El juicio al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, el popular líder del Partido de los Trabajadores (PT), ha desnudado la debilidad democrática de un país que está tratando de salir de una crisis económica y que no encuentra el rumbo para sentar bases sólidas por ninguna parte. En un contexto donde la corrupción ha campeado en el gobierno –también durante las administraciones de Lula– y en empresas públicas desde hace más de una década, la sentencia que condenaría al exmandatario a 12 años de cárcel viene con el olor de una venganza y de unas ganas de sacarlo de en medio de sus opositores, aunque no se trate de una persona impoluta en absoluto.
Un fallo judicial de segunda instancia promulgado el miércoles condenó a Lula por unanimidad de tres jueces por los delitos de corrupción y lavado de dinero, que ratificaron la sentencia e incluso aumentaron la pena de cárcel de nueve a 12 años. Seguidamente, se le prohibió abandonar su país. Aún así, Lula tiene un margen para apelar o demorar la sentencia, lo que le permitiría presentarse como candidato a la presidencia en las elecciones de octubre de este año. Podría ocurrir incluso que el fallo final, del Tribunal Supremo al cual apelaría –en la última instancia–, se dé entre la primera y segunda vuelta, o hasta si gana y ya es un presidente electo. Por lo tanto, no está ya condenado totalmente. Está aún en medio de la pelea, pero cada vez más hundido.
Pero se da una contradicción. En 2010, cuando Lula era presidente, se aprobó una ley que impide a los condenados en segunda instancia ser candidatos en elecciones, y la sentencia conocida el miércoles es, precisamente, en segunda instancia. Por tanto, el Tribunal Electoral, que tendrá que decidir en agosto cuáles son los candidatos admitidos a las elecciones de octubre, debería rechazar la candidatura de Lula. Es más, no es solo la candidatura, sino la libertad de Lula lo que está en juego. Sus abogados se van a esforzar ahora para retrasar la entrada en prisión de Lula, porque con una condena de 12 años tendría que ir a la cárcel en cuanto lo ordenaran los jueces. Los seguidores de Lula da Silva, que son muchos en Brasil y que por algo encabeza las encuestas de opinión de cara a la campaña electoral, están convencidos de que el expresidente ha sido sometido a un juicio político. Creen que no ha quedado suficientemente demostrado que Lula recibiera como regalo de una constructora un apartamento de lujo a cambio de supuestos favores, que no hay ningún documento que demuestre que Lula es, efectivamente, propietario de ese apartamento y que el objetivo de todo esto es impedir que Lula se presente a los comicios de octubre, donde es favorito.
Un análisis del diario estadounidense The New York Times, lejos de la pasión que ha levantado este tema en Brasil, delinea lo que parece ser una celada al líder del PT. En primer lugar, asegura que la corte de tres jueces ha sido “imparcial” y que el juez del tribunal, Sérgio Moro, “ha demostrado su propia parcialidad en varias ocasiones”.
“Tuvo que disculparse ante el Supremo Tribunal Federal en 2016 por divulgar conversaciones grabadas entre Lula da Silva y la entonces presidenta Dilma Rousseff, su abogado y su esposa e hijos. El juez Moro organizó un espectáculo para la prensa en el que la policía se presentó en la casa de Lula da Silva y se lo llevó para interrogarlo, aun cuando el expresidente siempre había dicho que se reportaría voluntariamente para ser interrogado”, sostiene el texto del Times.
Luego, prosigue asegurando algo que muchos aseveran: que faltan evidencias. Se le acusa de haber aceptado un soborno en forma de apartamento de la constructora OAS, enmarcado en un escándalo de miles de millones de dólares –que saltó a través de la operación Lava Jato– y que ha implicado a compañías que han pagado a funcionarios de la petrolera estatal, Petrobras, para obtener contratos millonarios.
“Sin embargo, no hay documentos que comprueben que el expresidente o su esposa hayan recibido un título de propiedad, que hayan rentado o incluso hayan estado en el apartamento ni de que hayan intentado aceptar ese regalo.
“La evidencia en contra de Lula da Silva se basa en el testimonio del expresidente de OAS ahora convicto, José Aldemário Pinheiro Filho, a quien se le redujo la sentencia en prisión a cambio de entregar evidencia. De acuerdo con un reportaje del importante periódico brasileño Folha de Sao Paulo, a Pinheiro no se le permitió llegar a un acuerdo de culpabilidad cuando en un principio contó la misma historia que Lula da Silva sobre el apartamento.
También pasó cerca de seis meses detenido sin que comenzara su juicio”, señala el Times. “Sin embargo, esta escasa evidencia fue suficiente para el juez Moro. En lo que los estadounidenses podrían considerar un juicio amañado, sentenció a Lula da Silva a nueve años y medio de cárcel”, una pena ahora extendida a 12.
De cualquier modo, Lula fue proclamado el jueves como candidato del PT para los próximos comicios. En los hechos, la comisión ejecutiva nacional del PT, el principal partido de la izquierda brasileña, decidió ignorar el pronunciamiento judicial. Todo esto, sea cual fuere el destino final de Lula, no le hará nada bien a Brasil. Su impacto será tremendo en esta nación y, por ende, en la región.
La debilidad de Brasil
