Opinión

El Banco Central del Uruguay junto a la CAF presentaron esta semana los resultados de la Encuesta Nacional de Capacidades Financieras de Uruguay, un estudio que llevó a cabo la consultora Ipsos entre abril y mayo de 2022, sondeando una muestra representativa de 1.200 personas mayores de 18 años, tanto de áreas urbanas como rurales y de diversos niveles socioeconómicos.
Más allá de los datos generales que se han ido conociendo en estos días, el estudio es muy pormenorizado, con cifras y comparaciones que permiten tener una idea bastante acabada sobre la relación de los uruguayos con las finanzas, con el sistema financiero y sus instrumentos y se mide a partir de muchísimas variables: género, condición socioeconómica, área de residencia, nivel educativo, etcétera.
Destacó en su análisis el Banco Central que “el nivel de conocimientos financieros de los ciudadanos uruguayos supera el promedio regional, lo que eleva el índice de capacidades financieras a un nivel aceptable”, pero, contrasta, se identificaron a la vez “desafíos en su comportamiento y actitud hacia las finanzas que requieren atención”. En el estudio se construyó un indicador de educación o de capacidades financieras, el que toma en consideración tres índices informativos que son los de: conocimiento financiero, comportamiento financiero y actitudes financieras. Al respecto se destaca que “el 60% de los uruguayos exhiben adecuadas capacidades financieras, aunque hay diferencias según el grupo poblacional. Sin embargo, los índices de comportamiento y actitud financiera óptimos son más bajos (37% y 38% respectivamente)”.
El informe está accesible desde la página del Banco Central y su lectura es más que recomendable, sobre todo en esta época y por quienes tienen la tarea de pensar y, eventualmente, tendrán el desafío de ejecutar las políticas en nuestro país desde marzo del año próximo.
Pero más allá de estos índices de conocimiento financiero, comportamiento financiero y actitudes financieras, hay otro valor reflejado en las estadísticas que es interesante de apreciar, que es el de bienestar financiero.
Antes que nada, veamos qué es el bienestar financiero. La Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB) del gobierno de los Estados Unidos propuso medirlo en base en cuatro capacidades de cada individuo: tener control diario y mensual de las finanzas; capacidad de absorción de un shock o choque financiero; encontrarse en camino de alcanzar las metas financieras que se ha propuesto; y contar con la libertad financiera suficiente para tomar decisiones que le permitan disfrutar de la vida.
Qué dice al respecto el cálculo presentado en la Encuesta: “El total nacional alcanza un promedio de 39,8 puntos”, un registro que evalúa como “considerablemente menor al considerado como puntaje alto en el índice —a partir de los 70 puntos—”. De hecho ninguno de los grupos poblacionales evaluados alcanza valores considerados altos. “El máximo puntaje que alcanza un grupo poblacional es aquel conformado por las personas de nivel socioeconómico alto y medio alto, con un valor del índice de 60 puntos”, señala. Luego el informe entra en algunas comparativas entre grupos. “Observando la existencia de diferencias por género, se encuentra una brecha de 5 puntos entre hombres y mujeres, quienes respectivamente alcanzan 43 y 38 puntos”. Agrega que la diferencia “entre la población rural y la urbana es inferior a la brecha por género”, en este caso es la población rural la que presenta un mayor bienestar financiero, con 42,3 puntos, contra los 39,7 de la población urbana. El informe presentó además “una correlación negativa entre el valor del índice y la edad de los individuos”. Las diferencias entre grupos de edad “son pequeñas”, salvo por a la diferencia en los jóvenes de 18 a 25 años y los demás grupos etarios. Sí se encuentran —como era de esperarse— grandes diferencias en el bienestar financiero entre los grupos considerados en función de su nivel socioeconómico y educativo (NSE). “Mientras que las personas de nivel socioeconómico bajo alcanzan en promedio un valor del índice de 35 puntos, aquellos de NSE alto y medio alto alcanzan un valor promedio de 60 puntos, conformando una brecha de 25 puntos”. Del mismo modo, entre las personas sin educación se tiene un bienestar promedio de 27 puntos, mientras que entre las personas que poseen un posgrado se tiene un puntaje de 56, es decir, una diferencia entre los extremos de 29 puntos.
Para el total de la población adulta de Uruguay “se encuentra que sólo un 15% alcanza valores de bienestar altos, porcentaje que indica que la mayoría de las personas únicamente presenta un bienestar medio o bajo”. La excepción son las personas de nivel socioeconómico medio alto, “para quienes se registra que cerca de la mitad de las personas presentan valores altos del índice”, mientras entre las personas con posgrado como nivel educativo, el 41% muestra valores altos. “Los demás grupos poblacionales muestran porcentajes muy bajos de personas con alto bienestar financiero”.
Al cierre de la sección bienestar financiero la encuesta refiere al porcentaje de personas que responde positivamente a cada pregunta. La amplia mayoría, el 87% de los adultos uruguayos, contestó que antes de comprar algo considera cuidadosamente si puede pagarlo y el 61% indicó que no tiene demasiadas deudas. La otra cada de la moneda es que “únicamente un 11% de las personas declaran que le sobra dinero a fin de mes” y solo el 14% declaró presentar “una conducta de ahorro a corto y a largo plazo”.
Claramente no todos los aspectos que se evalúan en esta encuesta pueden ser atendidos por una política de educación financiera, así como tampoco hay que quedarse en esa comparativa regional sobre conocimiento, en la que el país sale bien parado. Así como hace algunas semanas se anunció una campaña de educación financiera –y una plataforma, además– dirigida específicamente a los jóvenes, también hay un esfuerzo que hacer para educar a un público ya adulto al que se le puso en la mano una serie de instrumentos que sí, que son un recurso, pero que, mal usados, también pueden ser un dolor de cabeza y un obstáculo para alcanzar ese pretendido bienestar. → Leer más

Las políticas contra la pobreza que se han desarrollado en nuestro país, como así también por regla general, cuando se han instrumentado, han respondido a fundamentaciones ideológicas que varían entre el asistencialismo con buenas intenciones y/o propósitos electorales a fin de maquillar por un tiempo la realidad, y otros intentos paralelos, afines a la búsqueda de que los grupos más sumergidos desde el punto de vista socioeconómico encuentren alternativas para generarse mayores ingresos y crecer asimismo en la educación y la capacitación, por mencionar extremos.
En realidad, de lo que se trata es de que esta salida de la pobreza, cuando se logre, se fundamente en la sustentabilidad, y este es precisamente el eje de los fracasos que se han dado tanto en nuestro país como en el mundo cuando la izquierda ha llegado al poder, y se encaminan políticas asistencialistas que dependen de los recursos que el Estado detrae de los sectores reales de la economía, por lo que en realidad lo que se hace es festejar una ilusión que dura lo que un lirio.
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la pobreza en personas se ubicó en torno a 9,8% en el segundo semestre de 2023, en el marco de la última evaluación formulada al respecto. Frente al segundo semestre del año anterior (9,1%) y de 2019 (9%), las variaciones se ubican dentro del margen de error. La misma conclusión se desprende al considerar la dinámica frente al primer semestre de 2023, cuando la estimación puntual fue 10,4%.
En términos anuales, la incidencia de la pobreza fue 10,1% (aproximadamente 348.000 personas), lo que implica que se mantuvo estable frente al año anterior (dado que la diferencia también se sitúa dentro del margen de error). No obstante, si se considera 2019 como punto de referencia, el incremento de la pobreza fue de 1,3 puntos porcentuales.
Al desagregar las cifras por grupos de edad, la pobreza entre los menores de seis años cerró el año en 20,1%, cuatro décimas por encima del nivel que tenía en 2022 (19,7%; estable en términos estadísticos) y 3,1 puntos porcentuales por arriba del registro correspondiente a 2019 (17%). En este último caso, el salto es relevante.
De esta manera, la pobreza en los niños duplica la medición para el promedio de la población, lo que revela que Uruguay, de acuerdo a datos de la Cepal, es el país con el perfil más infantilizado de pobreza de la región (no con la tasa mayor de pobreza infantil, pero sí con la diferencia más alta frente al promedio general). Además, la incidencia de la pobreza infantil es más de nueve veces mayor con relación al otro extremo de la distribución etaria (2,2% fue la incidencia en mayores de 65 años).
Por otra parte, la desagregación de la información según otros criterios evidencia también otro tipo de vulnerabilidades. La incidencia de la pobreza es mayor en hogares con referente femenino (8,8%) que en aquellos con referente masculino (4,8%), y es significativamente más alta para las personas que se autoidentifican de ascendencia afro/negra (19,5%).
Para contextualizar estos datos, corresponde señalar que el crecimiento acumulado de la economía fue de casi 3% entre 2019 y 2023. De hecho, la pobreza viene oscilando en torno a estos valores desde hace varios años.
También debe destacarse la intermitencia de entrar y salir del mercado de trabajo o de la formalidad, y los problemas conexos de inserción de esas personas, a la vez que es clave contar con políticas de empleo para combatir la pobreza, más allá de las transferencias desde el Estado,
En 2023, la economía creció 0,4%, en gran parte debido a la disminución en la producción agropecuaria provocada por la sequía. Se espera que el crecimiento de la economía se recupere en 2024, alcanzando el 3,2%, lo que por supuesto todavía está por verse. Dicho crecimiento estaría impulsado por las exportaciones y por el consumo privado, respaldado por mejoras en el mercado laboral y una inflación dentro del rango meta del Banco Central del Uruguay.
Sin embargo, en una mirada retrospectiva de más largo plazo, debe tenerse presente que el crecimiento ha experimentado una desaceleración desde 2015, en un contexto de normalización de los precios de los productos básicos (commodities), la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19, y choques climáticos como la sequía severa que afectó al país entre octubre de 2022 y agosto de 2023. A pesar del contexto desfavorable, Uruguay mantuvo una gestión fiscal prudente anclada en la regla fiscal, y presenta los márgenes soberanos más bajos de la región, según el Banco Mundial.
A pesar de su estabilidad económica y social, persisten importantes disparidades, explicadas por limitaciones estructurales que dificultan el cierre de las brechas de desarrollo. Actualmente, según el banco, se estima que el 6% de la población vive en situación de pobreza, utilizando la línea internacional de pobreza de US$6,85 por persona por día, diferentes a los parámetros propios comparativos del INE para esta medición.
Es por supuesto muy difícil traducir en una estadística la dura realidad que enfrenta cada hogar que se encuentra bajo la línea de pobreza, cualquiera sea el contexto, pero de lo que se trata, en una visión macro, es de saber dónde se está parado para promover políticas que tengan en cuenta esta realidad y sobre todo generar consensos en el sistema político para llevar adelante políticas que se sostengan más allá de un período de gobierno, de forma que la continuidad lo haga sustentable.
Y este es el punto: es impensable, y va contra todo sentido común, que la política se limite a las transferencias de recursos desde el Estado, para encontrarse que cuando se terminan los recursos, como fue el caso tras el cierre del ciclo de bonanza por los altos precios de los commodities hasta 2015, ya el Estado no cuenta con el dinero que obtenían de la comunidad para sostener estas políticas voluntaristas.
La respuesta, como pie para la sustentabilidad de las políticas, debe ser la búsqueda de condiciones para crear más riqueza mediante inversiones de capitales de riego, con la consecuente creación de fuentes de empleo y reciclaje de recursos en el tramado socioeconómico. Ello permite desarrollar acciones dirigidas al autosustento de los grupos en esta situación, con creación de oportunidades laborales y el componente cultural de capacitación y educación, así como de promoción de hábitos de trabajo y salida de contextos culturales muy negativos para las nuevas generaciones.
Es decir, haciendo hincapié en el valor del esfuerzo y las capacidades del individuo para superar las adversidades, en lugar de promover la mano tendida para hacer del pobrismo una permanente fuente de votos para sustento electoral. → Leer más

