El Banco de Previsión Social (BPS) anunció que dejará de abonar la partida de asignaciones familiares a 14.235 niños y adolescentes que dejaron de asistir a clases, con la esperanza de que los padres vuelvan a enviarlos. La medida se basa en un decreto del presidente Tabaré Vázquez. En tiempos de plata mal utilizada y despilfarrada, de críticas hacia un asistencialismo que no obliga a nada al que recibe el beneficio, esta es una buena noticia tendente a gastar bien los recursos sociales y a que esos niños y adolescentes puedan formarse mínimamente.
“Realizado el cruce de información con la enseñanza pública y privada, formal y no formal, de todo el país, y la participación del Sistema Integral de Información de Asistencia Social (Siias), resultó que 14.235 beneficiarios de entre 5 y 17 años no están registrados”, informó el BPS por medio de un comunicado. A partir del lunes, los padres o tutores de los menores podrán consultar en la página web oficial del BPS, o a través de las oficinas del organismo para conocer si los menores a su cargo están incluidos entre los no registrados en los centros de enseñanza.
Según la información oficial, más de un tercio de los beneficiarios tienen edad para concurrir a enseñanza primaria y casi dos tercios tienen edad de asistir a estudios de nivel medio. La mitad de las situaciones se concentra en edades que van de 15 a 17 años. Estos beneficiarios representan el 4% del total de los mismos de entre 5 y 17 años, que son unos 343.000. Los 14.235 menores que dejarán de recibir el beneficio económico –si no logran comprobar su asistencia a algún centro educativo– integran unos 13.000 hogares, de los cuales 40% dejarían de percibir totalmente el beneficio en caso de suspensión.
El restante 60% continuaría cobrando, ya que incluye a otros beneficiarios que están en situación regular; ese porcentaje baja a 27% en el caso de los hogares que cobran asignaciones familiares por la Ley 18.227. La cifra total de niños y adolescentes que perderían el beneficio es levemente inferior a la del año pasado, cuando había unos 15.295 niños y adolescentes en esa situación. De ese total, más del 90% de los escolares de 6º año que no concurrían a clases durante 2016 se reincorporaron al sistema educativo.
Este plan de cruzamiento de información entre la ANEP, el BPS y el Mides, para cortar las asignaciones a los que no estudian, comenzó a implementarse en 2013. En 2014 se hizo solo el primero y en 2015 no se hizo ninguno, debido a que la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, se negó advirtiendo que “la educación no es una contrapartida de la asignación”. Por suerte, se revirtió esta postura retrógrada, sobre todo porque no tuvo el respaldo del presidente Vázquez.
Hace un año y medio, en entrevista con El País, el diputado díscolo del Frente Amplio, Gonzalo Mujica, fue especialmente duro con las políticas sociales del gobierno y las llamó –cual si fuera un político opositor– el asistencialismo. Señaló que las políticas sociales de los proyectos progresistas de América Latina tienen como problema común que son “carísimas” y que implican la creación de aparatos burocráticos muy grandes. “Y en Uruguay tenemos un aparato muy grande, que es el Mides”, aseveró.
“Me pregunto muchas veces si muchos planes que aplica el Mides no los podría hacer el BPS. También me acuerdo que en 2004 no decíamos que el Mides iba a ser un ministerio. Decíamos que iba a ser una secretaría de Presidencia para atender la emergencia social. Habría que ir a un proceso de simplificación y síntesis de los programas de ayuda social. Habría que terminar con el asistencialismo crónico”, añadió Mujica.
Consultado a qué le llamaba asistencialismo crónico, respondió: “A esas familias que viven de la asistencia. Me refiero a las empleadas domésticas que no quieren que las pongan en caja porque reciben tres programas distintos del Mides. Quiere trabajar en negro para que no se le corten los programas. Al final, son núcleos familiares que viven de programas que nunca se terminan. Los programas de ayuda social tienen que ser a término”.
El legislador realizó toda una definición de lo que se ha convertido la asistencia social del gobierno a través del Mides. Generó un buen número de avivados, cuyo costo corre por el resto de los ciudadanos, por supuesto, y también de vagos. No exigir nada a cambio tampoco dignifica a la persona. La falta de retribución, dar por dar, nunca puede terminar en algo bueno. No se valora el esfuerzo, se abre la puerta a la pereza, a la desidia, al todo me da igual. Además, trae más pobreza porque no soluciona problemas de fondo, lo estructural.
A raíz de un nuevo dato económico, a fines de 2012, se denunció que las transferencias monetarias del Estado a familias pobres son “muletas” que han generado “adicción y dependencia” en quienes las reciben. Esa fue la interpretación que hizo el economista Javier De Haedo sobre un cálculo que, al contrario, en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) se leyó como un éxito de las políticas gubernamentales. “Si te operan, tenés que usar muletas hasta que el músculo se recupere. Lo que dice el Estado es ‘no le saques las muletas porque se me cae’. Entonces, vos (Estado), ¿te dedicás a hacer muletas o a fortalecer el aparato neuromotor?”, cuestionó el economista. Una pregunta que, si bien la medida de más arriba, muchos se siguen haciendo.
Una medida saludable
