Opinión

Una de las consecuencias del denominado “atraso cambiario” —cotización deprimida del dólar— en nuestro país es que el poder adquisitivo de los uruguayos que viajan al exterior se ve favorecido, es decir, no hay mayor diferencia de precios en los artículos respecto a los de Uruguay. Esto se percibe con más claridad al visitar las ciudades más caras del mundo.

Lo que más impacta es la cotización en dólares de ciertos bienes, como automóviles y electrodomésticos, que resultan considerablemente más baratos que en Uruguay. Pero esto se debe inequívocamente a los altos impuestos que se aplican en nuestro país, lo que provoca que, por ejemplo, el costo de un automóvil se duplique en comparación con esos mercados.

Uruguay se encuentra en una situación muy particular que lo convierte en un país caro. Esto es resultado de varios factores, entre ellos un mercado pequeño integrado a un bloque proteccionista como el Mercosur, con aranceles elevados, lo que impide que el país pueda competir en producción nacional contra Argentina y Brasil.

Además, desde hace muchos años —estamos ante un problema estructural, no circunstancial— este encarecimiento está relacionado con políticas proteccionistas e impositivas del propio país. Además de los aranceles e impuestos directos, enfrentamos una alta presión fiscal sobre los productos de consumo, como el IVA y el Imesi.

Esto, combinado con la apreciación de la moneda, encarece los bienes y servicios destinados a la producción para exportación.
El punto es que en su momento estos altos aranceles fueron aplicados para sustituir importaciones y generar empleo nacional, hace más de medio siglo. Sin embargo, también han sido un mecanismo de financiación para el Estado, contribuyendo a sostener el funcionamiento y gasto estatal. Este esquema se ha incorporado de forma estructural, lo que hace difícil desmantelarlo sin afectar fondos vitales para mantener el equilibrio entre ingresos y gastos, más allá de las coyunturas económicas.

Un artículo de la BBC News Mundo informó este año que, con base en datos del Banco Mundial, el CED (Centro de Estudios de Desarrollo) comparó los precios de unos 600 productos en Uruguay y otros 43 países a lo largo del tiempo, y encontró que, en promedio, eran 27% más caros en Uruguay.
Países desarrollados como Francia, Alemania o el Reino Unido mostraron precios menores que los de Uruguay. Solo nueve naciones —Japón, Finlandia, Israel, Irlanda, Suecia, Dinamarca, Suiza, Noruega e Islandia— eran más caras, según el estudio. Comparado con América Latina, los productos en Uruguay costaban más del doble que en Bolivia, un 80% más que en México y un 20% más que en Brasil y Argentina, socios en el Mercosur y principales fuentes de importación sin aranceles.

En productos de higiene y limpieza, Uruguay es un 58% más caro que el promedio de países. En alimentos y bebidas no alcohólicas, un 55%. Y en artículos de informática y electrónica, un 43%.

Este fenómeno es más evidente en rubros donde prácticamente no existe producción nacional, y se depende de las importaciones, explicó Ignacio Umpiérrez, economista e investigador del CED, a la BBC Mundo. Agregó que los altos precios no responden a la coyuntura del valor del peso uruguayo frente a otras monedas, sino que se han mantenido en el tiempo. “Es algo que responde a un efecto país”, afirmó.
Umpiérrez y sus colegas descubrieron que el mercado uruguayo, al ser pequeño —con menos de 3,5 millones de habitantes—, se concentra en pocas empresas que controlan gran parte de las importaciones. Esto ha generado una falta de competencia, lo que permite que la ganancia por producto sea casi siempre más de la mitad del precio que paga el consumidor final.

Es decir, algo que se importa a 10, el ciudadano lo paga a más de 20.
El economista uruguayo Sebastián Fleitas, profesor de economía de la Universidad Católica de Chile y especializado en competencia y mercados, señaló que Uruguay no puede cambiar ciertos aspectos del comercio internacional: “Uruguay está lejos del mundo, lo que genera mayores costos de transporte y logística”, especialmente cuando los productos no provienen de sus vecinos. Añadió que los aranceles y tasas son más altos que en otras regiones, además de la obligación de contratar un agente de aduanas para cada importación.
Se trata de impuestos heredados de tiempos proteccionistas, cuando Uruguay intentaba sustituir importaciones para generar empleo mediante subsidios. Estos subsidios no son otra cosa que dinero pagado por todos para favorecer a ciertos sectores estratégicos.

En este contexto, el economista Jorge Caumont señaló en el suplemento Economía y Mercado de El País que actualmente hay un reclamo generalizado por una reducción en los aranceles que gravan las importaciones. “Esa demanda hoy es clara, tras su total inexistencia hace 50 años”, expresó. Agregó que “aún persisten inexplicables impuestos, aranceles y otras restricciones de efectos equivalentes que castigan significativamente a los consumidores y generan ineficiencias económicas con un costo social considerable”.

Caumont recordó el origen del auge proteccionista en Uruguay como una política comercial que “se caracterizaba por un cierre casi total a las importaciones” tras la Segunda Guerra Mundial, en el marco del proceso de “sustitución de importaciones”. Aunque al principio parecía positivo, con el tiempo generó producciones ineficientes, productos de baja calidad y una economía cerrada con alta inflación, además de represalias comerciales y empleos artificiales que desaparecieron con el tiempo.

A pesar del gradual desmantelamiento de los subsidios desde mediados de la década de 1970, la necesidad de recursos del Estado ha mantenido muchos de estos gravámenes, creando una cadena de sobrecostos y regulaciones que impactan en el consumidor final.
Esto explica por qué muchos bienes importados se venden en Uruguay al doble del precio en dólares que en otros países. Los uruguayos pagamos sobreprecios desde hace mucho tiempo, tanto para sostener al Estado como por la concentración de poder en monopolios de hecho, defendidos por lobbies en la importación. Este problema persiste a lo largo de todos los gobiernos, independientemente de las ideologías o promesas del partido de turno. → Leer más

