Un total de cuarenta y cinco funcionarios de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) se adhirieron al paro parcial de actividades concretado en la víspera, entre las 7 y 10 horas, y la posterior asamblea.
Debido a la lluvia, la misma se llevó a cabo dentro de las instalaciones del edificio administrativo de la CARU, lo que posteriormente motivó que se les indicara que “la próxima vez teníamos que avisar de antemano para usar las instalaciones”, dijo uno de los participantes.
Como fuera informado en la edición de la víspera, la medida de fuerza fue tomada en rechazo a la decisión de la comisión binacional de no renovar el contrato de trabajo a Verónica Fernández y Camila Bastián.
En la parte culminante de la asamblea redactaron y firmaron un acta que fue entregada a los dos presidentes y a la coordinadora sindical, nexo entre los sindicatos argentino y uruguayo, que “en esta oportunidad no participaron de la movilización, porque hubo diferencias entre la postura de uno y la del otro”.
En el acta, los funcionarios de CARU ratificaron “nuestro apoyo al reclamo de las compañeras Verónica Fernández y Camila Bastián, respecto de mantener su fuente de trabajo”.
Solicitaron “como asamblea de CARU la continuidad laboral y el pase a planta permanente de las compañeras”.
Asimismo, expresaron la defensa del “derecho de opinión, la libre expresión y el derecho a manifestarse, en este ámbito, a favor de los funcionarios de CARU”.
Este último aspecto dejó en evidencia, lo que el vocero calificó como “total falta experiencia tanto de los funcionarios como de la gerencia en paros, porque nunca se había hecho uno. Entonces, no se sabe si se va a descontar o no. Por eso pedimos tener la posibilidad de expresarnos como podemos, deteniendo las actividades para llamar la atención sobre lo que ocurre”.
Los funcionarios, además, “entendimos que por el momento no es la mayor prioridad la formación de un sindicato de administrativos. Lo que pedimos es la reincorporación de las compañeras. Tienen una actuación impecable”. Además decidieron “mantenernos en régimen de asamblea permanente, esperando la respuesta del petitorio para determinar luego si es necesario tomar otras medidas o no”.
