La gestión que lleva adelante el Gobierno nacional para facilitar el acceso a la vivienda fue motivo de exposición del edil frenteamplista Washington Gallardo. Tras cuestionar la tarea que desarrollaron gobiernos “neoliberales” en materia de políticas sociales y vivienda antes que llegara al poder el Frente Amplio, el edil subrayó que “el compromiso con el acceso a la vivienda ha sido significativo en los últimos 13 años”. Consideró además que los gobiernos progresistas en Uruguay han llevado adelante políticas sociales de fuerte impacto.
Gallardo enfatizó que se vienen aplicando programas “que permitieron alcanzar el techo propio a distintos sectores de la sociedad, quienes hacía décadas estaban postergados, acumulando solo miserias humanas. Los programas de acceso a la vivienda son inclusivos y en algunos casos no registran antecedentes en la historia del país. Uno de ellos es el referido a la entrega de apartamentos a mujeres discapacitadas con hijos a cargo. Se trata de viviendas totalmente equipadas y gestionadas por el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) del Ministerio de Desarrollo Social, que se otorgan a personas con vulnerabilidad social”.
Asimismo, “en el marco de los planes integrales, de proyectos locales, la Comisión Honoraria de Erradicación de la Vivienda Insalubre Rural (Mevir) desarrolla una inversión distribuida en el tiempo por 18 millones de dólares, que se extenderá hasta el cierre del presente período de gobierno, es decir, en 2020. Los fondos son destinados para la construcción de 3.000 viviendas nuevas, 3.000 ampliaciones y refacciones de casas, y 2.000 conexiones de energía eléctrica, saneamiento y unidades productivas”.
En el caso del Instituto Nacional de Colonización (INC), el curul destacó que este organismo “también realiza de manera continua llamados para arrendamiento de tierra, lo que significa acceso a la tierra y a la vivienda. La cantidad de personas que se presentan cada año a estas convocatorias pasó, desde 2005, de 200 a 750. El Gobierno ejecuta el cronograma de cantidad de viviendas pautado para el presente año y tiene previsto terminar el quinquenio con 47.000 viviendas, llegando en los tres períodos de gobierno a las 150.000 soluciones habitacionales terminadas, además de 2.500 alquileres y 1.100 acciones terminadas por el programa de mejoramiento de barrios y 5.400 en ejecución”.
Acotó que la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), a través del Programa de Recuperación Urbana y Social, resolvió desde 2009 la situación jurídica de 13 estructuras edilicias, que posibilitó la construcción de 797 viviendas en todo el país. En algunos casos, fueron estructuras que quedaron inconclusas en la década del 80 y otras desde el 2000”. En tanto, el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización tiene una dotación anual de 200 millones de dólares, lo que implica concretar la meta de 88.000 intervenciones en el sistema urbano nacional”.
“El plan es un proceso que permite construir 23.500 viviendas con inversión pública y casi el 50% de las cuales se realizan por el sistema cooperativo”, precisó, y dijo que la política nacional de vivienda y hábitat se reconfiguró a partir de 2005, “sobre la base de recuperar algunas de las definiciones conceptuales contenidas en la Ley Nacional de Vivienda de 1968”.
Observó que “el proceso de reconfiguración implicó un diseño institucional innovador, que supuso la recuperación del Banco Hipotecario del Uruguay, que estaba literalmente fundido y no otorgaba créditos, siendo esa precisamente su misión”. Mencionó, finalmente, el importante papel del Fondo Nacional de Garantías de Alquileres, que hoy tiene más de 15.000 usuarios.
