Otra cuestión de ética

El vicepresidente de la Junta de Transparencia y Ética (Jutep), Daniel Borrelli, está convencido de que el exvicepresidente Raúl Sendic, “mintió” en sus declaraciones y aguarda un pronunciamiento de la Justicia.
En las últimas horas, el fiscal del Crimen Organizado, Luis Pacheco, solicitó la apertura de los sobres con las últimas cuatro declaraciones juradas de bienes e ingresos de Sendic y del senador de la Lista 711, Leonardo de León. El fiscal pidió, además, el análisis de los contratos entre Ancap y Trafigura, una empresa holandesa que intermedió en los negocios de petróleo con Ecuador y que está acusada de corrupción.
Y nuevamente se discute la gestión de las empresas públicas durante la pasada administración de José Mujica, a la vista de la opinión pública con una frontalidad que hace dudar si los protagonistas son opositores o pertenecen a una misma fuerza política.
El ministro de Economía dijo a quien quisiera escucharlo que el caso del senador de León “luce muy similar” a la situación atravesada por Sendic hasta llegar a su renuncia y que debería presentarse ante el Tribunal de Conducta Ética del Frente Amplio. Astori considera que ALUR, si bien es una empresa que se mueve en el ámbito del derecho privado, proviene del espectro público, por tanto “están en juego los recursos públicos”.
De León no demoró mucho en responder, le sugirió ir al Tribunal de Ética y sin mencionarlo, apuntó directamente a los aportes sin pagar al BPS que involucró al sector que lidera el ministro, Asamblea Uruguay. Le pareció “triste” el planteo y –nuevamente– se desnudan las carencias de diálogo interno, enmarcadas en el protagonismo que ellos mismos le otorgan a los medios de comunicación cuando dirimen estas cuestiones abiertamente.
La efervescencia política no cesa y se amalgama con casi cualquier cuestión. Se prenden de los micrófonos o las cámaras y hablan sobre aspectos trascendentales de las empresas públicas uruguayas con una frescura libre de culpabilidad, tal como si no hubiesen formado parte de un gobierno. Y las culpas acechan de un lado a otro, donde todo parece que ocurriera con posterioridad o anterioridad al indagado, sin dejar de mencionar la falta de conocimiento que plantean ante las interrogantes. Por eso, Borrelli sabe de lo que habla.
El tema, que se discute y expone en las pantallas, refiere a que de León –mientras estuvo al frente de ALUR– gastó casi $ 860.000 y 31.000 dólares entre mayo de 2011 y junio de 2015, con dos tarjetas corporativas, tanto en misiones oficiales como en viajes privados. El fiscal Pacheco reclama la apertura de los sobres con las últimas últimas declaraciones juradas de bienes e ingresos de Sendic y de León, enmarcada en la Ley “Cristal” para los funcionarios públicos.
Paralelamente requiere el análisis de los contratos entre Ancap y Trafigura, Ancap y Exor (armó la estructura financiera para saldar la deuda con Pdvsa) y Ancap con Kios, contratada para remolcar las barcazas.
Y en este caso, tampoco quedarán fuera las investigaciones referidas a la construcción de la planta de etanol en Paysandú, a raíz de los supuestos sobrecostos que –también– se encuentra en manos de la Justicia.
En la interna, a esta altura, las preocupaciones permanecen ante el vuelo que adquirió el argumento basado en los gastos efectuados por el senador de la Lista 711, quien solventó viajes durante semana de turismo y en otros momentos en que no se registraba actividad oficial, con la tarjeta corporativa del organismo. El tribunal de conducta política del FA esperaba que el legislador compareciera por su propia voluntad pero no lo hizo, a la espera de un fallo judicial. Es decir que, mientras ningún sector frenteamplista –incluida Asamblea Uruguay– reclamó oficialmente el pase del caso del senador al órgano partidario, esta controversia se vuelca a las pantallas sin aquilatar que se trata de otra empresa de los uruguayos, en polémica ante nuevos casos de supuesta corrupción.
A pesar de que resuenan las palabras de Sendic referidas a un plan de la derecha continental, con una conspiración instalada en Atlanta para derribar a los gobiernos progresistas de la región, nuevamente debemos asistir a presiones provenientes de la propia fuerza partidaria, que salen a la luz de manera frontal y sin ahorrarse en reclamos. Y parece que, así como les urgió despegarse de Sendic porque marcaba desventajas políticas, lo mismo harán con de León sin que se les mueva una ceja.
Porque aún permanecen en el recuerdo las “medidas correctivas muy importantes” que, según Astori, se implementaron en el inicio del actual gobierno de Tabaré Vázquez como si los anteriores no pertenecieran a la misma fuerza e incluso él mismo no la integrara desde la vicepresidencia.
Sin embargo, claramente este debate se arrastra desde hace dos años y sin necesidad de que mediaran las denuncias presentadas por la oposición parlamentaria. Ya en 2015, Mujica responsabilizaba a Astori en una carta abierta, al tiempo que el actual ministro acusaba al expresidente de “ocultar el verdadero problema” con empresas públicas “fuera de control”, como era precisamente el caso de Ancap.
Las diferencias parece que no logran saldarse, mientras los líderes se preocupan por un posicionamiento electoral, al tiempo que dejan al descubierto un trasfondo de incompatibilidades con reclamos que aparecen de todos lados. Entonces, queda claro nuevamente que en la interna hay malestar por cuestiones no resueltas desde hace años, cuando ellos mismos gobernaban.
Por su lado, aparecen las presiones para que el Tribunal de Ética actúe de oficio, tal como ya lo ha hecho con legisladores que decidieron no votar artículos de la Ley de Presupuesto, entre otras decisiones enmarcadas en la disciplina partidaria. No obstante, esto va bastante más allá de los cuestionamientos públicos, sino que se instalan en una interna que no se anima a pedir la actuación del Tribunal por miedo a otro escándalo. Un asunto que, a todas luces, ahora parece inevitable.