Opinión

Políticas de Estado en Turismo

Organizado por la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), tuvo lugar el pasado 9 de mayo una nueva edición de Foco Camtur, el ciclo que propone instancias de intercambio –“de diálogo y reflexión”, le llaman– sobre el turismo en nuestro país. En este caso una edición muy especial, con la participación de referentes de los distintos partidos políticos en la materia, quienes expusieron sobre “sus visiones y propuestas para el desarrollo sostenible de la actividad”.

La crónica de la página de Camtur destaca el “ambiente ameno y respetuoso” en el que los expositores abordaron temas relevantes para el sector, “como la definición de estrategias sostenibles, la integración de la gestión turística en los planes de gobierno, la evaluación del presupuesto asignado al Ministerio de Turismo (MinTur), la problemática de los alojamientos no hoteleros informales y la coyuntura de dificultad que atraviesa el sector”.

Por supuesto que en el intercambio surgieron las diferentes visiones “o ‘perspectivas’ —como lo expresa el artículo— para un mismo objetivo”, sobre las que quien lo desee podrá interiorizarse en la página correspondiente (https://camtur.com.uy/contenidos/foco-camtur-un-debate-fructifero-sobre-el-futuro-del-turismo-en-uruguay). Solamente mencionar que la exministra Liliam Kechichián fue la representante del Frente Amplio, el exministro Tabaré Viera concurrió por el Partido Colorado, Ignacio Curbelo por Cabildo Abierto, Sergio Bañales, por el Partido Independiente, mientras que Pablo Iturralde y Dolores García Pintos, integraron la delegación del Partido Nacional.

Otros aspectos que destaca el resumen de los organizadores fueron la transversabilidad de la actividad, y el énfasis en la importancia de las políticas “vinculadas a la generación de infraestructura, como puertos y aeropuertos, porque eso genera riqueza para el país y empleo”.
Tras las exposiciones de los dirigentes políticos, hubo un espacio para preguntas desde el público, donde surgieron otros tópicos, como el turismo de cruceros, políticas públicas claves para el desarrollo del sector “y la necesidad de que el turismo sea visto como una actividad productiva a nivel nacional”.
Fernando Tapia, vicepresidente de Destinos de Camtur, adelantó que los insumos recogidos en la instancia serán tomados en cuenta para un documento macro que Camtur viene elaborando y que “será enviado a cada partido político para que lo tenga en consideración para sus planes de gobierno”. Asimismo adelantó que ya tiene fecha para el 8 de agosto un desayuno con la participación de todos los candidatos únicos que comparecerán a la elección nacional del mes de octubre, para presentar sus programas.

Más allá de que siempre es bueno que se produzcan estos intercambios de visiones entre los partidos políticos que pugnan por asumir la conducción del país en el próximo período, en el caso de Turismo se trata de un área en el que no hemos dejado desde esta página de señalar torpezas que se cometieron por no haber hecho quienes asumieron la responsabilidad un mínimo trabajo de investigación de qué estaba ocurriendo en el territorio y en el interior de la cartera, y procediendo a derribar sin más programas que podían haberse mantenido, como prometió el actual gobierno durante la campaña electoral, mantener lo que se hizo bien y mejorarlo. Así ocurrió por ejemplo con el Plan Ceibal, o con el Plan de Salud Bucal, al que incluso se le dio en llamar María Auxiliadora Delgado, en una demostración de que no le duelen prendas. No pasó lo mismo con otros casos de éxito como el tantas veces aludido Corredor Pájaros Pintados, o el programa de Turismo Social.

Y el reconocimiento de que ambos fueron exitosos quedó de manifiesto una vez más en los últimos días, por un lado en la última reunión de directores de turismo, donde se abordó la situación de los guías de pesca y guías de turismo náutico. El director de Turismo de Paysandú, José Manuel Galván, dijo a EL TELEGRAFO que planteó al ministro de Turismo, Eduardo Sanguinetti, “otorgar facilidades a los guías de pesca y guías turísticos náuticos” y que se le informó que “está en etapa avanzada un decreto que el MinTur envió a Presidencia en ese mismo sentido y que abarca toda la región litoral”. Turismo náutico y pesca. Dos de los pilares del ya desaparecido proyecto, que lo que buscaba era complementar la tradicional oferta turística de esta región. Por otra parte, días pasados se supo, y también se comentó en páginas de EL TELEGRAFO, que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Turismo, ha accedido a una solicitud de la Unión de Transporte Turístico del Uruguay, para acceder a los beneficios del programa Turismo para todos, sucesor del Turismo Social que existió en este país antes de la pandemia. Este cambio les habilitará a asumir algunos roles que antes estaban reservados a las agencias de viaje, quienes no habían mostrado interés en el Turismo para todos, como tampoco lo habían hecho anteriormente en el Turismo social, de allí que en ese momento –lo explicó a su tiempo el entonces director de este programa– se decidiera impulsarlo desde la propia Cartera. Es muy bueno que se haya encontrado actores privados que apuesten por esta propuesta, la pena es que se hayan desaprovechado estos años, en los que además hubiese sido un dinamizador importante para el sector por algunas virtudes como ofrecer la posibilidad de hacer turismo a precios accesibles y utilizar la infraestructura y los recursos del sector fuera de la zafra.

Por todo ello, qué relevante es que se tenga en cuenta ese planteo surgido en el encuentro de que el Turismo sea visto como una actividad productiva a nivel nacional. Porque realmente lo es y de de él depende el sustento de muchas familias uruguayas. Es necesario estar a la altura de esa realidad. → Leer más

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Reglas de juego estables para promover energías renovables

La reconversión energética en nuestro país ha sido un paso revulsivo respecto a situaciones no muy lejanas, de décadas atrás, en las que incluso hubo períodos, como mediados de la década de 1970, en que debieron aplicarse por UTE cortes de energía zonales programados, porque no había capacidad de generación para hacer frente a la demanda, ni siquiera apelando a todos los generadores térmicos a base de combustibles de petróleo entonces disponibles.
Con la construcción de las represas de Salto Grande y Palmar, hubo avances significativos en disponibilidad de electricidad de procedencia hidráulica, y podría decirse que fue a partir de entonces que comenzó a cambiarse la pisada en el Uruguay y de una u otra forma, hubo continuidad de políticas en aras a la reconversión a fuentes renovables, tanto en lo que refiere a la procedencia de la electricidad como –mucho más cercano en el tiempo– a la impulsión de motores de vehículos en nuestras carreteras.
El vuelco fundamental hacia la reconversión energética en base a las fuentes renovables se justifica sobre todo porque Uruguay tiene sensibles ventajas comparativas. Para ello se han llevado adelante acciones que no han comenzado con este gobierno ni mucho menos, sino que han sido promovidas desde administraciones anteriores, pero con una continuidad muy saludable, por encima de partidos.
Es decir, cada administración le ha dado su impronta al tema, pero manteniendo las grandes líneas de acción y objetivos, aunque no con un proceso lineal sino que ha tenido aspectos erráticos y errores significativos.
La idea central es la reconversión de la matriz energética a partir de la gradual sustitución de los combustibles fósiles y contaminantes del medio ambiente, como es el caso del petróleo, por generadores amigables con el medio ambiente, aunque nunca debe perderse de vista la incidencia de intereses económicos y visiones políticas que implican distorsiones hacia un lado o el otro cuando se trata de acelerar los procesos para la preservación del medio ambiente, que es afectado en forma creciente por el uso y abuso de combustibles que tienen un impacto altamente negativo para el ecosistema.
A nivel internacional, en este contexto, ganan terreno en forma sostenida los nichos de mercado en los que se otorgan preferencias y se pagan mejores precios por los productos que se comercializan con la debida certificación de inocuidad y respeto hacia el medio ambiente, lo que equivale en los hechos a dotar de un valor agregado adicional a todo lo que se venda a países o bloques donde exista una valorización significativa por este tipo de bienes, ya sean de naturaleza primaria como procesados o semiprocesados. En lo que respecta a la generación eléctrica desde estas fuentes, la presidente del Directorio de UTE, Silvia Emaldi, al mencionar las metas principales de su gestión, evaluó que “un primer objetivo es utilizar y aprovechar el 98 por ciento de energía renovable que el país dispone, para que sus usos eléctricos, entre ellos la electromovilidad, sea un factor importante en la reducción de CO2 a la atmósfera”, en tanto destacó que “el foco de descarbonizar es la sustitución en el transporte del uso de los combustibles fósiles, por energía eléctrica”.
Reafirmó que “el país tiene unos tres mil vehículos eléctricos, (autos y camiones) y la cámara del sector automotor estima que se va a triplicar el número este año. El ahorro de un vehículo eléctrico versus uno a combustible es de 8 a 1, es decir cuesta ocho veces menos la carga para los mismos kilómetros”.
A su vez, en lo que tiene que ver con el respaldo de generación por fuentes renovables, la jerarca dijo al diario El País que la decisión del organismo es seguir invirtiendo “e incorporando energías renovables en la medida en que el consumo del país siga aumentando. Para mantenernos en el 98 por ciento de renovables, hay que incorporar –y UTE está haciendo licitaciones para eso– parques solares fotovoltaicos. Hay 1.500 megavatios de energía eólica instalados en el país, y 250 megavatios de solar, por lo que hay que crecer en energía solar para equilibrar con la del viento, que es mayor en la tarde y noche. La tecnología de los parques solares ha bajado sustancialmente los costos, por eso, Uruguay tiene la previsión de que a partir de 2026, lo que más va a incorporar básicamente es energía solar fotovoltaica para mantener la relación de ser 98 por ciento renovable. Las licitaciones que se están haciendo son por los próximos 25 años”.
Argumentó asimismo Emaldi, ante el planteo de que la energía que vende UTE es cara, que ello se debe en gran medida a que “hay que pagar todos esos contratos de energías renovables” correspondientes a la compra a privados, a un valor considerable, lo que a su juicio explica la decisión del cambio a licitaciones para la inversión por la propia UTE en fuentes renovables, como los parques fotovoltaicos.
Es decir, que estamos ante un cambio de orientación en la materia, de un gobierno a otro, aunque la jerarca esgrime un argumento de peso desde el punto de vista económico para justificar el cambio, por lo que podría decirse que la idea de la concesión a privados se debió en su momento a la urgencia de que se encararan inversiones en generación en períodos en que el organismo no estaba en condiciones de hacerlo por su cuenta y se pagó el precio de contratos aún por energía de reserva, pero que no se utiliza.
El punto es que si bien los escenarios nunca son inamovibles, que las circunstancias cambian y que los avances tecnológicos también incorporan nuevos elementos a considerar en la ecuación, se impone que las políticas en la materia trasciendan un período de gobierno, y que se generen políticas de Estado con reglas de juego que aseguren un marco estable para captar también potenciales inversores en fuentes renovables, en el área que sea.
Incluso la Asociación Uruguaya de Energías Renovables (Auder) planteó oficialmente que a través de una ley, un decreto o un acuerdo multipartidario, nuestro país se encamine decididamente y sin obstáculos, en base a una política de Estado, a impulsar el desarrollo del denominado hidrógeno verde, para lo que nuestro país tiene ventajas comparativas muy significativas.
Precisamente este es el punto, que ya sea a través de una normativa, surgida preferentemente de un acuerdo multipartidario, quede establecido que el impulso a la economía del hidrógeno verde sea una política de continuidad y no solo una decisión de un partido o en un período de gobierno, lo que permitiría al sector privado acceder a mejores condiciones de financiamiento de proyectos de grandes escalas y a largo plazo, así como también diferenciarse del resto de los países de la región con los que Uruguay compite en la economía del hidrógeno. → Leer más

