Se lanzó “Abril, mes de los cuidados”, con la predisposición de abarcar a una mayor cantidad de niños, discapacitados y adultos mayores. En el lanzamiento efectuado por integrantes del Poder Ejecutivo, se enfocaron en las nuevas capacitaciones, tecnicaturas y oficios relacionados a estos segmentos de población, bajo la inspección que garantice una correcta formación tanto en los lugares de atención a la primera infancia, como a los residenciales de adultos mayores. Es decir, una población vulnerable que requiere atención.
Hasta ahí, todo bien. Sin embargo, la asistencia a la salud mental es el gran debe que atraviesa a la población y de no ser por las investigadoras o denuncias presentadas por algunos familiares, es probable que no supiéramos de los ataques de jaurías a pacientes asilados o las irregularidades constatadas con las compras de electrodomésticos efectuadas por funcionarios con dinero de los pacientes de las Colonia Etchepare y Santín Carlos Rossi.
Más allá que sea un colectivo vulnerado, vulnerable e invisible, los hechos repetidos dan cuenta de la falta de voluntad para solucionar un problema que sostiene un trasfondo más amplio. Y aunque no voten ni muevan la aguja de las decisiones políticas o las declaraciones “correctas”, también son sujetos de derecho. En todo caso, es un ataque a los derechos humanos la falta de atención y abuso que soportan, mientras el discurso –obviamente– va para otro lado.
Y aunque esto “siempre sucedió”, sí resulta extraño que bajo las arengas enfocadas desde una perspectiva de los derechos, los abusos se repitan sin mayores consecuencias.
A raíz de la exposición pública que tuvo el caso de un paciente que murió tras ser atacado por perros en 2015, las autoridades retiraron a más de 80 canes del lugar. En esos momentos se supo que las jaurías se componían de al menos de un centenar de perros casi salvajes que acosaban a los pacientes y funcionarios de las colonias que dependen de ASSE. Es claro, también, que los perros no aparecen allí por generación espontánea, sino por residentes de la zona que van a tirar allí las camadas de cachorros que después ingresan a los predios con los resultados a la vista.
La cantidad de canes disminuyó, pero no a fuerza de los controles, sino por la misión mediática que últimamente tienen los distintos dispositivos y, a pesar de todo, se reiteran los episodios de mordeduras a los pacientes.
Paralelamente se supo que la última auditoría interna ordenada por ASSE en 2015, confirmó que se adquirieron electrodomésticos para los espacios comunes, tales como heladeras, lavarropas y un televisor de 42 pulgadas con plata de los pacientes. Y las órdenes fueron autorizadas por las direcciones de las colonias, aunque la auditoría recomendaba que no se hiciera la compra de esa manera.
Desde entonces, es decir hace tres años, nunca se efectivizó una investigación administrativa que deslindara las responsabilidades. Ya que tanto hablamos de abuso, esto es fácilmente constatable porque hay descuentos en las pensiones de los pacientes, en algunos casos ya fallecidos. Pero más obscena resultó la argumentación que brindó una adjunta a la dirección de una colonia, cuando señaló que la compra “está bien” porque ella en su casa no compraba un televisor para verlo sola.
La nueva Ley de Salud Mental prevé el cierre de los centros en 2025, pero estamos en 2018 y en los próximos siete años la realidad parece que no cambiará. La crisis en la asistencia a la salud mental no se ve y en el panorama de atención a las poblaciones vulnerables, se pone la mira en otros colectivos.
El encierro y la desintegración social son cuestiones que deberá resolver la nueva legislación, sin embargo, no hemos transitado el camino de transformaciones paulatinas hasta llegar a la desmanicomialización.
El artículo 6 de la Ley 19.529 señala que un usuario de los servicios de salud mental tiene derecho a ser tratado “con el respeto debido a la dignidad de todo ser humano” y enumera sus derechos aplicados a la atención de la salud mental. El asunto no resuelto es el día después del cierre y las cuestiones vinculadas a la atención especializada en otro ámbito y el relacionamiento con el resto de la comunidad.
Y no será una patología que afectará a un grupo cada vez más reducido de personas, sino todo lo contrario. El creciente uso de sustancias y psicofármacos, además de la dependencia en exceso de medicamentos, ampliará el espectro de atención y enfoque de una enfermedad que aún se subestima. De hecho, los suicidios e intentos de autoeliminación no están vinculados a enfermedades mentales, cuando en realidad, la depresión tuvo el tiempo necesario para socavar el alma humana, mientras la sociedad miraba para otro lado.
Y aunque se atienda la consulta inmediata y se brinde orientación a través de diversas herramientas, la continuidad de los tratamientos y la rehabilitación de las personas no son el fuerte en el sistema de atención de la salud. Mucho menos en la salud mental.
Ocultar los casos que ocurren dentro de las familias y naturalizar comportamientos no sirven ni aportan a la causa que implica un mejor diagnóstico y tratamiento con celeridad. En ocasiones se llega demasiado tarde y como no existen lugares de tránsito, generalmente el paciente debe volver al mismo entorno. A partir de allí, se sabe que caerá en otra crisis, para salir y volver, hasta tornarse en un comportamiento cíclico pero sin recuperación.
A pesar del creciente uso de psicotrópicos, alcohol y drogas, además de las patologías congénitas, no existen proyectos de centros de rehabilitación o “casas de medio camino” para el tratamiento de los problemas mentales. Pero para eso hace falta el consenso interinstitucional y de amplia participación para lograr un fin terapéutico, enfocado en buena gestión y financiación.
Es probable también que no se haya encarado una fuerte política al respecto porque no es fácil su tratamiento y resolución. En todo caso, estamos hablando de un área que requiere de una amplia capacitación y una mayor dosis de compromiso, pero alguien tendrá que empezar más temprano que tarde.