Estamos transitando la Semana de la Vacunación de las Américas, la 22ª edición concretamente de esta serie de acciones que tienen como propósito promover la vacunación en todo el continente y reconocer su importancia como herramienta de política pública en materia de salud. Este año el lema de la semana es “Protegé tu futuro #Vacunate” y bajo este rótulo se han programado actividades a lo largo y ancho de los países de América.

Nuestro país tiene una larga tradición en materia de vacunación. En la publicación dedicada a anunciar esta semana el Ministerio de Salud Pública (MSP) recordó que en 1982 se implementó en Uruguay el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) “que facilita y promueve la accesibilidad a las vacunas. A partir del PAI las vacunas obligatorias se administran de forma gratuita y universal en todos los puestos de vacunación, tanto públicos como privados, independientemente del prestador del que la persona sea usuaria”. Pero incluso desde antes el Estado uruguayo asumió su compromiso con la vacunación, asumiéndola como “una medida de salud pública que ha demostrado ser la estrategia de prevención primaria más eficiente y de mayor beneficio, en tanto ha permitido reducir y erradicar en algunos casos la circulación de enfermedades infecciosas graves y prevenibles”.

En Uruguay, las tasas de cobertura se han sostenido siempre por encima del 90%, lo que ha contribuido “a relevantes logros sanitarios como la erradicación de la polio, el tétanos del recién nacido y la difteria. Se traducen, además, en un alto grado de control de enfermedades prevenibles y colocan al país a la vanguardia en materia de vacunación en América”, afirmó la cartera, que además destacó los índices para algunas vacunas específicas, en concreto las “consideradas por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) como marcadoras para la evaluación de los programas de vacunación”. Por ejemplo mencionó que las“Pentavalente (con componente contra tétanos, tos ferina, Haemophilus influenzae tipo B y Hepatitis B), Triple Viral SRP (Sarampión Rubeola y Paperas) y anti-poliomielítica superaron el 90% en el año 2023”. La primera dosis de la vacuna Pentavalente y anti-poliomielítica, que se administran en lactantes a los 2 meses, tienen una cobertura del 98% y las terceras dosis, que se coadministran en lactantes a partir de los 6 meses, alcanzan una cobertura del 95%. En el caso de la Triple Viral —contra sarampión y rubeola— que se administra a partir del año, tiene una cobertura del 96% en su primera dosis, mientras que en la segunda, a partir de los 15 meses, alcanza al 93%. El segundo refuerzo contra el tétanos y difteria, incluido en la Triple Bacteriana —administrada a partir de los 5 años—, tiene una cobertura del 95%.
En el marco de esta Semana de la Vacunación de las Américas el Ministerio está realizando una campaña en la que llama a “chequear los Certificados Esquema de Vacunación (CEV), tanto de los niños como de los adultos, y actualizarlos en el caso de que haya vacunas pendientes”.
Pero además de dar a conocer estos datos y recordar la relevancia estratégica de la vacunación en las políticas sanitarias del país, también es necesario hacer frente a las corrientes de desinformación acerca de las vacunas. Corrientes que, contrario a lo que podría pensarse, no empezaron con la pandemia sino que ya venían de antes, con versiones que se habían ido extendiendo sobre algunas vacunas puntuales, entre ellas la de la gripe y la del HPV. Ojo, esto sin dejar de reconocer que los procedimientos de distribución de las vacunas contra la COVID-19 durante la pandemia fueron lo más alejado que se puede esperar del concepto de solidaridad y que primaron sobremanera allí los intereses comerciales de las empresas que las producían, que sabotearon los procedimientos diseñados por la Organización Mundial de la Salud para tratar de llevar adelante una distribución equitativa. Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa.
Entre los materiales información que en el contexto de esta semana la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha difundido, se han publicado contestaciones a algunos mitos relacionados con la vacunación.
Entre ellos por ejemplo la versión de que determinadas vacunas son causantes de autismo, algo de lo que no hay evidencia en absoluto. “No existe asociación entre la vacuna contra el sarampión, la rubeola, y las paperas (SRP) y el autismo. Un único estudio, que fue mal diseñado y ya refutado, reportó esta asociación en 1998. Desde ese entonces, cientos de estudios bien diseñados han confirmado que no hay riesgo de autismo por vacunación”, publicó el organismo.
Del mismo modo se contesta a la duda sobre la existencia en las fórmulas de elementos “peligrosos y tóxicos”. Afirma al respecto que, “aunque los ingredientes en las etiquetas de las vacunas pueden verse intimidantes (p.ej. mercurio, aluminio o formaldehído), usualmente se los encuentra naturalmente en el cuerpo, en la comida que consumimos y en el medio ambiente a nuestro alrededor. Las cantidades en las vacunas son muy pequeñas y no ‘envenenarán’ o lastimarán al cuerpo”.
Las vacunas, asegura el documento, “pasan por procesos científicos largos y rigurosos para asegurarse que son seguras, y son monitoreadas continuamente para detectar problemas de seguridad. El riesgo de efectos a largo plazo de enfermedades prevenibles por vacunación como el sarampión y la poliomielitis es mucho mayor”. No obstante reconoce que algunas personas pueden experimentar “efectos secundarios leves a corto plazo a la vacunación, como dolor en el lugar de la inyección, fiebre de bajo grado, malestar general o erupción cutánea”, y aunque pueden ser incómodos temporalmente, “no son graves y significan que el sistema inmunológico está practicando cómo combatir el virus o las bacterias si se expone a estos”.
Por supuesto que también desmiente la posible presencia de “chips”, como se ha llegado a manifestar. “Absolutamente ninguna vacuna —incluidas las vacunas contra la COVID-19 cuando estén disponibles— contiene microchips incluido, que permitan a los gobiernos o a cualquier otra entidad en el poder rastrear a las personas”. Parece llamativo que haya que salir a aclararlo, pero en estas épocas en las que las voces de las personas calificadas son rebatidas por cualquiera que tenga al alcance un acceso a internet, ningún esfuerzo es vano para defender esta herramienta que nos ha permitido llegar hasta acá. → Leer más

