La Intendencia Departamental de Paysandú gastó más de 84 millones de pesos de lo que había presupuestado en 2016 y registró más de mil observaciones del Tribunal de Cuentas por incumplimientos del Tocaf (Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera). Asimismo, generó una deuda que mantiene impaga con proveedores por más de 90 millones de pesos, lo que representa en 5% de su presupuesto ejercicio 2016.
Cuando se analiza la Rendición por departamentos, se aprecia que cuatro de los cinco y el denominado Acción Gubernativa, que corresponde al intendente y al secretario general, gastaron por encima de lo presupuestado la excepción es Descentralización, donde se encuentran precisamente los presupuestos de los municipios. La Junta Departamental también ejecutó menos de lo presupuestado, unos veinte millones menos.
Los integrantes de la agrupación Más Cerca, del Partido Nacional, Alejandro Colacce y Marcelo Nougue mostraron a EL TELEGRAFO el voluminoso documento de la Rendición de Cuentas, de dos tomos, donde se aprecian estos y otros resultados.
“No estamos para poner palos en la rueda y difundir estas realidades no lo hace. Es nuestro deber velar por el contralor de los números del presupuesto departamental. La gestión departamental necesita un nivel de entendimiento que demuestre madurez en el sistema político”, dijeron. “Hay que mirar hacia adelante pensando como departamento, dejando de lado la descalificación de quien sanamente quiere aportar. Hay que construir en conjunto y en eso nos van a encontrar”, subrayaron.
Destacaron que lo no ejecutado por el Departamento de Descentralización “no significó un ahorro. Esa plata no quedó en una cuenta de la Intendencia, sino que se gastó en otros departamentos y rubros. La diferencia está en la inversión. En conjunto, tenían 42 millones de pesos en ese rubro, el 60% para caminería rural. Pero se ejecutaron solamente ocho millones de pesos. El total de las inversiones para los siete municipios, en un año entero, fue menor a lo que se gastó en la semipeatonal de 19 de Abril e incluso menor de la ciclovía de ruta 90 en ejecución”.
Además, “según nuestro análisis, se incumplió el artículo 86 de la Constitución de la República al no respetarse, durante el ejercicio 2016, la cantidad de funcionarios y los recursos establecidos para este rubro en la instancia presupuestal, ya que se gastó un 14% más de lo previsto en el Rubro 0 (Retribuciones Personales). Por otra parte, se incumplió la Ley de Descentralización y Participación Ciudadana (19.282) en lo referente a la administración de los recursos financieros establecidos en su programa presupuestal”.
La inversión menor a la prevista se aprecia en todo el departamento. En total, la Intendencia invirtió un 46% menos de lo previsto. Pero es más agudo el problema en las jurisdicciones de municipios, donde fue un 80% menos de lo presupuestado. Hay municipios, como los de Tambores y Piedras Coloradas, que recibieron el 3% de su presupuesto de inversiones.
No se cumplió con lo previsto tampoco en las direcciones de Turismo y Cultura, en lo referente a inversiones. Turismo tenía previsto 13.217.568,50, pero usó solamente 2.095.717,90 pesos. Cultura preveía 3.949.292, pero usó 133,878.60. “Esto responde a los rubros de infraestructura. A modo de ejemplo, en Cultura desde la compra de un micrófono en adelante”. Ese dinero “de nuevo no fue ahorrado, fue gastado en otras áreas, probablemente en Retribuciones Personales”.
“’Dato mata relato’, de eso no hay duda. Hoy, el 88% del presupuesto departamental se usa para abrir la Intendencia, para ponerla en funcionamiento. Pero nadie parece preocupado ni criticando esto, cuando en la anterior administración los mismos que hoy gobiernan criticaron duramente el ‘desorden presupuestal’, porque un año se llegó al 82% del presupuesto, como necesidad para mantener en marcha la Intendencia”, destacaron los representantes de la agrupación Más Cerca.
“Hoy las obras se tercerizan y privatizan, lo que obliga a pagar un tercio más del costo que se tendría si se usara mano de obra municipal. Esta hoy, en cambio, descansa. Los funcionarios municipales (de Obras) son usados para tapar pozos con tosca, pero las obras de mayor envergadura están tercerizadas. En realidad, eso implica pagar dos veces la mano de obra: la de la Intendencia, que se paga todo el año, y la de las empresas contratadas para cada obra”, explicaron.
Y como dato más preocupante, llamaron la atención al hecho de que “hoy, con lo que se recauda en el departamento, de sus contribuyentes, no alcanza para pagar los sueldos y leyes sociales de la Intendencia (2.100 empleados contando presupuestados, contratados y cooperativas sociales). Esto es, se deben usar partidas del gobierno central para cubrir el Rubro 0. Entonces, si ocurriera nuevamente –y ojalá que nunca vuelva a repetirse– con una crisis como la de 2002, cuando se retrasaron las partidas nacionales, no sería posible pagar en tiempo y forma los sueldos de los municipales”.