Opinión

Emergencia vial

A principios del presente mes el gobierno nacional decretó la emergencia vial para todo el país, a partir de la compleja situación que se registra en el estado de las vías de comunicación terrestres del país, principalmente la caminería rural y suburbana.

La necesidad de contar con una medida como la declaración de emergencia vial fue planteada por varios gobiernos departamentales y tratada en el Congreso Nacional de Intendentes, debido al estado crítico de las redes de caminos del Interior.

En este panorama, el inicio y normal desarrollo de cosechas de algunos cultivos de importancia para la exportación se ve amenazado ante el riesgo de no poder sacar la producción. La declaración de emergencia por el presidente Luis Lacalle Pou y el Consejo de Ministros, viene acompañada de un fondo de 15 millones de dólares para reparaciones, habiéndose encomendado la ejecución de obras al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, a través de la Dirección Nacional de Vialidad. Serán llevadas adelante con criterio de urgencia y en acuerdo con las intendencias con la finalidad identificar y priorizar las zonas afectadas de mitigar y recuperar los daños que se registran en la red vial y que perjudican fundamentalmente a los habitantes del medio rural y las empresas que allí operan.

De acuerdo a lo informado desde el MTOP, la prioridad será abordar los tramos viales más críticos, aquellos que aún permiten circulación pero presentan un deterioro considerable, y restaurar los caños y alcantarillas dañados. El plazo establecido para estas acciones no debería superar los 30 a 45 días, de forma de poder disminuir los problemas de movilidad y circulación por esas vías de comunicación que resultan fundamentales para garantizar la conectividad, seguridad de circulación de los habitantes de la zonas afectadas.

Parece paradójico que un país que basa gran parte de su economía en el sector agropecuario y siendo la producción de este sector una de sus principales riquezas, no se realice un mantenimiento adecuado de las vías de circulación que permiten llevar la producción a los lugares de acopio, industrialización o puntos de exportación.

No obstante, se trata de un tema complejo donde las responsabilidades son varias. Claramente hay una responsabilidad de los organismos del Estado correspondientes –llámese MTOP, intendencias o municipios–, pero también deben considerarse las de los usuarios de la red vial.
En el medio rural coexisten dos grandes grupos de usuarios de los caminos: las empresas que allí producen y las personas que ahí viven. Se trata de dos grupos que generalmente están interrelacionados (algunas empresas ocupan trabajadores de la zona, por ejemplo) pero generalmente sus intereses no son los mismos. Tampoco sus posibilidades de acción.

Si bien se considera que Uruguay ha tenido avances en pos de mejorar la calidad de vida de quienes viven y trabajan en el campo, y aunque todos tenemos los mismos derechos y deberes, es claro que no todos tenemos las mismas oportunidades.

En la práctica, la población rural, que demográficamente es cada vez más escasa, suele encontrarse en situación de desventaja con respecto a quienes viven las ciudades. Las distancias y el territorio juegan un rol muy importante que condiciona en múltiples aspectos la vida diaria de las familias, como por ejemplo en lo que respecta a las posibilidades de acceso a actividades e instituciones culturales, a oportunidades de recreación e incluso de trasladarse para atender la salud o llegar a la escuela o el liceo.

Muchas veces, el acceso de estas personas a los servicios así como a la educación y comunicación depende de la región en la que se encuentran y la topografía del lugar.

“En muchos lugares, cuando llueve mucho, quedan rápidamente aisladas por la crecida de arroyos y ríos, no siempre hay buenos caminos para trasladarse (..) y muchas veces ven limitada su educación y la de sus hijos”. Esta frase proviene de una conclusión de un trabajo publicado recientemente por un grupo de mujeres docentes de la Facultad de Agronomía, Ciencias Sociales y del Centro Universitario Regional (CenuR) Litoral Norte con el título de “Mujeres a la intemperie: historias de mujeres rurales” (la edición especial de la revista Cangüé, de la Estación Experimental Dr. Mario A. Cassinoni de Facultad de Agronomía), resulta un buen ejemplo de cómo el territorio puede condicionar la vida de la población rural.
Por eso mismo, el Estado tiene que actuar. Le asiste razón al intendente Nicolás Olivera cuando pretende poner en primer plano algunas cuestiones básicas de las responsabilidades en el cuidado de la caminería rural. Se trata de un tema que genera polémica que, en el contexto de la situación actual de la caminería rural, tiene gran vigencia.

Las declaraciones y denuncias del intendente de Paysandú, que se ha expresado duramente respecto a empresas forestales que han incumplido la normativa vigente en cuanto a la prohibición de circulación de cargas pesadas durante los días de lluvia y siguientes, ponen el foco en un asunto de responsabilidades y colocan en la agenda un tema crucial para la población rural y la producción nacional.

Olivera entiende que hay “situaciones y situaciones”, dado que si bien es necesario atender la situación apremiante de la realidad productiva de las materias primas perecederas o a procesos de extracción de esa producción –como la lechería y la agricultura–, que no pueden esperar pues son perentorios para sacar su producción, hay otros sectores que “manejan producciones copiosas con volúmenes grandes de materia prima que no necesariamente están sujetos a estos ciclos más perecederos”.

Apuntó así al sector forestal que, en su opinión, puede “esperar perfectamente en sus acopios, en sus campos; tienen una enorme red de caminería interna por la cual transitar y los días de lluvia hay una norma que indica que no pueden circular”. En este sentido, recordó que hubo instancias de diálogo y acuerdos con el sector forestal que no se han cumplido y anunció el envío a la Junta Departamental de una actualización normativa para atender la salida de la producción perecedera y “castigar severamente a quienes sienten que la norma no los compromete”.

Las lluvias y la polémica generada sobre los caminos rurales ha puesto en la agenda un tema realmente importante para el sector productivo nacional pero que también está relacionado con la calidad de vida de los habitantes del medio rural. Que un niño no pueda ir a la escuela o un adolescente al liceo porque el camino no se lo permite o que alguien suspenda una consulta o tratamiento médico porque no puede llegar a la ruta a tomar el ómnibus es algo que no debería pasar. No en el Uruguay que queremos. Las lluvias han incidido pero no son todo el problema. Son varios los actores con responsabilidades en el mantenimiento de las vías de circulación en estado adecuado. La conciliación de intereses no es sencilla pero los intereses generales deben ser los primeros en atenderse.
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Opinión

Que no has de beber

Es posible que resulte hasta fuera de lugar, podría decirse, venir con el tema del agua en momentos en que molesta por lo abundante, en tiempos en los que hay todavía muchos compatriotas fuera de sus hogares y a tan pocos kilómetros se vive la catástrofe inédita que están soportando los vecinos de Rio Grande do Sul, donde con pocos días de diferencia los niveles de inundación superaron dos veces el récord histórico anterior, del año 1941. Es entendible que se haga esa lectura, pero es necesario que estos temas se discutan no solamente en los momentos en que hay sequías extremas, como las que vivió el continente y más específicamente nuestra región en los últimos tres años de forma consecutiva.

Es que esta agua que inunda Paysandú, desciende desde los tramos altos y medios del río Uruguay, en el mismo territorio de Río Grande del Sur, aunque la peor parte fue para la cuenca de la Laguna de los Patos y no vino para este lado.

Pero esta agua que hoy inunda Paysandú y el litoral se va a ir. Sin pena ni gloria la gran mayoría va a ir a parar al Río de la Plata y luego al océano Atlántico, y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Y, si como se anuncia, sobreviene luego nuevamente un período de precipitaciones reducidas, los problemas que conocimos volveremos a tenerlos. Tal vez sin la escala que supone el agotamiento de las existencias de la cuenca del Santa Lucía, que dejó en las condiciones que vimos el abastecimiento del área metropolitana, donde se concentra el mayor volumen de población de nuestro país, pero sí otra realidad que conocemos en el Interior, que es la de los pueblos que dependen de fuentes no tan abundantes y firmes y que muchas veces dependen del apoyo que se les pueda dar con el traslado en camiones cisterna. Porque eso sigue pasando y no hacen falta tres años consecutivos se sequía, con que las lluvias no vengan regularmente durante un par de meses en algunas regiones ya hay dificultades con el agua. Aun hoy, en pleno siglo XXI, con toda la tecnología y la conectividad que tenemos, pero sobre todo con definiciones que hemos tomado como país, como la de reconocer el acceso al agua potable como un derecho humano. Es que justamente este año se están cumpliendo 20 años desde que se sometió a consulta popular la reforma constitucional que consagró que “el agua es un recurso natural esencial para la vida. El acceso al agua potable y el acceso al saneamiento, constituyen derechos humanos fundamentales”, según establece el artículo 47 de la carta magna. Justamente estos 20 años han sido la excusa bajo la cual desde la Universidad de la República (UdelaR) se ha organizado un ciclo de conferencias –y otros eventos– en las que se irán presentando al público investigaciones e informes, presentados bajo el título “Agua que vemos, agua que no vemos y agua que queremos”.

