Con la mirada puesta en el aporte local para la construcción de un Plan Ambiental Nacional para el Desarrollo Sostenible, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente comenzó recientemente en Salto una recorrida por departamentos para recibir el aporte de los interesados en la discusión del proyecto propuesto.
El plan ambiental se propone como un instrumento estratégico y adaptativo, que identifica los principales desafíos que tiene el país en materia ambiental de manera participativa para orientar las políticas y acciones en los próximos años.
Estos “diálogos en el territorio”, que de acuerdo a lo informado por el organismo llegarán a Paysandú el próximo sábado, pretenden construir una agenda de compromisos hacia el fin de la actual administración de gobierno y también con un horizonte hacia el 2030, que oficie como mapa de ruta para las acciones que el país realice en materia ambiental.
Ya se cuenta con un documento base elaborado con participación de más de 100 técnicos del Ministerio –que se puede descargar en su versión reducida y completa en el sitio web del MVOTMA– para facilitar el seguimiento del plan en los sucesivos ámbitos previstos de consulta y participación.
No obstante, la consulta a la sociedad civil pretende incorporar la mirada de la ciudadanía en busca de consenso social y considerar y procesar en conjunto las visiones locales.
Para avanzar en la preparación del plan, el MVOTMA solicitó la colaboración de la Universidad de la República (UdelaR) y los centros regionales de la UdelaR llevarán adelante la asistencia técnica y la facilitación de la consulta pública. “En un proceso absolutamente innovador, hicimos un acuerdo con la Universidad para generar estos espacios de diálogo en cada uno de los departamentos, sobre la base de un documento inicial en el que se ha venido trabajando, para captar las visiones del territorio”, dijo el subsecretario del ministerio, Jorge Rucks.
La huella ambiental que dejamos en nuestro espacio cotidiano y global ha alterado el funcionamiento del planeta y sus formas de vida a una velocidad sin antecedentes. Nuestras prácticas diarias de producción y consumo son el origen del problema que deteriora los ecosistemas y el patrimonio natural incidiendo directamente en toda la población y, aunque paulatinamente parece que nos hemos ido acostumbrando a vivir en esas circunstancias, el impacto cada vez más condiciona el desarrollo futuro y afecta a las personas, especialmente a los más vulnerables. En nuestro entorno, eso es algo que resulta claro cada vez que hay inundaciones, grandes sequías, temporales, o se pierde población rural debido a la improductividad por la erosión o la desaparición de determinados cultivos ante el crecimiento abrumador de otros.
Otro tema que seguramente nos mantendrá ocupados en los próximos años es el agua, dado que la calidad de las aguas superficiales del país y, en menor medida, las subterráneas se han visto afectadas por décadas de contaminación asociadas a las actividades agropecuarias, al cambio de uso y cobertura del suelo, a los efluentes de actividades industriales y urbanas y a la regulación hídrica en diversos cursos.
En este sentido, el plan propone acciones para minimizar impactos, como por ejemplo modelos de manejo de cuencas en forma sostenible, acciones para la calidad de agua y programas de ordenamiento territorial. Menciona explícitamente el desarrollo de acciones para mantener la calidad de agua en los valores establecidos por la normativa para las cuencas del Santa Lucía, Laguna del Cisne, Laguna del Sauce y el río Negro. Sin embargo, en el marco de las acciones previstas con el objetivo de la conservación de los ecosistemas acuáticos continentales, la preservación de la calidad de agua y la aplicación de modelos de manejo sostenible de cuencas y acuíferos no se incluye específicamente al río Uruguay. Para quienes vivimos en el litoral, la calidad de agua del río –aunque esté dentro de los valores de la normativa– es un tema fundamental, con impacto transfronterizo y afectaciones puntuales (como las cianobacterias y el vertido de efluentes domiciliarios) que deberían ser consideradas en un plan al 2030.
Se entiende que el Estado no es el único actor para definir e implementar acciones en la protección del ambiente y el desarrollo sostenible. La discusión, el diálogo y la apropiación de estas acciones por los distintos sectores de la sociedad será clave para incorporar al plan lo que le falte o evitar que solo quede en el papel.
Es verdad que existe mayor participación de organizaciones no gubernamentales y ciudadanos comunes en temas ambientales dado el protagonismo que éstos han tomado en la vida cotidiana de las personas, tanto por sus aspectos problemáticos como por una mayor sensibilización y conocimiento sobre el valor de un ambiente sano no solo en la salud de las personas sino también por sus implicancias económicas, productivas, turísticas y sociales.
Sin embargo, la crisis de participación social que afecta a la sociedad actual hace que no siempre estemos dispuestos o nos hagamos el tiempo necesario para pensar propuestas y entablar discusiones más allá de un clic en una red social en la que, paradójicamente, es altamente probable que luego se reclamen ámbitos de participación.
Es de esperar entonces que en el encuentro a realizarse en nuestra ciudad, así como en los demás puntos del país donde están previstos, haya una amplia participación de la sociedad civil organizada, la academia, las gremiales, otros organismos del Estado y, fundamentalmente los vecinos, que cuando hay problemas ambientales suelen ser los primeros que los padecen. Contar con instrumentos de protección ambiental y con una ciudadanía ambiental activa son requisitos para el desarrollo sostenible. El diálogo es necesario en el compromiso de la sociedad con la protección del ambiente pero para que sea posible hay que ejercer el derecho y el deber de participar.
Un diálogo necesario, por el medio ambiente y la gente
