Recientemente, desde nuestras páginas, dábamos a conocer un artículo que indica que Uruguay sigue ostentando el indeseado “honor” de encabezar la tabla de los mayores costos de electricidad en la región, es decir tanto en el ámbito doméstico como en la industrial. De esta forma, este energético de gran versatilidad y uso extensivo, que tiene una gran incidencia en los costos finales de bienes y servicios, afecta con sus precios la calidad de vida de la población y la posibilidad de competir ventajosamente de los empresarios, tanto para exportar como para sustituir importaciones desde la región como del resto del mundo.
Los datos que da a conocer SEG Ingeniería en base a información de fuentes oficiales dan cuenta que en el caso de la electricidad de uso residencial, las familias uruguayas están pagando a razón de 260 dólares el megavatio/hora, contra los 186 que pagan las brasileñas, los 177 de las chilenas, los 95 de las argentinas y los 70 dólares de las paraguayas.
En la electricidad para las industrias, de media tensión, tenemos que nuestro país también encabeza el ranking, con 121 dólares el megavatio, contra 115 de Chile, 114 de Brasil, 80 de Argentina y 48 de Paraguay. En buen romance, tenemos que para las empresas del sector, la electricidad es un 50 por ciento más cara que en la Argentina y casi 150 por ciento más cara que en Paraguay, a la vez de también superar con luz el costo de Chile y Brasil.
Presentado así el escenario, una persona que desconozca la problemática más a fondo podría argumentar que eventualmente en nuestro país se podría recurrir a energéticos alternativos y así por lo menos compensar esta brecha que nos deja en notoria desventaja, pero la realidad indica que no solo en los valores de la electricidad somos aventajados por nuestros vecinos de la región, sino que todas las fuentes de energía son más caras en Uruguay.
Los datos que proporciona SEG Ingeniería dan cuenta de que el fuel oil se vende a 0,80 de dólar en nuestro país, en Chile a 0,55, en Brasil a 0,68 y en Argentina a 0,55. El gasoil, elemento fundamental en el transporte y la producción agropecuaria, entre otros usos, se vende en Uruguay a 1,23 dólares el litro, en Chile a 0,92, en Brasil a 0,88, en Argentina a 0,83, y en Paraguay a 0,89.
En el caso del gas natural residencial, en nuestro país se vende a 1,51 dólares el metro cúbico, en Chile a 1,48, en Brasil a 1,30, y en Argentina a 0,24, mientras que en el único combustible en el que no encabezamos la lista de más caros –ocupamos el segundo puesto– es en el supergas o gas licuado de petróleo (el cual el gobierno uruguayo considera que es “subsidiado”), en el que Chile está al tope, con 1,89 dólares, Uruguay le sigue con 1,32, Brasil con 1,28, Argentina con 0,56 y Paraguay con 0,85.
En resumen, tenemos por lejos la canasta de energéticos más cara de la región y una de las más caras del mundo, y este es un “mérito” propio que se origina en contradicciones cuyo punto de partida lo encontramos, si rascamos un poco, en que todos los uruguayos pagamos más caro para poder sostener el agobiante peso del Estado.
Esto no es nada más ni nada menos que pegarse un tiro en el pie, porque ¿se puede producir con estos costos?; o mejor dicho, ¿hay economía empresarial que pueda estar en condiciones de sostenerse a la hora de competir, cuando somos el país más caro de la región y uno de los más caros del mundo en casi todos los rubros energéticos, caso de la electricidad, combustibles, gas? Encima, los salarios se han encarecido en dólares desde hace años y lo mismo ocurre con otros insumos, desde que el tipo de cambio se mantiene en un nivel en el que se ha priorizado contener la inflación para mantener el consumo interno antes que dar aire a las empresas exportadoras y las que sustituyen importaciones.
Hay además contradicciones flagrantes en el esquema, por cuanto con razón se destaca que se ha podido instrumentar exitosamente la política de diversificación de la matriz energética, y en pocos años se ha logrado que Uruguay se ubique en el segundo lugar a nivel mundial en porcentaje de generación de electricidad mediante energía eólica. Pero esta mejora no se ha trasladado al consumidor, al que paga mes a mes la factura de UTE, porque aunque el ente a través de su propio presidente había manifestado antes del último aumento tarifario, que se estaba en condiciones de reducir significativamente el costo de la electricidad, por decisión del Ministerio de Economía y Finanzas se dispuso que por el contrario, el organismo dispusiera un incremento tarifario.
¿Y cómo se entiende esta contradicción? Muy simple: el Estado necesita constantemente más y más dinero para hacer frente a sus gastos, y los ingresos de las empresas públicas son una fuente indirecta a la que se suele apelar para sacar dinero con destino a Rentas Generales. Ergo, en lugar de bajar las tarifas, como correspondía, UTE las subió, de forma de destinar el producido de los sobreprecios que se cobran a los consumidores a tratar de enjugar el déficit de las cuentas públicas. Pero el déficit es tan grande, que pese a estos sobreprecios, a costo de mayor pérdida de competitividad y gastos de los hogares y empresas, igualmente el Uruguay sigue con su déficit fiscal crónico, que actualmente está en el entorno del 4 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI).
Encima, los combustibles como el gasoil, las naftas, el fuel oil, el gas, están también por encima de los demás países de la región y son de los más altos del mundo, porque además de tener los combustibles un alto componente de impuestos, la monopólica Ancap es ineficiente, y por mala gestión todavía tenemos que pagar su recapitalización por las pérdidas de casi mil millones de dólares que arrojó en el anterior período.
El común denominador de ineficiencia y pesado costo del Estado sobre quienes crean la riqueza, el capital y el trabajo en el Uruguay, es por lo tanto una de las causas fundamentales por las cuales se perjudica la competitividad productiva y exportadora y la calidad de vida de la población.
Y en este tema, los números cantan crudamente cual es la realidad, por más eslóganes e intentos de dorarnos la píldora que siguen sacando a luz los únicos beneficiarios de esta apretada soga al cuello del interés general, que son quienes directa o indirectamente generan y/o viven de los “curros” en el Estado y en el gobierno.
