(EL PAIS)
El proyecto de ley que apunta a desestimular el uso de bolsas plásticas a través del cobro por su uso y una reglamentación del tipo que pueden utilizarse en los comercios, es objeto de cuestionamientos desde sectores empresariales. La iniciativa tiene el respaldo de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), intendencias, y organizaciones como la Asociación Uruguaya de Industrias del Plástico (AUIP), la Asociación de Recicladores de Plásticos del Uruguay (ARPU), y Cambadu. Sin embargo, encontró resistencias en otro colectivo integrado por importadores, fabricantes y recicladores. El grupo aduce que la puesta en práctica de la ley propiciará la pérdida de 5.000 empleos (directos e indirectos) ya que se vería afectada su actividad.
La Comisión de Medio Ambiente del Senado recibió a una delegación empresarial, cuyos integrantes enfatizaron que la ley afectará a unos 5.000 trabajadores involucrados en la actividad. El director de Medio Ambiente, Alejandro Nario, rebatió el punto en su comparecencia ante la misma comisión, el 4 de julio. Aclaró que los números manejados en relación al impacto del reciclado en el sector “no son correctos o, por lo menos, no está bien manejada la información”.
“El sector clasificador del Uruguay básicamente utiliza polietileno y polipropileno como materiales, pero la parte proveniente de las bolsas no es su principal corriente ni es significativa. De hecho, no es usual ver a clasificadores recolectando bolsas”.
“Eso es lógico por el peso, porque vienen sucias y porque son complicadas de utilizar”, explicó el jerarca a los legisladores. Por otra parte, los impulsores del proyecto han señalado que la ley no impactaría en las empresas uruguayas ya que el 80% de las bolsas plásticas son importadas y solo el 20% es fabricado en el país. Mientras, quienes se oponen a la norma también vienen cuestionando el tipo de bolsa que se exige en el proyecto. La ley de bolsas plásticas busca desalentar su uso en el mercado. Se estima que al año se consumen 1.200 millones de unidades, “un número muy alto para la población que tenemos”, dijo Nario en mayo a El País. La iniciativa, explicó, se alinea con un proyecto más amplio como la ley de gestión integral de residuos. Esta versión del documento pasó nuevamente al Senado para su tratamiento.