La primera de las actividades de este ciclo fue una conferencia titulada “Una abundancia que no era tal: escasez de agua potable en Uruguay”, y estuvo a cargo del ingeniero Carlos Anido, y su organización estuvo a cargo del grupo de trabajo Ambiente y DDHH de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos (DDHH) de la UdelaR.

En la contextualización del tema, Anido plantea que tras esa declaración de intenciones que ocurrió en 2004 la situación no ha cambiado sustancialmente, o sí, pero no en los términos en los que se aspira en esa modificación introducida en el texto constitucional. Lo que ha habido es una serie de cambios en la forma en la que se produce en nuestro país, que a su juicio ponen en riesgo la calidad y disponibilidad del agua para el consumo humano. Y en tal sentido menciona que hubo una gran discusión que se dio en el año 2013, luego de la gran explosión de las cianobacterias, un tema que, por cierto, no se solucionó, sino que se ha asimilado que ocurren esporádicamente estos episodios.

Entendámonos. El agua es un factor de desarrollo, es una ventaja sustancial que nuestro país tiene para ofrecer a la hora de pararse frente a potenciales inversiones que se quieran captar. Si este elemento, por más que se ponga sobre la mesa otra cantidad de virtudes orientales, como la estabilidad, por mencionar uno del que siempre nos jactamos, no habría forma. No podríamos estar hablando, por supuesto de las inversiones en hidrógeno verde, la gran carta a futuro del Uruguay. También la producción actual y tradicional de nuestro país tiene una relación intrínseca con la disponibilidad de agua. Es un recurso estratégico, indudablemente. Y el sentido de esto no es meramente plantear en un plano de oposición el uso y el consumo humano frente al aprovechamiento productivo del agua. Porque también hay, y es evidente, un importante atraso en la inversiones que el estado uruguayo ha debido realizar para garantizar ese abastecimiento de agua —del saneamiento hablemos otro día— y no lo ha hecho. La pérdida de agua de la red de OSE sería inconcebible si nuestro país estuviese en otro contexto geográfico, inconcebible. Desde la declaración de 2004 a la fecha se ha atendido poco y solucionado nada. Y este es un factor.

Hay un hecho que menciona en su exposición el ingeniero Anido y es la existencia de una normativa que data desde 1978 y no se ha aplicado nunca por falta de reglamentación, que establece la obligatoriedad del pago de un canon por el uso del agua. Podría, eventualmente, una reglamentación de esta norma, habilitar una fuente de recursos, crear un fondo llamémosle que de optimización del aprovechamiento del agua potable, al que aporten los grandes consumidores de este recurso. Esto podría constituir una herramienta con la que el país comience a atender este histórico atraso y atienda estos problemas históricos de la red, con lo que se solucionaría buena parte del desaprovechamiento del recurso. → Leer más

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Transparencia ante la “verdad” única y el relato interesado

La semana anterior fue aprobado en Diputados el proyecto de ley que busca que el acceso a los archivos sobre el pasado reciente sea universal, iniciativa que había sido aprobada por el Senado y que ahora, con los votos del oficialismo, (la propuesta tuvo 49 afirmativos y 40 negativos, estos últimos todos del Frente Amplio) fue aprobado con modificaciones y se remitió nuevamente a la Cámara Alta.
“Ya es ley. Conocer toda la verdad sin límites ni ediciones, con transparencia, para todo el que quiera, es el objetivo”, escribió en X el exministro de Defensa Nacional, Dr. Javier García, para acotar que se trata de un “triunfo de la democracia y de la transparencia”.
“Estamos muy contentos de que esté la ley, que va en la línea del compromiso con la verdad y los derechos humanos”, manifestó, en tanto por su lado la diputada frenteamplista Verónica Mato argumentó en la sesión extraordinaria la razón de su voto en contra de la ley.
La legisladora citó a la archivóloga a cargo de la Secretaría para el Pasado Reciente y del Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la UdelaR, en el sentido de cuestionar la instrumentación de la legislación para la protección de los datos “sensibles” allí presentes.
Según indica Montevideo Portal, el proyecto había ingresado al Parlamento a mediados de mayo de 2023 a través de la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Un mes antes, en abril, una persona anónima había subido a Internet (en la plataforma archive.org) miles de documentos de la dictadura uruguaya, entre ellos el Archivo Berrutti.
García, quien por entonces era ministro de Defensa, apuntó a que se desconoce de dónde provinieron esos archivos, y asimismo aseguró al portal que “tampoco se puede hablar de que fueron documentos desarchivados porque no se tienen elementos para asegurar la veracidad de los mismos”.
Corresponde señalar que la ley establece la creación, en el Archivo General de la Nación, de una sección “destinada a la reunión, organización y conservación de documentos del pasado reciente y violaciones de los derechos humanos”.
En su exposición de motivos se habla de otra ley, la 18.435, de 12 de diciembre de 2008, que asignó “al Archivo Nacional de la Memoria la misión de reunir y organizar las copias de los documentos relativos a las violaciones de los derechos humanos”. Sin embargo, García argumentó que la razón por la que esta nueva legislación deja a un lado esa institución es porque “en los hechos nunca existió. Que esto pase al Archivo General de la Nación que funciona y que ya está establecido simplifica el proceso y lo hace más viable”, expuso.
Por otra parte, el legislador contestó al planteo de la diputada frenteamplista sobre la posible filtración de datos sensibles y apuntó al artículo 2 de la ley que habla del “mantenimiento en reserva de los datos vinculados a la vida privada y el entorno familiar de los individuos, así como la información que pueda ser considerada sensible o pasible de afectación a tercero. Ese artículo siempre estuvo en la ley y ahora deberá instrumentarse”, apuntó.
Acerca de las implicancias del proyecto, sobre fines del año pasado, el entonces ministro dijo que “es un juicio mordaza. No debe haber registro en la historia de que a un Estado le hacen demanda por querer transparencia y toda la verdad”, aludiendo a la demanda que la organización Crysol, que nuclea a expresos políticos (como se denominan), presentaba contra el Estado uruguayo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), y dijo que es algo “insólito”.
El motivo de la demanda es el proyecto de ley impulsado por los ministerios de Defensa y Educación para dar libre acceso a todos los archivos de la dictadura cívico-militar.
“Yo no negocio la libertad a que cualquier persona en Uruguay que quiera acceder a documentos sobre un pasado doloroso, pero que quiera conocer, pueda hacerlo”, escribió el ministro en otro posteo de la red social, a la vez que en rueda de prensa, García afirmó que el tema es “trágico y doloroso”, y que “da la impresión de que hay gente que no quiere toda la verdad ni la transparencia. Las censuras y los censuradores son de las dictaduras; en democracia es libertad y transparencia”, sostuvo.
Este episodio es solo uno más de la polémica suscitada a partir de la iniciativa gubernamental que apunta a correr el velo sobre los misteriosos archivos de la época del gobierno de facto, que a menudo se mencionan y a los que se hacen referencias parciales, pero que no han sido dados a conocer y a lo que se opone enfáticamente la izquierda, la misma que vive reclamando por “Verdad y justicia” sobre lo ocurrido en aquella época.
Es decir, con una mirada sesgada de ideología y resentimiento, que deja por cierto muchas interrogantes sobre cuáles son las reales intenciones de mantener todo oculto y dejar la “verdad” sujeta al relato de partes interesadas en que solo se da a conocer su versión sobre los hechos del doloroso pasado reciente.
La iniciativa del Poder Ejecutivo consiste en la creación de una sección especial para este tipo de documentación en el Archivo General de la Nación (AGN). La ubicación elegida asegura la conservación y clasificación de este material y sobre todo la cadena de custodia de la información, según la óptica de los promotores de la iniciativa.
Es que la izquierda se ha apoderado del relato sobre el denominado pasado reciente, con una visión romántica e interesada teñida de su ideología muchas veces con verdades a medias o directamente mentiras, con las cuales pretende confundir a la opinión pública haciendo hincapié en la “lucha contra la dictadura” de los tupamaros, cuando sin embargo éstos no dispararon un solo tiro en dictadura, instaurada el 27 de junio de 1973, sino que se alzaron contra un gobierno constitucional, ya en los albores de la década de 1960, procurando instalar en Uruguay un régimen similar al de la Cuba castrista.
Estas acciones inspiraron a los terroristas uruguayos, con su secuela de atentados, bombas, secuestros, copamientos a punta de revólver, y solo trajeron violencia, asesinatos, torturas, muertes y un inmenso drama para todos los uruguayos durante más de doce años, sobre todo para el 99 por ciento de su población, que no estaba con la dictadura que vino después ni con los guerrilleros que empezaron 10 años antes con el “cuanto peor, mejo” y que decían actuar en nombre del pueblo, con la real intención de hacer de Uruguay la Cuba de América del Sur. Y para esto contaban con el apoyo y entrenamiento militar y político de la dictadura caribeña.
García expuso que la idea es que “se pueda conocer toda la verdad”, una verdad que a su juicio no pudo conocerse por falta de voluntad política durante los gobiernos del Frente Amplio.
“Apelamos a que no haya censura y a que nadie le diga qué puede hacer y qué no. Las censuras son del tiempo de la dictadura”, dijo García, a la vez que trajo a colación una resolución dictada en 2011, durante el gobierno del Frente Amplio, en que ponían bajo reserva 151 archivos vinculados a la dictadura cívico – militar, pero a la vez subrayando la “reticencia” de la oposición en cuanto a avanzar en la difusión de este tipo de archivos, aludiendo a que parece que allí “hubiera algo que quemara”, más potente que el derecho del pueblo a saber la verdad.
Por cierto, la reflexión que surge nítidamente y que impacta por su incongruencia es por qué se quiere ocultar estos archivos por quienes han pregonado insistentemente durante décadas “verdad y justicia”, y con rebuscados argumentos y dilaciones pretenden que solo se escuche su relato sobre los hechos acaecidos antes y durante la dictadura.

