Con Lula en la cárcel se desmoronan las aspiraciones del Partido de los Trabajadores de llegar al gobierno en una próxima instancia electoral, con la excepción de que la corte suprema de Brasil modifique esta semana la norma que autoriza a encarcelar personas condenadas en segunda instancia, si aún disponen de otros recursos judiciales. Uno de ellos es un pedido de habeas corpus, que fuera rechazado el viernes pasado por el juez Sergio Moro, pero la defensa mantiene su intención de apelar ante el Supremo Tribunal Federal. La otra es un recurso de queja que se presentara luego que el juez Edson Fachin, quien fue el relator del caso Lula ante el Supremo Tribunal, rechazara el sábado una solicitud similar.
Los asesores legales de Lula sostienen que Fachin decidió contra la jurisprudencia del máximo tribunal federal y desde ese punto de vista la detención en segunda instancia no puede ser automática, sino bajo una justificación especial. Este último recurso será analizado por un subgrupo de once magistrados que integran el cuerpo de la corte en el supremo tribunal y donde se hallan ministros con visiones más cercanas a la defensa.
Como sea, si se incluye esta postura en el debate sería liberado. En caso contrario, permanecerá en la cárcel de Curitiba. El favorito en las intenciones de voto en Brasil –tiene un 40% a favor– está preso por el caso “Lava Jato”, el escándalo de corrupción más grande en la historia de su país, donde el monto de los sobornos manejados con funcionarios de Petrobras asciende a dos mil millones. Solo si se toman en cuenta los desvíos de recursos y el encarecimiento de las obras, esa cifra trepa a trece mil millones de dólares. En lo que va de la investigación, acusaron a 260 personas, con consecuencias políticas insospechadas, hasta tocar a la expresidenta Dilma Rousseff, en medio de una profunda crisis política y el encarcelamiento de Lula.
En este último caso, se enfrenta a una figura política que acumuló gran poder en los últimos tiempos, por tanto su situación generó implicancias y debates ideológicos a nivel continental, con consecuencias para Brasil que se apreciarán en los próximos años. Incluso en América Latina, donde Odebrecht dejó un campo minado, cuyas bombas explotan cada tanto en algún país y ruedan cabezas a granel. El último ejemplo es Perú, pero sin dudas que no será el final.
Era impensable, hasta hace unos años en una América del Sur progresista, que una figura de su talla resultara encarcelado, pero representa también el trabajo de investigación más grande efectuado por el sistema judicial, con jueces puestos por el líder del Partido de los Trabajadores. Ni la élite política o empresarial quedaron fuera del bochorno a gran escala, dado por el tamaño de los sobornos que implicó. Sin embargo, deja un impacto positivo dentro y fuera de fronteras, porque al igual que en el vecino norteño, Uruguay se encuentra en un camino de investigación y debate interno sobre las cuestiones éticas que atañen al comportamiento de nuestros políticos.
En el caso de Brasil, los resultados llegaron con las transformaciones jurídicas y no de otra manera. Con la delación premiada, los delincuentes delataron a sus cómplices y eso permitió destapar varias ollas. Habilitó además, a que los jueces y los integrantes de la Policía Federal no sean tan dependientes del espectro político y, por esa razón, los resultados no demoraron. Brasil apuntó a reformas constitucionales antes que a iniciativas regionales, y eso explica las razones de tanta gente poderosa distribuida por las cárceles. El gigante norteño ha dejado una lección clara y es que ningún hombre, incluso Lula, puede estar por encima de la ley.
En Uruguay, como en otras partes de América, el caso tiene detractores y defensores. Sin embargo, el canciller Rodolfo Nin Novoa anunció en una conferencia de prensa efectuada en el Salón Rojo de la Intendencia de Paysandú, que el gobierno uruguayo no emitirá un a opinión oficial sobre el caso. El oficialismo percibe que estas consecuencias solo atañen a la justicia brasileña y “de ninguna manera podríamos cometer el suicidio de tener malas relaciones con un país hermano”. O dicho de otra manera: no podemos tener malas relaciones con el segundo destino de las exportaciones uruguayas, detrás de China.
Hacia la interna de la fuerza política, esta postura es compartida por el astorismo. De hecho su representante en la Mesa Política del Frente Amplio, la senadora Daniela Paysée, se retiró antes de la votación de una moción de apoyo al expresidente. El Pit Cnt, en manos de la izquierda radical por su lado, convocó hoy a las 18, a una concentración frente la embajada de Brasil y sostiene que hasta el momento no hay demostración alguna de la existencia de un delito cometido por Lula. En medio de estos cuestionamientos, la central sindical asegura que los procesos demócraticos “se ven amenazados” con el avance de “instituciones antidemocráticas”.
Solo para comparar las diferencia de criterios, mientras tanto en Venezuela los argumentos de la defensa del líder opositor Leopoldo López son irrelevantes porque será liberado cuando así lo decida el presidente Nicolás Maduro. El preso político de Ramo Verde no tuvo las garantías procesales que exige cualquier democracia y, sin recibir sentencia, permanece encarcelado desde hace cuatro años bajo el argumento de instigar a un derrocamiento violento del gobierno chavista, durante protestas callejeras. Las impugnaciones presentadas no obtuvieron respuestas y una clemencia en estas circunstancias es prácticamente imposible. Culpable o no culpable, no tuvo las mismas instancias y posibilidades judiciales que Da Silva. Ni tampoco las mismas simpatías regionales. Por eso, no es posible la injerencia en temas políticos de otros países, porque más temprano que tarde serán sus propios ciudadanos quienes juzguen las conductas de sus líderes. De hecho, nos pasa en Uruguay, con situaciones mucho menos complejas, que tienen la visibilidad necesaria ante la actuación judicial, a raíz de investigaciones parlamentarias.
Así funcionan los estados de Derecho, mal que le pese a quienes no pueden quitarse la camiseta y miden todo por el coste político, al tiempo que rinden pleitesía a uno u otro, cuando en realidad las cosas no se miden solo por las simpatías.
No es una cuestión de simpatía política