En términos técnicos, tarjetahabiente es aquella persona a nombre de quien una institución emite una tarjeta (de débito o crédito). Ya sabemos que en Uruguay somos algo más de tres millones, un poco —o mucho, según como lo quieran ver—, pero esa cifra quedó de alguna manera asociada a la idiosincrasia uruguaya. Pero no es correcta, como tampoco lo es la expresión que da título a este artículo, porque si bien, de acuerdo al informe publicado en estos días por el Banco Central del Uruguay (BCU), el parque total de tarjetas de débito emitidas a nivel nacional alcanzó los 3.234.182 en el pasado mes de diciembre de 2023 –un incremento de 3% respecto al saldo registrado en el segundo semestre del año 2022– en realidad no es que cada uruguayo tenga su propia tarjeta. De hecho, según el informe, “la cantidad de tarjetahabientes verificó un leve incremento frente al semestre anterior, manteniéndose en 2,2 la cantidad promedio de tarjetas por tarjetahabiente”.
Pero no viene al caso ese análisis. Lo que importa de este asunto es mostrar cómo los sistemas de pagos digitales están avanzando inexorablemente, y hasta extremos difíciles de explicar, en algunos casos, como la noticia que se “viralizó” el fin de semana de que en Montevideo se puso en marcha un plan piloto para que los cuidacoches puedan recibir propinas mediante un código QR.
Regresemos al informe del BCU. “En el segundo semestre del año pasado, el volumen total operado en el país con tarjetas de débito se incrementó 35% frente al mismo período del año anterior, con un aumento de 35% por parte de las operaciones con tarjetas emitidas localmente y de 48% por parte de las emitidas en el exterior”. Además, el monto total operado en Uruguay mostró un incremento interanual del 19%, y el monto promedio por operación se ubicó en $ 980. Este dato, el del monto, muestra “una caída en términos constantes de 12% frente a igual período del año anterior”. Esto no necesariamente es malo, al contrario, puede ser un indicador de que estos medios de pago se emplean en compras de menor valor, pongamos por ejemplo, hace no mucho tiempo a poca gente se le ocurriría pagar con débito una apuesta de Quiniela, o un 5 de Oro.
En el caso de las tarjetas, a diciembre de 2023, las emitidas en todo el territorio nacional alcanzaron la cifra de 3.161.636, esto es un 2% más que las que había al cierre del año 2022. Y el volumen total de operaciones en que fueron empleadas se incrementó 5%. A su vez el monto total operado medido a pesos constantes registró una suba de 4% en el período.
Agrega el informe del BCU que “la cantidad total de instrumentos de dinero electrónico emitidos a diciembre de 2023 se ubicó en 3.940.208”, esto es “574 mil más que los emitidos a junio del año 2023”. Del total de instrumentos emitidos, 50% son de dinero electrónico general, 32% de dinero electrónico mixto y el restante 18% de dinero electrónico para alimentación. Así, el volumen total operado con dinero electrónico en el segundo semestre del año 2023 se incrementó 27% respecto al mismo período del 2022. “Las transacciones con dinero electrónico general son las que continúan con la mayor tendencia al alza, con un incremento de 71% en términos interanuales”. Explica el informe que “las operaciones de compra de bienes y servicios (incluidos los débitos automáticos) se incrementaron 31% respecto a igual período del año anterior”, mientras que “los retiros de efectivo a través de instrumentos de dinero electrónico aumentaron 4% en dicho período”. A su vez el monto total operado con dinero electrónico se incrementó 15% en términos constantes respecto a igual período del año anterior. “Si se desagrega por tipo de operación, el monto de las compras de bienes y servicios (incluidos los débitos automáticos) verificó un aumento del orden de 32%, en tanto, el valor de los retiros de efectivos se redujo en un 2%”.
Esto demuestra una tendencia firme hacia la mayor digitalización del sistema de pagos. Pero por si esto no alcanzare, explícitamente el sistema financiero a nivel internacional está promoviendo la inclusión mediante el impulso a estos mecanismos digitales. De hecho, el Grupo BID acaba de lanzar en los últimos días Finlac, “una iniciativa para promover la inclusión financiera en América Latina y el Caribe”, mediante la que procura que “las personas más vulnerables de América Latina y el Caribe puedan acceder a los servicios financieros que necesitan”. El lanzamiento tuvo lugar en la sede del BID, en Washington D.C., Estados Unidos, y que se anunció como “un esfuerzo conjunto del BID, BID Invest y BID Lab”, que “funge como una ventanilla única para avanzar en la inclusión financiera, apoyar a los gobiernos, acompañar a las empresas y promover la innovación en el desarrollo e implementación de políticas, reformas y prácticas empresariales eficaces para crear mercados financieros inclusivos en la región”. Plantea el análisis de situación del que se partió para impulsar esta estrategia que la de “América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo más desatendidas en materia de servicios financieros. Alrededor del 27% de las personas de 15 años o más están excluidas de los servicios financieros formales, frente al 3% en los países de altos ingresos. Y sólo tres de cada 10 personas de 15 años o más han obtenido un préstamo de una entidad del sector financiero en el último año, frente a tres de cada cinco adultos en los países de ingresos altos”.
Uruguay no está comprendido dentro del grupo de países que forma parte de este análisis. Pero viendo los números que se presentan resulta evidente que la realidad de nuestro país es algo diferente a la de la región. Solo por tomar un dato para establecer una comparación, veamos que el porcentaje de la población adulta que realiza pagos digitales, el más alto es el de Chile, que alcanza al 70%, y el que más se acerca es Brasil, que alcanza al 61%, y el otro que alcanza a la mitad es Argentina, con 52%. Luego Bolivia tiene un 22% (y un 41% que quisiera hacerlo pero no puede), Colombia 30% (y 30 que no puede), Costa Rica 44% (y 14), Ecuador 29% (y 38), México 38% (y 19).
Más allá de posturas de conveniencias personales, hay una serie de ventajas estratégicas en cuanto a la digitalización y la inclusión que hacen que se promueva el uso de estos instrumentos en detrimento del uso del dinero físico, que va en retroceso en todo el mundo. Es indiscutible que las políticas aplicadas en nuestro país al menos en los últimos 15 años han sido efectivas en ese sentido. → Leer más

Con los exportadores uruguayos que vienen reclamando desde hace ya mucho tiempo que el tipo de cambio real se acerque a la realidad en nuestro país y por lo tanto se vaya dejando atrás paulatinamente el atraso cambiario que contribuye a dejar fuera de competitividad internacional a nuestros productos, en Argentina, con una economía desquiciada desde hace décadas, el gobierno de Javier Milei está apostando gran parte de sus cartas a bajar la inflación por la vía de revertir el tipo de cambio irreal que hacía a la Argentina ridículamente más barata en el contexto internacional mediante un proteccionismo a rajatabla. Este proceso ya se está viendo en las zonas fronterizas como el litoral, donde los valores entre ambas orillas se están acercando, aunque todavía hay desbalance en favor de Argentina.

Hace pocas horas, en entrevista con EL TELEGRAFO, el ex subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas durante el gobierno del Frente Amplio, Cr. Pablo Ferreri, aseguró que Uruguay tiene el atraso cambiario más importante de los últimos 25 años, con el crecimiento de la economía que no supera el 1% anual.
A la vez el exjerarca reconoció que la baja de inflación –el propósito central del atraso cambiario– colabora con la estabilidad de los precios en general, y evaluó que “es muy buena noticia que Uruguay tenga una inflación baja y eso colabora con la estabilidad de precios. Pero también, hay que lograrlo con ciertos equilibrios en lo que tiene que ver con el tipo de cambio. Pero la contracara es el atraso cambiario más grande de los últimos 25 años. Llevamos 24 meses de pérdida consecutiva de competitividad, un 23% en los últimos 18 o 24 meses”, dijo a EL TELEGRAFO.

Explicó que el sector exportador en su totalidad “vio resentida de manera muy notable su rentabilidad; también quienes producen en el mercado local y tienen que competir con productos importados. Eso no es una cuestión de los malla oro, sino que nos preocupa los puestos de trabajo asociados a las industrias de bienes y servicios”.

Opinó que “el gobierno ha tenido una actitud muy pasiva, prácticamente de inacción, frente al tipo de cambio. Nadie pide que fije el valor del dólar porque sería imposible hacerlo, pero sí dar señales de preocupación y de intervención en los mercados para evitar saltos demasiados bruscos”.

En líneas generales, estos conceptos coinciden con la realidad, solo que el ex subsecretario de los gobiernos de la coalición de izquierdas se cuidó de no señalar que estos mismos criterios y consecuencias se aplicaron durante la gestión de los gobiernos de Tabaré Vázquez y José Mujica, aunque en contextos internacionales mucho más favorables que los actuales y durante los cuales se utilizó también el ancla cambiaria para combatir la inflación. Tampoco con el éxito que se podía esperar, porque la distorsión del gasto estatal por encima de los ingresos, sobre todo tras la época de la época de bonanza por los altos precios internacionales de las materias primas que producíamos, hizo que se disparara el déficit fiscal. En tanto los exportadores también protestaban repetidamente por el dólar depreciado que ya había iniciado la carrera de la inflación interna en dólares, que se ha incrementado significativamente en los últimos dos años,
Quiere decir que cuando se ha sido gobierno y se ha tenido que enfrentar estos problemas en la economía, y se ha optado por las mismas medidas –tampoco había muchas alternativas a mano por cierto, sobre todo por los cortoplascismos del sistema político que apuntan a la siguiente contienda electoral– no se está en condiciones de tirar la primera piedra, porque no se resiste archivo.

Pero es cierto, el ancla cambiaria es el recurso que se sigue utilizando una y otra vez, con el alto riesgo de seguir acumulando distorsión, comprometer la actividad exportadora y a los sectores que desarrollan sus actividades en competencia con productos importados, porque es mucho más difícil y de largo plazo trabajar en las reformas estructurales que permitan que realmente se puedan abatir costos internos en forma sustentable, con una mejor relación de bienes y servicios respecto a los ingresos promedio de la población e insumos de empresas.

Y con la mirada puesta en la vecina Argentina, nos encontramos con que entre las medidas del controvertido presidente Javier Milei para intentar más o menos sincerar la desquiciada economía, se está aplicando el ancla cambiaria para pretender controlar la inflación, a la vez de tratar de contener el gasto estatal, lo que a su vez ha traído aparejada una pronunciada caída del poder adquisitivo del promedio de las familias argentinas y consecuentemente generando una creciente presión social.

En su eterno movimiento pendular, Argentina vuelve a estar, al menos en algunos rubros, cara en dólares. Con elevada inflación y un tipo de cambio oficial virtualmente congelado luego de la devaluación de diciembre pasado, en apenas cuatro meses parte de los precios pasaron de estar absurdamente baratos a trepar por encima o al mismo valor de los valores que se registran en países vecinos. Esa elevada inflación en dólares que se viene acumulando en lo que va del año enciende alertas en torno a un incipiente atraso cambiario en la vecina orilla.

“El ajuste de tarifas y el incremento de otros costos están borrando buena parte del colchón cambiario generado por el salto devaluatorio de diciembre pasado. Llegamos a la etapa en la que la mayoría de los planes de estabilización en Argentina se enfrentan a una gran disyuntiva: se vuelve a devaluar para recuperar parte del colchón perdido o se mantiene el atraso del tipo de cambio para contribuir a la desaceleración de la inflación”, dijo a El País Víctor Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, en Buenos Aires.

Tras el salto del 118% del tipo de cambio oficial dispuesto al inicio del gobierno de Javier Milei para corregir el atraso cambiario acumulado, el dólar viene siendo utilizado como ancla para intentar detener el alza de los precios.

