Opinión

Cada año el 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, a convocatoria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que en 2024 en particular decidió hacer un llamado a priorizar la salud mental en el lugar de trabajo.

Decía la organización respecto a la consigna estipulada para este año que se decidió subrayar “el vínculo esencial que existe entre la salud mental y el ámbito laboral”. Los lugares de trabajo seguros y saludables, asegura, ayudan a proteger la salud mental, mientras que las condiciones poco saludables, la estigmatización, la discriminación y la exposición a riesgos como el acoso y otras condiciones de trabajo deficientes, son riesgos importantes que afectan a la salud mental y la calidad de vida en general y, en consecuencia, a la participación y la productividad en el trabajo. De esta forma, “si se tiene en cuenta que el 60% de la población mundial trabaja, resulta urgente tomar medidas para que el trabajo prevenga los riesgos para la salud mental y la proteja y fomente”. Agrega el mensaje de la OMS con motivo de este día que “los gobiernos, los empleadores, las organizaciones que representan a los trabajadores y empleadores, y otras partes interesadas responsables de la salud y la seguridad de los trabajadores, deben colaborar para ayudar a mejorar la salud mental en el trabajo, aplicando medidas en las que se tenga en cuenta la opinión de los propios trabajadores, sus representantes y personas con experiencia directa con problemas de salud mental”. De esta forma, prosigue, “al invertir esfuerzos y recursos en enfoques e intervenciones basados en la evidencia, se vela por que todos los trabajadores tengan la oportunidad de desarrollarse en el trabajo y en la vida” y cierra con un llamado a “actuar hoy para que el mundo de mañana sea más saludable”.

Nuestro país adhirió, como es tradicional, a la convocatoria de alcance global, y también el Ministerio de Salud Pública (MSP) emitió un mensaje relacionado con esta fecha, reconociendo la importancia de la salud mental como parte integral de la salud y manifestando su compromiso “con un modelo de atención comunitaria, tal como establece la Ley de Salud Mental (N°19.529)”. Cita a continuación que en el marco de lo previsto en el Artículo 11º de la referida Ley, se desarrolla en el país desde el año 2020 una Campaña Interinstitucional bajo la consigna ‘La Salud Mental solo se construye en comunidad’, la que se lleva a cabo en conjunto con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH) y el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), con la que se busca “promover el diálogo y la reflexión, informar y sensibilizar sobre salud mental desde una perspectiva de derechos humanos, ubicando a las personas en el centro”. Claramente estamos ante un enfoque diferente al propuesto a nivel internacional para el abordaje de la fecha, aunque claramente es válido que cada país adhiera haciendo énfasis en sus preocupaciones particulares. Y en nuestro país no es posible discutir que en materia de salud mental la prevención de los suicidios es un tema prioritario, en la medida que encabezamos esta estadística a nivel continental y a nivel mundial estamos en el grupo de los países más complicados.

Podemos ver los énfasis del trabajo en salud mental en Uruguay haciendo un repaso por la enumeración que la misma cartera incluyó en su mensaje sobre las principales acciones realizadas este año. Al respecto destaca la “Ampliación de la atención a todas las personas de hasta 30 años inclusive en el SNIS”; la Reducción de barreras económicas para el acceso a tratamiento para personas que han tenido intentos de autoeliminación; “se eliminó el costo de medicamentos esenciales en el tratamiento de depresión y ansiedad, y se estableció una tasa moderadora topeada para otros; se elaboró una Guía de recomendaciones para asistencia de personas con ansiedad y depresión; se publicó una “Guía clínica para el abordaje de la conducta suicida” con el objetivo de uniformizar y mejorar la atención en todo el país; se implementó “un monitoreo constante para asegurar que los prestadores del SNIS cumplan con el Protocolo de atención y seguimiento de personas con intentos de autoeliminación. Asimismo se establecieron nuevas metas asistenciales para 2024-2025, en las que se incorporó un indicador que establece medidas de seguimiento inmediato para afiliados que hayan tenido un intento de autoeliminación”. Y la lista prosigue, pero posiblemente este repaso alcance para tomar una idea del enfoque con el que ha trabajado el Ministerio de Salud Pública en este tema. Si la pregunta que se está haciendo, amigo lector, es si alcanza, la respuesta es que no, por supuesto, que siempre habrá mucho más por hacer.

Ahora bien, de ninguna manera implica esta decisión del Ministerio de Salud Pública de orientar sus acciones en materia de salud mental a la prevención del suicidio, que no haya otro tipo de problemas, por ejemplo en la pérdida de jornales relacionada con la salud mental, y ojo que esto ocurre tanto en el sector público como en el privado.

Aunque no es mucha la información disponible, podemos dimensionar la escala del problema de las licencias médicas en el sector público viendo el informe que la Oficina Nacional del Servicio Civil, presenta cada año, que indica que “el total de funcionarios que al menos estuvo certificado una vez.
durante el año 2023 representó el 41,81% de los vínculos laborales de esos organismos”, y esta cifra –que es elevada– representó “un 14,08% menos que en 2022, cuando este indicador se ubicó en 55,89%”. El promedio de certificación fue de 31,78 días por cada funcionario en dicha condición. En todo caso este informe de la ONSC no discrimina por el origen, o la causa de la licencia médica.

En el ámbito privado la información disponible, a raíz de un pedido por la Ley de Acceso a la Información Pública (N.º 18.381) realizada por La Diaria, al BPS, sitúa a los trastornos mentales en el tercer lugar, con 48.667 casos en el primer semestre, solo por detrás de las enfermedades del Sistema Osteomuscular y del tejido conjuntivo (66.221) y los Traumatismos (57.786) y algo por delante del Covid y otras patologías respiratorias (39.187) y de las Enfermedades del aparato respiratorio (16.517).

Hay mucho por hacer en este tema y no solamente depende de medidas gubernamentales. De allí lo oportuno de que el llamado realizado por la OMS se haya dirigido a “los gobiernos, los empleadores, las organizaciones que representan a los trabajadores y empleadores, y otras partes interesadas responsables de la salud y la seguridad de los trabajadores”, a colaborar para ayudar a mejorar la salud mental en el trabajo. → Leer más

