La negociación –que aún sigue su proceso pese al preacuerdo– respecto a las condiciones que se procuran acordar para que UPM Botnia concrete una inversión de 4.000 millones de dólares, que incluye una serie de concesiones adicionales a las que han regido hasta ahora para estos emprendimientos, da cuenta de la importancia que el gobierno del Frente Amplio se atribuye a la canalización de capitales hacia el sector forestal, cuando en su momento la coalición de izquierdas, entonces en la oposición, votó contra la Ley de Desarrollo Forestal que hizo posible estos emprendimientos.
Y no es poca cosa, sino un aspecto a destacar, que junto con la cultura de gobierno la izquierda haya asumido que para poder distribuir riqueza primero hay que generarla, y que las inversiones son un medio genuino para hacer crecer el Producto Bruto Interno y en su derrame de recursos contribuir a mejorar la calidad de vida y perspectiva de crecimiento con desarrollo.
En este marco debe asumirse como un hecho positivo que la cultura de gobierno ahora tenga como una de sus manifestaciones más expresas y contundentes la búsqueda de inversiones, aunque en este caso seguimos en una tendencia de primarización de la economía, si se tiene en cuenta que pese a la creación de puestos de empleo iniciales en la construcción de la planta e infraestructura de apoyo, una vez despejada la espuma de la primera fase ya en esquema de funcionamiento el valor agregado que se incorpora es muy menor, y que los puestos de empleo no guardan en sí relación con el monto de la inversión.
Pero la inversión, la captación de capitales de riesgo, es sin dudas la piedra angular para generar expectativas positivas de cara al presente y al futuro, y ello revela que más allá de las ideologías y los eslóganes, la que manda es la realidad.
Los últimos datos, aún teniendo en cuenta la intención de captar capitales, no han resultado alentadores, por cuanto en los primeros nueve meses del año cayó la cantidad de proyectos presentados ante la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) con el propósito de obtener beneficios fiscales. Ante ello, el Ministerio de Economía está trabajando para modificar el régimen de promoción de inversiones con un esquema más ágil, según revelaron a El Observador fuentes gubernamentales.
Precisamente un informe divulgado esta semana por la Unidad de Apoyo al Sector Privado (Unasep) del Ministerio de Economía informó que en el período comprendido entre enero y setiembre de este año se presentaron ante la Comap 263 proyectos de inversión, lo que implica una caída de 16% en la cantidad respecto a igual período del año pasado.
Asimismo, la Unasep señaló que los montos de inversión asociados a las propuestas productivas en los primeros nueve meses ascendieron a U$S 394 millones, con un descenso de 44% en la misma comparación interanual, lo que constituye una cifra contundente en cuanto a la caída, pese a que se trata de solo un año y que es prematuro aventurar este descenso como una tendencia sostenida.
Debe tenerse presente empero que los números negativos se repiten en los datos correspondientes al tercer trimestre del año, cuando se presentaron 105 proyectos con una baja de 7% al comparar con el mismo trimestre de 2016, mientras que el monto asociado de inversión fue de US$ 167 millones, con un retroceso de 59%.
El reporte de Unasep indicó que en 2011, luego de la puesta a consideración del nuevo régimen (en mayo) y en 2012 –antes de la vigencia de un nuevo decreto– se produjo un significativo incremento en la presentación de proyectos.
“Este adelantamiento, se refleja necesariamente en una esperada disminución en períodos siguientes”, sostuvo el documento oficial, al hacer hincapié en que a partir de diciembre 2015 se dispuso otorgar beneficios adicionales transitorios para los proyectos de inversión que se presentaran hasta fin de 2016.
“En especial, en diciembre de 2016, fecha de finalización de los incentivos adicionales, se produjo una importante afluencia de proyectos, lo cual es probable que repercuta en un enlentecimiento en la presentación de proyectos en el presente año”, concluyó el documento que procesó la Unasep.
Es decir que el documento da a entender que hubo un apresuramiento en materializar proyectos de inversión antes de que finalizara el período de concesiones especiales, habida cuenta de que luego el marco no sería tan favorable para la ejecución de emprendimientos.
A esta altura podría creerse que lo que se necesita para captar inversiones es simplemente extender estos estímulos excepcionales, pero este sería un razonamiento muy simplista, porque es necesario un punto de equilibrio entre los emprendimientos que se inician y los ya existentes. De lo contrario se crearía un régimen injusto hacia los que ya están, actuando por su cuenta y riesgo en un marco menos favorable, a la vez que cada concesión y exoneración tributaria es un renunciamiento fiscal por un lapso más o menos prolongado, cuando siempre las voraces arcas del Estado están reclamando la inyección de más recursos.
En el orden de prioridades, igualmente, más que la ortodoxia, suele primar la necesidad a la hora de las decisiones. Así, fuentes oficiales informaron al matutino que ante la caída en la cantidad de proyectos de inversión al amparo de beneficios fiscales, el Ministerio de Economía y Finanzas trabaja en un nuevo decreto con modificaciones al régimen de promoción de inversiones, a la vez de reconocer que el cambio dispuesto en 2012 provocó un “enlentecimiento” en la aprobación de proyectos.
La cartera buscará ahora generar mecanismos que agilicen el régimen y vuelvan a estimular la presentación de iniciativas como en el pasado, lo que estaría bien, siempre y cuando se preserve el equilibrio. Además, tener en cuenta que no se trata solo del “regalo” inicial y de concesiones, sino sobre todo de la sustentabilidad, y que ella no es producto de concesiones, sino de un esquema general que permita un balance entre costos e ingresos de los sectores reales de la economía, para que tengan un margen de rentabilidad para mantenerse y acceder a reinversiones y actualización.
De lo contrario, siempre se seguirá improvisando, con parches sobre parches, llamando y prometiendo el oro y el moro a los que se animen a venir, sin apuntar a combatir las causas de los problemas que atenazan a las empresas, porque Uruguay es un país caro, la rentabilidad brilla por su ausencia y porque además, este escenario hace que la gran mayoría de las inversiones no incorporan el valor agregado que tanto se necesita para crear empleos de calidad e infraestructura que promueva desarrollo con incorporación de tecnología.