La ley 18.567 y sus posteriores ajustes en las leyes 18.644 y 18.653 y 18.659 establecieron la creación de los municipios, representando un acontecimiento histórico en la institucionalidad y la distribución de poder político y de gobierno en el país.
En 2010 asumieron los primeros 89 concejos municipales –integrados por alcaldes y concejales— y hoy son 112 debido a la creación de nuevos municipios o la subdivisión de algunos de los existentes. Con estas innovaciones muchas localidades que pertenecen a un territorio municipalizado comenzaron a tener un nuevo mecanismo institucional enmarcado en el proceso de descentralización del Estado.
A pesar de haber transcurrido varios años del ejercicio de este tercer nivel de gobierno y estar llegando casi a la mitad del segundo período de alcaldes electos, la nueva institucionalidad se transita con zonas grises y todavía no ha alcanzado un pleno conocimiento por la población.
“El período inicial de funcionamiento de los municipios ha estado rodeado de una importante incertidumbre, alguna propia de cualquier nuevo diseño institucional que afecte la distribución de poder, pero se ha visto agravada por las zonas grises, ambigüedades y omisiones de las que adolece la legislación en cuanto a la definición de competencias y los recursos que los municipios tienen a su disposición”, expresaban las licenciadas Paula Ferla y Leticia Silva y el magister Ignacio Zuasnabar, en el marco de una investigación realizada en 2011, un año después del inicio de la primera administración de los primeros alcaldes, que fuera publicada en el libro titulado “Evaluación de los gobiernos locales: la visión de alcaldes e intendentes”.
El último reporte publicado por el Observatorio Uruguay (OPP, Presidencia de la República), sobre la percepción ciudadana de la municipalización en Uruguay indica que, en términos generales, apenas el 55% de la opinión pública municipalizada ha escuchado hablar alguna vez sobre el alcalde o la alcaldesa de su municipio y que en el caso de los montevideanos este porcentaje se ubica en un 35%. Ello contrasta con las localidades del Interior, donde en todos los casos se declara un conocimiento de más del 78% (entre el 78 y el 95%).
Es más, al preguntarle a la gente si vive en un territorio perteneciente a la jurisdicción de algún municipio, solo el 40% contesta afirmativamente, cuando –de acuerdo con los datos de caracterización del tercer nivel de gobierno construidos por el Observatorio Territorio Uruguay– en promedio, el 72% de la población de 18 años y más vive en un territorio municipalizado. Esto quiere decir que un 32% desconoce que vive en un municipio. A pesar de esto, en teoría y según la consulta realizada en 2015, el 76% de la población manifiesta estar de acuerdo con que el gobierno nacional le otorgue mayores responsabilidades a los gobiernos departamentales y municipales.
Aunque existe un mayor conocimiento de los concejos municipales y de la figura del alcalde en las localidades más pequeñas –donde el gobernante es un vecino más, fácilmente identificable y con posibilidades de un trato más directo para el planteo de inquietudes y necesidades–, esto no quiere decir necesariamente que la ciudadanía esté más informada sobre lo que se “cocina” en las sesiones del Concejo o las formas de funcionamiento y competencias del Municipio.
Buscando mejorar este aspecto, recientemente la Oficina de Planeamiento y Presupuesto presentó el sitio web “Municipio digital”, que contiene información sobre el funcionamiento de los 112 municipios y del Fondo de Incentivos a la Gestión Municipal, además de capacitaciones virtuales, convocatorias y noticias. La plataforma permite a los municipios un medio autónomo de comunicación con los vecinos.
A pesar de que vivimos tiempos en que la amplia mayoría de las personas tiene acceso al menos a un teléfono celular con conexión a Internet, el éxito de la iniciativa –que tiene el potencial de otorgar autonomía comunicacional a los municipios, al dotarlos de micrositios web donde podrán subir información–, seguramente dependerá de una actitud proactiva de los propios municipios para brindar información por este medio y cumplir con los requisitos legales actuales de acceso a la información y transparencia de la gestión pública, poniendo a disposición de los vecinos no solo cargos y sueldos sino también las actas y resoluciones de las sesiones de los concejos, además de novedades de interés.
La información al ciudadano y la transparencia de la gestión pública –no solo a través de la web sino por todos los medios y formas admitidas por la legislación vigente y las éticamente impostergables– resultan imprescindibles en un contexto de reclamo de los municipios por mayor autonomía financiera para el otorgamiento de presupuestos y manejo de esos recursos.
Como ha quedado demostrado en la práctica en los últimos años, la transferencia de recursos económicos parece ser la dimensión más compleja de la relación entre los diferentes niveles de gobierno, siendo un tema que refleja con claridad las tensiones entre las expectativas de los municipios por ejercer ciertas funciones y actividades y las limitaciones de los presupuestos que les asignan los gobiernos departamentales.
El aprendizaje del ejercicio de este tercer nivel de gobierno, tanto para quienes ocupan cargos de responsabilidad como para los ciudadanos aún está en proceso de construcción y es necesario profundizar y difundir el alcance de la descentralización no solo con la reclamada transferencia de recursos sino con acciones concretas de democratización local y participación ciudadana, así como con el aterrizaje efectivo de las políticas nacionales con un enfoque territorial local. Queda mucho por andar todavía.