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Salud mental: un abordaje comunitario necesario

Las estadísticas sobre salud mental en Uruguay son críticas desde hace algunas décadas. Sin embargo, se habla –como nunca antes– durante la actual campaña electoral, de una problemática que incluye a todas las poblaciones, franjas etarias y situaciones socioeconómicas.
Incluso a nivel global, los adolescentes se manifiestan en videos de Tik Tok y artistas juveniles editan temas que se vuelven virales, donde relatan sus estados de ánimo asociados a la depresión.
En los espacios televisivos exponen panelistas y, a modo de debate, calibran el cumplimiento de la legislación vigente, basados en el presupuesto destinado a la salud mental en Uruguay.
El presidente Luis Lacalle Pou anunció el 1º de marzo de 2023, en su anteúltima Rendición de Cuentas, una inversión de 20 millones de dólares en programas de salud mental, prevención y tratamiento de adicciones. No obstante, el incremento de la demanda por atenciones a nivel nacional muestra una insuficiencia en la disponibilidad de las citas con los especialistas.
La Ley 19.529 fue sancionada en el año 2017 y desde la administración anterior no se conocen ampliamente sus alcances. En realidad, con la excepción del año 2023 –cuando descendieron los casos de suicidios e intentos de autoeliminación–, los guarismos venían en franco crecimiento. Hasta el 2022 se registraron 823 muertes o una tasa de 23,2 suicidios cada 100.000 habitantes, que significa más del doble de la media del resto de los países de América Latina.
La depresión, las adicciones o el consumo de sicofármacos son algunos de los factores que inciden. Sin embargo, existe el convencimiento de que su abordaje debe ser casi exclusivo de la Psiquiatría o la Piscología. En realidad, va bastante más allá y compromete a la acción ciudadana. Las comunidades, asociaciones con vinculaciones en diversas áreas sociales, docentes, referentes barriales y los médicos de familia, entre otros, son agentes capacitados para detectar una problemática que, además, está especificado en dicha ley.
“En el proceso asistencial se integrarán los recursos comunitarios y se procurará la participación de familiares de las personas con trastorno mental”, dice el artículo 16 del Capítulo V.
El siguiente artículo define que el espacio de atención “debe realizarse preferentemente en el ámbito comunitario, en coordinación desde ese ámbito hacia los niveles de mayor complejidad cuando sea necesario. Esta atención se realizará en el marco de un abordaje interdisciplinario e intersectorial y estará orientado a la promoción, reforzamiento y restitución de los lazos sociales”.
El artículo 18 declara que “se fomentará el establecimiento de redes territoriales de atención, las que a su vez podrán articular su labor en cada zona con otros recursos existentes que puedan aportar a la promoción y prevención en salud mental”.
La ley, clara y vigente, confirma que el abordaje “multidisciplinario e intersectorial” incluye a una diversidad de actores que van más allá de las dos disciplinas básicas. Y la evidencia señala que ese abordaje temprano obtiene mejores resultados, en tanto un docente o un médico de familia no desconoce el entorno de aquel que pide ayuda.
La aplicación de la ley impulsará, necesariamente, a un cambio cultural y ayudará a comprender que hay más protagonistas en esta historia colectiva. Significará, además, optar por el primer nivel de atención en vez de un modelo enfocado en las especialidades. Bajará costos y mejorará los resultados, pero hace falta un mayor empoderamiento.
En ocasiones, la diferencia se encuentra en la relación empática entre médico y paciente, educador y alumno o padre e hijo, pero a menudo falta tiempo. En las citas médicas, en el aula, en el equipo deportivo que entrena y con las miradas puestas en las metas prestacionales, que no siempre son satisfactorias.
La Organización Mundial de la Salud define que “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Es una máxima que echa por tierra cualquier división entre mente y cuerpo.
En cualquier caso, los estigmas complican el abordaje de la salud mental y la ley prevé ese aspecto. Por eso, se abre a la participación de agentes comunitarios y equipos multidisciplinarios que generan una relación de continuidad, en el entendido de que no todas las personas cuentan rápidamente lo que les sucede o si se encuentran angustiados o bajo depresión.
Los problemas de depresión que aparecen en la adolescencia o en la juventud y se desarrollan en la adultez afectan, también, al capital humano y desatan efectos económicos tanto personales como en sus entornos.
En general, la consulta tardía parte de la creencia que no se trata de una enfermedad tan aguda como para pedir ayuda. Hasta que se transforma en una enfermedad, eleva los costos de las consultas y tratamientos, predispone al estigma y demora el acceso a las citas con especialistas.
Un capítulo aparte merecen quienes padecen enfermedades severas y llegan con dificultades a los cuidados oportunos. La evidencia se demuestra en los relatos familiares y de la comunidad en general. Así como las situaciones crónicas, como resultado de las adicciones que decantan en el rompimiento total de los vínculos y la consecuencia final de la situación de calle.
Por eso, el abordaje comunitario se vuelve necesario junto al trabajo de las comisiones departamentales de salud mental, donde se incluye la diversidad de actores que relata la ley. Pero un rápido relevamiento muestra su frágil cumplimiento. → Leer más

Opinión

Romina Celeste se ha reído de todos nosotros

Hay cosas en la vida que no admiten dos opiniones: una de ellas es que Romina Celeste Papasso, esa peligrosa protagonista de la actualidad uruguaya durante los últimos meses se ha reído de todos nosotros. Seguramente quien lee estas líneas reaccionará en forma inmediata exclamando que eso no se refiere a ella o él, porque nada tiene que ver con esos líos que, al fin y al cabo, “son cosas de políticos”. Si a eso le sumamos que la popularidad de la actividad política y quienes la llevan adelante viene en picada en todo el mundo (no sólo en Uruguay), la tormenta perfecta está lista: “como se trata de un tema de políticos y yo no soy política (o político) yo no tengo nada que ver con esto”: gran error.

Tampoco se trata de un tema que involucre solamente al exsenador Gustavo Penadés o al precandidato frenteamplista Yamandú Orsi, debiendo destacar la abismal situación que existe entre uno y otro. Pensarlo en esos términos en volver a incurrir en una visión reduccionista que mide, calcula y sopesa riesgos y ventajas de la peor política. ¿Qué hubiese pasado si, por el juzgamiento mediático del que fue objeto, Yamandú Orsi se hubiera bajado de la carrera presidencial? ¿Quién se haría responsable de ese daño no sólo a Orsi sino también al Frente Amplio y a la democracia uruguaya en general? También debemos reflexionar sobre cómo los medios y las redes sociales juzgan, condenan y ejecutan la condena sin pasar por un juzgado y sin posibilidad de que el justa o injustamente acusado pueda defenderse ni demostrar su inocencia llegado el caso. Todos sabemos que una vez que se ensucia a alguien ante la opinión pública revertir esa situación es muy difícil cuando no imposible.

Así las cosas, las víctimas del accionar delictivo de Romina Celeste somos, sin dudarlo todos los uruguayos, algunas de las instituciones más importantes de nuestro país y la propia democracia que tan justamente ha sido un motivo de orgullo para nuestro país. Romina Celeste se ha reído de todos: de la Fiscalía General de la Nación, del Poder Judicial, de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (cuyo Consultorio Jurídico la defendía), así como a la opinión pública en general.

Todo este andamiaje de mentiras está sustentado en el fenómeno de las denominadas “fake news” o noticias falsas. Como ha señalado el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso): “El derecho a la información ya es parte fundamental de la construcción de ciudadanía. En tanto lo mediático es central en el ejercicio de la democracia, los medios de comunicación no pueden ser ajenos a un debate público, más aún en el contexto actual de monopolización de la propiedad de multimedios en manos de empresas e intereses privados que normalizan la difusión de fake news, propaganda basada en la mentira y campañas mediáticas como instrumentos de desestabilización de procesos democráticos progresistas”.

“Las fake news se componen de dos características principales: por un lado, se sustentan sobre la base de una realidad aparente y, por el otro, se alimentan de una creencia extendida del sentido común democrático: aquella que dicta que la verdad siempre triunfa y que no es posible mentir de forma tan escandalosa o inescrupulosa.

En un contexto global en el que el acceso a Internet se encuentra cada vez más extendido, la línea divisoria entre la democratización de la información, la libertad de expresión y una comunicación en la que cada vez más predominan los discursos de odio, el negacionismo, la desinformación y las fake news o noticias falsas, se adelgaza cada vez más. Si bien estos fenómenos no eran ajenos a los medios de comunicación tradicionales, el uso masivo de Internet y la sobreinformación los ha exacerbado. La creciente radicalización de las posiciones ideológicas de la población va de la mano de una circulación cada vez más acelerada de las noticias falsas, que llegan a ser compartidas en promedio hasta seis veces más que las reales, lo que provoca una dilución de los límites entre lo cierto y lo falso. (…) Esta forma de comunicación basada en la adición de mentira y odio configura una particular versión de lo que se conoce como ‘posverdad’, que busca modificar la realidad apelando a un componente psicológico que conecta emocionalmente con ciertos grupos de personas a través de sus filias y fobias”.

