En más de una oportunidad el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, ha destacado el aumento en el número de cotizantes al sistema de seguridad social, lo que significa la regularización de la situación de miles de personas que, a la vez de incorporarse a la legalidad, adquieren cobertura en la gama de servicios que se brindan en esta área.
El secretario de Estado trajo a colación que hasta 2005 en Uruguay nunca se había superado el millón de afiliados a la seguridad social. Pero por primera vez en la historia se llevan más de seis años en el orden de 1.500.000 puestos cotizantes en el Banco de Previsión Social.
Asimismo, subrayó que en el mismo período el salario real aumentó un 55% por encima de los precios, al evaluar que si se analiza el período histórico de los últimos 12 años, “nunca hubo tanta gente trabajando y estudiando en Uruguay ni tantos registrados en la seguridad social y con derechos, como jubilaciones, seguro de paro, licencias por maternidad, asignaciones familiares”.
En este marco consideró que más del 95% de los mayores de 65 años está cubierto con jubilaciones y pensiones y que el 80% de la población en edad de trabajar está cubierta por la seguridad social”, a la vez que en un país con 3.400.000 habitantes, se incorporaron 550.000 personas a la seguridad social.
Murro hizo referencia además al nivel de las prestaciones y consideró que se ha triplicado el valor real de las pasividades mínimas, en una referencia parcial en relación a lo que es el global de la seguridad social y el escenario socioeconómico del país.
Así, si bien es positivo y necesario que se mejore la cobertura en seguridad social y la regularización en todos los sectores de actividad, no se trata de tener pantallazos y períodos en los que el escenario revele mejoras, sino tener configurado un esquema sustentable para consolidar esos números y proyectar una tendencia firme por encima de los avatares de la economía local e internacional, de lo que Uruguay es altamente dependiente.
Y en este aspecto hay que poner énfasis, porque para que se den estos números que menciona Murro se han conjugado por un lado factores que sí son responsabilidad y consecuencia de políticas de gobierno, y por otro factores exógenos. Entre ellos encontramos una década con un entorno internacional muy favorable para la economía de los países con producción primaria, como el nuestro, en la que subieron explosivamente los valores de los granos y otras materias primas, sobre todo por la demanda de China, tasas de interés muy bajas y disposición de capitales internacionales para invertir.
El gran desafío, con esta corriente favorable, estuvo centrado por lo tanto en aprovechar al máximo la coyuntura, que se extendió por ese tiempo, y generar infraestructura para tratar de transitar sin mayores sobresaltos pruebas posteriores en la economía mundial.
Es plausible que se haya puesto énfasis en la regularización de trabajadores de sectores de actividad en los que históricamente se ha registrado una fuerte subafiliación, lo que ha conspirado contra los potenciales beneficiarios y la salud del sistema. Así, se ha pasado de un margen de evasión –trabajo en negro– que ha orillado el 40 por ciento en el sector privado, a situarlo en el orden del 20 por ciento promedial, lo que se considera aceptable para el escenario histórico del país.
A la vez, se aplica la premisa de que si todos aportamos, la carga se reparte entre más cotizantes y por lo tanto el peso individual es menor. Eso es válido tanto para trabajadores como para empresas, y es posible asimismo que los beneficiarios del sistema perciban prestaciones y cobertura de mejor calidad.
El punto es que más allá de estos números y el beneficio de la regularización, estamos en un país caro para pasivos, trabajadores y empresarios. Cuando se elevan aportes, la necesidad de mayor recaudación a la vez funciona como efecto dominó en todos los costos, y se está por lo tanto ante una rueda que gira más aceleradamente.
Ello, entre otros aspectos, se traduce en una caída en la competitividad de nuestros productos de exportación ante países que trabajan con otros valores y eficiencia, porque no debe perderse de vista que podemos ser más o menos destacados en productos primarios, más allá de problemas logísticos. Pero estamos muy lejos de ser competitivos cuando se trata de agregar valor a nuestros productos, es decir con trabajo de calidad, tecnología, elaboración, que genera empleo de mejor nivel.
Por lo demás, lejos de reducirse los costos del Estado, estos superan con creces todo planteo racional, y gran parte de los aportes y esta regularización a que refiere Murro se vuelca a sostener el funcionamiento de este Estado, de su burocracia más que las inversiones y servicios, de “curros”, sin crear riqueza sino aprovechándose precisamente de la que genera la inversión y el trabajo del sector privado.
Y un desafío que asoma con fuerza creciente en el horizonte tiene que ver precisamente con la sustentabilidad del esquema de seguridad social, porque Uruguay no escapa al hecho de que la distribución etaria en América Latina se está alineando con la tendencia mundial en un marcado envejecimiento de la población.
Si bien por un lado las personas viven cada vez más tiempo, por otro lado hay un incremento de la condición de dependencia, lo que implica mayor demanda de servicios de cuidado para los próximos años, con costos cada vez más grandes para el sistema de seguridad social.
Una población envejecida, más allá de que los avances de la ciencia permiten una mejor calidad de vida que la de hasta no hace muchos años, conlleva desafíos que son difíciles de afrontar aún para los países desarrollados, pese a sus recursos, con un sistema previsional que ha sufrido cambios que todavía no aseguran que las consecuencias no sean traumáticas.
Están en juego aspectos inherentes a la supervivencia del sistema previsional a partir de necesidades de financiación y de conjugar mayor longevidad con calidad de vida en esos años adicionales. Ante ello, los sectores en actividad, los generadores de riqueza, deben derivar una mayor cuota parte a este destino.
Por lo tanto, aparece aquí el factor de financiar esta necesidad para quienes no cotizaron durante su vida activa o quienes lo hicieron por muy poco tiempo. Y con menos trabajadores y con más personas en la tercera edad, la ecuación cambia sustancialmente, con sistemas de solidaridad y reparto que comienzan a flaquear por falta de recursos.
Es imprescindible por lo tanto que el sistema político y otros actores involucrados promuevan mesas para el abordaje decidido de esta problemática, para compartir propuestas y respuestas ante medidas que no van a ser simpáticas pero que deben responder a un gran acuerdo político social.
Sistema que demandará cada vez más y más, y más