Claro, en la economía argentina, donde los subsidios, el proteccionismo a ultranza, la corrupción, los precios fijados administrativamente durante décadas, la burocracia estatal plagada de ñoquis y gasto estatal a manos llenas sin ingresos reales y uno de los mayores índices inflacionarios del mundo, la tentación del ancla cambiaria y ordenar las cuentas del Estado al fin de cuentas suenan a una “solución” posible por ser el mal menor.
Y esto es una receta la que han venido apelando los gobiernos de economías “ordenadas” en la región, lo que indica al fin de cuentas lo mal que andamos por estos lares, donde se siguen postergando las correcciones de fondo para seguir tirando con las medidas que atacan los síntomas, pero que dejan de lado las causas de las distorsiones, que es lo mismo que seguir administrando aspirinas a un enfermo terminal. → Leer más

El gobierno de Luis Lacalle Pou enfrentó las preocupaciones ciudadanas más diversas. Al comienzo de la gestión, la pandemia sanitaria de COVID-19 abarcó los recursos humanos, económicos y estratégicos que debieron ponerse al servicio de una contingencia que afectó al planeta. Pero particularmente al gobierno, a trece días de asumir. La salud se había transformado en el tema principal, en lugar de otros habituales y vinculados al empleo o la seguridad.
Al finalizar la declaración de emergencia, las encuestas señalaban las repercusiones económicas que había dejado la pandemia en casi el 60 por ciento de la población, como ocurrió a mediados de 2022. El desempleo y la recuperación del salario pasaban a ocupar los lugares relevantes en las consultas y emergía nuevamente la seguridad pública.
En medio de una campaña electoral que compara gestiones con mayor o menor cantidad de delitos ocurridos, conviene visibilizar que, en la opinión ciudadana, vuelve a los niveles previos a la pandemia. Según Factum, el 53 por ciento está preocupado por la seguridad, cuando en 2019 era el 47 por ciento. En cuanto al perfil de los votantes, es un asunto que inquieta por igual a adherentes de la coalición, así como de la oposición mayoritaria.
Las diferencias son importantes entre la capital e Interior del país, entre un 29 por ciento y un 16 por ciento respectivamente.
La prioridad retorna con un tema que lideraba las consultas de opinión y el índice de victimización elaborado por distintas consultoras indica que las personas sufren más delitos. Sin embargo, este índice se encuentra dos puntos más arriba de 2019 y cinco más abajo que hace una década.
Hay una distancia entre la subjetividad, las estadísticas y los hechos. Las crisis económicas trajeron nuevas crisis sociales, un deterioro en el mercado de trabajo y la solidez de las economías ilegales. Conforme pasaban los años, aumentaba el delito y, particularmente, la violencia con redes que adquirían poder de financiamiento y empezaba una tendencia al alza de los casos de homicidios.
El espectro político se ponía de acuerdo para aprobar una iniciativa parlamentaria y el 12 de julio de 1995 se promulgaba la Ley 16.707 o Ley de Seguridad Ciudadana que define el inicio de un camino de aumento punitivo a la delincuencia. Después de la crisis de 2002, se aceleró el deterioro social y el mercado de drogas ingresó nuevas sustancias en un escenario vulnerable y se retomaba el incremento de las penas. Luego de asumir el nuevo gobierno –por primera vez el Frente Amplio y por tres períodos– se muestran índices de mejora en la economía, del empleo y de contención social con una nueva institucionalidad. Pero el delito logró expandirse aún más.
Entre las mejoras para confrontar a la delincuencia, puede mencionarse la profesionalización de los efectivos, mayores recursos económicos destinados al Ministerio del Interior, se comienza –y finaliza hasta ponerse en práctica en 2017– el nuevo proceso penal y se definen mayores penas.
La conclusión es que en los sucesivos períodos, los homicidios y delitos vinculados al narcotráfico siguieron con su tendencia alcista, y esta no se detuvo con el cambio de gestión.
En la actualidad, la discusión política está enquistada en los números y sus respectivos comparativos entre administraciones de gobierno. Sin embargo, las causas de ese deterioro son interpretadas de formas muy variadas.
En tiempos de crisis y de aumento de pobreza, el delito se explicaba por el deterioro del tejido social. Y cuando ocurría durante los mejores registros del crecimiento económico con mejoras sociales, se explicaba por la falta de autoridad ejercida desde el Estado. Como sea, siempre se buscó y encontró una explicación política a un problema en crecimiento y que preocupa a una mayoría de la población desde hace décadas.
En Uruguay, cada 200 personas hay un preso. Es el Estado con mayor cantidad de encarcelados per cápita de América del Sur y ocupa el décimo lugar a nivel mundial.
La reincidencia, por su parte, se ubica en torno al 70 por ciento. De acuerdo al Ministerio del Interior, el 85 por ciento de los hombres que salieron de la cárcel con hasta 35 años de edad y que cumplieron penas menores a los 6 meses, volvieron a delinquir en el primer año.
En 2024 hay más de 15.600 presos en las cárceles uruguayas y eso significa un aumento del 32 por ciento en los últimos cuatro años. Con un país inserto en una de las regiones más violentas del mundo, las estadísticas hablan por sí solas.
Estas economías ilegales forman parte de un porcentaje importante del producto bruto interno de los países y Uruguay no está ajeno. Movilizan y, por lo tanto, demandan bienes ilegales. Y consiguen lo que proponen esas nuevas dinámicas a fuerza del fortalecimiento de las redes que ejercen violencia en las áreas de las ciudades donde ya existían vulnerabilidades de todo tipo.
Mientras aumentan las incautaciones de drogas, se confirma la porosidad de las fronteras. Al tiempo que se definen nuevas políticas sociales, la última encuesta del Instituto Nacional de Estadística confirma que el núcleo duro de la pobreza se encuentra estancado desde hace varios años en la infancia, adolescencia y hogares monoparentales.
En forma paralela a la confrontación con el delito, se confirma una segmentación en los territorios porque en las ciudades son –básicamente– las mismas zonas donde disputan y protagonizan enfrentamientos las bandas delictivas. Ese efecto precariza aún más las condiciones de vida de sus habitantes y no bajan los niveles de violencia.

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Aunque han pasado muchos años, todavía las imágenes de unos tres millones de iraníes, en las calles, participando de la revuelta de 1979 que acabó con el régimen del shá Rezah Palevi e instaló en el centro de la vida nacional al ayatolá Jomeini. La memoria colectiva recuerda aún un pasado épico de comienzos del siglo XX.
Irán, para mejor ubicarnos en la historia, es heredero de un imperio persa que acumula más de tres mil años de historia. Con el retorno de Jomeini de su exilio parisino, comienza una nueva época, con nuevos desafíos. El primero, producto de las propias turbulencias de aquel año 1979, fue la crisis abierta a partir del secuestro del personal de la embajada de los Estados Unidos, en noviembre de ese año, poniendo de manifiesto su decisión de confrontar con el bloque occidental. La segunda, ya en 1980, la guerra con Irak, que se extendería hasta 1988, donde quedan de manifiesto que las viejas ambiciones de potencia regional resurgían.
En el año 2006 se conoce el informe de Hamilton y Baker sobre Irak (recuerdése, en 2003 había caído el régimen de Saddam Hussein), pero que obviamente dedica un detallado análisis acerca de Irán, y proyecta el rol que podría jugar para dar estabilidad a una política estadounidense en la región. El gobierno iraquí rechazó enfáticamente las conclusiones de aquel documento, especialmente la recomendación al presidente Bush de “intensificar el diálogo con Irán”, lo cual significaba, en aquellos días, excluirlo de “la lista del eje del mal” que tanto promovía la política exterior de EE.UU.
Con una política exterior de enfrentamiento con occidente, especialmente con los Estados Unidos, Irán ensayó una suerte de táctica que parece inspirada en aquella frase popular “los enemigos de mis enemigos son mis amigos”. Y ese discurso allanó el camino en algunas geografías, en particular en algunos países de nuestra América Latina. Pero como lo ha señalado una y otra vez Amnistía Internacional, “la respuesta del gobierno a las demandas de los trabajadores ha sido brutal: los sindicalistas sufren de manera habitual agresiones, hostigamiento y detención por parte de las autoridades. Algunos cumplen largas penas de cárcel”.
Uno de los informes más recientes de AI recuerda que recientemente (2002) “Irán se vio sacudido por un levantamiento popular sin precedentes contra el sistema de la República Islámica”. La reacción del gobierno fue dura: “Las fuerzas de seguridad dispararon ilegítimamente munición real y perdigones para sofocar las protestas, lo que provocó la muerte de cientos de hombres, mujeres, niños y niñas, así como heridas a miles más. Miles de personas fueron sometidas a detención arbitraria o enjuiciadas injustamente sólo por ejercer de forma pacífica sus derechos humanos”.
Más adelante, y referido a las libertades individuales, AI denuncia que “se intensificó la discriminación y la violencia contra las mujeres, las personas LGBTI y las minorías étnicas y religiosas. Las desapariciones forzadas, la tortura y otros malos tratos, incluida la negación deliberada de atención médica, eran prácticas generalizadas y sistemáticas. Se impusieron y se ejecutaron castigos crueles e inhumanos, como flagelación, amputación y ceguera. Aumentó el uso de la pena de muerte y se reanudaron las ejecuciones públicas. Los juicios siguieron siendo sistemáticamente injustos. Persistió la impunidad sistémica de los crímenes de lesa humanidad que se habían cometido y se seguían cometiendo en relación con las masacres penitenciarias de 1988 y otros crímenes de derecho internacional”.
AI en ese mismo informe no olvida que “Irán siguió proporcionando apoyo militar a las fuerzas gubernamentales en el conflicto armado de Siria…(que) apoyó la invasión de Ucrania llevada a cabo por el gobierno ruso suministrando drones Shahed 136, que se utilizaron para atacar y destruir infraestructuras civiles”. También que “la Guardia Revolucionaria Iraní atacó a grupos de oposición kurdos en la región del Kurdistán de Irak, causando la muerte de más de una decena de personas, entre ellas una mujer embarazada”.
Como resumen, dice el informe de AI, “las autoridades (iraníes) dieron sistemáticamente una respuesta militarizada tanto a las protestas de ámbito local como a las de ámbito nacional”.

La construcción de poder

Irán, de habla persa y de mayoría chiíta, contenida a fuerza de sanciones, fue acumulando un importante poderío militar, similar al de Egipto y Arabia Saudita. En la Franja de Gaza, las organizaciones que Irán respalda desde hace 4 décadas tienen coincidentes objetivos: doblegar el poder israelí y desafiar a la mayor potencia militar global y aliada de Israel, Estados Unidos.
En las últimas semanas, Israel e Irán se midieron directamente cuando Israel arremetió contra un anexo de la embajada iraní en Siria. Allí murieron siete comandantes iraníes. De inmediato, Irán anunció acciones. Pero después de varias amenazas y especulaciones, actuó prudentemente para evitar una guerra que pusiera en riesgo la propia supervivencia del régimen. En defensa de Israel se alinearon no solo EE.UU., Inglaterra y Francia, también varios países del mundo árabe.
Actualmente, Irán apoya a más de 20 grupos en Oriente Medio. Colabora con una combinación de armas, entrenamiento y colaboración financiera. Casi todos ellos fueron categorizados como organizaciones terroristas.
Aunque comparten una amplia plataforma, el odio a Israel es la primera coincidencia. Hamás, Hezbolá, los hutíes, grupos armados iraquíes y sirios, forman parte de esos grupos apadrinados por Irán.
Pero, en general, son grupos que se nuclean al amparo iraní, pero éste tiene dificultades para acotar sus acciones.