“El uso de la perspectiva de género no puede pasar por encima de los principios del derecho penal”, afirmó la abogada penalista Daiana Abracinskas en una entrevista con Montevideo Portal. Recientemente, Abracinskas fue objeto de críticas por parte de grupos feministas tras asumir la defensa de uno de los acusados en el caso Penadés, el profesor Sebastián Mauzevin.
Su participación en este caso, junto con sus claras críticas a la Ley de Perspectiva de Género, una normativa aprobada durante la administración del Frente Amplio, han generado la reacción de colectivos feministas radicales. Estos grupos la han acusado de ser una “defensora de violadores” y de promover una “patria patriarcal”, presentando su postura desde una visión cerrada e intolerante que no admite más opiniones que las consignas y dogmas que profesan.
En su diálogo con Montevideo Portal, Abracinskas comentó el impacto que estas posturas están teniendo en el sistema judicial, afirmando que estos colectivos están “copando” la justicia. La abogada ha llevado casos de gran repercusión pública, como la denuncia de abuso sexual contra tres jóvenes en un camping de Valizas en enero de 2019. Los jóvenes fueron absueltos en julio de 2020 y, nuevamente, en febrero de 2021. A raíz de esto, grupos feministas comenzaron a señalarla como “defensora de violadores”.
Al respecto, la abogada explicó: “En realidad, tengo en mi haber decenas de absoluciones y una sola condena. Cuando condena creemos en la Justicia, pero cuando no condena y absuelve en primera y segunda instancia, ahí la Justicia es ‘machista, patriarcal y se equivoca’. Acá basta una denuncia para que ya seas culpable, para la sociedad y la Justicia, porque el problema es dónde vos usás la perspectiva de género”.
Abracinskas subrayó la importancia de la protección de las víctimas, destacando que “es innegable”. Sin embargo, hizo énfasis en que “el derecho penal es de última ratio, el último recurso al que el Estado debe apelar porque lo que está en juego es la vida y la libertad del individuo”. También reflexionó: “No debería nadie ser acusado sin plena prueba –o semiplena prueba en caso de prisión preventiva– que le permita al juez estar seguro de que está encarcelando a alguien que no es inocente”. La abogada considera que este principio básico del derecho universal se ve distorsionado por la Ley de Perspectiva de Género, que, según ella, genera una precondena al denunciado. Explicó que, “en aquellos delitos donde se aplica la perspectiva de género, se invierte la carga de la prueba. Basta una denuncia para que ya seas culpable, tanto para la sociedad como para la Justicia”. Abracinskas aclaró que la perspectiva de género debería utilizarse para valorar la prueba y proteger a la víctima, pero también para permitir que el denunciado presente pruebas para demostrar su inocencia.
También criticó el funcionamiento de los tribunales de familia especializados, donde, según ella, “todo eso está vulnerado”. Consideró que ha habido pequeños cambios tras el proyecto de ley de Lacalle Pou que modificaba la Ley de Género, aunque lamentó que no se haya concretado.
Además, expuso la problemática de las falsas denuncias en el marco de la Ley de Violencia de Género, mencionando un caso en el que una madre presentó una denuncia contra el padre justo cuando comenzaban las visitas con sus hijos. Según Abracinskas, esta situación refleja un “negocio” en torno a las denuncias falsas, donde ciertos organismos internacionales financian a aquellos que promueven un aumento en el número de denuncias.
La abogada relató que ha llevado muchos casos en los que hombres fueron denunciados “con mala intención” para cortar el vínculo con sus hijos o quedarse con bienes, aunque también reconoció la existencia de mujeres que son verdaderas víctimas de violencia doméstica.
Finalmente, criticó la falta de objetividad de la normativa, la cual calificó como “un adefesio” creado bajo la presión de lobbies feministas. Señaló que, aunque es fundamental proteger a las víctimas, no se puede partir de la premisa de que “las mujeres siempre dicen la verdad” y que “todos los hombres son violentos”. Añadió que la ley debe reformarse para garantizar la justicia, sin pasar por encima de principios fundamentales del derecho.
El punto es que la norma está muy lejos de ser objetiva y racional, sino que es un adefesio concebido a partir de la presión de lobbies feministas y cretinos útiles de mirada ideológica, porque como bien lo expresa Abracinskas, “gente enferma hay en todos lados. Creer que las mujeres siempre vamos a decir la verdad me parece de un nivel de precariedad intelectual… Parece que no somos mentirosas, no somos despechadas, y que todos los hombres son violentos”.
Pero, paradojalmente, de esta premisa parte esta ley ominosa, que pasa por encima de principios básicos del derecho, y que sin embargo sigue vigente, como si fuera un tema intocable y no pudiera –debiera, mejor dicho– ser reformada para poner las cosas en sus justos términos. → Leer más

El próximo fin de semana, entre el viernes y el domingo, la Intendencia de Paysandú y la Sociedad de Fomento de Termas de Guaviyú conmemorarán el 67.º aniversario de la perforación del pozo de agua termal. Las actividades por este aniversario, declaradas de interés turístico, incluyen una variada programación recreativa y cultural.
Las aguas termales existentes en el litoral uruguayo fueron descubiertas al hacerse perforaciones, a partir de la década del ‘40, en campañas de prospección de petróleo realizadas por el Estado. Surgen del Acuífero Guaraní y comenzaron a utilizarse con fines turísticos hace medio siglo.
Con un millón trescientos mil kilómetros cuadrados de extensión, el Sistema Acuífero Guaraní (SAG), que comparten Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay, es una de las reservas de agua dulce más importantes del mundo y de él surgen las aguas termales de Guaviyú, así como otros centros termales del litoral uruguayo-argentino del río Uruguay.

Las Termas de Guaviyú comenzaron a utilizarse hace medio siglo. La perforación fue realizada en 1957, alcanzando una profundidad de 1.109 metros, en trabajos a cargo de la empresa Golyer and Mac Naughton Inc., contratada por Ancap para prospecciones de petróleo en el norte del país.
El 5 de agosto de 1963 la Junta Departamental autorizó al Ejecutivo Departamental del momento a comprar el predio de Termas de Guaviyú. Se trataba de 109 hectáreas delimitadas por el arroyo Guaviyú, la ruta 3, la vía férrea y un camino vecinal. La compra se efectivizó el 1º de febrero de 1965. Hasta 1972 el agua termal surgía del caño original de la perforación y solo se utilizaba en dos piletas pequeñas de aproximadamente 3 por 4 metros ubicados a ambos lados del caño, una para baños de mujeres y otra de hombres.
Las construcciones de la época eran un parador, un par de ranchos que hacían de vivienda y un bar. La gente iba a estas termas generalmente los fines de semana en tren dado que al fondo del predio había una parada del ferrocarril y se podía acampar.

A partir de 1972 con el entubamiento del pozo termal se inició una etapa de crecimiento hasta la década de los años ‘80 del siglo XX. En los años siguientes se realizaron inversiones en motelería, piscinas, energía eléctrica, servicios sanitarios y lavaderos, zona de camping y centro comercial, una zona para deportes, las construcción del salón auditorio, jardines y –frente a las termas– la construcción de un hotel privado, el Villagio Guaviyú. Posteriormente, en 1986 se realizó el primer llamado para la construcción de un hotel dentro de Termas, aspiración que hasta el momento no se ha concretado.
Entre los años ‘80 y 2000 creció el turismo interno y se construyeron cabañas en régimen de concesión, además de realizarse una serie de estudios, diagnósticos, lineamientos estratégicos y perfiles de inversión para el desarrollo del centro termal, comenzando también su urbanización. En 1997, por decreto de la Junta Departamental, las Termas de Guaviyú fueron declaradas Balneario y Centro Poblado.
Estos antecedentes, así como el proceso por el cual este lugar se convierte en turístico y en particular el papel de las políticas públicas y cómo juegan otros actores en este proceso de construcción social del espacio turístico, fue abordado en el libro “Medio siglo de turismo termal en Uruguay (1957-2007), publicado en 2014 por el sanducero Claudio Quintana. Este ofrece una mirada desde las políticas públicas, del papel de otros actores, de la relación con el territorio y el proceso de urbanización para el turismo.

Señala este autor que el papel de la administración pública ha sido clave para el desarrollo del centro termal y su centro urbano, pero opina que es a través de “la cooperación de los ámbitos público y privado, respetando las particularidades e intereses legítimos de cada uno, como es posible establecer estrategias e instrumentos de cualificación de los destinos turísticos” y que para que ello sea posible “tanto en el municipio como en el territorio inmediato en que este se inserta se han de asumir los nuevos retos debiendo ser capaces de asumir su propia transformación”. En este sentido, entiende importante avanzar en el proceso de descentralización, que plantea como uno de los principales desafíos para la administración pública de Termas de Guaviyú.
“En el pasado, la poca inversión, la mayoría de los equipamientos e instalaciones turísticas derivados de los años ‘70 y ‘80, la poca incorporación de avances tecnológicos, la baja formación profesional tanto de los privados como públicos, la mala calidad de los servicios del sector privado, los temas ambientales aún no resueltos, la pérdida de competitividad con respecto a otros centros termales han sido algunas de las características del modelo de Termas de Guaviyú”, señala el investigador.

