Los barros de Pluna que siguen salpicando

En tanto la jueza Helena Mainard se expidió recientemente sobre la situación del exministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, dictando su absolución en el caso del remate de la empresa Pluna, la magistrada dispuso la prisión por 20 meses (en suspenso) del expresidente del Banco de la República, Fernando Calloia, lo inhabilitó para presentarse a cargos públicos por dos años y le estableció una multa de $1.021.040, por considerar que incurrió en el delito de abuso de funciones.
Con relación al mismo caso, el dictamen aparece signado por lo que a primera vista se aprecia como una dualidad de criterios, dado como se sucedieron los hechos, y realmente lo que surge de un análisis más detenido lo confirma si se examina objetivamente el tema.
Es por eso que el fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, decidió apelar la sentencia dictada por la jueza María Helena Mainard que absolvió al exministro de Economía. En una primera instancia la apelación se presenta sin fundamentos y se traslada a los defensores de los imputados, en tanto cada parte tiene diez días para expresar sus fundamentos, proceso que se llevará a cabo entre febrero y marzo de 2018.
Corresponde traer a colación que Mainard indicó en su fallo que Lorenzo fue absuelto porque realizó un pedido y no una orden a Fernando Calloia para que fuera lo más flexible posible en el otorgamiento del aval a Cosmo, con el propósito de que dicha empresa participara en el remate de los aviones de Pluna.
El 4 de abril de 2014, la Justicia había dispuesto el procesamiento sin prisión de Lorenzo y de Calloia por cometer un delito de abuso de funciones en calidad de autores. Calloia apeló ese procesamiento y Lorenzo no. El 13 de octubre de 2014, el Tribunal de Apelaciones de 1° Turno revocó el auto de procesamiento de Calloia y dispuso la clausura del sumario. La entonces fiscal especializada en Crimen Organizado de 2° Turno, María de los Angeles Camiño, presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la que confirmó el procesamiento de primera instancia, y ello indica una sustancial diferencia de criterios entre el tribunal actuante en la oportunidad y el del máximo órgano de Justicia en el Uruguay.
Lorenzo fue acusado por la llamada telefónica realizada a Calloia el 1º de octubre de 2012 en la que le solicitó que “hiciera los máximos esfuerzos” para otorgar un aval a la empresa española Cosmo. Pese a dictámenes técnicos y no tener antigüedad crediticia, el mismo día del remate, el BROU le otorgó un aval por U$S 13 millones al supuesto representante de Cosmo, Hernán Calvo Sánchez, el ya famoso “caballero de la derecha” en el cantinflesco remate.
Sin dudas, el episodio de Pluna en sí ha sido un sainete de gran magnitud, más allá de que todo este proceso por mantener volando una aerolínea de bandera nacional por “soberanía” de los cielos es una payasada indefendible. El punto es que se dilapidaron centenares de millones de dólares primero por mantener volando los aviones, segundo por mantener luego durante años en el Seguro por Desempleo privilegiado a los exfuncionarios del ente estatal y luego para cederles fondos para la aventura de Alas U, que como era obvio estaba destinada al fracaso.
En fin, apenas se hicieron algunos vuelos para quedar retenidos en tierra y enterrarse definitivamente esta incursión pour la galerie .
Encima, en este episodio del remate y las “explicaciones” de gastar enormes recursos que tanto necesita el país para destinos prioritarios, se nos quiso tomar el pelo a todos con el remate fraguado, con el agravante de que el expresidente del BROU, con una decisión político administrativa retorcida, dio el que dijo era el “aval perfecto”, que sin embargo no hubiera otorgado a ningún ciudadano o empresa que hubiera presentado –o no presentado, mejor dicho– tales credenciales.
Por lo tanto, puede ser que la decisión de la jueza sea atendible desde el punto de vista jurídico, más allá de la vaguedad y cuestionamientos posibles al delito de abuso de funciones, porque esta es la ley que existe y hay que aplicarla.
No ocurre lo mismo con el exministro de Economía, en cuanto a su protagonismo en este episodio, porque Mainard dijo que lo absolvió, pese a que pidió a Calloia que se le diera el aval a Cosmo, desde que a su juicio el exministro no era superior directo del presidente del BROU.
Los abogados de Lorenzo, Amadeo Otatti y Mario Spagenberg alegaron que la llamada de Lorenzo “se trató de un pedido y no de una orden” y que se le solicitó que fuera flexible en las exigencias de los requisitos habituales para los otorgamientos de avales. Agregaron que el exministro Lorenzo “no tenía ninguna facultad legal ni autoridad directa” sobre el director o cualquier funcionario del BROU para inmiscuirse en la toma de decisiones que involucran a la institución en materia crediticia.
Y este criterio, sorpresivamente para quienes observan desapasionadamente el tema, fue compartido por la jueza Mainard, quien parece ignorar o soslayar que la cadena de mandos es eminentemente política, y tiene en este caso como último subordinado a Calloia, y que Lorenzo ejerció una presión que no fue resistida por el alto funcionario.
Mainard señaló, en su dictamen, que el Banco República le otorgó el aval a Sánchez Calvo pese a “no cumplir las condiciones necesarias. En la garantía de mantenimiento de oferta figuraba como beneficiario el Ministerio de Economía cuando en realidad debía serlo el Fideicomiso que administraba los bienes de Pluna S.A. Ello se debió, según Calloia, a que así lo solicitó Cosmo S.L.”.
El vicio de forma fue utilizado por Cosmo y la aseguradora Boston Seguros para no pagar el aval luego de desistir de la compra de los siete aviones de Pluna.
Dijo la jueza que el otorgamiento del aval fue “una decisión apurada” tomada por Calloia que “incumplió” con los requisitos mínimos para los clientes y que aún luego de concederse el aval, tuvo que reportarlo como sospechosa.
Para Mainard, “el trato diferencial, desigual, vuelve arbitrario el acto (de concesión del aval) y susceptible de generar un perjuicio a la Administración, por el desprestigio que causa la misma; afecta el normal desempeño del cargo. El acto que se verifica (el otorgamiento del aval a Cosmo) es arbitrario, antijurídico por haberse verificado mediante abuso de poder”.
¿Pero es posible que Calloia, por su propia pasión por resolver este problema, cometiera semejante irregularidad? El sentido común dicta que seguramente las presiones fueron muchas, de gente que de la cual aunque “estaba sujeto a su jerarquía y no tendría por qué aceptar la orden”, en los hechos tenía que responderle. Y ahí está la llamada probatoria, aunque puede que también Lorenzo sea una víctima de las circunstancias, a solicitud del por entonces presidente José Mujica, para “acomodar los zapallos” en este tema que quemaba.
“El gobierno obviamente estaba interesado en la concurrencia de oferentes a la subasta de aeronaves. En mi calidad de presidente de la República, di lineamientos generales a los efectos de solucionar el tema”, reconoció luego Mujica sobre el tema.
Pero el expresidente sigue apareciendo como incombustible, y las “desprolijidades” que fueron el sello de su administración, siguen proyectando sus consecuencias negativas, tanto por el despilfarro de recursos como por la falta de republicanismo, de ausencia de apego a las instituciones y de improvisación.