En las últimas semanas, el Memorial del Holocausto Judío, ubicado en la rambla de Montevideo, ha sufrido dos ataques que vandalizaron su estructura mediante pintadas cuyo contenido vulnera el respeto y compromiso que los uruguayos hemos demostrado ante uno de los episodios más terribles y repudiables de la historia humana. Frases como “Solo murieron 300.000 judíos de tifus. Las cámaras son falsas. El Ziclon B solo se usó para desinfectar contra el tifus” o “Los campos de concentración fueron de trabajos forzados, no de exterminio” dejan en claro el odio profesado por aquellos que aún hoy niegan el Holocausto Judío, incluso en forma expresa, como lo demuestra otra de las leyendas que fueron parte de ese ataque: “No hay la menor prueba o rastro de Ziclon B en las supuestas cámaras de gas”.
Días más tarde, la Cámara de Representantes, a iniciativa del diputado del Partido Independiente Iván Posada, emitió una declaración que expresa “su más profundo repudio a este nuevo acto de discriminación racial, que procura negar, trivializar o justificar el crimen del genocidio sufrido por el pueblo judío durante la Segunda Guerra Mundial, practicado por el nazismo”. Asimismo, expresa “su plena solidaridad con nuestros compatriotas judíos y con toda la comunidad judía en Uruguay, que una vez más es objeto de estas prácticas antisemitas que violentan los derechos humanos y lesionan los principios democráticos republicanos”. Durante el tratamiento parlamentario, los representantes Jaime Trobo, Berta Sanseverino, Graciela Matiaude, Carlos Pérez y Carlos Varela hicieron uso de la palabra.
En los tiempos que corren, gobernados por la posverdad y la difusión masiva de las más aberrantes teorías sobre diversos temas, no sorprende la preocupante difusión que han alcanzado las teorías que niegan la existencia del Holocausto Judío. El escritor británico David Irving es tal vez el cultor más conocido de los negacionistas, pero lamentablemente no es el único, ya que incluso algunos mandatarios actuales y pasados han negado la existencia de esa dolorosa tragedia.
Hace algunos años, el entonces embajador de Irán en nuestro país, Hojatollah Soltani, formuló declaraciones relativizando y minimizando el Holocausto Judío, lo que provocó un fuerte rechazo del historiador Gerardo Caetano, para quien es necesario que “digamos nuevamente no a todo cuanto se esconde tras este rebrote de negacionismo de la Shoá, gritemos con fuerza y convicción esa palabra que tanto dice de nuestra mejor historia nacional y universal. Y hagámoslo de la forma más radical, aquella que más y mejor contrarresta el intento de los negacionistas: a través de la educación”.
Es importante tener en cuenta que las corrientes negacionistas, así como sus seguidores y principales referentes, están fuertemente ligados al antisemitismo, que ha sido definido por el Comité Judío Norteamericano (American Jewish Committee) como “la intolerancia hacia los judíos, su religión, pueblo y más recientemente su Estado”. Si bien la comunidad judía es el claro objetivo de los atentados cometidos en la rambla montevideana, su gravedad debe ser considerada y combatida desde una perspectiva mucho más amplia. Ofenden a las profundas tradiciones y convicciones uruguayas que han estado cimentadas desde Artigas en el respeto a las ideas democráticas y republicanas, en el marco de libertades plenamente vigentes. La única posición que nos corresponde asumir a todos los uruguayos es, más allá de nuestras creencias religiosas y convicciones filosóficas, la de un rechazo puro y duro a cualquier intento directo o indirecto de negar o banalizar un hecho terrible que daña no solo el alma del pueblo judío, sino la propia condición humana.
Al cumplirse un año del asesinato de David Fremd, el diputado sanducero Walter Verri presentó un proyecto de ley para que la negación del Holocausto y los genocidios sea considerada un delito, reemplazando la actual redacción del artículo 149 bis del Código Penal por la siguiente: “El que públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública incitare al odio, al desprecio o a cualquier forma de violencia moral o física contra una o más personas en razón del color de su piel, su raza, religión, origen nacional o étnico, orientación sexual o identidad sexual será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión. Se consideran comprendidos en el presente artículo la negación, banalización o menoscabo del genocidio armenio acaecido en la segunda década del siglo XX, el holocausto judío y romaní bajo la égida del régimen nacionalsocialista, el genocidio camboyano sucedido a partir de 1975 y el genocidio de Ruanda de 1994”.
Según la exposición de motivos de este proyecto, la finalidad de penalizar tales expresiones no es “establecer un límite a la opinión, sino con el propósito de evitar el desprecio a la condición humana y a la esencial igualdad que comprende a todos los individuos de nuestra especie”. Lamentablemente, este proyecto no ha sido aprobado aún por el Parlamento, algo que debería hacerse rápidamente y con el voto unánime de todos los partidos políticos, especialmente luego de la vandalización del Memorial del Holocausto Judío que hemos reseñado.
En efecto, atentados de estas características no pueden ni deben pasar desapercibidos para todos los uruguayos y para los sanduceros en particular.
Debe merecer un repudio que vaya más allá de expresiones aisladas. Se trata de un tema de una gravedad tal que debe ser objeto de reflexión en el seno familiar, aprovechando ese ámbito fundamental de nuestra sociedad para ilustrar a los más pequeños sobre su gravedad y la importancia de trabajar día a día por la convivencia pacífica entre las diferentes personas que integran nuestra sociedad.
Cada día resulta más importante educar a las nuevas generaciones para que puedan respetar y convivir en armonía con otros seres humanos más allá de sus ideas religiosas, políticas o de cualquier otra diferencia que pueda, a primera vista, separarlos de manera irreconciliable. Para lograrlo, solo debemos recordar que en las instrucciones que los diputados de la Provincia Oriental llevaron a la Asamblea Nacional General Constituyente de 1813 ya se establecía en forma expresa la necesidad de promover “la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable”.