Permanecer en el tiempo lleva implícito un ejercicio de la memoria. Documentar los hechos y tener las declaraciones de los involucrados de primera mano a lo largo de los últimos 114 años es un privilegio de pocos. Es lo que EL TELEGRAFO presenta cada viernes con el suplemento 110 años contados. Allí es posible que el lector se remonte al 1.º de julio de 1910, continúe hasta el día de hoy y compare. Tener la libertad de leer y recordar cada hecho, e incluso revisar las gestiones de los distintos administradores, permite evaluar si las necesidades de la población han sido cubiertas.
Y hablando de sanidad, la situación de la salud ocupó por unas horas el eje de la polémica en este período electoral. La candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Carolina Cosse, dijo a FM Futurock de Buenos Aires: “Si vos vas a atenderte a la salud pública es probable, lamentablemente, en cualquier parte del Uruguay que no haya remedios. No estoy hablando de remedios sofisticados, que no te encuentres con remedios, que tengas dificultades, lo cual en Montevideo implica ir de un lugar a otro; en el Interior implica recorrer un departamento”.
Esta reflexión trajo a las redes sociales la respuesta del expresidente de ASSE, Leonardo Cipriani, quien señaló: “récord en inversión, récord en unidades compradas y en entrega de medicamentos, mayor número de recetas por consulta” durante su gestión. Cipriani comparó las cifras entre 2019 y 2023 e invitó a corroborar estos datos con el organismo y la Asociación de Laboratorios Nacionales.
Hace unos días, el suplemento recordaba que el 11 de enero de 2014, EL TELEGRAFO publicaba sobre la “Falta de medicamentos para enfermos diabéticos y oncológicos en el Hospital de Paysandú”, enmarcado en situaciones que los propios pacientes oncológicos reclamaban al acercarse a dar su testimonio. En reiteradas oportunidades, es decir, en varios viajes al hospital, los usuarios recibían la respuesta de que “no hay en existencia” y que pronto llegaría. Los faltantes se registraban desde meses anteriores ante la demora de la entrega de medicamentos imprescindibles por parte de los laboratorios –tal vez, sofisticados– para los pacientes diabéticos y oncológicos.
Entonces, los usuarios se retiraban con algunos remedios, pero otros –igualmente necesarios para estos pacientes– demoraban en llegar.
En agosto de 2017, por ejemplo, una auditoría de ASSE encontró un faltante de 2.453 medicamentos en la farmacia del Hospital de Salto, lo que desencadenó una serie de controles sobre el ingreso, depósito y expendio de los medicamentos que se entregaban –con cámaras de seguridad incluidas– en el centro de atención.
En ese contexto, se argumentaba la posibilidad de errores en el registro de la presentación o en la cantidad anotada. Como sea, el vocablo “faltante” no presenta mayores inconvenientes para su comprensión.
También en 2017, una encuesta de la empresa Cifra a los usuarios de distintos prestadores consultaba sobre los controles que debe ejercer ASSE en cuanto a las “metas asistenciales” de los equipos de salud. Dichas “metas” se referían a indicadores relacionados con el cumplimiento de controles en niños hasta 5 años, embarazadas, mujeres pesquisadas en violencia doméstica, adolescentes y personas mayores controlados por sus médicos de referencia. El prestador público se encargaba de la administración de recursos humanos, materiales y capacitaciones para lograr estos objetivos. Aquel resultado señalaba que el 65% de los encuestados respondía que el Estado controla poco. El 13% opinaba que no hay control, y solo el 9% se manifestaba conforme.
En 2017, el Sindicato Médico denunciaba la falta de especialistas, el trasiego de médicos del sector público al privado debido a la diferencia salarial y la falta de voluntad política para encontrar una solución. Los profesionales de la salud, en general, citaban hace siete años el ejemplo del hospital de Durazno, que definían como “un centro fantasma” ante la falta de médicos, ambulancias y la renuncia de pediatras, cirujanos y ginecólogos. También en aquel año, ASSE reconocía que la situación de Durazno no era diferente de otras unidades ejecutoras del interior del país.
Incluso los niños, quienes hoy conforman la base de emocionados discursos electorales, eran atendidos por médicos de adultos, quienes, además, atendían las urgencias y emergencias.
Ese año también sirvió para conocer la realidad de Treinta y Tres, que tenía “grandes problemas” en psiquiatría de adultos. O en Florida, cuyo hospital era considerado “una caldera del diablo” porque tampoco tenía solucionada la problemática en Pediatría, que llevaba más de un año sin resolverse. En Rivera, ante una situación de similares características, el director del hospital había renunciado porque resolvía la contratación de médicos con fondos destinados a otros rubros.
El gobierno de entonces anunciaba una segunda reforma de la salud, pero el Sindicato Médico consideraba que antes de eso, el gobierno debía definir los mecanismos para evaluar el Sistema Nacional Integrado de Salud, que ese año cumplía una década. Es decir, tiempo suficiente para un monitoreo y resolución de debilidades y conflictos.
Los profesionales agremiados proponían incluso la conformación de una Agencia de Evaluación de Calidad e Indicadores a fin de evaluar la calidad asistencial y aseguraban que faltaba voluntad política y mayor capacidad de análisis para comprender que el país atravesaba una “Medicina de pobres para pobres”.
En cuanto a los medicamentos, también es posible recurrir a la memoria y recordar que en el Hospital Saint Bois, en 2017, se suministró una dosis para adultos de Mulsiferol a más de 200 niños, y como resultado, en 2021 dos familias demandaron a ASSE por casi 3 millones de dólares.
Dos niñas padecían cálculos de calcio en sus riñones, y ese “estado de salud desfavorable se proyectará durante toda su vida”, con problemas de crecimiento, neurológicos y renales, decía la demanda. Todos los casos mencionados, a modo de ejemplo, corresponden a dos años de distintos períodos de una misma administración.
Solo para recordarles a quienes tienen una amplia visibilidad debido a los lugares que ocupan en las fórmulas presidenciales, que cuando viajan o hacen declaraciones en el exterior, deben llevar consigo “la memoria”. Porque la sensación de “déjà vu” suele ser muy grande en la población.

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A tan solo tres semanas de las elecciones nacionales, el clima electoral en Uruguay, con plena vigencia de la institucionalidad democrática, sigue siendo frío. Esto da cierto respaldo a quienes consideran que los partidos políticos, o más precisamente sus dirigentes, han ido perdiendo credibilidad a lo largo de los años. Persisten problemas que datan de décadas, muchos de ellos de carácter estructural, y todos los partidos que han llegado al gobierno se han regido por cortoplacismos.

La regla ha sido evitar pagar costos políticos debido a la proximidad de la siguiente elección. Así, todo lo que no se hace en los dos primeros años de gobierno –cuando es posible adoptar medidas impopulares pero necesarias debido a la distancia con la próxima contienda electoral– ya no se realiza en el resto del período. Mucho menos en el último año, cuando los partidos en el poder adoptan una actitud de “piloto automático”, evitando innovar o hacer olas, para no generar cuestionamientos que puedan derivar en pérdida de votos. La oposición, por su parte, aprovecha cualquier error para potenciar su mensaje.

En resumen, nada nuevo bajo el Sol. Estas posturas se ven en todas las democracias del mundo, con mayor o menor intensidad. Sin embargo, en los países desarrollados no se presenta la misma complejidad que implica postergar medidas correctivas estructurales, como ocurre en Uruguay. Aquí prevalece el inmediatismo, el cortoplacismo, la improvisación y la búsqueda de jugadas geniales, aunque luego se califiquen de “chambonadas” de los dirigentes. Y quien quiera creerlo, cierra los ojos y levanta la banderita del partido.

En Uruguay, como en muchos países, el electorado está mayormente dividido en dos grandes bloques ideológicos. Estos abarcan desde tendencias centristas hasta los sectores más radicales. Sin embargo, existe un porcentaje de entre el 10 y el 15 por ciento de los votantes que cambian su elección en cada comicio por diversos motivos. Al final, son ellos quienes definen cuál de los grandes bloques tendrá mayoría parlamentaria y, eventualmente, se impondrá en el balotaje si es que se llega a esa instancia.

Como suele suceder, el ciudadano común, salvo un pequeño porcentaje, sigue los avatares políticos y la campaña electoral con escasa atención. Menos aún lee los programas de gobierno que los partidos tratan de difundir. En el mejor de los casos, el votante se queda con los titulares que pronuncian los dirigentes de su colectividad, sin mayor interés en interiorizarse en las propuestas reales.

