia indica que la carga es esencialmente hogareña y los puntos de carga públicos son complementarios, se recurre a ellos en casos de urgencia.

Un informe en el sitio español especializado en la cultura automotriz Motorpasión da cuenta de la situación en ese país al respecto, en el que se plantea que mientras muchos informes infieren a la falta de cargadores rápidos “especialmente fuera de los grandes corredores de tráfico y en las zonas con menos población”, la realidad indica que la infraestructura de carga en toda Europa está subutilizada. “Hay más de 1,1 millones de puntos de carga para 15 millones de vehículos enchufables (9,3 millones de coches 100% eléctricos), pero su tasa de utilización apenas alcanza entre el 2% y el 8%”. Esto equivale a entre 30 minutos y 2 horas de ocupación al día. “Una miseria en términos económicos que desalienta a los operadores”, opina. Agrega que empresas que operan en ese mercado sostienen que “el verdadero problema no es la falta de cargadores, sino la escasez de vehículos eléctricos por punto de recarga. Es decir, según ellos, no hay más cargadores porque no hay más coches eléctricos”. En otras palabras, la movilidad eléctrica no requiere de la misma cantidad de puntos de carga que los automóviles tradicionales. Motorpasión cita a Philipp Senoner, CEO de Alpitronic, uno de los líderes europeos de las recargas, quien explicaba en una entrevista con Electrive.net “que el verdadero quid de la cuestión ya no es saber si se necesitan más puntos de recarga para fomentar el crecimiento de los vehículos eléctricos, sino más bien constatar que hay muy pocos coches eléctricos por punto de recarga”.

La principal causa a la que atribuyen el bajo aprovechamiento es que el 89% de las recargas se realizan en domicilios particulares. También mencionan problemas de visibilidad y acceso a los puntos públicos, hay averías técnicas frecuentes, los vehículos que ocupan plazas tras completar la carga, y tiempos excesivos de recarga en híbridos enchufables y algunos eléctricos.

Claramente no es por ahí, como dicen los jóvenes, y si –como sostienen los estacioneros– el negocio de la venta de nafta tiene fecha de vencimiento, no será el despacho de electricidad el que los sostenga. Por más que para el creciente parque electrificado sea tan buena noticia saber que dispone de más puntos de carga, como buena noticia es para quien conduce un auto de combustión interna descubrir una estación de servicio que le queda de paso.

Es cierto que muchas de estas características que tiene el mercado de los automóviles eléctricos y el impacto del cambio tecnológico lo venimos descubriendo sino a la par, por lo menos a bastante corto plazo de distancia en relación con el resto del mundo, y que aunque hay muchos estudios al respecto, la verdad de la milanesa es la que dicta la realidad, que se encapricha en llevar la contra a los analistas especializados una vez tras otra. Así y todo, es muy inquietante ver en tiempo real como decisiones gubernamentales, aun amparadas en acuerdos interpartidarios —como ocurre con todo esto de la transición tecnológica— pueden ocasionar que en cuestión de muy pocos años un sector importante de la economía deje de ser rentable.

Un exceso de beneficios —que es lo que dan a entender los estacioneros que ha ocurrido— puede desequilibrar completamente un mercado y volcar peligrosamente la balanza. Hoy, con el mercado de los vehículos eléctricos ya consolidado —nadie puede dudarlo con la quinta parte de las ventas totales— y pretendiendo corregirlo, se puede caer en un nuevo error si se cambian las reglas de juego abruptamente.

Por más que todo esto se pueda leer como un nuevo indicio de que a todos les puede llegar su Uber, y por más que ya no estemos en pandemia, sigue siendo conveniente manejar con prudencia ciertas perillas.

La Comisión de Salud Pública y Asistencia Social de la Cámara de Diputados tiene en este momento —en realidad, no ahora mismo, porque se encuentra en receso veraniego— no uno, sino dos proyectos de ley relacionados con la prevención de los ahogamientos. Ambos fueron presentados el año pasado y poseen características diferentes: mientras uno promueve la elaboración de un Plan Nacional de Seguridad Acuática, el otro es más específico y traza las líneas generales de un Programa Nacional de Prevención del Ahogamiento Infantil.

En muchos puntos, estos dos proyectos son complementarios y, con voluntad y espíritu colaborativo, serían fácilmente unificables. Pero veremos; no sería la primera vez que nos sorprendamos. Como por el momento se trata de dos iniciativas, así las referiremos, aunque no es la idea de este espacio desglosar en detalle las propuestas legislativas, en especial aquellas que todavía están a consideración de una comisión parlamentaria, cuya tarea es mejorar el proyecto inicial. Es decir, estas iniciativas seguramente sufrirán modificaciones.

De todos modos, cabe señalar que el primero de los proyectos mencionados, antes que nada, declara el ahogamiento como un problema de salud pública y plasma algunas definiciones al respecto, como que se entenderá, a efectos de la ley, “la seguridad acuática como el conjunto de todas aquellas acciones destinadas a prevenir el ahogamiento, cualquiera sea el escenario, las condiciones, la época, el grado o la edad de la persona en que el riesgo se produzca”. En ese contexto, encomienda al Ministerio de Salud Pública “la elaboración de un Plan Nacional de Seguridad Acuática adecuado a la realidad nacional. El mismo tiene por fin procurar el abordaje integral del grave problema de salud que representan los ahogamientos en nuestro país”.

El proyecto establece, además, que este plan “promoverá programas de educación y capacitación en acciones de seguridad acuática, con énfasis en los centros de enseñanza y en el personal de rescate y de salud”, y contendrá “las medidas de prevención primaria, secundaria y terciaria basadas en la mejor evidencia científica disponible, contemplando siempre la realidad nacional”.

En cuanto al otro proyecto, que —como referíamos— tiene una orientación más específica hacia el público infantil, se manda a “la Secretaría Nacional del Deporte de la Presidencia de la República, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Desarrollo Social, la Administración Nacional de Educación Pública y el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay” la elaboración de un programa nacional de prevención del ahogamiento infantil, dirigido especialmente a la franja comprendida entre 0 y 6 años.

Entre las disposiciones que se proponen para este programa se menciona que “deberá comprender aspectos de divulgación, espacios de reflexión y jornadas informativas sobre el tema, a nivel de los sistemas formales de salud y enseñanza, y de los proyectos socioeducativos de educación no formal”, entre otros. Pero también se indica que tanto las piscinas públicas como las privadas “de uso colectivo, enterradas o elevadas, en lugares abiertos o cerrados, en lo posible, deberán contar con barreras o cercas de seguridad y alarmas de inmersión, en su caso, en los términos que establezca la reglamentación”.
Del mismo modo, se señala que “los propietarios o tenedores de piscinas domésticas de uso privado procurarán iguales medidas a las previstas en el inciso anterior”, en especial cuando habiten menores de edad en el hogar “o cuando no existan barreras perimetrales de contención que impidan el acceso de terceros a la propiedad”.

El primero de los proyectos es muy amplio en su enfoque y el segundo es bastante específico en cuanto a su objetivo de acción frente a un tema por demás sensible, no solo en nuestro país, sino también en Uruguay, y especialmente en algunos segmentos etarios concretos.

En la propia fundamentación de los proyectos se incluyen datos que dan cuenta de la relevancia de la problemática. “Según datos de la OMS, casi 400.000 personas fallecen por año por esta causa, siendo la mayoría de las muertes en personas menores de 25 años, por lo que las edades más comprometidas son la infancia, la adolescencia y los adultos jóvenes. Según datos proporcionados por el MSP, entre los años 2012 y 2017 fallecieron 396 personas por ahogamiento. En los últimos cinco años, en Uruguay fallecieron 189 personas por ahogamiento, un tercio de ellas menores de 19 años, siendo la primera causa de muerte por lesiones no intencionales en los menores de 5 años y en los menores de 10 años”, plantea el primero de los proyectos en su fundamentación. “El 30 % de los ahogamientos que ocurren en nuestro territorio corresponde a jóvenes entre 14 y 24 años. En todos los casos prevalece la cifra de varones sobre la de mujeres, con una relación aproximada de 4 a 1”.

Agrega además datos proporcionados por la Mesa Interinstitucional de Seguridad Acuática (MISA), que funciona en la órbita del MSP desde enero de 2018. Ese año ocurrieron 178 eventos adversos (rescates, ahogamientos y fallecimientos), de los cuales el 62 % tuvo lugar en playas, ríos y arroyos, y el 4,5 % en piscinas (8 eventos), siendo los principales departamentos Montevideo, Canelones, Colonia y Maldonado. Asimismo, el 45 % de los eventos fatales ocurrieron en ausencia de supervisión, ya sea por parte de un adulto —en el caso de niños y adolescentes— o de personal calificado (lugares sin guardavidas o fuera de su horario).

También se menciona que el ahogamiento por inmersión es la principal causa de muerte accidental entre los niños de 0 a 6 años. A nivel mundial, las tasas más altas de ahogamiento se registran entre los niños de 1 a 4 años, seguidas por las de los niños de 5 a 9 años. El segundo de los proyectos, en su fundamentación, señala que “sin perjuicio de los fallecimientos, que constituyen la consecuencia extrema, deben tenerse en cuenta las secuelas que estas situaciones también producen, y que suelen ser graves, permanentes e invalidantes. Las mismas comienzan a generarse, desde la fase más leve a la más grave, al cabo de los 21 segundos de sumersión. La aparición de severas secuelas neurológicas es inevitable tras algunos minutos”.