Hamás

Es la organización que asume, incluso hasta por cercanía geográfica, el choque directo con Israel, y controla Gaza desde el 2007. Fue Hamás quién lanzó la sangrienta jornada del 7 de octubre, donde asesinaron unos 1.400 israelíes, y tomaron de rehenes a otros 200. Aún siguen secuestrados 136.
Muchas veces, Hamas lanza sus ataques contra Israel en colaboración con la Yihad Islámica Palestina, otro grupo proiraní. Solamente en el 2021, los dos grupos dispararon 4.000 cohetes contra Israel en un período de 11 días.
Irán contribuye con más de 100 millones de dólares de manera directa con estos dos grupos. En el 2022, Ismail Haniyeh declaraba que ese año habían recibido más de 70 millones.
Lo colaboración iraní incluye apoyo para la fabricación de armas.

Hezbolá

Hezbolá es una fuerza regular de 30.000 soldados y 20.000 reservistas, muy importante en el Líbano: Ha sumado acciones de apoyo, lanzando ataques fronterizos. La guerra más dura entre Hezbolá e Israel tuvo lugar en el 2006.
Hezbolá ha recibido un muy fuerte apoyo financiero de parte de Irán. Incluso en el 2018 se estimaba en unos 700 millones de dólares. Pero esas cifras, que son estimaciones, se vieron reducidas, sustituidas por transferencia de tecnología, e incluso, para producción de armas a nivel local.

Los Hutíes

Los hutíes se hicieron del gobierno de Yemen tras controlar la capital en 2014. Los hutíes se solidarizaron con los palestinos de Gaza, lanzando más de 60 ataques con misiles y drones contra barcos que transitan por el Mar Rojo y el Golfo de Adén. rán apoya también a grupos armados en Irak y en Siria.

Irán

Pese a todas las restricciones de los últimos años, Irán sigue siendo una potencia militar, autocrática. No hay ninguna libertad sindical ni política. Y las mujeres siguen llevando la peor parte. Trabajadores y trabajadoras, docentes, todos ellos detenidos por ejercer el derecho de huelga. Incluso por participar del acto del Día internacional del Trabajo.
Eso es Irán.

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Las internas ya están ahi, a poco mas de 70 días, y en los mentideros políticos o rueda de payadores se maneja un tipo de voto diferente, mas estratégico o picarón, que no recogen las encuestas. Algunos lo llaman un voto carambola –a tres bandas supongo– y otros el voto tero, por el ave que para confundir canta lejos de donde tiene el nido y los huevos.
Está claro que las elecciones internas no son obligatorias, por lo que, aparte de “las ganas” con que amanezca el ciudadano no muy militante ni entusiasta, el clima juega su parte: lluvia o frío inciden en la concurrencia. Esa característica de “no obligatorias” complica mucho la tarea de los encuestadores y hace, lógicamente, que los márgenes de error sean mayores.
Sin embargo es en función de lo que dicen las encuestas, respecto a las internas y las generales de octubre y el eventual balotaje de noviembre, que aparece ese “pensado” voto carambola.
Sobre la segunda vuelta, por ejemplo, se da como casi seguro que si es entre Álvaro Delgado y Yamandú Orsi gana éste último, pero si la candidata del Frente Amplio es Carolina Cosse, entonces gana el blanco.
En relación a las internas, en tanto, hay coincidencia en que el Partido Nacional será el mayoritario entre los partidos que integran la coalición de gobierno, y que, entre los nacionalistas, Delgado gana cómodo y sin castigar.
Diferente es el panorama en la coalición de izquierdas. Hasta no hace mucho Orsi era el favorito; sin embargo ello ha cambiado y hay alguna encuesta que habla de casi empate técnico con Cosse. Habrá que ver como incide que Mario Bergara se haya bajado y que el seregnismo y el astorismo pasen ahora decididamente a apoyar el ex intendente de Canelones. Este reacomodo puede ser positivo para Orsi para las generales, si es el candidato, pero pienso que no es importante en las internas: en estas la pulseada es entre el Partido Comunista y el MPP. Es una lucha por quien se adueña de la izquierda; quien toma el poder. Una lucha que también, como se sabe, se da a nivel del Pit Cnt.
Esos escenarios respecto a las internas, con tendencias cantadas, ha llevado a algunos militantes blancos a pensar que un “voto inteligente” y táctico, sería, dado que Delgado gana holgado, meterse en la interna frentista y votar por Cosse, en procura de que sea la candidata. Ello facilitaría un triunfo de la Coalición Republicana, piensan.
Todo parece muy simple, muy lineal, pero no es tan así. No es que en Uruguay el resultado de las internas tengan tanto peso como las PASO argentinas, pero el nivel de convocatoria de cada partido puede tener su influencia; entre indecisos que apuesten a ganador e incluso entre cotizantes, lo que sí importa y mucho.
Se espera una buena votación en la izquierda; tiene dos candidatos muy competitivos y con respaldo de “aparatos” importantes. Aspiran lograr los niveles del 2014: unos 400 mil votantes.
Para qué sumarle votos ajenos. Y menos de los blancos, que de no votar dentro de su partido le quitarían potencia, le debilitarían la imagen. Una votación escuálida pondría en duda el poder de convocatoria del candidato que elijan.
A otra cosa, nos parece. Es cierto sí que Cosse tiene un fuerte carisma para el rechazo, pero no es bueno descuidarse: mirá Orsi, venía al trotecito nomás y ahora cada vez tiene que afinar más la puntería. Por muy fácil que parezca, no hay carambola hecha. → Leer más

El pasado 18 de abril el Pit Cnt y la Confederación de Organizaciones de funcionarios del Estado (COFE) llevó adelante un paro general de 24 horas en contra del nuevo Régimen de Certificaciones Médicas.

El inicio del nuevo sistema de licencias médicas en el sector público comenzó a regir el pasado lunes 1 de abril, luego de haber sido prorrogado por 60 días por decisión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a partir de los reclamos de COFE. Hasta ahora, a los funcionarios públicos no se les descontaba dinero del salario por las certificaciones. De acuerdo con el portal de noticias Ámbito, “con la modificación, tendrán derecho a un máximo de nueve días hábiles de licencia remunerada por enfermedad o accidente. Además, se los podrá pedir de manera alternada o consecutiva por el período de un año. A partir del décimo día tendrán derecho al subsidio, que será un monto equivalente al 75% o 100% del salario, dependiendo de varios factores y cada 1° de enero se renovará la cantidad de días disponibles, los que no se acumulan de un año para el otro”.

En tanto, para el presidente Luis Lacalle Pou la medida no es más que implementar un régimen de licencias similar al del sector privado, para igualar en condiciones a los trabajadores del sector público, a quienes les paga el sueldo “cualquiera que se levanta a laburar”.

“Tenemos que ser cuidadosos de los recursos de la gente, y cuando vemos que se va muchísimo dinero en licencias, nos parece que hay que emprolijar, no hay que tomárselo como un ataque ni nada por el estilo”, sostuvo el mandatario. Según lo informado por Telemundo, “el cálculo que ha hecho en general el Poder Ejecutivo son entre 80 y 90 millones de dólares al año que estaría costando el abuso en las certificaciones. No es tanto por un tema de recaudación sino de productividad en el sector público y de justicia con los trabajadores que no faltan y con el sector privado”, afirmó Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil.

La reacción del Pit Cnt y de COFE en particular, a través de su secretario general José López, ha sido particularmente dura con el nuevo sistema, lo que resulta lógico ya que se trata de cortar con abusos que en muchos casos eran impulsados o protegidos por los propios líderes sindicales, una “casta sindical” que en Uruguay maneja mucho poder político y económico en distintas áreas de nuestra economía. Recordemos que en el mes de setiembre del año 2023 José Ignacio López, el hijo del presidente del Sindicato Único de INAU (Suinau), José Lorenzo Joselo López, fue expulsado del gremio por irregularidades constatadas desde 2018. De acuerdo con lo informado por La Diaria, “José Ignacio López trabajaba en INAU desde 2014 y, según la investigación administrativa, desde 2018 omitió repetidamente el registro de ingreso y salida de su puesto en el centro. Además, se constató que el funcionario había cobrado en su cuenta bancaria personal alquileres de cabañas vacacionales propiedad del INAU en el balneario canario de Costa Azul. López estaba a cargo de la gestión de reservas de estas propiedades y para el cobro de los alquileres existían cuentas institucionales. Según informó el semanario Búsqueda anteriormente, esta situación se repitió en al menos cuatro ocasiones”. Finalmente, el sindicato de INAU decidió dejar sin efecto la expulsión y suspenderle los derechos gremiales por seis meses y que devuelva el dinero involucrado. Además, y de acuerdo con lo informado por Montevideo Portal, “en diciembre de 2022 el INAU le abrió un sumario con separación del cargo y retención de medio sueldo debido a irregularidades en el registro de horas de entrada y salida y por cobrar 40 horas extras por mes que no había realizado entre los años 2018 y 2022”. Al parecer “el hombre nuevo” del cual tanto hablaba y habla el Frente Amplio y la central sindical tiene vicios bastante viejos…

En nuestro editorial del día 4 de agosto de 2023 mencionábamos que este tipo de abusos “se da en todas las dependencias del Estado, donde se aplican normas que han sido creadas con la finalidad de atender la salud de los funcionarios mediante un régimen muy contemplativo y avanzado en su momento, pero la flexibilidad y la ausencia de controles ha desvirtuado su esencia, al punto que el común denominador son los abusos, con funcionarios que “casualmente” se enferman los lunes para estirar el asueto del fin de semana, que presentan enfermedades muy difíciles de identificar y diagnosticar, pero que les permiten someterse a tratamientos ambiguos e interminables y/o faltas asiduas. Es que dentro de las dependencias del Estado, siempre hay quienes van a cubrir sus funciones en la dependencia en la que trabajan y quienes se certifican por presunta enfermedad, van igualmente a recibir el pago a fin de mes como si cumplieran al pie de la letra con sus obligaciones laborales.

Por supuesto, para que se de esta situación tiene que haber también complicidad y/o omisión por quienes deberían ejercer los controles correspondientes, tanto por el profesional médico como por los respectivos jerarcas y funcionarios encargados de que se cumplan los requisitos establecidos para poder acogerse a este sistema de beneficios. Es bien conocido que muchos médicos hasta le preguntan al paciente cuántos días de licencia quiere ante afecciones menores, porque a él le resulta gratis y al fin y al cabo el Estado son los bienes del difunto, como reza el dicho popular.