Este es el sino de los tiempos electorales, muy distintos a la efervescencia vivida en el retorno a la democracia a mediados de los años ochenta. En aquella época, la gran mayoría de la ciudadanía se unió contra la dictadura, pero con el tiempo las diferencias y disensos fueron emergiendo. Los partidos se han turnado en el poder, con sus aciertos y errores.

A la hora de los programas y propuestas, cada partido lleva agua a su molino. Los candidatos dicen lo que harán, cuidándose de no formular compromisos que saben que no podrán cumplir. En medio de la contienda, se escapan dislates, teñidos de la búsqueda de emociones y grandes enunciados que enfatizan el qué, pero no el cómo –algo que, además, el ciudadano tampoco suele cuestionar–. Porque todos saben que el partido se juega más en el terreno emocional que en la racionalidad, donde pesan factores relacionados con el humor social y las afinidades ideológicas.

En este caso, un tema ha sido introducido –o más bien lo ha introducido el Pit-Cnt, junto con sectores radicales del Frente Amplio–: el plebiscito de reforma constitucional sobre las pasividades. Es un simple manejo de eslóganes sin sustento, buscando captar la adhesión de ciudadanos desprevenidos mediante la manipulación de aumentar las jubilaciones más bajas y mantener la edad jubilatoria, sin que esto afecte las arcas del Estado.

Es el colmo de la demagogia e irresponsabilidad, algo que cae por su propio peso. Si era tan fácil, ¿por qué no se hizo durante los quince años de gobierno del Frente Amplio, cuando el Pit Cnt tenía a su disposición las mayorías parlamentarias para lograrlo?

¿Por qué solo el equivalente a un salario mínimo de pasividad? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no permitir que la gente se jubile a los 50 años? Al fin y al cabo, según ellos, el dinero está o aparecerá mágicamente, como afirman alegremente los promotores de este plebiscito.

La respuesta está en la interna del Frente Amplio. El plebiscito no es más que una pulseada del Partido Comunista y los radicales para torcerle el brazo a la coalición de izquierdas, para demostrarles quién manda de verdad. No importa si se aprueba o no, los votos están marcados de esta forma y sirven para demostrar el poder que tienen. Mientras tanto, el ciudadano de a pie queda de rehén de quienes no les importa la suerte que corra el país, sino dar un paso más –y si es posible, decisivo—hacia el socialismo que pretenden imponer, por la vía del “cuanto peor, mejor”.

Esperamos que el ciudadano, más allá de sus preferencias electorales, no se deje llevar por los cantos de sirena de los oportunistas de siempre. La iniciativa que no es apoyada por ninguno de los candidatos presidenciales de los grandes bloques. Aunque en la coalición de izquierdas, el tema se maneja con cuidado para no generar controversias internas.

Mientras tanto, el fragor de la contienda electoral seguirá su curso, con los oficialistas y opositores culpándose mutuamente de todo lo malo que ocurre en Uruguay, como si ninguno hubiera ejercido antes el gobierno. Solo así se explica, en vivo y en directo, el creciente descreimiento ciudadano.
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Estamos empezando octubre y con ello ingresamos en el denominado “Mes de la Concientización en Ciberseguridad”, un evento que se estableció en el año 2003 a instancias del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Homeland Security o DHS, por sus siglas en inglés) y desde entonces la iniciativa ha sido apoyada y replicada por diversas organizaciones públicas y privadas de todo el mundo. Si observamos cómo ha crecido la incidencia de todo lo digital a nuestro alrededor, comprenderemos por qué se ha vuelto un concepto tan relevante, no solo a escala de la seguridad de los estados, como fue el planteo original de este mes –que vaya si sigue siendo un aspecto relevante–, sino que además es un concepto importante en la medida en que tenemos un montón de información, un montón de activos y también de actividades que se han transferido a la vida digital.
En nuestro país la Agencia para el Gobierno Electrónico (Agesic), el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (Certuy) y Presidencia de la República están desarrollando este mes la campaña “Seguro Te Conectás”, con el objetivo de “promover a nivel global una cultura de la ciberseguridad para que todos los usuarios de Internet puedan utilizar de modo seguro y confiable las herramientas digitales”. Estas acciones buscan “educar y sensibilizar respecto del rol del usuario como defensa clave en temas de ciberseguridad”, así como alentar a la cooperación internacional en la materia e impulsar a que los gobiernos y el sector privado trabajen juntos para abordar los desafíos presentes y futuros.

Ya hemos mencionado que el episodio reciente en la Intendencia de Paysandú no será apenas uno más, marcará un hito en la historia del país en la materia, pero eso lo veremos más adelante y no es algo que esté al alcance del público tomar medidas. Sí, en cambio, hay acciones que podemos tomar para mejorar nuestra propia seguridad en línea, además de estar alertas y desconfiar siempre como recomendación general.
Sin ir más lejos, una noticia en estos días en páginas de EL TELEGRAFO titulaba “Estafaron a uruguayos desde cárceles argentinas”. De acuerdo con esta información, un grupo de delincuentes logró hacerse con U$S 9.500 de la cuenta bancaria de un uruguayo que creía estar comprando una estadía en un hotel, y en realidad había entregado voluntariamente sus datos. Pero el artículo sigue relatando como una segunda persona creyó que estaba participando en un sorteo por entradas a un espectáculo, cuando en realidad estaba siendo engañada y terminó sufriendo la pérdida de U$S 10.000. Fiscalía de Flagrancia, dice la nota, detectó que detrás de esta maniobra había una organización de estafadores que operaban desde call centers ubicados en cárceles de Argentina y tenían “mulas” en Uruguay, como un ciudadano venezolano que tenía el rol de enviar el dinero que se obtenía a una cuenta ubicada en Argentina a través de un depósito en una tarjeta prepaga.
Los estafadores utilizaban páginas que ofrecían paquetes de bajo precio en hoteles de Punta Cana o falsos sorteos para los recitales de Paul McCartney y Marc Anthony, quienes recientemente realizaron shows en Montevideo, entre otras gangas y aplicaban además otras modalidades como el phishing, que les permite acceder a información personal o financiera, haciéndose pasar por instituciones legítimas, por ejemplo tiempo atrás hubo una página que replicaba la del Banco de la república. Estas acciones terminan no solo con la extracción del dinero disponible en una cuenta, sino que además suelen tomar créditos a nombre del titular, que después debe hacer frente a ellos.

