La Federación de Funcionarios de OSE (Ffose) y diversas organizaciones sociales llevan adelante la última etapa de recolección de firmas contra la Ley de Riego, votada a fines del año pasado por mayoría. El secretario de organización de Ffose, Carlos Sosa, brindó una charla en la sede de la Mesa Departamental de Fucvam, donde actualizó la cifra de las firmas recogidas. Durante el encuentro “se plantearon varias etapas tras la recolección de firmas, como el retorno de las papeletas firmadas y nuevas jornadas de recolección de adhesiones a nivel nacional, con el apoyo de organizaciones sociales hasta el 26 de octubre”. El sindicato distribuyó unas 3.000 carpetas que contienen 700.000 papeletas, “con la organización de dos días de participación masiva a nivel nacional”, entre miércoles y jueves. Este viernes se llevará adelante la 10° Marcha Nacional en defensa del agua y la vida, junto a la Asamblea Nacional Permanente (ANP), a las 18, desde la explanada de la Universidad de la República en rechazo a esta iniciativa. El dirigente informó que se han reunido 400.000 papeletas en el sindicato de Ffose; sin embargo, “contamos las que nos faltan porque el objetivo es alcanzar 650.000 voluntades para que la Corte Electoral habilite el referéndum y realizar las verificaciones pertinentes”, dijo Sosa a EL TELEGRAFO.
Disciplina partidaria
El plenario votó la ley, “con la excepción de Unidad Popular, en la Cámara de Diputados. En cuanto al Frente Amplio, la mayoría de sus legisladores lo hizo por disciplina partidaria y hubo sectores que se opusieron a la ley. Incluso dentro del Partido Nacional, el diputado Gastón Cossia votó en contra, al igual que la senadora Carol Aviaga”.
Las organizaciones sociales y docentes de la Universidad de la República (UdelaR), “planteamos nuestra oposición a esta ley. Aclaramos en ese momento y lo decimos nuevamente, que no estamos en contra del riego, sino de esta iniciativa, porque privatiza el agua”.
Según Sosa, “el concepto de contaminar un río implica privar a otro de acceder a un agua de determinadas características y lo único que hace esta ley es habilitar a inversores privados a acaparar agua a través de una figura creada por la ley, que es el operador de riego privado. Esta figura pasa a gestionar los recursos hídricos de nuestro país y esa es la esencia de esta ley”. La norma habla de la asociatividad, “cuando realmente ya existía la Sociedad Agraria de Riego, donde el productor tenía un fuerte vínculo con el agua. La ley de 1997 dice claramente que por ningún concepto se le puede cortar el agua a un productor”.
La ley de riego “incorpora un nuevo elemento y por eso decimos que se crea un mercado de agua. En la cosecha siguiente, si el productor no enfrenta sus obligaciones, se le cortará el suministro”. Paralelamente se suman otros conceptos diferentes a la iniciativa existente, “como por ejemplo que el productor que quiera acceder al agua deberá poner sus tierras en garantía, pagar un gravamen por amortización y el mantenimiento de las obras para el riego que se realicen”. Además, establece un mecanismo de multipredialidad, “cuando en Uruguay hay embalses que son multiprediales. El problema es el porte de los embalses para suministrar agua y que no se construirán para un productor de 100 hectáreas”.
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