Se trata de una enumeración de problemas que, efectivamente, han acompañado el desarrollo histórico del centro termal y si bien varios registran avances, en otros hay mucho margen para innovar y mejorar.
Las mejoras introducidas en los últimos años han sido más que necesarias y su incorporación evidencia el interés de la administración pública de distintas gestiones departamentales por dotar a las termas de mayores servicios e infraestructura para el visitante. No obstante, queda aún por delante un arduo trabajo por realizar en el camino de consolidar a Termas de Guaviyú como un destino turístico competitivo en el escenario nacional y regional.
Sería bueno también que en el marco de la ya próxima campaña para la elección del gobierno departamental, se pueda debatir ampliamente sobre los planes de desarrollo turístico para el departamento y el lugar que en ellos se otorga a los centros termales de Paysandú. En lo inmediato, el próximo fin de semana será el momento de festejos y conmemoraciones que también son oportunas y necesarias. → Leer más

Un artículo publicado en el Huffington Post (huffingtonpost.es) describe: “El nuevo tren eléctrico que viaja por vías olvidadas”, es capaz de transportar hasta 80 pasajeros y su batería se carga en dos minutos, fue presentado en 2022 y se espera que inicie las pruebas en vías a principios de 2027 en Moselle, con la intención de entrar en funcionamiento en 2028. Dice el artículo que el grupo francés Lohr desarrolló este nuevo concepto de “tren miniatura”, llamado “Draisy”, con un peso de 20 toneladas y capacidad para 80 pasajeros, con el objetivo principal de “revitalizar las pequeñas líneas de tren que han sido abandonadas o que corren el riesgo de desaparecer, ofreciendo una alternativa al uso del coche en áreas con menor densidad de población”.
Se lo propone como una “solución adaptada” para que las comunidades mantengan un servicio ferroviario económico. Este tren eléctrico, se afirma, “tiene el potencial de conectar pequeñas localidades con rutas ferroviarias principales a través de estaciones multimodales, promoviendo así formas de transporte más sostenibles. Combina características de un tranvía y un tren regional, funciona con baterías, puede alcanzar una velocidad de 100 km/h y tiene una autonomía de hasta 100 kilómetros”. Además, al contar con un espacio para bicicletas y una zona accesible para personas con movilidad reducida, es ideal para recorridos con fines turísticos. Están trabajando en el desarrollo de un sistema de carga rápida que permitirá recargar las baterías en menos de dos minutos.
Es nada más que un sueño, pero qué interesante sería disponer de un servicio de este tipo para, desde Paysandú transportar visitantes a los centros termales y, ya que estamos, aprovechar para ofrecer transporte a vecinos de las poblaciones intermedias. Hay otras alternativas que también podrían pensarse, como la del Tren Solar de la Quebrada, en la provincia argentina de Jujuy, que también ofrece un servicio turístico combinado con transporte local (con tarifas diferenciales).
Este tipo de cosas son las que alguien esperaría enterarse, ya prácticamente consumido el primer cuarto del siglo XXI de una empresa ferroviaria, noticias que hablen de cómo se busca aplicar nuevas tecnologías y soluciones para ofrecer un mejor servicio, aprovechando la infraestructura existente y la larga tradición, el amor inexplicable que tienen los uruguayos por el ferrocarril, o como dijo el presidente Luis Lacalle Pou, cuando cortó la cinta del ferrocarril central, tienen “devoción desde el ADN por el tren”.
Sin embargo, lejos de ello, las novedades que vamos conociendo de AFE refieren a todo lo contrario, a una empresa vacía, que prácticamente no funciona salvo por algún servicio aislado, como el que presta entre Tacuarembó y Rivera, y que es poseedora de un patrimonio que hace rato que no es capaz de atender debidamente. Claro, los orígenes del problema habría que buscarlos en el mal negocio que se hizo en la compra de las compañías inglesas, ya necesitadas en ese entonces de una renovación tecnológica que Uruguay no pudo procesar y de cuya dimensión —en términos de inversión— recién tomamos idea cuando se renovaron —parcialmente— las vías entre Piedra Sola y Salto Grande y con el proyecto del Ferrocarril Central, ya mencionado.
A contrapelo del concepto actual del patrimonio, y venimos de la celebración del día del patrimonio, en vez de abrir sus puertas para que los uruguayos visiten, conozcan, disfruten y aprendan sobre la rica historia del ferrocarril, que particularmente en Paysandú fue muy importante, la conducción de la empresa en los últimos meses determinó la aplicación de un protocolo de visitas (resolución 366/24, del 30 de agosto de 2024) que dificulta enormemente realizar visitas coordinadas y directamente hace imposible pensar en que alguien que de pronto llega por el día pueda conocer las instalaciones.
El protocolo dispone que hay que cursar una solicitud de visita dirigida al área de Prensa de AFE, por escrito, por correo electrónico o Mesa de Entrada, luego presentar documentación para anexar al expediente (nombre completo, documento de identidad, teléfonos, dirección, cargo que ocupa, motivo y finalidad que busca con la visita), deberá indicar el lugar que se desea visitar y fecha tentativa, así como el listado de las personas que participarían de la visita, con nombre completo y documento de identidad y luego dispone de plazos para la consideración y la respuesta del trámite que en el Interior del país son el triple de extensos que en Montevideo, inexplicablemente.
Se entiende que hay razones de seguridad y tal vez haya alguna intención de cubrirse jurídicamente frente a eventuales accidentes que pudiesen ocurrir, pero la respuesta no puede ser la de cerrar todo y no dejar que se haga nada, va incluso en contra de una tradición de la misma empresa de hacer convenios con otras instituciones para que hagan uso de inmuebles que no están prestando actividad. Esas cesiones siempre vienen bien, porque solucionan problemas locativos a esas instituciones sociales y a su vez los locales reciben un mantenimiento.
Tal vez no sería mala idea que AFE hiciese un llamado general a interesados en emplear esas instalaciones ociosas, en determinadas condiciones. Pero lo que no podemos permitir es que simplemente se decida pasar llave y que no circule nadie más. Pero más allá de todo ello, es llamativo que el mentado protocolo no considere circunstancias especiales, como la existencia en Paysandú —al igual que en Peñarol y en Sudriers, en el sur del país— de una muestra museística referida a la historia del ferrocarril en la ciudad.
Ya hemos contado la historia de ese que los trabajadores que la crearon denominan como Museo Midland, en homenaje a la empresa inglesa que tuvo su base operativa en la ciudad, que no solamente suele ser muy visitada durante estos días del patrimonio, sino que además ha recibido el reconocimiento en 2022 de parte del Gobierno Departamental como Bien de Interés Patrimonial, una distinción que a la empresa parece no haberle llegado, o que sencillamente no le ha causado el menor interés, paradójicamente. → Leer más

Una de las consecuencias del denominado “atraso cambiario” —cotización deprimida del dólar— en nuestro país es que el poder adquisitivo de los uruguayos que viajan al exterior se ve favorecido, es decir, no hay mayor diferencia de precios en los artículos respecto a los de Uruguay. Esto se percibe con más claridad al visitar las ciudades más caras del mundo.

Lo que más impacta es la cotización en dólares de ciertos bienes, como automóviles y electrodomésticos, que resultan considerablemente más baratos que en Uruguay. Pero esto se debe inequívocamente a los altos impuestos que se aplican en nuestro país, lo que provoca que, por ejemplo, el costo de un automóvil se duplique en comparación con esos mercados.

