Ajustan proyecto de seguridad en la frontera; militares al igual que policías pueden notificar al fiscal por detenciones

(EL PAIS)
El proyecto de ley que permite a las Fuerzas Armadas la realización de tareas de vigilancia y apoyo a los organismos con jurisdicción y competencia en la zona fronteriza (como la Dirección Nacional de Aduanas, el Ministerio del Interior, o el Ministerio de Ganadería) –remitido al Parlamento por el Poder Ejecutivo en marzo de este año– cuenta con el visto bueno de todos los partidos, aunque hay un detalle que estudian modificar en la Comisión de Defensa Nacional del Senado, previo a su votación y pase al plenario de la cámara alta. Tal como está redactado el proyecto, si realizan una detención de una persona sospechosa o que haya cometido un delito, “las Fuerzas Armadas deben comunicar de forma inmediata a la autoridad policial u organismo competente, según el caso”, lo que significa que, a priori, no podrán comunicarse directamente con la Fiscalía, que ahora dirige las investigaciones.
El senador nacionalista y presidente de la comisión de Defensa Nacional, Javier García, propuso que se modifique para que si un soldado detiene a una persona en, por ejemplo, un caso de contrabando, pueda notificar al fiscal directamente. En su forma original, ese soldado debería llamar a la Policía y que sea el policía el que se comunique con el sistema judicial. “Así como está planteado termina siendo auxiliar de la Policía, auxiliar de los auxiliares. Esto de tener que llamar a la Policía para que llame al fiscal, no evita lo que quiere evitar. Porque el fiscal o el juez van a llamar a la persona que actuó (el soldado)”, explicó el senador.
A raíz de ese cambio que se pretende realizar al proyecto, García convocó a la comisión al fiscal de Corte, Jorge Díaz, quien coincidió en que lo ideal sería aclarar que las Fuerzas Armadas pueden tener la potestad de ser auxiliares de la Justicia, como sucede con la Prefectura Nacional. El proyecto establece que en una zona de 20 kilómetros de ancho de la franja fronteriza, los militares podrán realizar tareas de patrullaje, identificación de personas y control de vehículos y detención en caso de delitos flagrantes.
Al igual que lo dicho por García, el fiscal de Corte explicó que en el caso de una detención de ese tipo, el nexo directo entre Fuerzas Armadas y Fiscalía “no podría eludirse” porque el fiscal tiene que hacer el llamado “control de legalidad de la detención”, es decir verificar que esa persona haya sido detenida con las debidas justificaciones y garantías, por lo que necesita la versión de los militares que lo detuvieron. “Hay que describir cuáles fueron las formas, quién lo detuvo, en qué lugar fue detenido, si la detención fuera en un caso de flagrancia. En caso de ir a juicio oral obviamente el testimonio de los funcionarios aprehensores es la principal prueba en los delitos flagrantes”, expresó el fiscal de Corte.

FISCALÍA PEDIRÁ INCREMENTO

(EFE)
El fiscal general de Uruguay, Jorge Díaz, aseguró que ese organismo pedirá al Gobierno un incremento de su presupuesto, en el marco de la Rendición de Cuentas, que reasignará los recursos del Estado para lo que resta del período (2020). El fiscal atribuyó el pedido al aumento de la carga laboral que generó el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que se puso en marcha en noviembre de 2017 y que supuso una reforma del Poder Judicial. “Si tenemos un 60% más de las cargas de trabajo que habíamos estimado, necesitamos reforzarlo (el presupuesto)”, argumentó. De esta manera, explicó que en noviembre y diciembre los resultados que obtuvo el nuevo CPP fueron “muy magros”, pero que en el primer trimestre de 2018 los números repuntaron.
“En enero comenzaron a subir y ya en marzo, abril y mayo llevamos un registro de más de 800 formalizaciones por mes, lo que totaliza prácticamente un 90% del mes de octubre de 2017”, señaló Díaz. Por esta razón, subrayó que el sistema se recompuso y que respecto a las formalizaciones de rapiñas y hurtos los resultados obtenidos en marzo, abril y mayo la cantidad también “fue superior a la de octubre de 2017”.

DEBATEN SOBRE ACCESIBILIDAD DE MONTEVIDEO

(EFE)
El Banco Mundial (BM) organizó una conferencia para debatir sobre los desafíos en materia de accesibilidad que presenta la capital uruguaya, en el marco de la candidatura conjunta para acoger el Mundial 2030 que lleva adelante junto a Argentina y Paraguay. El objetivo del evento fue reflexionar sobre la capacidad –en materia de accesibilidad– de Uruguay para acoger, eventualmente, este evento deportivo de escala mundial, según detalló a la prensa la representante del BM en el país, la argentina Matilde Bordón.
“Desde el BM consideramos que es una agenda muy importante y, aprovechando que estamos en un momento de Mundial, que eso nos ayude a reflexionar sobre si Montevideo está preparada o no para ser sede del Mundial 2030”, afirmó Bordón.
La representante del organismo internacional aseguró que la conferencia no fue sobre fútbol, sino que se aprovechó la candidatura conjunta del Mundial 2030 para “reflexionar sobre la situación de accesibilidad en Uruguay” de cara a esa fecha. El BM y la Fundación Astur, presidida por el exsecretario iberoamericano Enrique Iglesias, organizaron la actividad, que también contó con el testimonio de Gonzalo Lapachian, capitán de la selección uruguaya de fútbol de ciegos. Lapachian destacó en su exposición la importancia de que las ciudades cuenten con detalles como rampas estratégicamente posicionadas, baldosas guía, columnas que no obstruyan el paso y controles sobre los lugares en los que estacionan los autos, que ayudan a las personas con discapacidades.