En un reciente evento organizado por Agesic aludió al tema de la ciberseguridad en el sector financiero el vicepresidente del Banco Central del Uruguay, Martín Inthamoussu, quien planteó que es un desafío para la institución, necesario para acompañar la transformación digital que se esta produciendo en el mercado de pagos de nuestro país, que acaba de lanzar, por ejemplo, la posibilidad de abonar mediante códigos QR. El funcionario destacó que este año se aprobó la Ley de prevención y represión de la ciberdelincuencia, que, sostuvo, “da robustez para trabajar estos temas”. Además anunció que se va a publicar una guía que se empezará a aplicar con las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDEs, las que conocemos con el nombre genérico de financieras), que son las que tienen mayor volumen de clientes.
Cerró su mensaje afirmando que “la digitalización vino para quedarse; es un tema al cual no podemos escapar, que va a seguir evolucionando” y como muestra de ello presentó el dato de que según el Reporte del Sistema de Pagos Minoristas “hoy en día el 76% de los montos operados en los pagos en Uruguay son digitales, mientras que hace 5 años eran menos del 50%”. Esto, dijo, “va a seguir creciendo y lamentablemente tiene un efecto de riesgo, el cual tenemos que acompañar, intentar anticiparnos, monitorear, coordinar, educar, a la interna y hacia afuera”. → Leer más

A principios de esta semana, la Unión Europea y Uruguay firmaron un nuevo acuerdo para implementar la hoja de ruta del hidrógeno verde, que contará con una subvención de dos millones de euros del bloque europeo a nuestro país. El objetivo es “apoyar los sectores renovables” y “facilitar las inversiones”, dando un paso significativo para reafirmar los objetivos y generar las condiciones necesarias para que este camino de cooperación en intereses compartidos se materialice.
La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, anunció la firma durante el V Foro de Inversión Europea en Montevideo. En esa instancia, precisó que “nuestro objetivo es apoyar a Uruguay en su desarrollo de los sectores renovables y facilitar las inversiones. Muchas empresas europeas están inclinadas a invertir y a contribuir a este desarrollo”. Además, destacó como un hito de gran relevancia la aprobación del acuerdo marco bilateral con el Banco Europeo de Inversiones, que permitirá financiar proyectos públicos de energía en Uruguay.
Simson añadió que “el Banco Europeo de Inversiones está muy interesado en invertir en la producción de hidrógeno verde en Uruguay, en el marco de su Agenda Europea Global Gateway. En la Unión Europea tenemos el compromiso de generar un cambio de paradigma y pasar de los combustibles fósiles a los renovables”. En apoyo a este acuerdo, la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, afirmó que se espera que en 2040 el país produzca un millón de toneladas de hidrógeno de cero emisiones.

“Esto significará una inversión de 18.000 millones de dólares y más de 30.000 puestos de trabajo para nuestro país”, acotó la ministra, subrayando la importancia que la Unión Europea le da a Uruguay en el tema de energías renovables. Europa es el mayor inversor extranjero, con más del 40% del total de inversión extranjera directa. Facio también explicó que “como las inversiones para la producción de hidrógeno son muy grandes, no tendría sentido hacerlas solo para lo que nuestro país puede llegar a consumir, sino para exportar y así apalancar también el consumo local”.
Este tema debe ser valorado especialmente en Uruguay, donde, como en otros países en desarrollo, se ha instalado históricamente un círculo vicioso que refuerza las causas y efectos de los problemas estructurales y coyunturales. Además, las urgencias a menudo postergan lo importante, en un intento por sortear las crisis inmediatas, lo cual condiciona el futuro.
Es indudable que la apuesta por las energías renovables, al igual que el sector forestal, representa una de las pocas líneas estratégicas en las que los partidos han sobrellevado sus diferencias, pese a los distintos enfoques. Desde la Ley de Desarrollo Forestal de 1987, tanto el Frente Amplio como los partidos tradicionales han apoyado el desarrollo del sector forestal. Aunque persisten falencias en la industrialización de la materia prima, este sector ha experimentado una expansión notable, generando riqueza y derrame de recursos en la economía.

De manera similar, el desarrollo de las energías renovables ha seguido siendo una política de Estado, más allá de los gobiernos. Cada administración le ha impreso su propio sello, lo que ha permitido diversificar la matriz energética en diversas áreas.
En el actual gobierno, una de las acciones destacadas en el plano energético es la hoja de ruta del hidrógeno verde, liderada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Este sector tiene un potencial productivo de 2.000 millones de dólares para 2040, con una proyección de exportación clave.
El MIEM y otros organismos han dado a conocer el documento que recoge la estrategia a largo plazo de Uruguay para la producción y exportación de hidrógeno verde y sus derivados. Se proyecta que, para 2040, esta industria generará alrededor de 2.000 millones de dólares y más de 30.000 empleos de calidad.
La implementación del hidrógeno verde, junto con la movilidad eléctrica y la eficiencia energética, constituye uno de los pilares de la “segunda transición” que promueve el Gobierno. Este proceso cuenta con la colaboración de varios ministerios, como Ambiente, Economía y Finanzas, y Transporte y Obras Públicas, así como con el apoyo técnico de las empresas estatales UTE y Ancap, y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El objetivo es desarrollar una estrategia climática y ambiental a largo plazo, ya que el hidrógeno verde es un paso hacia la descarbonización de sectores como el transporte de larga distancia y las industrias que dependen de combustibles fósiles.

Entre las ventajas de apostar por este energético están la complementariedad entre las energías eólica y solar, la disponibilidad de agua y biomasa, y la infraestructura de transmisión eléctrica. Uruguay también ofrece estabilidad institucional, seguridad jurídica y un marco regulatorio que favorece las inversiones internacionales a largo plazo.
Es vital que la hoja de ruta se integre en una política de Estado que genere confianza entre los potenciales inversores, ya que la inversión es clave para el éxito o el fracaso de esta iniciativa. El reciente acuerdo entre Uruguay y la Unión Europea, con la subvención para la hoja de ruta del hidrógeno verde, es una señal positiva para los inversores, impulsando además el acuerdo marco bilateral con el Banco Europeo de Inversiones para financiar proyectos de energía pública en el país.
Finalmente, este acuerdo representa una oportunidad para que todo el sistema político respalde este proceso, ya que la estabilidad de las reglas de juego es crucial para atraer capitales de riesgo. → Leer más