Quizás una ley, un programa o un plan nacional no solucionen por sí solos una problemática que es compleja; es justo reconocerlo. Pero qué buena señal sería que todo el sistema político encontrara los acuerdos necesarios para que, una vez finalizado el receso, se pueda avanzar en un proyecto unificado y que no pase un verano más sin tener activa alguna de estas herramientas.

A partir de la “extracción” del dictador Nicolás Maduro, y la sucesión de los hechos posteriores que se han ido registrando –más los que vendrán, seguramente– se ha mencionado como un dato casi marginal la participación cubana en Venezuela, hasta que por el episodio apuntado se “descubrió” –reconocido por el propio gobierno de Miguel Díaz Canel– que el dictador que ahora compare ante la Justicia de Estados Unidos, estaba rodeado por un séquito de élite, constituido por guardaespaldas cubanos, una especie de “guardia pretoriana” de la isla caribeña, compuesta por 32 de los denominados “avispas negras”.

Si bien estos militares “premium” cayeron en el operativo relámpago y sorpresivo de las fuerzas militares estadounidenses, y su misión era defender al tirano de operativos como el que se concretó exitosamente, hay analistas militares internacionales que han acotado que la sorpresa y la eficacia del operativo fue tal, que impidió a estos militares cubanos cumplir un objetivo siguiente en caso de que no pudieran evitar la extracción, y era el de eliminar al propio líder chavista para que no cayera vivo en poder de los norteamericanos debido a la enorme cantidad de datos y secretos que ligan a Cuba –y varios países de Latinoamérica– con la tiranía venezolano, incluyendo naturalmente a los aliados como Rusia, Irán, China, Corea del Norte, entre otros.

El gobierno cubano tuvo que reconocer la presencia de sus militares, lo que da la pauta de que la “intervención” militar no solo fue de parte de los militares enviados por Donald Trump, sino que hay cubanos en lugares estratégicos, como así también efectivos y personeros de los regímenes de las naciones mencionadas, lo que confirma que Venezuela es una base estratégica de un eje internacional que opera en la región, donde trata de tener creciente influencia.

Cuba y Venezuela, por afinidad ideológica, mantienen desde 2000 un convenio integral de cooperación que permite a miles de médicos cubanos, profesionales de la educación, el deporte y otras esferas, desenvolverse en Venezuela.

Díaz Canel dijo que los cubanos “cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país”, y subrayó que murieron tras “férrea resistencia, en combate directo contra los atacantes o como resultado del bombardeo a las instalaciones” durante la captura de Maduro y su esposa.

Pero volvamos a Cuba, que es la gran derrotada en este proceso que pone a Maduro ante los tribunales en el país del norte, porque todo indica que se quedará sin el petróleo venezolano, el que le salía casi gratis –unos 30.000 barriles diarios, la mitad del consumo en la isla– y que intercambiaba por algunos servicios, caso de los militares de élite adjuntos al exhombre fuerte venezolano y prestaciones de asistencia médica, entre otros.

El punto es que estos hechos coinciden con la mayor crisis que ha padecido históricamente el régimen creado y potenciado por Fidel Castro, y según coinciden todos los analistas –y se puede ver en las infinitas publicaciones hechas por ciudadanos cubanos en redes sociales, donde muestran un país en ruinas–, Cuba está atravesando el peor momento económico en los 67 años de historia de su revolución comunista.

Si bien es conocido que a lo largo de las décadas la isla ha tenido emigración masiva, escasez de alimentos y malestar social, nunca antes los cubanos han experimentado un colapso tan grave y generalizado desde el punto de vista social.

Así y todo, Cuba se beneficiaba hasta hace pocos días de la relación con Maduro y dependía del petróleo que enviaba, mientras por otro lado la población padece constantes apagones por la crisis de generación, de diez y hasta quince horas por día. En los últimos años, los cubanos se han quejado porque las asignaciones mensuales de arroz, porotos y otros alimentos básicos que recibían de las tarjetas de racionamiento del gobierno solo duraban diez días, pero ahora, las tarjetas son prácticamente inútiles porque rara vez hay comida disponible en las tiendas de racionamiento del gobierno.

A la vez, es casi imposible encontrar medicamentos sin tener que apelar a familiares en el extranjero que los envíen, y el escenario ha ido en creciente deterioro desde mediados de la década de 1990, tras el colapso de la Unión Soviética y el resto de los países del denominado “socialismo real”.

El gobierno cubano ha atribuido constantemente sus dificultades económicas a un embargo comercial estadounidense que, según afirma, limita su capacidad para operar en el mercado mundial y obtener los ingresos que tanto necesita, pero la realidad indica que el problema radica en su propia incapacidad interna, por el régimen socialista de propiedad colectiva estatal, de no poder autoabastecerse hasta de los alimentos más esenciales, incluso de aquellos en los que tiene enormes ventajas comparativas por suelo y clima para producir.

El propio presidente Miguel Díaz Canel ha reconocido días pasados que se está librando en ese país “una batalla concreta por la estabilidad en la vida cotidiana, para que los salarios sean suficientes, para que haya comida en la mesa, para que terminen los apagones, para que se reactive el transporte, para que las escuelas, los hospitales y los servicios básicos funcionen con la calidad que merecemos”.

Es que el final del año pasado, el producto interno bruto del país había caído más de un 4%, según dijo el propio mandatario, con el agregado de que la inflación se estaba disparando y las entregas de alimentos racionados no se estaban cumpliendo.

Y además de este panorama desolador en Cuba, el futuro inmediato no promete nada mejor, sino al contrario: si se corta radicalmente el flujo de petróleo venezolano, que pasa a manos de Trump, el impacto sería devastador, con mayor escasez de combustible para transporte, alimentos y servicios básicos, aumento de la inflación y deterioro de bienes esenciales, además de colapso de servicios públicos.

Ello es posible porque las importaciones de crudo están en caída, la infraestructura energética es obsoleta, los equipos no se mantienen ni reponen, y el sector productivo resulta insuficiente para el autoabastecimiento y menos aún para generar divisas que permitan comprar petróleo en el mercado internacional, por lo que estamos ante una convergencia de crisis energética, económica y social, que tiene efecto-causa agravada en la pérdida del socio ideológico que era Nicolás Maduro. Incluso Turquía retiró la central eléctrica flotante más potente con que contaba el país por falta de pago, y solo queda una en funcionamiento de ocho que llegó a tener.

Es decir, que el régimen cubano ya caminaba con muletas, pero ahora trastabilla peligrosamente porque no está Maduro para darle una mano y no puede siquiera seguir transmitiendo una imagen engañosa ni a sus propios incondicionales ideológicos, que con poco entusiasmo todavía siguen agitando banderitas cubanas para engañar incautos, presentándolo como el paraíso –al que ellos no van, naturalmente, sino que van a refugiarse, a estudiar o buscar trabajo al “imperio” que rige Trump–.

Es que como bien expresa la histórica frase atribuida a Abraham Lincoln, “se puede engañar a algunos todo el tiempo, a todos algún tiempo, pero no a todos todo el tiempo”: la porfiada realidad termina por imponerse.

En Uruguay, desde el año 2020 se registran más muertes que nacimientos. El fenómeno lleva casi diez años y es una tendencia que se profundizará críticamente hacia 2070.
Anualmente se reafirma esa realidad. De hecho, en 2025 hubo 28.903 nacidos vivos, fueron 29.899 en 2024, 31.385 en 2023, 32.301 en 2022, 34.601 en 2021 y 35.874 en 2020. El descenso es inexorable, anunciado desde hace tiempo por los expertos estadísticos y documentado en los sucesivos informes del Instituto Nacional de Estadística.

Esta realidad se visibiliza en ámbitos como la salud, pero impacta también en la educación y la seguridad social.

El último censo, efectuado en 2023, mostró ese descenso continuo en el reemplazo poblacional y en la tasa global de fecundidad. Mientras que el umbral de reemplazo es de 2,1 hijos –el mínimo para mantener estable la población–, en Uruguay la tasa de hijos por mujer se ubica en 1,2. Esa diferencia, casi la mitad, no alcanza para mantener el nivel poblacional.

En esta estadística hay otro trasfondo: ha descendido la cantidad de embarazos adolescentes, incluso entre mujeres hasta 24 años. Además, en la decisión de tener un único hijo inciden factores culturales, asociados al esfuerzo y dedicación a la crianza, así como factores económicos y sociales.
Lo que ocurre en el país también se registra a nivel global. Antes sucedió en Europa y se notó en la postergación de los embarazos y en la decisión de formar una familia en edades más avanzadas.
El fenómeno tendrá impacto en la seguridad social: habrá menos aportantes, menos trabajadores que financien el sistema de salud y una población más envejecida que requerirá atención desde diversos ámbitos.

El sistema de salud, cuidados, pensiones y jubilaciones se verá tensionado y quedará en evidencia que una reforma de la seguridad social –no solo jubilatoria– no alcanzará a cubrir las necesidades de cobertura.
Los estadísticos advierten que algunas propuestas no lograrán el objetivo final de promover la natalidad. Por ejemplo, el pago de bonos por hijos, experiencia que tampoco funcionó en otros países.