Sin perjuicio de las responsabilidades que puedan ser atribuidas a diferentes actores sociales (ya sea por acción o por omisión), la clase política en general tiene una pesada carga de tareas que no puede esperar más y que debe ser puesta en la agenda cuanto antes, aún cuando los tiempos electorales que estamos transitando y que increíblemente se extenderán por un año más lo dificulten. Tarde o temprano se deberá entender que la política no es un vale todo y que el fin no justifica los medios. Las personas con responsabilidades públicas tienen la obligación de guardar un comportamiento que sea ejemplar para sus seguidores y votantes, así como para el sistema político en general. Si el mensaje es que todo vale, se terminaría impulsando la nefasta “viveza criolla” ya sea a la hora de evadir impuestos, contratar “trabajadores en negro” o dejar de pagar las deudas que se contraen legalmente. Además de las obligaciones inherentes a sus cargos públicos y/o partidarios, los políticos deben respaldar con sus propios hechos las lindas palabras que se dicen en los discursos que tan abundan por esos meses.

Tomemos a Romina Celeste como lo que realmente es: una persona que ha manipulado a su gusto todo un sistema con objetivos que aún no están claros, pero que deberán salir a la luz no sólo para saber si actuó sola o con algún tipo de apoyo de terceros, sino también para fortalecer el accionar institucional de nuestro país y actuar en consecuencia, sin perjuicio de la necesidad de realizar cambios en leyes y códigos cuyas innovaciones han sido lamentables. Tal como lo señalamos en nuestro editorial del pasado 10 de mayo, “En estos días, luego de que Romina Celeste Papasso y Paula Díaz reconocieran que la denuncia al precandidato Yamandú Orsi era falsa, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay emitió un comunicado en el que pide cambios a la ley 19.580 de violencia basada en género. ‘Los recientes hechos que se han difundido públicamente demuestran la necesidad de realizar profundas modificaciones al proceso penal y todas las normas que establecen pautas de interpretación o valoración de la prueba que vienen violando los principios de igualdad y averiguación de la verdad material, esenciales para que exista un proceso justo’, señaló la asociación”.

Para terminar, pero no por ello menos importante, debemos mencionar que, si el periodismo no hubiese sacado a la luz todo lo relativo a Romina Celeste, su conducta hubiese pasado totalmente oculta. A pesar de que muchos políticos tratan a los medios de comunicación igual que a las encuestas: “las apoyo si me sirven y las ataco si no me sirven”, lo cierto es que una vez más queda demostrada la importancia de tener la valentía de decir las cosas como son. A pesar de que algún personaje como Romina Celeste pretenda reírse también de los que tenemos el deber de informar. → Leer más

Opinión

Escribe Danilo Arbilla: Estrategia para acallar

La jueza penal Marcela Vargas –con nombre y apellido para que se sepa quién es quién– tomó una resolución digna de aplauso: garantizó la libertad de expresión (esa que está prevista en la Constitución) de Gustavo Penadés y su derecho a conceder una entrevista periodística al tiempo que amparó el derecho a buscar información (Pacto de San José de Costa Rica) y aseguró el libre ejercicio de la actividad periodística autorizando el ingreso del periodista entrevistador al instituto penal correspondiente. Bien por ella. Se dirá que eso de amparar los derechos y libertades de los ciudadanos es la principal tarea a cumplir por los jueces y que para eso son designados y por ello el Estado les paga.

Esto es: nosotros los contribuyentes les pagamos. Sin embargo, no es poca cosa. Y no lo es en momentos en que a lo largo y ancho del continente –y allende los mares– los tribunales judiciales se han transformado en instrumentos para violentar la libertad de expresión, limitar el libre flujo informativo, perturbar la actividad periodística fijando además privilegios y protecciones que impiden a la gente saber qué es lo que está pasando. De paso, se ponen obstáculos, limitaciones y prohibiciones a la tarea de informar plenamente sobre la actividad de jueces y fiscales. La gestión de unos y otros debe ser muy transparente; deben ser vigilados y controlados, como a cualquier otro, y más a ellos a quien la sociedad les confía tanto: son los únicos que legalmente nos pueden privar de la libertad.

Son funcionarios públicos y tienen que dar cuenta de lo que hacen. En las conclusiones de la reciente reunión de Medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa, en la que se pasa revista a la situación de libertad de prensa en todo el continente, se afirma: “El acoso judicial continúa siendo una estrategia utilizada en varios países para acallar a la prensa. En Brasil, Costa Rica, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela se registraron casos de acoso judicial, algunos mediante demandas penales y otros a través de demandas civiles en la que los jueces admiten indemnizaciones desproporcionadas que inhiben la libertad de prensa”. Se nos incluye y precisamente el informe sobre Uruguay dice que, “en este período (últimos 6 meses) se registraron señales inquietantes, generadas por funcionarios, personas públicas y algunos grupos de militantes que utilizan los tribunales para lograr amparos y así acallar a periodistas y medios de comunicación”.

“En los últimos meses –agrega el informe sobre nuestro país–, hubo múltiples denuncias penales y civiles en contra de periodistas, de la prensa escrita y la televisión, en las que se exigieron indemnizaciones millonarias”. El tema judicial y el fiscal fundamentalmente, más alguna legislación que va contra la libre información y el libre ejercicio periodístico –caso de la hoy tan sonada ley 19.580–, explican en mucho el por qué Uruguay a bajado en el ranking entre los países en que hay libertad de prensa. En su momento la SIP manifestó su inquietud sobre una o dos disposiciones de la ley 19.580 –que implican hasta un retroceso del país en la materia–, así como se interesó y manifestó su preocupación sobre actuaciones de fiscales que lesionan la libertad de prensa y que en su gestión trasuntan un enfoque –por llamarle así– muy diferente al que la jueza Vargas reafirmó con su decisión. → Leer más

Opinión

Escribe Ernesto Kreimerman: La soledad de Biden: “esto tiene que parar”

“Demasiadas personas niegan, minimizan, racionalizan, ignoran los horrores del Holocausto y del 7 de octubre, incluido el espantoso uso de la violencia sexual por parte de Hamás… Esto tiene que parar”. Así exhortaba Biden a los demócratas estadounidenses el martes de esta semana que acaba de finalizar, en ocasión de los Días Anuales de Conmemoración del Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos, en el Capitolio de la nación. La alarma fue lanzada en sentido amplio. A partir de los hechos que se han desencadenado a partir del 7 de octubre, cuando Hamás llevó a cabo su salvaje acción terrorista y todo lo que ha venido después, incluido lo que va desarrollándose en el segundo plano: a nivel nacional, los juicios a Donald Trump por su intentona golpista y corrupción, las tensiones en la evolución de la economía y el proceso electoral, cada vez más crispado y binario, enfrentándose a la dicotomía de elegir entre autoritarismo o democracia, opacidad o transparencia. Por ello la ocasión era oportuna para Biden. Recordar el triunfo de las libertades sobre el nazismo, daba el pie para referir a un problema presente que se creyó casi superado; el antisemitismo. Y por las circunstancias propias, no sólo se trataba de poner en agenda la amenaza antidemocrática a los judíos, sino también al insistente ascenso y permanencia de una corriente de acción política avasalladora, supremacista e indolente socialmente, el trumpismo.

Tribunales

Mientras Biden fijaba posición sobre la coyuntura, expresidente y candidato a la presidencia por el Partido Republicano, Donald Trump, estaba en un tribunal de Manhattan escuchando a una testigo clave, la exestrella del cine para adultos. Las preguntas iban dirigidas a esclarecer, por enésima vez, si Trump pagó dinero por su silencio a raíz de las elecciones de 2016. Aunque Trump niega el asunto y se ha declarado inocente en el caso, Pero no goza de credibilidad, ni a nivel social ni tampoco en tribunales. Sin embargo, electoralmente cuenta con un capital electoral suficiente como para poder incluso ganar la elección presidencial.
Trump fue acusado en varios procesos judiciales que se van desarrollando en paralelo. Así, lleva la no honrosa cucarda de ser el primer presidente estadounidense en ser acusado de un delito. Estas comparecencias son la culminación de una investigación de casi cinco años de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan, que ha abierto un largo y meticuloso proceso legal, cargado de recursos mediáticos, pero sin valor procesal.

Los abogados de Trump están concentrados en impedir que la fiscalía pueda exponer ordenadamente los elementos probatorios y testimoniales, que serían abundantes y suficientes. Así, Todd Blanche, uno de los abogados de Trump, solicitó al juez Juan Merchan, que imponga una orden de silencio contra quien fuera asesor legal del expresidente, Michael Cohen. El objetivo es que Cohen no pueda realizar más publicaciones en redes sociales.

Por su parte, Trump tiene una orden de silencio en su contra. El juez Merchan comunicó al equipo de Cohen que “se abstenga de hacer más declaraciones sobre el caso”. Merchan ha multado ya en diez ocasiones a Trump por saltarse la orden de silencio y le ha advertido que estaba dispuesto a imponerle una pena de prisión si insistía en esa conducta. Pero sonó casi a recurso ante la frustración por los continuos desacatos: “es importante que comprenda que lo último que quiero hacer es meterle en la cárcel”. Téngase presente que la acusación de la fiscalía incluye 34 delitos por presunta falsificación documental, en un caso en el que habría intentado ocultar el pago de 130.000 dólares a “Stormy Daniels” para comprometer su silencio respecto a la relación extramatrimonial que tuvieron durante la campaña electoral de 2016.

El discurso

No pocos ven en Joe Biden el presidente con mejor disposición para con Israel, aunque no todos lo vean así, ha ratificado su apoyo. Y lo ha hecho sin ocultar sus discrepancias con Benjamin Netanyahu y sin vulnerar la capacidad defensiva de Israel. En Washington casi todos ven con enorme preocupación la intención ofensiva sobre Rafah, básicamente, por el alto costo en vidas humanas que podría significar.
Biden fue contundente: “mi compromiso con la seguridad del pueblo judío, la seguridad de Israel y su derecho a existir como un Estado judío independiente es inquebrantable. Incluso cuando no estamos de acuerdo”. A renglón seguido condenó enfáticamente el “feroz repunte del antisemitismo en Estados Unidos” y agregó: hoy el mundo “corre el riesgo de no conocer la verdad” sobre los horrores de la Shoá, donde seis millones de judíos fueron asesinados por la Alemania nazi, en los campos de exterminio, la cruelmente denominada “solución final”. “Este odio sigue arraigado en los corazones de demasiadas personas en el mundo”, se lamentó el presidente Biden.