Dentro de cinco o seis años el mundo tendrá más adultos mayores que jóvenes y, si bien esto es un indicador del aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población implica nuevos desafíos vinculados fundamentalmente a la seguridad económica en la vejez, la atención de la salud y los sistemas de protección social.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la población mayor de 60 años pasará a ser el 22% de la población mundial en 2050, lo cual significa que existirán unos 2.000 millones de adultos mayores, así como un incremento muy importante si tenemos en cuenta que ese porcentaje en el año 2.000 era de un 11%.
El pasado martes se conmemoró el Día del Adulto Mayor, con un claro planteo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto al impacto del envejecimiento de la población que está transformando las estructuras sociales de todo el mundo, a partir del aumento de la esperanza de vida que se sitúa actualmente por encima de los 75 años de edad en la mitad de los países del mundo. Esto representa 25 años más que en 1950.
En este contexto, según datos de la Cepal, para 2085, América Latina y el Caribe superarán a Europa como la región con la proporción más alta de personas de edad avanzada en relación con la población en edad de trabajar.
“Este cambio demográfico ha transformado significativamente el ámbito de los cuidados, que engloba una amplia gama de necesidades de asistencia, tanto remunerada como no remunerada, en entornos formales e informales”, señaló la ONU.
A nivel regional el panorama se complica aún más si tenemos en cuenta que los países latinoamericanos tienen tasas de ahorro nacionales bajas y que, en general la región se encuentra mal preparada para atender las necesidades de la jubilación de lo que será un grupo de personas en edad avanzada que irá creciendo.
A esta situación hay que agregarle otros desafíos referidos a la atención de la salud de las personas mayores y los sistemas de apoyo familiar, especialmente considerando el aumento de las dolencias crónicas y enfermedades mentales.
En Uruguay el tema reviste especial interés ya que el 16% de la población supera los 60 años según datos del Censo de 2023 (un 14% más que en 2011, cuando se había realizado el último relevamiento), destinándose algo más del 8,2% del Producto Bruto Interno (PBI) al gasto público jubilatorio. A su vez, nuestro país destina en pensiones más del doble que el promedio regional en relación a su PBI y duplica el porcentaje regional de población mayor a 65 años en relación con las personas en edad laboral.
Esto aún hoy no es un problema grave, pero es casi seguro que lo sea en las próximas décadas cuando el porcentaje de adultos mayores se duplique y la fuerza laboral disminuya drásticamente en comparación con el número de dependientes que no trabajan.
Las actuales condiciones de vida de las personas mayores de 65 años dependen en una parte importante de experiencias pasadas tales como sus trayectorias laborales y familiares, o su capacidad de acumulación de activos monetarios y físicos a lo largo de la vida, pero también de la forma en que las oportunidades y riesgos del pasado se articulan con la estructura de protección presente, señala un informe elaborado por el Banco de Previsión Social en 2022.
Allí se señala que la “herencia” acumulada por los individuos y sus hogares se hace más notoria y las posibilidades de revertirla y modificarla disminuyen, apuntando que las transformaciones en la familia y el empleo resultan claves para la comprensión de las diferencias en los procesos de envejecimiento. En este sentido, se afirma que los tránsitos a la vejez están pautados frecuentemente por eventos biográficos característicos tales como el retiro del mercado laboral y el acceso a la jubilación, la llegada de los nietos o la viudez, el deterioro y eventualmente la pérdida progresiva de autonomía física y residencial.
El informe del BPS señala el envejecimiento como una dinámica potente e irreversible en Uruguay y lo caracteriza como un proceso con feminización de la vejez (aunque el mayor ritmo de envejecimiento masculino tiende a reducir la brecha entre ambos sexos), y con aumento de las personas en los tramos de edad más avanzados, fenómeno que se ha dado en llamar “el envejecimiento de la vejez”.
Algo que también está pasando es la caída de trabajadores cotizantes al BPS, preocupación manifestada días atrás por este medio por integrantes de la Confederación de Sindicatos de la Industria revelaron que el sector contaba con unos 260.000 cotizantes en el Banco de Previsión Social en las décadas de 1980-1990 y en la actualidad quedan unos 134.000, enmarcado en una sistemática “pérdida de puestos de empleo”, ante la “falta de valor agregado en los productos nacionales y de cambios en la ley de inversiones”.
Por otra parte aquí, como en otros lugares del mundo, parte de las personas mayores se ven obligadas a seguir trabajando y ahorrando incluso después de la edad de jubilación, para compensar el déficit de ahorro sufrido durante sus años laborales más productivos. Es decir, si bien se vive más, para muchos la vejez no trae descanso dado que deben trabajar para financiar su esperanza de vida más larga.
Con este panorama, es posible que nuestros hijos y nietos deban hacerse cargo de las generaciones mayores de una forma en que ninguna otra generación lo ha hecho, lo cual tampoco es del todo justo y demanda la toma de decisiones acertadas que permitan el desarrollo de los más jóvenes y calidad de vida para las personas mayores.
El futuro demográfico exige ocuparse seriamente de estos asuntos ya que constituyen un desafío para la sociedad en su conjunto –tarde o temprano por una vía u otra, nos afectan a todos– que interpelan las políticas, el sistema de seguridad social y de salud, así como a los gobiernos encargados de implementar el desarrollo de los instrumentos necesarios y las reconfiguraciones de los servicios sociales y sanitarios. El tema no es menor cuando a fines de este mes se deberá elegir un nuevo gobierno y junto con las elecciones nacionales será plebiscitada una una reforma de la Ley de Seguridad Social.

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“Incendios forestales devastan América del Sur, expertos advierten que esta sea la nueva normalidad”. Así titula el portal del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (unep.org/es) un artículo en el hace referencia a un fenómeno del que venimos escuchando repetidamente y del que incluso hemos tenido noticias por la presencia de humo suspendido en la atmósfera en esta zona del continente y al que, al parecer habrá que adaptarse, o cuando menos acostumbrarse, a no ser que se tomen decisiones.
“Es probable que los incendios forestales récord que arrasan América del Sur se conviertan en la nueva normalidad a menos que la región implemente inversiones drásticas en la prevención de incendios y limite la agricultura de tala y quema en lugares como la Amazonia”, advirtieron los expertos.
Desde mayo el fuego ha venido destruyéndolo todo a su paso en zonas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú. “La sequía ha creado condiciones altamente propicias para incendios (como un yesquero) en muchos lugares. Incluso el humedal tropical más grande del mundo, el Pantanal (que comparten Bolivia, Brasil y Paraguay), rico en vida silvestre, ha estado ardiendo durante meses”, relata el informe. Las perspectivas a nivel global son que el riesgo de incendios forestales extremos podría aumentar un 30% antes de 2050. Esto como consecuencia del diferentes factores, entre los cuales destacan cambio climático y los cambio en el uso de la tierra, cambios que incluyen “que se empleen zonas para la agricultura de tala y quema”, según refrenda un informe del año 2022, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), cuyo director regional, Juan Bello, calificó como “impactante y triste” el escenario, aunque afirmó que “se puede evitar”.

El Amazonas está experimentando su peor sequía en los últimos 45 años, mientras el cambio climático está favoreciendo las condiciones para la ocurrencia de estos megaincendios. Pese a ello, Bello considera que se puede reducir significativamente las posibilidades de ocurrencia de estos siniestros mediante inversiones en servicios de información climática, los sistemas modernos de alerta temprana, que pueden avisar con antelación a las comunidades. “Estos avisos les ayudaría a prevenirlos antes de que se produzcan. Asimismo, estos servicios de información permiten a los países optimizar el uso de sus recursos de extinción de incendios, a menudo limitados”. Otra forma en la que se puede prevenir estos incendios es restaurando ecosistemas deteriorados “a causa de la intervención humana o incendios”, y menciona como un ejemplo de esto “canalizar el agua de regreso a los humedales puede reducir la probabilidad de incendios”. Del mismo modo sugiere aplicar lo que menciona como “paisajismo inteligente contra incendios”, que supone “espaciar los árboles y arbustos para que sea menos probable que transmitan las llamas”. También recomienda que los países pueden incorporen en su legislación “los conceptos clave de la gestión integrada de incendios, un enfoque holístico para prevenir grandes incendios que puede incluir el uso de quemas controladas”. El informe agrega que el Pantanal “tiene un 60% menos de agua superficial que el promedio histórico y no ha experimentado inundaciones estacionales en seis años” y aunque los incendios pueden tener origen en fenómenos naturales “como los rayos”, la gran mayoría de los incendios en Brasil “son causados por actividades humanas, como la quema de árboles para crear pastos agrícolas”, aseguró Rodrigo Agostinho, presidente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, citado en el artículo. “Hoy, aprovechando [el cambio climático], los invasores de tierras públicas o demarcadas están utilizando el fuego en lugar de las motosierras”, agregó.
En la publicación se hace referencia a convenciones y acuerdos internacionales en los que este asunto de los incendios, así como la prevención del cambio de uso de los suelos para destinarlos a la producción, ha estado sobre la mesa, aunque como es sabido estas cosa no son lo suficientemente efectivas sobre el terreno, especialmente cuando no está en la vocación de los gobiernos de turno de los estados combatirlos, prevenirlos y perseguir a los responsables de ocasionarlos para aplicar los castigos correspondientes.

