En el transcurso del presente año 19 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. En la mayoría de los casos no había denuncias previas, según la información del Ministerio del Interior.
Al hablar de violencia doméstica, lo más fácil de contabilizar son las muertes pero resulta bastante más difícil saber realmente cuántos son los que la padecen en silencio. No se trata sólo de golpes sino que es un flagelo que adquiere mucha formas y se manifiesta como golpes y todo tipo de abusos físicos, psicológicos e, inclusive, económicos, que generalmente dejan una gran huella en la psique y en el cuerpo de gente de toda edad y condición social.
Por otra parte, esta forma de violencia no sólo afecta a la víctima, sino a todo el núcleo familiar pues los niños que crecen en una familia donde ven que su madre es agredida por su padre, crecen pensando eso es el modelo de familia normal y luego es posible que lo reproduzcan o sean personas a quienes les cueste mucho más su integración en la sociedad, alcanzar su autoestima así como su propio equilibrio personal y espiritual si no tienen la suerte de encontrar en su camino a otras personas que les ofrezcan modelos alternativos y les hagan ver claramente que no son menos que nadie sino muy valiosos en su propia individualidad y con el potencial de llegar a ser aquello que desean.
También hay otros efectos mucho más concretos e inmediatos: el Sistema Integrado de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia (Sipiav), integrado por instituciones estatales, internacionales y de la sociedad civil, atendió el año pasado 2.647 situaciones de violencia contra niños, niñas y adolescentes uruguayos.
En su informe de gestión 2016, el referido sistema registró 2.647 situaciones, un poco más de 7 casos por día, lo que aumentó los registros en casi un 39% respecto al 2015. El 54% de las personas afectadas son de sexo femenino y en el 52% de los casos sus edades varían entre los 4 y los 12 años. El mayor porcentaje de los tipos de violencia registrada corresponde a maltrato emocional, con un 42%; seguido por negligencia, un 18%; maltrato físico y abuso sexual, ambos con 20% cada uno. En lo que refiere a víctimas de abuso sexual, tres de cada cuatro son de sexo femenino.
Como bien se puede suponer, el documento confirma que el 93% de los agresores son familiares directos o integrantes del núcleo de convivencia, 62% de los cuales son hombres.
En lo que respecta a violencia contra la mujer y también contra niños, niñas y adolescentes las estadísticas de denuncias están en alza, aunque eso no quiere decir necesariamente que haya más violencia en el seno de los hogares, sino que quizás las personas estén animándose a dar el paso necesario para salir de ese entorno de destrucción y protegerse a sí mismas y sus hijos.
Se registran unas 30.000 denuncias al año y solo en el último semestre estas denuncias se incrementaron un 12% en relación a igual período de 2016, existiendo también un aumento del 29% en las denuncias de violaciones.
“Mejorar la atención en las unidades policiales al momento de efectuar las denuncias es un aliciente más para hacerlas; ahora no sucede lo que pasaba años atrás, que la persona no quería denunciar”, dijo recientemente la directora de Género del Ministerio del Interior, July Zabaleta, para quien el nuevo sistema de gestión de denuncias implementado desde 2012 mejoró la captación, el seguimiento y la cuantificación de los casos que llegan a la Policía.
Sin duda que ha habido avances en este sentido, en comparación con lo que ocurría tiempo atrás. Por eso es una buena noticia que el Ministerio del Interior haya capacitado desde 2012 al presente un total de 15.000 policías para atender casos de violencia de género, lo que incluye protocolos para mejorar la captación de casos.
Seguramente que la formación de los funcionarios que atienden a quienes denuncian, brindándoles asesoramiento y sobre todo, un trato humano que no los vuelva a victimizar, ha tenido mucho que ver en la duplicación de los casos denunciados, que pasaron de 15.000 en 2010 a 30.000 en 2016.
Paralelamente el gobierno informó que el tan polémico tema de las tobilleras electrónicas para los 600 agresores que actualmente las usan, ha logrado que ninguna mujer monitoreada a través de este sistema perdiera la vida en los 13 departamentos del país donde se utiliza. Son adelantos importantes –entre los que se incluye también el otorgamiento de soluciones habitacionales a 300 víctimas de violencia de género desde 2009 a la fecha mediante un convenio entre el Mides y el Mvotma– pero también hacen falta más recursos.
El Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social invierte 4,8 millones de dólares anuales en el Sistema de Respuesta a la Violencia Basada en Género. Este incluye 19 servicios de atención a mujeres; cuatro servicios de atención psicosocial a hombres agresores y a víctimas en Montevideo, Ciudad del Plata, Canelones y Maldonado, alternativas habitacionales transitorias para que mujeres puedan salir de situaciones de violencia, entre otros servicios. El proyecto de Rendición de Cuentas a estudio del Senado prevé un incremento presupuestal de 340.000 dólares para dicho Sistema, lo que permitiría extender el servicio de atención telefónica y de atención personalizada las 24 horas (actualmente el servicio telefónico funciona 12 horas), entre otras acciones puntuales.
Desde las organizaciones sociales que trabajan para concientizar y eliminar la violencia basada en género, se está reclamando que la Rendición de Cuentas destine una inversión mínima de 6 millones de dólares para cubrir servicios básicos que no existen en la mayor parte del país: refugios habitacionales para situaciones de emergencia a los que se pueda acceder cualquier día del año y en cualquier horario, soluciones laborales para las mujeres víctimas de violencia, servicios de atención especializados en abuso sexual infantil en todo el territorio. Más allá de la diferencia abismal de presupuestos, la realidad indica que falta mucho por hacer. El Estado y sus organismos así como otras instituciones de la sociedad tienen claras responsabilidades en cuanto a crear mecanismos eficaces y aumentar las herramientas existentes para que estas personas puedan estar a salvo y ayudarlas a reconstruir su vida. Y para eso se necesitan más recursos y voluntad política más allá de eslóganes y los pasos importantes pero aún incipientes que se están dando para facilitar la denuncia.