La Universidad de la República presentó una impugnación al decreto recientemente aprobado por el Poder Ejecutivo que reglamenta la Ley de Pesca, en el entendido que incorpora restricciones que le impiden cumplir con su cometido de investigar.
Esta impugnación era previsible dadas las advertencias realizadas durante este año por la comunidad científica uruguaya respecto a los problemas que la norma ofrece al investigación científica la que, de acuerdo al texto del decreto –que fue modificado pero cuya redacción no satisface–, supedita la posibilidad de investigar sobre recursos pesqueros a la aprobación previa de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), lo que se considera por algunos como una mordaza a las investigaciones sobre este tema.
Las disposiciones más controversiales son las que establecen varios requisitos para la obtención de permisos de pesca con fines de investigación y las exigencias de autorización expresa de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos para la difusión y divulgación de los resultados de cada investigación.
En declaraciones realizadas en el programa “No Toquen Nada”, la prorrectora de Investigación de la Universidad de la República, Cecilia Fernández, explicó que desde la Universidad se entiende la importancia de los recursos pesqueros para el país y estableció un matiz entre comunicar resultados de investigaciones y pedir permiso para poder publicarlas. “Estaríamos estableciendo una censura a la investigación que, desde el punto de vista formal, no es aceptable”, dijo.
Otro de los puntos controversiales es que los permisos de pesca para la investigación deberían pedirse para capturar casi cualquier especie acuática, lo cual constituye una limitante al trabajo de los científicos del área, especialmente, por la enorme diversidad de las mismas.
Por su parte, la Academia Nacional de Ciencias estima necesaria una corrección del decreto y reclama que se mantengan “amplias libertades en el proceso de investigación y comunicación de datos obtenidos por la comunidad científico-tecnológica”.
Una de las mejoras en la redacción del decreto refiere al controvertido artículo 44, que fue el que llevó a que algunos científicos afirmaran que se trataba de un “decreto mordaza”. Mientras que anteriormente decía que quienes realizaran investigación científica deberían comprometerse a “no dar a publicidad a cualquier tipo de información, especialmente de los datos obtenidos, sin autorización expresa de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos”, ahora fue modificado levemente y requiere “no dar publicidad a los datos obtenidos que puedan incidir o afectar el desarrollo de la explotación u ordenación pesquera, sin autorización expresa” de la Dinara.
También se piden antecedentes técnicos “de las personas o instituciones solicitantes, los objetivos de la investigación, los resultados esperados, el currículo del personal que participará” y el compromiso de “presentar todos los datos obtenidos en la investigación”.
En este sentido, voceros de la comunidad científica han señalado que la necesidad de solicitar autorización para dar a conocer sus investigaciones compromete su capacidad de hacerlas y eso es nocivo no sólo para la investigación como necesidad para el trabajo académico sino para el avance de la ciencia.
También viene al caso el planteo del director del Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, Daniel Panario, quien criticó que un organismo del Estado juzgue a los investigadores para autorizar los permisos de pesca solicitando su currículum académico cuando el mismo ya está juzgado por la propia Universidad en el momento del concurso o la renovación de los cargos de investigación. “¿Cuál es el currículum de los que nos van a juzgar si somos buenos investigadores o no? ¿Quién tiene esa capacidad? ¿Cuál es el académico que va a juzgar lo que yo hago de acuerdo a mi currículum?”, se preguntó Panario en una clara manifestación de la disconformidad existente entre los investigadores respecto al referido decreto.
Si bien las modificaciones introducidas en la norma –para subsanar también otros aspectos que generaban rispideces con otros organismos del Poder Ejecutivo y, posiblemente, calmar los ánimos entre la comunidad científica nacional– significan una mejora al texto original que requería, por ejemplo, que todo dato generado en investigaciones marinas fuera autorizado expresamente para su difusión. Ahora se requiere el permiso de las autoridades si estos datos comprometen la explotación pesquera, por lo que cabe preguntarse quién decide si los datos la comprometen o no, aunque tal como viene la marcha de las cosas parece obvia la respuesta.
Uruguay necesita más investigación sobre la calidad de aguas y los recursos acuáticos, entre ellos los pesqueros. Especialmente en un contexto de deterioro de la calidad de los cursos de agua y la presencia de grandes emprendimientos industriales, como las fábricas de pasta de celulosa que arrojan sus efluentes a ríos. También necesita mejorar la protección de sus recursos pesqueros, pero no es la investigación que realiza la Universidad de la República u otros organismos científicos donde radica el problema.
Sabido es que el Atlántico Sur es escenario de pesca ilegal, uno de los negocios más rentables del crimen organizado. Esta práctica, ejercida por barcos de otros países que usurpan nuestra riqueza ictícola deberían tener una respuesta y un férreo control en nuestras aguas territoriales donde buques extranjeros navegan sin permiso o pescan por encima de las cuotas permitidas, con artes no permitidas o sin disponer medidas de mitigación, o sin informar las capturas a los organismos regionales de ordenamiento pesquero.
La situación regional es preocupante y, en este sentido, cabe recordar que Milko Schvartzman, un estudioso de asuntos marítimos que fue investigador de Greenpeace, denunció tiempo atrás que el puerto de Montevideo es parte de un sistema que abastece de combustible, reparaciones y provisiones a barcos extranjeros que cometen delitos. En lo que respecta a la pesca de investigación, aún con las modificaciones recientes a la norma cuestionada, es claro que un organismo del Poder Ejecutivo estará decidiendo qué se puede investigar o no y esto afectará la libertad de investigación académica. Implica la pretensión de subordinar la autonomía universitaria y la posibilidad de comunicar los resultados de investigación –el mecanismo sobre el cual reposa el avance científico– a la decisión del gobierno nacional, algo que no se estila en ningún país del mundo y que representa una penosa realidad dado que el decreto está vigente.
¿Censura a la investigación?