A todo esto, por estos días da comienzo una “gran conferencia internacional —titulada Resiliencia ante la Sequía +10— para promover la resiliencia ante la sequía”, en la que “expertos, encargados de la formulación de políticas y profesionales” se darán cita en la sede de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El nombre evoca la década transcurrida desde la Reunión de Alto Nivel sobre las Políticas Nacionales relativas a la Sequía. Algo de lo que se busca en esta instancia es promover una reflexión sobre los avances en la preparación frente a la sequía y las medidas de respuesta y adaptación. Las sequías son hoy “un peligro de índole climática insidioso y funesto” y entre sus efectos está el riesgo de que supone para la seguridad alimentaria de las personas, y el ser “una de las principales causas de desplazamientos internos en los países más afectados”, manifestó Celeste Saulo, secretaria general de la OMM.
La conferencia se centrará en los crecientes riesgos relacionados con la sequía que plantean el cambio climático y el aumento de las vulnerabilidades estructurales en muchas sociedades y se examinarán “los avances científicos y en materia de formulación de políticas, en particular los progresos en los ámbitos de la tecnología satelital y las herramientas de inteligencia artificial, que aportan nuevas perspectivas a las esferas del pronóstico, el monitoreo y la evaluación de los impactos”. Aunque la sequía no es un fenómeno nuevo, “el cambio climático está intensificando el ciclo del agua, y ello potenciará las precipitaciones, con las consiguientes inundaciones, y exacerbará la sequía en muchas regiones”, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
De este tipo de consecuencias los expertos han venido alertando desde hace más de cincuenta años, siempre asociado a avisos a largo plazo. Pero el cambio climático está aquí con nosotros, y hay que adaptarse. → Leer más

De acuerdo a los datos aportados por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) en los primeros cuatro meses de aplicación del nuevo sistema de certificaciones médicas para funcionarios públicos se registró un descenso del 17% en la cantidad de días de licencia por enfermedad en comparación con el mismo período de 2023.
Este sistema comenzó con una aplicación gradual en dependencias del Estado y Presidencia de la República fue el primer inciso en adoptarlo en abril de este año. En los primeros cuatro meses se dio una reducción de la cantidad de días pero también de los certificados. En ese caso la reducción fue de 16%, de acuerdo a la información que surgió del Poder Ejecutivo.
A partir del 1° de abril comenzó a regir la normativa para los funcionarios de la Presidencia de la República, y en esa oficina las certificaciones pasaron de 1.804 en 2023 a 1.256 en 2024, cayendo un 30%. También pasaron de 191 a 142 los funcionarios certificados, lo que implica una disminución de 26%, según supo El País. El titular de la oficina, Ariel Sánchez, expuso a su vez a El Observador que “se trata de un notorio abatimiento de las certificaciones médicas”, y aclaró que se trata de números preliminares y que la extensión al resto de los organismos va a permitir tener información más detallada.
Este sistema comenzó a instrumentarse en los ministerios de más de 1.000 funcionarios, como Interior y Defensa Nacional, pero antes ya había comenzado su aplicación en los ministerios más chicos y en los organismos de contralor, en cumplimiento del cronograma establecido para su aplicación en la administración central. La Ley Nº 20.075 del 20 de octubre de 2022, fue aprobada en la Rendición de Cuentas de ese mismo año y establece que los funcionarios y las funcionarias tendrán derecho a un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad en el año. A partir del décimo día, tendrán derecho al subsidio, que van del 75% al 100% de su remuneración. Están comprendidos dentro de este nuevo régimen los funcionarios y las funcionarias que desempeñan funciones en el Poder Ejecutivo (salvo quienes se encuentren en misión en el extranjero); en el Poder Judicial (salvo Magistrados y Defensores Públicos); en el Tribunal de Cuentas; en la Corte Electoral; en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y en los Servicios Descentralizados (con excepción del escalafón N de la Fiscalía General de la Nación).
Quienes están comprendidos dentro de estos organismos, contarán con un máximo de nueve días hábiles al año de licencia remunerada, pudiendo ser estos días alternados o consecutivos. Los mismos se generarán el 1º de enero de cada año y se podrán hacer uso de ellos hasta el 31 de diciembre del mismo año. A partir del décimo día, se percibirá un subsidio de entre el 75 y el 100% de su remuneración. Antes de la aplicación de este sistema, a los funcionarios públicos no se les descontaba nada por certificarse.
En el sector privado la norma vigente establece que los trabajadores no cobran los tres primeros días de licencia por enfermedad y recién a partir del cuarto cobran un 70% del salario, disposición esta que puede tener variantes en caso de estar contemplado en el convenio colectivo de cada empresa, y precisamente esta diferencia en el régimen entre estatales y privados ha sido históricamente considerada como un privilegio más del sector público respecto a los trabajadores de la actividad privada.
Como era de esperar, el cambio de régimen para asimilarlo más al de los privados ha dado lugar a fuerte resistencia de los gremios estatales, a través de la confederación de funcionarios del Estado COFE, la que ha participado en la polémica desatada ya desde antes de la aprobación de la norma. Cuando el gobierno anunció que ponía en marcha el nuevo régimen, COFE definió un plan de acción que incluyó la presentación de un recurso administrativo contra el instructivo “impuesto unilateralmente”, denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las “consultas jurídicas pertinentes” para iniciar una acción de inconstitucionalidad. El secretario general del sindicato, José Lorenzo López, dijo a El Observador que hasta octubre no se reúne el Consejo de Administración de la OIT que es el organismo que se debe expedir sobre el planteo, en tanto el titular de la ONSC Ariel Sánchez advirtió que había una “constante” queja por el “exceso” de certificados, pero incluso este nuevo sistema sigue siendo “más beneficioso” que el de los privados.
El antecedente inmediato y uno de los disparadores para la instalación del nuevo régimen fue que a partir de la aplicación por la actual administración de la Intendencia Departamental de Rocha del régimen que rige para el sector privado para licencias médicas, la cantidad de funcionarios que faltaron al trabajo aduciendo enfermedad bajó un 50 por ciento, por lo que “se acabaron los enfermos de viernes a lunes y el abuso de los mecanismos”, según afirmó el intendente de ese departamento, al considerar que “en el artículo 23 del presupuesto departamental aprobamos un nuevo régimen de licencia por enfermedad. Igual al privado. Los primeros tres días no se pagan. Y mágicamente las licencias por enfermedad bajaron de 38.000 a 16.000, más de 50% de caída. Y estos años van a ser aún menos. Se acabaron los enfermos de viernes a lunes y el abuso de los mecanismos”. Estos elementos refieren a una problemática que lamentablemente se da en todas las dependencias del Estado, donde se aplican normas que han sido creadas con la finalidad de atender la salud de los funcionarios mediante un régimen muy contemplativo, pero la flexibilidad y la ausencia de controles ha desvirtuado su esencia, al punto que el común denominador son los abusos, con funcionarios que “casualmente” se enferman los lunes para estirar el asueto del fin de semana, que presentan enfermedades muy difíciles de identificar y “diagnosticar”, pero que les permiten someterse a tratamientos interminables y/o faltas asiduas, porque siempre hay quienes van a cubrir sus funciones en la dependencia en la que trabajan y van a recibir igualmente el pago a fin de mes como si cumplieran al pie de la letra con sus obligaciones laborales.
Ello no sería posible si los controles correspondientes se aplicaran como es debido, tanto desde el punto de vista del profesional médico, como de los respectivos jerarcas y funcionarios encargados de la documentación y cumplimiento de los requisitos establecidos para poder acogerse a este sistema de beneficios. Pero estamos dentro del Estado, donde en los hechos los funcionarios “se han apropiado” de la empresas estatales y de las dependencias públicas, y pretenden transmitir que lo que los beneficia es para beneficio del país, cuando la realidad indica precisamente todo lo contrario.
Y con el nuevo régimen en realidad apenas se araña la superficie de los abusos que existen dentro del ámbito laboral del Estado, apenas aproximándolo en algún sentido al privado, pero esta “aproximación” ya alcanza para que las gremiales pongan el grito en el cielo.
En realidad, estas medidas apuntan a los “enfermos” o eternos indispuestos de fines de semana, acogidos al benigno y tolerante funcionamiento del régimen laboral dentro del Estado, que se da tanto en las intendencias, como en la administración central, en las empresas públicas y toda dependencia estatal, donde los sindicatos se oponen a todo aquello que en su imaginación pueda amenazar sus condiciones de trabajo y la inamovilidad de la que se benefician.
Que no es precisamente la situación en que se encuentra la enorme mayoría de los uruguayos, los trabajadores del sector privado, que paradójicamente, con sus impuestos y esfuerzo, les pagan religiosamente los salarios mes a mes. → Leer más

