La onda expansiva de la bomba política que explotó en la AUF ya hace algunas semanas sigue haciendo estragos, y ahora volvió a salpicar al Ministerio del Interior, que indicó a la Asociación que se volcara por una empresa que daba un presupuesto sensiblemente superior a la que había sido elegida para la compra de las cámaras de identificación facial.
El Observador dio a conocer, tras el estudio de una serie de documentos, que la AUF y la consultora ITC, firma de Antel que asesoró a la hora de elegir a una empresa, eligieron en 2016 a la empresa Servinfo para la compra de las cámaras y el sistema informático que permitiría, por exigencia del Ministerio, la identificación de los hinchas con la finalidad de erradicar a los violentos.
Servinfo fue la empresa mejor evaluada, con una relación entre precio y calidad que conformó a la AUF y a la consultora. Servinfo realizó incluso una prueba satisfactoria en el Estadio Centenario.
Antes de las elecciones de la AUF se sacaron a relucir una serie de audios del a la postre renunciante presidente de la Asociación, Wilmar Valdez, en la que el dirigente establecía que había acomodo para la designación de la empresa a la que se contrataría. Y esa redirección venía por parte del Ministerio.
Rápidamente el Ministerio que lidera Eduardo Bonomi sacó a relucir un comunicado negando cualquier ingerencia.
Pero pocos días después quedó en evidencia, ya que El Observador publicó que hubo en su momento una reunión entre miembros de la consultora ITC y del Ministerio. Y éste dejó en claro que había que contratar los servicios de la empresa DDBA y no Servinfo, pese a que costaría nada menos que 173 mil dólares más.
Si bien seguramente la Justicia tomará cartas en el asunto, la primera consecuencia fue la convocatoria del subsecretario Jorge Vázquez al Parlamento.
La novela, según parece, no tiene fin.
