La vista fiscal de la Operación Shunting (Operación Maniobras) que investiga hechos presuntamente delictivos llevados adelante por funcionarios municipales así como particulares en hechos relacionados con trámites que corresponden a la Dirección de Tránsito, pide el procesamiento de veinticinco personas, ocho de ellas con prisión.
El documento, de 105 páginas, al que accedió EL TELEGRAFO fue presentado en las últimas horas en el Juzgado de Primera Instancia de Segundo Turno por la Fiscalía Departamental de Tercer Turno.
Tras determinar que “se estima que emergen elementos de convicción suficiente para solicitar se someta a proceso penal a los indagados”, la Fiscalía pide el “enjuiciamiento y prisión” de cuatro funcionarios municipales “por la presunta comisión en calidad de autores de reiterados delitos de cohecho calificado”.
“Enjuiciamiento y prisión” también se pide para las cuatro personas identificadas como quienes realizaron las falsificaciones o participaron para que se realizaran.
Dos personas acusadas de soborno se solicita “como medida sustitutiva de la prisión, se le imponga la obligación de presentación ante la seccional policial de su domicilio, una vez por semana, por el plazo de 90 días”.
Y a las quince personas que compraron licencias apócrifas se pide “el enjuiciamiento sin prisión”. En el pormenorizado documento se establecen cuatro grupos de indagados.
CUATRO FUNCIONARIOS MUNICIPALES
El nombrado en primer término “ha incurrido en la comisión de reiterados delitos de cohecho calificado, en calidad de autor, por su condición de funcionario público (municipal)”. Su vinculación con estos delitos comenzó cuando compró un automóvil al propietario de una automotora que Fiscalía comprobó está involucrado en hechos ilícitos. Ese dato que ya había trascendido y había sido considerado por EL TELEGRAFO. Confesó “haber recibido dinero para ejecutar actos contrarios a los deberes del cargo” entre 1000 y 3000 pesos cada vez. Modificó facturas, canceló adeudos y estableció exoneraciones.
Una funcionaria que actuó en complicidad con el anterior, incurrió en el mismo delito. “Ha procedido en múltiples ocasiones a ejecutar actos contrarios a los deberes de su cargo, a cambio de un beneficio, en su mayoría económico”. Lo novedoso es que aparece una segunda automotora. Se nombra en su declaración a la “gestora de automotora (reserva de identidad), (quien) le cobraba la gestión a los clientes en la Intendencia misma, recibiendo dinero, convertida en una especie de gestora de gestora”. Generalmente cobraba 400 pesos.
Una tercera funcionaria, acusada del mismo delito, cometió los mismos actos que sus compañeros, modificando facturas correspondientes a patente, inspección técnica, multas y recargos por mora con vencimientos, en un caso a un vehículo entre el 27 de abril de 2001 al 18 de noviembre de 2012. A un contribuyente le fue “borrada una deuda por un importe de $ 105.709,48, incluido el saldo a favor en cuenta corriente”.
La cuarta funcionaria, acusada del mismo delito, tras reunirse los elementos “de prueba testimonial, documental e indiciaria”, queda probado que fue responsable de “hacer favores, alterar resultados de exámenes, cancelar, arbitrariamente adeudos y multas, o expedir libretas de propiedad a contribuyentes con deudas, impedidos de su acceso, todo a cambio de retribuciones pecuniarias”.
DOS ACUSADOS DE SOBORNO
En el segundo grupo de indagados, el primero señalado incurrió “en la comisión de un delito de soborno (pago de coima), en calidad de autor”.
En ambos casos se establece que “en su condición de particular, recurrió a los servicios de la funcionaria pública municipal, para obtener una libreta de propiedad de un vehículo (camioneta). Dicho vehículo poseía una deuda que ascendía a aproximadamente 600.000 pesos y por tal razón, mientras no se abonara dicho adeudo o se hiciera convenio al respecto, no se podía expedir duplicado de libreta de propiedad. En vulneración de dicha prohibición legal, el indagado (reservamos su identidad) obtuvo de la funcionaria (idem), dicho duplicado de libreta, quien se vio recompensada económicamente por el favor realizado”.
Otro de los indagados es el propietario de una automotora. Según Fiscalía, también “ha incurrido en la comisión de reiterados delitos de soborno (pago de coima) en calidad de autor. En su condición de particular, recurrió a los servicios de funcionarios públicos municipales, para que le facilitaran determinadas gestiones, a cambio de una ‘colaboración’ dineraria, captando así la voluntad de aquéllos”.
En todo momento buscó evitar su responsabilidad, pero las investigaciones realizadas mediante vigilancias electrónicas a través del sistema Guardián, que fueron autorizadas por la Justicia, terminaron por desmoronar -de acuerdo a la vista fiscal- su defensa.
CUATRO FALSIFICADORES
En lo que se define como “tercer núcleo de indagados” uno de ellos “ha incurrido en la comisión de reiterados delitos de falsificación de certificados, en calidad de coautor, en concurrencia en reiteración con la autoría de un delito de asociación para delinquir y un delito de tráfico de influencias. (el tráfico de influencia por invocar en forma real o simulada -no necesariamente en todos los casos- tener tales influencias en Tránsito y exhibir elementos para convencer, como ya contar con algunos datos de la persona, o andar con una planilla de contribuyentes, o usar un escáner de lectura, o sacarle fotos, o pedir datos como si fueran a instancias de un supuesto contacto con tal influencia, o estar en un espacio municipal -hall de espera- que hace creer actuar con el visto bueno de tales funcionarios)”.
A un segundo indagado la Fiscalía le imputa el mismo delito que al anterior. Un tercer indagado, el impresor de las libretas apócrifas “ha incurrido en la comisión de reiterados delitos de falsificación de certificados, en calidad de autor, en concurrencia con la autoría de un delito de asociación para delinquir (la asociación como medio para el desarrollo de la actividad de falsificación y colocación del producto de la misma)”.
Finalmente, dentro de este grupo, un cuarto indagado es también acusado por la fiscalía por los delitos anteriormente indicados.
QUINCE COMPRADORES
En el cuarto núcleo de indagados hay quince personas acusadas de un delito de uso de certificado público falso, que son aquellas que se comprobó que compraron licencias apócrifas.
A los defensores de los acusados se les otorgó un plazo de tres días para su notificación electrónica y obtener una copia digital. Se espera que posteriormente, el juez actuante proceda a tomar una determinación, valorando la vista fiscal y aquellos alegatos que pudieran introducir los defensores.