Y los gremios que ahora desgarran sus vestiduras y tratan de evitar que se les aplique una norma que desde siempre ha regido para el sector privado y recogen firmas para frenar las modificaciones, deberían más bien hacer su mea culpa por ignorar y amparar a los abusadores de siempre, los que han llevado a que se haya decidido poner fin a este régimen excesivamente benigno para situarlo en la realidad, aunque rozando apenas uno de los privilegios de que siguen gozando los empleados estatales respecto a sus pares –es un decir– de la actividad privada”.

La verdad es que la actitud de COFE sobre este nuevo régimen de certificaciones médicas y el paro llevado a cabo el 18 de abril pasado constituyen una vergüenza para un movimiento que hace mucho tiempo se olvidó de defender a quienes supuestamente representa (los trabajadores) para dedicarse a ser trampolín de quienes aspiran a desarrollar una carrera político partidaria, tal como ha sucedido con Oscar Andrade, Fernando Pereira, Susana Dalmás, Juan Castillo, Richard Read, Oscar Groba, o Reynaldo Gargano, entre otros.

En este tema, como en tantos otros, el Pit Cnt defiende a capa y espada sus privilegios sindicales en general y el de los funcionarios públicos en particular, olvidando que por encima de cualquier interés sindical o empresarial debe primar el interés común, el beneficio de todos los habitantes y no sólo los de un grupo de privilegiados que se aferran a su sillón de poder y a los beneficios que el mismo les otorga. ¿Cuántos hospitales o escuelas se pueden construir o reparar con las certificaciones “truchas” que se generan anualmente y que el Pit Cnt defiende a capa y espada? ¿Cuántos niñas y niños podrían mejorar sus condiciones de vida? Es hora de que la “casta sindical” se haga cargo de este y de otros abusos que se llevan a cabo todos los días con el encubrimiento o el apoyo de quienes, injustificadamente, se autoproclaman como representantes y defensores de los trabajadores.
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Entraron en vigencia las modificaciones que introdujo la Ley de Rendición de cuentas del año 2022 a las disposiciones contenidas en la Ley N° 19.140, titulada de “Protección de la salud de la población infantil y adolescente a través de la promoción de hábitos alimenticios saludables”. Esto, a lo que alude, a la postre, y simplificando, es a la regulación de qué se puede –y en cierta forma se debe– vender en las cantinas escolares. Esta misma semana hubo al respecto, por un lado un recordatorio que publicó en sus canales digitales la Comisión Nacional Honoraria para la Salud Cardiovascular, que tituló “Hacia una Alimentación Saludable. Ley 19.140”. La Comisión plantea allí que, como en cada comienzo de clases, “nos enfrentamos al desafío de adaptar nuestras rutinas y hábitos. La alimentación de los estudiantes dentro de los centros educativos ha tomado un nuevo rumbo, promoviendo opciones más saludables y eliminando la venta de productos no recomendados, específicamente aquellos envasados etiquetados con el sello de Exceso”.

Para hacerlo más práctico, alude a aquellos que han sido, o que deberían ser, identificados con los octógonos negros en el etiquetado frontal. Sobre este cambio normativo agregan que se prohíbe “la venta de alimentos y bebidas no incluidos en un listado específico destinado a promover una nutrición adecuada entre los jóvenes. Estos ajustes se aplican a niveles de primaria y secundaria, subrayando la importancia de fomentar una alimentación saludable desde las etapas tempranas”.

Comparten que la modificación legislativa “busca contrarrestar tendencias preocupantes como el aumento en el consumo de productos no saludables y el consecuente crecimiento de índices de sobrepeso y obesidad en niños y adolescentes. Al eliminar el acceso a estos productos en el ámbito educativo se pretende cultivar hábitos de vida saludables que perduren en el tiempo”.

Pero simultáneamente, en la República Argentina, ha sido una organización de profesionales médicos, la Sociedad Argentina de Pediatría, quien ha salido a pedir que en los “kioscos de escuelas” –lo que conocemos de este lado como cantinas– “no se vendan alimentos con octógonos negros”. Es decir, se reclama una normativa como la que ya existe en nuestro país. Los fundamentos son tan conocidos que casi ni haría falta repetirlos, y sin embargo es necesario insistir: “La escuela es un lugar clave para mejorar los hábitos alimentarios”, como afirma la sociedad. También hay que ser justos y reconocer que no es el único. Es acaso el “institucional” y en el que de alguna forma se puede incidir, pero el primer ámbito donde mejorar los hábitos alimenticios de niños y jóvenes es el hogar. Después hay que ver qué dicta la realidad en cuanto a las posibilidades.

Menciona el documento de los pediatras argentinos que, de acuerdo a datos de la segunda Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, “el 13,6% de los menores de 5 años presenta sobrepeso y el 41,1% de los niños y jóvenes de entre 5 y 17 años tiene sobrepeso (20,7%) u obesidad (20,4%), con una mayor prevalencia en varones”. Aquí en nuestro país hay algunos datos, por ejemplo, los presentados en la publicación “Las 7 prácticas en los centros educativos para proteger a niños y adolescentes de sobrepeso y obesidad”, que publicó en noviembre del 2020 el Ministerio de Salud Pública con el respaldo de ANEP, la Secretaría Nacional del Deporte y Unicef Uruguay. Allí se considera “preocupante” el aumento del sobrepeso y la obesidad, a tal punto que se los menciona como de los principales problemas que enfrenta Uruguay”.

Los datos que presentan dicen que “4 de cada 10 niños escolares tienen sobrepeso y dentro de esto, 2 de cada 10, obesidad”. Agrega que este problema “avanza en nuestro país a una velocidad extremadamente preocupante en todos los grupos de edad y, en particular, en los niños y adolescentes”. También señala que “los niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad con frecuencia tienen hipertensión y están expuestos a sufrir enfermedades como las cardiovasculares, la diabetes y algunos tipos de cáncer a edades tempranas. Además, tienen alta probabilidad de continuar siendo obesos al llegar a la edad adulta. La alimentación no saludable, la inactividad física y el sedentarismo son algunos de los principales factores de riesgo de estas enfermedades”.

Las 7 prácticas de las que habla el documento del MSP son: “Apropiarse de las recomendaciones sobre alimentación y actividad física”; “Integrar contenidos de forma transversal en clase”; “Ofrecer únicamente alimentos saludables”; “Vincular a los estudiantes con la preparación de los alimentos”; “Acercar a los estudiantes al cultivo de alimentos”; “Realizar pausas activas para disminuir el sedentarismo” y “Facilitar la realización de actividad física”. Todas compartibles a nivel general.

El desafío está, antes que nada, en tratar de que esto no sea más que letra muerta, es decir, que efectivamente se pueda lograr que las cantinas no ofrezcan alimentos ultraprocesados, o identificados con los famosos octógonos, pero a la vez tampoco permitir que desaparezcan las cantinas al sucumbir ante la competencia de otros establecimientos del entorno que sí pueda ofrecer estos productos. Porque, ¡qué sentido tiene?

Y aquí para muchos la respuesta sencilla sería salir a establecer prohibiciones en “X” cuadras a la redonda de cada centro y después ver quién controla –y cómo– todo eso. Además, en ciudades chicas y pueblos del Interior eso puede significar una prohibición para comercios establecidos hace décadas y que en definitiva sean únicos en un importante radio. El otro camino, el más difícil, es lograr que efectivamente se genere conciencia sobre el problema de salud pública que enfrentamos y que aunque no es la única, hay allí una fuente de problemas, pero a los primeros que hay que concientizar, antes que a los niños, es a sus adultos responsables.
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“Es ‘difícil, pero no imposible’, que se concrete en este gobierno el área protegida Islas del Queguay”, ese fue el título en EL TELEGRAFO de la noticia que, citando al director nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise), Gerardo Evia, daba cuenta de la situación de un proyecto que lleva ya varios años, no digamos que “encajonado”, porque no hay constancia de ello, pero sí sin registrar avances visibles, más allá de las acciones que difusión que han hecho sus propios impulsores.
Evia decía en esa entrevista que no descarta que se puedan mover algunas fichas y que a la postre se termine aprobando la iniciativa, pero, a estar por sus manifestaciones, no implicaría esto necesariamente una buena noticia. Es que la razón por la que no ha avanzado el trámite no es otra que la falta de presupuesto, y esto opera a dos niveles, primero porque no se dispone de técnicos suficientes para atender todo el trabajo actual. Esto supone, por ejemplo, que no se haya logrado todavía contar con los planes de manejo de las áreas que ya venían funcionando. Aunque tal vez sea mejor mencionarlas como “las áreas que ya fueron declaradas”, porque no necesariamente implica que estén funcionando como tales. Habrá algunas que sí, hay otras que no. Lo dijo claramente Evia, llegar a fin del período con todas las áreas ya existentes con un plan de manejo y con presencia de guardaparques ha pasado a ser el objetivo de su gestión.
Decía la referida nota que la asignación presupuestal de la Dinabise no ha permitido atender este proyecto en las Islas del Queguay y su desembocadura en el río Uruguay, así como “tampoco ha permitido concretar otros que están incluso más avanzados en su trámite, como es el caso de Arequita, en Lavalleja, ‘que es un área pública, que hace 50 años que está’, y la Isla de Lobos”, que es otro proyecto del que se habló mucho desde la creación del ministerio de Ambiente, cuando tomó las riendas de la nueva cartera Adrián Peña. Evia dijo al respecto que no se trata de firmar “áreas de papel”, que luego el Estado no pueda gestionar adecuadamente y darles las condiciones necesarias para funcionar como tales. “El presupuesto de la Dinabise es de 40 millones de pesos de inversión, y eso es un millón de dólares, y la mitad de eso se paga de IVA de contratos; para gestionar un sistema de 150.000 hectáreas de áreas protegida”, planteaba el jerarca en la entrevista.
Frente a este panorama, no hay forma de ser optimista respecto a que el área se concrete, y eso que tiene puntos a favor, como el que las islas sean de propiedad fiscal. No así los predios que comprenden la superficie “en tierra firme”, pero recordemos que ya estaba decidido que la integración al sistema, la declaración del área, se haría en dos partes, de las cuales la primera es, justamente la de las islas, y el resto, conformada por predios privados, quedaría para más adelante. Esta política es consistente con lo ocurrido con hasta ahora la única área nueva que se creó en este gobierno: Humedales e Islas del Río Negro, un proyecto que lleva más tiempo, desde 2011, propuesto y generado por investigadores de la Universidad de la República que, originalmente, preveía la protección de unas 56.000 hectáreas, de las que solamente se incluyeron en el área final las 2340 que son de propiedad estatal.
Es de agradecer la sinceridad con que presenta Evia el escenario para el área prevista en territorio sanducero. “La respuesta corta es que no es imposible, porque podría ocurrir que se destrabara y en los papeles se firmara. El tema es qué pasa después. Estoy tratando de que la gente, los equipos técnicos, terminen de hacer lo que tienen que hacer, que son los planes de manejo de las diecisiete áreas que hoy integran el sistema, muchas de las cuales aún no lo tienen aprobado”, indicó. Agregó que el escenario pretendido es llegar a tener “un sistema, con las áreas que hay, con los planes de manejo para que puedan funcionar, con los planes de manejo hechos y con capacidades mínimas de de guardaparques y directores afectados a esas áreas; a las que ya están. Antes de pensar en crecer”. Es lo que hay, como dice el dicho que popularizó el relator de fútbol Alberto Kesman.
Pero incluso el director revela una falla en la concepción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, una falla que hace a lo que el mismo sistema considera “éxito” en cuanto a alcanzar las metas de gestión. Evia expone nítidamente un mecanismo que fomenta el trabajar pour la gallerie, al “premiar” la incorporación de más superficie, pero no al mismo tiempo el que esa superficie que se incorpora goce de una protección real. Hay, como dice la nota, “una lógica perversa” que fomenta el “hacer crecer el sistema, y después vemos cómo lo manejamos. De hecho, los propios indicadores para la rendición de cuentas te dicen ‘usted no cumplió en incorporar tantas hectáreas de su objetivo de gestión’, se necesitan tantos miles de hectáreas por año incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, resumió Evia. Claro, luego ocurre que, al no incorporarse esa cantidad de hectáreas, a la hora de la discusión por las de a peso, en el Parlamento, en el presupuesto y en las rendiciones de cuentas, los recursos no están, porque los “objetivos” no se cumplieron. “Si yo digo necesito tantos recursos para gestionar áreas protegidas, y no te los votan, no podés seguir inventando áreas protegidas que vas a gestionar sin recursos”, afirmó Evia.
En el fondo la pregunta es si realmente, ya no el Gobierno actual –que ya había dado señales de que mucho interés no tenía en este asunto de las áreas protegidas al impulsar dos artículos restrictivos en la Ley de Urgente Consideración (LUC), que luego fueron quitados del articulado– sino al Uruguay como Estado, le interesa este asunto de las áreas protegidas, o si simplemente las hacemos y las tenemos por cumplir con tratados y acuerdos internacionales y dar una buena (y falsa) imagen del país hacia afuera. → Leer más

