El grupo UPM 2 No está conformado por varias organizaciones de la sociedad civil y grupos que coinciden en interpretar como inconveniente para el país la instalación de una nueva planta de celulosa en el río Negro y en las condiciones que están planteadas.
Una de estas organizaciones es el Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), que viene siguiendo “el tema de UPM y siguiendo lo poco que se sabía antes que saliera definitivamente el ‘contrato’ entre UPM y ROU, firmado por el Poder Ejecutivo”, dijo Ana Filippini, quien participó junto al economista Gustavo Melazzi en una charla informativa en Paysandú.
“Tratamos de divulgar lo más posible los diferentes aspectos vinculados, por ejemplo, con la parte jurídica. Hicimos una primera charla en el Palacio Legislativo, invitamos a juristas que pudieran hablar sobre la legalidad o la constitucionalidad de un acuerdo hecho en estos términos. Luego realizamos una charla para hacer un análisis ambiental de los impactos que podría llegar a tener este acuerdo; también hicimos una ronda de economistas. Siempre tratamos de incluir a algún integrante del Gobierno, no lo logramos en todos los casos, a pesar de que nosotros los invitamos”, señaló.
A partir de la creación de UPM 2 No, una de las primeras medidas fue elaborar, asesorados por un abogado integrante del grupo, una petición al Poder Ejecutivo en la que pedimos que se anule este contrato, que se rescinda. El contrato es todo malo menos una frase, un artículo, que dice que cualquiera de las partes puede rescindir el contrato en cualquier momento”, indicó.
Filippini adelantó a EL TELEGRAFO que la primera partida de estas peticiones, que se realizan a título individual, como está previsto en el artículo 30 de la Constitución de la República, se realizará el 24 de agosto. “A las 11 de la mañana, en Torre Ejecutiva, se entregarán de las primeras peticiones que ya tenemos firmadas. Cualquier persona puede firmar y adherir a lo que dice la petición, cuyo texto está disponible en la página de Facebook UPM 2 no”, señaló.
ARGUMENTOS
Por su parte, el economista Melazzi desarrolló los argumentos con los que el grupo se opone a la concreción de la fábrica de pasta de celulosa. “Son muchos, eso llama la atención, porque ante la pregunta central de si este proyecto de UPM 2 es positivo, si es beneficioso para el país o no, no se encuentra por dónde es beneficioso”, afirmó.
El experto comenzó puntualizando con respecto a la supuesta necesidad de radicar esta inversión en una nueva zona franca. “El argumento del Gobierno es que si no les adjudicamos una zona franca, es decir, que no pagan impuestos acá, no vienen. Sería bueno que explicaran por qué en Brasil les cobran hasta 30 y 33% de la ganancia como impuesto y siguen yendo a Brasil, que tiene los mismos costos de producción, un poco menos, que nosotros”, afirmó.
También cuestionó que el emprendimiento, “como dicen los estudiosos de economía, ‘multiplica la economía’, ‘genera esto’, ‘induce lo otro’, palabras que no aterrizamos a hechos concretos”, planteó. En tal sentido, afirmó que el país tiene la experiencia de las dos plantas de celulosa que ya existen, “hasta qué punto en las dos plantas se dio, se generó. La respuesta es que no se generó. Solamente hay una empresa importante dentro de la zona franca, que es Khemira, una trasnacional enorme, que viene permanentemente asociada con la industria de la celulosa. Le vende los productos químicos a Botnia UPM y a Montes del Plata”. (Más información en edición impresa)