En los campus universitarios

Respecto a las protestas y movilizaciones universitarias, Biden fue claro y severo. Al tiempo que no cuestionó el derecho a la libre expresión de los estudiantes, si ha considerado que las actuales movilizaciones son violentas y antisemitas. En rigor, más que violentas, han sido tensas. Agregó que es comprensible “que la gente tenga creencias fuertes y convicciones profundas sobre el mundo. En Estados Unidos respetamos y protegemos los derechos fundamentales de libertad de expresión (…) pero no hay lugar en ningún campus de Estados Unidos para el antisemitismo”.

“En los campus universitarios los estudiantes judíos son parados (por los manifestantes), acosados y atacados”, ha indicado. Todo esto ha sido acción de Hamás que “desató el terror”. Biden lamentó que “demasiada gente niega, resta importancia, racionaliza e ignora los horrores del Holocausto y del 7 de octubre, incluido el espantoso uso de la violencia sexual por Hamás para torturar y aterrorizar a los judíos. Es absolutamente despreciable y esto debe parar”, dijo levantando la voz.

El futuro de corto plazo

Aún considerando de que Biden es el presidente de mayor edad de la historia de ese país, existe la idea extendida de que es el mejor candidato para volver a ganarle a Trump.

Donald T repite postulación y ya ha hecho saber que si pierde no habrá de aceptar fácilmente la derrota. Una crisis institucional parece muy probable. No sólo por el antecedente concreto, sino porque “los otros”, también saben que la amenaza es real. No pocos demócratas vuelven a sentir que son la reserva moral institucional. Adicionalmente, las encuestas tienen como favorito a Biden, pero no lo descartan todavía a Trump. Está en carrera. Las últimas encuestas sugieren que los republicanos están más entusiasmados que los demócratas por votar en noviembre por su “veterano”, lo cual es una ventaja para Trump.

En esta coyuntura, el panorama político estadounidense ingresa en un ciclo de mucha volatilidad e incertidumbre. Las consecuencias del ciclo electoral y las restricciones internas derivadas de la evolución de la economía se combinan con otro elemento, el de las decisiones postergadas en el plano internacional.
Por lo pronto, Biden mandó a parar, pero Trump prefiere el río revuelto. Y los demás, no son de palo. Es más, temen que algunas tormentas postergadas se precipiten.

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Opinión

Los estudiantes del 58 y la Universidad hoy

En octubre de 1958 Paysandú se vio conmovido por intensas movilizaciones estudiantiles y la ocupación del Liceo Departamental en apoyo al proyecto de Ley Orgánica de la Universidad que se discutía en el Parlamento. La misma consagraba entre otras la autonomía y la participación de los tres órdenes, docentes estudiantes y egresados en el cogobierno de la misma.

Aquellas movilizaciones venían precedidas por la unificación de tres asociaciones estudiantiles existentes: “Ideas y Acción”, “Zorrilla de San Martín”, y “Cervantes”, en un solo “Centro Único de Estudiantes Sanduceros” (Cudes).

Los liceos de todo el país se adhirieron a la huelga de los universitarios. En el Interior también se propugnaba la descentralización universitaria entre otras consignas compartidas por trabajadores y la sociedad toda.

Finalmente en octubre el Parlamento dio su aprobación al proyecto de Ley. Muy poco tiempo después el rector de la Universidad, Dr. Mario Cassinoni, visitó nuestra ciudad y fue recibido en nuestro Liceo y en Cudes, donde anunció los “Primeros Cursos Universitarios de Verano” a realizarse en Colonia.
Tuve el honor en ese entonces que la Dirección del Liceo me designara para participar de los mismos junto al entonces estudiante hoy escribano Urruty. Éramos jóvenes, por cumplir los 18 años y tuvimos la maravillosa oportunidad de presenciar las conferencias magistrales de docentes de primer nivel en diversas áreas universitarias.

Fue el primer paso de lo que sería una descentralización universitaria que fue creciendo a través de los años.
Transcurrieron más de 60 años de aquel hecho histórico, y ahora asistimos a otro hecho histórico para el progreso de Paysandú y de la Universidad: la firma de un convenio por el cual la Intendencia Departamental cede el predio del actual Corralón para un campus universitario, en el cual se comenzará ya a construir una Facultad de Medicina.

Parte de un proceso que vio poco a poco como la Universidad llegaba al Interior, al Litoral y en particular a nuestra ciudad, donde no para de crecer.
Para los que vivimos aquellos comienzos, y siempre hemos estado participando de la vida universitaria, es motivo de regocijo y de felicitaciones a todas las autoridades nacionales, departamentales y universitarias que lo hicieron posible.

Arq. Rubens Stagno Oberti → Leer más

Opinión

“Bajar la pelota al piso” en año electoral

Los años electorales son oportunidades para encontrar a los precandidatos en un debate sobre los temas que preocupa a los uruguayos, como es el aumento del desempleo –de acuerdo a la última medición del Instituto Nacional de Estadística–, la seguridad, la economía o la educación. Son, al menos, los asuntos que encabezan las consultas de las encuestadoras.
Sin embargo, en los últimos tiempos los principales precandidatos se entrecruzaron sobre el régimen que gobierna en Venezuela y las dificultades por ponerle un nombre a un asunto que no se encuentra entre las prioridades de la población, aunque debería considerarse la oposición entre democracia y dictadura.
Los hechos ocurridos en Oriente Medio se muestran sensibles en un debate que mide fuerzas y entremezcla conceptos de la geopolítica, sin tener claro que las posiciones antagónicas vienen desde los confines de la historia y una discusión entre líderes uruguayos, no saldará un problema mayor que atraviesa a las poblaciones que padecen.
En cualquier caso, más que dividir opiniones, demuestra la existencia de una cultura de la cancelación que va más allá de los períodos de gobiernos. Porque nace en los espacios universitarios donde ya no es posible debatir, ni siquiera académicamente y con templanza, sobre aspectos que alcanza con mostrar a buenos y malos e incluso cuestionar a quienes desean abrirse al debate de ideas.
Es difícil congeniar con estas visiones en un país que otrora ostentó su posición de librepensador y laico, con una mirada pionera en una región que recién despertaba a las nuevas ideologías.
Sin embargo, la seguridad ciudadana que sigue a la cabeza de las prioridades de los uruguayos, se encuentra en un tironeo sobre si estamos mejor o peor, al compararlo con las administraciones anteriores. En cualquier caso, las generalizaciones ganan el espacio en los debates y le quitan importancia a los aspectos específicos. Porque, claramente, la inseguridad ciudadana va bastante más allá de los números mejorados de las rapiñas, hurtos y homicidios que forman parte de las estadísticas.
La confrontación en base a los números hace perder de vista el fondo de la preocupación de los uruguayos que se sienten inseguros y, ese punto en particular, se encuentra lejos de un número sistematizado en un ministerio. No obstante, es entendible que –en tiempos de campañas electorales– cada referente político use las estadísticas en su beneficio.
Lo mismo ocurre con los guarismos de pobreza y sus lecturas parciales, sin contemplar otros contextos ocurridos en los últimos cuatro años. Los precandidatos reconocen en las entrevistas que las personas que se acercan quieren saber las medidas que plantean en sus programas de gobierno.
Pero los discursos de campaña insisten en los hechos ocurridos durante la actual gestión de gobierno y por el cual debieron renunciar varios integrantes del Poder Ejecutivo. Una cuestión que se deberá reconocer porque no era costumbre que se cambiara casi por completo a la plantilla de gobierno que asumió en marzo de 2020.
En realidad, importaría bastante más al elector, conocer lo que hará un futuro gobierno para evitar que ocurran hechos de tales características. De lo contrario, se cumple la máxima que repite “son todos iguales” y que tanto molesta.
Es relevante conocer lo que hará un futuro gobierno para evitar nuevas entregas de pasaportes a uruguayos de reputación dudosa en el extranjero, o los hechos de espionaje a políticos o a periodistas –esto último ocurrió en anteriores gobiernos– o cómo se resolverán las incomodidades políticas que generan las licitaciones a largo plazo, como el puerto de Montevideo, o los contratos que atraviesan las distintas administraciones.
Para eso resultan ideales los tiempos de campaña electoral. Es el momento preciso en el que se definen las estrategias de aquellos que tienen la chance de gobernar en este país. Y deben comunicar y comprometerse con lo que van a hacer.
La situación económica de los hogares de menores recursos es otro tema de campaña. Desde el comienzo de la democracia hasta ahora, la pobreza sigue enquistada en las mismas poblaciones. Con el paso de las décadas –incluso de la supuesta “década ganada”– se incrementaron los asentamientos y con la compleja habitabilidad de las viviendas, también se crearon las condiciones para la inseguridad alimentaria que se profundizó durante la contingencia sanitaria.
Por lo tanto, es imprescindible conocer los programas o –en su defecto– el compromiso de la clase política para instalar una política de Estado que permita avanzar con medidas para atacar causas y consecuencias.
Porque todo lo demás es una descripción de lo ya conocido y, lamentablemente, cada día más los precandidatos se transforman en relatores de una realidad que no aporta nada.
Y esta zona reclama una política de frontera con agenda propia, dada la influencia argentina, para paliar de mejor manera las variaciones económicas del vecino país que golpean tanto a las economías internas. El desempleo de dos dígitos que aún persiste en los departamentos litoraleños y, en general, al norte del río Negro, demuestra que ninguna solución se desarrolla en un período de gobierno.
Los últimos presidentes de la República han realizado el mismo pedido en año electoral. “Bajar la pelota al piso” y evitar “alguna patadita en la canilla”, como agregó Lacalle Pou.
No obstante, el Poder Ejecutivo en general debe contribuir a bajar el tono del debate. Porque en las últimas semanas, variadas controversias políticas han puesto sobre la mesa lo difícil que es llegar a un consenso a partir de la diversidad de opiniones.

