Paysandú se encuentra en la media nacional de suicidios con 17 casos por cada cien mil habitantes y entre 10 y 40 intentos por cada autoeliminación. El pico se registró en 2002, con 21 por cada cien mil. El pasado lunes 17 se conmemoró el Día Nacional de Prevención del Suicidio y la tendencia confirma que anualmente se quitan la vida más de 600 personas, el 75% de las víctimas son hombres y conforman el universo de las muertes violentas que acechan junto a los siniestros de tránsito.
Aunque en el año pico de la crisis económica registró 691 suicidios, el 2015 –con auge económico, según las estadísticas del gobierno– murieron 645 bajo esta causa y el año pasado, fallecieron 643. Ahora las autoridades de Salud Pública difundieron un material que contiene claves para la prevención del suicidio y convocan a sumarse a la campaña en las redes sociales con el hashtag #lazonaranja. Aunque el servicio se ha protocolizado y existe una prestación específica para estos pacientes, los ministerios de Educación y Cultura, Interior y Desarrollo Social que integran la Comisión Nacional Honoraria de Prevención del Suicidio lanzaron una serie de recomendaciones con enfoque específico en el tratamiento periodístico del tema.
Allí establece las “precauciones” en el uso de datos sobre este flagelo, con el manejo cuidadoso de las estadísticas, el uso de fuentes auténticas y confiables. Sin embargo, aunque el enfoque se centra en la cobertura mediática, nos consta que al menos los medios de comunicación del Interior, se autolimitan en la difusión de estos hechos y prácticamente no se presentan como noticias en sus titulares. En todo caso, la cartera debería preocuparse en la necesidad de obtener mayores recursos –humanos y económicos– para las organizaciones que trabajan desde hace décadas, como Último Recurso, que ha limitado su accionar ante el retiro de los apoyos.
El tratamiento noticioso más o menos políticamente correcto ya tendrá tiempo de discutirse, no así el flagelo que no se atiende ni se completa con un seguimiento específico, más allá de las comisiones departamentales que no hace mucho tiempo comenzaron a trabajar en algunos departamentos, como Paysandú, preocupados por las cifras en franco crecimiento.
Los especialistas reiteran que la creencia habitual a una exposición sobre el tema crea un efecto contagio, es un mito que ha servido para empeorar las circunstancias del flagelo. Por eso la Ley 18.097 consagró el 17 de julio como el Día Nacional de Prevención del Suicidio, para que las instituciones educativas y sanitarias realicen un abordaje calificado sobre este tema.
La creación de una red social de contención y la concientización basada en la rápida respuesta parecen ser las alternativas a una problemática que lleva años. El Ministerio de Salud Pública tiene un proyecto para la extensión de respuestas a nivel nacional, pero la idea aún no cristaliza en un país donde se suicidan tres personas cada dos días.
El programa que desplegó Último Recurso en la zona oeste de Montevideo, en convenio con la comuna capitalina dio buenos resultados, pero no se pudo sostener económicamente. La oenegé había instrumentado líneas telefónicas gratuitas de 24 horas de atención, con el apoyo de Antel y las compañías privadas, talleres mensuales abiertos a la comunidad y la presencia de psicólogos en los centros de estudios, enmarcado en un esquema preventivo que se constató en el territorio con cifras a la baja.
Este equipo hoy sostiene puestos centinelas únicamente en Carmelo, Cardona y Nueva Palmira, con el apoyo de las juntas locales respectivas y empresas de la zona, además del trabajo voluntario de algunos técnicos, otros que trabajan con reducción salarial y la redistribución de fondos. Este grupo de trabajo recibió el año pasado un promedio de 20 llamadas por día, como para acercarnos a la idea de la necesidad de los profesionales y su despliegue en los territorios, en contraposición a los malabares que deben efectuar sus comunidades para un correcto abordaje del suicidio.
Y ya que existe tanta preocupación por el enfoque mediático del tema en Uruguay, sería bueno conocer el grado de involucramiento estatal en este flagelo porque –dadas las cifras– ya es un asunto de Estado, o debería serlo, más allá de los anuncios efectuados por las autoridades sanitarias. Si bien los técnicos, en general, enfatizan en su mirada hacia la salud mental como un asunto global y de planteamiento integral, el suicidio es lo que prevalece y la depresión, además de la violencia intrafamiliar o el abuso sexual, aparecen como las causas más frecuentes. Lo cierto es que las decisiones se extienden en el tiempo y a nivel nacional, más allá de las actitudes proactivas, no se han instalado protocolos de acción que actúen desde las propios servicios de emergencia, ante otras posibles situaciones como la siniestralidad o patologías cardíacas, que aparecen en los diagnósticos, cuando en realidad corresponde a un intento de autoeliminación.
Además, se debería instrumentar una nueva forma de trabajo que no se refleje en la solicitud de hora para una consulta, cuya cita se efectuará dentro de tres meses, tal como ocurre con cualquier especialista, porque en estos casos el tiempo conspirará contra cualquier resultado. La información y la asistencia para alguien que no quiere morir, sino dejar de vivir así, es un paso fundamental en estos pacientes cuyas edades varían, pero que cada vez tienen el rostro más joven. Ni cobardes, ni valientes; la adjetivación nunca ha sido buena compañera en estos casos de extrema sensibilidad, pero sin el destino de los recursos necesarios y con una tardía ley de salud mental, muy poco se hará con este indicador que tristemente nos posiciona a la cabeza de América Latina.