La situación carcelaria en Uruguay plantea un escenario que no es novedoso. Su población creció más del 30% en los últimos cuatro años, reinciden siete presos de cada diez y el país se ubica en un ranking global de las diez naciones con mayor cantidad de privados de libertad.
La mirada se vuelve a los recintos a raíz de las últimas seis muertes que investiga la Fiscalía por el contexto de violencia registrado en el complejo carcelario de Santiago Vázquez (antiguo Comcar). El hacinamiento y las adicciones a las drogas socavan las capacidades del Estado para cumplir sus funciones, porque esta problemática atraviesa a las administraciones, aunque en ocasiones se pierdan de vista algunos hechos.
El 8 de julio de 2010, un precario calentador originó un incendio en la —entonces— cárcel de Rocha. El edificio que cerró sus puertas definitivamente al año siguiente de ocurrido el desastre data de 1878 y recién el año pasado se presentó un proyecto para ejecutar un jardín interactivo en ese espacio vacío y destrozado. Aquel día quedó marcado en el calendario como la mayor tragedia carcelaria en la historia uruguaya, con 12 fallecidos, ocho heridos de diversa entidad y ningún responsable.
En el año 2022, el Ministerio del Interior fue condenado a pagar indemnizaciones a los familiares reclamantes, luego de un largo proceso y sucesivas apelaciones. El fallo, que el gobierno actual resolvió no apelar, estipuló un total de 1,1 millones de dólares por concepto de “daños y perjuicios”, con indemnizaciones que varían entre 3.000 y 270.000 dólares. Algunas demandas fueron amparadas de forma total y otras parcial, conformando la trama de un hecho que estaba condenado a que sucediera.
En una habitación de cuatro por siete metros cuadrados convivían veinte reclusos —su capacidad era para ocho— separados por las denominadas “ranchadas” o elementos que se usaban para dividir y brindar una suerte de privacidad. Las frazadas, nailon o sábanas que dividían a las personas tomaron fuego tras caer sobre un calentador que era un ladrillo atado con alambres y enchufado a la electricidad. Eso, sumado a las sospechas de demoras en abrir las puertas de la celda, se cuentan entre las principales hipótesis del siniestro que comenzó a las 3:30 de la madrugada.
Y un detalle que no es menor: aquella cárcel no tenía la habilitación de Bomberos ni los suficientes elementos de seguridad para enfrentar un incendio de ese tipo. Al momento de la tragedia, registraba un hacinamiento del 290%, porque en una estructura para 50 personas vivían 174.
En aquel entonces —bajo el viejo código— algunos jóvenes fallecidos en el siniestro estaban privados de la libertad por poseer algunos porros o gramos de marihuana. Estos hechos se discuten hasta hoy —con el nuevo código— y la oposición sugiere que las cárceles uruguayas incrementan su población por este perfil de presos. O sea, una polémica que se repite aunque hayan cambiado los procedimientos.
Este año cerrará con unos 16.000 encarcelados. Sin embargo, la estadística no para de crecer y, a pesar de la alta prisionización, la percepción de la inseguridad ciudadana se mantiene intacta en las estadísticas, así como en las calles, desde el año 2009.
Es que en los últimos veinte años la población carcelaria se multiplicó por tres, pasando de 6.211 en 2005 a 15.700. Más del 85% de esta población es consumidora problemática de sustancias, con una abrumadora cantidad de reincidentes.
Entonces, no es necesario buscar la explicación de los altos niveles de violencia que se registran en los últimos quince años. Ni tampoco del deterioro en la salud mental que, por ejemplo, declara inimputables a los autores de los últimos tres matricidios o de los atacantes de mujeres en la vía pública.
¿Es quizás por esa razón que algunos parlamentarios convocarán al ministro del Interior, Nicolás Martinelli? Porque si fuera únicamente por los seis reclusos fallecidos en el Comcar, sería una realidad bastante más parcial de lo que muestra un escenario complicado desde hace muchos años.
El sistema no está colapsado desde ahora, ni desde hace seis meses cuando ocurrió un hecho similar, con la muerte de otros seis reclusos.
¿Hubo en aquel 2010 un protocolo para prevenir un hecho tan aberrante? ¿Se instalaron en los sucesivos años, cuando también ocurrieron muertes violentas?
De acuerdo al Instituto Nacional de Rehabilitación, en el presente período de gobierno se han construido y recuperado más de 1.300 plazas, más de 600 se encuentran en construcción y se proyectan unas 2.100. Pero, ante el hacinamiento dispar que es crónico en algunas cárceles —como el antiguo Comcar—, faltan unas 2.500.
Por lo tanto, el sistema se encuentra en crisis desde hace largo tiempo y la escuela del delito se desarrolla sin mayores complejidades. Es así que nadie puede pecar de ignorante ni mucho menos de iluso. Recién desde el año pasado se muestra la evidencia de la reincidencia carcelaria, cuando antes era estimada. Y ese 70% es claro y contundente porque indica que solo el 30% desiste de delinquir. Los que vuelven al delito son, en su mayoría, hombres mayores de 35 años que cumplieron penas menores a seis meses.
Pero mientras la seguridad ciudadana sea un botín electoral, el camino a la solución será aún más largo y dificultoso. El sistema, tal como está planteado, no es viable y desactiva cualquier programa de rehabilitación. También este es un hecho constatado por la realidad de lo que ocurre en las cárceles.
No está claro si estos hechos lamentables —también— forman parte del juego político de los llamados a comisión general o las interpelaciones parlamentarias. Lo cierto es que se repiten conforme pasan las administraciones y, en ocasiones, parece que se les va de las manos.

