(Por Daniel Hardy Coll) En el marco del seminario “Impactos y análisis de plaguicidas en humanos en Uruguay” que tuvo lugar en la sala de conferencias del Palacio Legislativo el pasado viernes, organizado por el Núcleo Interdisciplinario Colectivo TÁ de la Universidad de la República, con el auspicio de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, la primera alerta se dio en la mesa inaugural, donde participaron académicos nacionales. Entre ellos, el Ing. Agr. Dr. Pedro Mondino, director del departamento de Protección Vegetal de la facultad de Agronomía de la UdelaR, que dejó deslizar en su comentario que en “Uruguay se estaban usando en forma temeraria e ilegal plaguicidas”.
Una vez concluida la exposición de este primer panel en la mañana, EL TELEGRAFO entrevistó al Dr. Pedro Mondino para conocer el alcance de su denuncia ante un público estimado en más de cien personas, entre las que se encontraban la senadora nacionalista Carol Aviaga, la directora del CIAT, Dra. Amalia Laborde, el Dr. Juan Faroppa del Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y el Lic. Pablo Galeano del Colectivo TÁ, además de los invitados extranjeros.
Ante la pregunta de por qué sentenció en su exposición que se están usando plaguicidas en forma ilegal y temeraria, Mondino respondió en forma directa y tajante: “Lo afirmé porque el registro de plaguicidas en el Uruguay está en manos de las empresas y se realiza siguiendo una lógica comercial”.
Para Mondino las empresas “tienen interés en registrar sus plaguicidas para aquellos cultivos y plagas de importancia donde tienen mucho mercado para vender, y muchos productores en comprarlos para cultivos extensivos y grandes extensiones, pero no tienen interés en registrar plaguicidas para cultivos menores que son los de las lechugas, espinacas, acelgas, apio, etcétera, lo que llega a nuestras casas todos los días para comer”.
Como consecuencia de esto, para estos cultivos menores, “cuando un profesional va a asesorar a algún productor que sufre de plagas, se encuentra que no hay nada registrado. Y no se puede aplicar nada. En la práctica los productores aplican igual plaguicidas que son para la soja y lo aplican en el apio, la lechuga, la espinaca, etcétera; eso implica un uso temerario y es ilegal, porque todo uso diferente al que marca la etiqueta es ilegal, y temerario porque se hace sin tener la mínima e indispensable información”.
El director agregó que “si en la etiqueta no dice para uso de apio no lo puedo aplicar al apio, no me va a decir qué dosis y concentración debo usar, no voy a encontrar el tiempo de espera que debo respetar para que no haya residuos sobre el apio que van a cosechar y vamos a consumir y ahí quedan los residuos”, aseveró.
Mondino indicó que “la Intendencia de Montevideo hace algunos análisis, pero éstos han disminuido mucho, y no existe aún un sistema nacional de análisis de residuos, que proteja a la población”. El investigador es coautor -junto a la Dra. Mabel Burguer que fuera por 30 años directora del CIAT y el Dr. Prof. Posse que sigue estando en dicho departamento de toxicología de la facultad de Medicina- de un reconocido libro sobre plaguicidas, salud y ambiente.
ESTUDIOS
Por otra parte el licenciado Nicolás Rodríguez, de la facultad de Psicología del Polo de Salud Comunitaria del Cenur Paysandú, informó qué comenzarán a realizar un trabajo especial con los vecinos de Guichón, similar al ya concluido en Young.
La Dra. Amalia Laborde, directora del CIAT (Centro de Información y Atención Toxicológica), cátedra de Medicina que recepciona en el Hospital de Clínicas todas las denuncias del sistema de salud que se hacen, explicó que en Uruguay se están usando por lo menos 230 principios activos, pero “hay un gran porcentaje de ellos de los que no tenemos información científica médica alguna y nos invade la incertidumbre y la necesidad de avanzar en el conocimiento científico para determinar la incidencia de los plaguicidas en la salud de la sociedad”.
Según la profesional estos compuestos “están relacionados con los altos índices de diabetes, de alteraciones reproductivas y en el trastorno del crecimiento y desarrollo de los niños, pero necesitamos saber más”. Señaló además que por año se ven alrededor de 260 casos de intoxicación aguda por el mal uso de los agroquímicos, por accidentes, en intentos de suicidios y por otras causas.