Los demógrafos Ignacio Pardo y Gabriela Pedetti consideran que la evidencia es clara: el incremento de dinero que reciben las familias no se sostiene en el tiempo. El exdirector del INE, Diego Aboal, explicó que esa política de incentivo “como mucho” puede mover la tasa desde 1,2 hasta 1,5, pero no se acerca al 2,1 ideal para que la población no decaiga.

Lo que da resultado tiene un costo económico y requiere compromiso de sostenibilidad en el tiempo. Ambos factores son difíciles de conciliar en el país, porque siempre faltan recursos. Además, implica políticas de cuidados y de conciliación entre la vida familiar y laboral.

Durante la pasada campaña electoral, hubo candidatos que expusieron las dificultades de un sistema de cuidados inviable, como el existente en Uruguay, que no resuelve los problemas de quienes lo necesitan. Incluso, el Estado no debe estar a cargo de todos los problemas, porque surgen ineficiencias e inequidades.

Algunas propuestas se enfocan en centros CAIF a tiempo completo, porque cuatro horas no alcanzan y no todas las redes familiares o comunitarias apoyan o contienen. Esta realidad se observa en un escenario donde el 85% de los niños va a la educación pública, y tres cuartas partes concurren cuatro horas diarias, la mitad de lo que ofrecen algunos colegios privados.

Los demógrafos han propuesto la extensión de la licencia por paternidad. En Uruguay, desde el 1° de enero de 2025, se amplió a 20 días tanto para trabajadores públicos como privados.

Entre las iniciativas parlamentarias, el diputado nacionalista Álvaro Dastugue propone beneficios fiscales y sociales, como la exoneración del IVA en bienes y servicios esenciales para la primera infancia. Por su parte, el senador colorado Pedro Bordaberry apunta a la inmigración, con beneficios y residencias para quienes decidan vivir en Uruguay.

El escenario es acotado, porque los migrantes no cuentan con políticas de contención y padecen las mismas dificultades económicas que otros grupos vulnerables: empleo precario, altos costos de vivienda y tarifas públicas elevadas. Esto profundiza dramas asociados al desarraigo, desempleo, informalidad y pobreza. Europa sirve como espejo, donde la integración de poblaciones es cada vez más compleja.
El censo revela que entre el 3% y el 4% de los nacimientos anuales provienen de mujeres migrantes. El cambio de enfoque puede ser trascendental: transformar las políticas pronatalistas o de fijación de población migrante hacia una mirada que mejore la realidad de la niñez actual, donde uno de cada tres niños nace en hogares pobres sin cubrir necesidades básicas.

Desde el discurso, se afirma que la niñez es una prioridad, pero medidas como la ampliación de transferencias monetarias no alcanzarán si no se amplían las capacidades de respuesta a otras necesidades. El desafío futuro es permitir que los niños logren trabajos productivos, incrementen el crecimiento del país y aporten a la sostenibilidad fiscal.

Es volver, con plena actualidad, a parafrasear a la educadora Reina Reyes, cuando en 1970 preguntaba: “¿Para qué futuro educamos?”

Creada en el año 1948, la Organización de Naciones Unidas (ONU) atraviesa una de sus crisis de credibilidad más severas, multicausales y persistentes a lo largo del tiempo.

En efecto, en palabras del especialista Jesús A. Núñez Villaverde, “hablar de crisis de la ONU se ha convertido ya hace tiempo en un lugar común, hasta el punto de que cada referencia al inminente colapso del orden internacional basado en normas cabría interpretarlo como un clavo más en el ataúd del legítimo representante de la comunidad internacional. Desgraciadamente, por voluntad directa de sus Estados miembros ha ido quedando crecientemente marginada y sin capacidad real para cumplir la principal de sus tareas: evitar la guerra. Así, se repiten hasta la extenuación las críticas contra el escaso poder de su secretario general, el magro balance de la diplomacia preventiva y de las operaciones de paz desplegadas en todos los rincones del planeta o la rémora que supone un Consejo de Seguridad lastrado por una composición y un proceso de toma de decisiones que no se ajustan a la relación de fuerzas del mundo actual”. Sin perjuicio de todo ello y de la crisis financiera que enfrenta la institución fruto de la caída de la contribución realizada por los países miembros (caída que refleja la falta de confianza de los mismos en la ONU), lo cierto es que se trata de una organización cuya imagen y credibilidad se encuentran muy dañadas. Durante décadas, la ONU ha demostrado con total éxito su inoperancia y falta de capacidad para lograr evitar o el amenos atemperar los conflictos armados que siguieron a la Segunda Guerra Mundial: la guerra de Corea, el conflicto armado en Vietnam, las masacres de la antigua Yugoslavia o de Ruanda, así como la invasión de Rusia a Ucrania, absolutamente todo lo que ha sucedido en Medio Oriente desde el ’45 a la fecha, entre tantos otros enfrentamientos en los cuales el multilateralismo de la ONU ha sido impotente para preservar la paz, motivo central para lo cual ha sido creada. A pesar de ello, la ONU ha sido totalmente exitosa a la hora de elaborar y difundir la agenda “woke” a través de organizaciones que dedican millones de dólares en todo el mundo para promover el feminismo, los derechos LGTBI y otras iniciativas de contenido y finalidad similares. Como sucede en todo el mundo (Uruguay incluido) esas agendas globales incluyen la contratación de exfiguras de gobierno o políticos como consultores contratados a través de programas como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través del cual muchos de ellos se embolsan miles de dólares en consultorías. Es por eso que cuando ocupan cargo de gobierno o se desempeñan en bancas parlamentarias defienden con tanto entusiasmo las posturas de las ONU. Favor con favor se paga. Igualmente de inútil e intranscendente ha resultado el papel de la ONU en la invasión de Ucrania a la cual hicimos referencia, ya que siempre se ha cuidado de no molestar a Vladímir Putin con sus declaraciones y de tampoco incomodar a los países árabes cuya agenda a través de las décadas siempre ha sido claramente contraria a la existencia del Estado de Israel. La tibieza de la ONU ante la masacre perpetrada por el grupo terrorista Hezbollah el 7 de octubre de 2023 deja en claro que la ONU está flechada desde hace mucho y que el proceso de independencia de muchos países africanos en la década de los años ‘60 ha inclinado la balanza hacia el lado de quienes han optado por el terrorismo internacional como forma de actuación pública. Estos países son mayoría en la Asamblea General de la ONU, órgano cuyas decisiones no tienen carácter obligatorio y por ende a nadie le interesan realmente. Se trata de “castigos morales” que no logran preocupar a quienes están dirigidas, porque no tienen moral alguna, precisamente.

De acuerdo con un artículo publicado por el portal de noticias de la cadena BBC, “Fawaz Gerges, profesor de Relaciones Internacionales de la London School of Economics, dice que la invasión rusa de Ucrania hace dos años y ahora la guerra de Gaza han demostrado que el Consejo de Seguridad de la ONU “está paralizado y es disfuncional” y que la Asamblea General de las Naciones Unidas es “más una institución simbólica que una agencia ejecutiva”.
Considera que el estancamiento en el Consejo de Seguridad de la ONU es una consecuencia del regreso de las rivalidades entre grandes potencias que enfrentan a China y Rusia, por un lado, contra Estados Unidos y Europa, por el otro. “La ONU, incluidas sus diversas agencias, está en coma”, afirma. “Este es un momento peor que la Guerra Fría”. Todo ello deja en claro una sola cosa: más allá de las posiciones e interpretaciones de cada uno, lo cierto es que la ONU es una vergüenza como institución multilateral y un fracaso en relación con sus propios objetivos. El caso de Venezuela ha sido un ejemplo más de la inoperancia no sólo de la ONU, sino también del Mercosur, cuyos gobiernos de izquierda del momento hicieron entrar a prepo a Venezuela en esa organización internacional violando los derechos de otro Estado Parte (Paraguay) en una jugada de las que le gustaban al expresidente José Mujica porque ponían “lo político por encima de lo jurídico”. Finalmente, y como se trataba de una realidad que “rompía los ojos” recién en el año 2017 Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil constataron “la ruptura del orden democrático de la República Bolivariana de Venezuela” y por ello suspendieron a ese país del Mercosur. Toda esa violación democrática del chavismo venezolano ya era conocida cuando se solicitó su ingreso, pero se tenía que devolver el favor a Maduro –que puso mucha plata y recursos en los países y gobiernos afines, en forma directa y de turbios negocios– y a la memoria del propio Chávez porque es aclaro que todas esas valijas repletas de dinero que llegaron desde Caracas a Uruguay no fueron un simple regalo, sino que fueron una forma de financiar las campañas políticas de los partidos políticos “compañeros” en esta parte de América del Sur. Resulta irónico como los frenteamplistas uruguayos que durante años negaron la existencia de presos políticos en Venezuela muestren ahora, como un gesto de buena voluntad, la liberación de presos que según ellos nunca existieron. El cinismo de la izquierda uruguaya en su máxima expresión.

