Otro día de paro

El primer paro parcial del año se hizo el 9 de enero para reflexionar contra la violencia basada en género y los casos de femicidio, criticado por algunas referentes de organizaciones sociales que solicitaban lo contrario. Con el trabajo de todos y el aporte voluntario del jornal correspondiente a ese día, se respaldaba mucho más las acciones de estos colectivos. Pero el mensaje ya estaba dado y así continuó el 8 de marzo, con la visibilización de las feministas que instaban a parar el mundo y, sin embargo, todo siguió su ritmo sin alteraciones.
Ahora para este 22 de marzo se anuncia un nuevo paro parcial, donde las reivindicaciones atraviesan por la vivienda, la negociación colectiva, el rechazo a la ley de riego, a la violencia de género y a cualquier tipo de violencia. Dentro de la vastedad de los temas planteados, cabe resaltar las reformas y mejoras implantadas en algunos de ellos, al tiempo que en otros pesan más de una década de dejar pasar, por lo que urgen algunas resoluciones.
Solo para recordar algunos puntos, señalemos que la ley de riego fue aprobada en el Parlamento con el respaldo de todos los partidos políticos y genera la posibilidad a los productores de asociarse para acceder al agua, la atracción de inversiones y el incremento de la producción agropecuaria. Desde los sindicatos se rechaza la iniciativa por privatizadora y contaminante a raíz de la construcción de embalses que sustenta la iniciativa, que además cuenta con la opinión negativa de los académicos consultados.
Pero, como dijimos más arriba, la ley se aprobó gracias a los votos de todos los partidos con representación parlamentaria, es decir que contó con la aprobación oficialista que hoy está preocupada porque las organizaciones “aliadas” como los sindicatos y otros, se encuentran en la vereda de enfrente. Mientras se recogen firmas para habilitar a un referéndum que derogue la iniciativa, el Frente Amplio busca instancias de negociación y la reglamentación que tranquilice a los marchantes, porque el agua es de todos.
Paralelamente, algunos sectores –como los maestros– reclaman la negociación colectiva y toman como experiencia lo ocurrido el año pasado, cuando fueron llamados a negociar con 10 días de plazo y sin tiempo para estudiar las propuestas. La plataforma incluye una mejor distribución de la riqueza que no se logró en la década ganada, con mejores guarismos regionales y con un gobierno con mayorías parlamentarias y afín a las clases populares. En todo caso, las variables de ajuste de la economía permanecen trabadas en los salarios y el empleo, a pesar de las diversas coyunturas por las que atravesó el progresismo. A esto se suma el repudio a la violencia de género y todo tipo de violencia, que supone también hablar de la inseguridad ciudadana, con un debate no saldado y que pesa sobre los protagonistas de los hechos, quienes también son trabajadores. Pero esa definición no aparece en las plataformas porque aún cuesta instalar el tema desde las organizaciones sociales porque la delincuencia –que también ocasiona “todo tipo de violencia”– recrudece en las estadísticas y en la realidad.
Se exige “más y mejor salud” en un país que transitó por una reforma que no dio sus frutos. De lo contrario no se encaminaría hacia una segunda reforma, donde el eje de discusión debería centrarse en la transparencia de los servicios para evitar los negociados y largas esperas en consultas con especialistas que solo determinan la permanencia de una salud para ricos y pobres.
Y esto es tan visible como el incremento sostenido de las consultas privadas de sanduceros hacia clínicas ubicadas en el litoral argentino, cuando en Uruguay los organismos afectados a la atención de la salud, la educación y la seguridad interior han recibido recursos como nunca antes.
Los sindicatos reconocen que en los últimos años se han adoptado decisiones de espaldas a los trabajadores que afectan las condiciones de trabajo y las últimas se sellaron con la regulación de las ocupaciones en UPM. Algo que ni por asomo, un gremio –cualquiera sea– le hubiera permitido a un partido opositor a sus intereses en el gobierno. Sin embargo, se regularon los piquetes y ocupaciones, porque de lo contrario, los finlandeses no construirían la megaplanta en el país.
Ese “protocolo de prevención y solución de conflictos” se negoció con el gobierno, las cámaras empresariales y los sindicatos porque era una asunto clave para la multinacional. En esa ocasión –como en otras, pero solo citamos un ejemplo– la “derecha rancia” no fue la que obligó a acordar aspectos que conformaron largas negociaciones y discusiones. Es que si hay algo difícil de sostener es la coherencia y ganarle a un archivo que aún está fresco. Porque cuando señalan que se asisten a diversas medidas que adoptan sectores opuestos a los intereses de los trabajadores y las grandes mayorías, deberían recordar las condiciones laborales de operarios pertenecientes a distintos segmentos productivos, fundamentalmente algunas ramas de los asalariados rurales, que han presentado reclamos que se diluyen cuando llegan al ejecutivo. Y esto debería saberlo el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, porque antes de formar parte de un gobierno fue dirigente sindical en el sector maderero.
Hoy resulta más fácil apuntar a los “sectores” que “se oponen a las conquistas obtenidas”. Sin embargo, se debería dejar claro de quiénes se trata, porque hay resoluciones adoptadas en forma conjunta por una fuerza social y sindical que ayudó a conformar el gobierno. De hecho, hay sindicalistas que actuaron de parlamentarios y cuando salieron de su banca retornaron a la sede de la calle Jackson. Por lo tanto, no es temerario creer que hoy todo es lo mismo.
Porque planteadas así las cosas, las alternativas se diluyen y un paro vuelve a ser el lugar de protagonismo de los dirigentes que ese día retornarán a las pantallas y hablarán al mismo tiempo en todos los canales.
Porque ese día, que no resolverá el faltante de caja y el escaso espacio que le queda al gobierno para negociar, habrá provocado incomodidades a unos trabajadores a causa de otros trabajadores. En cualquiera de los casos, con el legítimo derecho de parar o no hacerlo porque así lo define la Constitución de la República, hecha por “estancieros”, según recordaba el expresidente José Mujica. Por eso, nuevamente será un día para unos pocos, los de siempre. Mientras los argumentos serán iguales, los de siempre.