Según una encuesta realizada por el Monitor de Opinión Pública de Opción Consultores, un 70% de la población no está de acuerdo con la derogación del artículo 162 del Código Penal que refiere al abuso de funciones.
Este artículo señala que “el funcionario públicos que, con abuso de su cargo, cometiere u ordenare cualquier acto arbitrario en perjuicio de la Administración o de los particulares, que no se hallare especialmente previsto en las disposiciones del Código o de las leyes especiales, será castigado con tres meses de prisión a tres años de penitenciaría, inhabilitación especial de dos a cuatro años y multa de 10 UR (diez unidades reajustables) a 3.000 UR (tres mil unidades reajustables)”.
Esta iniciativa cuenta con media sanción en el Parlamento tras su votación favorable en el Senado, con el apoyo de los legisladores del Frente Amplio y con el voto en contra de los del Partido Nacional, Colorado e Independiente.
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