El Fondes cerró el ejercicio 2017 con un balance positivo, luego de años de pérdidas millonarias por poner dinero en emprendimientos que fueron a la quiebra. El objetivo inicial de este fondo, creado por el expresidente José Mujica, era la promoción de proyectos cooperativos que impulsaran la economía social y contribuyeran a la generación de empleos.
Pero a poco de andar comenzó a perder dinero, a raíz de las escasas previsiones adoptadas al momento de exigir las garantías necesarias para otorgar cifras millonarias en dólares. Como el argumento era la necesidad de de crear fuentes de empleo, el fondo se embarcaba en las iniciativas presentadas sin siquiera comprobar que un determinado rubro tenía una fecha de vencimiento ante la globalización que lo mataba, las maquinarias obsoletas y lo caro que se vuelve –siempre– producir en Uruguay con materias primas nacionales. Un ejemplo claro fue Tessamérica, pero hay otros más, como por ejemplo Alas U, que recibió una capitalización de 15 millones de dólares incobrables, para una propuesta que varios de los asistentes a su inauguración reconocían que iba a tener escaso vuelo. Tal como sucedió. Sin embargo, a pesar de la evidencia igual le extendieron el dinero requerido.
Desde hace tres años, el Fondes depende del Instituto Nacional de Cooperativismo (Inacoop), que preside el exdiputado socialista y también exdirigente bancario, Gustavo Bernini. Alguien conocedor de dicha operativa, sabía de antemano que tenía mucho trabajo por hacer con la depuración de los proyectos presentados sin capacidad de repago y un ordenamiento en la gestión. Actualmente, funcionan once empresas y ocho pagan sus cuotas o acordaron un plan de pago. Sin embargo, las solicitudes que se presentan para un financiamiento pasan por la Unidad Técnica y, tras los respectivos controles, se rechaza la mayoría.
Los extrabajadores de Metzen y Sena, conformados en una cooperativa, permanecen con la producción y están al día con los organismos públicos, pero no tienen capacidad de pago por 13 millones de dólares otorgados en préstamos. Los operarios de la antigua imprenta Pressur no pudieron afrontar el pago de 6 millones de dólares y está cerrada desde 2014, al tiempo que los trabajadores de la antigua Funsa y la metalúrgica Cotraydi pagan de acuerdo a la salida de su producción.
Envidrio no pagó 11,5 millones de dólares que recibió del Fondes y, por lo tanto, está impedido de la extensión de nuevos préstamos. Además, la justicia investigó supuestas irregularidades vinculadas al comercio exterior con Venezuela e irregularidades en la concesión de préstamos a través del Fondes, además de la influencia del diputado del MPP, Daniel Placeres, en dichos negocios. Sin embargo, el año pasado el legislador se amparó en sus fueros parlamentarios y no se presentó a declarar ante el Juzgado Especializado en Crimen Organizado.
La antigua Cristalerías del Uruguay está frenada desde octubre de 2016 y para volver a funcionar, en una segunda planta y con un horno nuevo, precisa una inversión millonaria. En diciembre del año pasado, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) aprobó un fondo rotatorio de 1,6 millones de dólares para la puesta en funcionamiento de la fábrica. El diputado nacionalista, Rodrigo Goñi, denunció un “préstamo encubierto” ante el Juzgado de Crimen Organizado en febrero pasado y solicitó que la investigación se anexara al expediente del Fondes y los emprendimientos que financió la administración Mujica. Los trabajadores, que están en seguro de paro, recibieron el préstamo a amortizar en 36 meses para retomar la operativa cuando se instale la nueva planta. A todo esto, el titular del Inefop, Eduardo Pereira, niega las acusaciones de Goñi y asegura que, tras estudiar con rigurosidad el planteamiento y recibir una minuta del Parlamento que exhorta a varios organismos públicos a apoyar la reactivación de la cooperativa, resolvieron el otorgamiento de los recursos solicitados.
Durante la comparecencia del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, a la comisión de Hacienda que estudia la Rendición de Cuentas, el tema se expuso, pero el secretario de Estado no hizo declaraciones en el ámbito parlamentario.
La bancada oficialista y el equipo ministerial manifestó su molestia por el planteo, en tanto reiteran que el organismo está habilitado a dar asistencia crediticia y financiera a emprendimientos que generen empleo. Sin embargo, es una cooperativa con un préstamo incobrable, con una investigación en curso, que mantiene a sus trabajadores en el seguro de paro desde 2016 y, al menos desde su formación, no ha probado una rentabilidad certera.
Claramente no es comparable con el dinero que se extiende a una empresa con dificultades económicas tras el tornado de Dolores, si se toma el ejemplo de Pereira para un sustento argumentativo de los objetivos del instituto, sino que se trata de una cooperativa que atravesó la denominada “década ganada”, con negocios y viajes a Venezuela que involucraron a sus directivos, uno de los cuales tiene la suerte de favorecerse con una investidura parlamentaria. Y con actuaciones judiciales que continuará esta semana en los despachos del Fiscal Luis Pacheco y la jueza Beatriz Larrieu.
Da la impresión que 13 años no son nada, si se toma en cuenta que el emprendimiento en cuestión fue creado en el año 2005 y que nunca pudo pagar lo adeudado, además de instalarse las garantías prendarias sobre la maquinaria a fines del año pasado. Pero el Inefop existe por los recursos provenientes de empresarios y trabajadores y con estas decisiones no queda claro si los antecedentes sirven para algo o no o si se utilizaría el mismo criterio para otro emprendimiento con tantos años de pérdidas. En todo caso, si se trata de un salvoconducto para una empresa “compañera”, entonces el criterio utilizado se nota mucho porque vienen “salvándola” desde hace más de una década. La pregunta es si habrá que esperar a que finalice la influencia mujiquista dentro del aparato del Estado.
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