El propio presidente de la República Yamandú Orsi, en su reciente visita a la localidad de Nuevo Berlín sostuvo que el sistema internacional atraviesa una crisis profunda. “Hay que darse cuenta de que el mundo cambió y que los líderes del mundo son otros. Tenemos que acostumbrarnos”, afirmó. “Los organismos internacionales están pulverizados. El derecho internacional está pulverizado”, añadió, tras recordar su reciente participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. “Hagan un repaso de esos discursos y nos damos cuenta de que es otro mundo”. Y tiene mucho de cierto. Sólo le faltó un mea culpa de la izquierda tanto latinoamericana como mundial, que hizo mucho para que se llegara a esta situación. Las palabras del presidente uruguayo tienen mucho de la situación actual, pero también del futuro que se nos viene a pasos agigantados y para el cual debemos estar preparados. En un mundo en el cual el multilateralismo pierde cada día más fuerza y muchos de los problemas internacionales se terminan gestionando en el “pico a pico” de las relaciones bilaterales. Es verdad que el mundo ya no será lo que parecía ser, pero tampoco lo será la ONU, fruto de su propia incapacidad, su pésima gobernanza, su incontenible pérdida de prestigio y su estructura pensada para otras épocas. En ese mar de incertidumbres y desafíos, Uruguay debe ajustar sus velas para esos nuevos vientos y posicionarse como el país pequeño pero respetado que es.

En los próximos días el Mercosur y la Unión Europea formalizarán el tan ansiado, demorado y esperado acuerdo entre los dos grandes bloques. La firma será en Asunción ya que Paraguay ocupa en este semestre la presidencia pro tempore del Mercosur. Según el canciller Mario Lubetkin, dada la importancia del acto, es de esperar que en los próximos días los presidentes vayan confirmando si ellos mismos serán quienes encabecen sus respectivas delegaciones.

La fecha prevista aún sujeta a revisión, sería el viernes 16 o el sábado 17. La delegación de nuestro gobierno, además de contar con la participación de Lubetkin, estará liderada por el presidente Yamandú Orsi.

A partir de las firmas, los países miembros de uno y otro bloque internalizaran, formalmente, el debate de ratificación parlamentaria. Eso significa incorporar a la agenda de la Comisión Permanente el ingreso del tema o bien pausar hasta que ambas cámaras, tras acabar el período del receso, retomen actividad. Es decir, a partir del 1º de marzo.

La Comisión Permanente está integrada por cuatro senadores y siete diputados. El cupo de senadores comienza con Bettiana Díaz que la preside, Daniel Borbonet, Juan Pedro Bordaberry y Sebastián Da Silva. Y los diputados Pablo Abdala, Sebastián Andujar, Margarita Libschitz, Ana Olivera (que anunció su retiro a partir del próximo 1º de marzo y será sustituida por Natalia Díaz), Gabriel Otero, Federico Preve y Walter Verri la completan.

Largo anhelo

Si bien la concreción de este acuerdo tuvo muchas postergaciones, sin ir más lejos, la última fue el pasado 20 de diciembre cuando estaba agendado que en Foz de Iguazú se procedería a dar cierre a las negociaciones y firmar el inicio del proceso de formalización. Pero debido a cuestiones de política interna de la Unión Europea se postergó y para sortear esas últimas dificultades se agregaron unas salvaguardas a efectos de proteger al sector agrícola y evitar otros contratiempos.

Dos años atrás, Francia, Austria, Irlanda, Polonia, también Bélgica se negaron a dar su aval al proceso negociador. Se fundamentó ante la exigencia de asegurar la protección de la agricultura europea frente a tres asuntos de sensibilidad política, con entonación económica y laboral. A saber; las importaciones de carne bovina y aviar del Mercosur; las diferencias en estándares ambientales y sanitarios; y por último, la presión política de sindicatos del sector era un riesgo ante un año preelectoral europeo que varios gobernantes no estaban dispuestos a asumir. Así, sin mayorías necesarias más o menos aseguradas la Comisión Europea optó por defraudar a sus potenciales socios, es decir, nosotros, acabando así otro naufragio.

Lo cierto es que en el 2024 se sumaron varios asuntos que llegaban aportando cierta incertidumbre: las elecciones al parlamento europeo, el avance de los partidos euroescépticos y proteccionistas, y una conflictividad importante en el sector agropecuario.

No todo fue malo en diciembre del 2024 aunque no se formalizara. Algo subestimado pero positivo fue que el acuerdo estaba aunque quedara a espera de un momento más propicio. El peso político del sector agrícola y una debilidad electoral de partidos en el gobierno fueron las razones de fondo.

Una ratificación algo compleja

Son dos procesos muy diferentes. Mientras para el Mercosur, el acuerdo comercial entraría en vigor en cada país miembro tras la ratificación parlamentaria correspondiente. Pero es más complejo para la UE. Allí el proceso es más complejo. En efecto, por el complejo de competencias entre las instituciones europeas y nacionales, la aprobación es en dos niveles. La parte del acuerdo que trata sobre temas estrictamente comerciales, como la rebaja de aranceles y modificaciones de ciertas barreras no arancelarias, se exige una ratificación del Consejo de la UE lograda con al menos 15 de los 27 estados miembros; es decir, el 65 % de la población de la UE, y del Parlamento Europeo.

Adicionalmente, cada estado miembro deberá aprobar las partes del acuerdo que afectan a competencias nacionales en áreas como la política fiscal, laboral, medioambiental y de inversión extranjera. Dicha ratificación la deben dar sus parlamentos, para así asegurar el cumplimiento de sus leyes y regulaciones
En principio, sirve y mucho

Para Uruguay, el acuerdo significará una reducción de aranceles en carne, lácteos, arroz y celulosa; una mejora en el acceso a servicios y compras públicas europeas. También significará un refuerzo institucional para inversión extranjera. Adicionalmente, tendría costos de ajuste bajos dado que su industria es pequeña y abierta.

Los estudios de impacto muestran que Uruguay sería el país del Mercosur que en términos relativos potenciaría su bienestar y el salario real precisamente por nuestra condición exportadora.

Según el ministro Gabriel Oddone, proyecciones del MEF estiman que se generarían aumentos del PBI del 1,5%, las exportaciones de bienes un 4% y también mejoras del empleo y el salario real.

El momento es ahora

Con parsimonia, en el momento de mayor complejidad de la política internacional, este acuerdo del Mercosur y la Unión Europea, dan un nuevo aire tanto a uno como a otro bloque. No es un buen momento de proyección de Europa, atravesada por los riesgos de una tentación autoritaria y regresiva de aquella esperanza civilizatoria como lo fue la revolución francesa, que sentó para la democracia moderna los valores de igualdad, libertad y fraternidad hoy tan atacados.

A partir de completar la ratificación parlamentaria, el acuerdo UE-Mercosur significará un mercado integrado de más de 770 millones de personas, alcanzando un PBI total superior a los 18 billones de euros.

En contrapartida, la UE obtendría acceso preferencial a mercados que representan un 95% del PBI de la región, expandiendo así su presencia en comparación con otros actores globales.
Su posicionamiento económico y político cobraría, por esta vía, una nueva dimensión. Podría reconvertir su proyección abandonando, quizás, el estigma de potencia desorientada para recobrar ánimo y revalorizar su posición.

La Iglesia regula el ámbito sacramental del matrimonio, mientras que el Estado lo hace en lo civil; el respeto mutuo entre ambos y hacia quienes no comparten la fe, es clave para una convivencia justa.
Estado y sociedad deberían ayudar a todos los que quieran iniciar ese camino. La familia es un lugar donde los vulnerables se pueden sentir cuidados, especialmente en lo que atañe a la solidaridad intergeneracional: la educación de los niños y la atención de los enfermos y ancianos.

La familia es un marco de permanencia y estabilidad, institución fundamental para la sociedad y de función comunitaria. El matrimonio tiene sentido: la Iglesia lo considera como un vehículo de la gracia de Dios y por eso es un sacramento, una asistencia especial de Dios para vivir la vocación matrimonial y social. La unión sexual de un varón y una mujer (por el bien de cada uno de ellos y el de sus hijos e hijas) se encuentra en el centro de la familia.

De acuerdo con el modo individualista de entender la familia, ésta puede convertirse en un lugar de paso al que uno acude cuando le parece conveniente para sí mismo, o donde uno va a reclamar derechos, mientras los vínculos quedan abandonados a la precariedad voluble de los deseos y las circunstancias. En el fondo, hoy es fácil confundir la genuina libertad con la idea de que cada uno juzga como le parece, como si más allá de los individuos no hubiera verdades, valores, principios que nos orienten, como si todo fuera igual y cualquier cosa debiera permitirse.

La familia constituye una gran riqueza social intrínseca (cuida, acompaña y sana), que otras instituciones no pueden sustituir, que debe ser ayudada y potenciada, para no perder nunca el justo sentido de los servicios que la sociedad presta a los ciudadanos; la familia es la base y la que aporta tanto al bien común de todos, es el lugar donde resguardar la vulnerabilidad en el marco de unas relaciones personales que estén más allá de la mera utilidad funcional.

La familia vincula a sus miembros en dos direcciones: generativo (referido a hijas e hijos) e intergeneracional (referido a abuelas y abuelos).