Es por cierto harto difícil en el marco de los ciclos de la economía mundial encontrar una fase neutra, es decir un desenvolvimiento en el que puedan jugar libremente las leyes del mercado, por una razón o por otra, y es así que en uno y otro sentido las relaciones de precios, las tasas de interés, el acceso a los mercados, están signados por acontecimientos que influyen negativa o positivamente en las expectativas de las grandes economías y centros financieros, que son los que pautan hacia donde va el rumbo, en tanto países como Uruguay y otras naciones del Tercer Mundo no tienen otra alternativa que seguir las reglas de juego, en un tómelo o déjelo eterno.
El punto es que no siempre los vaivenes de la economía nos han perjudicado, sino que por el contrario, se han presentado períodos con escenarios muy favorables, como el de la década anterior a 2014, donde el común denominador de la región latinoamericana, en el marco de ingresos excepcionales generados por los elevados precios de los commodities en los mercados internacionales, fue la aplicación de determinadas políticas sociales por gobiernos rotulados como progresistas que pretendieron lograr el efecto de sacar de la pobreza a millones de personas de escasos recursos, en muchos casos mediante programas asistencialistas que apuntaban a hacer reflejar rápidamente en las estadísticas que los grupos prioritarios lograban una transferencia de ingresos que los sacaba de su complicada situación.

Precisamente este reflejo estadístico implica una fotografía de una realidad en base a ingresos recibidos durante el período del relevamiento, y al ser sostenida en el tiempo esta bonanza por las exportaciones de varios países de la región, se logró incluso que durante años estadísticamente hubiera una mejora sensible en el abatimiento de los niveles de pobreza e indigencia, lo que fue destacado como logros de estas políticas.

Pero, naturalmente, la intención no es todo, sino los resultados, y sin dudas ningún gobernante, aunque no sea por un mero instinto de supervivencia política, va a adoptar políticas que generen insatisfacción en la población y menos aún en los grupos más necesitados, postergados desde siempre. Solo que debe tenerse presente que no siempre el cortar camino es el método más eficiente y sobre todo sustentable para que los sectores postergados que estadísticamente tienen esta mejora, no recaigan en la situación anterior tan pronto cede el efecto de la bonanza, como ha ocurrido una y otra vez en la región.

El efecto derrame de la creación de riqueza se hizo sentir con altibajos en la región, en tanto en Uruguay hubo claras muestras de gestión deficitaria, ineficiente o decididamente delirante, como ha sido por ejemplo el de las pérdidas de Ancap, las de Pluna, –con salvatajes que han costado más de mil millones de dólares– los gastos excesivos en el Fondes, la “inversión” a pura pérdida en la regasificadora, la construcción del Antel Arena para los montevideanos, entre otros desaguisados cometidos en nombre de políticas populistas, en este caso por los sucesivos gobiernos de izquierda.

Precisamente no se ha tenido en cuenta aquello que decíamos de que la economía se da en ciclos, y no tuvieron un mínimo de previsión en cuanto a destinar parte de los recursos excepcionales generados por la bonanza para tener un colchón de ahorro con la perspectiva de llevar a la práctica políticas anticíclicas para cuando se revirtiera la situación internacional, como inevitablemente tenía que darse, y efectivamente se dio. Hubo instrumentación de políticas para combatir la pobreza apuntando a la estadística, y ello se ha dado sin dudas en nuestro país, porque aunque se buscara lograr efectos duraderos, los instrumentos que se crearon tuvieron perfil voluntarista, de cuño asistencialista y no se apuntó realmente a lograr sustentabilidad, que es el ingrediente diferencial para el éxito. En este contexto, dábamos cuenta de que según el análisis de una investigadora del Banco de Previsión Social (BPS), casi la mitad de las personas que concurren hoy a comedores o merenderos estatales, hace siete años eran usuarios del plan de alimentación del primer gobierno del Frente Amplio, por lo que no han logrado salir de una situación de extrema pobreza.

El dato surge del estudio sobre la población que hace uso del Sistema Nacional de Comedores y del Programa Alimentario Nacional (canastas de alimentación y transferencias). El informe, publicado en la página del BPS, reconoce que “no puede dejar de considerarse con cierta preocupación que siete años después de terminado” el Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social “mucho de sus beneficiarios estén aún en situación de vulnerabilidad socioeconómica”.

La falta de sustentabilidad de los programas en cuando a dotar de instrumentos a los sectores postergados para generar su propio sustento, desemboca en que la necesidad de transferencia de recursos tiende a hacerse crónica, porque se manifiesta tanto en épocas de bonanza como de crisis, y hoy nos encontramos con que los requerimientos de transferencias se siguen dando hacia sectores a los que se decía se habían sacado de la pobreza.
El error muchas veces se da por querer jugar para la tribuna ante la proximidad de compromisos electorales, y ello se da no solo en los gobiernos de izquierda, aunque sí es una regla en su caso, sino también en gobiernos de otro signo ideológico, porque la tentación del poder es el común denominador, y se incurre en gastos excesivos, fuera de toda lógica, para contemplar a sectores postergados o directamente diluir reclamos, con la consecuencia de incrementar déficit fiscal y dejar que el entuerto intente arreglarlo el gobierno que viene.

Incluso puede ser que las cuentas den, en teoría, de seguir tal como está el escenario internacional, pero es sabido que un día sí y otro también se pueden dar avatares que den por tierra con toda previsión, como ha sido el reciente caso de la pandemia de COVID-19, la invasión rusa a Ucrania, y eventualmente, una disparada en los precios del petróleo por crisis como la recientemente suscitada por el ataque iraní con drones a Israel. Y estos imponderables son particularmente severos para países como Uruguay, primero porque importa el cien por ciento del petróleo que consume, y segundo, porque es vulnerable en tanto se han seguido políticas pro cíclicas, en las que se ha incrementado el gasto incluso a mayor ritmo que el incremento en la recaudación, en lugar de establecer un colchón mínimo de respaldo cuando la época de bonanza, como señalábamos, de modo de no seguir corriendo detrás de la cola, como el perro, cuando las circunstancias cambian.

Ello reafirma que en economía no hay milagros, que la redistribución no se logra por decreto ni aún en los regímenes populistas que hacen gala de lograrlo mientras se vive la fantasía de la calesita de recursos hasta que el crédito se cierra y se hace insostenible. Y gobernar es atender la realidad, es ser prudente en la creación y manejo de los recursos que se generan por la conjunción de capital y trabajo, y asumir que en lugar de buscar el aplauso fácil debe priorizarse la búsqueda de incentivos, la capacitación, la instrumentación de programas de interacción social, de educación e inserción, a la par que se incentiva la radicación de capitales de riesgo, con el Estado como agente catalizador. → Leer más