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Opinión

Inconstitucional y discriminatoria

Uno de los episodios parlamentarios más lamentables en la era pos dictadura ha sido sin dudas la aprobación de la denominada Ley de Violencia de Género, un mamarracho jurídico que fue promovido por el Frente Amplio a instancias de los colectivos feministas y lobbies afines, que por supuesto son representativos solo de un ínfimo porcentaje de la sociedad, pero que con su activismo y estímulo de grupos radicales supieron generar apoyo de los legisladores de la coalición de izquierdas.

Recurrentemente surgen episodios que por su notoriedad, exponen una y otra vez la incongruencia y delirio de la normativa, hecha a medida de los activistas que solo ven el mundo con el color de su ideología y fundamentalismos, y que sin embargo han forjado en su momento la masa crítica que permitió en su momento que se pusiera en vigencia la ley 19.580.

En estos días, luego de que Romina Celeste Papasso y Paula Díaz reconocieran que la denuncia al precandidato Yamandú Orsi era falsa, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay emitió un comunicado en el que pide cambios a la ley 19.580 de violencia basada en género.
“Los recientes hechos que se han difundido públicamente demuestran la necesidad de realizar profundas modificaciones al proceso penal y todas las normas que establecen pautas de interpretación o valoración de la prueba que vienen violando los principios de igualdad y averiguación de la verdad material, esenciales para que exista un proceso justo”, señaló la asociación.

“Las normas del Nuevo Código del Proceso Penal, la ley 19.580 y sus erróneas interpretaciones propiciadas por determinados operadores y organizaciones que reivindican la ideología de género, han venido limitando el poder de contralor de los jueces y la defensa para que se conozca la verdad, generando múltiples situaciones de injusticia”, agregó.
A su vez, la asociación señala que “la falta de garantías en estos casos notorios, que afecta a políticos de distintos partidos, son una ínfima parte de lo que ocurren todos los días en el sistema, siendo demostrativo de lo poco fiable que es privilegiar la versión de una parte por su género u orientación sexual”.
“Las garantías tradicionales en las sociedades democráticas son fruto de siglos de evolución del derecho, tendientes a asegurar la igualdad de trato de todos los seres humanos y la averiguación de la verdad para evitar situaciones de injusticia, siendo evidente que estas normas necesariamente deben ser modificadas, puesto que en la práctica se ha visto que están siendo mal aprovechadas para la persecución de fines espurios”, concluyó.

Por su parte, el integrante de la Asociación de abogados penalistas Juan Fagúndez, fue muy crítico con la ley y con el funcionamiento de Fiscalía a raíz de lo sucedido en el programa Santo y Seña en el que Díaz reconoció que la denuncia contra Orsi era falsa.

“Esto no da para más. Fiscalía, Poder Judicial Consultorio de la Universidad están siendo perforados por la miopía del Poder Legislativo respecto de la legislación que se acaba de definir en TV, como un instrumento que motiva simular, mentir, ganar dinero, etcétera”, expresó en su cuenta de X.
Según Fagúndez, la ley “ha creado un mercado de irresponsables y fanáticos ególatras que no pueden ver su propia patología. Mercado de organizaciones de las que, hoy, no vale la pena destacar, en virtud de las pocas que trabajan profesionalmente”.

“Un show entre transexuales pretende develar la verdad de sus propias mentiras y absolverse de culpas .Y sí, castigar su trama sería victimizarlos. Todo en nombre de la Ley 19.580”, concluyó.
Lo que es cierto, porque lamentablemente, se ha establecido por esta vía legal un statu quo de sobreprotección y hasta inmunidad implícita para determinados colectivos solo por su género o inclinación sexual, haciendo que no todos seamos iguales ante la ley, y sobre todo, incorporado a la mencionada normativa un apartado de reparación a las víctimas que es manejado por inescrupulosos como una vía para hacerse de dinero a través del pago equivalente a doce salarios del victimario o imputado, al amparo de la norma.
El Dr. Enrique Moller, presidente de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay, reflexionó que “hace ya un tiempo largo venimos recibiendo de parte de socios y colegas no socios cuestionamientos sobre cómo se está aplicando esta Ley de Género, en los distintos ámbitos que atraviesa”, que van desde los juzgados de Familia a juzgados de Género y en la esfera penal.
Consideró que existe falta de garantías y puso como ejemplo el caso Orsi, en el que hay delitos inventados por integrantes del colectivo trans y por lo tanto amparados en esta norma, a la vez que destacó que sin dudas uno de los artículos más cuestionables es el que indica en la ley 19.580 que “en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente ley, prevalecerá la interpretación más favorable a las mujeres en situación de violencia basada en género”, por lo que cualquier duda, real o hábilmente deslizada por la parte interesada, favorece a la mujer.

En cuanto a la reparación con doce salarios, subrayó al semanario La Mañana que no sabe por qué en realidad incorporaron ese artículo en la ley. “En definitiva trata de ser como una compensación y hoy en cierta forma se ve como un negocio”, dijo, a la vez de destacar que “no son 12 sueldos, son 12 ingresos mensuales del condenado o en su defecto 12 salarios mínimos”, por lo que “indudablemente la compensación económica es un tema que atrae”.
No cuesta mucho inferir, aún sin tener una firme formación jurídica, que la ley no solo es discriminatoria –además de resultar gratis para quien miente, porque no existe pena en su ámbito para una falsa denuncia– sino también inconstitucional, por cuanto desde su entrada en vigencia no todos somos iguales ante la ley, porque ello ya depende del sexo.

Encima, como bien reflexiona la senadora Graciela Bianchi, por esta ley “si no hay pruebas, la víctima siempre tiene razón. Eso es un derecho penal de autor, que juzga a personas por lo que son y no por lo que hacen, no como el derecho penal democrático, que juzga por lo que hacen”.
Son numerosos los casos de personas que han sido parte de un lobby que en aras de una ideología y de tratar de proteger a mujeres víctimas de violencia como fuera, se “bandearon” y lograron crear un monstruo que devora tanto a culpables como a inocentes, atropellando los principios básicos del derecho y la presunción de inocencia, en ancas en muchos casos de eslóganes ultrafeministas como “muerte al macho”, como vimos no hace mucho en Paysandú en la arenga pública de una activista frente a niños.
Es hora de que políticos de todos los partidos tomen nota de la realidad y den los pasos necesarios para corregir una ley que se llevó adelante contra viento y marea durante un gobierno de izquierda, que es el primer responsable de la barbaridad legal ideologizada que crearon.
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Opinión