Uruguay se encuentra en una situación muy particular que lo convierte en un país caro. Esto es resultado de varios factores, entre ellos un mercado pequeño integrado a un bloque proteccionista como el Mercosur, con aranceles elevados, lo que impide que el país pueda competir en producción nacional contra Argentina y Brasil.

Además, desde hace muchos años —estamos ante un problema estructural, no circunstancial— este encarecimiento está relacionado con políticas proteccionistas e impositivas del propio país. Además de los aranceles e impuestos directos, enfrentamos una alta presión fiscal sobre los productos de consumo, como el IVA y el Imesi.

Esto, combinado con la apreciación de la moneda, encarece los bienes y servicios destinados a la producción para exportación.
El punto es que en su momento estos altos aranceles fueron aplicados para sustituir importaciones y generar empleo nacional, hace más de medio siglo. Sin embargo, también han sido un mecanismo de financiación para el Estado, contribuyendo a sostener el funcionamiento y gasto estatal. Este esquema se ha incorporado de forma estructural, lo que hace difícil desmantelarlo sin afectar fondos vitales para mantener el equilibrio entre ingresos y gastos, más allá de las coyunturas económicas.

Un artículo de la BBC News Mundo informó este año que, con base en datos del Banco Mundial, el CED (Centro de Estudios de Desarrollo) comparó los precios de unos 600 productos en Uruguay y otros 43 países a lo largo del tiempo, y encontró que, en promedio, eran 27% más caros en Uruguay.
Países desarrollados como Francia, Alemania o el Reino Unido mostraron precios menores que los de Uruguay. Solo nueve naciones —Japón, Finlandia, Israel, Irlanda, Suecia, Dinamarca, Suiza, Noruega e Islandia— eran más caras, según el estudio. Comparado con América Latina, los productos en Uruguay costaban más del doble que en Bolivia, un 80% más que en México y un 20% más que en Brasil y Argentina, socios en el Mercosur y principales fuentes de importación sin aranceles.

En productos de higiene y limpieza, Uruguay es un 58% más caro que el promedio de países. En alimentos y bebidas no alcohólicas, un 55%. Y en artículos de informática y electrónica, un 43%.

Este fenómeno es más evidente en rubros donde prácticamente no existe producción nacional, y se depende de las importaciones, explicó Ignacio Umpiérrez, economista e investigador del CED, a la BBC Mundo. Agregó que los altos precios no responden a la coyuntura del valor del peso uruguayo frente a otras monedas, sino que se han mantenido en el tiempo. “Es algo que responde a un efecto país”, afirmó.
Umpiérrez y sus colegas descubrieron que el mercado uruguayo, al ser pequeño —con menos de 3,5 millones de habitantes—, se concentra en pocas empresas que controlan gran parte de las importaciones. Esto ha generado una falta de competencia, lo que permite que la ganancia por producto sea casi siempre más de la mitad del precio que paga el consumidor final.

Es decir, algo que se importa a 10, el ciudadano lo paga a más de 20.
El economista uruguayo Sebastián Fleitas, profesor de economía de la Universidad Católica de Chile y especializado en competencia y mercados, señaló que Uruguay no puede cambiar ciertos aspectos del comercio internacional: “Uruguay está lejos del mundo, lo que genera mayores costos de transporte y logística”, especialmente cuando los productos no provienen de sus vecinos. Añadió que los aranceles y tasas son más altos que en otras regiones, además de la obligación de contratar un agente de aduanas para cada importación.
Se trata de impuestos heredados de tiempos proteccionistas, cuando Uruguay intentaba sustituir importaciones para generar empleo mediante subsidios. Estos subsidios no son otra cosa que dinero pagado por todos para favorecer a ciertos sectores estratégicos.

En este contexto, el economista Jorge Caumont señaló en el suplemento Economía y Mercado de El País que actualmente hay un reclamo generalizado por una reducción en los aranceles que gravan las importaciones. “Esa demanda hoy es clara, tras su total inexistencia hace 50 años”, expresó. Agregó que “aún persisten inexplicables impuestos, aranceles y otras restricciones de efectos equivalentes que castigan significativamente a los consumidores y generan ineficiencias económicas con un costo social considerable”.

Caumont recordó el origen del auge proteccionista en Uruguay como una política comercial que “se caracterizaba por un cierre casi total a las importaciones” tras la Segunda Guerra Mundial, en el marco del proceso de “sustitución de importaciones”. Aunque al principio parecía positivo, con el tiempo generó producciones ineficientes, productos de baja calidad y una economía cerrada con alta inflación, además de represalias comerciales y empleos artificiales que desaparecieron con el tiempo.

A pesar del gradual desmantelamiento de los subsidios desde mediados de la década de 1970, la necesidad de recursos del Estado ha mantenido muchos de estos gravámenes, creando una cadena de sobrecostos y regulaciones que impactan en el consumidor final.
Esto explica por qué muchos bienes importados se venden en Uruguay al doble del precio en dólares que en otros países. Los uruguayos pagamos sobreprecios desde hace mucho tiempo, tanto para sostener al Estado como por la concentración de poder en monopolios de hecho, defendidos por lobbies en la importación. Este problema persiste a lo largo de todos los gobiernos, independientemente de las ideologías o promesas del partido de turno. → Leer más