Una ola de graffitis en edificios céntricos de Montevideo instaló el análisis de la utilización de los espacios públicos y privados. El tema después derivó en la discusión de si se trata de arte o de vandalización y sacó el foco de la cuestión de fondo para polemizar sobre las formas.
Los graffitis pintados en los edificios son una costumbre importada, ya instalada en otras partes del mundo y tan antigua como la humanidad. Es, precisamente, una tendencia que genera debates al desafiar la seguridad de los edificios y poner en peligro la integridad de los graffiteros, las normativas urbanas y la propiedad privada.
En forma paralela, se aprecian de igual forma en el resto del país, sin controles efectivos ni medidas para prevenir estas conductas en muros, garages, locales comerciales, centros educativos y de atención a la salud. En los barrios de las periferias, así como en la centralidad de las ciudades.
Los afectados en su propiedad, así como los vecinos que usan los espacios públicos, reclaman por la prevención de estas conductas, pero los actos se generalizan y reproducen con mayor asiduidad.
La gravedad de la situación está marcada por el esfuerzo económico que deben realizar los propietarios de los espacios dañados en quitar una pintura que no desean. Es que la falta de acciones repercute en una sensación de impunidad que alimenta la repetición de estas intervenciones.
Este tema se instaló con preocupación, a raíz de su divulgación por los medios de comunicación masiva. Pero no es una situación nueva. La Comisión Nacional de Patrimonio reclama acciones más contundentes. No obstante, el marco jurídico establece que estas acciones son consideradas como una falta. Hasta el momento se identificaron a algunos de sus protagonistas, pero no se han ordenado detenciones y eso aumentó las críticas al sistema para el abordaje de estas conductas.
El artículo 367 del Código Penal establece penas de hasta 30 días de trabajo comunitario por vandalismo. Sin embargo, lo define para “espacios públicos o sus instalaciones tales como bienes muebles o inmuebles, monumentos, señalizaciones de tránsito, semáforos y demás elementos del ornato público”. Esta redacción no deja claro que las intervenciones no deseadas en viviendas o edificios privados también pueden definirse como actos de vandalismo.
El diputado del Partido Colorado Martín Melazzi propuso incorporar al mencionado artículo el concepto de la falta y la penalización con 7 a 30 días de trabajo comunitario, si no existe una autorización por parte de los propietarios del espacio intervenido.
La cuestión de si se trata de arte o vandalismo está clara. El graffiti, vinculado fuertemente a la protesta, al inconformismo y la rebeldía, no es igual en todos los espacios.
Para ser arte no puede ser mediocre y los mensajes deberán captar la atención por su técnica y no por la intromisión en un lugar donde no se desea esa pintura. Plasmar un mensaje en la pared de un apartamento o en la persiana de una ventana o en un garage lo transforma en un acto vandálico. Similar a cualquier otro.
Porque un artista seguramente deseará desligar su arte del vandalismo. En Paysandú se encuentran expresiones artísticas de alto contenido social, que promueven valores y tolerancia utilizando las mismas técnicas que en los edificios de apartamentos. La diferencia es que los muros fueron cedidos, provocan un impacto amigable en la sociedad y el efecto deseado, que es la libertad de expresión y la manifestación de una técnica. Por eso, es arte.
Por otro lado, este año electoral complica el escenario por el uso de otros espacios públicos para la propaganda política. Es además, un año complejo para legislar, cuando la atención está puesta en la campaña electoral.
La Comision de Patrimonio tiene un proyecto de ley que agrava las penas por intervenciones de este tipo en edificios y monumetnos históricos. Pero más penas no solucionarán una problemática cultural que muestra a los transgresores como ganadores del mensaje en la pared. Y a otros, temerosos del incremento de las acciones punitivas en la sociedad.
Cuando no pasa nada, se acelera la destrucción de los espacios de valor patrimonial. Y Montevideo es una clara muestra del avance de esta mirada permisiva.
Es, además, un asunto de seguridad ciudadana. Porque quedó demostrado que no hay dificultades en acceder a un balcón, donde alcanza sólo con treparse. Del otro lado, quedará el temor y la sensación de que todo vale para ocupar los espacios que después ya no valdrá la pena recomponer. Porque si pasó una vez, puede ocurrir tantas veces como quiera aquel que utilizó el espacio sin permiso.
La mirada indiferente de cada individuo dejará de serlo hasta que llegue a su pared y deba resolver entre dejarlo así y pasar a conformar el vasto espacio graffiteado sin comprender el mensaje. O hacer la denuncia, entregar las pruebas de las cámaras, individualizar al protagonista y comprobar que no llega la sanción. O guardarse el enojo e invertir nuevamente en la limpieza con el temor que estas conductas se reiteren.
Porque el “dejar hacer, dejar pasar que el mundo va solo”, es una expresión acuñada en Francia hace 300 años que, para algunas cuestiones, mantiene plena vigencia. → Leer más

El asesinato de un hombre de sesenta años, encontrado en su cama envuelto en una frazada y con una almohada en la cabeza ocurrió hace poco tiempo.

Rápidamente fue resuelto el crimen, protagonizado por una drogadicta de veintiséis años que lo hizo con la intención de robarle y, apropiándose del dinero, siguió su vida de adicción como si nada.

¿Qué pena le correspondería?, ¿usted qué piensa?, ¿cuarenta años que es el máximo que otorga la legislación uruguaya?, o tal vez treinta, o veinte. Lejos, apenas cinco años aplicaron los funcionarios responsables de administrar justicia.

¿Cómo puede pasar esto? Porque los márgenes que manejan los que deben administrar justicia son laxos y no del todo claros de acuerdo a nuestra legislación vigente, siendo los jueces y fiscales quienes deben considerar caso por caso, donde cada uno tiene su librito y consideraciones personales, y en muchos casos están muy alejados de la lógica pura. Cinco años se podrían aplicar, por supuesto desde mi punto de vista, cuando hay una muerte no intencional, por ejemplo, en un siniestro de tránsito por imprudencia, que puede ser hasta incluso grave por estar alcoholizado, y estoy siendo considerado porque no existe la intención de matar, más allá de su desprecio por la vida. Ahora, cuando se golpea a alguien, se los asfixia con una almohada, le roban sus pertenencias, y se van de fiesta a seguir drogándose, ¡cómo es posible que se sea tan blando! Siendo éste un ejemplo de tantos otros.

Sin afán de meternos en la separación de poderes, y teniendo en cuenta que soy apenas un edil, voy a permitirme hacer esta crítica y proponer, desde esta humilde opinión, lo que tal vez sea la chispa que alguna vez encienda a nivel de gobierno la idea de mi propuesta, y se llegue a que los jueces y fiscales asuman sus respectivos cargos por elección popular.

Por supuesto lejos de las elecciones de gobierno y sin divisas políticas, presentando en su campaña electoral la forma en que administrarán justicia, con más o menos rigor en los casos que les toque llevar adelante, al menos una vez cada diez años, pudiendo renovar o ser cambiado por la ciudadanía. No digo con esto que no habría errores, ya que el pueblo también puede equivocarse, pero es el único con derecho a hacerlo.

Esto no politizaría más de lo que ya está la justicia, que si bien el gremio se rasga las vestiduras sobre que no son infiltrados políticamente, se puede apreciar claramente que sí lo son, y si no basta ver los problemas que existen para nombrar el fiscal general, o cómo se eligen algunos funcionarios en las altas esferas del Poder Judicial, hoy que se habla tanto de concursos. Como si fuera poco tenemos opiniones que denuncian situaciones graves en fiscalía, tales como lo dice Gabriela Fossati en su libro “El poder de la manada”, tan solo una perla más del extenso collar.

Es cierto que es prácticamente imposible hacer que coincida en un cien por ciento la ley con los ideales de justicia, pero debemos siempre aspirar que se logre, y caminar en esa dirección. Debemos tener administradores de justicia que tengan claro la diferencia entre víctima y victimario, más allá del entorno social y mental que padezca este último para el cual, (amén de ser tratado buscando su solución), no implica un atenuante en su forma de actuar a la hora de infringir la ley, más aún en la comisión de delitos aberrantes.

Javier Pizzorno, edil del Partido Nacional

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En estos días han recrudecido las quejas y señalamientos y las charlas técnicas y de festejo en torno al tema del atraso cambiario. Y este, el del atraso, seguramente será recurrente hasta la campaña electoral, salvo que haya algunos toquecitos de timón que para muchos ponderados y respetados analistas deberían haberse dado ya desde el año pasado. El éxito del gobierno en domeñar la inflación, –que no es poco–, junto al “atraso” y la reforma jubilatoria serán vedettes para octubre. Esto dependerá, desde luego, de si el Pit Cnt consigue las firmas: si no llega será un gran fracaso para la central sindical y si lo logra puede transformarse en serio escollo para el retorno de la izquierda al gobierno. Difícil que los uruguayos se lo lleven; el FA perderá credibilidad y eso se refleja en votos.

Para la coalición de gobierno sería una suerte que Abdala y su gente tuvieran éxito, se le haría mucho más fácil.
Sin duda que lo de la inflación es muy importante, pero ¿cuál es su poder de convocatoria al momento electoral? El público no lo valora, es como las calles sin pozos. Además, poca inflación pero uno de los países más caros del mundo.

Lo del atraso bancario es otra cosa. Muchos lo disfrutan hasta sin darse cuenta –viajes, autos, compras en el exterior– y se sienten bien y eso puede determinar el voto. ¿Que se trate de una nueva época de “plata dulce”? Por ahora nadie piensa en ello.
El tipo de cambio “desalineado” tiene empero implicancias más serias que pueden afectar el crecimiento económico, generar dificultades y desaliento en sectores productivos y hasta problemas de empleo. Y al momento de votar…

Desde el gobierno el MEF y desde el ortodoxo Banco Central que se muestra muy contento consigo mismo, explican que esta apreciación del peso es una muestra de confianza en el país. Insisten unos y otros que hay una libre flotación del dólar sin ninguna intervención del Banco Central. Como que la gente de aquí y otra que viene de afuera (inversores) quiere desprenderse de los dólares y refugiarse en el peso.

Algo hay, pero no es tan así. Efectivamente el BCU no compra ni vende dólares, pero con su política monetaria y su objetivo antiinflacionario incita, influye o estimula ciertas decisiones que inciden en el mercado de cambios y explican la caída del dólar. Las Letras de Regulación Monetaria que emite el BCU, son razón y explicación. Son papeles a plazos de 30, 90 y más días, que pagan una tasa anual en pesos del 9%, en un país con una inflación menor al 4% anual y en el que el dólar está planchado o cayendo, que constituyen un muy buen negocio para operadores financieros: bancos, las AFAP, inversores. Buen interés más el eventual fortalecimiento del peso frente al dólar. Imagínese el lector a alguien que vendió dólares a 38,93 el 1º de marzo, colocó en LRM y recompró dólares a fin de ese mes a 37,55. A dos puntas: diferencia de cambio y 9% de interés anual en pesos.

Pero nada es gratis. Se estima que al 31 de marzo las LRM sumaban unos 9 mil millones de dólares. Eso es deuda, del BCU, del país y de todos, por la que se paga una tasa del 9%, lo que implica al año un desembolso del orden de los 800 millones de dólares. Esto explica las ganancias declaradas por los bancos, las decisiones de las AFAP y la venida de inversores. Se sabe quien los gana, pero ¿y quién los paga? y ¿cómo se pagan?
Continuaremos. → Leer más