Una investigación en el semanario Búsqueda abrió nuevos flancos débiles y marcó nuevamente la agenda legislativa y judicial. La semana pasada publicó un informe donde detalló unas 400 compras efectuadas con las tarjetas corporativas de cuatro exintegrantes del directorio del Banco República (BROU), definidas por un documento oficial como “derogaciones ajenas a la función pública”.
Y así comenzó a arder esta pequeña Troya política que todos los días se preocupa por demostrar que “ellos eran iguales a nosotros” y no tanto aquello de “nosotros no somos como ellos”. Solo resta saber si el delito prescribió completamente. Lo cierto es que el período que se toma para ventilar nuevas miserias humanas con el uso del dinero público comprende a los años 2000-2005. Y allí aparecen los nombres de Daniel García Pintos y Carlos Rodríguez Labruna, exjerarcas en representación del Partido Nacional, y Milka Barbato y Daniel Cairo, del Partido Colorado.
Si bien el pedido de informes fue realizado por legisladores del Frente Amplio sobre el uso de las tarjetas entre 2000 y 2016, el documento se elaboró en octubre pero el semanario le dio vida y allí se dieron a conocer gastos en joyerías, bazares, supermercados, artículos para el hogar, licorerías y vestimenta, entre otros rubros.
García Pintos fue el director que realizó mayores compras (181 veces por más de U$S 12.000), seguido por Rodríguez Labruna (134 compras por más de U$S 6.200). Después, el escándalo se dilató con la confesión del exdirector nacionalista que usaba la tarjeta corporativa para financiar al partido.
Estos casos, que sirvieron para sacar el foco de atención de Raúl Sendic –entre otros asuntos– pusieron nuevamente sobre la mesa el uso de un instrumento que tiene décadas y que, por cierto, no tiene un punto de comparación con lo ocurrido en Ancap. Sin embargo, a raíz de los sucesivos escándalos, finalizó con un decreto del Poder Ejecutivo que determina que los jerarcas de la administración central deben rendir cuentas de sus viáticos destinados a misiones oficiales. Sin la exposición que tuvo en los medios, probablemente el mencionado decreto no existiría, porque no debería regularse por un trámite administrativo de un gobierno una situación que requiere estrictamente de comportamiento ético.
Ahora, el Directorio del Partido Nacional se encuentra abocado a una investigación administrativa y a la instalación del tema en la comisión de ética partidaria, bajo la promesa de “ser tan duros con García Pintos como lo hemos sido con Sendic y De León”, según el senador Luis Alberto Heber.
En una entrevista radial, García Pintos demostró la naturalización y discreción que existía en su momento sobre el uso de la tarjeta corporativa, pero desconocía la viralización y exposición que enfrentaría, a tal punto que su reacción no se hizo esperar. El exdirector anunció que devolverá “hasta el último vintén” y además renunciará al partido.
Casi en forma inmediata reaccionó el fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien remitió la grabación de la entrevista al fiscal especializado en Delitos Económicos, Enrique Rodríguez. Sin embargo, el asunto deberá atravesar las diversas dimensiones que exige la actual mirada de transformación política, con la actuación del comité de ética en el seno de los partidos, seguido por la definición de la Junta Anticorrupción y finalmente la importancia jurídica que le otorgue la Fiscalía General de la Nación.
En todo caso, así como le preocupa el financiamiento partidario entre 2000 y 2005, seguramente se conozcan más adelante los detalles sobre las pistas de un posible financiamiento ilegal del MPP y la Lista 711 en las elecciones pasadas.
Y en el mientras tanto, acudimos a declaraciones lapidarias más o menos correctas veinte años después, cuando en realidad fueron condenables desde siempre. Lo que pasa es que las generaciones cambiaron; exigen mucho más y la clase política no está acostumbrada a estas exigencias. Lo que sorprende es que hagamos noticias con hechos ocurridos hace 15 o 20 años, cuando el “laissez-faire, laissez-passeur” era moneda corriente, tanto como lo fue hasta hace unos meses.
La jugada de quienes sacaron estos temas a la luz es visible y apostaron a los cambios generacionales en el periodismo porque, de lo contrario, no se explica de otra manera que asistamos a los grandes titulares con protagonistas de hace décadas y que saben demasiado, pero no tuvieron en cuenta que deben estar alejados de los micrófonos tanto como puedan.
Y porque décadas de discreción dejaron mal visto el uso de una herramienta que puede destinarse a los viáticos, donde el resumen correspondiente a la tarjeta corporativa detallará con mayor transparencia los gastos efectuados durante el desempeño de un jerarca e incluso parlamentarios que salen del país. Sin embargo, hasta el momento, de un total de 37 organismos públicos que otorgan tarjetas institucionales, menos de la mitad regulan su uso y hasta ahora los cambios solo llegan a fuerza de investigaciones periodísticas, fuegos cruzados que se dirimen en los medios de comunicación o pacientes testimonios que se leen en libros editados por periodistas.
Parece que así funciona nuestro sistema, cuando en los despachos judiciales durmieron durante bastante tiempo otras investigaciones a las que no se dio el curso necesario o finalizaron sin procesamiento alguno.
Aquello de “son todos iguales” nos muestra el camino más cercano a la destrucción de un sistema partidario. El gran problema es que no se hacen responsables de esta mediocridad, más allá de las declaraciones de condena, y si aquellos que gobernaron antes como estos que se encuentran ahora hubieran transitado por el amargo camino de la autocrítica, no se destaparían viejas situaciones para transformarlas en nuevos escándalos.
Porque las estadísticas, entonces, no están equivocadas, entonces la ciudadanía descree de la clase política. Y el descreimiento es una grave enfermedad en la democracia.
Nuevas exigencias políticas a las que no están acostumbrados