C.I: 2.980.386-5

Sin desperdicio la entrevista de Pablo D. Mestre al empresario Gerardo Zambrano, publicada en “Rurales” de El País el pasado 4 de enero. Si tiene la chance no se la pierda, es una lectura recomendable, aunque no precisamente para alivianar el verano; lo que dice el entrevistado, que no se guarda nada, da para cavilar mucho, sobre todo teniendo en cuenta que hay un largo año por delante. Y después tres más. Rescatamos algunos, entre todos los temas que abordó, para hacer boca.

Sobre “María Dolores ” –a la que él “vendió dos veces”– dice que fue “un capricho”. Ve como “un tema difícil” el de la coalición republicana y baraja sus porqués. Del MGAP dice no ver “para nada una gestión de este Ministerio que valga la pena destacar”. No lo trata muy bien al ministro Fratti. Peor trata al titular de Trabajo: “Una persona como Juan Castillo, del Partido Comunista, sindicalista, que sea el ministro de Trabajo, parece un chiste de mal gusto, es increíble”. Y da su explicación.

Cuando se le pregunta cómo la ve para el 2026 no infunde optimismo: “Veo las dificultades que pueden tener de aquí en más la producción y la exportación por los costos internos, por la burocracia, los costos del Estado y por el tipo de cambio realmente malo que estamos enfrentando. El déficit fiscal sigue arriba de 4% del PBI y las únicas medidas son aumentos de impuestos, todos malos y los ‘cuasi impuestos’ como la suba de tarifas muy por encima del aumento de costos, o la suba anunciada del aporte al Fonasa”… “Por su parte, el impuesto a las diferencias de capital sólo lo pagarán los pequeños y medianos ahorristas uruguayos, porque el resto tendrá ‘tax holliday’, y con ello ‘matamos’ el progreso de la clase media”.
No obstante todo esto, él confía en algo por la buena suerte del FA, “que en general ha sido un partido de gobierno con suerte” y en este aspecto resalta el empuje de la ganadería, a lo que sumaría el rubro turismo. Admite empero que los gobiernos frentistas se “la patinaron”.

Zambrano a la vez tiene confianza en el presidente Yamandú Orsi.
“Uno pretende que el presidente sea líder, y hasta el momento lo es”, dice y resalta su gestión “como amortiguador de tensiones”. En un Frente Amplio, al que ve partido en dos y muy enfrentado, el reconocido empresario estima que Orsi, junto al secretario de la Presidencia Sánchez y el ministro Oddone, constituyen un freno y una buena resistencia a “las presiones de los sectores más radicales del Frente Amplio con propuestas nefastas” con las que tienen que lidiar.

Dijo como una especie de recomendación que al presidente hay que “cuidarlo” y recordó que si Orsi no está “estaría la vicepresidente Carolina Cosse, o la senadora Blanca Rodríguez o Fernando Pereira”. Interesante ¿no? Da para cavilar.

Lo sucedido en Venezuela es el certificado de defunción del liderazgo de Lula en Sudamérica. Su complicidad ideológica con Maduro → Leer más

Oficialmente el Banco Central del Uruguay (BCU), en su Evaluación del “Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas” –llevado adelante en 2024, luego que Cabildo Abierto impulsara un proyecto de Referéndum que no prosperó– publicó que 204.326 personas accedieron a los beneficios propuestos. Ello no quiere decir que ese número de personas hayan solucionado sus problemas, ni que el tema se haya resuelto del todo, ni mucho menos.

En una serie de artículos en su blog Razones y personas –luego publicados por La Diaria–, Elisa Failache viene haciendo un seguimiento de la problemática de endeudamiento de las familias uruguayas. Allí refiere que el endeudamiento “es un tema que atraviesa a buena parte de los y las uruguayas” y menciona que en diciembre de 2023, según datos de la Central de riesgos del BCU, procesados por investigadores de UdelaR, “unas 2.100.000 personas tenían alguna deuda con el sistema financiero, y 800.000 (aproximadamente el 40%) estaban en situación de impago”.

No obstante, plantea que parte del mercado de créditos formal “no reporta información al BCU y que tampoco se tiene información sobre el sector informal”, por lo que es asumible que hay un problema “mayor de lo que los números disponibles indican”.

Claro, no todas esas personas que allí se mencionan tienen problemas de deuda, de hecho, si restamos al total de la población la cantidad de niños y adolescentes, estaríamos en un número extremo. Tener una deuda, a efectos formales, es estar pagando algo en cuotas en la tarjeta de crédito. Es una deuda, pero no necesariamente hay un problema con esa deuda, puede ser algo manejable. La misma experta señala en su último artículo que una encuesta realizada en el marco del proyecto Endeudamiento ¡Uy! que el 40% de los consultados veía el tomar un crédito como un riesgo para su economía, mientras que para el 28% “es una necesidad”. Sumado a ello, la misma encuesta mostró que el 58% de los hogares de nivel socioeconómico bajo está bastante o muy preocupado por el endeudamiento de su hogar, y que mientras el 27% se endeudó para hacer inversiones en su casa o auto, el 17% lo hizo por razones de salud, el 26% para afrontar gastos cotidianos y el 30% para pagar deudas previas, la famosa “bicicleta”.

A través de la web www.soluciondeuda.com.uy —ahora fuera de servicio—, en el marco del “Programa Voluntario de Reestructuración de Deudas”, se podía consultar la situación personal. En total esa página recibió 545.456 consultas de personas al respecto de su condición personal y de si aplicaban para el programa. De hecho 278.409 aplicaban y cumplían con las condiciones. Fueron reestructuradas y/o canceladas, 282.182 deudas de 204.326 personas –muchas personas tenían más de una deuda–, que encontraron “una solución a su situación crediticia gracias a una serie de condiciones excepcionales”. Allí había segmentos, el primero era la remisión de las deudas de capital menores a los $5.000, luego se ofrecía una reestructuración de deudas de capital de entre $5.000 y hasta $100.000 por institución, sin exigirse el pago de multas e intereses, a tasa 0% y hasta en 48 cuotas mensuales. Así, según los datos publicados en ese momento, la deuda de 117.617 personas fue cancelada automáticamente, mientras que 95.406 personas reestructuraron. El 70% de los acuerdos de reestructura se firmaron por un plazo menor a un año, por lo que a esta altura, si los deudores cumplieron en tiempo y forma sus compromisos, las deudas en cuestión deberían haberse solucionado.

Como parte del balance el BCU asumía el compromiso de continuar “estudiando proactivamente el comportamiento de los participantes” del programa con el propósito de “obtener insumos para el diseño de nuevas políticas de mejora del mercado de crédito”. Si ese seguimiento se hizo, por lo menos no se hizo pública la información obtenida. También se comprometía el BCU a continuar trabajando en “el desarrollo y alcance de la educación financiera como una herramienta fundamental para mejorar las decisiones de quien toma créditos”, con el objetivo de concientizar “sobre la importancia de su comportamiento en el mercado crediticio y de la relevancia de su Categoría en la Central de Riesgos” y aludió al convenio firmado con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), para colocar la educación financiera en su currícula. Aspecto este último en el que hemos sido insistentes desde estas páginas al entender que desde la denominada Inclusión financiera se ha generado una suerte de desprotección de las personas, una relación obligatoria frente al sistema financiero, que dispone de información detallada sobre las personas que perciben su salario por entidades bancarias o financieras que se intercambian información y saben qué pueden ofrecer a quien y a qué riesgo, mientras que el cliente solo recibe mensajes con ofertas para hacerse de plata apenas respondiendo un SMS o ingresando a la App de la institución.

Solo por mencionar un ejemplo de por qué es necesario insistir en que las personas puedan acceder a una instrucción básica sobre finanzas. Hay un proyecto de ley a estudio en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados titulada “Protección de deudores de bajos recursos”, presentada por varios legisladores, que procura establecer una serie de condiciones para atender ese desbalance en la relación entre las personas y el sistema financiero. En su artículo 10º prevé la publicación tanto por el BCU como por la Unidad Defensa del Consumidor del Ministerio de Economía y Finanzas, de comparativos de las tasas de interés implícitas y otros aspectos relevantes en los créditos. Pero claro, para quienes no dominan terminología y siglas, y desconocen las implicancias de un punto más o menos en el cálculo del interés, es prácticamente letra muerta. Por supuesto que el proyecto de ley es más amplio y más complejo que esto, que solamente se extrajo a efectos de ejemplificar, como fue referido. Quien desee revisar su contenido puede hacerlo por medio del siguiente link https://parlamento.gub.uy/camarasycomisiones/representantes/documentos/repartido/50/314/0/EXT.

La “extracción” que concretaron fuerzas militares de Estados Unidos en una operación relámpago y quirúrgica, nada menos que en el principal cuartel de Caracas, para llevarse al dictador Nicolás Maduro, ha dividido las aguas en todo el mundo, especialmente en América Latina. Como suele ocurrir en estos casos, los análisis, comentarios, cuestionamientos o apoyos tienen, en la mayoría de las ocasiones, más que ver con la postura ideológica o los intereses de quienes los emiten que con una evaluación objetiva de los hechos. Difícilmente pueda encontrarse un comentario neutral o desprovisto de contaminación ideológica, relativizaciones o argumentos que omiten deliberadamente la parte que no conviene.

