Hay temas que van y vienen con el tiempo. Uno de ellos es el afán de algunos gobiernos por controlar la información. No importa el signo político, aunque sí tienen en común sus ribetes totalitarios. Es lo que sucede con Donald Trump, el inefable presidente de Estados Unidos que se enfrenta al gigante tecnológico Microsoft en la Corte Suprema de ese país, en un caso que podría delimitar cuáles son las fronteras de Internet y con qué poder cuenta la Casa Blanca para acceder a correos electrónicos almacenados en un servidor en el extranjero. Por lo pronto, la Corte Suprema estadounidense se muestra dividida al examinar este tema, con importantes implicancias sobre la red de redes y su extensión.
Todo comenzó en 2013, con una orden de allanamiento para que Microsoft entregara los contenidos de una cuenta de correo electrónico utilizada por un supuesto narcotraficante. El problema es que la compañía, que administra unos 100 centros de almacenamiento de datos en 40 países, tenía los datos solicitados guardados en Irlanda. Microsoft se negó a cumplir la orden, argumentando que realizar una incautación en un servidor en Dublín era como ingresar a un domicilio en otro país.
La audiencia del martes pasado ante el máximo tribunal de Estados Unidos marcó la última ronda de una batalla judicial de cinco años, sobre la que la Corte Suprema debe pronunciarse antes de fines de junio. De los nueve jueces, los conservadores Samuel Alito y John Roberts se mostraron afines al gobierno, en tanto los progresistas Sonia Sotomayor y Stephen Breyer parecieron inclinarse por Microsoft.
El gobierno de Trump –que sabe llevar las cosas a su terreno y a tratar de conseguir todo lo que se propone– llevó la disputa a la Corte Suprema luego de que Microsoft obtuviera sentencias favorables en tribunales menores y en la corte de apelaciones.
Microsoft argumentó ante la Corte que este gobierno está poniendo en peligro el derecho a la privacidad en el mundo con sus intentos de acceder a datos almacenados en el extranjero e insistió en que si los correos se encuentran almacenados en Irlanda, la agencia federal antidrogas DEA no puede forzarlos a entregarlos.
“Ese es un acto extraterritorial prohibido”, dijo el abogado de la empresa Joshua Rosenkranz y explicó que la Stored Communications Act (SCA, o Ley de Comunicaciones Almacenadas), se aplica a pesquisas en Estados Unidos. “El gobierno de Estados Unidos quiere usar leyes estadounidenses para ilegalmente entrar en ordenadores extranjeros violando leyes internacionales”, añadió contundente Rosenkranz.
Según Microsoft, si permitimos la confiscación de correos electrónicos en el extranjero, nada impide que la policía extranjera exija datos almacenados en Estados Unidos. Las revelaciones de Edward Snowden contribuyeron a darle un protagonismo especial al debate: el exconsultor de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) mostró en 2013 la existencia de un sistema de monitoreo global de las comunicaciones y de Internet por Estados Unidos. Desde entonces, reina la desconfianza entre las autoridades federales y las empresas del Silicon Valley.
“Es importante una victoria en este caso para que la población mundial recupere la confianza en las firmas de tecnología estadounidenses”, dijo la semana pasada el presidente de Microsoft, Brad Smith. Entre los grandes grupos que respaldan a Microsoft están su gran rival Apple, los gigantes de la venta minorista en línea Amazon y eBay, los operadores de telecomunicaciones ATT y Verizon y el gigante informático HP.
La Unión Europea (UE), que Irlanda integra, quiso pesar en la disputa y envió un argumento a la Corte Suprema de Washington. Los datos digitales almacenados en Europa están bajo la Ley europea, argumentó. La UE argumenta que tiene un “interés significativo” en el caso porque la protección de datos está reconocida como un derecho fundamental en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, por tanto, “tiene competencias” en este ámbito. Aunque la UE no se inclina por ninguna parte, avisa de que el resultado impactará en las futuras fronteras de Internet.
Ya en en abril de 2017, el presidente Trump promulgó una ley que eliminó las garantías de privacidad en la red impuestas por su predecesor, Barack Obama, permitiendo a los proveedores de Internet vender datos de sus usuarios. Y en diciembre pasado puso fin a la igualdad entre los usuarios de Internet, al eliminar el principio de neutralidad. Esto inauguró una nueva etapa marcada por la imposición de un sistema de diferentes velocidades en función de los intereses de los operadores y reabrió el debate sobre el control de Internet, que ahora continúa con este litigio entre la actual administración estadounidense y Microsoft.
Lo de Trump es una amenaza al derecho a la privacidad en todo el mundo y con un probable efecto boomerang sobre los intereses de Estados Unidos si, llegado el caso, países rivales como Rusia o Irán forzaran a empresas tecnológicas de Estados Unidos a transferirles información almacenada en territorio estadounidense. Sería comprarse un lío importante y de dimensiones desconocidas. Es que a Trump le gusta jugar con fuego y quemarse sería fruto de estos movimientos temerarios, que responden a una personalidad que siempre parece merodear en un mundo paralelo.
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