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Han pasado varios días desde que se publicó que la empresa Ciemsa fue la seleccionada para construir la residencia estudiantil, pero aún no se ha publicado cuánto es la cotización que presentó esa empresa para la construcción de esa obra. Un costo de más de cuatro millones de dólares fue lo primero que dijo el intendente; cinco millones dijo después, o más de seis millones y medio de dólares según la respuesta dada al pedido de información elevado por el Dr. Federico Álvarez Petraglia y Mario Díaz. ¿Por qué tanta reticencia para informar lo que se aceptó? Esa información se debió publicar enseguida de ser seleccionada la empresa constructora y sin embargo hasta el día de hoy no se han publicado las cotizaciones de las empresas que se presentaron al llamado a licitación. Además del pésimo lugar seleccionado para construir la residencia universitaria –una zona inundable, solitaria y distante dos kilómetros y medio de los centros de estudio– se le agrega el elevadísimo costo de esa construcción, si lo comparamos con el costo de una imponente obra de excelente calidad inaugurada en diciembre de 2023, como es la Torre de la Defensa en el corazón de la ciudad.

Para comparar costos siempre es mejor hacerlo con los costos que pagan los privados, por razones obvias. Por eso para comparar tomamos la imponente obra de la Torre de la Defensa que se inauguró en el mes de diciembre 2023. Está publicado en la web y cualquiera lo puede ver que esta obra tuvo una inversión de U$S 15.000.000 y una superficie construida de 11.000 m².

El Arquitecto Alberto Zinno, integrante de la firma Zinno y Paggi, dio detalles de esta obra que llevó más de 2 años de ejecución, y cuenta con oficinas y departamentos de primer nivel.

La Torre de la Defensa, un edificio de 108 metros de alto –27 pisos y comprende 40 unidades de viviendas, 30 oficinas, 600 m² de amenities, dos barbacoas, gimnasio de 130 m², piscinas cerradas climatizadas, solarium, 43 garajes, local comercial de 24 horas en la planta baja, dos estacionamientos en el subsuelo y uno a nivel de vereda, todo en régimen de propiedad horizontal–.

Si hacemos el cálculo del costo por m² de construcción, tenemos lo siguiente: U$S 15.000.000/11.000 m² = U$S 1.363,64/m².

Si comparamos el costo de esta gran obra con el costo informado por la intendencia para la residencia universitaria, vemos lo siguiente:
Residencia Universitaria U$S 5.000.000 para 2.100 m²: U$S 5.000.000/2.100 = U$S 2.380/m² (costo del m² de la residencia universitaria).

R.Univ. U$S 2.380/m² – T. de la Def. U$S 1.354,50 = U$S 1.352,12 –exactamente el doble más caro el m² de la residencia universitaria que el m² de la Torre de la Defensa. Eso sin tener en cuenta la complejidad de la construcción de la torre y la cantidad de servicios incorporados en esta obra.

Al costo de la Torre de la Defensa, la residencia universitaria costaría U$S 2.844.450 y el intendente nos dice que costará U$S 5.000.000 ¿No conocía el intendente el costo del metro cuadrado de la Torre, siendo que está publicado en la web y que los profesionales que lo asesoran sin lugar a dudas deberían conocer? ¿Cómo aceptó ese presupuesto, sabiendo de la distinta calidad de las obras y la cantidad de servicios anexos?

El intendente debió rechazar las ofertas que se presentaron y llamar a una nueva licitación, porque son enormes las diferencias entre una obra y la otra y es inadmisible que se acepte un precio por metro cuadrado el doble más caro que la Torre que se inauguró en diciembre 2023.

¿Qué hará ahora el intendente? ¿Seguirá ocultando la información o publicará lo que aceptó?

Ing. Ricardo Brasesco → Leer más

El expresidente José Mujica salió al rescate del economista Gabriel Oddone, quién sería el ministro de Economía de Yamandú Orsi y también selló la suerte del senador Charles Carrera.

Después del almuerzo con empresarios e inversores argentinos, y frente a algunas señales del mercado, era obvio que para respaldar las “certezas” y “garantías” de no cambios, se hacía preciso alguna certeza más cierta y de ahí que Orsi se vio como obligado a anticipar que su ministro de Economía sería Oddone. Era medio sabido pero el candidato no terminaba de confirmarlo y dejaba la duda con circunloquios como lo ha hecho con otros temas.

Oddone en un economista reconocido y respetado que sabe que dos más dos son cuatro y eso es clave aunque no encaje en la ortodoxia doctrinaria.

Hay otros en la coalición “progresista” que también lo saben pero no lo soportan: la ideología les impide verlo; y apelan, además, a las “bases programáticas”.

La falta de énfasis de Orsi, más el tembladeral que el aviso provocó en la interna, hicieron que el economista tuviera algún traspiés.

Juan Castillo, “pope” los comunistas dijo que discrepaba y que no le gusta Oddone; otros fueron más allá y lo acusaron de “estar en pecado” por defender “al empresariado”.

Parece que para nombrar ministros tampoco hay mucha libertad de acción.

Salir del “confort” de la consultoría, la docencia y la academia y entrar en “la cancha” política es peligroso y decididamente incómodo: el campo está más embarrado, por decir lo menos.

Y Oddone se metió con el “plebiscito”, el del Pit Cnt nada menos. Y generó dudas: se sometió a aquello de que la libertad de acción es para apoyarlo pero no para hablar en contra, como el economista ya lo había hecho más de una vez. Entendió, supongo, que ahora como futuro ministro tenía que “balancear”. Se le vinieron encima de un lado y del otro.

Es que el “plebiscito” de la burocracia sindical es dialéctica marxista pura –“lo peor es lo mejor”–, y además el “atajo” que imaginó el Partido Comunista para adueñarse de la izquierda. Esta es hoy su gran pulseada con el MPP y no le importa dividir ni perder las elecciones, si es necesario.

De ahí que Mujica salió a “parar la mano” y en declaraciones a Búsqueda no dejó dudas. Fue muy concreto en que “el camino es la ley” y no el plebiscito, que éste “no es el mecanismo indicado”, que su aprobación puede “armar un caos”, que causaría “un lío importante” y fundamentalmente generaría “un problema” respecto a la “estabilidad jurídica del país” (adiós a las garantías y las certezas). En buen romance: con esto del plebiscito a no joder más. Se está contra, dijo el caudillo.

El veterano dirigente ahuyenta así algunas nubes. Y lo mismo ocurrió con el caso de Carrera. Sobre esta cuestión fue lapidario: dijo que “habría que tomar decisiones más claras” y que estas cosas no se disimulan sino que “se enfrentan”. Carrera ya había decidido renunciar como senador y en las últimas horas se supo que tampoco integrará la lista al senado. Esto habla bien de él y de su grupo. Carrera, no metió la mano en la lata, sin dudas, pero si metió la pata. Abusó de su poder, y tapó a la Policía en algo mal hecho. No hay solidaridad que lo justifique. Eso no se premia con aplausos sino que se castiga según lo que la justicia criminal o civil dictaminen. → Leer más