Por lo pronto, y analizado de manera prescindente de todo lo que rodea el caso, estamos claramente ante una violación del derecho internacional y del principio de no intervención. Sin embargo, no es un dato menor que la supuesta “víctima” sea nada menos que el tirano Nicolás Maduro, quien durante años no solo vulneró el derecho internacional, sino también los derechos humanos de sus compatriotas; que se burló de la voluntad popular, que fue aplastado por un aluvión de votos en las urnas en las elecciones del año pasado y, aun así, se atornilló al poder. Nada le importó quedar una vez más en evidencia ante el mundo por la forma grosera y burda de la maniobra, sin haber mostrado jamás las actas de las elecciones que intentó fraguar y no pudo. Estamos, entonces, ante un dictador que fue sacado del trono ilegítimo al que se aferró con uñas y dientes; un gobernante que se manchó las manos de sangre, se burló de la voluntad ciudadana, ejerció el liderazgo del narcotráfico desde el Estado y se mofó del derecho y de quienes reclamaban libertad y justicia. No merece la mínima consideración por este cúmulo de delitos. Pero –y hay un “pero” nada despreciable– quien ejecutó el operativo fue Estados Unidos, y además bajo el mando de Donald Trump, actuando por su propia cuenta y riesgo, sin mayores pruritos, en nombre de los intereses de su país, o más precisamente, de su gobierno.

No puede extrañar, por lo tanto, que para los demócratas de verdad –no para aquellos que se proclaman demócratas solo cuando les conviene, como muchos de los que hoy se rasgan las vestiduras por el “secuestro” de Maduro con el fin de llevarlo ante la Justicia norteamericana– esta incursión genere profundas contradicciones en el plano de los sentimientos, aunque no así en lo que respecta al respeto irrestricto del derecho internacional y la convivencia entre las naciones, por encima de cualquier ideología.

Vayamos a la realidad, que es la que manda, más allá de lo que quisiéramos o de lo que debería ser. Solo un observador desprevenido o ignorante de lo que sucede en el mundo podía esperar que el gobernante narco que detentaba el poder en Venezuela se allanara voluntariamente a ceder el gobierno al legítimo ganador de las elecciones del año pasado. Tampoco podía esperarse tal actitud de los integrantes del círculo de poder que lo sostuvo durante todos estos años, incluidos –y sobre todo– los mandos de las Fuerzas Armadas, pilar fundamental de la dictadura, pese a las “gestiones” bajo cuerda que les prometían eventuales amnistías si aceptaban el exilio.

Maduro no iba a irse por su propia voluntad, no solo por las mieles del poder y la impunidad que creía garantizarse, sino también porque su soberbia lo llevaba a asumirse por encima del bien y del mal. Así lo demostraba su “baile” festivo y supuestamente despreocupado desde los estrados en los que lanzaba diatribas contra una parte del pueblo venezolano, mientras sus incondicionales ideológicos celebraban sandeces y delirios.

Es cierto: diga lo que se diga, el mundo está un poco mejor con un dictador menos en el poder, en cualquier país. Sin embargo, en Venezuela el régimen chavista sigue vigente, oprimiendo a su pueblo y sostenido por estructuras corruptas que ha construido a lo largo de casi un cuarto de siglo, con tribunales e instituciones integradas por incondicionales incrustados en el poder. Pero de una u otra forma, hay cosas que comienzan a cambiar, y por ejemplo el gobierno de Venezuela ya anunció que liberará cientos de presos políticos, cuando hasta ahora los seguidores de Maduro negaban que existieran detenidos de este tipo.

El factor Trump añade una dosis aún mayor de imprevisibilidad al desenlace, más o menos cercano, de esta novela caribeña que mantiene al mundo en vilo. Fiel a su estilo, el mandatario ni siquiera se ha cuidado de las apariencias y ha dejado en claro que fue por Maduro y por mucho más, empezando por el petróleo. Al mismo tiempo, ha condicionado con presiones y amenazas a los jerarcas chavistas, que llamativamente han dejado de bravuconear en los últimos días, y empezaron a hablar en serio, aunque intentando mostrar una autonomía que nadie cree.

Como dato relevante, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que Washington controlará “indefinidamente” las ventas de petróleo venezolano. Esto ocurrió un día después de que Donald Trump anunciara que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo al país norteamericano.

“Vamos a comercializar el crudo que sale de Venezuela, primero el petróleo almacenado que hoy está represado y luego, de manera indefinida, la producción futura que salga al mercado”, afirmó Wright en un evento del sector energético organizado por Goldman Sachs en Miami.

Wright estimó que la producción petrolera venezolana podría aumentar en el mediano plazo en unos 700.000 barriles diarios y sostuvo que el control de las ventas de crudo es una “palanca clave” para impulsar el cambio político en ese país.

En medio de las negociaciones entre Donald Trump y la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante la transición tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente norteamericano ya había anunciado que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

Esta es solo una pequeña parte del guión de una película que, sin dudas, se extenderá como una serie de varias temporadas de Netflix y que plantea una ecuación con innumerables incógnitas. Lamentablemente, no se trata de ficción, sino de la vida real. Hubiera sido mucho mejor que Maduro solo existiera en la mente febril de algún escritor, y que el mandatario norteamericano limitara sus berrinches a un mundo de fantasía. Pero esta es la realidad, nos guste o no.

Y, sobre todo, Nicolás Maduro está preso y sometido a la Justicia. Ese es un motivo poderoso para celebrar en el mundo libre, porque un tirano menos siempre significa menos sufrimiento e injusticia para una parte de la humanidad.

En las últimas horas, a través de una comunicación oficial, el Ministerio de Salud Pública (MSP) instó a las embarazadas a vacunarse contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) durante la campaña 2026, que comenzó este miércoles y se extenderá hasta el 30 de setiembre. Las autoridades explicaron que es necesario proteger a los lactantes menores de seis meses, que enfrentarán su primera temporada de alta circulación del VRS durante el otoño y el invierno, e indicaron que la vacunación está recomendada “para la prevención de la enfermedad por VRS en lactantes, a través de la inmunización de embarazadas entre las 32 semanas y las 36 semanas y 6 días de gestación, y en cada embarazo”.

La vacuna es gratuita y está disponible en todos los vacunatorios públicos y privados del país, pudiendo acceder a ella independientemente del prestador de salud. El objetivo para 2026 es avanzar hacia una cobertura igual o superior al 90 %, según informaron las autoridades ministeriales.

Hasta aquí, la referencia a una convocatoria que podría parecer de rutina, como tantas otras que se difunden varias veces al año cuando se acerca el invierno y resulta imprescindible contar con una cobertura adecuada contra la gripe y otras enfermedades que suelen afectar el aparato respiratorio. Patologías que, además, pueden extenderse a otras partes del organismo, especialmente en personas con comorbilidades y pertenecientes a grupos de riesgo. Es, por lo tanto, una oportunidad para cerrar la puerta de entrada a enfermedades que suelen manifestarse con particular virulencia en esta época del año.

Pero en este caso estamos refiriéndonos a un grupo etario particularmente vulnerable: los recién nacidos. Nada menos que en un país que presenta una alta tasa de envejecimiento poblacional, con baja natalidad y que, en el mejor de los casos, mantiene su población estancada.

Precisamente, según el MSP, las vacunas recomendadas de forma rutinaria durante el embarazo son las siguientes: la vacuna contra la gripe (influenza), que se administra durante la temporada gripal —de marzo a agosto— en cualquier momento del embarazo, con una sola dosis; la triple bacteriana acelular (dpaT – tos convulsa), que se administra preferentemente entre las semanas 27 y 36, aunque puede aplicarse a partir de la semana 20 si existe riesgo de parto prematuro; la vacuna contra el Virus Respiratorio Sincicial (RSVpreF), indicada entre las semanas 32 y 36, en todos los embarazos y con una dosis única; y la vacuna contra el SARS-CoV-2 (Covid-19), que puede administrarse en cualquier momento del embarazo y en cada nuevo embarazo, independientemente de dosis previas. En cuanto a difteria y tétanos, el MSP indica que, si no se cuenta con esquema primario o este está incompleto, se debe recibir la vacuna, “sustituyendo una dosis de dT por dpaT, preferentemente entre las semanas 26 y 36”.

Con carácter general, puede señalarse que las vacunas se utilizan con el objetivo de conferir inmunidad contra determinados microorganismos, estimulando los mecanismos de defensa del organismo y promoviendo la producción de anticuerpos frente a enfermedades específicas.

De esta manera, si en algún momento la persona entra en contacto con ese microorganismo, el cuerpo ya se encuentra preparado para combatirlo. Resulta realmente impactante el cambio que ha experimentado la humanidad en su capacidad de hacer frente a antiguos flagelos, tanto a nivel individual como colectivo, gracias a la administración de vacunas. Estas han sido el resultado de décadas e incluso siglos de trabajo científico, llevado adelante por hombres y mujeres que, muchas veces a riesgo de sus propias vidas, lograron desarrollar protecciones contra enfermedades que en otras épocas diezmaron poblaciones enteras y provocaron verdaderas plagas a escala global.

Desde aquellas primeras observaciones vinculadas al manejo del ganado lechero y las posteriores investigaciones que permitieron comprender la transmisión de la viruela y su inmunización, se sucedieron múltiples avances destinados a contener diversas enfermedades. En tiempos más recientes han surgido variantes como las vacunas biosintéticas, que contienen sustancias artificiales similares a fragmentos del virus o la bacteria; la vacuna contra la hepatitis B es un ejemplo de este tipo.