Permanecer en el tiempo lleva implícito un ejercicio de la memoria. Documentar los hechos y tener las declaraciones de los involucrados de primera mano a lo largo de los últimos 114 años es un privilegio de pocos. Es lo que EL TELEGRAFO presenta cada viernes con el suplemento 110 años contados. Allí es posible que el lector se remonte al 1.º de julio de 1910, continúe hasta el día de hoy y compare. Tener la libertad de leer y recordar cada hecho, e incluso revisar las gestiones de los distintos administradores, permite evaluar si las necesidades de la población han sido cubiertas.
Y hablando de sanidad, la situación de la salud ocupó por unas horas el eje de la polémica en este período electoral. La candidata a la vicepresidencia por el Frente Amplio, Carolina Cosse, dijo a FM Futurock de Buenos Aires: “Si vos vas a atenderte a la salud pública es probable, lamentablemente, en cualquier parte del Uruguay que no haya remedios. No estoy hablando de remedios sofisticados, que no te encuentres con remedios, que tengas dificultades, lo cual en Montevideo implica ir de un lugar a otro; en el Interior implica recorrer un departamento”.
Esta reflexión trajo a las redes sociales la respuesta del expresidente de ASSE, Leonardo Cipriani, quien señaló: “récord en inversión, récord en unidades compradas y en entrega de medicamentos, mayor número de recetas por consulta” durante su gestión. Cipriani comparó las cifras entre 2019 y 2023 e invitó a corroborar estos datos con el organismo y la Asociación de Laboratorios Nacionales.
Hace unos días, el suplemento recordaba que el 11 de enero de 2014, EL TELEGRAFO publicaba sobre la “Falta de medicamentos para enfermos diabéticos y oncológicos en el Hospital de Paysandú”, enmarcado en situaciones que los propios pacientes oncológicos reclamaban al acercarse a dar su testimonio. En reiteradas oportunidades, es decir, en varios viajes al hospital, los usuarios recibían la respuesta de que “no hay en existencia” y que pronto llegaría. Los faltantes se registraban desde meses anteriores ante la demora de la entrega de medicamentos imprescindibles por parte de los laboratorios –tal vez, sofisticados– para los pacientes diabéticos y oncológicos.
Entonces, los usuarios se retiraban con algunos remedios, pero otros –igualmente necesarios para estos pacientes– demoraban en llegar.
En agosto de 2017, por ejemplo, una auditoría de ASSE encontró un faltante de 2.453 medicamentos en la farmacia del Hospital de Salto, lo que desencadenó una serie de controles sobre el ingreso, depósito y expendio de los medicamentos que se entregaban –con cámaras de seguridad incluidas– en el centro de atención.
En ese contexto, se argumentaba la posibilidad de errores en el registro de la presentación o en la cantidad anotada. Como sea, el vocablo “faltante” no presenta mayores inconvenientes para su comprensión.
También en 2017, una encuesta de la empresa Cifra a los usuarios de distintos prestadores consultaba sobre los controles que debe ejercer ASSE en cuanto a las “metas asistenciales” de los equipos de salud. Dichas “metas” se referían a indicadores relacionados con el cumplimiento de controles en niños hasta 5 años, embarazadas, mujeres pesquisadas en violencia doméstica, adolescentes y personas mayores controlados por sus médicos de referencia. El prestador público se encargaba de la administración de recursos humanos, materiales y capacitaciones para lograr estos objetivos. Aquel resultado señalaba que el 65% de los encuestados respondía que el Estado controla poco. El 13% opinaba que no hay control, y solo el 9% se manifestaba conforme.
En 2017, el Sindicato Médico denunciaba la falta de especialistas, el trasiego de médicos del sector público al privado debido a la diferencia salarial y la falta de voluntad política para encontrar una solución. Los profesionales de la salud, en general, citaban hace siete años el ejemplo del hospital de Durazno, que definían como “un centro fantasma” ante la falta de médicos, ambulancias y la renuncia de pediatras, cirujanos y ginecólogos. También en aquel año, ASSE reconocía que la situación de Durazno no era diferente de otras unidades ejecutoras del interior del país.
Incluso los niños, quienes hoy conforman la base de emocionados discursos electorales, eran atendidos por médicos de adultos, quienes, además, atendían las urgencias y emergencias.
Ese año también sirvió para conocer la realidad de Treinta y Tres, que tenía “grandes problemas” en psiquiatría de adultos. O en Florida, cuyo hospital era considerado “una caldera del diablo” porque tampoco tenía solucionada la problemática en Pediatría, que llevaba más de un año sin resolverse. En Rivera, ante una situación de similares características, el director del hospital había renunciado porque resolvía la contratación de médicos con fondos destinados a otros rubros.
El gobierno de entonces anunciaba una segunda reforma de la salud, pero el Sindicato Médico consideraba que antes de eso, el gobierno debía definir los mecanismos para evaluar el Sistema Nacional Integrado de Salud, que ese año cumplía una década. Es decir, tiempo suficiente para un monitoreo y resolución de debilidades y conflictos.
Los profesionales agremiados proponían incluso la conformación de una Agencia de Evaluación de Calidad e Indicadores a fin de evaluar la calidad asistencial y aseguraban que faltaba voluntad política y mayor capacidad de análisis para comprender que el país atravesaba una “Medicina de pobres para pobres”.
En cuanto a los medicamentos, también es posible recurrir a la memoria y recordar que en el Hospital Saint Bois, en 2017, se suministró una dosis para adultos de Mulsiferol a más de 200 niños, y como resultado, en 2021 dos familias demandaron a ASSE por casi 3 millones de dólares.
Dos niñas padecían cálculos de calcio en sus riñones, y ese “estado de salud desfavorable se proyectará durante toda su vida”, con problemas de crecimiento, neurológicos y renales, decía la demanda. Todos los casos mencionados, a modo de ejemplo, corresponden a dos años de distintos períodos de una misma administración.
Solo para recordarles a quienes tienen una amplia visibilidad debido a los lugares que ocupan en las fórmulas presidenciales, que cuando viajan o hacen declaraciones en el exterior, deben llevar consigo “la memoria”. Porque la sensación de “déjà vu” suele ser muy grande en la población.

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A tan solo tres semanas de las elecciones nacionales, el clima electoral en Uruguay, con plena vigencia de la institucionalidad democrática, sigue siendo frío. Esto da cierto respaldo a quienes consideran que los partidos políticos, o más precisamente sus dirigentes, han ido perdiendo credibilidad a lo largo de los años. Persisten problemas que datan de décadas, muchos de ellos de carácter estructural, y todos los partidos que han llegado al gobierno se han regido por cortoplacismos.

La regla ha sido evitar pagar costos políticos debido a la proximidad de la siguiente elección. Así, todo lo que no se hace en los dos primeros años de gobierno –cuando es posible adoptar medidas impopulares pero necesarias debido a la distancia con la próxima contienda electoral– ya no se realiza en el resto del período. Mucho menos en el último año, cuando los partidos en el poder adoptan una actitud de “piloto automático”, evitando innovar o hacer olas, para no generar cuestionamientos que puedan derivar en pérdida de votos. La oposición, por su parte, aprovecha cualquier error para potenciar su mensaje.

En resumen, nada nuevo bajo el Sol. Estas posturas se ven en todas las democracias del mundo, con mayor o menor intensidad. Sin embargo, en los países desarrollados no se presenta la misma complejidad que implica postergar medidas correctivas estructurales, como ocurre en Uruguay. Aquí prevalece el inmediatismo, el cortoplacismo, la improvisación y la búsqueda de jugadas geniales, aunque luego se califiquen de “chambonadas” de los dirigentes. Y quien quiera creerlo, cierra los ojos y levanta la banderita del partido.

En Uruguay, como en muchos países, el electorado está mayormente dividido en dos grandes bloques ideológicos. Estos abarcan desde tendencias centristas hasta los sectores más radicales. Sin embargo, existe un porcentaje de entre el 10 y el 15 por ciento de los votantes que cambian su elección en cada comicio por diversos motivos. Al final, son ellos quienes definen cuál de los grandes bloques tendrá mayoría parlamentaria y, eventualmente, se impondrá en el balotaje si es que se llega a esa instancia.

Como suele suceder, el ciudadano común, salvo un pequeño porcentaje, sigue los avatares políticos y la campaña electoral con escasa atención. Menos aún lee los programas de gobierno que los partidos tratan de difundir. En el mejor de los casos, el votante se queda con los titulares que pronuncian los dirigentes de su colectividad, sin mayor interés en interiorizarse en las propuestas reales.

Este es el sino de los tiempos electorales, muy distintos a la efervescencia vivida en el retorno a la democracia a mediados de los años ochenta. En aquella época, la gran mayoría de la ciudadanía se unió contra la dictadura, pero con el tiempo las diferencias y disensos fueron emergiendo. Los partidos se han turnado en el poder, con sus aciertos y errores.

A la hora de los programas y propuestas, cada partido lleva agua a su molino. Los candidatos dicen lo que harán, cuidándose de no formular compromisos que saben que no podrán cumplir. En medio de la contienda, se escapan dislates, teñidos de la búsqueda de emociones y grandes enunciados que enfatizan el qué, pero no el cómo –algo que, además, el ciudadano tampoco suele cuestionar–. Porque todos saben que el partido se juega más en el terreno emocional que en la racionalidad, donde pesan factores relacionados con el humor social y las afinidades ideológicas.

En este caso, un tema ha sido introducido –o más bien lo ha introducido el Pit-Cnt, junto con sectores radicales del Frente Amplio–: el plebiscito de reforma constitucional sobre las pasividades. Es un simple manejo de eslóganes sin sustento, buscando captar la adhesión de ciudadanos desprevenidos mediante la manipulación de aumentar las jubilaciones más bajas y mantener la edad jubilatoria, sin que esto afecte las arcas del Estado.

