(PRESIDENCIA)
El Gobierno envió al Parlamento una propuesta que prevé la creación de municipios en localidades de 1.000 o más habitantes, equilibra las competencias con las intendencias, prioriza la planificación y redefine los concejos municipales. Además, establece la obligatoriedad de concursos para contratar funcionarios, con el objetivo de profundizar la descentralización y ampliar la participación, dijo el director de OPP, Álvaro García.
A partir de la creación del tercer nivel de gobierno, establecida en la ley de descentralización y participación ciudadana de 2009, y su complementaria de 2014, Uruguay dispone de 112 municipios que abarcan el 31% del territorio nacional y el 71% de la población.
En caso de aprobarse la iniciativa, los concejos estarán integrados por tres personas y, previo a cada elección, la Junta Departamental podrá considerar aumentarlos a cinco o siete en localidades de más de 2.000 o más de 50.000 habitantes, respectivamente. A su vez, la integración de las juntas departamentales, que hasta ahora están conformadas por 31 ediles, estará basada en un sistema proporcional de 1 edil cada 5.000 habitantes, con un mínimo de 11 y un máximo de 31 escaños, explicó García.
Además de redimensionar el número de ediles, el proyecto de ley jerarquiza el rol de contralor de las juntas departamentales sobre los concejos municipales, ya que habilita la solicitud de informes, interpelar al alcalde o, incluso, suspender a sus miembros del ejercicio de la función en caso de omisión o delito. Por otra parte, el proyecto abarca aspectos de participación, cooperación interinstitucional y planificación. También, equilibra las competencias entre los gobiernos departamentales y municipales e impulsa una concepción de territorios inteligentes, con una idea integral en desarrollo económico y social.
Respecto de los recursos, el concejo municipal podrá ordenar los gastos del presupuesto asignado por la intendencia departamental, la que únicamente tendrá derecho de revocación si los fondos ejecutados son mayores a los previstos. El proyecto incluye mecanismos de acceso a la información y establece llamados públicos y abiertos, de oposición y méritos, para el ingreso de funcionarios a los gobiernos departamentales y municipales.
DEBATEN LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO
(EFE)
Un grupo de juristas españoles participó en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo en un debate sobre los desafíos de la implementación de la ley integral contra la violencia basada en género, que rige en Uruguay desde principios de 2018. La falta de recursos para implementar la ley en su totalidad ha sido señalada por diversos organismos uruguayos, como la propia Suprema Corte de Justicia (SCJ), que ha afirmado que sin un aumento del presupuesto no se podrá crear la cantidad de juzgados especializados que la norma requiere. Por esta razón, aunque la ley se aplica, “existe un impedimento en su parte procesal, ya que todavía no se ha logrado o no se han creado los juzgados especializados en género”, afirmó la magistrada Laura Sunhary.
La jueza, también vicepresidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU), participó del conversatorio junto a los especialistas españoles Jorge Jiménez, Rafael Mozo, Fernando De Rosa, María Jesús Millán y Carmen Llombart. El evento se realizó en el marco del curso “Violencia de género: mujeres e infancia en el ámbito del derecho penal”, coordinado por la Cooperación Española en conjunto con el Consejo General del Poder Judicial de España, y contó con la participación de representantes de 14 países de Iberoamérica.
BASSO DEFIENDE ETIQUETADO
(EFE)
El ministro de Salud Pública, Jorge Basso, defendió la “progresividad” del decreto que obliga el etiquetado frontal de alimentos para aquellos que tengan exceso de algunos nutrientes “malos para la salud”. En este sentido Basso explicó a la prensa que el decreto establece “un plazo de 18 meses” para que los alimentos envasados incorporen en la cara frontal de su paquete “una identificación clara”, que consiste en un octógono en blanco y negro que marca el exceso de azúcares, grasas y sal.
“Son nutrientes que, cuando se consumen en exceso, está demostrado, y hay suficiente evidencia de que son malos para la salud y que son la base de un importante número de enfermedades que llamamos no transmisibles”, sostuvo el político. El jerarca subrayó también que con esta medida se busca brindarle a la población herramientas para tener una alimentación más saludable y que la gente pueda tomar las decisiones con respecto a lo que consumen, sin la necesidad de “hurgar en el envase” para entender su composición.
El decreto al que hizo referencia Basso fue realizado el pasado 29 de agosto por parte del Poder Ejecutivo, que también presentó un proyecto de Ley que actualmente se encuentra a estudio del Parlamento uruguayo. “El decreto y el proyecto de ley está previsto que sea progresivo, que de alguna manera no nos planteemos en un primer momento llegar al nivel que recomienda la OMS”, señaló el ministro.
Para Basso, la progresividad del decreto habilita a que la industria alimenticia “vaya haciendo los cambios” y logre reducir “buena parte de estos contenidos” que generan problemas de salud.