En la mesa de académicos regionales participaron por Brasil, el Dr. Wanderlai Pignati de Abrasco-Instituto de Salud Colectiva de la Universidad Federal de Mato Grosso, el Dr. Damián Marino del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente de la Universidad de La Plata e investigador adjunto del Conicet de Argentina, y el Dr. Damián Verzeñassi, del Instituto de Salud Socioambiental de la facultad de Ciencias Médicas de Rosario.
Expuso por el MSP la Dra. Carmen Ciganda, asesora en políticas de salud ambiente y trabajo, en tanto que el director de la Dinama, Alejandro Nario, tuvo una fugaz participación.
Ciganda precisó que se debe formar mejor a los médicos del Interior para atender las intoxicaciones por plaguicidas, e informó que llevan aplicadas cinco multas a productores rurales –aunque solo dos pagaron las 1.000 UR– y aplicadores con sus respectivos pases a la justicia penal.
Agregó que entre las enfermedades crónicas que padecemos los uruguayos, no vinculadas con las transmisibles ya conocidas, hay un nexo entre el uso de plaguicidas y otros químicos, como el mercurio y el plomo, con la hipertensión, el cáncer, las patologías endócrinas y respiratorias. Asimismo citó que por el decreto actualizado 41/2012 es obligatorio el reporte de intoxicaciones por plaguicidas.
AGUA
Sobre la calidad del agua la asesora del ministro de Salud, Jorge Basso, dejó dudas. Primero explicó que la normativa que se usaba era antigua, del año 1994, por la que sólo se controlaban 29 elementos posibles con máximos de 50 microgramos: “era un chiste”, añadió. “Por lo tanto según la OMS adecuamos los controles por decreto 375/2011 pasando a verificar 112 parámetros en donde se muestrean 27 plaguicidas, que tienen nombre y apellido”, sentenció.
Pese a continuos desmentidos del MGAP, dijo que “no implica que no exista aún endosulfán, porque es un elemento persistente y en una investigación que realizamos entre 2008 y 2009 nos encontramos todos los COP en la leche materna de las mujeres estudiadas. Ahora estamos haciendo otro relevamiento desde el año pasado para actualizar el estado de situación”.
El Dr. Damián Verzeñassi, de Rosario, estuvo a cargo de la clausura de una jornada que insumió unas diez horas de exposiciones. Reconocido por sus estudios y enfrentamientos con las corporaciones aseveró que “este modelo nos está enfermando y matando, ¿qué le estamos dejando a nuestros nietos y a los nietos de nuestros nietos si seguimos aplicando plaguicidas, en un callejón sin salida en la República Sojera del Mercosur?”
Verzeñassi demostró cómo, por ejemplo, el imidacloprid, que fue prohibido en Europa porque mata a los polinizadores y sin polinización no hay vida, se vende aquí en la región. También confirmó la vinculación de otros plaguicidas que se usan con la hipertensión, el hipotiroidismo, la diabetes, el Linfoma de Hopkins, los abortos espontáneos, el autismo, las enfermedades endócrinas y respiratorias y las malformaciones. Habló del clorpirifós, de la cipermetrina, del calcio, del mancozeb, del 2-4D y tantos otros.
Estudios realizados por sus equipos en 27 localidades de cuatro provincias sojeras (Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos) demostraron tras haber entrevistado al 65,3% de los residentes (105.490 en un total de 161.547) que, mientras la media nacional de casos de cáncer en Argentina es de 217 nuevos casos por año cada 100 mil habitantes, en estas ciudades y pueblos es de 397,4.
MODELOS
El catedrático brasilero Wanderlei Pignati, de Mato Grosso, alertó en la exposición de sus investigaciones científicas que los cauces de los ríos Paraná y Uruguay están contaminados, y afirmó que en la localidad de Uruguaiana y adyacencias, la soja está al tope.
Marino también se refirió a dos contaminaciones silenciosas de la cual se sabe poco y hay que indagar: una es la contaminación del aire y otra la presencia de glifosato hasta en el agua de la lluvia por evaporación. Para él existen otros modelos productivos que habría que intensificar, pero sabe que toda confrontación con el agronegocio es “un fracaso”. Explicó cómo detectan ellos en la Universidad de La Plata la presencia o no de glifosato en los escolares. “Usamos sólo algo tan sencillo como un hisopo y un microscopio con los elementos debidos de análisis”, pero en Uruguay, “seguimos investigando” como lo manifestó la Dra. Ciganda.
