Sector Todos busca que autoconvocados sean recibidos por plenario del CI

“Los gobiernos departamentales tienen su cuota parte de responsabilidad” en “las medidas que deben tomarse con celeridad para atender las reivindicaciones que se realizaron en Durazno por el sector productivo”, indicó el edil departamental Marcelo Tortorella. “Y lo están porque tienen relación con el costo del Estado”, agregó.
A través del senador Javier García, el sector Todos, del Partido Nacional, realiza gestiones para que los productores autoconvocados sean también recibidos a la brevedad por el plenario del Congreso de Intendentes, que volverá a sesionar a mediados de febrero.
Pero Tortorella apuntó a la Intendencia de Paysandú, en la medida en que “los intendentes de Durazno y Florida, Carmelo Vidalín y Carlos Enciso, ya tomaron medidas para atender el reclamo justo de los productores”. Por lo tanto, “entendemos necesario que el gobierno departamental del Paysandú debe plegarse a esta iniciativa, haciendo un mea culpa, haciendo un ajuste político en materia de gastos, reduciendo la sobrepoblación de cargos políticos (coordinadores, secretarios y asesores), así como las abultadas diferencias de sueldos que han sido otorgadas graciosamente por el intendente de Paysandú, para pagar favores políticos para familiares de ediles del Frente Amplio, que revisten como funcionarios municipales, incrementado indiscriminadamente las contrataciones por razones políticas”.
Tortorella reafirmó que el intendente Caraballo “tiene que cesar de inmediato con el carnaval de contrataciones y además recortar horas extras y viáticos que favorecen en mayor medida a esta categoría de funcionarios privilegiados, topeando todo gasto, como el de celulares de todos los jerarcas de gobierno, incluido el propio intendente. También se deberá reducir el consumo de combustible para la flota de vehículos municipales que están al servicio de los jerarcas de las distintas reparticiones”.
Para el edil del Partido Nacional, el Departamento de Administración debe “realizar un análisis del presupuesto vigente de la intendencia para optimizar las economías, los recursos humanos y materiales, haciéndose especial énfasis en la racionalidad y austeridad en los gastos de funcionamiento”.