Existen también vacunas de virus vivos atenuados, empleadas para combatir enfermedades como el sarampión, las paperas, la rubéola o la varicela; vacunas inactivadas, en las que se utilizan proteínas o fragmentos del virus o la bacteria, como en el caso de la tosferina; y vacunas toxoides, elaboradas a partir de toxinas producidas por bacterias o virus, que permiten al organismo volverse inmune a los efectos dañinos de la infección, aunque no a la infección en sí. Las vacunas antidiftérica y antitetánica son ejemplos claros de este último grupo.

¿Significa esto que quien se vacuna no se va a enfermar nunca? No. Este razonamiento extremo es el que suelen esgrimir los movimientos antivacunas, citando casos aislados de personas que se enfermaron o presentaron complicaciones luego de vacunarse. Se trata de un argumento falaz y atrapaincautos, ya que incluso si esos casos fueran ciertos, pueden representar uno entre cien mil, mientras que se omite deliberadamente que son millones las personas que no se enferman gracias a la vacunación individual y al efecto rebaño, que reduce la circulación de los virus.

Gracias al uso sostenido de las vacunas, muchas enfermedades que antes se consideraban comunes y potencialmente mortales se han transformado hoy en enfermedades raras o poco frecuentes.

Se estima que cada año entre dos y tres millones de personas se salvan gracias a la vacunación. Durante la infancia, además, las vacunas ayudan a proteger contra enfermedades que podrían causar daños graves o incluso la muerte, especialmente en quienes tienen un sistema inmunológico débil o en desarrollo.
Las enfermedades no han desaparecido. Aunque sean raras en algunos lugares, muchas patologías prevenibles siguen existiendo en el mundo, por lo que la vacunación continúa siendo necesaria hasta lograr su erradicación global.

Por todo ello, resulta oportuno traer a colación la campaña del MSP recientemente iniciada para embarazadas, como un paso más en la buena dirección. En realidad, la única capaz de protegernos colectivamente y de evitar lamentos posteriores, cuando ya hay poco o nada que hacer frente a lo irremediable, pero que pudo haberse evitado adoptando, a tiempo, la decisión correcta.

Unasev y el Ministerio del Interior llevan adelante desde este mes una “profundización” de los controles a motos. Así lo anunció la Unidad Nacional de Seguridad Vial como parte de un plan que tiene dos frentes: por un lado la acción por mejorar la seguridad vial y por otro mejorar la seguridad ciudadana frente al delito, ante la constatación del empleo de este tipo de vehículos para quebrantar la ley.
Este anuncio se produjo tras una reunión que mantuvieron en los últimos días del año pasado el subdirector de la Policía Nacional, comisario general Alfredo Clavijo, y el presidente de Unasev, Marcelo Metediera, instancias en la que abordaron aspectos vinculados al tránsito, la siniestralidad vial y el uso ilícito de motocicletas.

Esto no es de ahora; el problema de las motos es una preocupación de larga data, desde que por su abaratamiento los birrodados de origen chino empezaron a poblar en forma desmedida las calles del país, convirtiéndose en un dolor de cabeza (incluso literalmente, cuando empezó la moda de ponerles ruidosos escapes para llamar la atención).

La incautación de motos se mostró como una medida poco efectiva para contener el problema y generó otros, como la acumulación de vehículos abandonados en dependencias tanto de las intendencias departamentales como del propio Ministerio del Interior. Era más barato sacar otra moto en cuotas que hacer frente a las deudas, multas y reparaciones de la que se había incautado. Esa concentración de chatarras de motos generó además problemas ambientales, por volverse esos depósitos improvisados espacios propicios para la proliferación de plagas que luego se dispersaban por todo el vecindario, a la vez que contenían materiales contaminantes, como los lubricantes que quedan en los depósitos de los motores y las baterías, por ejemplo.

Clavijo explicó que el operativo será llevado adelante por las Jefaturas Departamentales de Policía y la Dirección Nacional de Policía Caminera, con un refuerzo especial de los controles en rutas nacionales. “Va a haber una operación de incremento exponencial en el control específicamente hacia las motos en todo el país”, señaló. Agregó que estos controles se ocuparán de comprobar todo lo establecido por la normativa vigente: libreta de propiedad del vehículo, licencia de conducir, uso de casco, chaleco reflectivo, seguro obligatorio y las condiciones en las que deben circular las motos. Recordó que desde el Ministerio del Interior se ha reiterado el llamado a la regularización de la documentación y de los vehículos, advirtiendo que los controles se intensificarían. El que avisa no traiciona.

El subdirector policial remarcaba justamente este doble riesgo de las motos al decir que, desde la seguridad vial, al estar involucradas en siniestros de tránsito graves y fatales; y por otro, desde la seguridad ciudadana, debido a su utilización para cometer delitos, las motos son un problema por partida doble. Indicó que durante 2024 casi el 40% de las rapiñas se cometieron en moto y que en aproximadamente el 25% de los homicidios en los que se pudo recabar evidencia se constató el uso de este medio de transporte, una tendencia que, según indicó, ha ido en aumento en los últimos años. Aseguró Clavijo que los operativos de control se mantendrán hasta que los indicadores estadísticos reflejen una disminución, tanto de la siniestralidad vial como de los hechos delictivos asociados al uso de motocicletas.

A su vez, Metediera apuntó que estas acciones forman parte de una serie de acciones que se desarrollan desde el inicio de la gestión y planteó que los datos preliminares de 2025 muestran “cifras preocupantes” en materia de siniestros de tránsito, con 30 personas fallecidas más que en el mismo período del año anterior. El jerarca enfatizó en el uso de la fiscalización como herramienta para mejorar y aclaró que los controles “no serán indiscriminados, sino focalizados en aquellas personas que incumplen la normativa y ponen en riesgo la seguridad vial y ciudadana”.

Y es que justamente este que menciona el presidente de Unasev es un punto en el que se deberá ser cuidadoso durante todo este proceso, para no caer en estigmatizaciones injustas respecto a quienes tienen la moto como vehículo para sus desplazamientos diarios y que cumplen la normativa en la medida de sus posibilidades. Porque tampoco es que se trate de convertir a cualquiera que ande en moto en un potencial rapiñero o en un siniestro de tránsito andante y que al poner mucho énfasis en controlar las motos se olvide o se haga la vista gorda con otros usuarios de las vías de tránsito.
Las motos son un problema, sí, pero no son el único problema, y que haya conductores imprudentes y delincuentes que elijan estos vehículos para sus actividades no da carta blanca para hacer la vida más complicada a aquel que la emplea correctamente como medio de transporte.

Recordemos que tiempo atrás el ministro del Interior, Carlos Negro, planteó al Congreso de Intendentes un plan de acción para fortalecer el control de la circulación irregular de motos y propuso como medida para afrontar la falta de identificación visible o la adulteración de la matrícula y controlarlas, la instrumentación de un tag electrónico, del modo del que emplean los pases de los peajes, que permita acceder a datos de empadronamiento del vehículo e identificación de su titular.

Siempre se dice en este tipo de situaciones que quien en nada raro anda no tendrá inconveniente en que lo sometan a controles. Sin embargo, así planteado, genéricamente, da la impresión que de buenas a primeras es una forma más de ceder privacidad en pos de seguridad y que en la misma bolsa que quienes cometen imprudencias y delinquen, terminan cayendo los usuarios responsables y —tristemente— a veces son solamente ellos quienes terminan cayendo.

De acuerdo al resultado de la Encuesta de Evaluación y Perspectivas Empresariales realizada este año por la revista Búsqueda, los desafíos más importantes que se presentan en este 2026 al sector apuntan a lograr condiciones para una mejora en la competitividad y reducir los costos de producción que condicionan el desenvolvimiento de las actividades en producción de bienes y servicios.

El punto es que este planteo no es nada nuevo ni mucho menos, sino que forma parte del arrastre de muchos años en que gradualmente, pero con una tendencia irreversible, los empresarios padecen de la constante erosión de rentabilidad por efectos de factores que se han sostenido prácticamente sin solución de continuidad, pese a situaciones coyunturales muy esporádicas que no han movido la aguja.
De acuerdo a esta encuesta, la inquietud por los elevados costos productivos volvió a reflejarse cuando los ejecutivos contestaron sobre las medidas prioritarias que debería adoptar el gobierno, como temas prioritarios, pero sin olvidar otros aspectos como los vinculados a la seguridad pública, la inversión o la inserción internacional. Por ejemplo un elemento omnipresente en los planteos empresariales tiene que ver con el dólar, es decir el tipo de cambio con un peso sobrevaluado que potencia los muy altos costos internos y por lo tanto no solo deja a empresas uruguayas fuera de los mercados internacionales, sino que muchas otras se encuentran con serias dificultades para competir con su producción con los bienes y servicios importados. El descontento manifestado por los empresarios en la encuesta se da en prácticamente todos los sectores productivos, con la misma proporción de respuestas de parte de las firmas industriales, del agro y de los servicios.

A su vez, la preocupación por bajar los costos de producción y de funcionamiento, fue el segundo problema con mayor cantidad de menciones, pero en este caso surgió con más preponderancia entre los fabricantes y las empresas de servicios.