Es el colmo de la demagogia e irresponsabilidad, algo que cae por su propio peso. Si era tan fácil, ¿por qué no se hizo durante los quince años de gobierno del Frente Amplio, cuando el Pit Cnt tenía a su disposición las mayorías parlamentarias para lograrlo?

¿Por qué solo el equivalente a un salario mínimo de pasividad? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no permitir que la gente se jubile a los 50 años? Al fin y al cabo, según ellos, el dinero está o aparecerá mágicamente, como afirman alegremente los promotores de este plebiscito.

La respuesta está en la interna del Frente Amplio. El plebiscito no es más que una pulseada del Partido Comunista y los radicales para torcerle el brazo a la coalición de izquierdas, para demostrarles quién manda de verdad. No importa si se aprueba o no, los votos están marcados de esta forma y sirven para demostrar el poder que tienen. Mientras tanto, el ciudadano de a pie queda de rehén de quienes no les importa la suerte que corra el país, sino dar un paso más –y si es posible, decisivo—hacia el socialismo que pretenden imponer, por la vía del “cuanto peor, mejor”.

Esperamos que el ciudadano, más allá de sus preferencias electorales, no se deje llevar por los cantos de sirena de los oportunistas de siempre. La iniciativa que no es apoyada por ninguno de los candidatos presidenciales de los grandes bloques. Aunque en la coalición de izquierdas, el tema se maneja con cuidado para no generar controversias internas.

Mientras tanto, el fragor de la contienda electoral seguirá su curso, con los oficialistas y opositores culpándose mutuamente de todo lo malo que ocurre en Uruguay, como si ninguno hubiera ejercido antes el gobierno. Solo así se explica, en vivo y en directo, el creciente descreimiento ciudadano.
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Estamos empezando octubre y con ello ingresamos en el denominado “Mes de la Concientización en Ciberseguridad”, un evento que se estableció en el año 2003 a instancias del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Homeland Security o DHS, por sus siglas en inglés) y desde entonces la iniciativa ha sido apoyada y replicada por diversas organizaciones públicas y privadas de todo el mundo. Si observamos cómo ha crecido la incidencia de todo lo digital a nuestro alrededor, comprenderemos por qué se ha vuelto un concepto tan relevante, no solo a escala de la seguridad de los estados, como fue el planteo original de este mes –que vaya si sigue siendo un aspecto relevante–, sino que además es un concepto importante en la medida en que tenemos un montón de información, un montón de activos y también de actividades que se han transferido a la vida digital.
En nuestro país la Agencia para el Gobierno Electrónico (Agesic), el Centro Nacional de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (Certuy) y Presidencia de la República están desarrollando este mes la campaña “Seguro Te Conectás”, con el objetivo de “promover a nivel global una cultura de la ciberseguridad para que todos los usuarios de Internet puedan utilizar de modo seguro y confiable las herramientas digitales”. Estas acciones buscan “educar y sensibilizar respecto del rol del usuario como defensa clave en temas de ciberseguridad”, así como alentar a la cooperación internacional en la materia e impulsar a que los gobiernos y el sector privado trabajen juntos para abordar los desafíos presentes y futuros.

Ya hemos mencionado que el episodio reciente en la Intendencia de Paysandú no será apenas uno más, marcará un hito en la historia del país en la materia, pero eso lo veremos más adelante y no es algo que esté al alcance del público tomar medidas. Sí, en cambio, hay acciones que podemos tomar para mejorar nuestra propia seguridad en línea, además de estar alertas y desconfiar siempre como recomendación general.
Sin ir más lejos, una noticia en estos días en páginas de EL TELEGRAFO titulaba “Estafaron a uruguayos desde cárceles argentinas”. De acuerdo con esta información, un grupo de delincuentes logró hacerse con U$S 9.500 de la cuenta bancaria de un uruguayo que creía estar comprando una estadía en un hotel, y en realidad había entregado voluntariamente sus datos. Pero el artículo sigue relatando como una segunda persona creyó que estaba participando en un sorteo por entradas a un espectáculo, cuando en realidad estaba siendo engañada y terminó sufriendo la pérdida de U$S 10.000. Fiscalía de Flagrancia, dice la nota, detectó que detrás de esta maniobra había una organización de estafadores que operaban desde call centers ubicados en cárceles de Argentina y tenían “mulas” en Uruguay, como un ciudadano venezolano que tenía el rol de enviar el dinero que se obtenía a una cuenta ubicada en Argentina a través de un depósito en una tarjeta prepaga.
Los estafadores utilizaban páginas que ofrecían paquetes de bajo precio en hoteles de Punta Cana o falsos sorteos para los recitales de Paul McCartney y Marc Anthony, quienes recientemente realizaron shows en Montevideo, entre otras gangas y aplicaban además otras modalidades como el phishing, que les permite acceder a información personal o financiera, haciéndose pasar por instituciones legítimas, por ejemplo tiempo atrás hubo una página que replicaba la del Banco de la república. Estas acciones terminan no solo con la extracción del dinero disponible en una cuenta, sino que además suelen tomar créditos a nombre del titular, que después debe hacer frente a ellos.

En un reciente evento organizado por Agesic aludió al tema de la ciberseguridad en el sector financiero el vicepresidente del Banco Central del Uruguay, Martín Inthamoussu, quien planteó que es un desafío para la institución, necesario para acompañar la transformación digital que se esta produciendo en el mercado de pagos de nuestro país, que acaba de lanzar, por ejemplo, la posibilidad de abonar mediante códigos QR. El funcionario destacó que este año se aprobó la Ley de prevención y represión de la ciberdelincuencia, que, sostuvo, “da robustez para trabajar estos temas”. Además anunció que se va a publicar una guía que se empezará a aplicar con las Instituciones Emisoras de Dinero Electrónico (IEDEs, las que conocemos con el nombre genérico de financieras), que son las que tienen mayor volumen de clientes.
Cerró su mensaje afirmando que “la digitalización vino para quedarse; es un tema al cual no podemos escapar, que va a seguir evolucionando” y como muestra de ello presentó el dato de que según el Reporte del Sistema de Pagos Minoristas “hoy en día el 76% de los montos operados en los pagos en Uruguay son digitales, mientras que hace 5 años eran menos del 50%”. Esto, dijo, “va a seguir creciendo y lamentablemente tiene un efecto de riesgo, el cual tenemos que acompañar, intentar anticiparnos, monitorear, coordinar, educar, a la interna y hacia afuera”. → Leer más

A principios de esta semana, la Unión Europea y Uruguay firmaron un nuevo acuerdo para implementar la hoja de ruta del hidrógeno verde, que contará con una subvención de dos millones de euros del bloque europeo a nuestro país. El objetivo es “apoyar los sectores renovables” y “facilitar las inversiones”, dando un paso significativo para reafirmar los objetivos y generar las condiciones necesarias para que este camino de cooperación en intereses compartidos se materialice.
La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, anunció la firma durante el V Foro de Inversión Europea en Montevideo. En esa instancia, precisó que “nuestro objetivo es apoyar a Uruguay en su desarrollo de los sectores renovables y facilitar las inversiones. Muchas empresas europeas están inclinadas a invertir y a contribuir a este desarrollo”. Además, destacó como un hito de gran relevancia la aprobación del acuerdo marco bilateral con el Banco Europeo de Inversiones, que permitirá financiar proyectos públicos de energía en Uruguay.
Simson añadió que “el Banco Europeo de Inversiones está muy interesado en invertir en la producción de hidrógeno verde en Uruguay, en el marco de su Agenda Europea Global Gateway. En la Unión Europea tenemos el compromiso de generar un cambio de paradigma y pasar de los combustibles fósiles a los renovables”. En apoyo a este acuerdo, la ministra de Industria, Energía y Minería, Elisa Facio, afirmó que se espera que en 2040 el país produzca un millón de toneladas de hidrógeno de cero emisiones.

