Según la encuesta de Opción Consultores, el 78% de los consultados está a favor de la instalación de la cadena perpetua, el 45% está en desacuerdo con la pena de muerte y el 43% está a favor. Es evidente que hay mucha gente enojada y descontenta con las políticas públicas sobre seguridad ciudadana como para que 8 de cada 10 uruguayos reclame un aumento de las penas.
El Ministerio del Interior reconoció un incremento de los homicidios, en tanto en lo que va del año se han registrado 69 casos, sumados a otros delitos violentos. Sin embargo, lejos de reconocer que han tardado con las soluciones a un problema que se profundiza, le agregan explicaciones que nada suman a la opinión pública.
Por ejemplo, que el ministro del Interior Eduardo Bonomi intente explicar que este panorama se presenta a raíz del nuevo Código de Proceso Penal y lo vincule con visitas a las cárceles, solo motivará que quien escuche tal explicación poco entienda del asunto y que la Suprema Corte de Justicia reaccione con un comunicado.
Ni las libertades anticipadas modificaron la escena y no parece un buen fundamento su relacionamiento con un incremento de la delincuencia porque el año pasado solo se otorgó este beneficio al 2% del total de los reclusos. Y esto se muestra claramente en las estadísticas, incluso las oficiales, donde la figura del delincuente primario adquiere relevancia en los hechos violentos. De hecho, en el último año la tasa de homicidios subió de 6,7 homicidios cada 100.000 habitantes –que se registraba en los últimos 30 años– a 8,1. Por tanto, el agravamiento es real y no resiste el menor análisis.
Cuesta admitir que el Estado ha fracasado en esta materia porque las soluciones llegaron tarde. Es que el tiempo se perdió en discutir con la oposición, buscarle excusas a un flagelo que atraviesa a la masa social y la autocrítica quedó relegada. Primero se acusó a las políticas neoliberales que cimentaron las fracturas sociales, después a la motivación por acabar con el progresismo en Uruguay, hasta que se arribó a las visitas de cárceles con el régimen de libertades anticipadas. Ocurre que el Estado nunca estuvo ausente porque las escuelas, policlínicas y organizaciones sociales mantuvieron su presencia aún en los tiempos de mayores dificultades. Sin embargo, las fisuras familiares y la transformación de los valores nos demostraron otras crisis internas, como el desarraigo en las costumbres, los bajos índices y resultados en los distintos segmentos de la educación, el embarazo adolescente, cuyos índices parecen sostenerse. El axioma repite una y otra vez que el crecimiento económico y la bonanza tantas veces utilizada en las campañas electorales, no alcanzó a algunos segmentos de la sociedad que permanecen tugurizados. Y estos estilos de vida atraviesan las generaciones, a pesar de los cambios de administraciones.
Parece muy difícil de entender que no es un problema entre bandas criminales y que el delito se corre, no solo de barrio sino de franjas sociales. Es decir que, en este caso –como en tantos aspectos cotidianos– imprimir una lectura lineal es caer en un nuevo error. Y asegurar que las rapiñas descienden por la instrumentación de una nueva logística es desconocer que existen víctimas que prefieren no denunciar y que el “no te metás” es propio de sociedades con miedo.
Cuando se llega tarde, se debe reconocer que el espacio fue ocupado por otro, porque la asonada que mantuvo en jaque por varias horas a quienes transitaban por Avenida Italia, a causa del asesinato de dos menores en 24 horas en Montevideo, es una prueba contundente. Cortaron la calle, quemaron cubiertas y apedrearon vehículos y comercios. Sin embargo, no hay detenidos.
Tampoco es patrimonio de Montevideo y la zona metropolitana, en tanto la batalla campal ocurrida en Minas no puede definirse como “una guerra entre dos bandas narcotraficantes” porque no existen pruebas, según la policía. Claro que, por este hecho, tampoco hay personas identificadas ni datos aportados por testigos. Paralelamente, en nuestro país es fácil robar un cajero, y a la modalidad “explotada” por delincuentes extranjeros le siguieron otros uruguayos. La solución al problema: el cierre en horas de la noche y su vaciamiento. O sea que, además, se cede el control de las situaciones y se retrocede en el territorio que debe estar en manos ciudadanas.
Por eso el malhumor se observa en los comentarios callejeros, las redes sociales, las acciones diarias de desconfianza y no se escatiman las reacciones ni ante el presidente de la República, cuya institucionalidad responde con un escrache.
Si los delincuentes toman las calles y se hacen dueños de ella, si se restringen los servicios y se buscan explicaciones sin autocríticas, flaco favor le hacen a la búsqueda de una convivencia civilizada que debe traspasar los mensajes tribuneros. Porque la realidad es otra y no admite un pase de facturas que hoy es peligrosamente habitual. Quien quiera analizar el desencuentro entre un grupo de productores y el presidente Vázquez en la sede del Ministerio de Ganadería, deberá incluir todos los factores posibles. Porque Vázquez no estuvo a la altura de las circunstancias y el temperamento patoteril que ejerció un grupo de escaso número se ha vuelto una moneda corriente. O como ocurre en los ámbitos parlamentarios –nacional y local– donde los legisladores también bajan su nivel de discusión y se pierde el escaso liderazgo que queda. Son también, manifestaciones de intolerancia, temor e inseguridad, cuando tanto se habla de violencia.
Hay que dar respuestas y no excusas. Hay que bajar al llano y percibir la realidad desde los seres humanos y no buscar la eterna confrontación política porque la frustración y el enojo nos delata.
Fisura social que no admite confrontaciones políticas