A estos factores de macroeconomía se agregó por los empresarios el relacionado con el mercado interno, reflejado en el término “baja demanda”, lo que fue complementado con menciones a las dificultades por un bajo crecimiento de la economía, la inestabilidad mundial y los precios internacionales sin olvidar la incertidumbre por la imposición de aranceles por el gobierno de Donald Trump.

En cuanto a las medidas requeridas, los empresarios mencionaron en primer lugar el “bajar el costo del Estado”, así como reducir el déficit fiscal, reclamo por mejorar la seguridad pública, además de combatir la delincuencia y el narcotráfico, incentivos a la inversión, sin olvidar las recurrentes menciones a mejorar la infraestructura, agilizar los trámites, desregular, flexibilizar las relaciones laborales, bajar las tarifas públicas y promover el empleo.

Las previsiones, a su vez, tienen algunos puntos de encuentro pero diferencias en cuanto a las perspectivas de evolución de la economía este año, en general más pesimistas que las cifras expuestas por el gobierno. Así, mientras las proyecciones elaboradas por el Ministerio de Economía y Finanzas presentadas al Parlamento contemplan un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 2,2 por ciento, por debajo del 2,6 por ciento de 2025, en tanto la mayoría de los empresarios encuestados tienen un pronóstico menos optimista: el 14 por ciento cree que la economía uruguaya crecerá este año hasta un 1 por ciento, mientras que el 50 por ciento lo estima entre el 1 y el 2 por ciento.

Pero a la vez hay un 14 por ciento que prevé un estancamiento productivo o crecimiento nulo, y un 5 por ciento que considera que habrá una retracción en la economía. Por otra parte hay un grupo de empresarios que indicaron como estimación para 2026 un rango de aumento del PBI de entre el 2 y el 3 por ciento, en línea con la proyección del gobierno, el que llega al 17 por ciento del total.
Por sectores, los comerciantes son los más pesimistas, con un 20 por ciento –incluso prevén estancamiento y contracción–, mientras que le siguen en pesimismo los industriales y los ejecutivos de los servicios, en tanto predomina en general la expectativa de que el empleo se mantendrá más o menos estable.

Un aspecto mencionado con énfasis es que en 2025 el valor del dólar experimentó una caída del 11 por ciento, mientras que por otro lado la inflación creció apenas por encima del 4 por ciento, lo que da una brecha muy significativa a la hora de medir los costos internos en dólares y lo que ello significa en la comparativa internacional a la hora de la concreción de importaciones y exportaciones.

En resumen, en el caso del tipo de cambio, no se prevé mayores variaciones, pero tampoco en lo que respecta a medidas desde el gobierno para incorporar variables positivas en el marco de este escenario que involucra el tramado de la economía en Uruguay, porque precisamente no hay mayor margen de maniobra, como tampoco lo tenía el gobierno que le precedió e incluso el anterior, que era regido por la coalición de izquierdas.

Es decir, el alto déficit fiscal, la falta de competitividad, los elevados costos internos, que incluyen los servicios estatales, la energía, la tributación, el costo laboral, la burocracia, el tamaño del Estado, son factores excluyentes si se quiere cambiar la pisada en este estancamiento, pero un gobierno tras otro, sin margen de maniobra, solo le han dado continuidad a este panorama, más allá de alguna sacudida desde el exterior. Y el punto es que más allá de algún retoque, de algún énfasis aquí o allá, de alguna medida simbólica o voluntarista en el buen sentido, lo que se haga difícilmente pueda pasar de una señal hacia la tribuna, pero sin ser evaluada seriamente por los operadores directamente metidos en la cosa, como los empresarios, porque han asumido que lo que pueda hacerse en el corto plazo es muy limitado y no se podrá ir al fondo de la cosa, salvo seguir apostando a que transcurra el tiempo con la esperanza de que las cosas mejoren, aunque todo esté atado y resulte harto difícil tocar una pieza, sin que la armazón cruja por algún lado, y resulte peor el remedio que la enfermedad.

Venezuela es el único país de América Latina que cuenta con el sistema de misiles antiaéreos S-300, de tecnología rusa, adquirido por el expresidente Hugo Chávez en 2013, lo que ubica al país caribeño por encima de México, Brasil o Argentina en materia de defensa aérea.
Este dispositivo posee una de las tecnologías más avanzadas del mundo y puede interceptar múltiples amenazas de manera simultánea. Forma parte de un sistema escalonado de defensa de largo alcance y permite a las Fuerzas Armadas venezolanas proteger áreas estratégicas mediante capas integradas a distintas distancias.

Con el tiempo necesario para la reflexión, surgen algunas dudas y también algunas certezas sobre la incursión militar de tropas de élite estadounidenses que capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, para llevarlos a juicio en Nueva York.
Las crónicas internacionales —y más aún el relato del presidente de Estados Unidos, Donald Trump— no explican cómo pudo haber sido vulnerado con tanta facilidad el entorno supuestamente inexpugnable del mandatario caribeño.

Mientras tanto, a estas horas se habla del principio de no injerencia, de traición, de complot y, apenas, de una entrega voluntaria.
El Fuerte Tiuna, el complejo militar donde ocurrió la captura de Maduro y la mayor parte de los ataques, es un búnker con túneles, alta tecnología y seguridad cubana, también conocido como Casa de los Pinos. En sus dos apariciones públicas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez no brindó información sobre la existencia de víctimas. Sin embargo, la Fuerza Armada Venezolana denunció el asesinato “a sangre fría” del equipo de seguridad de Maduro, sin precisar el número de muertos ni datos sobre los heridos.
Los venezolanos amanecieron con la duda de quién los gobierna. El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró a CBS que Estados Unidos continuará trabajando con los actuales funcionarios chavistas “si toman las decisiones adecuadas”. En los hechos, Rodríguez quedó como presidenta interina por decisión del máximo tribunal del país, bajo control del chavismo.

En este marco, parecía inevitable la pregunta sobre la premio Nobel de la Paz, Corina Machado. Sin embargo, según Trump, “le sería muy difícil estar al frente” del gobierno porque “no cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país”. Este desaire resultó, además, sorpresivo.

Rodríguez era vicepresidenta desde 2018. Supervisaba buena parte de la economía dependiente del petróleo y estaba a cargo del servicio de inteligencia. Incluso altos funcionarios estadounidenses reconocieron estar impresionados por el nivel de gestión que ejercía sobre la industria petrolera.
Durante la conferencia de prensa en Mar-a-Lago, desde donde siguió en directo la captura de Maduro sin solicitar la autorización del Congreso para el despliegue militar, Trump volvió a insistir en el control de los recursos petroleros de Venezuela. No es una novedad su interés por los energéticos, si se pretende realizar un análisis mínimo.

Lo que sí resulta novedoso es el destino del crudo venezolano. El 90 %, o más, del petróleo del país se exporta a China, especialmente desde la imposición de sanciones estadounidenses, que empujaron al gobierno de Maduro a depender de los mercados asiáticos. En ese contexto, PDVSA necesitaba compradores que China garantizó, dado que también requiere ese crudo para sus refinerías.
En mayo de 2024, China Concord Resources Corp., con sede en Hong Kong, inició operaciones en dos campos del Lago de Maracaibo tras firmar un acuerdo por 20 años. Comprometió inversiones por más de 1.000 millones de dólares para modernizar la infraestructura, reactivar pozos y perforar nuevos. Para finales de 2026 se prevé alcanzar una producción de 60.000 barriles diarios, bajo la supervisión de 60 técnicos chinos y con una plataforma importada desde China. Este es el aspecto que aún falta dilucidar de cara al futuro, más allá del relato ya conocido sobre la incursión militar en Venezuela para capturar a Maduro.

Trump también afirmó que Estados Unidos administrará Venezuela “hasta que se pueda llevar a cabo una transición segura” y adelantó que empresas estadounidenses participarán en la reconstrucción de la infraestructura local, que —según dijo— se encuentra “deteriorada”.
Anunció inversiones por miles de millones de dólares para reparar instalaciones petroleras. Sin embargo, no mencionó el envío de nuevas tropas para encauzar esa transición y se limitó a remarcar el interés de Estados Unidos en proteger y mejorar los activos energéticos.
En cualquier caso, resta saber hasta qué punto las multinacionales estadounidenses están dispuestas a mantener inversiones en un país con un gobierno temporal y con fuertes dudas sobre el funcionamiento de las normas legales y, sobre todo, financieras.
Chevron, por ejemplo, informó en un comunicado que continúa operando en Venezuela con una licencia especial otorgada por Estados Unidos. ConocoPhillips, otra multinacional presente en el mercado petrolero venezolano, consideró “prematuro especular sobre cualquier actividad comercial o incursiones futuras”.

En paralelo, el precio internacional del petróleo continúa en descenso, un factor que desalienta nuevas inversiones. Estas preocupaciones ya fueron planteadas a funcionarios del gobierno estadounidense.
Pero volviendo a Rodríguez y a las razones del interés en su continuidad: durante estos años, la presidenta provisoria desarrolló vínculos sólidos con sectores republicanos ligados a la industria petrolera y a Wall Street, que se oponen a un cambio de régimen encabezado directamente por Estados Unidos.
Por eso, persisten más dudas que certezas. Elementos que, a simple vista, parecen lo que no son.