(EFE)
La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) informó que veinte personas fallecieron en accidentes de tránsito en la primera quincena de este mes, según los datos preliminares que maneja ese organismo. La cifra supone la existencia de tres fallecidos más con respecto a igual período del año pasado, detalló a Efe el director de la Unasev, Fernando Longo.
De los veinte fallecidos, ocho se registraron en ciudades y caminos departamentales y doce en carreteras nacionales, agregó Longo. El presidente de la Unasev destacó que del total de muertos en siniestros de tránsito diez circulaban en moto.
La Policía Nacional realizó en este tiempo 608 espirometrías a conductores que participaron en siniestros de tránsito y comprobó que el 7% (43) estaban circulando con alcohol en sangre. El director informó de que en total hubo 1.222 lesionados, incluidos los fallecidos, de los que 1.043 fueron los lesionados leves, y 159 heridos graves, cifra que puede variar si fallecen o no a los 30 días siguientes.
Longo resaltó que se tratan de cifras preliminares, ya que la Unasev toma un “período de 30 días” para contabilizar los fallecidos en siniestros de tránsito.
TRES ACRIBILLADOS EN EL CHUY
(SUBRAYADO)
En la ciudad de Chuy, tanto de uno como del otro lado de la frontera, tres personas resultaron acribilladas en los últimos cuatro días, dos de las cuales fallecieron y otra resultó herida de gravedad. Si bien la mayoría de los homicidios ha ocurrido del lado brasileño, en un gran porcentaje las víctimas han sido uruguayas.
El domingo a primera hora, un hombre de 32 años recibió cuatro balazos y está internado grave en la ciudad de Rocha. El hecho ocurrió en el barrio Samuel, del lado uruguayo de la frontera.
Este martes de tarde, en ese mismo barrio, otro uruguayo con múltiples antecedentes penales, fue muerto de varios disparos. Se trataba de Antony Michel Sigales Decuadra, alias “El pantera”, de 29 años. Según informaciones, desde hacía tres días, se hablaba en la zona que este hombre iba a ser ejecutado, en tanto la víctima es señalada como uno de los presuntos sicarios que operaba en esa frontera. El pasado viernes, Daniel Avila Pereira, un conocido comerciante brasileño, de 41 años, fue asesinado de cinco balazos a quemarropa frente a su casa ubicada sobre la Avenida Internacional.
CORTES EN CANELONES POR INSEGURIDAD
(TELENOCHE)
Grupos de vecinos y comerciantes se movilizaron en varios puntos de Canelones en reclamo de medidas de seguridad, además de denunciar el incremento de robos violentos y falta de patrullaje policial en la zona. Uno de los cortes se registró en el kilómetro 22 de ruta 3, en Toledo, donde los manifestantes se declararon “en alerta” ante al crecimiento “exponencial” de los hechos delictivos, entre los que destacan los robos a mano armada y copamientos.
Pidieron presencia policial en la ciudad, donde aseguran que solo hay un detacamento, y la instalación de cámaras de videovigilancia.
Al mismo tiempo, vecinos de Canelón Chico enlentecieron el tránsito en las rutas 32 y 67, en reclamo de patrullaje policial en la zona por el aumento de robos, hurtos, copamientos y abigeatos “a cualquier hora del día”. Ejemplificaron que el lunes tres delincuentes coparon una vivienda donde vivían cinco personas mayores, que fueron golpeadas y aseguran que la recorrida policial solamente existe cuando se hacen reclamos, pero “no dura más de una semana”.
Paralelamente, padres de alumnos que concurren a la Escuela N°59 de Carrasco del Sauce también se movilizaron por el aumento de saqueos a la institución en esta época del año.
Uno de los padres relató a Telenoche que día por medio delincuentes ingresan a la escuela para llevarse materiales, lo que los obligó a soldar las puertas del lado de adentro para evitar que logren sacar mobiliario de mayor tamaño. Hasta el momento ya se llevaron garrafas, ventiladores, platos, vasos y cubiertos, detallaron.
Según indicaron, el Ministerio del Interior manifestó su apoyo y propuso una mesa de diálogo para mejorar las condiciones de la ciudad.
JUSTICIA EMBARGÓ A BALCEDO POR U$S 10 MILLONES
(TELENOCHE)
La Justicia trabó embargos contra el sindicalista argentino Marcelo Balcedo por U$S 10 millones a pedido del fiscal de Maldonado, Rodrigo Morosoli.
El caso de Balcedo y el de su esposa, Paola Fiege, quien también fue detenida tras un allanamiento registrado en Playa Verde el pasado 4 de enero, es objeto de dos causas judiciales en Uruguay.
Por un lado, en Montevideo se tramita el proceso de extradición en el que se le otorgó a la Justicia argentina un plazo de 30 días para reclamar el traslado de Balcedo y de su esposa para ser juzgados en ese país.
En tanto, de forma independiente, Morosoli investiga posibles delitos cometidos por la pareja en Uruguay, principalmente lavado de activos, en función de las propiedades que tenían en Maldonado, la chacra “El gran chaparral” y “Sounión”, la propiedad que tienen ubicada frente al mar.
En ese marco, a pedido del fiscal, Balcedo y su esposa fueron embargados por U$S 10 millones, lo que abarca las propiedades y los autos de alta gama que también fueron incautados. El monto del embargo es provisorio dado que se prevé que pueda variar.
GOBIERNO IMPIDE AL EJÉRCITOHACER DETENCIONES
(TELENOCHE)
El gobierno de Tabaré Vázquez le negó al Ejército la posibilidad de realizar detenciones en las zonas fronterizas del país, tras solicitar una ley que genere un marco legal para la actuación de los soldados que están apostados en la frontera, incluyendo la potestad de hacer detenciones.
Actualmente las Fuerzas Armadas realizan patrullajes y colaboran con el Ministerio del Interior y con la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), pero no hacen detenciones. En los últimos días el Poder Ejecutivo emitió un decreto que regula esas vigilancias, pero no atiende al pedido del Ejército.
El texto encomienda a las fuerzas armadas “tareas de vigilancia en apoyo a los organismos con jurisdicción y competencia, con la finalidad de preservar la soberanía y la independencia del país”.
Sin embargo, en la redacción no establece la posibilidad de que los militares puedan realizar detenciones en caso de observar un delito.
De este modo, el Ejército solo podrá, en caso de presenciar algún delito, limitarse a llamar a las autoridades competentes.