Los profesionales integrantes de la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU) realizaron una movilización frente a la Torre Ejecutiva, solicitando ser recibidos por el presidente Tabaré Vázquez. Munidos de pancartas alusivas a su reclamo, cortaron la circulación vial para manifestar y hacer lectura de una proclama cuando se realizaba el Consejo de Ministros en la sede de Presidencia.
La presidenta de la Asociación de Escribanos, Ana María Ramírez, leyó una proclama donde piden la postergación de la aplicación de los artículos 40 y 41 de la Ley de Inclusión Financiera, que regulan la compraventa de inmuebles y automotores. Regirán desde el 1º de abril y, según los escribanos, perjudican la transferencia de bienes. En Paysandú, los profesionales realizaron una asamblea donde se dio lectura a esa proclama, comentando los inconvenientes que, según ellos, pueden aparecer cuando entre en vigencia esta parte de la ley.
PERSPECTIVA SANDUCERA
Marynés Van Cranembrouck, presidenta de la filial local de la AEU, acompañada por las directivas Cristina Fumeaux y Carolina da Silva, dijeron a EL TELEGRAFO que “es un reclamo no contra la ley en sí, en el entendido de que somos profesionales del derecho y son leyes vigentes en el país y, como tales, las acatamos. Estamos en desacuerdo que entre en vigencia ahora cuando aún no se han dado las condiciones necesarias en la práctica para que se pueda ejecutar correctamente”.
Afirmaron que esas condiciones serían “las que tienen que ver con el sistema bancario, ya que siguen cerrándose sucursales del Banco de la República o bancos privados. En 2017, fueron 10 sucursales que se cerraron o fusionaron y en algunos lugares no hay buzoneras ni cajeros todas las horas del día o con topes limitados para extracción o funcionan mal”.
También señalaron que “el tope para manejar en efectivo es muy bajo, son 4.000 unidades indexadas, unos 5.000 dólares y pedimos que se eleve ese monto. Además, sigue siendo complicado abrir cuentas bancarias, no cualquier persona puede acceder y se le hace difícil a las personas justificar ingresos bien habidos, de toda la vida, pero aunque sean ahorros propios del trabajo deben justificarlos”. Consultada sobre si eso es cuando una familia tiene al día de hoy más de 150.000 pesos en su casa sin haberlos puesto en el banco, dijo que “sí, todavía hay gente que lo tiene en su casa, sobre todo en el medio rural”.
CAMBIOS EN LA LEY
En cuanto a la prórroga, las escribanas argumentan que “es para hacer cambios concretos que nos permitan dar solución a los problemas que va a plantear su instrumentación, mientras se instrumenten esos cambios”. Como eso requiere una acción parlamentaria, afirmaron que “hace cuatro años que que hemos intentado introducir los cambios técnicos que entendemos pertinentes. Algunos nos han escuchado y otros no”.
Aclararon que “nadie está en desacuerdo con que el efectivo deje de circular, por motivos de seguridad o para evitar lavado de activos, pero en la implementación práctica de esta ley se dan muchos casos que no tienen solución”.
De aplicarse estos dos artículos tal cual están redactados, dicen que “se va a registrar una quietud en principio hasta que se logre ver qué pasa. Habrá un enlentecimiento seguro hasta que se demuestre la acreditación del dinero de una cuenta a otra y en ese plazo nadie va a querer firmar (una escritura o título) si no recibe el dinero y nadie va a querer dar el dinero si no le firman”.
También les preocupa que, si hay errores u omisiones, “los escribanos nos vamos a ver sometidos a una sanción que, dependiendo de la situación planteada, puede llegar a la inhabilitación hasta por cuatro años del ejercicio de la profesión, además de una multa para las partes”.
