Déficit sobre un castillo de naipes

Si bien para el ciudadano común puede sonar como un dato abstracto, vacío de contenido, y eventualmente sin ninguna repercusión tangible para el trabajador, el pasivo, el empresario y la población en general, el déficit fiscal de un país, en este caso el nuestro, indica que desde el Estado se gasta más de lo que ingresa por concepto de recaudación, y que por lo tanto, como en cualquier hogar o empresa, hay que sacar el dinero de algún lado para no bajar la cortina.
Para corregir el desfasaje, hay dos alternativas reales: recaudar más, gastar menos, o las dos cosas, porque la otra posibilidad es pedir endeudarse, que es como agregar una cuota más para pagar con un sueldo que ya no alcanza y por lo tanto acumulando más pasivo.
Hecha esta reflexión, tenemos que como el dinero que recauda el Estado no alcanza, el gobierno decidió un ajuste fiscal el año pasado y a la vez desde el 1º de enero de 2018 obligó a UTE, por ejemplo, a que pese a estar en condiciones de rebajar las tarifas, las subiera para que volcara más dinero a Rentas Generales con vistas a reducir este déficit. Ergo, para el ciudadano común hay una repercusión directa en el bolsillo, como así también para las empresas en general y a la vez es un factor que realimenta la inflación al incrementar costos, solo por mencionar un elemento conocido y sufrido por todos.
Pero vayamos ahora a las visiones técnicas de la problemática y el porqué de las cosas, que en resumen se define en que el Estado gasta más de lo que recauda. Está claro que a base del problema está en decisiones de gobierno acompañadas de problemas estructurales, donde se han priorizado políticas populistas que no tienen sustento en la idea de que el dinero va a salir de algún lado, algo en lo que ciertamente tienen razón; ese “lado” será los bolsillos de los contribuyentes, de los actores privados que crean la riqueza, porque el Estado no produce, sino que sólo administra –generalmente mal– lo que sale del trabajo de los sectores reales de la economía.
El economista Javier de Haedo, al analizar desde el punto de vista de los datos fríos el tema, indica que los datos fiscales de 2017 tuvieron una pequeña corrección y ahora, según el Ministerio de Economía y finanzas (MEF), muestran un déficit de 3,6% del Producto Bruto Interno (PBI), cercano a los U$S 2.000 millones (esto último, por cuarto año consecutivo).
En su columna de El País, considera que “si bien esas cifras todavía registrarán ajustes menores, lo mismo que la estimación del PBI, podemos darlas por definitivas. En el año pasado, entonces, hubo una leve mejoría fiscal, ya que en 2016 el déficit había sumado 3,9% del PBI. La mejoría se debió al aumento de impuestos vigente desde el inicio del año, estimado en su momento en 0,9% del producto y que ahora sabemos que sólo por la vía del IRPF y el IASS allegó 0,6% del PBI a la DGI”.
“Naturalmente, si la mejora fue de alrededor de un tercio del aumento impositivo, el mayor gasto se llevó los otros dos tercios del ajuste fiscal. Además de llevarse todo el aumento endógeno de la recaudación, por el aumento del PBI (del orden de 3%) al que está ligada prácticamente uno a uno”.
Es decir que el esfuerzo adicional que se impone a los uruguayos por el ajuste no ha alcanzado para reducir la brecha entre lo que se gasta y lo que se recauda, sino que encima en el período se han quedado cortos aún con la plata extra que se recaudó.
“Y es allí en definitiva donde está el problema fiscal: el gasto sube imparable y conduce a que reiterados mini ajustes fiscales apenas den para mantener casi estable el déficit fiscal”, razona al respecto Javier de Haedo, con una conclusión indiscutible.
Amplió que el gasto sube lisa y llanamente cuando hay gastos que el ministro Danilo Astori llama “endógenos”, y que dadas las normas que los rigen suben “solos”; y otros gastos que suben en la medida en que nuevas decisiones presupuestales los hagan subir.
Expuso ejemplos de unos y otros, con lo sucedido en enero con las remuneraciones en el Gobierno Central. “El aumento estimado por el INE fue de 8,03% mientras que el aumento general, por indexación al IPC, fue de 6,55%. La diferencia, de 1,39% en el promedio de las remuneraciones, es resultado de aumentos específicos para algunos funcionarios públicos, no para todos ellos. En términos del lenguaje del ministro, el 6,55% sería endógeno y el 1,39% no, sino voluntario por parte del Gobierno”, subrayó.
Fundamentó que “ahora bien, la regla de indexación que vuelve endógenos a los salarios es también una decisión voluntaria del Gobierno, que podría no haberla establecido y que puede dejarla sin efecto. Tampoco es endógena la cantidad de funcionarios públicos. O sea, como se ve, la endogeneidad tiene más que ver con el carácter de los gobernantes y su voluntad y capacidad de tomar decisiones, que con el destino”.
En la misma línea el economista Isaac Alfie, exministro de Economía del gobierno de Jorge Batlle, evaluó que conocidas las cifras de ejecución de caja del sector público de enero pasado, se cierra el primer año de “caja completa” del ajuste fiscal implementado en enero 2017 (caja febrero 17), y las cifras oficiales indican que el déficit fiscal es de 3,7% del PBI, en tanto un año atrás (enero 2017) aquel ascendía a 3,6%.
“Ahora bien, esta cifra debemos corregirla por tres factores: i) el resultado del BSE, ii) la variación en el stock de petróleo de Ancap y, iii) la variación de la deuda flotante (3). Realizadas las correcciones nos encontramos que en ambos casos (enero 17 y 18), el déficit es de 4% del PBI, es decir, nada cambió y todo el aumento de ingresos fue gastado o, si se quiere ver de otra manera, de no haberse hecho el ajuste fiscal el déficit rondaría el 5% del PBI. Con aumento de impuestos, explícitos e implícitos, de 1% del PBI y un nivel de actividad creciendo, el resultado neto bien medido permaneció inalterado. Las señales de alerta son claras”, observó el economista.
A tal grado se sufre la presión del Estado, que Alfie señala que “con tasas impositivas elevadísimas para nuestro nivel de ingreso per cápita, los que pagamos impuestos dejamos más de la mitad de nuestro ingreso bruto en las arcas del Estado, recibiendo muy poco a cambio, dada la deficiencia de los servicios públicos fundamentales, educación, salud, seguridad, infraestructura”.
Claramente seguimos pagando a precio de oro servicios deficientes, altamente burocratizados y con una estructura prácticamente impenetrable con estas reglas de juego. Y lo que es peor, sin salida a la vista, mientras el castillo de naipes se sigue armando apostando a que la mesa nunca se va a mover en medio de la tempestad, contrariando lo que reafirma una y otra vez la historia.