Responsabilidad de los candidatos ante una reforma delirante

A medida que nos vamos acercando a la fecha de las elecciones internas en nuestro país, cualquiera sea el candidato presidencial de cada partido que surja elegido de las urnas, tendrá ante sí el desafío de tener una posición clara –por lo menos así debería ser en un país en serio– respecto al plebiscito promovido por el Pit Cnt para la reforma de la seguridad social.
No es un tema banal ni mucho menos, y que seguramente se incorporará como tema obligado en la campaña que desembocará en las elecciones nacionales de octubre venidero, porque a la vez que se desarrolle la contienda electoral y surja un partido triunfador, con un eventual balotaje posterior, el gran convidado de piedra será el tema del plebiscito, sobre el que el Frente Amplio ha dado libertad de acción, y por lo tanto sin que ninguno de sus precandidatos lo apoyen explícitamente.
Es que no es para menos, porque la “contrareforma” que propone el Pit Cnt, arrastrado por el Partido Comunista y de la misma forma la coalición de izquierdas, entonando a la militancia, es un salto al vacío que traería muchos problemas y ninguna solución, ni siquiera para los que se dice beneficiar, y en este tema un político que se precie de serio y se dirija responsablemente a la ciudadanía, debería pronunciarse en forma previa a la convocatoria a las urnas.
En un país en el que ya se están registrando más defunciones que nacimientos, a partir de 2022, y que se refleja en los datos del último censo, se acentúa la tendencia demográfica que entre otras cosas implica un envejecimiento poblacional, el crecimiento de la franja de personas de más de 65 años y el estrechamiento de las franjas correspondientes a los activos, es decir de personas que trabajan y que son las que aportan al sistema previsional, para sostener precisamente el sistema en condiciones de atender la creciente demanda en prestaciones y otras necesidades inherentes a la seguridad social.
Es decir, que las exigencias de aportes al sistema previsional se irán acentuando con el paso de los años, factor este decisivo para la reforma del sistema de seguridad social aprobada por el Parlamento para más o menos ir atendiendo esta realidad para evitar que se plantee en pocos años una crisis de enormes dimensiones que socave el sistema.
Sin embargo, el Pit Cnt ha puesto en marcha una campaña en la que recogió firmas con el objetivo de plebiscitar esta reforma y sustituirla por una propuesta voluntarista, panfletaria y de “enganche” electoral, absolutamente irresponsable y a medida del enfoque ideológico del Partido Comunista, que pretende derogar algunos aspectos que cuestiona de la reforma previsional aprobada en la actual administración de gobierno y que tendría graves consecuencias de ser aprobada.
Sobre esta iniciativa precisamente el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), indica que “no solo sería un frenazo para Uruguay, sino un drástico cambio de rumbo hacia un camino que recorrieron los países a los que les fue peor”, entre otros aspectos porque sube el gasto y se necesitarían más de mil millones de dólares extras por año (1,5 por ciento del PBI), para igualar jubilaciones y pensiones al salario mínimo nacional, utilizando para ello recursos que el país no posee.
Considera además que el proyecto sobre el gasto de la baja de edad de retiro, implicaría un aumento del gasto del entorno de los 3.000 millones de dólares (4% del PBI), incluyendo al BPS y a las cajas Militar, Policial y Paraestatales, en tanto otra consecuencia lateral sería el hecho de que abriría las puertas a potenciales juicios al Estado, habida cuenta de que es factible que afiliados que sientan sus derechos lesionados entablen demandas por la confiscación del ahorro administrados por las AFAP (unos 22.000 millones de dólares). Todo eso sin pensar que el déficit del BPS ya le cuesta al pueblo el 7% del valor de todo lo que consume, puesto que 7 puntos de IVA van para financiar al banco.
El punto es que ningún economista, incluso alguno allegado al Frente Amplio, como el Ec. Gabriel Oddone, respalda la propuesta del Pit Cnt, y hay unanimidad en cuanto a que sería un desastre para el país, a la vez de señalar que el incremento del gasto que demandaría debería financiarse por un incremento en la carga tributaria, como es el caso de los impuestos IRAE, Impuesto al Patrimonio y franjas más altas del IRPF, lo que determinaría serios perjuicios sobre la inversión privada y el crecimiento futuro, en tanto que lejos de contribuir a la igualdad, se dejan rígidas las iniquidades del sistema, dándose marcha atrás en la unificación de cajas con prestaciones diferentes para similares aportes, aspecto este que fue un avance de la última reforma jubilatoria.
Oddone incluso va más allá, y sostiene que “la iniciativa no solo no enfrenta ninguno de los desafíos que nuestro sistema previsional sigue teniendo, sino que es probable que agrave algunos problemas que la reforma reciente no resolvió y que termine generando resultados opuestos a los buscados por los impulsores de la reforma”, aludiendo al hecho de que se pretende restablecer un régimen previsional puro de reparto, fijar la edad de retiro y los años de servicio mínimos requeridos y equiparar la jubilación mínima con el salario mínimo nacional (SMN).
Sin embargo, ni siquiera estas reflexiones de quien se menciona como posible ministro de Economía y Finanzas en caso de que el Frente Amplio gane las elecciones, ha hecho mella en el Pit Cnt y los grupos radicales de la coalición de izquierdas que la respaldan, que siguen apostando al todo o nada haciendo gala de una irresponsabilidad suicida hacia el país.
Pero cuando estamos ingresando en la recta final de la campaña hacia octubre, debería esperarse –están a tiempo todavía– de los candidatos y dirigentes moderados de la coalición de izquierdas una actitud responsable en cuanto a llamar a no apoyar este plebiscito en las urnas, en todo caso con la salvedad de que en caso de resultar triunfante su partido en el acto eleccionario, se promovería desde el nuevo oficialismo una ley que eventualmente corrija los defectos que le imputan al texto actual –hasta ahora sin haber planteado ninguna propuesta alternativa realmente bien fundada y con elementos de peso– para hacerlo con técnicos de reconocida capacidad y no con el voluntarismo puro y la mirada ideológica que propone la central sindical, de espaldas al país real. → Leer más

Opinión

Caminería a tono con el desafío de apuntalar el Uruguay productivo

A partir de la situación planteada por recurrentes y copiosas lluvias en la región, que en el caso de varias zonas de nuestro país ha llegado incluso a que lloviera en uno o dos meses la mitad de lo que indican las estadísticas para todo el año, ha quedado de manifiesto una vez más la vulnerabilidad de las vías de transporte desde el interior profundo hacia las rutas nacionales y vías de salida de la producción agrícola fundamentalmente, que impacta sobre todo en tiempos de cosecha, pero que también tiene serias consecuencias en la producción a lo largo del año.
Esta vulnerabilidad obedece a las características de estas vías de conexión, que son utilizadas tanto para la producción como para la comunicación de los vecinos, e implica una seria limitación para los involucrados, tanto productores, como empresas, vecinos, intendencias y municipios, además del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, socios pero también con conflictos de intereses y distintas responsabilidades en la problemática.
No es un problema nuevo en el Uruguay, sino que por el contrario, se viene arrastrando desde el principio de los tiempos y este es precisamente el nudo de la cuestión, por cuanto pasan los años y los sucesivos gobiernos y no hay quien le ponga el cascabel al gato, que en este caso sería dotar a la caminería de un tratamiento adecuado a las necesidades, con un pavimento firme que se adapte a las condiciones de lluvias recurrentes y con puentes y alcantarillas a salvo de anegamientos.
Con el advenimiento del fenómeno de El Niño y sus intensas y frecuentes lluvias, esta vulnerabilidad ha puesto al desnudo y potenciado estas deficiencias de la manera más cruda, y en el caso de Paysandú el detonante reciente fue el uso de la caminería por camiones que transportaban troncos hacia UPM, con la consecuente afectación en el camino ante intensas lluvias, lo que motivó una airada reacción del intendente Nicolás Olivera, quien trajo a colación que hay una normativa departamental que regula que estos caminos no pueden ser transitados por camiones u otros vehículos pesados hasta determinado tiempo con posterioridad a lluvias de intensidad.
Se ha generado así un desencuentro con transportistas y la empresa, así como reacciones de las últimas horas de gremiales de transportistas, en un reflejo de la complejidad de la problemática, que expone que el nudo gordiano es la limitación de recursos materiales para realmente encarar tratamientos duraderos en la caminería interna, sobre todo en áreas cruciales para la producción.
El hecho de que estemos en medio de la cosecha de soja es un factor distorsionante agregado, porque la oleaginosa no espera y cuando llega el momento de sacar la producción hay que hacerlo sí o sí, porque es el momento de transportarla a los silos, porque se pudre y generas pérdidas millonarias para el productor.
De ahí la justificada reacción de productores y camioneros cuando se realizaron inspecciones y aplicaron multas en caminos vecinales cuando se trataba de trasladar la cosecha, lo que dio lugar a la vez a conflictos que motivaron la convocatoria por el intendente Olivera a productores y empresas a efectos de aunar criterios para el uso de estas vías internas.
“Estamos en una situación de agobio, de crisis, porque el principal enemigo que podemos tener en la caminería, que es la lluvia, nos ha golpeado duro en los últimos meses: cayeron 1.740 milímetros entre octubre y abril. No hay forma de resolver eso cuando el clima se pone así; esta realidad no es exclusiva de Paysandú, sino que es de todo el país” dijo el intendente Olivera en una sala colmada por directores, todos los alcaldes (a excepción del de Porvenir) y representantes de las empresas afectadas por la situación.
Señaló que “hay que dejar claro que hay ‘situaciones y situaciones’; está todo lo vinculado a la realidad productiva de las materias primas perecederas o a procesos de extracción de esa producción que no pueden esperar, pues son perentorios los plazos para sacar granos y si no llegamos a tiempo termina siendo una zafra mala. Ahí está la lechería y la agricultura, por ejemplo, no así otros sectores que sí manejan producciones copiosas con volúmenes grandes de materia prima que no necesariamente están sujetos a estos ciclos más perecederos”.
“Hay sectores de la producción departamental, fundamentalmente el forestal, que no tiene por qué salir un día cargado si hay lluvia. Pueden esperar perfectamente en sus acopios, en sus campos; tienen una enorme red de caminería interna por la cual transitar y los días de lluvia hay una norma que indica que no pueden circular”, mencionó señalando que hay un grado de responsabilidad en el sector forestal por esta situación.
“En segundo orden, hemos acordado no usar la caminería en los días de lluvia, salvo que por cualquier situación excepcional, en tiempo donde no llueve se esté cosechando y que esa cosecha tenga que salir y que empiece a llover, esa producción podrá salir, pero siempre apelando al sentido común. Definiremos qué caminos serán los que se van a utilizar a tales fines; a algunos quizá los deberemos atender con más celo y a otros con menos”, remarcó Olivera.
Luego de la instancia se generó una mesa para acordar qué caminos serán prioritarios para transitar, a la vez que el jefe comunal destacó que “los recursos que pueda brindarnos el Poder Ejecutivo son bienvenidos; además, la situación de emergencia nos habilita a recurrir a procesos de contratación más rápidos. Trataremos entre todos de superar esta difícil situación”, aspectos estos que en esencia son compartidos por la dirigencia de Catgadu (Cámara de Autotransporte Terrestre de Granos y Afines del Uruguay), aunque con discrepancias por la ITCP (Intergremial de Transporte Internacional de Carga Terrestre del Uruguay.
El punto es que es delirante que se deban esperar días para sacar una cosecha, para poder entrar con el camión y sacar los granos, con el riego de perder un año entero de trabajo, de la riqueza vital del país, y lo que se necesita es buscarle la vuelta para contar con caminos que resulten transitables todo el año, porque no podemos seguir en la misma situación de hace décadas, cuando un camión pasaba ocasionalmente por la zona con la producción.
Hace ya varios años durante anteriores gobiernos nacionales se hizo un exhaustivo relevamiento de todas las rutas y caminos secundarios del país, su estado y el tránsito que soportan y se sugirió que muchos de ellos necesitan ser pavimentados con bitumen y en algún caso con materiales incluso de mayor calidad. Hacia eso se debe apuntar, avanzando en este sentido año a año para ir dándoles solución definitiva a los problemas, sin dejar de hacer el mantenimiento correspondiente al resto de la caminería. Un año sin hacer nada es demasiado tiempo perdido, y ya llevamos décadas.
Por ahora el gobierno nacional dio una señal con la reciente declaratoria de emergencia nacional para la caminería y la consecuente afectación de recursos para atender la situación coyuntural, pero lo que se requiere son respuestas de fondo, enmarcadas en políticas de Estado, con participación multisectorial en lo que refiere a los aportes para generar la masa de recursos que se requiere para atender de manera efectiva la logística de la producción, con vías de acceso que no sean una rémora para los productores, para la conectividad de los vecinos y los sectores reales de la economía vinculados a la problemática del agro, espina dorsal de nuestra economía. → Leer más