“Esto significará una inversión de 18.000 millones de dólares y más de 30.000 puestos de trabajo para nuestro país”, acotó la ministra, subrayando la importancia que la Unión Europea le da a Uruguay en el tema de energías renovables. Europa es el mayor inversor extranjero, con más del 40% del total de inversión extranjera directa. Facio también explicó que “como las inversiones para la producción de hidrógeno son muy grandes, no tendría sentido hacerlas solo para lo que nuestro país puede llegar a consumir, sino para exportar y así apalancar también el consumo local”.
Este tema debe ser valorado especialmente en Uruguay, donde, como en otros países en desarrollo, se ha instalado históricamente un círculo vicioso que refuerza las causas y efectos de los problemas estructurales y coyunturales. Además, las urgencias a menudo postergan lo importante, en un intento por sortear las crisis inmediatas, lo cual condiciona el futuro.
Es indudable que la apuesta por las energías renovables, al igual que el sector forestal, representa una de las pocas líneas estratégicas en las que los partidos han sobrellevado sus diferencias, pese a los distintos enfoques. Desde la Ley de Desarrollo Forestal de 1987, tanto el Frente Amplio como los partidos tradicionales han apoyado el desarrollo del sector forestal. Aunque persisten falencias en la industrialización de la materia prima, este sector ha experimentado una expansión notable, generando riqueza y derrame de recursos en la economía.

De manera similar, el desarrollo de las energías renovables ha seguido siendo una política de Estado, más allá de los gobiernos. Cada administración le ha impreso su propio sello, lo que ha permitido diversificar la matriz energética en diversas áreas.
En el actual gobierno, una de las acciones destacadas en el plano energético es la hoja de ruta del hidrógeno verde, liderada por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM). Este sector tiene un potencial productivo de 2.000 millones de dólares para 2040, con una proyección de exportación clave.
El MIEM y otros organismos han dado a conocer el documento que recoge la estrategia a largo plazo de Uruguay para la producción y exportación de hidrógeno verde y sus derivados. Se proyecta que, para 2040, esta industria generará alrededor de 2.000 millones de dólares y más de 30.000 empleos de calidad.
La implementación del hidrógeno verde, junto con la movilidad eléctrica y la eficiencia energética, constituye uno de los pilares de la “segunda transición” que promueve el Gobierno. Este proceso cuenta con la colaboración de varios ministerios, como Ambiente, Economía y Finanzas, y Transporte y Obras Públicas, así como con el apoyo técnico de las empresas estatales UTE y Ancap, y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El objetivo es desarrollar una estrategia climática y ambiental a largo plazo, ya que el hidrógeno verde es un paso hacia la descarbonización de sectores como el transporte de larga distancia y las industrias que dependen de combustibles fósiles.

Entre las ventajas de apostar por este energético están la complementariedad entre las energías eólica y solar, la disponibilidad de agua y biomasa, y la infraestructura de transmisión eléctrica. Uruguay también ofrece estabilidad institucional, seguridad jurídica y un marco regulatorio que favorece las inversiones internacionales a largo plazo.
Es vital que la hoja de ruta se integre en una política de Estado que genere confianza entre los potenciales inversores, ya que la inversión es clave para el éxito o el fracaso de esta iniciativa. El reciente acuerdo entre Uruguay y la Unión Europea, con la subvención para la hoja de ruta del hidrógeno verde, es una señal positiva para los inversores, impulsando además el acuerdo marco bilateral con el Banco Europeo de Inversiones para financiar proyectos de energía pública en el país.
Finalmente, este acuerdo representa una oportunidad para que todo el sistema político respalde este proceso, ya que la estabilidad de las reglas de juego es crucial para atraer capitales de riesgo. → Leer más

Dentro de cinco o seis años el mundo tendrá más adultos mayores que jóvenes y, si bien esto es un indicador del aumento de la esperanza de vida, el envejecimiento de la población implica nuevos desafíos vinculados fundamentalmente a la seguridad económica en la vejez, la atención de la salud y los sistemas de protección social.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la población mayor de 60 años pasará a ser el 22% de la población mundial en 2050, lo cual significa que existirán unos 2.000 millones de adultos mayores, así como un incremento muy importante si tenemos en cuenta que ese porcentaje en el año 2.000 era de un 11%.
El pasado martes se conmemoró el Día del Adulto Mayor, con un claro planteo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto al impacto del envejecimiento de la población que está transformando las estructuras sociales de todo el mundo, a partir del aumento de la esperanza de vida que se sitúa actualmente por encima de los 75 años de edad en la mitad de los países del mundo. Esto representa 25 años más que en 1950.
En este contexto, según datos de la Cepal, para 2085, América Latina y el Caribe superarán a Europa como la región con la proporción más alta de personas de edad avanzada en relación con la población en edad de trabajar.
“Este cambio demográfico ha transformado significativamente el ámbito de los cuidados, que engloba una amplia gama de necesidades de asistencia, tanto remunerada como no remunerada, en entornos formales e informales”, señaló la ONU.
A nivel regional el panorama se complica aún más si tenemos en cuenta que los países latinoamericanos tienen tasas de ahorro nacionales bajas y que, en general la región se encuentra mal preparada para atender las necesidades de la jubilación de lo que será un grupo de personas en edad avanzada que irá creciendo.
A esta situación hay que agregarle otros desafíos referidos a la atención de la salud de las personas mayores y los sistemas de apoyo familiar, especialmente considerando el aumento de las dolencias crónicas y enfermedades mentales.
En Uruguay el tema reviste especial interés ya que el 16% de la población supera los 60 años según datos del Censo de 2023 (un 14% más que en 2011, cuando se había realizado el último relevamiento), destinándose algo más del 8,2% del Producto Bruto Interno (PBI) al gasto público jubilatorio. A su vez, nuestro país destina en pensiones más del doble que el promedio regional en relación a su PBI y duplica el porcentaje regional de población mayor a 65 años en relación con las personas en edad laboral.
Esto aún hoy no es un problema grave, pero es casi seguro que lo sea en las próximas décadas cuando el porcentaje de adultos mayores se duplique y la fuerza laboral disminuya drásticamente en comparación con el número de dependientes que no trabajan.
Las actuales condiciones de vida de las personas mayores de 65 años dependen en una parte importante de experiencias pasadas tales como sus trayectorias laborales y familiares, o su capacidad de acumulación de activos monetarios y físicos a lo largo de la vida, pero también de la forma en que las oportunidades y riesgos del pasado se articulan con la estructura de protección presente, señala un informe elaborado por el Banco de Previsión Social en 2022.
Allí se señala que la “herencia” acumulada por los individuos y sus hogares se hace más notoria y las posibilidades de revertirla y modificarla disminuyen, apuntando que las transformaciones en la familia y el empleo resultan claves para la comprensión de las diferencias en los procesos de envejecimiento. En este sentido, se afirma que los tránsitos a la vejez están pautados frecuentemente por eventos biográficos característicos tales como el retiro del mercado laboral y el acceso a la jubilación, la llegada de los nietos o la viudez, el deterioro y eventualmente la pérdida progresiva de autonomía física y residencial.
El informe del BPS señala el envejecimiento como una dinámica potente e irreversible en Uruguay y lo caracteriza como un proceso con feminización de la vejez (aunque el mayor ritmo de envejecimiento masculino tiende a reducir la brecha entre ambos sexos), y con aumento de las personas en los tramos de edad más avanzados, fenómeno que se ha dado en llamar “el envejecimiento de la vejez”.
Algo que también está pasando es la caída de trabajadores cotizantes al BPS, preocupación manifestada días atrás por este medio por integrantes de la Confederación de Sindicatos de la Industria revelaron que el sector contaba con unos 260.000 cotizantes en el Banco de Previsión Social en las décadas de 1980-1990 y en la actualidad quedan unos 134.000, enmarcado en una sistemática “pérdida de puestos de empleo”, ante la “falta de valor agregado en los productos nacionales y de cambios en la ley de inversiones”.
Por otra parte aquí, como en otros lugares del mundo, parte de las personas mayores se ven obligadas a seguir trabajando y ahorrando incluso después de la edad de jubilación, para compensar el déficit de ahorro sufrido durante sus años laborales más productivos. Es decir, si bien se vive más, para muchos la vejez no trae descanso dado que deben trabajar para financiar su esperanza de vida más larga.
Con este panorama, es posible que nuestros hijos y nietos deban hacerse cargo de las generaciones mayores de una forma en que ninguna otra generación lo ha hecho, lo cual tampoco es del todo justo y demanda la toma de decisiones acertadas que permitan el desarrollo de los más jóvenes y calidad de vida para las personas mayores.
El futuro demográfico exige ocuparse seriamente de estos asuntos ya que constituyen un desafío para la sociedad en su conjunto –tarde o temprano por una vía u otra, nos afectan a todos– que interpelan las políticas, el sistema de seguridad social y de salud, así como a los gobiernos encargados de implementar el desarrollo de los instrumentos necesarios y las reconfiguraciones de los servicios sociales y sanitarios. El tema no es menor cuando a fines de este mes se deberá elegir un nuevo gobierno y junto con las elecciones nacionales será plebiscitada una una reforma de la Ley de Seguridad Social.

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“Incendios forestales devastan América del Sur, expertos advierten que esta sea la nueva normalidad”. Así titula el portal del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (unep.org/es) un artículo en el hace referencia a un fenómeno del que venimos escuchando repetidamente y del que incluso hemos tenido noticias por la presencia de humo suspendido en la atmósfera en esta zona del continente y al que, al parecer habrá que adaptarse, o cuando menos acostumbrarse, a no ser que se tomen decisiones.
“Es probable que los incendios forestales récord que arrasan América del Sur se conviertan en la nueva normalidad a menos que la región implemente inversiones drásticas en la prevención de incendios y limite la agricultura de tala y quema en lugares como la Amazonia”, advirtieron los expertos.
Desde mayo el fuego ha venido destruyéndolo todo a su paso en zonas de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Paraguay y Perú. “La sequía ha creado condiciones altamente propicias para incendios (como un yesquero) en muchos lugares. Incluso el humedal tropical más grande del mundo, el Pantanal (que comparten Bolivia, Brasil y Paraguay), rico en vida silvestre, ha estado ardiendo durante meses”, relata el informe. Las perspectivas a nivel global son que el riesgo de incendios forestales extremos podría aumentar un 30% antes de 2050. Esto como consecuencia del diferentes factores, entre los cuales destacan cambio climático y los cambio en el uso de la tierra, cambios que incluyen “que se empleen zonas para la agricultura de tala y quema”, según refrenda un informe del año 2022, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma), cuyo director regional, Juan Bello, calificó como “impactante y triste” el escenario, aunque afirmó que “se puede evitar”.

El Amazonas está experimentando su peor sequía en los últimos 45 años, mientras el cambio climático está favoreciendo las condiciones para la ocurrencia de estos megaincendios. Pese a ello, Bello considera que se puede reducir significativamente las posibilidades de ocurrencia de estos siniestros mediante inversiones en servicios de información climática, los sistemas modernos de alerta temprana, que pueden avisar con antelación a las comunidades. “Estos avisos les ayudaría a prevenirlos antes de que se produzcan. Asimismo, estos servicios de información permiten a los países optimizar el uso de sus recursos de extinción de incendios, a menudo limitados”. Otra forma en la que se puede prevenir estos incendios es restaurando ecosistemas deteriorados “a causa de la intervención humana o incendios”, y menciona como un ejemplo de esto “canalizar el agua de regreso a los humedales puede reducir la probabilidad de incendios”. Del mismo modo sugiere aplicar lo que menciona como “paisajismo inteligente contra incendios”, que supone “espaciar los árboles y arbustos para que sea menos probable que transmitan las llamas”. También recomienda que los países pueden incorporen en su legislación “los conceptos clave de la gestión integrada de incendios, un enfoque holístico para prevenir grandes incendios que puede incluir el uso de quemas controladas”. El informe agrega que el Pantanal “tiene un 60% menos de agua superficial que el promedio histórico y no ha experimentado inundaciones estacionales en seis años” y aunque los incendios pueden tener origen en fenómenos naturales “como los rayos”, la gran mayoría de los incendios en Brasil “son causados por actividades humanas, como la quema de árboles para crear pastos agrícolas”, aseguró Rodrigo Agostinho, presidente del Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables, citado en el artículo. “Hoy, aprovechando [el cambio climático], los invasores de tierras públicas o demarcadas están utilizando el fuego en lugar de las motosierras”, agregó.
En la publicación se hace referencia a convenciones y acuerdos internacionales en los que este asunto de los incendios, así como la prevención del cambio de uso de los suelos para destinarlos a la producción, ha estado sobre la mesa, aunque como es sabido estas cosa no son lo suficientemente efectivas sobre el terreno, especialmente cuando no está en la vocación de los gobiernos de turno de los estados combatirlos, prevenirlos y perseguir a los responsables de ocasionarlos para aplicar los castigos correspondientes.

A todo esto, por estos días da comienzo una “gran conferencia internacional —titulada Resiliencia ante la Sequía +10— para promover la resiliencia ante la sequía”, en la que “expertos, encargados de la formulación de políticas y profesionales” se darán cita en la sede de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El nombre evoca la década transcurrida desde la Reunión de Alto Nivel sobre las Políticas Nacionales relativas a la Sequía. Algo de lo que se busca en esta instancia es promover una reflexión sobre los avances en la preparación frente a la sequía y las medidas de respuesta y adaptación. Las sequías son hoy “un peligro de índole climática insidioso y funesto” y entre sus efectos está el riesgo de que supone para la seguridad alimentaria de las personas, y el ser “una de las principales causas de desplazamientos internos en los países más afectados”, manifestó Celeste Saulo, secretaria general de la OMM.
La conferencia se centrará en los crecientes riesgos relacionados con la sequía que plantean el cambio climático y el aumento de las vulnerabilidades estructurales en muchas sociedades y se examinarán “los avances científicos y en materia de formulación de políticas, en particular los progresos en los ámbitos de la tecnología satelital y las herramientas de inteligencia artificial, que aportan nuevas perspectivas a las esferas del pronóstico, el monitoreo y la evaluación de los impactos”. Aunque la sequía no es un fenómeno nuevo, “el cambio climático está intensificando el ciclo del agua, y ello potenciará las precipitaciones, con las consiguientes inundaciones, y exacerbará la sequía en muchas regiones”, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
De este tipo de consecuencias los expertos han venido alertando desde hace más de cincuenta años, siempre asociado a avisos a largo plazo. Pero el cambio climático está aquí con nosotros, y hay que adaptarse. → Leer más